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Opinión 9 de enero de 2015

La Comisión Nacional de la Verdad de Brasil (CNVB) fue creada y aprobada por el Congreso en 2011 y empezó a trabajar en 2012, teniendo como mandato el esclarecimiento de los casos graves de las violaciones de los derechos humanos practicadas entre 1946 y 1988, con especial énfasis en el periodo comprendido entre los años 1964 y 1985[1]. La Comisión fue coordinada por Pedro Dallari, quien trabajó junto a José Carlos Días, José Paulo Cavalcanti Filho, María Rita Kehl, Paulo Sergio Pinhero y Rosa Cardoso.

El trabajo fue llevado a cabo durante dos años y siete meses, con el objetivo final de concretizar el derecho a la memoria y a la verdad histórica y promover la reconciliación nacional. Para llevar a cabo su misión, la Comisión tomó en consideración las normas internacionales sobre violaciones graves de derechos humanos cometidas por los agentes del Estado contra ciudadanos brasileños o extranjeros. Para el caso brasileño, se registraron patrones sobre encarcelamiento ilegal, tortura, violencia sexual, ejecuciones extrajudiciales, desaparición de restos humanos y desapariciones forzadas. Los autores del Informe consideran que estas violaciones fueron practicadas de forma masiva y sistemática y que, en consecuencia, fueron crímenes de lesa humanidad.

Los miembros de la CNVB recogieron 1121 testimonios, 132 de los cuales fueron de agentes estatales. También se realizaron 80 audiencias y sesiones públicas en todo el país. Para obtener testimonios más precisos de las víctimas, la CNVB visitó con ellas, entre noviembre de 2013 y octubre de 2014, siete bases militares utilizadas por las Fuerzas Armadas como centros de tortura y de asesinatos. Entre estas bases destaca la «Casa Azul», en Marabá.

El Informe final de la CNVB se divide en tres volúmenes. El Volumen I aborda las «Actividades de la Comisión, las graves violaciones de derechos humanos, las conclusiones y las recomendaciones». Los autores explican que decidieron dejar de lado las aproximaciones de carácter analítico, convencidos que la presentación de los hechos, en toda su crudeza, se impone como un instrumento hábil para concretizar el derecho de memoria y la verdad histórica. El Volúmen II trata de «Casos temáticos» que compilan las actividades y las conclusiones de los grupos de trabajo constituídos en el seno de la Comisión, y que integraban víctimas, familiares, e investigadores. Siete textos abordan los casos de grupos que fueron particularmente perseguidos y afectados por la violencia militar: trabajadores organizados, campesinos, iglesias cristianas, indígenas, homosexuales y estudiantes universitarios. En este tomo se analizan también las relaciones entre la sociedad civil y la dictadura, mostrando el apoyo aportado por los empresarios a los militares, así como la resistencia de otros sectores de la sociedad a las violaciones de derechos humanos. El Volúmen III esta dedicado a «Los muertos y desaparecidos» y se concluye que hubo 434 muertos o desaparecidos políticos, cuyas biografías y circunstancias de fallecimiento son presentadas con todo detalle, exponiendo «escenarios de horror poco o totalmente desconocidos por millones de brasileños», según los autores del Informe final. El número de víctimas desaparecidas es de 210 personas, solo una de ellas pudo ser identificada; mientras que se logró establecer que los responsables de estos hechos fueron 377 agentes del Estado.

