A través de este cargo, la mencionada congresista sería la parlamentaria encargada de evaluar la política de implementación de las conclusiones de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y hará seguimiento de la respuesta del Estado peruano ante las denuncias y demandas que se presenten ante organismos internacionales.
Salomón Lerner Febres, presidente del IDEHPUCP, señaló que «la conducta de una persona obedece a una trayectoria y esta te coloca en un determinado lugar. Puestas así las cosas, las declaraciones de la señora Martha Chávez sobre derechos humanos resultan, a priori, bastante discutibles, debido a que las mismas denotan que la congresista no tiene una cabal comprensión de los derechos de las personas, en particular, sobre la vida y dignidad de los seres humanos».
Lerner Febres recordó que Chávez «se ha hipotecado a una opción política como el fujimorismo, que significó el envilecimiento de la política en el país». También señaló que «no es necesario hacer una larga lista de citas acerca de sus declaraciones, en las que ha justificado la muerte de personas y ha demostrado una falta de empatía hacia varios de nuestros compatriotas».
«Si es que alguna duda se tenía sobre el equívoco terrible del Congreso de la República, la misma se ha disipado por las recientes declaraciones de la congresista Chávez, donde adelanta opinión, en forma hepática, sobre algunos de los temas a los que se avocará su grupo de trabajo», añadió Lerner.
El expresidente de la CVR recordó que la congresista Chávez estuvo en contra de la Comisión, incluso desde antes que se emitiera el Informe Final.
En esa línea, señaló que los documentos sobre el financiamiento de la CVR están a disposición de cualquier ciudadano que los solicite ante la Defensoría del Pueblo y aclaró que no recibió dinero alguno por su labor como presidente de la misma, dado que recibía su remuneración como rector de la Pontificia Universidad Católica del Perú.
Lerner Febres resaltó que el trabajo de la Comisión de la Verdad y Reconciliación fue financiado en parte por fondos otorgados por diversos gobiernos extranjeros, que no han tenido crítica alguna al manejo de los fondos y que incluso han continuado cooperando con el país en las tareas de reconciliación que le correspondían al Estado peruano.
También recordó que parte del dinero entregado por el Estado peruano a la CVR «provino de los fondos repatriados a los procesados y condenados por casos de corrupción ocurridos durante el gobierno de Alberto Fujimori» y que la administración de sus recursos correspondió al Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).
Lerner enfatizó que «la CVR vive y tiene fuerza por personas que, tratando de desprestigiarla, hacen que su visión se tome en cuenta y se vea la verdad. En balance, lo que ha hecho el Congreso, a contrapelo de lo que algunos parlamentarios deseaban, es legitimar el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, que puede hacer frente sin ningún menoscabo a lo que la parlamentaria fujimorista pueda decir».
Por su parte, la doctora Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP, indicó que la designación de Chávez al frente de este grupo de trabajo «causa previsible conmoción y preocupación en la sociedad civil. La filiación política de la congresista Chávez hace sospechar que su participación buscaría minar los avances en materia de derechos humanos que ha tenido nuestro país. Como todos los miembros de su bancada, defiende la inocencia de Alberto Fujimori frente a toda acusación, incluyendo su participación en las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta. Chávez fue una de las impulsoras de la Ley 26479 que amnistió a los miembros del destacamento Colina».
Salmón también refirió que «en diversas ocasiones, la congresista Chávez ha realizado declaraciones que reflejan su desprecio por el trabajo de defensores de derechos humanos. Así, la legisladora ha señalado que el Informe Final de la CVR debe «tirarse a la basura», por su contenido. De la misma forma, durante la década del gobierno fujimorista desacreditó las acusaciones de las víctimas de violaciones a los derechos humanos, señalando que los daños se los habían infringido ellas mismas. Es tristemente célebre por haber declarado que los estudiantes de La Cantuta se habían auto-secuestrado y que la agente del Servicio de Inteligencia del Ejército Leonor La Rosa se había auto-torturado. Finalmente, en el año 2010, la hoy congresista señaló que «no se cae el mundo si el Perú se desliga de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos».
Ambos señalaron que resulta necesario que la sociedad civil vigile más de cerca la labor de este grupo de trabajo del Congreso de la República y que no permitan retrocesos imperdonables en materia de derechos humanos.
El presidente del IDEHPUCP concluyó que «el Congreso no ha hecho sino ratificar lo que la opinión pública piensa sobre esta institución, pues, con este nombramiento, los congresistas no han estado a la altura de lo que se espera de su cargo. Esta designación es una afrenta y constituye un flaco favor a la democracia».
