Estos hechos no son excepcionales. Entre el 28 de julio y el 16 de octubre de 2026, dos diarios de circulación nacional reportaron al menos 36 ataques armados con características de sicariato en el país, que dejaron 40 víctimas mortales. De ellos, 31 ocurrieron en Lima Metropolitana y el Callao. En once de estos ataques las víctimas fueron trabajadores del transporte, entre choferes de combi, colectiveros y mototaxistas; en tres, personas vinculadas a obras de construcción civil; y en dos, artistas de cumbia. Los crímenes ocurren en paraderos, mercados, canchas deportivas, restaurantes, conciertos y en la puerta de las viviendas, muchas veces a plena luz del día y frente a familiares, incluidos niños. Cuando la Policía o la prensa formulan una hipótesis, esta gira en torno a la extorsión al transporte público y a la construcción civil, el cobro de cupos a comerciantes y artistas, o los ajustes de cuentas entre bandas.

El resultado es un clima generalizado de miedo, en el que la presencia del Estado en la calle adquiere un peso particular. La literatura sobre seguridad ciudadana indica que la presencia policial sostenida sí importa. López Villanes (2014), a partir de Mindel y Ferguson (2007), señala que una mayor presencia policial en zonas de alta incidencia puede reducir los delitos de oportunidad y fortalecer la confianza entre la institución y la ciudadanía. Grompone et al. (2024) advierten que la desconexión entre la policía y la comunidad alimenta tanto la inseguridad como su percepción, mientras que los programas de proximidad pueden reducir esa brecha mediante un contacto más constante con el territorio. León et al. (2025), por su parte, muestran que la confianza ciudadana en la PNP mejora cuando existen mecanismos concretos de interacción, como el patrullaje conjunto y la reorganización de los operativos de vigilancia para reforzar la presencia policial en los barrios.

Así, la presencia policial en las calles no es únicamente un recurso disuasivo al que se recurre ante cada coyuntura de violencia. Es también un componente explícito de la política pública de seguridad ciudadana. El Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028, aprobado mediante Decreto Supremo N.° 001-2026-IN, incluye entre sus objetivos estratégicos el fortalecimiento de la prevención policial y comunitaria en territorios de alta vulnerabilidad y, entre sus intervenciones estratégicas, la IE002, orientada al «mantenimiento de la presencia de fuerzas integradas en territorios recuperados, para prevenir rebrotes de violencia y consolidar el control estatal». Si la presencia policial es un instrumento de política nacional, la pregunta por su distribución deja de ser un asunto exclusivamente operativo. Importa saber dónde están los efectivos y si su despliegue responde a los territorios donde hoy se concentran la extorsión y el sicariato.

En menos de 5 años, las cifras de denuncias por extorsión aumentaron casi 10 veces, pasando 2605 denuncias en el año 2020 a 26585 en el año 2025. Para diciembre de 2025, 20,730 casos pertenecían únicamente a las regiones de Lima Metropolitana, La Libertad, Piura, Lima Regiones y Callao. Es decir, poco más de las tres cuartas partes del total de casos tenían una clara localización en estas regiones. Esto es sin duda un claro ejemplo de que los mapas del crimen se han reconfigurado con una velocidad que las políticas en seguridad no siempre logran seguir. Este artículo parte de una constatación de que el debate público repite con frecuencia pero que pocas veces se traduce en política y ejecución pública concreta, pues la distribución territorial de los recursos policiales no responde, en varios casos críticos, a la geografía real del riesgo. No obstante, no se trata de que el diagnóstico sea desconocido dentro del sector. Se trata de que redistribuir tiene costos institucionales reales, de infraestructura, de presupuesto, costos familiares y de reorganización de unidades ejecutoras, que explican, al menos en parte, por qué la brecha persiste.

Para discutir esta brecha con precisión, conviene partir de una distinción que el debate público suele omitir. La Policía Nacional del Perú no es una única fuerza homogénea desplegada uniformemente en el territorio. Es, de hecho, una organización amplia, con una alta diversificación de órganos y unidades que se despliega de forma heterogénea a nivel nacional. Conforme al Reglamento de la Ley de la Policía Nacional del Perú, existen dos órganos de línea fundamentales, es decir, dos grandes unidades que concentran la labor “de fondo” de la institución policial. Estas son  la Dirección Nacional de Orden y Seguridad (DIRNOS), rectora en materias de seguridad del Estado, seguridad integral, operaciones especiales, tránsito, transporte y seguridad vial, policía comunitaria, turismo, protección de la familia y de vigilancia y control de fronteras; y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DIRNIC), responsable de la ejecución de actividades y operaciones policiales de prevención, investigación, combate y denuncia de los delitos contemplados en el código penal. Esta división binomial no es casualidad, de hecho, empieza a forjarse desde los programas de especialidad funcional dentro de las escuelas de formación policial para oficiales y suboficiales (Enrico Headrington, 2026). 

Elaboración propia basada en el Decreto Supremo N°012-2025-IN

El resto de la institución, salud, educación, logística, recursos humanos, cumple funciones de sostenimiento esenciales, pero no se traduce en efectivos disponibles para patrullar o investigar. Medir la presencia policial usando el total de efectivos PNP sin esta distinción sobredimensiona la capacidad operativa real y oscurece las brechas que importan. Considerando que las unidades especializadas de la DIRNIC tienen competencia a nivel nacional, y que, por tanto, principalmente se encuentran en Lima realizando labores de investigación, en las páginas que siguen, la «presencia policial» se refiere exclusivamente a los efectivos operativos de la DIRNOS asignados a las regiones y frentes policiales, es decir, a las comisarías y dependencias con competencia de seguridad territorial, que se encargan del patrullaje efectivo y la seguridad ciudadana.

I. La distribución que los datos revelan

Cuando se cruzan los indicadores de homicidios y presencia policial operativa por región, emergen patrones que requieren un análisis más agudo. La tabla siguiente ordena las diez regiones con mayor tasa de homicidios estimada para 2025 e incorpora la tasa de efectivos operativos de la DIRNOS por cada 1,000 habitantes a junio de 2026. La combinación de ambas variables permite identificar zonas donde la presencia policial disponible no guarda relación con la escala ni con la naturaleza del riesgo.

Tabla 1. Regiones con mayor tasa de homicidios y presencia policial operativa de la DIRNOS

Fuentes: CEIC-INEI, tasa de homicidios estimada para 2025; conjunto de datos de efectivos policiales publicado en el portal del MININTER, procesado mediante tabla dinámica con los cortes año 2026, mes junio, dependencia general Comando de Operaciones Policiales, dependencia Dirección Nacional de Orden y Seguridad, unidades correspondientes a las regiones y frentes policiales y función operativa (OPE), desagregado por departamento; proyecciones poblacionales del INEI (2026). Se excluye el personal administrativo. La desagregación distrital de Lima Metropolitana se presenta en la Tabla 3.

La lectura de la tabla revela tensiones que merecen análisis por separado. Lima Metropolitana registra la tasa policial más baja del país, 1.72 efectivos por cada 1,000 habitantes, pese a concentrar el mayor volumen absoluto de denuncias por extorsión y una tasa de homicidios superior al promedio nacional. Piura (2.00), La Libertad (2.06) y el Callao (2.18) también se ubican entre las siete tasas policiales más bajas de las 26 jurisdicciones y por debajo del promedio nacional de 2.32, pese a registrar tasas de homicidio cercanas o superiores al promedio nacional de 10.7. En conjunto, estas jurisdicciones y Lima Regiones concentran más de tres cuartas partes de las denuncias por extorsión del país. Esta combinación sugiere una brecha creciente entre la demanda de seguridad y la oferta policial disponible a nivel de comisarías y otras dependencias territoriales.

El caso de Tumbes merece un tratamiento específico. No sorprende que una región con 158km de frontera con el Ecuador, con una dinámica de tráfico de migrantes, armas y contrabando, tenga la tasa policial más alta del país, 4.52 efectivos por cada 1,000 habitantes, pues históricamente ha requerido mayor presencia en puntos de control, lo cual es competencia de la DIRNOS. Lo que sí resulta llamativo es que, a pesar de esa presencia, Tumbes mantenga la cuarta tasa de homicidios más alta del país. Sus 17 comisarías son en su mayoría de categoría C y D, es decir, con capacidad operativa media o limitada. Y la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil (SUCAMEC), que tiene entre sus funciones la fiscalización de la importación, exportación, almacén, traslado, posesión y uso de armas de fuego de uso civil, y la cadena de suministro de explosivos, inauguró su jefatura zonal en la región recién en abril de 2026, décadas después de que Tumbes presentara una vulnerabilidad alta como corredor de tráfico ilícito en la frontera norte. En suma, en este caso, el número de efectivos no traduce la presencia efectiva de seguridad policial, ni la presencia de otras instituciones del sector interior que deberían operar de forma articulada.

II. La DIRNIC: especialización centralizada y sus costos territoriales

La brecha en la distribución de recursos no se limita a la DIRNOS. Las unidades especializadas de la DIRNIC presentan un patrón de concentración aún más pronunciado. Del total de 10,452 efectivos operativos de la DIRNIC a nivel nacional, 6,069, el 58.1%, se encuentran desplegados en Lima Metropolitana. Este dato no es en sí mismo un problema, pues la lógica de especialización implica que ciertas direcciones, como la antidrogas, cibercrimen, lavado de activos, trata de personas, entre otras, operen desde un nodo central con capacidad técnica y logística suficiente. El problema emerge cuando esa centralización se convierte en la única forma de operar, y las intervenciones fuera de Lima dependen de comisiones con viáticos que encarecen y limitan la presencia de agentes especializados en investigación de forma sostenida en regiones con alto índice y complejidad de estructuras criminales. O también cuando para el análisis criminalístico se requiere transportar las muestras a las regiones más cercanas. 

Tabla 2. Distribución de efectivos operativos de la DIRNIC por región y subdirección (junio de 2026)

Fuente: Elaboración propia a partir del conjunto de datos de efectivos policiales publicado en el portal del MININTER, procesado mediante tabla dinámica con los siguientes cortes: año 2026; mes junio; dependencia general Comando de Operaciones Policiales; dependencia Dirección Nacional de Investigación Criminal; función operativa (OPE).

Esta concentración adquiere un significado particular cuando se contrasta con la situación de las Divisiones de Investigación Criminal (DIVINCRI) de las regiones policiales. Las DIVINCRI tienen competencia territorial para investigar delitos en sus jurisdicciones y dependen orgánicamente de cada región policial. Si bien existe colaboración funcional con las unidades especializadas de la DIRNIC, esta articulación no resuelve la brecha de especialización, una DIVINCRI regional opera con recursos, capacitación y equipamiento distintos a los de una unidad especializada en Lima. Regiones con alta criminalidad organizada como La Libertad, con apenas 89 efectivos operativos totales de la DIRNIC, sin unidades de antidrogas ni cibercrimen, o Tumbes con 64 efectivos y sin presencia antidrogas, o inclusive Madre de Dios, epicentro de la minería ilegal en la Amazonía, con 58 efectivos de la DIRNIC en total y apenas 20 de la Dirección de Medio Ambiente, dependen en la práctica de esa colaboración intermitente para enfrentar delitos que tienen lógica y escala transnacional.

Los patrones descritos en las páginas anteriores apuntan a un déficit de diseño que no se resuelve solo con más recursos. La distribución territorial de la presencia policial, tanto en la DIRNOS como en la DIRNIC, responde en buena medida a una lógica institucional que no ha incorporado de forma sistemática los indicadores actualizados de riesgo en sus decisiones operativas. Avanzar hacia criterios de distribución que consideren la tasa de homicidios, la dinámica de extorsión, la presencia de economías ilícitas y la vulnerabilidad fronteriza no requiere necesariamente ampliar el presupuesto total, sino reorientar la lógica con la que se asignan los efectivos existentes.

No obstante, como ya se ha abordado, esta reorientación tiene costos institucionales importantes, más allá de la reubicación de los recursos humanos policiales, ya que requiere de una infraestructura que no se traslada de un día para otro, unidades ejecutoras con presupuestos asignados, personal con arraigo territorial, familias que construyen su vida en una sede. Así, reconocer estos costos implica reconocer que son una condición para diseñar reformas que sean técnicamente sólidas y políticamente viables. El conocimiento sobre esta problemática existe. Es la falta de ejecución de estos diagnósticos lo que falta implementar, problema que se reduciría con más personal técnico especializado en temas presupuestales, gestión de alianzas público privadas, y en general un esquema que permita a la Policía Nacional absorber talento profesional tanto policial como civil.

III. Lima por dentro, el mismo patrón a escala metropolitana

Lima Metropolitana reproduce a escala urbana el patrón descrito a nivel nacional. La ciudad concentra el mayor volumen absoluto de extorsiones del país, mientras que su mapa policial mantiene una distribución que acumula décadas de inercia institucional.

Un punto de partida útil para leer ese mapa es el estándar orientador que circula en los debates internacionales de política de seguridad. Este sitúa entre 2.8 y 3 efectivos policiales por cada 1,000 habitantes un umbral mínimo razonable de cobertura en contextos urbanos. Bajo ese criterio, la mayoría de los distritos de Lima Metropolitana, 32 de 43, se encuentran por debajo del umbral, y algunos de manera dramática. Comas, con más de 600,000 habitantes, registra 0.27 efectivos operativos por cada 1,000 personas. Villa El Salvador, 0.34. Carabayllo, 0.41. San Martín de Porres, con más de 800,000 residentes, alcanza apenas 0.54.

En el extremo opuesto, Barranco registra 11.93 efectivos por cada 1,000 habitantes, Lima Cercado 13.83 y La Victoria 8.47. Algunos distritos tienen demandas específicas que explican parte de esa concentración. Sin embargo, una brecha de más de setenta veces entre Comas y Santa María del Mar difícilmente puede explicarse solo por criterios técnicos de riesgo o demanda de servicios.