En las Conclusiones[2], la CNVB recomienda al Estado brasileño que las 377 personas identificadas como responsables de las graves violaciones de derechos humanos sean llevadas delante de la justicia, sin que puedan ser beneficiadas por la Ley N° 6683 de 1979, conocida como Ley de Amnistía. Sin embargo, esta recomendación fue la única que no obtuvo la unanimidad de los votos de los comisionados que, sin proponer directamente la révision de esta ley, afirman que el Brasil debería aceptar la decision de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que, en 2010, responsabilizó al Estado brasileño por la desaparición de los militantes de la denominada « guerrilla de Araguaia » en los años 1970 y señaló que la referida norma no tenía efectos legales. Según el Informe final, durante la dictadura militar, la eliminación de opositores politicos se convirtió en politica de Estado, implementada a partir de decisiones que emanaban directamente de la Presidencia de la Republica y de los ministerios militares. El primer présidente militar, Castelo Branco, no tuvo una participación directa en los casos de tortura, pero es responsable de la creación del Servicio Nacional de Informaciones (SNI) para coordinar la acción represiva del Estado. El general Leonidas Pirez Gonçalves (1974-1976), que encabezó una manifestación contra la CNVB, también figura en la lista. En ella figuran también los nombres de médicos que, como Harry Shibata, trabajaban en los institutos de medicina legal, encubriendo ilegalmente las acciones de los agentes de la represión.

La CNVB propone 29 Recomendaciones al estado brasileño: 17 de ellas son medidas institucionales destinadas a prevenir graves violaciones de los derechos humanos y 8 constituyen propuestas de reforma constitucional y legal. La primera recomendación demanda que las Fuerzas Armadas reconozcan su responsabilidad en las violaciones de derechos humanos y la segunda demanda que los agentes del Estado igualmente responsables sean inculpados y llevados delante de la justicia. Entre otras recomendaciones se señala el fortalecimiento de las Defensorías Públicas; la dignificación del sistema penitenciario y el tratamiento dado a los presos ; la promoción de los valores democráticos y los derechos humanos en la educación. Entre las reformas constitucionales, se encuentran la revocación de la Ley de seguridad nacional, la reforma de la legislación penal de crímenes de lesa humanidad y el crímen de desaparición forzada, así como la extinción de la justicia militar en los Estados del país. Entre las medidas de seguimiento, se recomienda crear un organismo permanente que vigile el cumplimiento de las recomendaciones de la CNVB y fortalecer la política de localización de los archivos de la dictadura militar.

Como era de esperarse, los militares han criticado inmediatamente el Informe Final de la CNVB y han planteado que las conclusiones han sido «contaminadas por la ideología» de izquierda, dado que las principales víctimas de la represión de Estado fueron miembros de partidos comunistas, de sindicatos y de grupos de izquierda en general[3]. Los militares consideran que las conclusiones son «duras y desproporcionadas», y piensan intentar acciones judiciales para demandar «indemnizaciones morales» por el daño supuestamente producido por la CNVB. Sabemos que estas posiciones de negación de responsabilidad de militares ya se han visto en otros países que han vivido dictaduras como Chile y Argentina, pero también en el Perú cuando se publicó el Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación. Sin embargo el reconocimiento de responsabilidades fue aceptado en Chile y en Argentina, en tanto que el caso brasileño se asemeja al caso de nuestro país, donde los militares no han reconocido ni la validez del Informe final ni su cuota de responsabilidad en el conflicto armado interno (1980-2000).

Ante la actitud de las Fuerzas Armadas de Brasil, el coordinador de la Comisión, Pedro Dallari, ha declarado que dicha situación «crea un clima de inseguridad para la democracia, que deja abierta la posibilidad de que las violaciones de los derechos humanos puedan ser otra vez una política de Estado[4]». Dallari considera, en efecto, que el Informe final muestra que las violaciones de derechos humanos no fueron actos aislados, sino una verdadera política estatal, por ende resulta indispensable que las Fuerzas Armadas reconozcan sus crímenes.

