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Opinión 11 de mayo de 2021

Escribe: Gonzalo Gamio Gehri [*]

Los ciudadanos del Perú enfrentamos una compleja segunda vuelta electoral a pocas semanas de celebrar nuestro Bicentenario. Tendremos que elegir entre dos opciones políticas que muchos consideramos profundamente cuestionables: de un lado, una candidatura que nos recuerda los tiempos de una dictadura despiadada que incurrió en numerosos crímenes de corrupción y violaciones de derechos humanos; del otro, una propuesta aparentemente arcaica y totalitaria que amenaza recortar derechos fundamentales y libertades importantes en lo político y en lo económico. No pocos especialistas coinciden en que ambos proyectos representan un serio riesgo para el futuro de la democracia en nuestro país.

Se trata de un dilema trágico, tan doloroso y difícil de esclarecer como aquellos que describe la tragedia antigua. Como se sabe, las tragedias de Esquilo y Sófocles examinaban situaciones de conflicto entre males que los agentes no podían evadir. Es el caso de nuestro dilema electoral: de un modo u otro, uno de los dos candidatos ocupará el Sillón de Pizarro. Los ciudadanos estamos a la espera de que ellos maticen sus propuestas iniciales para ganar votos entre los electores que en la primera vuelta apoyaron posiciones más próximas al llamado “centro político”. Resultaría sensato que los ciudadanos nos tomemos un tiempo para decidir el voto, que presionemos a los candidatos para que reformulen aquellas iniciativas que pongan en peligro la institucionalidad y la vigencia de los derechos básicos.

«La necesidad de exigirle a los candidatos un riguroso respeto de los principios y los procedimientos democráticos no constituye únicamente un recurso para los electores; los ciudadanos podemos actuar juntos a través de las instituciones de la sociedad civil.»

Pero el control democrático puede transitar otras vías. Los ciudadanos no solamente somos votantes, también somos agentes sociales y políticos. La necesidad de exigirle a los candidatos un riguroso respeto de los principios y los procedimientos democráticos no constituye únicamente un recurso para los electores; los ciudadanos podemos actuar juntos a través de las instituciones de la sociedad civil. Se trata de asociaciones que median entre los individuos y el Estado que constituyen foros públicos en los que los ciudadanos discutimos sobre asuntos de interés común, planteamos temas en la agenda pública, desarrollamos formas de vigilancia del poder. Las universidades, los colegios profesionales, los sindicatos, las ONG, las comunidades religiosas constituyen instituciones que forman parte de la sociedad civil. Son espacios para el ejercicio de la deliberación pública y la acción cívica. Una democracia liberal sólida no solo necesita de partidos políticos fuertes, requiere asimismo de una sociedad civil organizada.

Las instituciones de la sociedad civil tienen un peso específico y cuentan con el reconocimiento de la ciudadanía. Sus organizaciones constituyen un canal importante para la expresión de los juicios ciudadanos acerca de la práctica de las libertades sustanciales, el cultivo de la ética pública y la vigencia del Estado de derecho. El tipo de presión cívica que pueden ejercer es socialmente legítimo y tiene una profunda significación moral. A través de estas instituciones los ciudadanos podemos demandar a los candidatos y a sus partidos la obligación de observar y proteger rigurosamente un conjunto de principios éticos y políticos cruciales para la defensa del sistema democrático: la división de poderes, la alternancia en el poder, el respeto de los derechos humanos, así como el cuidado de las libertades políticas y económicas de las personas. Los peruanos esperamos que los candidatos se comprometan por escrito a seguir con rigor esta clase de exigencias, pues su cumplimiento resulta esencial para garantizar la salud de la vida pública.

La sociedad civil tiene la responsabilidad de proponer a los candidatos la suscripción de un genuino compromiso democrático que permita a los ciudadanos aclarar sus dudas acerca de la disposición de Pedro Castillo y de Keiko Fujimori a respetar o no los valores públicos que sostienen el Estado de derecho en caso de que accedan al poder. De hecho, sería interesante que estas instituciones sociales diseñen e implementen mecanismos de observación y seguimiento del cumplimiento de las cláusulas que constituyen este compromiso con la opinión pública. Los ciudadanos debemos contar con herramientas que hagan posible garantizar que estas promesas no se conviertan en letra muerta. Recuperar la democracia -luego de ocho años de lucha y movilizaciones sociales- costó grandes sacrificios a los peruanos. No debemos ceder ante los cantos de sirena del autoritarismo, cualesquiera sean las formas que asuma. Es hora de defender nuevamente nuestras libertades e instituciones.


[*] Gonzalo Gamio Gehri es Doctor en Filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas (Madrid, España). Actualmente es profesor en la Pontificia Universidad Católica del Perú y en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya.  Es miembro de la Asamblea en IDEHPUCP.