Este artículo muestra cómo la sabiduría ancestral indígena se encuentra en peligro a raíz de los asesinatos de maestros espirituales indígenas. Revisa casos de distintos países de América Latina con el interés de interpelar a la comunidad académica y política sobre el intento de usurpación de este patrimonio cultural inmaterial.
Froese, R., Pinzón, C., Aceitón, L., Argentim, T., Arteaga, M., Navas-Guzmán, J. S., Pismel, G., Scherer, S. F., Reutter, J., Schilling, J., & Schönenberg, R. (2022). Conflicts over Land as a Risk for Social-Ecological Resilience: A Transnational Comparative Analysis in the Southwestern Amazon. Sustainability, 14(11), 6520. https://doi.org/10.3390/su14116520
Este documento se pregunta sobre los principales causantes de conflictos socio-ecológicos por la tierra en las regiones de Madre de Dios (Perú), Acre (Brasil) y Pando (Bolivia), las cuales tienen dinámicas particulares a raíz de su regulación, capacidades institucionales y poblaciones diversas. Este estudio, además, aporta recomendaciones para fortalecer la resiliencia socioecológica en las sociedades de la Amazonía.
Martínez Espinoza, M. I. (2015). Reconocimiento sin implementación Un balance sobre los derechos de los pueblos indígenas en América Latina. Revista Mexicana De Ciencias Políticas Y Sociales, 60(224). https://doi.org/10.1016/S0185-1918(15)30010-6
En este texto se analiza la “brecha de implementación” que existe entre el reconocimiento formal del marco jurídico normativo internacional de derechos y las prácticas administrativas y políticas por parte de los Estados latinoamericanos. La demanda de participación en la adopción de decisiones por parte de los pueblos indígenas ha sido respondida con intimidación, represión, encarcelamientos y asesinatos, como lo ejemplifica un caso de movilizaciones contra la minería en Guatemala.
Falleo, M. E. (2021). La protección de los/as defensores/as en la gobernanza ambiental Acuerdo de Escazú. Anuario en Relaciones Internacionales del IRI. http://sedici.unlp.edu.ar/handle/10915/129273
Este trabajo aborda la relación entre protección y criminalización de la labor de los/las defensores/as ambientales y el Acuerdo de Escazú como instrumento para la implementación de políticas de estado que garanticen el derecho a la información completa y oportuna, la participación pública para la toma de decisiones y el acceso a la justicia. Se destaca, asimismo, la importancia de reconocer y consolidar la participación democrática de los actores ambientales para evitar que sus derechos sean vulnerados.