Tabla 3. Efectivos operativos de la DIRNOS en las regiones policiales de Lima Metropolitana por distrito (junio de 2026)

Fuente: Elaboración propia a partir del conjunto de datos de efectivos policiales publicado en el portal del MININTER, procesado mediante tabla dinámica con los siguientes cortes: año 2026; mes junio; dependencia general Comando de Operaciones Policiales; dependencia Dirección Nacional de Orden y Seguridad; unidades correspondientes a las regiones policiales; función operativa (OPE). Los distritos intermedios corresponden a las posiciones 20 a 24 de los 43 distritos, ordenados de menor a mayor tasa. Tasa calculada sobre las proyecciones poblacionales del INEI (2026).

Los distritos con menor presencia policial relativa son, en varios casos, los mismos donde la extorsión ha crecido con mayor velocidad. San Juan de Lurigancho, el distrito más poblado del país, con 1.06 efectivos por cada 1,000 habitantes, registró 1,461 denuncias por extorsión en 2025. Comas, con 0.27, sumó 722. Villa El Salvador, con 0.34, llegó a 575 (INEI 2026). Entre enero y agosto de 2026, al menos 80 trabajadores del transporte fueron asesinados en Lima Metropolitana en hechos vinculados a la extorsión. San Juan de Lurigancho concentró al menos 10 de estos casos, y Comas, Carabayllo y San Juan de Miraflores, al menos 8 cada uno. Comas, Carabayllo y San Juan de Miraflores figuran entre los diez distritos con menor tasa policial de la ciudad, y San Juan de Lurigancho se ubica por debajo del promedio metropolitano de 1.72.

En otro espacio se ha analizado por qué se produce esta distribución: la acumulación de decisiones históricas, la disponibilidad de infraestructura y el arraigo territorial del personal. También se ha explicado por qué las unidades de emergencia no sustituyen el conocimiento cotidiano que aporta una comisaría (Enrico Headrington, 2026). Lo que interesa subrayar aquí es otra dimensión de la misma brecha. Si la presencia policial es limitada en los distritos más golpeados por la extorsión y el sicariato, la capacidad de investigar los delitos que ocurren en ellos depende de unidades todavía más concentradas.

A modo de cierre: de la presencia a la investigación

La presencia policial en las calles disuade, pero no desarticula. Los ataques descritos al inicio de este artículo responden en buena parte a economías criminales que operan de forma sostenida, con cobros semanales, redes de captación, sicarios contratados y circuitos de dinero. Frente a ese tipo de criminalidad, el patrullaje puede contener el delito en un punto y en un momento, pero solo la investigación permite identificar y desmantelar a la organización que lo comete. Por eso la pregunta por la distribución de los recursos policiales no termina en las comisarías.

La capacidad de investigar es todavía más desigual que la de patrullar. Las comisarías cumplen funciones de investigación acotadas. Las Divisiones de Investigación Criminal regionales tienen competencia territorial, pero operan con menos recursos y menor especialización, y con frecuencia dependen del apoyo de Lima o de desplazamientos entre regiones. Las unidades especializadas de la DIRNIC, por su parte, concentran en Lima el 58.1% de sus efectivos operativos. La concentración es mayor en las direcciones más relevantes para la criminalidad actual: 187 de los 207 efectivos de cibercrimen y 207 de los 254 de lavado de activos están en la capital. La agenda antidrogas tiene una lógica territorial propia, ligada a los valles cocaleros. Pero si la extorsión es hoy el principal motor de la violencia y de la inseguridad ciudadana, la asignación de pesquisas especializados en ese delito no puede quedar al margen del debate.

El modelo de comisiones con viáticos no alcanza para sostener una investigación contra una organización criminal, que exige meses de seguimiento, conocimiento del territorio y continuidad en los equipos. La experiencia del Comando Unificado de Pataz muestra que una intervención concentrada puede producir resultados. Según el Ministerio de Defensa, en septiembre de 2025 había 56 detenidos y 56 bandas desarticuladas Sin embargo, ese esfuerzo se sostuvo con recursos extraordinarios y en el marco de un estado de emergencia. Cuando los recursos de comisión se agotan y no hay continuidad, el conocimiento acumulado se pierde. La alternativa no pasa por incorporar personal sin experiencia en investigación policial. Pasa por constituir grupos especiales de investigación permanentes en los focos de mayor violencia, a partir de los recursos que ya existen en cada región y con una articulación más estrecha con las unidades especializadas de Lima.

De lo anterior se desprenden algunas preguntas que este artículo no agota, pero que orientan una agenda de investigación y de política pública: ¿Con qué capacidad especializada se investiga la extorsión en las regiones donde más ha crecido, como La Libertad y Piura, que no cuentan con efectivos de cibercrimen? ¿Cómo se articula la Policía con la Unidad de Inteligencia Financiera para seguir el dinero de las economías ilícitas que se generan fuera de Lima? ¿Cuántas regiones cuentan con departamentos de criminalística completos, y cuánto se retrasa una investigación cuando las muestras deben trasladarse a otra sede?

Responder estas preguntas no requiere necesariamente ampliar el presupuesto, sino decidir dónde se destinan los recursos que ya existen. Mientras la capacidad de investigar permanezca lejos de los territorios donde se concentra la violencia, la presencia policial seguirá llegando después del crimen y no antes de la siguiente extorsión.

Referencias

Comandancia General de la Policía Nacional del Perú. (2023). Directiva N.° 17-2023. Policía Nacional del Perú.

Decreto Supremo N.° 001-2026-IN. (2026, 9 de marzo). Decreto Supremo que aprueba el Plan Nacional de Seguridad Ciudadana y Lucha contra la Criminalidad 2026-2028. Diario Oficial El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2493627-1

Decreto Supremo N.° 012-2025-IN. (2025). Decreto Supremo que aprueba el Reglamento del Decreto Legislativo N.° 1267, Ley de la Policía Nacional del Perú. Diario Oficial El Peruano.

Enrico Headrington, N. (2026, 13 de septiembre). La distribución policial no atiende los territorios más acechados por el crimen. Ojo Público. https://ojo-publico.com/6509/la-policia-no-llega-los-territorios-mas-golpeados-por-el-crimen

Grompone, A., Reátegui, L., Rentería, M., Sánchez, D., & Urrutia, C. (2024). Tensiones en la seguridad ciudadana: reformas, policía y sociedad. Instituto de Estudios Peruanos. 

Instituto Nacional de Estadística e Informática y Comité Estadístico Interinstitucional de la Criminalidad. (2026). Evolución de la tasa de homicidios e indicadores de seguridad ciudadana, 2022-2025 [Informe técnico]. INEI.

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La República. (2026, 15 de octubre). Asesinan a hombre en plena luz del día en la avenida La Marina y vecinos denuncian amenazas. La República. https://larepublica.pe/sociedad/2026/10/15/acribillan-a-hombre-cerca-de-obra-en-la-perla-callao-y-vecinos-denuncian-presuntas-extorsiones-577410

La República. (2026, 16 de octubre). Asesinan a chofer de combi y hieren a otro en dos ataques contra el transporte en Huachipa y SJM. La República.

Leon Borja, J., Wyngart Ferruzo, W., & Diaz Vargas, C. (2025). De la percepción a la realidad: factores críticos en la construcción de confianza ciudadana hacia la Policía Nacional del Perú. Revista Académica de la Escuela de Posgrado de la Policía Nacional del Perú, 4(2), 142–158.  

López Villanes, N. (2014). Inseguridad y percepción de inseguridad en Lima, Perú (Cuadernos de Investigación N.° 10). Instituto de Opinión Pública, Pontificia Universidad Católica del Perú. 

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ProActivo. (2025, 29 de septiembre). Proponen unidad militar permanente en Pataz tras informar incautaciones por más de S/ 242 millones. ProActivo. https://proactivo.com.pe/proponen-unidad-militar-permanente-en-pataz-tras-informar-incautaciones-por-mas-de-s-242-millones/

Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil. (2026, 17 de abril). Nota de prensa sobre la inauguración de la Jefatura Zonal de Tumbes. SUCAMEC.

Su expansión, alimentada por el descontento social, la desinformación y las guerras culturales, amenaza conquistas históricas en materia de derechos humanos. América Latina no es ajena a este fenómeno. En el Perú, las leyes aprobadas por el Congreso y las recientes medidas educativas del gobierno de Keiko Fujimori hacen pertinente la pregunta: ¿cuánto puede retroceder una democracia sin dejar de llamarse democracia?

Una promesa que el mundo olvida

En 1945, después de dos guerras mundiales, millones de personas asesinadas y el horror del Holocausto, la comunidad internacional intentó construir un orden político que impidiera la repetición de semejantes atrocidades. La creación de las Naciones Unidas respondió así al propósito de preservar la paz, promover la cooperación internacional y afirmar que la dignidad humana debía estar por encima de la arbitrariedad del poder. Tres años después, la Declaración Universal de los Derechos Humanos estableció que todas las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos, independientemente de su origen, sus creencias o cualquier otra condición.

No se trataba solamente de evitar nuevas guerras, sino de defender la convicción de que ningún Estado debía tener la potestad de decidir qué personas merecían derechos y cuáles podían ser excluidas de la comunidad política. La soberanía nacional no podía seguir siendo una justificación absoluta para la violencia estatal. Era necesario establecer límites al poder y mecanismos internacionales para exigir responsabilidades.

Hoy, 80 años después, aquella promesa enfrenta una de sus crisis más profundas ante la expansión de movimientos de extrema derecha en Europa, Estados Unidos y América Latina. Esto ha coincidido con el debilitamiento de instituciones democráticas, el cuestionamiento de los organismos multilaterales y la normalización de discursos que presentan los derechos de determinados grupos sociales como amenazas para la nación, la familia o el orden público. Lo que durante décadas parecía incompatible con los consensos democráticos de la posguerra ha recuperado legitimidad electoral, presencia mediática y capacidad de gobierno.

El informe Democracy Report 2026, del Instituto V-Dem de la Universidad de Gotemburgo, ofrece una dimensión de este deterioro al mostrar que, al finalizar 2025, existían 92 autocracias frente a 87 democracias. El 74% de la población mundial —aproximadamente 6000 millones de personas— vivía en países clasificados como autocracias, mientras apenas el 7% residía en democracias liberales. Para la ciudadanía promedio del planeta, el nivel de democracia había retrocedido a valores comparables con los de 1978. La libertad de expresión figuraba entre los derechos más afectados.

La regresión democrática tiene causas diversas y puede producirse bajo ideologías distintas, sin embargo, el ascenso de las nuevas extremas derechas constituye una de las expresiones más visibles de esta crisis. La paradoja es que muchas de estas fuerzas no necesitan abolir las elecciones para debilitar la democracia. Les basta con conquistar el poder mediante ellas y, una vez dentro, modificar progresivamente las reglas de convivencia, reducir los controles institucionales, hostigar a sus adversarios o restringir los derechos de sectores a los que presentan como enemigos.

Extrema derecha, conservadurismo, fascismo…

No toda derecha es extrema derecha. El historiador Steven Forti, investigador de la Universidad Autónoma de Barcelona y autor de diversos libros en torno al análisis de las nuevas extremas derechas, propone entenderlas como una familia política heterogénea, donde sus integrantes pueden discrepar profundamente sobre economía, política exterior o religión, pero comparten tendencias iliberales, discursos excluyentes y una voluntad de confrontar elementos centrales de las democracias pluralistas.

Para Forti el fenómeno ha construido una red internacional de alianzas y ha convertido la oposición al feminismo, los derechos LGTBIQ+ y el supuesto predominio del progresismo en elementos de articulación política. No existe, sin embargo, una fórmula única, pues las extremas derechas adoptan características particulares según las circunstancias históricas y sociales de cada país. 

Esta distinción resulta importante porque, según el investigador, el uso indiscriminado de la palabra fascismo puede dificultar la comprensión del fenómeno. Aunque existen continuidades ideológicas y políticas con los movimientos autoritarios del siglo XX, las organizaciones contemporáneas no siempre comparten sus estructuras, objetivos inmediatos ni mecanismos de actuación.

La ciencia política distingue, además, entre derecha radical y extrema derecha en sentido estricto. La primera puede aceptar las elecciones y la soberanía popular mientras rechaza componentes esenciales de la democracia liberal, como el pluralismo o las garantías para las minorías. La segunda cuestiona abiertamente la legitimidad del sistema democrático. En la práctica, el carácter antipluralista puede reconocerse en propuestas que presentan a un sector de la población como el único pueblo legítimo, convierten al adversario político en un enemigo de la nación o subordinan las libertades individuales a una supuesta identidad colectiva homogénea.

La filósofa Hannah Arendt ofrece una perspectiva histórica para comprender esta amenaza. En Los orígenes del totalitarismo (1951), estudió las condiciones políticas y sociales que hicieron posibles el nazismo y el estalinismo. Entre sus preocupaciones estaban la destrucción del espacio público, la manipulación de la realidad y la conversión de individuos aislados en masas susceptibles de movilización autoritaria. Equiparar automáticamente a los partidos de derecha radical del siglo XXI con los regímenes totalitarios que Arendt estudió sería un error histórico. Sin embargo, su reflexión ayuda a reconocer un peligro que trasciende las ideologías: cuando una sociedad pierde la capacidad de distinguir entre hechos y propaganda, y cuando la pertenencia a un movimiento sustituye al juicio político, las condiciones del debate democrático comienzan a deteriorarse. 

