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Opinión 18 de mayo de 2021

Escribe: Eduardo Dargent (*)

La campaña se ha centrado en la posición de los candidatos frente a la economía. No sorprende que sea así; es el tema de mayor contraste entre ambas opciones. Mientras Pedro Castillo ha presentado un plan de cambio profundo del modelo económico, Keiko Fujimori fue en primera vuelta la defensora del modelo y en segunda propone bonos y otros mecanismos distributivos antes que reformas ambiciosas al mismo. La posición sobre este tema divide clases sociales. Clases altas y medias, así como poderosos actores económicos, se decantan por la continuidad de Fujimori, mientras que a más pobreza hay más apoyo al cambio propuesto por Castillo.

El problema es que esta división, abrazada entusiastamente por los contendientes y sus equipos, termina ocultando otros temas también importantes para los electores y cruciales para la forma en que se gobernará en los próximos años. Si bien menos relevantes para definir el voto que la economía, hay dos temas que no se están discutiendo en la medida que creo lo merecen: la visión de la democracia que tiene cada opción y el tipo de reforma del Estado que proponen los candidatos.

Un primer tema desatendido, entonces, es la democracia y sus instituciones. Ni Castillo la usó para sostener su amplia ventaja inicial ni Fujimori para buscar acortar la diferencia. Esto indica que la democracia, la separación de poderes, el Estado de derecho y el pluralismo no están en el centro de ninguna candidatura. No son su prioridad.

Castillo tiene una mirada populista de la política, salpicada de marxismo de manual, para la cual las instituciones contra mayoritarias y aquellas que promueven y buscan proteger el pluralismo son fachadas, excusas de clase para proteger los intereses de los ricos. El penoso espectáculo de medios de comunicación jugándosela por la campaña de Keiko Fujimori confirma que esta mirada, lamentablemente, todavía tiene mucho de cierto en el Perú. Pero también sabemos de muchas otras instituciones o medios comprometidos con sus valores que nos muestran que estas libertades y derechos no son meros instrumentos del poder. Al revés, permiten controlar al poder y su ejercicio abusivo. El discurso de Castillo no reconoce el valor de este pluralismo ni las garantías que lo protegen.

Por el lado de Fujimori la ausencia de credibilidad democrática es también alta. No solo dice mucho que haya optado por reivindicar el gobierno de su padre, sino que las conductas autoritarias de su bancada desde el Congreso también muestran sus propias acciones antidemocráticas. Además, durante la campaña nos ha mostrado que para ella democracia pareciera equipararse a anticomunismo. Se define por oposición. Como si la historia de América Latina no enseñara sobre los graves abusos conservadores que se han dado por este macartismo criollo en la región. Hablar de democracia sin reconocer el pasado autoritario del fujimorismo, lejano y reciente, y los riesgos de la mano dura como la entiende, tampoco ofrece garantías.

«Castillo tiene una mirada populista de la política, salpicada de marxismo de manual, para la cual las instituciones contra mayoritarias y aquellas que promueven y buscan proteger el pluralismo son fachadas, excusas de clase para proteger los intereses de los ricos.»

Otro tema eclipsado en la campaña, quizás menos relevante para los votantes, pero central para cualquier posibilidad de desarrollo del país, es el tipo de Estado que proponen los candidatos. En las posiciones sobre reforma del Estado también se notan las graves carencias de ambos. Ninguno parece reconocer el tipo de cambios que requiere el Estado para superar sus graves taras y que la pandemia nos ha enrostrado. Aunque ligada en varios aspectos a la discusión del modelo económico, la reforma del Estado tiene una dimensión propia y merecería una discusión mucho más precisa.

Por el lado de Castillo, tanto por su plan de gobierno como en declaraciones sueltas, hay una visión de guerra fría del Estado. Más que un espacio que debe tender a cierta autonomía, profesionalismo y eficiencia, lo que Castillo lamenta es un Estado que no gobierna para el pueblo. Y no es que ello sea del todo falso: de hecho, buena parte del problema del Estado peruano es sus carencias para servir a la ciudadanía. Lo que es impreciso es la receta para solucionar el problema de esta distancia. Para fortalecer el Estado Castillo propone poner “al pueblo” a cargo del mismo. Y eso incluye desde nombrar a miembros de grupos de interés que él cree virtuosos a cargo de políticas generales como desactivar aquellas agencias que buscan regular la actividad de sectores informales. Poco o nada sobre profesionalizar, construir autonomía y mejorar el alcance territorial y capacidad de fiscalización del Estado. Esos no son problemas centrales para el candidato. El problema del Estado para Castillo es su cercanía a intereses de trasnacionales y otras empresas (y sin duda lo es). El problema de Castillo es que no ve mayor problema en que el Estado sea un instrumento de los intereses que él privilegia.

