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Opinión 30 de noviembre de 2016

Recordemos que este acuerdo del “1 por 1”, prevé la devolución individual de los “migrantes irregulares” o solicitantes de asilo, concretamente civiles sirios que huyen del conflicto armado. De esta forma, por cada sirio que llegara de las costas griegas hacia Turquía, otro sería reasentado desde Turquía hacia la UE hasta cumplir el cupo de 72.000 personas. Este acuerdo, planteado como la solución al creciente flujo migratorio no ofrece ninguna alternativa segura y legal para las personas que buscan protección internacional[1]. Como se sabe, a cambio de ello, esta negociación incluyó ciertos compromisos en favor de Turquía, en los que principalmente se negoció (i) la multimillonaria ayuda económica para que los refugiados pudiesen permanecer en territorio turco, (ii) la posibilidad de que Turquía se adhiera a la UE[2], y (iii) la celeridad en el proceso de exención de visas para los ciudadanos turcos.

Frente a este panorama, ¿cuál es la situación actual de los compromisos que asumió la UE con Turquía? Recientemente el Parlamento Europeo votó mayoritariamente[3] a favor de una resolución que exhorta a los Estados miembros de la UE a que congelen las negociaciones de adhesión de Turquía al bloque de los 28 hasta que cesen los actos de represión. Así, a través de la resolución 2016/2993(RSP), este órgano justificó su decisión en uno de los principios establecidos en el marco legal de negociación del acuerdo migratorio que señalaba que “en caso de que se cometan violaciones graves y persistentes de parte de Turquía a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y las libertades fundamentales y del Estado de Derecho, en los que se fundamenta la Unión, la Comisión, por propia iniciativa o a petición de un tercio de los Estados miembros, recomendará la suspensión de las negociaciones (…) para su adhesión”. En el contexto enunciado, resulta evidente que estas libertades han sido duramente recortadas en estos últimos meses, hecho que conlleva no solo al incumplimiento de las condiciones esenciales para obtener la membresía en la UE, sino que también compromete la responsabilidad de Turquía frente a sistemáticas violaciones de derechos humanos.

Cabe resaltar que la resolución adoptada por el Parlamento Europeo no reviste efectos jurídicamente vinculantes en la decisión de la incorporación de Turquía a la UE, debido a que esta recae, finalmente, en los gobiernos de los Estados miembros, quienes lo deciden por unanimidad. Sin perjuicio de ello, esta decisión da cuenta del estado actual del respeto a las libertades esenciales en Turquía reconocidos en distintos instrumentos internacionales de derechos humanos de los que es Estado Parte, como por ejemplo el Pacto Internacional de Derechos civiles y Políticos[4] y su segundo Protocolo Facultativo destinado a abolir la pena de muerte[5]; el Convenio europeo de derechos humanos[6] (instrumento de derechos humanos del Consejo de Europa), y su sexto Protocolo relativo a la abolición de la pena de muerte[7], entre otros, cuyo incumplimiento podría generar un fuerte impacto en su proceso de adhesión.

La respuesta del Presidente Erdogan ante la resolución adoptada por el Parlamento Europeo fue la amenaza de abrir las fronteras turcas a fin de que los refugiados pudiesen seguir su camino a Europa. De concretarse, esto (i) deshumanizaría a quienes huyen de la situación de conflicto armado, convirtiendo su necesidad en un objeto de amenaza; y (ii) los desampararía, debido a que la UE tendría que repensar nuevas alternativas inmediatas para contener los flujos migratorios, situación que generaría incertidumbre y desprotección a refugiados y solicitantes de asilo.

Finalmente, con relación a la condición de exonerar el visado para ciudadanos turcos que deseen viajar a la UE, cabe acotar que para el año 2013, se exigían alrededor de 72 requisitos que Turquía debía cumplir, principalmente en aspectos de seguridad. Sin embargo, tras la consolidación del acuerdo migratorio, apenas quedan 7 puntos[8] para lograr la liberalización de visas, dentro de los cuales destaca la revisión de legislación y prácticas en materia de lucha contra el terrorismo. Así las cosas, la mayor dificultad que hoy se enfrenta el gobierno turco es precisamente en relación a este aspecto pues, como lo indica la UE, la legislación antiterrorista debe alinearse a los estándares europeos. Este requisito ha sido reafirmado por el Comisario encargado de asuntos de la política europea de buena vecindad y negociaciones de ampliación, Johannes Hahn, quien en septiembre pasado emitió el tercer reporte sobre los progresos realizados en la aplicación del Pacto migratorio UE-Turquía, mediante el cual enfatizó la necesidad de consolidar la modificación legislativa. No obstante, tras el fallido golpe de Estado, parece poco probable que Turquía ceda a los estándares requeridos, dado el constante régimen de emergencia que autoriza el gobierno, y que permite el empleo de tácticas represivas a sus opositores. Mientras tanto, es irrefutable que los más afectados seguirán siendo los refugiados y solicitantes de asilo sirios, a quienes solo les espera mayor incertidumbre.

Escribe: Alessandra Enrico Headrington, asistenta de investigación del IDEHPUCP

(30.11.2016)


[1] Ver más en Salmón, Elizabeth “La Unión Europea y la llegada masiva de refugiados a sus costas: ¿Hace Turquía el trabajo que los europeos no quieren hacer? Disponible en: https://idehpucp.pucp.edu.pe/comunicaciones/opinion/la-union-europea-y-la-llegada-masiva-de-refugiados-a-sus-costas-hace-turquia-el-trabajo-que-los-europeos-no-quieren-hacer/

[2]  Desde 1999, Turquía es candidato para ser miembro de la UE y desde 2005 ha empezado a negociar para adherirse a dicha Organización

[3] La resolución fue aprobada por 479 votos a favor, 37 en contra y 107 abstenciones

[4] Ratificado el 23 de septiembre de 2003

[5] Ratificado el 2 de marzo de 2006

[6] Ratificado el 18 de mayo de 1954

[7] Ratificado el 12 de noviembre de 2003

[8] Los aspectos pendientes son los siguientes: la expedición de documentos de viaje biométricos compatibles con las normas de la UE; la adopción de medidas para prevenir la corrupción a la luz de lo previsto en la Hoja de Ruta; la celebración de un acuerdo operativo de cooperación con Europol; la revisión de la legislación y las prácticas en materia de terrorismo de conformidad con las normas europeas; la armonización de la legislación sobre protección de datos personales con las normas de la UE; la cooperación judicial eficaz en materia penal con relación a todos los Estados miembros de la UE; y la aplicación del Acuerdo migratorio UE-Turquía en todas sus disposiciones