Escribe: Ivan Lanegra (*)
La capacidad estatal, incluyendo la cobertura y calidad de los servicios públicos, especialmente en materia sanitaria, es un factor determinante en la respuesta ante la pandemia del COVID-19. No es, por ello, ninguna sorpresa que sean los territorios de los pueblos indígenas, en donde la presencia estatal ha sido históricamente deficiente, una de las áreas más vulnerables frente a la nueva enfermedad. La incapacidad del Ministerio de Cultura -y del conjunto del aparato gubernamental, incluyendo los niveles subnacionales de gobierno – para ofrecer una respuesta integral tiene parte de su explicación en la imposibilidad de resolver, con la urgencia que demanda la emergencia, dichas carencias. Otra parte se encuentra en la limitada capacidad institucional del propio Ministerio para actuar como un ente rector eficaz de las políticas públicas destinadas a dicho sector. Otra, lamentablemente, es la ausencia de un liderazgo a la altura del desafío.
Frente a ello, las respuestas estatales iniciales han sido más formales que concretas, siendo, nuevamente, las propias organizaciones indígenas las que han debido adoptar acciones, haciendo uso de sus propias instituciones y recursos. Esto, desde luego, no es suficiente para reducir los riesgos ni para garantizar el bienestar de dichos pueblos durante un período de confinamiento obligatorio que ha modificado el desarrollo habitual de sus actividades económicas. Ante ello, los dirigentes indígenas han hecho llamados constantes por apoyo y ayuda al Estado y a otros actores sociales.
Recientemente, las profesoras Norma Correa (PUCP) y Fabiola Yeckting (UNMSM), integrantes del Grupo de Trabajo de Ciencias Sociales del Ministerio de Salud, han planteado un conjunto de acertadas recomendaciones para atender una situación de emergencia que puede implicar para los pueblos indígenas una triple amenaza: su desaparición física, un etnocidio y la inseguridad alimentaria. Dichas propuestas tocan las dimensiones institucional, sanitaria y social. Del mismo modo, ellas plantean una revisión profunda de las políticas públicas dirigidas a los pueblos indígenas tras la emergencia. A todo ello, en el marco de un enfoque intercultural eficaz, habrá que agregar la necesidad de nuevos arreglos institucionales que les garanticen una participación efectiva en la construcción del Estado y de sus políticas, no solo para cerrar las brechas subsistentes, sino también para construir un país de ciudadanos que valoran su diversidad cultural y étnica.
(*)Profesor de Ciencia Política y Gobierno PUCP