¿Por qué, entonces, las instituciones construidas después de la Segunda Guerra Mundial no lograron impedir el resurgimiento de estos discursos? El politólogo Cas Mudde en su libro The far right today (Polity, 2019) tiene algunas respuestas. Señala, por ejemplo, que el orden de posguerra asumió erróneamente que la extrema derecha era una anomalía erradicada, ignorando que el nativismo seguía latente en la sociedad occidental. La posterior crisis socioeconómica y el auge neoliberal dejaron un vacío de representación que los partidos tradicionales intentaron contener de forma oportunista, adoptando y legitimando los marcos discursivos de la ultraderecha sobre inmigración y seguridad. Este proceso de normalización política fue amplificado de forma sensacionalista por los medios de comunicación en busca de audiencias masivas. 

Los sistemas de protección de derechos no erradicaron las desigualdades, el racismo, los nacionalismos excluyentes ni las estructuras autoritarias. Tampoco eliminaron las crisis económicas y sociales que alimentan el descontento ciudadano. Los organismos internacionales establecieron normas, compromisos y mecanismos de vigilancia, pero su eficacia siguió dependiendo de la voluntad política de los Estados. 

Forti, en su libro Democracias en extinción (Ediciones Akal, 2024), relaciona el crecimiento de estas fuerzas con una insatisfacción que atraviesa especialmente a sectores de la juventud. Cuando las democracias dejan de percibirse como sistemas capaces de garantizar condiciones de vida dignas, las promesas autoritarias de seguridad, prosperidad o recuperación nacional encuentran un terreno favorable. 

La política de las emociones

Una de las características más significativas de la extrema derecha contemporánea es la forma en que construye sus mensajes, pues ha conseguido ofrecer interpretaciones simples para frustraciones que tienen causas estructurales. En su discurso, la inmigración, las políticas de igualdad de género, el feminismo, los organismos internacionales o las élites políticas y culturales pueden convertirse ―dependiendo del contexto―, en responsables de crisis cuyas causas exceden ampliamente su participación. Esta estrategia no supone solo mentir, sino también ordenar la realidad mediante oposiciones emocionales al colocar al pueblo frente a las élites, los ciudadanos honestos frente a los delincuentes, las familias frente a quienes supuestamente amenazan sus valores, la nación frente a los extranjeros.

Franco Delle Donne, comunicador, especialista en el estudio de la ultraderecha y los autoritarismos y autor del podcast y el libro Epidemia ultra. Del fascismo europeo a Silicon Valley: anatomía de un fenómeno que está conquistando el mundo (Planeta, 2025), ha estudiado estas estrategias comunicacionales. En una reciente entrevista a propósito de la visita de Javier Milei a España, el autor abordó la provocación y la descalificación pública como métodos de construcción de poder. Lejos de perjudicar necesariamente al dirigente, sus excesos verbales refuerzan entre determinados seguidores la idea de que representa una ruptura con el orden establecido. 

Para Delle Donne la provocación cumple una función doble. Por un lado, atrae atención mediática y domina la conversación pública. Por otro, convierte cualquier crítica en una oportunidad para fortalecer el relato de persecución del propio movimiento. Sin embargo, el problema no es que la política movilice emociones. El miedo, la esperanza, la solidaridad y la indignación siempre han formado parte de la participación democrática y los movimientos por los derechos civiles, las luchas feministas y las demandas de justicia también han convertido experiencias de sufrimiento e indignación en acción colectiva. La diferencia está en el uso político de esas emociones. Mientras una movilización democrática puede aspirar a ampliar derechos o exigir respuestas institucionales, la retórica autoritaria tiende a transformar el malestar en hostilidad hacia grupos específicos y a presentar la eliminación de obstáculos democráticos como condición para resolver los problemas.

Tampoco sería correcto sostener que la extrema derecha ha sustituido por completo la razón por las emociones. Sus organizaciones elaboran estrategias, producen investigaciones, construyen redes intelectuales y diseñan campañas sofisticadas. Lo que ocurre es que su comunicación pública puede privilegiar la identificación afectiva y la confrontación por encima del razonamiento verificable. Esa dinámica encuentra condiciones especialmente favorables en las plataformas digitales. La velocidad de circulación de los mensajes, la fragmentación informativa y la competencia por la atención permiten que afirmaciones falsas, exageraciones o discursos estigmatizantes alcancen grandes audiencias antes de ser contrastados.

Hannah Arendt, en su ensayo “Verdad y política” (1967) ya había advertido sobre el peligro de perder un mundo compartido de hechos al señalar que cuando los integrantes de una sociedad dejan de reconocer criterios comunes para determinar qué ocurrió, el debate político se vuelve más vulnerable a los relatos construidos exclusivamente desde la identidad y la lealtad. La consecuencia no es solamente una conversación pública más agresiva. Es una ciudadanía con mayores dificultades para evaluar las decisiones de quienes gobiernan. Su preocupación, como vemos, sigue siendo pertinente. 

De los fascismos del siglo XX a las nuevas redes autoritarias

La derrota militar del nazismo alemán y del fascismo italiano no eliminó todas sus corrientes ideológicas. Algunas sobrevivieron en organizaciones marginales, partidos neofascistas y redes políticas que fueron modificando sus discursos para participar nuevamente en el escenario electoral. Durante las décadas posteriores, la derecha radical europea desarrolló distintas estrategias de legitimación. Un sector mantuvo vínculos explícitos con el fascismo histórico; otro comenzó a priorizar las disputas culturales, el nacionalismo identitario y la oposición a la inmigración. 

Esta cuestión es central en las investigaciones de los politólogos Steven Levitsky y Daniel Ziblatt. En su libro Cómo mueren las democracias (Ariel, 2018), explican que el deterioro democrático contemporáneo no necesariamente comienza con tanques en las calles o la suspensión formal de una Constitución. Puede producirse desde las propias instituciones, cuando gobernantes elegidos democráticamente comienzan a desconocer las reglas de competencia, a deslegitimar a la oposición, a tolerar la violencia política o a restringir libertades civiles. Estos criterios, dicen los autores, permiten observar las señales de alerta sin depender exclusivamente de la ubicación ideológica de un dirigente. La democracia puede deteriorarse cuando un gobierno utiliza su popularidad para debilitar al Poder Judicial, cuando transforma organismos autónomos en dependencias políticas o cuando intenta limitar la actuación de organizaciones que fiscalizan sus decisiones. Lo decisivo no es únicamente quién gana las elecciones, sino qué hace con el poder después de ganarlas.

América Latina y el retorno del orden como promesa política

América Latina posee una relación especialmente compleja con las promesas autoritarias. Durante el siglo XX, numerosos países vivieron dictaduras militares, persecuciones ideológicas, desapariciones forzadas y graves violaciones de derechos humanos. Si bien las transiciones democráticas permitieron recuperar libertades políticas, no resolvieron muchas de las desigualdades económicas, sociales y territoriales de sus sociedades.

Décadas después, la región enfrenta nuevos desafíos, como la inseguridad ciudadana, la expansión del crimen organizado, la desconfianza institucional, la precariedad económica y el debilitamiento de los partidos políticos. Y la extrema derecha ha encontrado en estas frustraciones un terreno fértil para presentar el autoritarismo como una solución eficaz frente a la supuesta incapacidad de las democracias.

La experiencia brasileña constituye uno de los ejemplos más importantes. Jair Bolsonaro llegó a la presidencia en 2019 con un discurso que exaltaba la mano dura, reivindicaba aspectos de la dictadura militar y confrontaba con movimientos feministas, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos. El bolsonarismo no desapareció con su salida del gobierno. Se consolidó como una fuerza política y cultural que continúa disputando el rumbo de Brasil, más allá de la trayectoria personal de su principal referente.

En Argentina, Javier Milei ha construido una versión distinta de esta ofensiva. Su promesa de destruir los privilegios de la clase política, reducir drásticamente el Estado y librar una batalla cultural contra lo que denomina “el colectivismo” ha articulado el descontento económico con una retórica de confrontación permanente. Dicho en sencillo, para Milei el colectivismo es una doctrina en la que el Estado o un grupo de burócratas intenta planificar la vida de los ciudadanos, sacrificando la libertad individual y la propiedad privada en favor de un supuesto bienestar grupal. Entonces, su discurso presenta las políticas de género, determinadas instituciones públicas y los movimientos progresistas como expresiones de un orden político que debe ser desplazado. 

En otros países, los proyectos conservadores radicalizados han construido sus principales ofertas alrededor de la seguridad pública y el control migratorio. Es el caso de Chile, donde José Antonio Kast ha promovido una agenda de orden y valores tradicionales. Y en El Salvador, Nayib Bukele ha implantado una política de seguridad que responde a su concentración de poder, lo que ha debilitado las garantías constitucionales de la sociedad civil. El denominador común de estas experiencias no reside en una única política económica ni en una misma forma de religiosidad, sino en la capacidad de presentar determinadas restricciones de derechos como sacrificios necesarios para restaurar el orden.

En sociedades atravesadas por la violencia criminal, esta promesa tiene una capacidad de convocatoria considerable. Las personas necesitan respuestas concretas frente al miedo, la extorsión y la impunidad. Pero la pregunta democrática no es si debe combatirse el delito; sino cómo hacerlo sin transformar la excepcionalidad, la arbitrariedad o el castigo colectivo en formas permanentes de gobierno.

La batalla por el género: convertir los derechos en amenazas

Uno de los espacios donde la extrema derecha ha logrado mayor articulación internacional es la oposición a determinadas conquistas feministas y de la diversidad sexual bajo un discurso que proclama la defensa de la familia, el retorno a los valores tradicionales y una supuesta protección de la infancia. 

La socióloga y activista Nuria Alabao ha estudiado cómo los movimientos de derecha radical utilizan las llamadas guerras culturales para construir identidades políticas. En su artículo “La extrema derecha que dice defender a las mujeres”, analiza cómo ciertos sectores de la ultraderecha europea emplean un lenguaje aparentemente favorable a los derechos de las mujeres para justificar discursos de hostilidad contra la población migrante, especialmente musulmana. 

Lo peligroso de este discurso es que los derechos dejan de entenderse como garantías universales y pasan a ser utilizados selectivamente para señalar a grupos considerados ajenos a la comunidad nacional. La antropóloga argentina Rita Segato propone otra dimensión de este asunto. Su obra en conjunto puede entenderse como un análisis de las propuestas de las nuevas derechas, pero podemos acudir a una entrevista realizada por Alejandro Grimson, donde Segato plantea que las estructuras patriarcales permiten comprender algunas dinámicas de las nuevas derechas al construir una comunidad política mediante jerarquías, lealtades corporativas y enemigos comunes guarda relación con estructuras históricas de dominación.

Su reflexión sitúa el autoritarismo más allá de las instituciones formales al dejar en evidencia que también puede reproducirse mediante relaciones sociales que naturalizan la obediencia, la desigualdad y el disciplinamiento. Esto ayuda a comprender por qué los cuerpos, las identidades y la sexualidad ocupan un lugar tan importante en disputas que aparentemente deberían concentrarse en asuntos económicos o de seguridad. Regular la apariencia, restringir contenidos educativos, cuestionar la autonomía reproductiva o limitar el reconocimiento de determinadas identidades permite establecer simbólicamente quién tiene autoridad para definir lo aceptable. En ese contexto, las mujeres y las personas LGTBIQ+ no son solamente destinatarias de políticas específicas, sino que sus derechos se convierten en escenarios donde se disputa el alcance mismo de la ciudadanía.

La periodista y escritora argentina Luciana Peker aporta una perspectiva complementaria. En su artículo “La esperanza de la democracia es verde” analiza cómo el movimiento feminista latinoamericano ha fortalecido la democracia al promover formas de participación que trascienden el voto. Desde esta mirada, las movilizaciones contra la violencia de género y por los derechos reproductivos no constituyen demandas sectoriales desconectadas de los grandes problemas políticos. Son también experiencias de organización social, construcción de redes y ampliación de la participación ciudadana. La reflexión permite invertir una de las principales premisas de los movimientos antiderechos: el reconocimiento de las mujeres y las diversidades no debilita necesariamente a la sociedad, sino que puede fortalecer las condiciones para una democracia más inclusiva.

La defensa de los derechos humanos no exige que todas las personas compartan las mismas concepciones sobre la vida familiar, la sexualidad o la religión; sino que el Estado no convierta una de esas concepciones en una obligación que desconozca la dignidad y los derechos de quienes piensan o viven de otra manera.

El caso peruano: un retroceso con soporte institucional

A diferencia de otros países donde la extrema derecha ha crecido principalmente mediante figuras que se presentan como ajenas al sistema político, en el Perú buena parte de la agenda conservadora y del debilitamiento de las garantías democráticas se ha desarrollado desde instituciones ya establecidas. Durante los últimos años, el Congreso de la República ha aprobado normas cuestionadas por organismos nacionales e internacionales debido a sus consecuencias sobre el acceso a la justicia, las libertades civiles y la protección de personas en situación de vulnerabilidad.

El problema trasciende la orientación de una bancada específica. En el Parlamento peruano han convergido fuerzas de distintas procedencias políticas para impulsar medidas que debilitan los contrapesos institucionales. Esto permite hablar de una deriva autoritaria sin afirmar, incorrectamente, que todos los partidos que respaldaron estas normas pertenezcan a la extrema derecha.

Amnistía Internacional Perú advirtió en su informe anual 2025-2026 que el país experimentó un fortalecimiento de prácticas autoritarias y un debilitamiento de garantías fundamentales. Entre sus preocupaciones identificó los obstáculos para acceder a la justicia, las limitaciones a la actuación de organizaciones de la sociedad civil y la pérdida de independencia de instituciones encargadas de controlar el poder.

Un ejemplo especialmente grave es la Ley 32419, promulgada en agosto de 2025, que establece medidas de amnistía relacionadas con hechos ocurridos durante el conflicto armado interno de 1980 a 2000. La norma fue cuestionada porque puede impedir la investigación y sanción de graves violaciones de derechos humanos, además de beneficiar a personas condenadas por estos delitos. Amnistía Internacional sostuvo que su implementación afectaría al menos 156 casos con sentencia firme y contravendría las obligaciones internacionales del Estado peruano.

