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Opinión 17 de julio de 2018

La desconfianza que las ciudadanas y los ciudadanos tienen sobre el sistema de justicia se ha incrementado en la última semana, luego de las revelaciones hechas por IDL-Reporteros y Panorama, medios dedicados a la investigación periodística. Ante el evidente estado de descomposición en el que se encuentra la administración de la justicia, pieza medular de nuestra democracia, es indispensable señalar lo siguiente:

1. El sistema de administración de justicia ha mostrado en los últimos años una profunda incapacidad para cumplir sus funciones, lo cual ha ocasionado su desprestigio entre la ciudadanía. Este desprestigio ha sido intensificado por las últimas revelaciones que involucran a magistrados del Poder Judicial en posibles actos delictivos. Adicionalmente, la manera en que ejerce sus funciones el CNM ahonda la desconfianza ciudadana; frente a lo cual sólo cabe exigir una reestructuración total del sistema de justicia.

2. De las grabaciones que se han hecho de público conocimiento se desprenden importantes indicios que podrían demostrar la existencia de actividades propias del crimen organizado y la comisión de graves delitos de corrupción como cohecho activo, cohecho pasivo y tráfico de influencias. Dichas revelaciones ameritan que el Ministerio Público inicie investigaciones penales para determinar las responsabilidades individuales de todos los implicados, sin importar su nivel jerárquico dentro del sistema de justicia y la administración pública en general, y para que se exponga el completo entramado de corrupción existente.

3. La Oficina de Control de la Magistratura (OCMA) debe iniciar, en paralelo a las investigaciones penales que lleve a cabo el Ministerio Público, las investigaciones internas necesarias para determinar las responsabilidades administrativas individuales de los jueces que se encuentran implicados en este caso, así como las de otros magistrados y/o auxiliares jurisdiccionales que hubieran participado en las maniobras de esta red de corrupción.

4. La libertad de expresión y la libertad de información –derechos fundamentales reconocidos por nuestra Constitución– deben ser respetadas por parte de todos/as los/as ciudadanos/as y garantizadas por las propias entidades públicas. La revelación de información de interés público vinculada a graves casos de corrupción, como el actual, en ningún caso debe ser penalizada ni perseguida por los órganos jurisdiccionales.

5. La libertad de prensa es un derecho esencial para la democracia. El Estado peruano es suscriptor de instrumentos internacionales, como la Declaración de Chapultepec, que establecen su obligación de velar por la práctica de un periodismo libre. Por ello, nos sumamos a la advertencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las amenazas dirigidas a periodistas por parte de una fiscalía y del Congreso de Perú e instamos al Estado peruano a respetar el derecho de los periodistas a mantener reserva sobre sus fuentes. Rechazamos la actitud trasgresora, intimidatoria e inconstitucional mostrada frente a las investigaciones realizadas por IDL-Reporteros y Panorama.

6. Las autoridades del Estado tienen la obligación de usar todos los instrumentos que brinda la Constitución Política del país para dar una respuesta enérgica y pronta a los casos de corrupción revelados. Uno de aquellos es la aplicación del artículo 157, el cual permite la remoción de los miembros del Consejo Nacional de la Magistratura ante la existencia de una causa grave. Solamente medidas de ese tipo indicarán que existe todavía voluntad de luchar contra la corrupción y ayudarán a restaurar parcialmente la confianza ciudadana en las instituciones públicas.