Venezuela: posibilidades de una salida institucional a la crisis

Las diferentes imágenes que han dado la vuelta al mundo evidencian que las fuerzas del orden venezolanas han violado los derechos humanos en más de una ocasión en esta última semana. Adicionalmente, se han realizado expulsiones a periodistas, se han cerrado páginas web y se ha bloqueado el servicio de Internet para evitar la difusión de imágenes negativas del régimen.  Asimismo, existen grupos paramilitares afines al Gobierno que atentan contra la vida de los manifestantes. Si bien es posible encontrar evidencia de azuzamiento de la violencia desde el lado opositor, no cabe duda que la mayor responsabilidad recae en el gobierno venezolano, por su deber de protección de los ciudadanos, incluso en contextos de crisis y protestas. Si bien un análisis equilibrado debe reconocer las faltas de ambos lados, es inevitable concluir que la mayor responsabilidad reposa sobre el actor con mayor poder como es, en este caso, el Gobierno venezolano que dirige Nicolás Maduro.

Este contexto se ha agudizado desde la semana pasada. En este periodo se han desarrollado una serie de protestas pacíficas por  parte de estudiantes, que pedían la renuncia del actual gobierno. Una de las causas de dichas manifestaciones tuvo que ver con el descontento sobre la falta de medidas de seguridad. Sin embargo, ese no fue el único factor pues Venezuela actualmente está viviendo una crisis económica que se ve reflejada en el aumento inflacionario y en la escasez de bienes básicos. De esta forma, las protestas fueron repitiéndose en varias ciudades de Venezuela, llegando a la capital, Caracas. El resultado de estas protestas es público y lleva consigo entre diez y once personas muertas (número que suele aumentar en cada nuevo reporte informativo) y gran número de heridos y detenidos por la policía.

Es por ello que, a partir del debate suscitado en las redes sociales y en los medios de comunicación en general, planteamos algunas ideas y discutimos algunos escenarios posibles sobre el caso venezolano. Ensayaremos, tanto aquellas que se enmarcan en el espacio democrático e institucional, como aquellas que no.

¿Golpes de Estado? ¿Invasiones?

Al mencionar estas opciones, nos referimos claramente a vías no institucionales de cambio de régimen. En relación con ellas, en primer lugar, debemos tomar en cuenta que si bien los golpes de Estado han sido una constante en la historia latinoamericana, en los últimos años, los países de la región han apostado por la consolidación democrática. En 2001 se aprobó la Carta Democrática Interamericana que faculta la actuación de la OEA en caso de quiebre del régimen democrático. No obstante, en nuestra región, en el tiempo reciente, hemos tenido casos como el de Federico Franco en Paraguay o Roberto Micheletti en Honduras, quienes, de una u otra forma, han logrado un reconocimiento internacional que les ha permitido actuar sin mayores consecuencias. Esta permisibilidad estuvo alimentada, a su vez, por la falta de efectividad de los mecanismos de la OEA o UNASUR para subvertir los quiebres democráticos en la región. Por ello, si bien es posible que ambas organizaciones internacionales puedan involucrarse en el caso de un golpe de Estado, tal actuación dependerá mucho de las relaciones internacionales vigentes entre nuestros países. Desde el punto de vista jurídico, la denuncia del Estado de Venezuela de la Convención Americana evita que los actuales incidentes puedan ser conocidos en su sede.

No obstante, en la actualidad, se propone que la OEA o UNASUR se constituyan en agentes de diálogo o moderadores entre la oposición y el Gobierno. Tal opción sería positiva en tanto oposición y Gobierno no se reconocen como legítimos interlocutores. En realidad, en el contexto descrito, cualquier organización internacional que asuma el reto de abrir y mantener el diálogo debería establecer reglas de juego importantes que involucren cambios tangibles en la actuación de Gobierno y oposición.

Por otro lado, hablar de invasión norteamericana, una constante durante la Guerra Fría, parece ser una opción que algunos acarician, pero que cuenta con poco sustento en la realidad, cuando menos para la realidad latinoamericana actual, dada la reciente política exterior norteamericana en esta parte del mundo.

¿Podría hablarse de una renuncia?

Es claro que el núcleo principal de las  protestas es la exigencia de la renuncia de Nicolás Maduro, en tanto la consideran como una posible solución a la incertidumbre venezolana. A diferencia del golpe del Estado, esta opción sí es institucional en tanto la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela lo ha previsto así. No obstante, a diferencia de lo que pueden esperar los manifestantes, esto no necesariamente tendría que conllevar cambios en el rumbo político o económico de inmediato. Más aún, es importante advertir que a corto plazo es poco probable que esto ocurra. Sobre todo cuando aún Maduro está obstinado en la idea de que la oposición que quiere verlo fuera está formada por un “grupo de fascistas” y que está en ellos promover, probablemente,  un golpe de Estado, dejando de lado la idea del “Socialismo del Siglo XXI”.

Y ¿el pacto del Gobierno con la oposición?

Finalmente, pasamos a mencionar una de las salidas más complicadas pero también una de las pocas opciones viables para la finalización de la violencia: el pacto entre el Gobierno y la oposición. Como suele pasar en gobiernos de corte autoritario, la oposición no es un bloque único, sino un cúmulo de grupos y partidos que difieren en sus objetivos y sus estrategias. Al respecto, lo que se puede notar en el caso venezolano es clara la división entre Henrique Capriles y Leopoldo López, donde cada uno tiene una estrategia distinta: mientras Capriles apunta al diálogo con el gobierno y a esperar salidas institucionales como la revocatoria, López instiga a la oposición a forzar una salida lo antes posible. Así las cosas, no se ve tan cercano el posible “encuentro” o “diálogo” mientras en Venezuela aún se perciba que la oposición no forma un bloque que pueda negociar en conjunto con el Gobierno, y este último continúe perseverando en sus políticas represivas e invisibilzando las demandas de este colectivo.

Por último, queremos recalcar que no es la intención de este artículo señalar las (ir)responsabilidades de la crisis venezolana. Por el contrario, busca plantear un primer mapa sobre posibles salidas a la complicada situación de dicho país. No obstante, los factores políticos que puedan influir en la salida a la crisis son difíciles de sopesar. Se espera que tanto el Gobierno como la oposición apunten sus metas hacia salidas institucionales.  

Escriben: Rosa Arévalo y Renato Constantino, investigadores del IDEHPUCP