La importancia de esta medida no puede comprenderse sin recordar que el conflicto armado interno dejó miles de víctimas que durante décadas han exigido verdad, justicia y reparación. En este escenario, las normas que permiten eludir responsabilidades no constituyen únicamente decisiones sobre procesos judiciales individuales. También transmiten un mensaje político sobre el valor que el Estado concede a las víctimas y a su derecho a obtener justicia.

Otro ejemplo es la Ley 32301, que modificó el marco regulatorio de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI). Aprobada en 2025, la norma recibió cuestionamientos por establecer mayores mecanismos de control sobre organizaciones que reciben cooperación internacional, con posibles consecuencias para su autonomía y libertad de asociación.

Ambas normas dejan el mensaje de que cuando el Estado es investigado o cuestionado por posibles abusos encontrará las herramientas legales para eludir responsabilidades y para dificultar el trabajo de quienes representan a sus víctimas, la capacidad de exigir responsabilidades puede reducirse. Las consecuencias se extienden a familiares de personas asesinadas durante protestas sociales, víctimas de esterilizaciones forzadas y ciudadanos que dependen de organizaciones especializadas para acceder al sistema de justicia.

En materia de derechos de las mujeres y las personas LGTBIQ+, el panorama también presenta retrocesos. Human Rights Watch señaló en su Informe Mundial 2026 las limitaciones persistentes para el reconocimiento legal de la identidad de género, las barreras de acceso al aborto terapéutico y normas que pueden restringir derechos de las personas trans. 

Estos procesos muestran que el debilitamiento democrático no necesita expresarse únicamente mediante una intervención militar, la clausura del Congreso o la suspensión de elecciones. También puede producirse a través de procedimientos legislativos ordinarios. Una ley puede aprobarse siguiendo el procedimiento establecido y, sin embargo, ser incompatible con obligaciones constitucionales o internacionales de derechos humanos. La legalidad de su tramitación no resuelve por sí sola la legitimidad de su contenido. Esa es una de las contradicciones centrales del retroceso democrático contemporáneo: instituciones creadas para representar y proteger a la ciudadanía pueden terminar aprobando medidas que reducen sus garantías.

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt hablan de la importancia del contrapeso institucional y las normas democráticas para impedir que líderes autoritarios transformen su legitimidad electoral en un poder sin controles. Pero las instituciones, por sí solas, tampoco pueden preservar indefinidamente un sistema político que deja de responder a las necesidades de la población. Una democracia incapaz de enfrentar las desigualdades, garantizar servicios públicos adecuados o responder eficazmente a la inseguridad corre el riesgo de alimentar el mismo descontento que sus adversarios autoritarios utilizan para cuestionarla.

Frente a los discursos que convierten las diferencias en amenazas y prometen soluciones inmediatas mediante la exclusión, la defensa democrática requiere algo más exigente: reconocer la complejidad de los problemas, producir respuestas sustentadas en evidencia y garantizar que ninguna persona pierda sus derechos por no ajustarse a las convicciones de quienes gobiernan.

Después de la Segunda Guerra Mundial, la comunidad internacional intentó establecer como un principio capaz de impedir nuevas atrocidades que la dignidad humana no puede depender de la voluntad del poder político. Ese principio continúa vigente, pero su cumplimiento no está garantizado. El retroceso democrático no siempre comienza con la desaparición de las urnas. A veces comienza cuando una sociedad se acostumbra a que ciertos derechos sean negociables y ciertas personas, prescindibles.

La historia del conflicto armado interno en el Perú está atravesada por relatos de violencia que el sistema de justicia aún no logra procesar adecuadamente. Entre los más complejos se encuentran los testimonios de mujeres indígenas víctimas de violación sexual, cuyas narrativas, fragmentadas por el trauma, se enfrentan a un modelo de enjuiciamiento que suele exigir una coherencia lineal prácticamente imposible. Este artículo aborda esa tensión fundamental y plantea la siguiente cuestión: ¿cómo debe valorarse una declaración marcada por el horror, las barreras culturales y los estereotipos de género? Se sostiene que la respuesta exige articular la psicología del testimonio con los estándares interamericanos de debida diligencia reforzada, en tanto obligación ineludible para evitar la impunidad y la revictimización.

En esa línea, una valoración adecuada del testimonio debe partir de reconocer que las experiencias de violencia sexual generan afectaciones profundas en la memoria y en la capacidad de narrar los hechos, lo que obliga a comprender la estructura fragmentada del relato no como un déficit, sino como una consecuencia directa del trauma vivido. La violencia sexual ejercida durante el conflicto no solo produjo un daño psicológico profundo, sino que también alteró la estructura narrativa del recuerdo, generando relatos fragmentarios y disociados que con frecuencia son interpretados de forma errónea como contradicciones (Herman, 1992; Van der Kolk, 2014). Este escenario se aprecia de manera paradigmática en el caso Manta y Vilca, donde las víctimas estuvieron sometidas, además, a condiciones de coerción militar, aislamiento territorial y ausencia de garantías institucionales. Como señala Mantilla Falcón (2019), estos testimonios evidencian la interacción entre violencia sexual sistemática y discriminación étnica, configurando un entramado que dificulta estructuralmente el acceso a la justicia.

En este contexto, la Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que la violencia sexual en este periodo funcionó como mecanismo de castigo, control y sometimiento contra mujeres indígenas (CVR, 2003). Paralelamente, desde la teoría feminista se ha enfatizado que la violencia sexual en los conflictos armados constituye una práctica política y una expresión de relaciones estructurales de dominación. Sánchez (2004), retomando a Celia Amorós y Kate Millett, sostiene que la violencia contra las mujeres en las guerras es, precisamente, de carácter sexual porque el sexo es un instrumento político de dominación. En esa línea, la lectura feminista señalada por Sánchez fortalece la comprensión de que las violaciones ocurridas en Manta y Vilca no pueden analizarse como hechos aislados, sino como expresiones de una violencia política ejercida sobre mujeres indígenas en un contexto de dominación militar y racismo estructural. Esta perspectiva resulta determinante para la valoración del testimonio, pues obliga a interpretar los relatos de las víctimas atendiendo a su contexto histórico, a las condiciones de coerción prolongada y a los efectos del trauma.

A partir de este marco, el artículo se estructura en cinco ejes analíticos. En primer lugar, se aborda la situación de las mujeres indígenas como grupo históricamente atravesado por una doble condición de vulnerabilidad —de género y pertenencia étnica— que incide directamente en el acceso a la justicia y en la valoración de sus testimonios. En segundo término, se examina el estándar jurisprudencial peruano que reconoce la necesidad de incorporar la psicología del testimonio como herramienta técnica para la valoración probatoria en casos de violencia sexual. En tercer lugar, se desarrollan los aportes de la psicología del trauma para comprender las particularidades de los relatos de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual. En cuarto término, se analiza el caso Manta y Vilca como un escenario emblemático de violencia sexual sistemática en contextos de control militar. Finalmente, el artículo dialoga con los estándares interamericanos sobre debida diligencia reforzada, con el propósito de evidenciar que la adecuada valoración del testimonio constituye una obligación jurídica del Estado y una condición indispensable para garantizar el acceso real a la justicia.

II.- Mjeres indígenas. cuerpos marcados por la historia: una doble marca de vulnerabilidad

Las mujeres indígenas constituyen un grupo históricamente situado en una posición de desventaja estructural, marcada por la intersección entre género, etnicidad, pobreza, barreras lingüísticas y exclusión institucional. Esta ubicación social —que combina dimensiones culturales, económicas y territoriales— explica por qué su acceso a la justicia ha sido limitado y por qué sus testimonios han sido sistemáticamente deslegitimados. En términos jurídicos internacionales, la identidad indígena no se restringe a la pertenencia étnica, sino que implica vínculos comunitarios, lengua y autoidentificación cultural, elementos reconocidos por el Convenio 169 de la OIT (1989, art. 1). Desde la perspectiva de la Corte Interamericana, estas condiciones generan “barreras especiales de acceso a la justicia” para las mujeres indígenas, agravadas cuando la violencia es de carácter sexual (Rosendo Cantú y otra vs. México, 2010, párr. 180). Esta doble condición —ser mujer y ser indígena— constituye precisamente la doble marca de vulnerabilidad que guía este análisis.

Dicha vulnerabilidad se intensifica de manera particular en contextos de conflicto armado, donde las relaciones de poder se exacerban y los cuerpos femeninos —especialmente los cuerpos indígenas— son utilizados como territorios de dominación simbólica, política y militar. En Fernández Ortega y otros vs. México, la Corte IDH subrayó que la violencia sexual cometida contra mujeres indígenas ocurre en escenarios de coerción extrema y discriminación acumulada, lo que impone al Estado la obligación de adoptar un análisis diferenciado y medidas reforzadas de protección (2010, párr. 200). Esta lectura resulta clave para comprender la violencia sexual no como un fenómeno aislado, sino como una práctica inserta en estructuras de poder profundamente asimétricas.

Este marco resulta indispensable para comprender el caso Manta y Vilca, donde las víctimas eran mujeres quechua-hablantes que residían en zonas altoandinas caracterizadas por pobreza estructural, aislamiento geográfico y ausencia sostenida de presencia estatal. La Comisión de la Verdad y Reconciliación documentó que la violencia sexual ejercida en estas bases militares formó parte de un patrón sistemático dirigido contra mujeres indígenas, quienes eran percibidas —sin evidencia alguna— como colaboradoras de la subversión (CVR, Tomo VI, 2003, pp. 274–279). En la misma línea, Villanueva (2006) precisa que los agentes militares justificaban las agresiones sexuales bajo presunciones de vinculación política, lo que revela que la violencia sexual operó como un instrumento de control, castigo y estigmatización sobre cuerpos feminizados e indígenas (p. 230).

Este patrón de violencia no se desarrolló en el vacío, sino que se sostuvo en un contexto de precariedad estructural y desprotección institucional que favoreció la impunidad y condicionó la posibilidad misma de denunciar. Villanueva (2006) describe que, durante el periodo de los hechos, las comunidades de Manta y Vilca carecían de condiciones materiales mínimas para acceder a autoridades o activar mecanismos de denuncia, lo que contribuyó a la invisibilización de las agresiones sexuales (pp. 229–230). Esta situación se refleja, además, en los casos en que los hijos de las víctimas fueron inscritos con apellidos como “Militar”, “Moroco” o “Capitán”, debido a la imposibilidad de identificar a los agresores en un escenario de anonimato, temor y subordinación absoluta (p. 229). Lejos de ser datos meramente descriptivos, estos elementos permiten comprender la profundidad del daño estructural y su impacto directo en la memoria, el silencio y la forma fragmentaria en que las víctimas pudieron elaborar y narrar sus testimonios.

En suma, la violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas durante el conflicto armado —y de manera paradigmática en el caso Manta y Vilca— debe ser comprendida a partir de la doble marca de vulnerabilidad que atravesó sus cuerpos y sus vidas: la condición de género y la pertenencia indígena, ambas inscritas en un contexto de pobreza estructural, aislamiento territorial y ausencia de protección estatal. Esta convergencia de factores no solo facilitó la comisión sistemática de la violencia y su impunidad, sino que condicionó profundamente la forma en que las víctimas pudieron construir, preservar y narrar su experiencia. Por ello, la valoración del testimonio de mujeres indígenas no puede abstraerse de estas dimensiones históricas y estructurales, pues hacerlo implicaría descontextualizar el relato y desconocer los efectos del trauma, el miedo y la estigmatización. Reconocer esta realidad constituye un presupuesto indispensable para una valoración probatoria compatible con los estándares interamericanos y para evitar que el sistema de justicia reproduzca, a través de criterios formales o estereotipados, las mismas lógicas de exclusión que hicieron posible la violencia.

III.- La psicología del testimonio: un estándar necesario en la jurisprudencia penal peruana

La Corte Suprema ha reconocido que la valoración de la prueba testimonial no puede basarse en intuiciones ni en expectativas estereotipadas sobre cómo debe declarar una víctima. El Recurso de Nulidad N.º 2210-2018 es particularmente relevante porque el Tribunal cuestionó que una instancia inferior desestimara el testimonio de una víctima apelando a la “incredibilidad subjetiva”, recordando que la valoración adecuada requiere evaluar la coherencia y solidez del relato e incluso acudir a la psicología del testimonio (Corte Suprema de Justicia de la República, 2019, f. 34).

Esta exigencia jurisprudencial no es meramente formal. Por el contrario, remite a un cuerpo de conocimientos científicos que resulta indispensable para interpretar adecuadamente el relato de una víctima. En esa línea, la psicología del testimonio ofrece criterios técnicos para evaluar la memoria, la percepción y la evocación de hechos traumáticos. Investigaciones como las de Luna Salas (2021) muestran que las inconsistencias marginales, los vacíos narrativos y los silencios pueden responder a mecanismos psicológicos asociados al trauma y no necesariamente a falta de veracidad. En contextos de violencia sexual, estas manifestaciones suelen intensificarse debido al miedo, la vergüenza y la estigmatización, lo que obliga a abandonar parámetros rígidos de coherencia narrativa.

La incorporación de este estándar jurisprudencial es fundamental, pues reconoce que la credibilidad de una víctima no depende de la perfección del relato sino de su plausibilidad contextual, su coherencia interna y su compatibilidad con los efectos neuropsicológicos del trauma. Este enfoque abre el camino para valorar adecuadamente las declaraciones en casos como el de Manta y Vilca.

IV.- Trauma y prueba testimonial: relatos que resisten. narrativas indígenas de violencia sexual

La psicología del trauma ha demostrado que las experiencias de violencia sexual modifican profundamente la memoria autobiográfica. Herman (1992) describe la memoria traumática como fragmentaria y centrada en sensaciones, mientras que Van der Kolk (2014) explica que, ante situaciones extremas, el cerebro activa mecanismos que inhiben la construcción narrativa coherente. Estos hallazgos son cruciales para interpretar testimonios de violencia sexual en contextos de conflicto armado.

