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Opinión 19 de agosto de 2016

Para que esto sea así, es preciso que los ciudadanos reflexionemos en torno a las tareas que tendremos que cumplir para afirmar una cultura de justicia de género en nuestro país. La primera de ellas, extender la conciencia de este problema más allá de las personas que participaron en esta multitudinaria marcha. No pocas personas han sostenido que este tipo de movilizaciones debería convocarse en nombre del rechazo a toda forma de violencia, no exclusivamente la violencia de género. Es evidente que sería preciso apoyar cualquier iniciativa de la sociedad civil o del Estado en promoción de la cultura de paz en el Perú, pero no debemos descuidar la cuestión de la igualdad y la justicia de género. La preocupación por la defensa de los derechos de la mujer en particular no debe ser soslayada por ningún motivo. Los casos de violencia contra las mujeres son numerosos y no son atendidos con el debido cuidado y esmero. La conducta de nuestros jueces en estos casos a menudo no ha estado a la altura de lo que la justicia como tal exige.

Resulta extraño que mucha gente tenga problemas para considerar seriamente este tema tan delicado. La situación de las mujeres en el Perú en el ámbito laboral, social y político es compleja y está marcada por la ausencia de reconocimiento debido. Sectores conservadores catalogan la preocupación intelectual y moral por los derechos de la mujer como parte de lo que describen de manera confusa como “ideología de género”. Se trata de una expresión retórica, de uso explícitamente político. No están dispuestos a comprender que la diferencia entre los sexos –que es biológica–, también está rodeada, en el contexto de la vida concreta de las personas, de construcciones sociales y culturales de diverso cuño. La asignación de roles sociales, como la suposición patriarcal (por demás errónea e injusta) de que el lugar “natural” de la mujer es el hogar y las tareas domésticas, es una construcción simbólica, que puede y debe ser refutada en nombre de la justicia más elemental. Una sociedad democrática debe promover la equidad y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos de la vida incluidos el trabajo, la producción, la academia, la actividad política y la familia.

Las reflexiones académicas y políticas sobre lo masculino y lo femenino no forman parte de una “ideología”. Son estudios sociales con plena certificación intelectual, que descansan sobre una epistemología y que proponen una ética. La escuela y la universidad deberían ser un espacio privilegiado para la defensa de los derechos de las mujeres y la igualdad de género, así como un foro para la edificación de una auténtica cultura democrática promotora de paz y armonía social y política. Son las generaciones jóvenes el destinatario principal de una sensata educación en el respeto por la diversidad de género y cultura. Sin ese programa formativo, no será posible una vida comunitaria en plena democracia.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República

(19.08.2016)