Por supuesto que los burócratas deben tener dirección política. La autonomía burocrática en una democracia no puede convertirse en cerrazón frente a las demandas sociales. Y hay sectores del Estado donde los intereses empresariales pesan mucho más que cualquier otro, algo de lo que la otra candidatura dice poco o nada. Pero hasta ahora lo que nos muestra Castillo es una mezcla de concepciones simplistas sobre el Estado, una confianza infantil sobre cómo reformarlo y una pulsión autoritaria sobre lo que cree deben ser las funciones de reguladoras y órganos constitucionales autónomos.

«En este tiempo el fujimorismo ha reforzado la idea de que el Estado aplique mano dura, sin hacer una evaluación de sus propios excesos cuando aplicó dicha dureza.»

Por el lado de Keiko Fujimori lo que preocupa es lo poco que ha aprendido sobre las carencias del nuestro Estado y a lo que se podría retroceder si no se hacen correctivos. Su discurso no reconoce los enormes daños cometidos por su partido bajo su liderazgo a reformas estatales positivas como la de la educación o la policial. El modelo de Estado que nos ofrece en campaña el fujimorismo parece uno de los noventa: tecnócratas para lo macro y distribución de bonos y recursos hacia abajo. Para colmo su equipo técnico nos devuelve a esos noventa: vienen de ese tiempo. Esta receta fujimorista ya mostró sus límites para reformar el Estado y no parece que pueda funcionar en un contexto donde las demandas han crecido. La protección de la bankada a actores informales y el rechazo a la regulación de actores informales o abusivos (educación, transporte, etc.) en el pasado quinquenio también indican una visión reduccionista del Estado y saboteadora de reformas en curso.

Pero, además, en este tiempo el fujimorismo ha reforzado la idea de que el Estado aplique mano dura, sin hacer una evaluación de sus propios excesos cuando aplicó dicha dureza. Al revés, en estos años la autocrítica en temas de derechos humanos y libertades han brillado por su ausencia y más bien ha mostrado su limitada visión sobre el tipo de reforma que necesita para un mejor manejo de su poder. Este discurso de mano dura no solo es peligroso; temo que también sea combustible. ¿Un Estado con serios problemas de legitimidad, con llegada insuficiente en el territorio, es capaz de adoptar esa mano dura? ¿No será fuente de más conflictividad, pero ahora sin canales de resolución de conflictos?

En ambos casos vemos una limitadísima comprensión del papel del Estado en el desarrollo: Castillo, por estar atrapado en un discurso ideológico simplón donde el Estado es un instrumento por ser politizado para intervenir en una pelea contra los ricos en favor pobres; Fujimori, por una concepción limitada que mezcla libertarismo en las alturas económicas con reparto de bienes hacia abajo, sin que estén presentes temas centrales como la necesidad de regular la actividad de actores empresariales, combatir la corrupción de alto nivel o reformar a fondo sectores sociales.

En temas democráticos y de reforma del Estado, entonces, ambas candidaturas nos ofrecen poco. Quedan tres semanas en las que habrá que exigir más detalles. Ambos temas son importantes para un espacio político no mayoritario, pero relevante, que terminará votando nulo u optando de mala gana una candidatura. Un espacio que debería ser visibilizado por la sociedad civil y actores políticos que reconozcan la relevancia de ambos temas para que sus agendas no sean tragadas por la polarización de dos opciones profundamente opuestas, pero con puntos de encuentro en su desinterés por una serie de reformas. Si la campaña se ajusta, será el momento de pedir no solo precisiones, sino también garantías.


(*) Abogado (PUCP) y máster en Filosofía política de la Universidad de York, Reino Unido. Doctor en Ciencia Política (Universidad de Texas en Austin). Miembro de la asamblea del Idehpucp.