En el caso de mujeres indígenas, estas dinámicas se intensifican por factores interseccionales: barreras lingüísticas, desconfianza hacia instituciones estatales, estructuras comunitarias que sancionan la denuncia y experiencias acumuladas de racismo. Estos elementos influyen en la forma de narrar, en la selección de detalles y en la dificultad para ordenar cronológicamente los hechos. Luna Salas (2021) advierte que la presencia de vacilaciones o aparente desorden narrativo no debe considerarse un indicador de falsedad, sino una manifestación esperable del trauma.

Asimismo, la evidencia sociohistórica confirma que la reconstrucción del testimonio en mujeres andinas está marcada por el dolor, la memoria afectiva y la reactivación del trauma al momento de narrar. Macedo-Janto (2021) sostiene que el testimonio de la mujer andina cumple un doble rol: constituye un relato personal y, a la vez, un acto de reconstrucción histórica que transforma la experiencia íntima en memoria pública. La autora explica que, en estos discursos, “los acontecimientos se viven dos veces: cuando en realidad ocurrieron y cuando se actualizan en la memoria y se narran” (p. 182), lo que evidencia que la evocación de la violencia se produce mediante una memoria emocional, no lineal y frecuentemente fragmentada. Estas características —señala— no restan veracidad al testimonio, sino que constituyen consecuencias directas del trauma y de las condiciones de opresión estructural que afectaron a las mujeres indígenas durante el conflicto.

Además, cuando la violencia es cometida por agentes estatales, el temor a represalias y la percepción histórica de impunidad incrementan la reticencia a declarar. Spataro (2016) demuestra que las víctimas pueden tardar años en relatar lo ocurrido y que la memoria se reconstruye gradualmente, especialmente cuando reciben acompañamiento psicosocial e intercultural. Por ello, la psicología del trauma no solo aporta un marco explicativo, sino que constituye una herramienta esencial para garantizar que los relatos de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual sean valorados con criterios compatibles con la ciencia, la interculturalidad y los estándares de derechos humanos.

V.- Manta y Vilca: el deber reforzado de investigar, valorar y reparar la violencia sexual contra mujeres indígenas

El caso Manta y Vilca constituye uno de los procesos más emblemáticos de violencia sexual perpetrada por agentes estatales durante el Conflicto Armado Interno en agravio de mujeres indígenas, no solo por la magnitud y sistematicidad de los hechos, sino por las exigencias jurídicas reforzadas que impone al Estado en materia de investigación, juzgamiento y valoración probatoria. De acuerdo con la información sistematizada en el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, aproximadamente el 83 % de los actos de violación sexual documentados durante el conflicto armado fueron imputables a agentes del Estado, evidenciando que la violencia sexual no fue un fenómeno marginal, sino una práctica recurrente en zonas bajo control militar (CVR, 2003, t. VI). Este carácter sistemático y dirigido contra población civil ha llevado a sostener, desde una perspectiva de Derecho Penal Internacional, que las violaciones sexuales cometidas en Manta y Vilca pueden ser calificadas como crímenes de lesa humanidad, en tanto constituyeron actos inhumanos perpetrados de manera reiterada, con conocimiento y aquiescencia estatal, en el marco de un ataque generalizado contra mujeres indígenas (Montoya et al., 2015, como se cita en Revista Ideele, s. f.).

En este contexto, entre 1984 y 1995, mujeres quechua-hablantes fueron sometidas a violaciones reiteradas en escenarios caracterizados por coerción permanente, aislamiento territorial y ausencia de garantías institucionales. Como advierte Villanueva Flores (2007), estos hechos no pueden ser interpretados como excesos individuales, sino como manifestaciones de una violencia ejercida desde estructuras de poder estatal, dirigida contra mujeres indígenas percibidas —sin sustento probatorio— como colaboradoras de la subversión.

Este diagnóstico adquiere especial relevancia a la luz del deber de debida diligencia, consagrado en el artículo 7.b de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de Belém do Pará), que obliga a los Estados a prevenir, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha desarrollado este deber como una obligación reforzada cuando se trata de violencia sexual y de víctimas que se encuentran en situación de especial vulnerabilidad, como las mujeres indígenas. En estos casos, la debida diligencia no se satisface con actuaciones formales o meramente reactivas, sino que exige una respuesta estatal oportuna, seria, imparcial y contextualizada, orientada a remover los obstáculos estructurales que impiden el acceso real a la justicia.

Este entendimiento del deber de debida diligencia ha sido progresivamente desarrollado por la jurisprudencia interamericana, que ha precisado su contenido y alcances concretos en casos de violencia contra las mujeres, especialmente cuando esta adopta formas extremas como la violencia sexual. En González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México, la Corte IDH estableció que el Estado debe conducir las investigaciones de violencia sexual con perspectiva de género, eliminando estereotipos y adoptando todas las medidas necesarias para garantizar una valoración adecuada del testimonio de las víctimas (Corte IDH, 2009, párrs. 455–456). Posteriormente, en Espinoza Gonzales vs. Perú, el Tribunal precisó que, cuando las víctimas son mujeres indígenas, el deber de debida diligencia exige un análisis diferenciado, que tome en cuenta factores culturales, lingüísticos y emocionales, así como los efectos del trauma y de la discriminación múltiple (Corte IDH, 2014, párr. 223). Finalmente, en Atenco vs. México, la Corte reafirmó que la violencia sexual cometida en contextos de control institucional puede constituir tortura, lo que intensifica aún más las obligaciones probatorias y de investigación del Estado (Corte IDH, 2018).

Aplicado al caso Manta y Vilca, este estándar implica que el Estado peruano tenía —y tiene— la obligación de valorar los testimonios de las víctimas desde un enfoque científico, intercultural y libre de estereotipos, incorporando los aportes de la psicología del trauma y de la psicología del testimonio. La ausencia de una valoración contextualizada no solo debilita la investigación penal, sino que constituye en sí misma una forma de incumplimiento del deber de debida diligencia, en la medida en que reproduce patrones de desconfianza, invisibilización y revictimización. En consecuencia, la integración de la debida diligencia reforzada en la valoración del testimonio no es una opción interpretativa, sino un mandato jurídico derivado del derecho internacional de los derechos humanos, indispensable para garantizar un acceso real a la justicia y la dignidad de las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual.

VI.- A modo de conclusión

La valoración del testimonio de mujeres indígenas víctimas de violencia sexual durante el Conflicto Armado Interno no constituye únicamente un desafío probatorio, sino que se inscribe en un imperativo de justicia frente a violaciones históricamente invisibilizadas. Como se ha desarrollado a lo largo de este artículo, el sistema de justicia penal peruano ha enfrentado serias limitaciones para evaluar adecuadamente estos relatos cuando aplica criterios tradicionales de credibilidad que presuponen coherencia narrativa lineal, estabilidad emocional y precisión cronológica, parámetros incompatibles con experiencias de violencia sexual extrema.

Desde la psicología del testimonio y la psicología del trauma, se ha demostrado que la memoria de hechos traumáticos suele expresarse de forma fragmentaria, disociada y atravesada por silencios. Estas manifestaciones no constituyen signos de falsedad, sino huellas del daño sufrido; una verdadera cicatriz de la violencia. En el caso de las mujeres indígenas, estos efectos se intensifican debido a barreras culturales, lingüísticas y a una discriminación estructural que condiciona tanto la vivencia de la violencia como la posibilidad de narrarla posteriormente.

El análisis del caso Manta y Vilca permite constatar que la violencia sexual ejercida contra mujeres indígenas respondió a un patrón sistemático de control y dominación en contextos de presencia militar, tal como fue documentado por la Comisión de la Verdad y Reconciliación y desarrollado por la doctrina especializada. La doble marca de vulnerabilidad —derivada de la condición de género y de la pertenencia indígena— atravesó tanto la comisión de los hechos como las posteriores dificultades para acceder a la justicia, incidiendo de manera decisiva en la forma en que las víctimas pudieron construir, preservar y expresar su testimonio.

En este contexto, el deber de debida diligencia consagrado en la Convención de Belém do Pará adquiere un carácter central. La jurisprudencia interamericana ha establecido que, en casos de violencia sexual contra mujeres indígenas, dicho deber exige una respuesta estatal reforzada, que incorpore una perspectiva de género, un enfoque intercultural y una comprensión científica del trauma. Valorar adecuadamente estos testimonios no constituye, por tanto, una opción interpretativa, sino una obligación jurídica que deriva del derecho internacional de los derechos humanos.

En definitiva, el sistema de justicia peruano enfrenta el desafío impostergable de escuchar testimonios marcados por la fragmentación y el silencio, no para cuestionarlos desde esquemas formales o estereotipados, sino para comprenderlos en su complejidad. Solo mediante una valoración probatoria especializada, que articule la psicología del testimonio, la interculturalidad y la debida diligencia reforzada, será posible evitar la revictimización, garantizar un acceso real a la justicia y comenzar a saldar una de las deudas más profundas con las mujeres indígenas víctimas de violencia sexual en el Perú.

VII.- Referencias bibliográficas

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Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2009). Caso González y otras (“Campo Algodonero”) vs. México (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 16 de noviembre de 2009. Ver en línea: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_205_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2014). Caso Espinoza Gonzales vs. Perú (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 20 de noviembre de 2014. Ver en línea: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_289_esp.pdf

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2018). Caso Mujeres víctimas de tortura sexual en Atenco vs. México (Fondo, reparaciones y costas). Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Ver en línea: https://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_371_esp.pdf

Pero el LUM siempre fue centro de controversias desde su inauguración en diciembre de 2015. Su creación significó el inicio de un intenso debate que aún no termina y que es el reflejo de un trabajo de verdad y reconciliación no concluido. ¿Cómo debe recordarse la violencia política que sufrió nuestro país entre los años 1980 y 2000? La pregunta pone sobre la mesa un tema que, incluso a quienes estamos de acuerdo con su preservación, nos enfrenta a una realidad que nos cuesta entender: no existe una sola memoria, sino muchas memorias. La forma en la que recordamos los hechos no solo puede ser diferente para las víctimas de un mismo evento traumático, sino que puede cambiar y tener un significado distinto con el paso del tiempo, el contexto personal de quien recuerda y con la incorporación de nueva información que antes no estaba disponible. La memoria tiene esa complejidad, y por lo tanto, su atención merece una respuesta que al menos intente comprenderla.

En mi más reciente visita al LUM me dio mucho gusto ver a más gente curiosa como yo, personas solas, parejas, familias con niños, grupos grandes recorriendo cada uno de los ambientes, leyendo los paneles, comentando entre sí lo que allí se decía. Aunque también me dio pena ver que faltaba mantenimiento en el espacio, varios monitores con videos de testimonios estaban apagados y algunos paneles con información importante se encontraban descascarados. A pesar de esta situación, mi visita me permitió reflexionar y entender algunas cosas: que quienes iniciaron el terror fueron, sin ninguna duda, Sendero Luminoso (SL) y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA), lo difícil que fue al principio para la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas analizar, desentrañar la amenaza y diseñar una estrategia para enfrentarla; y dónde hubo éxitos de parte de nuestras autoridades, pero también dónde se cometieron terribles violaciones a los derechos humanos.

Pero el LUM no es únicamente un museo de hechos, aunque nos ofrece una línea de tiempo de cómo el Perú llegó a sufrir este nivel de violencia. El Lugar de la Memoria es, más bien, un museo sobre las consecuencias de esos hechos. No busca que aprendamos lugares, fechas y nombres, sino que sintamos la historia a través de nuestras emociones. El LUM no cuenta solo lo que ocurrió, sino el impacto en las víctimas. Creo que este es el punto clave para comprender el verdadero objetivo de un espacio como este en cualquier parte del mundo; porque, independientemente del análisis racional que uno pueda hacer sobre hechos que son objetivos, o de la justificación que uno pueda encontrar respecto a lo que sucedió, escuchar a las víctimas es indispensable para entender la magnitud del daño y, quizás, hacer las cosas de otra manera para que no se repitan. 

Un espacio en constante cuestionamiento

El Lugar de la Memoria, la Tolerancia y la Inclusión Social es el resultado de un largo proceso que inició en el 2008 con la visita de la ministra de Cooperación Económica y Desarrollo de Alemania Heidemarie Wieczorek-Zeul al Perú. Durante su estadía visitó la muestra “Yuyanapaq: Para Recordar”, en el Museo de la Nación, que fue presentada en el año 2003 por la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR). La muestra, una colección de más de 200 fotografías que narran de manera gráfica los 20 años de violencia que vivió nuestro país, fue tan sobrecogedora para la ministra alemana que propuso el apoyo económico de su gobierno para la construcción de un museo como los que tiene su país para recordar las terribles y dolorosas consecuencias del Holocausto Nazi.

A partir de allí, el recorrido para que finalmente el LUM se construyera fue largo y no estuvo libre de cuestionamientos. Solo un año después, en febrero de 2009, el gobierno del presidente Alan García Pérez rechazó la donación de 2 millones de dólares por parte de la Cooperación Alemana para la construcción de este espacio. Su argumento fue que ese dinero debía ser utilizado para la implementación de programas sociales. Su entonces ministro de Defensa, Ántero Flores-Aráoz, justificó esta decisión asegurando que había otras prioridades y que “las personas que quieren ir al museo, pero no comen, van a morir de inanición”. Yehude Simon, quien fue primer ministro de la administración aprista, fue mucho más enfático y dejó en claro que el Ejecutivo no rechazaba el financiamiento alemán, sino la idea de contar con un Museo de la Memoria. Esta actitud generó duras críticas de diversas personalidades políticas e intelectuales a nivel nacional e internacional, entre ellas, el escritor peruano Mario Vargas Llosa. La presión forzó al presidente García a cambiar de postura y, tras una conversación con el premio Nobel de Literatura, lo designó en 2010 presidente de la Comisión de Alto Nivel encargada de orientar, organizar, supervisar y gestionar la instauración del proyecto. 

