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Opinión 10 de junio de 2013

Comprendemos la preocupación natural de partidarios y familiares respecto de la salud de la persona que gobernó el país entre 1990 y 2000. Sin embargo, la Comisión de Gracias Presidenciales ha constatado que el actual estado de salud de Fujimori no amerita la concesión de esta gracia presidencial. Más aún, cuando las condiciones carcelarias en las que se encuentra son sustancialmente mejores que las de otros presos en el país, quienes cumplen penas por delitos menos graves, en muchos casos en mal estado de salud.

Con esta determinación ejemplar, el gobierno peruano cumple lo que señalan diversas instancias internacionales de protección de los derechos humanos respecto a la imprescriptibilidad de delitos de lesa humanidad, así como al rechazo a indultos, amnistías o cualquier otro tipo de recurso legal que intente eludir la acción de la justicia frente a conductas delictivas de extrema gravedad.

Los procesos judiciales contra el señor Fujimori fueron ejemplares y merecieron condenas justas por los crímenes que cometió y por los cuales, sin venganza alguna por parte del Estado, debe cumplir una pena. La decisión tomada por el señor presidente de la República es congruente con un Estado democrático, que respeta los derechos fundamentales de las personas y que sanciona ejemplarmente aquellas conductas que vulneran la dignidad humana.

Lima, 7 de junio de 2013