La memoria del conflicto destaca el compromiso y el heroísmo de muchos peruanos que se esforzaron por proteger a sus conciudadanos o defendieron a sus comunidades en tiempos de temor y desesperanza, pero también evoca la injusticia encarnada en la violación de los derechos de miles de compatriotas, víctimas de la violencia subversiva o de la represión estatal. Muchos de nuestros conciudadanos vieron recortadas sus libertades o vieron truncas sus aspiraciones de realizar sus vidas en paz. Esta cruda realidad fue resultado de decisiones humanas puntuales, no de meras circunstancias desafortunadas. Precisamente por ello, la injusticia debe ser objeto de sanción acompañada de reparaciones y no solo materia de duelo o de prevención. La sociedad peruana debe estar dispuesta a reformar sus instituciones y sus modos de pensar y vivir y ello implica aceptar el imperio de la justicia para de tal suerte condenar los delitos y restablecer los derechos quebrantados. Solo así podremos dirigirnos hacia la paz y armonía que todos deseamos para que esta situación de conflicto violento no se repita jamás.
La justicia es concebida por el Informe Final como “un principio ético regulador de nuestra vida social y política que expresa un ideal de convivencia humana en el que se respeten y garanticen constitucionalmente derechos fundamentales como la dignidad y la inviolabilidad de la persona humana, la libertad individual, la igualdad de derechos y oportunidades, la equidad y la solidaridad” (Tomo I, p. 60). Estos derechos y libertades son reconocidos por el orden legal internacional y constituyen el núcleo de la cultura de los derechos humanos.
La CVR reconoce las dimensiones moral, judicial, reparadora y político-social de la justicia como aspectos del principio regulador antes mencionado. La dimensión moral alude al ejercicio del derecho a la verdad que invocan tantos peruanos que anhelan conocer lo sucedido con sus seres queridos, así como entender lo que sucedió en el país y cómo sería posible tomar medidas para que esa desgracia no se repita. La dimensión judicial se refiere a la necesidad de establecer responsabilidades y sanciones entre quienes hayan cometido delitos contra los derechos humanos y actos de violencia. La CVR ha sustentado casos que han ameritado la apertura de investigaciones judiciales y procesos penales. Es preciso combatir toda forma de impunidad. La dimensión reparadora plantea el objetivo crucial de resarcir correctamente a las víctimas del conflicto armado interno que sufrieron la lesión de sus derechos fundamentales. En este sentido, el Estado debe asumir la tarea de reparar a las víctimas en nombre de todos los ciudadanos del país. La dimensión político-social alude al esfuerzo por reformar nuestras instituciones y prácticas con el fin de garantizar relaciones más equitativas y fraternas en nuestra sociedad, en el marco del respeto estricto de los principios del sistema democrático.
Como puede apreciarse, las exigencias de cada uno de los elementos que implica la vigencia de la justicia plantea un trabajo histórico y social de largo plazo que tiene como fin último responder a la necesidad de convertir nuestro país en un genuino espacio de libertad, de vida digna y plena para sus ciudadanos. Verdad, memoria sobre ella y justicia como resultado concreto de este esfuerzo por hacernos dueños y responsables de nuestra historia constituyen elementos indispensables para el diseño y cumplimiento de una propuesta que nos acerque hacia la reconciliación nacional.