El LUM, construido en un terreno de la bajada San Martín que fue cedido por la Municipalidad de Miraflores en la gestión del alcalde Manuel Masías Oyanguren, se inauguró oficialmente el 17 de diciembre del 2015, durante el gobierno del presidente Ollanta Humala Tasso.

Un par de años después, en 2017, el LUM enfrentó su primera controversia pública debido a la exposición llamada “Resistencia Visual 1992”, una muestra que buscaba rescatar los hechos que marcaron un momento clave en la historia de nuestro país, como el autogolpe de Alberto Fujimori del 5 de abril, el atentado a la calle Tarata del 16 de julio y la captura del cabecilla senderista Abimael Guzmán el 12 de setiembre. Eran 36 grabados realizados por artistas y colectivos, quienes, desde sus puntos de vista, retrataban, además de la violencia genocida, la censura y la corrupción de aquella época. Sin embargo, un sector de la política peruana consideró que la muestra no era neutral. El entonces congresista de Fuerza Popular, Francisco Petrozzi, usó sus redes sociales para cuestionar la exposición y aseguró que trataría de “solucionar el tema”. Días después, el entonces director del LUM, el sociólogo Guillermo Nugent Herrera, renunció a su cargo tras sostener una reunión con quien fuera el ministro de Cultura, Salvador del Solar. En su cuenta de Facebook, el propio Del Solar negó un intento de censura a la muestra, la cual permaneció abierta, pero aseguró que la salida de Nugent fue de mutuo acuerdo porque ambos consideraron que, “más allá de la calidad artística de lo expuesto, la muestra despedía una clara sensación general de sesgo que no se corresponde con la que habíamos acordado buscar para el LUM”. “Abrir la posibilidad de que el LUM pueda ser acusado de ser una institución parcializada es, en mi opinión, el peor daño que puede hacérsele. Cualquier persona que haya visitado la muestra permanente puede dar fe del esmerado esfuerzo que se hace por informar al público acerca de todo, pero con el cuidado de buscar la máxima objetividad posible”, agregó en su comunicado. 

Al año siguiente, en el 2018, se produjo un episodio con el congresista de Alianza para el Progreso Edwin Donayre quien ingresó al LUM disfrazado con una peluca para realizar una grabación encubierta a una de las guías y acusarla de apología al terrorismo. Como consecuencia, la ministra de Cultura Patricia Balbuena Palacios, dispuso la separación de la trabajadora al considerar que hizo comentarios personales más allá de lo que correspondía estrictamente a su labor como mediadora. Además, el ministro del interior Mauro Medina Guimaraes, dijo que una unidad especializada de la Policía Nacional evaluaría el video del congresista para adoptar acciones junto con el Ministerio Público. La joven nunca fue denunciada formalmente por ningún delito, sin embargo el Instituto de Defensa legal (IDL), en su representación, presentó una querella contra el parlamentario Donayre por haber afectado gravemente su honor y reputación.

En 2023, horas antes de una conferencia programada en el LUM en la que Amnistía Internacional iba a presentar su informe anual sobre violaciones de derechos humanos —que incluía las protestas sociales durante el gobierno de Dina Boluarte—, la Municipalidad de Miraflores, a cargo de Carlos Canales, del partido Renovación Popular, clausuró el local de forma temporal. Según se argumentó, el espacio no contaba con el certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones (ITSE). La medida se daba luego de que el alcalde de Lima, Rafael López Aliaga, del mismo partido que la autoridad miraflorina, hiciera duros cuestionamientos al LUM, pidiendo “poner orden en la narrativa”. Dos años después, en 2025, Boluarte dispuso la destitución del historiador Manuel Burga Díaz de su cargo como director del museo, sin ofrecer mayores explicaciones sobre esta decisión.

Hoy, los cuestionamientos al LUM continúan. El ministro de Justicia, Ernesto Álvarez, propuso trasladar el espacio, que depende de la cartera de Cultura, a su sector, pues considera que al tratar temas de derechos humanos debería manejarse con un criterio técnico y sin ideologías y, por lo tanto, reorganizarse de principio a fin. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores, Carlos Espá, dijo que siempre pasa por el LUM y que lo percibía como un “elefante blanco al que nadie va”, sin haber considerado las cifras oficiales que lo posicionan como el séptimo museo gestionado por el Estado con más visitas. Y el ministro de Cultura, Alberto Beingolea, acusó al LUM de ser “un punto de desunión y permanente enfrentamiento entre peruanos”. Aunque negó que su intención sea cerrarlo, sí dijo que su contenido podría ser revisado. Aseguró que sus objetivos eran “lograr el perdón y la reconciliación nacional” y que había logrado “precisamente lo contrario”.

¿Pero acaso son esos los verdaderos objetivos del Lugar de la Memoria? ¿A quién realmente le correspondía lograr el perdón y la reconciliación entre los peruanos? ¿No será que le estamos exigiendo a un espacio físico cumplir con la tarea que todo un Estado no hizo en más de 20 años?

No es un museo de hechos sino de consecuencias

En una segunda visita al LUM, traté de cambiar los lentes con los que observé la exposición. Días antes se habían conmemorado los 23 años de la presentación del informe de la CVR en una ceremonia realizada en su auditorio. Un grupo de personas que se identificó como familiares de víctimas y combatientes del terrorismo ingresó a la sala para protestar contra las conclusiones de la CVR y contra la muestra. Exigían que se conformara un nuevo grupo de trabajo y se elaborara un nuevo informe que recoja lo que ellos consideran que había quedado fuera del relato, todo esto mientras gritaban “terrorismo nunca más”. Los escuché con atención; quería entender el origen de su disconformidad, de su rabia. Hice a un lado cualquier sesgo y me centré en sus voces. Una de ellas era la de Diana Jáuregui Jáuregui. 

Diana tenía 9 años cuando Sendero incursionó en Soras, su pueblo natal en Sucre, Ayacucho. Ese día murió Olimpio Jáuregui De la Cruz, su padre. “Su único ´delito´ fue liderar la resistencia del pueblo contra los senderistas”, escribió en su libro “Los Jáuregui de Soras (1920-2023). Más allá del terror, la adversidad y más cerca de la nación” que publicó en el año 2024 en colaboración con el LUM que ahora mismo cuestiona. La madrugada del 26 de noviembre de 1983 los terroristas, al mando de Víctor Quispe Palomino, alias “José”, ingresaron a la vivienda de Olimpio y lo capturaron delante de su familia. Días antes Olimpio personalmente le había reclamado por tratar de reclutar niños en la escuela. El camarada “José” lo amenazó de muerte. Tras ser secuestrado junto a otras dos personas, fue llevado a una plaza en donde Quispe Palomino lo acusó de “oponerse a la lucha armada y ser soplón”. Con un disparó en la sien, el senderista acabó con su vida.

El atentado en el que Olimpio fue brutalmente asesinado fue el primero que SL cometió en Soras, pero no es el que más se recuerda. Meses después, el 16 de julio de 1984, se produjo la masacre denominada “El Expreso de la Muerte”. Una columna de cerca de 50 senderistas asaltó un autobús de la empresa Expreso Cabanino y, con este vehículo, atravesó varios pueblos desde Sontohocha hasta Soras, derramando la sangre de decenas de personas —hombres, mujeres y niños— a quienes los terroristas asesinaron a balazos, golpes, pedradas, con picos y hachas. Fueron 117 las víctimas de ese cruento recorrido. Sin embargo, no existe en el LUM un espacio dedicado exclusivamente a lo que pasó en Soras, ni en 1984, y mucho menos en 1983, cuando asesinaron al padre de Diana. 

En una entrevista para este artículo, Diana me dijo que reclamó por la ausencia de la masacre en la exposición permanente, y que le aseguraron que la muestra iba a cambiar con el tiempo y eventualmente Soras estaría expuesto como lo están Putis y Uchuraccay. “Obviamente, porque si vamos a hablar de memoria y por ende de reconciliación, se debió haber expuesto todos los casos y además bajo el criterio de que en Perú hubo terrorismo”, me comenta. Es por ello que aceptó la propuesta de escribir el libro sobre su familia como una oportunidad para contar desde su perspectiva lo que pasó en su pueblo. “Yo con toda esperanza entré en el proyecto, pero los años fueron pasando y no cambió nada. Si bien es cierto que el libro está en la vitrina, no tiene mayor alcance, y en el museo en sí como tal, no está el caso Soras y muchos otros casos que conozco de militares y de población civil”, me dice Diana.

Si bien Soras no aparece en la exposición permanente, el LUM sí ha promovido muestras, representaciones y visitas guiadas para que el público pueda conocer lo que sucedió en ese lugar. Además mantiene en su repositorio material audiovisual e información con testimonios de víctimas de la masacre. Pero para Diana hay un asunto de forma que trasciende al fondo. “Yo pienso que debería estar más resaltado que quien empezó todo este caos fue el terrorismo, los terroristas. Y de fondo también, claro está, porque los casos de masacres a comunidades tan inocentes, indefensas, no están expuestos ahí”.

Su argumento es difícil de cuestionar al ser familiar de una víctima directa de Sendero Luminoso. Y cualquiera que vaya al LUM buscando una correlación de eventos, sin duda, lamentará la ausencia de muchos de ellos. Esto es lo que le pasó a la congresista de Fuerza Popular, Rosangella Barbarán. La legisladora no había ido al LUM, pero en una entrevista aseguró que ninguna de las “verdaderas víctimas” del terrorismo se encuentra representada, y habló específicamente de Vanesa Quiroga, la joven que perdió una pierna en el atentado de la calle Tarata en Miraflores cuando tenía cinco años. La parlamentaria acudió recién al día siguiente para grabar un video y señalar lo que ella consideraba carencias en el espacio, como la ausencia de la palabra terrorismo y de más fotografías de Abimael Guzmán, el líder de Sendero Luminoso. 

Pero es importante señalar que las miradas de Diana y de la congresista Barbarán sobre esas ausencias parten desde lugares distintos y buscan objetivos distintos. Diana lo hace desde el dolor de una herida que no cierra, reclama visibilidad y justicia. La congresista lo hace siguiendo una consigna que solo busca confirmar sus prejuicios.

¿Pero cómo se explican estas ausencias en el relato del LUM? ¿No es acaso justo el pedido de Diana por ver su historia representada al mismo nivel que el de las otras víctimas? Le trasladé estás preguntas a Manuel Burga Díaz, director del museo entre los años 2018 y 2025. Su respuesta apuntó a la museografía, a la lógica con la que se diseñó el espacio. Me dijo que fueron tantas las familias afectadas durante el periodo de violencia entre 1980 y el 2000 que hubiera sido imposible representarlas a todas, pero que ese tampoco era el objetivo. “Todos los museos de la memoria son también de los derechos humanos porque justamente recuerdan las violaciones a estos derechos y las afectaciones a las víctimas. Son ellas las que han sufrido las consecuencias”, me explicó. Es por ello que dos de las principales salas del LUM llevan por nombre “Un pueblo, muchos pueblos” y “Una persona, todas las personas”, reflejando el carácter universal de estas consecuencias. Es decir, no es necesario que estén listadas todas las masacres y todos los testimonios de todas las víctimas, pues lo que el visitante debería entender al final del recorrido es que lo que sucedió, nos sucedió a todos los peruanos. Todos fuimos víctimas de la violencia. “De lo que se trata es que esas afectaciones sean útiles para saber la verdad, buscar justicia, que haya sanción, reparación y no repetición. ¿Cómo se puede hacer un museo de la violencia de otra manera?”, agrega Burga.

Poner a las víctimas al centro de la narrativa

“La historia la escriben los vencedores” reza una frase atribuida al exprimer ministro del Reino Unido Winston Churchill y popularizada por el escritor británico George Orwell. Por eso, más allá de las discusiones sobre lo que debería o no haber en el LUM, es importante que entendamos la perspectiva, es decir desde dónde y con qué lentes empezamos a narrar lo que sucedió. Y una víctima es alguien que perdió, aunque haya estado en el bando de los ganadores, por eso pocas veces tenemos la oportunidad de escuchar su versión y conocer el impacto de la violencia en su vida.

“La perspectiva de las víctimas es poner a la víctima en el centro de la narrativa”, me dice en entrevista Julissa Mantilla, excomisionada y presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), de la Organización de los Estados Americanos (OEA). Pero darle centralidad a las víctimas implica no solo darles voz a través de un museo, esa es solo una parte. Implica una justicia transicional que se aplica cuando transitamos de un periodo de conflicto a uno de paz, o de una dictadura a una democracia, porque cuando se producen miles de muertos y desaparecidos, como sucedió en el Perú, la justicia ordinaria no es suficiente y es necesario crear mecanismos especiales. “La justicia penal es la retributiva, que busca sancionar al que hizo daño con pena de cárcel. Pero la justicia transicional trata de explicar y entender ¿Cómo así murieron tantas personas? ¿Por qué nadie hizo nada por evitarlo? ¿Cómo es que nadie se enteró de lo que estaba pasando?” Entonces la justicia transicional entra con mecanismos como las comisiones de la verdad o de reconciliación y las propuestas de reparaciones”, me explica.

Pero el caso peruano es complejo porque además de transicional, la justicia debe ser intercultural y de género, es decir entender cómo la violencia impactó de forma diferente a personas quechua hablantes, a miembros de comunidades amazónicas, a personas LGTBIQ, a mujeres y a niños. Sin embargo, en opinión de Mantilla, nos estamos enfrascando en discusiones sobre si faltan o sobran palabras en el relato, en vez de ver que el proceso para que las víctimas alcancen justicia está incompleto, y esa no es responsabilidad del LUM, sino de un Estado que no se hace cargo de las víctimas, entre ellos muchos excombatientes de la Policía y las Fuerzas Armadas que quedaron con secuelas físicas y psicológicas, así como viudas que no tienen una pensión asegurada.

