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Opinión 22 de marzo de 2016

En primer lugar, es necesario recordar que el conflicto armado en Siria (que lleva ya 5 años y 250,124 víctimas mortales[1]) es una de las causas de mayor movilidad humana de los últimos años. De acuerdo al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), 4.180.631 es el número total de refugiados sirios hasta octubre de 2015. Según estadísticas de Frontex (La Agencia Europea para la Gestión de la Cooperación Operativa en las Fronteras Exteriores de los Estados miembros de la Unión Europea) casi 900.000 refugiados, cifra que supera 17 veces la del año 2014, llegaron a Europa por la ruta migratoria del mar Egeo, que es la parte del mar Mediterráneo comprendida entre Grecia y Turquía. Esto ha desatado múltiples tensiones que tienen que ver con la migración irregular y el despertar de movimientos xenófobos y de extrema derecha en Europa que claman por que sus gobiernos no reciban más refugiados.

Ahora bien ¿qué contempla este acuerdo?, ¿vulnera el Derecho internacional y los derechos humanos?, ¿será verdaderamente una solución al flujo masivo de personas?, ¿qué gana Turquía con este acuerdo que eleva aún más la tasa de 2,715.789[2] refugiados sirios que ya están en su territorio?

El acuerdo prevé que la devolución de los migrantes irregulares se dará siempre y cuando se rechace de manera individualizada -y no colectiva, como expresamente lo prohíbe el Derecho internacional- la solicitud de asilo. Ciertamente, la evaluación individualizada de los casos es un estándar claramente alcanzado en el Derecho internacional de los refugiados y de los derechos humanos pues lo contrario equivaldría a medidas que responden a criterios discriminatorios (por ejemplo raza, religión, ideas políticas, entre otros) y no a la situación concreta de cada solicitante. El punto es si las autoridades europeas podrán realizar esa evaluación individualizada conforme a los principios de debido proceso que prevén las normas internacionales y si la medida de expulsión termina, en consecuencia, afectando el principio de no devolución a lugares donde los solicitantes temen por su vida, seguridad e integridad personal. En este sentido, según Amnistía Internacional el acuerdo migratorio no ofrece ninguna alternativa segura y legal para las personas que buscan protección internacional en el territorio de la UE.

Además el acuerdo establece que por cada sirio que retorne desde Grecia a Turquía, otro sirio será reasentado desde Turquía hacia la UE hasta cumplir el cupo de 72.000 personas, es decir, apenas la mitad de los 144.149 refugiados que llegaron a Grecia en lo que va de año. Asimismo, la selección de estos refugiados responderá al orden de prelación conforme a los criterios de vulnerabilidad establecidos por Naciones Unidas (niños, mujeres, etc.). Si bien, la aplicación de criterios objetivos es una medida acorde con las normas internacionales, cabe señalar que la propia cifra de 72,0000 refugiados resulta corta para los flujos de personas que se han estado movilizando y corta también en relación con las expectativas de solidaridad que generaron inicialmente los propios líderes europeos.

De otro lado, esta medida “de carácter temporal y extraordinario” busca, de acuerdo al texto del acuerdo, “acabar con el sufrimiento humano y restablecer el orden público”. Y es que, en efecto, son varias las mafias de migrantes que actúan en esta ruta lucrando con la desesperación de miles de personas que ven en Europa una tierra de oportunidades y sobre todo de paz y futuro. Sin embargo, devolver a estas personas al territorio de un Estado con un curriculum, por lo menos, cuestionable en materia de derechos humanos no parece ser la vía más adecuada para cumplir este objetivo. De hecho, los propios Estados europeos han cuestionado en diversas oportunidades que Turquía se encuentre alineada a valores democráticos pues el gobierno de Erdogan ha vulnerado la libertad de prensa al intervenir periódicos de oposición y ha impuesto estado de excepción en ciertas ciudades kurdas, haciendo que los derechos fundamentales de ciudadanos contrarios al gobierno, de adversarios políticos e incluso de jueces y fiscales se puedan ver recortados.

Finalmente, resulta interesante señalar que, a cambio de la devolución de los migrantes irregulares y del compromiso de Turquía de tomar las medidas necesarias a fin de prevenir que se adopten nuevas rutas para la migración ilegal (que, es importante señalarlo, no incluye expresamente los contenidos mínimos de respeto y garantías de respetar los derechos humanos de los migrantes), la Unión Europea realizará un desembolso progresivo de la suma de 3 billones de euros. Adicionalmente, abrirá un nuevo capítulo del proceso de adhesión de Turquía a la UE antes del 1 de julio, y se compromete a la aceleración del proceso de exención de visas para los ciudadanos turcos.

Europa, y concretamente la UE, han mantenido desde sus inicios un discurso y políticas de clara defensa de los derechos humanos en el mundo. Resulta, por este hecho, difícil imaginar un escenario en que la legitimidad y fuerza de ese discurso no se vean melladas como consecuencia de este acuerdo con Turquía. En cualquier caso, la UE tiene responsabilidad conjunta con Turquía para asegurar que la ejecución de este acuerdo respete plenamente los derechos de los refugiados, solicitantes de asilo y migrantes en general. Son precisamente frente a crisis humanitarias como la actual que se ponen a prueba las fibras de la solidaridad y respeto irrestricto de los derechos humanos de todos.

Escribe: Elizabeth Salmón, directora del IDEHPUCP

(22.03.2016)


[1] Fuente: Observatorio Sirio para los Derechos Humanos. Sitio web http://www.syriahr.com/en/?p=35195

[2] Fuente Syria Regional Refugee Response, Inter-agency Information Sharing Portal: http://data.unhcr.org/syrianrefugees/country.php?id=224