En los últimos días ha conmovido el caso de violación y asesinato de Jimena Vellaneda, una niña de once años que asistía a clases de verano en una comisaría de San Juan de Lurigancho. No se han hecho esperar propuestas reactivas de nuestra clase política, algunas interesantes, pero varias otras cuestionables. Con seguridad la más controvertida es la aplicación de la pena de muerte, que vuelve al debate público cada vez que ocurre un caso similar. Quienes proponen esta medida concluyen, sin mayor sustento, que la salida al problema está en denunciar la Convención Americana sobre Derechos Humanos, tratado que prohíbe extender la pena de muerte a delitos a los cuales no se aplique al momento de su ratificación por el Estado.
Asimismo, esta semana la Corte Interamericana –instancia judicial creada por esa misma Convención- ha conocido el caso de Linda Loaiza López Soto. Esta joven venezolana fue secuestrada, violada brutalmente y torturada por un desconocido cuando tenía 18 años. Linda, a diferencia de Jimena, pudo sobrevivir y empezar un largo camino para alcanzar justicia. Pero no pudo encontrarla en su país. Como ella misma relata: “el sistema de justicia invisibilizó los actos de violencia sexual y tortura de los que fui objeto y al agresor solo se le aplicó una ínfima pena de seis años y un mes”. Debió acudir entonces a una instancia internacional, la Corte Interamericana, donde denunció al Estado venezolano por las fallas en su sistema de justicia.
Es el primer caso sobre violencia de género contra Venezuela que llega a este tribunal, pero se han resuelto otros similares contra países, como México y Guatemala. En esos fallos, la Corte ha dado lineamientos específicos para hacer frente a casos como los de Jimena y Linda, que versan sobre dos asuntos claves: prevención y justicia.
La prevención es fundamental frente a casos de violencia contra mujeres y más si son niñas. Eso lo saben bien los padres de Jimena, quienes debieron esperar horas para que la Policía buscara a su hija, tiempo en el que podría, quizás, haberse evitado el desenlace. Responder con mayor diligencia frente a denuncias de desaparición de mujeres, actuar con absoluta inmediatez, iniciar investigaciones de oficio y realizar búsquedas exhaustivas para dar con el paradero son algunas de las medidas a las que se ha referido la Corte Interamericana en sus fallos sobre violencia de género.
La justicia, de otro lado, debe ser pronta, efectiva e integral. Esto requiere, como ha desarrollado este tribunal, que los Estados sean capaces de conducir una investigación seria e imparcial, que brinde a las víctimas o sus familiares amplias posibilidades de ser oídos y no ser revictimizados en los procesos. La investigación estatal debe estar orientada a la persecución, enjuiciamiento y eventual castigo de los autores de los hechos, y realizarse sin demoras indebidas.
La familia de Jimena recién empieza el largo recorrido que probablemente tendrán que seguir para que los responsables de lo ocurrido a su hija paguen por sus actos. ¿Pero qué pasa si, como es probable, la justicia peruana no logra cumplir las expectativas de esta familia? Recordemos que la Defensoría del Pueblo ha advertido los serios problemas de nuestro sistema de justicia para procesar delitos de violencia de género, y brindar una justicia efectiva a las víctimas y sus familias. Las denuncias además se cuentan por miles y van en aumento. Según el Observatorio de Criminalidad del Ministerio Público, solo en el 2017 se recibieron más de 25 mil denuncias de violación sexual, cifra que supera la del año anterior.
La salida del Perú de la Corte Interamericana quitaría a las víctimas y sus familias la posibilidad de acudir a una instancia que les puede brindar justicia cuando el sistema nacional no funcione. El camino no es denunciar a este tratado y, con eso, retirarse de la competencia de la Corte. Por el contrario, quienes pretender hacer propuestas serias y sustentadas bien harían en tomar en cuenta los lineamientos que ha desarrollado esta instancia para contrarrestar la violencia de género.
*Escribe: Cristina Blanco, especialista en SIDH e investigadora senior del Idehpucp.
**Esta columna fue publicada en Punto Edu el 07 de febrero de 2018.