Salir del LUM no debería dejarnos contentos de haber visto la versión de una historia de héroes y villanos que nos sea cómoda. Al contrario, deberíamos sentirnos incomodados, perturbados, interpelados. Eso no significa contar los detalles más escabrosos de cada masacre, sino recuperar la capacidad de lograr en nosotros una respuesta emocional profunda, que se sienta incluso en el cuerpo. Que al salir nos preguntemos cómo fue que un nivel tan terrible de inhumanidad fue posible en nuestra sociedad y qué hacemos para que eso nunca más vuelva a suceder. En ese sentido, refrescar su contenido no resulta tan descabellado como creen quienes exigen que no se toque nada, y casos como el asesinato del padre de Diana Jáuregui podrían tener un mejor espacio. Si la memoria es compleja y dinámica porque se alimenta de otras memorias, de emociones y vivencias individuales y colectivas, también en el presente, el Lugar de la Memoria podría igualmente reflejar esa complejidad y dinamismo, sin que ello implique cambiar su enfoque centrado en las víctimas.

Durante su estadía en Lima, Luz Patricia Mejía, secretaria técnica del MESECVI, y Mónica Maureira, vicepresidenta de su Comité de Expertas, también visitaron la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), donde se reunieron con autoridades universitarias, especialistas en género y el equipo de la Oficina para la Igualdad de Género y Diversidad (OIGD). Asimismo, participaron en el conversatorio “Violencia Digital Basada en Género: construyendo respuestas desde las políticas públicas, la tecnología y la educación superior”, organizado también por la OIGD. En esta entrevista, Luz Patricia Mejía reflexiona sobre los hallazgos de la visita a Condorcanqui, las limitaciones de la respuesta institucional y la necesidad de construir soluciones que involucren tanto al Estado como a las propias comunidades indígenas.

¿Qué les llamó particularmente la atención de lo que encontraron en Condorcanqui? ¿Hay alguna diferencia respecto de otros casos de violencia sexual contra niñas y adolescentes que han conocido en la región?

Creo que es la primera vez que nos enfrentamos a tantas circunstancias complejas juntas. Eso realmente marca una diferencia respecto de otras situaciones de violencia sexual, porque aquí tenemos una afectación no solamente del proyecto de vida de las niñas y de su acceso a la educación o a la salud, sino que, además, tenemos un contexto de pobreza, exclusión, racismo y abandono del Estado. A ello se suma el agravamiento de una enfermedad como el VIH/sida, que tiene consecuencias absolutamente diferentes en términos de calidad de vida para una población afectada por esta problemática.

Ya no solamente tienes niñas víctimas de las consecuencias de la violencia sexual, como el embarazo forzado, las uniones forzadas o la reproducción del ciclo de pobreza, sino que además hay que agregar la transmisión del VIH. Y todo esto ocurre en un contexto en el que, según la información que hemos recibido, existe un 90 % de tolerancia a la violencia contra las mujeres. Y eso también marca una diferencia, porque no se trata solamente de la tolerancia del Estado, sino también de la tolerancia de las comunidades y de las autoridades dentro de las propias comunidades.

Hay que decirlo sin dejar de reconocer que la violencia existe tanto en las sociedades occidentales como en las comunidades indígenas. Lo que vemos en Condorcanqui es una tolerancia muy extendida hacia la violencia que sufren las niñas, las adolescentes y también las mujeres.

Nosotras hablamos con padres, tíos y madres de niñas y adolescentes, pero también con mujeres que han sido víctimas de violencia a lo largo de toda su vida. Mujeres de 30 años que parecen tener 60 o 70, que han vivido diferentes formas de violencia desde que tienen uso de razón.

Lamentablemente, la violencia sexual contra niñas y adolescentes es una epidemia en nuestra región. Pero que ocurra en este contexto, donde las niñas no tienen adónde huir ni encuentran alternativas, hace que la situación sea particularmente grave. La escuela no es una opción segura, el espacio comunitario tampoco y desplazarse hacia otros territorios de la misma zona puede significar quedar todavía más aisladas. Es como un callejón sin salida.

¿Cómo llegó el caso de Condorcanqui al MESECVI? ¿Cuándo comenzaron a darle seguimiento?

Nos enteramos por las denuncias que aparecieron en los medios de comunicación. Empezó a llegarnos información a través del monitoreo de medios y las organizaciones peruanas comenzaron a alertarnos sobre lo que estaba ocurriendo. Nosotras conocíamos los índices de violencia sexual que presenta el Perú, pero no teníamos un conocimiento específico de la situación de Condorcanqui más allá de las denuncias que comenzaron a hacerse públicas.

Cuando recibimos información sobre situaciones que plantean graves violaciones a los derechos de las mujeres, el Comité tiene diferentes maneras de intervenir. Es importante aclarar que no tenemos competencias ni mecanismos para resolver causas individuales, pero sí podemos intervenir frente a situaciones colectivas.Una de las primeras acciones es solicitar información al Estado. Otra posibilidad es emitir un comunicado para llamar directamente la atención sobre la gravedad de una situación.

En el caso de Condorcanqui, el Comité emitió un comunicado en 2024. Posteriormente, durante una visita que hice al Perú en 2025 por otros motivos, se convocó una reunión con autoridades de distintos sectores, en la que nos presentaron las medidas que estaban adoptando.

Después continuamos haciendo seguimiento mediante reuniones con el Poder Judicial. Fue en ese contexto que surgió la invitación para conocer directamente el trabajo que se estaba realizando en Condorcanqui. La planificación de la visita comenzó a principios de este año.

Hay que recordar que nosotras no podemos simplemente presentarnos en un Estado. Somos parte de un mecanismo de la Organización de los Estados Americanos y necesitamos cumplir determinadas formalidades. El Estado, a través de su Cancillería, podría haber señalado que no era el momento adecuado para nuestra visita. No fue el caso. La Cancillería, el Ministerio de la Mujer y las demás instituciones involucradas estuvieron informadas.

A partir de lo que pudieron observar, ¿los problemas de estabilidad política, los cambios de gobierno, ¿han afectado la continuidad de las intervenciones?

Te doy mi opinión personal. Creo que los cambios de gobierno han afectado definitivamente la política dirigida a Condorcanqui desde el Ejecutivo nacional. Otra historia es lo que ocurre con el Poder Judicial y otra es lo que sucede con el Ministerio Público, porque no dependen exactamente del Ejecutivo, aunque sí reciben presupuestos asignados.

La información que manejamos es que diferentes instituciones, como el Poder Judicial, el Ministerio Público, la Defensoría del Pueblo y la Policía, tienen recursos asignados para trabajar en Condorcanqui. Sin embargo, entendemos que no todas han utilizado esos presupuestos de la misma manera.

En el caso del Poder Judicial, hemos observado una labor más persistente y estable. Poco a poco ha ido generando una mayor presencia en el territorio. Pero, aunque tengas un Poder Judicial persistente, continuo y estable, la justicia no puede funcionar sola. Aquí tiene que haber un trabajo de todo el sistema.

Una de las cosas que nos decían las organizaciones de la sociedad civil es que las instituciones siguen trabajando de manera muy separada. El Ministerio Público trabaja para el Ministerio Público, el Poder Judicial para el Poder Judicial, y todavía no se consolida una lógica verdaderamente sistémica. 

Por otro lado, también nos planteaban que la respuesta está pensada desde una lógica intersectorial más que territorial. Puedes tener instituciones y servicios establecidos en un punto, pero hay comunidades que se encuentran a dos días de camino y que están completamente abandonadas. Entonces, no basta con diseñar una respuesta institucional. Hay que pensar cómo esa respuesta llega efectivamente a las comunidades.

¿Qué avances y qué debilidades identifica el MESECVI en la respuesta del Estado peruano frente a la violencia contra las mujeres, en concordancia a los compromisos adquiridos al suscribir la Convención Belem do Pará?

El Perú tiene muchos avances estructurales. Ha avanzado en el diseño de una arquitectura institucional para responder a las situaciones de violencia. La creación de un sistema especializado para abordar estos casos es un ejemplo de ello. También es uno de los países que cuenta con avances importantes en materia de información estadística, algo que constituye un desafío para otros países de la región.

A veces esto puede parecer poco para los peruanos, que naturalmente quieren más y tienen expectativas mucho más altas sobre lo que debería hacer el Estado. Pero, en comparación con otros países, el Perú ha desarrollado una conciencia importante sobre la necesidad de registrar información.

Durante nuestra visita vimos que médicos, policías y otros funcionarios tienen incorporada una cultura del registro y del levantamiento de información estadística.

¿Hace falta más? Sí, por supuesto. Hay que mejorar la calidad de esos registros, lograr que estén coordinados y conseguir que todas las instituciones hablen de lo mismo y manejen criterios comunes. Pero el reconocimiento de la importancia de contar con información ya es un avance.

El Perú también ha avanzado en la identificación presupuestal y en la asignación de fondos a sistemas específicos. Encontramos funcionarios que conocen con precisión las disposiciones presupuestales que sostienen sus intervenciones. Eso no ocurre necesariamente en otros países.

Ahora bien, desde MESECVI no solo evaluamos las estructuras, sino también evalúa los procesos y los resultados. Y ahí es donde encontramos la gran debilidad del Perú.

Podríamos decir que en materia de estructura tiene una calificación muy alta, pero presenta debilidades en los procesos y, especialmente, en el monitoreo de resultados. Los procesos son limitados o insuficientes, no siempre se evalúan y no se monitorean adecuadamente. En consecuencia, los resultados pueden ser pobres o incluso desconocidos porque no existe un seguimiento suficiente.

Tenemos una arquitectura institucional importante, pero necesitamos saber si esa estructura realmente está transformando la vida de las mujeres.

¿Cómo se desarrollará el seguimiento a los hallazgos de esta visita? ¿Qué compromisos se esperan del Estado peruano?

En nuestra jornada de cierre indicamos que habría un plazo de aproximadamente quince días para recibir información adicional de las autoridades nacionales, regionales y locales. Esto lo conversamos en cada una de las reuniones que sostuvimos. Las instituciones pueden hacernos llegar antecedentes, cifras, datos y otra información que consideren importante para fortalecer y contextualizar el informe final.

Nuestra intención es presentar ese informe durante la semana del 19 o 20 de octubre, con un conjunto de recomendaciones de corto, mediano y largo plazo. Esperamos que el Estado pueda responder a esas recomendaciones y que podamos darles seguimiento.

Pero ese seguimiento no debe depender exclusivamente de nosotras. También esperamos que cada institución se comprometa con las recomendaciones y que la sociedad civil se apropie del informe. La sociedad civil tiene un rol muy importante en el monitoreo de su implementación. No se trata solamente de que el Comité formule recomendaciones, sino de que estas puedan convertirse en compromisos concretos y sostenidos.

Durante su visita a Condorcanqui, ¿con qué organizaciones de mujeres y representantes de la sociedad civil pudieron reunirse?

Nos reunimos con mujeres víctimas y sobrevivientes de violencia, y también con Rosmery Pioc, presidenta del Consejo de Mujeres Awajún, quien realiza un trabajo extraordinario. Además, sostuvimos encuentros con apus, mujeres y diferentes representantes de las comunidades. En Santa María de Nieva participaron autoridades indígenas y civiles que nos explicaron el trabajo que vienen realizando. En Lima nos reunimos con diferentes organizaciones de la sociedad civil que participan en iniciativas vinculadas con Condorcanqui, así como con organizaciones de mujeres y de derechos humanos.

Creo que hemos conseguido recoger un panorama bastante amplio, tanto de las respuestas institucionales como de las demandas de las propias comunidades.

¿Qué destacaría de los encuentros que tuvieron con las mujeres indígenas?

Primero, me parece impresionante cómo Rosmery Pioc ha liderado un proceso en el que las mujeres están decidiendo salir de una situación de sumisión y de profunda desesperanza. Eso requiere nadar contra una corriente muy fuerte, porque las prácticas de sumisión son reproducidas tanto por hombres como por mujeres, como ocurre en todos los sistemas patriarcales.

Escuchamos testimonios muy duros, muy profundos, pero también vimos mujeres que están comenzando procesos de empoderamiento y de reconocimiento de su propia situación. Empiezan a comprender que lo que han vivido no les ha ocurrido simplemente por ser quienes son, sino por ser mujeres indígenas en unas condiciones particulares de desigualdad. Y es muy interesante verlas planteando qué es lo que se tiene que hacer. Son mujeres que están ganando capacidad de organización, que se sienten acompañadas y que están orgullosas de mostrar lo que han construido.

Nos recibieron con comida, con artesanías y con expresiones de su cultura, pero también con un esquema de trabajo y una organización muy clara de los testimonios. Habían preparado sus intervenciones de manera que pudiéramos conocer los diferentes problemas que ellas mismas habían identificado. Eso demuestra que no estamos hablando solamente de un trabajo de asistencia. Hay un proceso muy potente de construcción de liderazgo que debe reforzarse y seguir impulsándose.

Creo que ahí está una parte fundamental de la solución: en la transformación de la realidad de las mujeres de Condorcanqui a partir de sus propias experiencias, de su organización y de sus demandas.

En ese proceso de organización, ¿qué relación tienen las mujeres con las autoridades y con los sistemas de justicia comunitaria?

Algo muy interesante es que las mujeres no desconocen necesariamente la autoridad comunitaria. De hecho, nos planteaban que, por más deficiente que pueda ser la justicia comunitaria, confían más en ella que en la justicia ordinaria.

