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Opinión 5 de febrero de 2016

Lo que decíamos a propósito de la máxima instancia electoral se refleja también en haber propiciado y apoyado la existencia del Pacto Ético Electoral. Este documento busca que los partidos políticos se comprometan, y que también lo hagan sus candidatos, al mutuo respeto y a difundir a través de sus campañas, con veracidad y claridad, ideas para la mejor marcha del Perú. Todo ello, claro está, en lugar de agravios, insultos y vacía demagogia.

Cierto es que, en todo el mundo, las actividades de los candidatos y partidos en épocas de sufragio ocurren a menudo golpes bajos y ataques poco elegantes a los adversarios. Sin embargo, la política no se restringe –o no debiera hacerlo– al intercambio de declaraciones desafortunadas que, hay que decirlo, son muchas veces potenciadas por los medios de comunicación social. Más bien se trata de que los candidatos sean capaces de comprometerse a través de una adecuada exposición de ideas a la realización de políticas justas y que promuevan el desarrollo que incluya a todos los electores. Asimismo ellos debieran ofrecer a la ciudadanía listas de candidatos que sean hábiles y honestos para así lograr un Congreso decente y eficiente. Todo lo anterior acompañado de una gran transparencia en la procedencia de los recursos utilizados en las campañas, recursos que no se vinculen, además, con el favorecimiento de intereses subalternos.

Para muchos, con cierta cuota de cinismo, la suscripción de este tipo de documentos supone lo que coloquialmente se conoce como un “saludo a la bandera”. Ello no debe ser así en modo alguno. La firma del Pacto Ético Electoral pone en relieve la palabra y el honor de quienes lo suscriben e implica que los partidos políticos se comprometen a elevar el nivel de una discusión política que muchas veces se concentra en lo banal. Nuestro país tiene muchos problemas que deben ser resueltos y quienes aspiran a gobernarnos deben ser capaces de convencernos de que son lo suficientemente capaces y honestos para emprender esa tarea.

Resulta necesario que la ciudadanía exija a sus políticos el cumplimiento de este conjunto de reglas éticas, entendidas como requisitos básicos para el comportamiento público. Si los electores no se mantienen alertas y por tanto no reclaman para que honren la palabra empeñada a quienes buscan dirigir los destinos de nuestra patria, de algún modo, se harán tácitos cómplices de una conducta reprochable y nociva.

Escribe: Salomón Lerner Febres, presidente ejecutivo del IDEHPUCP, para La República

(05.02.2015)