Violaciones de derechos humanos: los niños soldados en el Perú y entre los Ashaninka

La situación de violaciones de los derechos humanos en contextos de violencia política concierne a muchos países de América Latina, como Perú y el Brasil. Sin embargo, todavía se conoce mal la situación de los niños soldados, utilizados tanto por los grupos subversivos como por las Fuerzas Armadas en diversos escenarios de violencia. Un periodista brasileño, Pablo Lucena Pereira, del periódico Estadao do Sao Paulo, ha realizado un reportaje sobre este tema en tres países: Colombia, Paraguay y el Perú. En ese marco, le brindé una entrevista para hablar del caso de los niños-soldados Ashaninka, reclutados por la fuerza por los subversivos de Sendero Luminoso, tema sobre el cual estoy trabajando desde 2008[5]. Por una gran coincidencia, el reportaje fue publicado el 17 de diciembre, una semana después de la entrega del Informe Final de la CNVB, y dado que ambos dos temas están ligados, me gustaría hacer una breve presentación del reportaje escrito en portugués.

El informe constata, en primer lugar, que en los últimos meses han sido rescatados varios niños soldados en Colombia, Perú y Paraguay[6]. En Colombia, se trata de niños que han sido forzados a vivir en los campamentos guerrilleros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y también en milicias de extrema derecha, como las Bandas Criminales (BACRIM). En Perú, se trata del reclutamiento forzado de los rémanentes de Sendero Luminoso, que persiste en sus acciones de violencia en la zona del VRAEM. En Paraguay, los niños son reclutados por el grupo paramilitar Fuerza Tarea Conjunta (FTC), y también, por los «revolucionarios marxistas» del Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP). Recordemos que la utilización de niños en conflictos armados es un crímen de lesa humanidad reconocido como tal por la Organización de las Naciones Unidas.

En la segunda parte del reportaje, se presenta el caso de los niños soldados en el Perú, con datos recogidos por Pablo Pereira en Ayacucho y en la selva central, donde el periodista pudo realizar una entrevista a Luzmila Chiricente, presidenta de la Federación régional de mujeres ashaninka, nomatsiguenga y kakinte (FREMANK), y miembro del Consejo de Reparaciones del Perú[7].

La tercera parte del reportaje está consagrada a la entrevista que brindé sobre los niños-soldados reclutados entre los Ashaninka y los Nomatsiguenga, que empezaron a ser formados en lo que he llamado los «campos de reeducación» o «campos de muerte», instaladas por Sendero Luminos en el Río Ene (Satipo), que han producido por lo menos 6000 muertos, según las estimaciones de la CVR[8].

Las autoridades peruanas no han seguido aún las recomendaciones de la CVR, sobre todo en lo que concierne la identificacion de los sitios de entierro de miles de nativos de la selva central, y el gobierno no ha sido aún capaz de desmantelar los campos subversivos donde siguen viviendo cientos, quiza miles, de niños y de jóvenes bajo el yugo de la barbarie senderista.

Esperemos que la difusión de esta situación entre países hermanos ayude a imponer la justicia entre las víctimas actuales de la subversión.

Escribe: Mariella Villasante, investigadora asociada del IDEHPUCP


[5] Ver « La violencia senderista entre los Ashaninka de la selva central ». Seminario del idehpucp, Lima, 30 de abril de 2014, Boletín del idehpucp del 27 de mayo 2014.

https://idehpucp.pucp.edu.pe/wp-content/uploads/2014/05/Seminario-ashaninka-Idehpucp-Mariella-Villasante1.pdf

Ver también : « La violence de masse chez les Ashaninka du Pérou »

 http://www.ameriquelatine.msh-paris.fr/spip.php?article839, Sitio Web MSH, 4 junio de 2014.

« Los Ashaninka y los sitios de entierro », https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/los-ashaninka-y-los-sitios-de-entierro/, Boletín del Idehpucp, 17 de junio de 2014.

« La masacre de Tsiriari y de la comunidad nomatsiguenga de Tahuantinsuyo (Satipo) », Boletín del idehpucp, 12 de agosto de 2014. https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/la-masacre-del-valle-de-tsiriari-y-de-la-comunidad-nomatsiguenga-de-tahuantinsuyo-satipo/