26/07/2022

Faltan cuatro años: ¿cuál debe ser la agenda del gobierno en derechos humanos?

Por: Equipo del Área Académica

A un año de iniciada la gestión del presidente Pedro Castillo, se constata que muchas de las acciones y decisiones del mandatario y de los distintos ministerios han sido errática y desarticuladas y que, en no pocos casos, han sido contrarias a los derechos humanos de diversos sectores de la sociedad. A manera de balance del año transcurrido, presentamos una lista de tareas urgentes para la agenda del Ejecutivo elaborada por el Área Académica y de Investigaciones de IDEHPUCP.

Sistema Interamericano de Derechos Humanos     

  • Velar por el cumplimiento de estándares interamericanos relacionados a la protección de los derechos de niñas y mujeres. Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no observó la ley que regula la elaboración de materiales educativos, lo cual supone un peligro para la educación sexual, reconocida como parte del derecho a la educación por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Otros proyectos de ley en el Congreso, como el que busca proteger a la madre gestante, también supone peligros para los derechos de niñas y mujeres.
  • Aprobar un nuevo plan de derechos humanos en un proceso que sea participativo que responda a estándares interamericanos sobre derechos humanos.


Pueblos indígenas

  • Defensores indígenas: La protección a los defensores de derechos humanos se ha venido agravando en los últimos años. La aprobación del Protocolo y del Mecanismo de Protección de Defensores en Derechos Humanos es insuficiente frente a la falta de implementación de medidas, por lo cual, es fundamental generar mecanismos de protección efectiva, que implique utilizar aquellos mecanismos ya aprobados, mejorar la coordinación con las organizaciones representativas de pueblos indígenas, y abordar la persecución de las actividades ilegales que se desarrollan en la Amazonía. En esa línea, la revisión de la normativa sobre Comités de Autodefensa que se ha aprobado y la insistencia sobre la aprobación del Acuerdo de Escazú (que se encuentra archivado en el Congreso) son medidas que también contribuirían para su protección.
  • Titulación de tierras indígenas: La protección de los territorios de los pueblos indígenas permite la protección de otros derechos colectivos de los pueblos indígenas. En ese sentido, es necesario fortalecer la política de titulación de comunidades y de territorios integrales, que implica la coordinación efectiva entre el gobierno central y los gobiernos regionales, considerando problemas de corrupción que esta política ha generado en ciertas regiones, y el fortalecimiento de los mecanismos de participación y consulta en relación al ejercicio de sus derechos


Empresas y Derechos Humanos

  • Implementación del Plan Nacional de Acción sobre Empresas y Derechos Humanos 2021 – 2025 (PNA): El PNA es un instrumento de política pública dirigido a fortalecer la protección de los derechos humanos en el marco de las actividades empresariales. De esa manera, está dirigido a la adopción de medidas (normativas, de diagnóstico, de capacitación, entre otras) que permitan incorporar los estándares sobre la acción pública, y dar lineamientos claros de lo que se espera de las empresas domiciliadas o que actúan dentro del Perú.
  • Fortalecimiento del Punto Nacional de Contacto y de los mecanismos extrajudiciales de acceso a reparaciones: La protección de los derechos humanos necesita el fortalecimiento de mecanismos de acceso a la reparación a través de mecanismos judiciales y no judiciales, es decir, a través de otros procedimientos administrativos. Esto implica el fortalecimiento del Punto Nacional de Contacto de la OECD en Perú (Proinversión) pero además de contar con mecanismos de acceso a reparación para las poblaciones afectadas por las actividades empresariales que acompañen los sistemas de sanción administrativa, sea a nivel ambiental, en las normas de lucha contra la corrupción, o en las competencias de los reguladores.


Lucha contra la corrupción

  • Fortalecer los mecanismos para la adecuada designación de funcionarios públicos:  Es importante priorizar al personal profesional capacitado que cumpla con el perfil y los requisitos para ocupar determinados cargos. De esta manera, se valoran las habilidades y aptitudes adquiridas durante la trayectoria profesional en los sectores más importantes y sensibles del Estado. Lo anterior permite fomentar la idea de que son más importantes las competencias profesionales que ser amigo o conocido de algún funcionario público para obtener un puesto en el Estado.
  • Compromiso en materia de transparencia y acceso a la información pública: Lo anterior se expresa en dos ámbitos. El primero de ellos con el fortalecimiento de la normativa existente y su difusión a la población en un lenguaje sencillo y accesible. Por otro lado, debe reflejarse también en acciones concretas del gobierno que muestren que sus decisiones se adoptan bajo estándares mínimos de integridad.


Memoria y posconflicto

  • La agenda pendiente gira alrededor de fortalecer la política de búsqueda de personas desaparecidas; las reparaciones en el marco de una política pública y, particularmente la necesidad de contar con una política nacional de memoria.
  • Es necesario que el sector Justicia le de mayor atención a las problemáticas mencionadas previamente, especialmente fomentando la inclusión y participación de las víctimas.


Movilidad Humana

  • Se mantiene ausente la articulación estatal en las respuestas a la migración; a ello se suman los cambios constantes de funcionarios en la Superintendencia de Migraciones y la falta de coordinación con los otros sectores, por ejemplo, Salud, Educación, Inclusión Social.
  • Un tema reciente que causa preocupación es la reciente aprobación del dictamen recaído en diversos proyectos de ley que condiciona el alquiler de viviendas a la situación de regularidad de personas migrantes. El Ejecutivo no tomado posición en contra de este conjunto de normativa que refuerzan prejuicios y estereotipos sobre la población migrante y contraviene diversos instrumentos internacionales que han sido ratificados por el Estado peruano en cuanto a protección de los derechos de las personas en situación de movilidad humana.

Si bien estos son temas que compete abordar al Poder Ejecutivo, para que se avance en ellos se requiere de la atención, colaboración y participación de distintas entidades y niveles del Estado, como el Congreso, que en el último año ha sido responsable de la elaboración de proyectos de ley y leyes que ponen en riesgo los derechos fundamentales de grupos en situación de vulnerabilidad. Así, también el Poder Legislativo debería incluir en sus agendas estos temas en favor del respeto, la defensa y promoción de los derechos humanos de todos los ciudadanos y ciudadanas en el Perú.

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