Ahora bien, si algo debemos haber aprendido en la última década, es que esa gobernabilidad –para ser realmente un camino que nos lleve al desarrollo– ha de ser democrática. Liderar una sociedad no consiste, por cierto, en ejercer el poder por medio de la manipulación o de la coacción. El método autoritario puede resultar eficaz en lo inmediato, pero sus resultados siempre serán dudosos en el largo plazo. Frente a esos métodos verticales y excluyentes, que privilegian la imposición y el engaño sobre la participación y el convencimiento, se requiere construir un sistema de representación verdaderamente legítimo y honesto, por el que el poder constitucional no sea solamente un fenómeno legal, sino que tenga sus raíces en el entramado de la sociedad civil.
La debilidad de un gobierno democrático para proponer y llevar adelante políticas públicas es un problema muy grave para todo país que, como el nuestro, necesita transformaciones de gran envergadura. Tales políticas –como las que atañen a la mejora de la educación o a la seguridad ciudadana– son viables solamente si la sociedad organizada y los individuos que la componen se hallen dispuestos a asumir y poner en práctica las directrices del Estado. Como se ve, pues, éste no es solamente un problema técnico sino que, en su estrato más profundo, atañe al ordenamiento político-social en sí mismo. La creación de gobernabilidad democrática resulta, pues, una prioridad en el Perú contemporáneo.
Dicho esto, se debe añadir que también es indispensable que el Estado posea ciertas condiciones, ciertas capacidades, para dirigir a la sociedad con eficacia. Ese aspecto de la gobernabilidad también aparece en el Perú como una cuestión que reclama atención urgente. La capacidad técnica del Estado peruano para formular y llevar adelante proyectos de reforma social es pues bastante limitada en relación con la magnitud de los retos que necesitamos vencer: la pobreza, el estancamiento crónico de nuestra economía, el deterioro del medio ambiente, son sólo algunos de los grandes problemas que requieren una administración pública honrada y eficiente, dotada de conocimientos sustantivos y pericia en su aplicación para así ser capaz, de hacer que el Estado movilice sus recursos con cierta esperanza de éxito.
La gobernabilidad implica pues, como elemento sustancial, la creación de ese sector altamente capacitado en la gerencia de los asuntos públicos y habilitado para precisar metas que conduzcan a la sociedad hacia una vida mejor.
