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Opinión 18 de enero de 2016

Si bien es cierto ha sido aludida en algunos planes de gobierno y de manera superficial, anoche fue puesta en cuestión por un postulante a la Presidencia de la República en un programa de televisión de señal abierta. Valga indicar que lo dicho demuestra desconocimiento y confusión en el candidato acerca de lo que este derecho significa y simboliza en este momento para el Perú. Ese tipo de afirmaciones no pueden darse. Las rectificaciones sobran, además, cuando no se sabe a conciencia de lo que se esta hablando.

Lo que resulta preocupante más allá de una sola persona, es qué es lo que saben el resto de los candidatos y candidatas sobre este derecho en implementación. Resulta importante que sepan qué es y para qué sirve la consulta previa. Caso contrario estaremos ante errores de todo tipo al momento de hablar de ella. Eso no hay que olvidarlo.

El tema empieza por una premisa ya bastante conocida: es la obligación del Estado peruano de dialogar con pueblos indígenas sobre el contenido de medidas que los pudieran afectar, antes de que estas sean aprobadas. Así, la consulta previa es un espacio de intercambio dialogado con pueblos indígenas para cualquier medida que el Estado quiera aprobar y, en el caso específico de industrias extractivas, constituye además una herramienta de gestión social.

Seguramente habrán personas que dirán y escribirán (de nuevo y mucho) sobre el contenido de este derecho, y por qué debe ser implementado por el Estado, repitiendo lo que ya se sabe, con un discurso que la verdad, puede llegar a cansar a los más pragmáticos, sobre todo a los defensores del liberalismo económico a ultranza. En momentos de campaña electoral, el mensaje debe ser preciso y claro.

Estamos como Estado obligados a cumplir con este derecho, pero no de cualquier manera. Es la forma la que debe mejorarse. Por ello, no es tan fácil decir «no la voy a cumplir» o «vamos a pensar cómo la detenemos». La discusión sin embargo no es conceptual; el debate en campaña estará en saber si se va a seguir implementando como ha venido siendo hasta el momento, o qué se va a hacer. Y para ello, hay que saber de lo que trata o consiste este derecho, al menos qué se ha hecho hasta el momento.

Debemos resaltar que la consulta previa vino para quedarse. Y además – y para que quede claro – para meterse en cada procedimiento de aprobación de medidas que de alguna manera puedan afectar las condiciones de vida de pueblos indígenas: medidas en salud, educación, administración de justicia, manejo forestal, conservación, y claro, aprovechamiento de recursos naturales. El problema (enorme problema diría yo) se da cuando reduces la discusión sobre la consulta previa solo a medidas vinculadas a actividades extractivas y se escuchan posiciones extremas que apuntan a desestabilizar más que a garantizar derechos.

Lo que debe primar en el debate de las siguientes semanas en materia de consulta previa es si se va a seguir con lo avanzado y si se tienen propuestas concretas de mejora para su cumplimiento, sobre todo y en específico para el caso de minería e hidrocarburos. Es un mensaje adecuado, ya que lo contrario puede entenderse como un retroceso en materia de garantía de derechos. Seguir con lo que ya se tiene y mejorarlo, sabiendo de qué estamos hablando.

Pero hay algo más grande que el tema consulta previa aquí y que me resulta de mayor preocupación. Y es cómo están entendiendo el tema indígena los candidatos y candidatas a la Presidencia de la República. No es solo prometer que se terminarán de titular comunidades, o que se las tendrá siempre en cuenta para los programas sociales, o que son valiosas por ser el verdadero Perú, o que se respetarán sus tierras. No. Eso sirve para el titular del día siguiente. Cuando hablamos del tema indígena estamos hablando de reconocer derechos colectivos en el marco de la acción del Estado que buscan o prometen alcanzar. Es una variable que medianamente ha estado tomando forma en los últimos 5 años. Y no saber sobre el tema, subestimarlo, confundirlo, lo que va a generar son más problemas de índole sociocultural. Es repensar varias de las propuestas apuntando a una temática que ya se está consolidando.

Como mencioné, la campaña ya comenzó, y la consulta se metió en el debate. Lo que sigue es buscar cuidar lo conseguido y evitar las confusiones que pueden superarse con miradas técnicas y de respeto de los derechos de pueblos indígenas.

Escribe: Gustavo Zambrano, investigador del IDEHPUCP