¿Por qué? Porque la justicia ordinaria puede tardar muchísimo y no ofrecer ninguna respuesta. En cambio, la justicia comunitaria, aunque dé una respuesta insuficiente, al menos responde. Entonces, quizás desde ahí podemos comenzar a preguntarnos cómo debe construirse una respuesta verdaderamente justa y eficiente para las mujeres de Condorcanqui. Ahora, la pregunta que se desprende de ahí es ¿Cómo construir una justicia comunitaria que sea realmente justa para ellas? Eso es distinto de llegar desde fuera e indicarles cómo deben administrar justicia. Por supuesto, existen situaciones que superan la capacidad de respuesta de las autoridades comunitarias y que requieren la intervención del sistema de justicia ordinario. Pero también es importante que las propias comunidades participen en la definición de esos límites, desde sus tradiciones y sus conocimientos.

Creo que todavía existe una desarticulación muy grande en este terreno. Necesitamos fomentar soluciones que también nazcan desde dentro de las comunidades, y no solamente desde fuera.

Trabajar directamente con víctimas y sobrevivientes de violencia sexual, y encontrarse con situaciones tan graves, debe ser muy exigente. ¿Cómo afrontan ese trabajo?

El Comité que represento está conformado por expertas que tienen muchos años de experiencia trabajando en estas materias. Existe mucho compromiso. Las expertas realizan esta labor porque quieren contribuir a transformar estas realidades y porque tienen una trayectoria importante de trabajo en derechos humanos.

En esta visita, por ejemplo, contamos con una experta de Panamá especializada en derechos sexuales y reproductivos. Nos interesaba tener también esa aproximación para poder evaluar de manera más completa lo que ocurre en Condorcanqui. La experiencia fue muy intensa, muy profunda y también muy desoladora. Hay mucha desesperanza. El trabajo que se necesita hacer es tan profundo que requiere un enorme esfuerzo del Estado y un compromiso político sostenido de numerosos organismos. Por la magnitud del problema sabemos que no va a haber una reacción inmediata que resuelva todo, por eso también es importante que comiencen a producirse respuestas, para Condorcanqui aunque inicialmente sean parciales. Necesitamos evitar que la desesperanza siga creciendo entre las mujeres.

Cuando se trabaja en un contexto como este, no basta con llegar, escuchar y retirarse. Es necesario que las personas puedan comprobar que ese proceso de escucha tiene consecuencias y que las instituciones empiezan a responder.

*Imágenes obtenidas de https://x.com/MESECVI

Tras la primera vuelta de las elecciones 2026, mientras Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa y otras ciudades del sur del Perú avanzaban con el conteo de votos, el mapa electoral empezó también a convertirse en un mapa de sospechas. Las regiones andinas no solo fueron señaladas como territorios donde supuestamente se habían registrado irregularidades durante el proceso electoral, sus votantes comenzaron a ser retratados como manipulables, ignorantes o incapaces de decidir el rumbo político del país.

Uno de los rostros sobre los que se descargó con mayor virulencia esa narrativa fue el de Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia por el partido de Roberto Sánchez. Durante la campaña electoral ya había sido objeto de comentarios discriminatorios que cuestionaban su capacidad para ejercer un cargo público debido a su origen, su forma de hablar y su trayectoria. Sin embargo, tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta, los ataques se intensificaron. Su imagen se convirtió en uno de los principales blancos de ataques en los que se proyectaron estereotipos y prejuicios dirigidos no solo contra su candidatura, sino también contra amplios sectores de las regiones andinas y rurales.

La magnitud de los ataques motivó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas. A través de sus redes sociales, el Poder Judicial recordó que los actos de discriminación por motivos étnicos o culturales constituyen un delito sancionado por el Código Penal y que las conductas cometidas mediante internet pueden acarrear penas agravadas.

Los mismos discursos aparecieron durante la segunda vuelta del 7 de junio, cuando nuevamente se pusieron en duda las decisiones electorales adoptadas en estas zonas del país, especialmente de quienes respaldaban opciones políticas distintas a las esperadas por determinados sectores.

“La verdad me pareció bastante repulsivo juzgar a alguien por quién vota o por decidir quién lo va a representar. Aceptar los resultados debería ser un acto de respeto hacia los demás. Pero parece que nos quisieran quitar el derecho a votar”, señala Zesmeni Aguilar, estudiante de Derecho natural de Puno. Recuerda que los comentarios que circularon durante esos días en redes sociales generaron tristeza, pero también indignación entre muchas personas de su región. Y no se trataba de una percepción aislada. Conforme avanzaba el conteo de votos, varias regiones del sur comenzaron a ser señaladas como los territorios donde supuestamente se había alterado la voluntad popular.

La narrativa del fraude comenzó a instalarse incluso antes de que existieran resultados oficiales consolidados de la elección de primera vuelta. Al día siguiente, cuando la ONPE procesaba las primeras actas y aún continuaba el sufragio en algunas mesas de Lima, que se instalaron de manera extraordinaria debido a problemas operativos registrados el domingo 12 de abril, el entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga denunció públicamente presuntas irregularidades. Con el paso de las horas, su discurso dejó de centrarse únicamente en aspectos técnicos del proceso y pasó a cuestionar abiertamente a los votantes de determinadas zonas rurales. Las sospechas ya no recaían únicamente sobre el proceso electoral, sino también sobre quienes habían emitido su voto en esos territorios. Ese discurso fue rápidamente replicado por sus seguidores y determinadas regiones del país pasaron a convertirse en blanco de señalamientos.

En una entrevista con el politólogo argentino Agustín Laje, conocido por difundir contenidos desinformadores a través de sus plataformas digitales, López Aliaga puso en duda la alta participación registrada en las zonas rurales, según él, “nunca antes vista en elecciones anteriores” y atribuyó a sus votantes limitaciones para completar correctamente la documentación electoral. “El nivel de conocimiento para llenar el acta es muy complejo y en las zonas rurales, donde no tienen los medios para formarse bien, que el nivel de eficiencia del llenado de las actas sea al 100 %, no pues”, afirmó ante una audiencia de más de 95 mil espectadores. Más allá de las denuncias sobre presuntas irregularidades, sus declaraciones contribuían a un discurso que no solo ponía en entredicho el proceso electoral, sino también la capacidad de quienes ejercían su derecho al voto en regiones históricamente marginadas.

Del conteo de votos al juicio de los votantes

Para el politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), lo ocurrido tras las elecciones no puede entenderse únicamente como una controversia electoral. A su juicio, las reacciones de determinados sectores frente al voto proveniente de zonas andinas responden a prejuicios históricos que suelen reactivarse cada vez que estas regiones expresan preferencias políticas distintas a las esperadas por las élites limeñas.

Vilca sostiene que «no es una sorpresa» que exista una reacción con una «carga racista evidente» hacia la votación de las regiones andinas. Incluso recuerda que estos discursos precedieron a la elección. Como ejemplo menciona una columna de Aldo Mariátegui, publicada durante el crecimiento de la candidatura de Roberto Sánchez, en la que señalaba que Cajamarca era «el Puno del norte». Para el investigador, este tipo de referencias revelan una intención de generar estigmas al momento de interpretar el comportamiento político de determinadas partes del país.

Según explica, detrás de los cuestionamientos al voto andino suelen aparecer tres estereotipos recurrentes: la idea de que se trata de un voto ignorante, manipulado o radical. Lo paradójico, advierte, es que estas categorías son incompatibles entre sí. «Primero te dicen que no sabes lo que le conviene al país y aun así votas. Después aparecen discursos donde ni siquiera te enteras de que hay elecciones porque otros deciden por ti. Y finalmente te presentan como alguien radical que vota de cierta manera», señala.

Para el investigador, estas narrativas no buscan realmente explicar el comportamiento electoral de las regiones del sur. Más bien expresan una dificultad para reconocer la legitimidad de opciones políticas distintas. En ese sentido, considera que los calificativos utilizados para describir el voto de esta parte del país terminan funcionando como mecanismos de deslegitimación. «Todos estos adjetivos y formas de clasificar el voto andino surgen ante la imposibilidad de entender y aceptar que existen posturas políticas diferentes, otros proyectos políticos y otras formas de ver el país», afirma.

Para Oswaldo Bolo, magíster en Estudios Culturales y especialista en discursos y narrativas, los mensajes que circularon durante la campaña no surgieron de manera espontánea ni responden únicamente a desacuerdos políticos. Más bien forman parte de repertorios discursivos que reaparecen cada vez que determinados sectores históricamente excluidos adquieren protagonismo en la vida pública. «El Perú es un país históricamente racializado y en cualquier espacio de conflicto o disputa el tema racial aparece de inmediato», sostiene.

Según explica, estos discursos suelen presentar a las poblaciones andinas, indígenas o rurales como sujetos incapaces de tomar decisiones racionales sobre el futuro del país. «Se construye la idea de que ese otro es primitivo, irracional, que no piensa bien, que no sabe elegir representantes políticos y que no entiende el verdadero sentido del progreso y el desarrollo», señala. En consecuencia, añade, no solo se cuestiona una determinada opción electoral, sino también la legitimidad de quienes la respaldan para participar en igualdad de condiciones dentro de la democracia. «Se les niega el reconocimiento como ciudadanos con los mismos derechos para decidir sobre el rumbo del país», afirma.

¿Por qué mi voto tendría que valer menos?

Esa descalificación de los votantes del sur andino no se quedó en el plano discursivo. Para muchas personas de las regiones señaladas, los cuestionamientos fueron vividos como una negación de su condición de ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro peruano o peruana. Yolanda Flores Montoro, aymara e integrante de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, recuerda con indignación las afirmaciones que ponían en duda la capacidad de los votantes rurales para participar en una elección. «Ha sido una decepción escuchar eso. Que nos digan que ni siquiera sabemos leer, que no sabemos llenar un acta», señala.

Flores reconoce que su generación enfrentó enormes barreras para acceder a la educación. «Nosotros no teníamos acceso a la educación. Las escuelas estaban muy lejos. Yo soy aymara y no sabía castellano. Tenía que caminar dos horas para ir a un colegio y aprender a leer y escribir», recuerda. Sin embargo, considera que esas dificultades históricas no pueden convertirse en argumentos para cuestionar sus derechos ciudadanos. «Eso no me quita el derecho a votar. Nosotros ya teníamos una decisión sobre por quién votar. ¿Por qué mi voto tendría que valer menos? ¿Acaso no tenemos el mismo DNI?», cuestiona.

Las palabras de Flores remiten además a una historia más amplia de exclusión educativa que ha marcado a generaciones de peruanos indígenas. Durante décadas, miles de niños y niñas quechuahablantes y aymarahablantes crecieron en territorios donde el acceso a la educación sigue siendo limitado y donde aprender castellano cuesta enfrentar sistemas educativos que no reconocen su lengua materna. Esta realidad alcanza a una parte importante de la población peruana. Según el Censo 2017, cerca de 4 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria, de las cuales más de 3,2 millones tienen al quechua como lengua materna y más de 434 mil al aymara. En ese contexto, cuestionar la capacidad de estas poblaciones para ejercer sus derechos políticos no solo desconoce una historia de desigualdades persistentes, sino que reproduce prejuicios que aún perviven en amplios sectores de la sociedad peruana.

Más allá de la identidad: la exclusión política

Para los defensores de derechos humanos, cuestionar la capacidad de determinados sectores para participar en elecciones tiene implicancias que trascienden el debate político coyuntural. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que los ataques dirigidos contra los votantes del sur andino —e incluso contra los de la Amazonía, quienes también enfrentan situaciones similares— revelan una dimensión menos explorada de la discriminación en el Perú. Si históricamente el racismo se ha expresado a través de estereotipos vinculados al origen, la lengua, la cultura o los rasgos físicos, hoy también puede manifestarse mediante el cuestionamiento de quiénes son considerados capaces de participar legítimamente en la vida política del país.

Pariona sostiene que este fenómeno debe empezar a entenderse como una forma de «racismo político», una expresión de discriminación que busca deslegitimar la capacidad de determinados ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones sobre el rumbo del país. «Ya no es un racismo que cuestiona únicamente lo étnico, lo cultural o las diferencias fenotípicas. Lo que está cuestionando es la capacidad política de las personas: su capacidad de discernir, de razonar, de elegir y de valorar a alguien que consideran que las representa», explica.
Pero la sospecha sobre las poblaciones andinas no se ha limitado al terreno electoral. Los discursos utilizados para cuestionar el voto de las regiones del sur guardan profundas similitudes con aquellos que, en distintos momentos, han servido para desacreditar las protestas sociales surgidas en esos mismos territorios.

Para el politólogo Paulo Vilca, no se trata de fenómenos distintos, sino de expresiones de una misma narrativa. «Por supuesto, es el mismo discurso», sostiene. Según explica, las categorías utilizadas para desacreditar el voto son prácticamente las mismas que se emplean para deslegitimar el derecho a la protesta: «Protestan porque son ignorantes. Protestan porque los financian los mineros ilegales o los bolivianos. Protestan porque son terroristas. Todas forman parte de la misma continuidad».

Detrás de este patrón, explica el especialista, subyace una misma lógica: negar la capacidad de agencia política de las poblaciones andinas a través de etiquetas de incapacidad o radicalismo. Estos adjetivos terminan cumpliendo una función similar: calificar la participación política de estos sectores no como el resultado de decisiones propias, sino como consecuencia de factores ajenos a su voluntad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, Pariona coincide en que los discursos que desacreditan el voto de las poblaciones históricamente olvidadas guardan relación directa con aquellos que, durante años, han servido para justificar respuestas represivas frente a la movilización ciudadana.

«Uno no está desconectado del otro. Las formas como se excluye parten por cómo ves al otro», señala. También se refleja en la forma en que el Estado ha respondido a distintas protestas ocurridas en el sur del país. Recuerda que en varios conflictos sociales se recurrió incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta y que las respuestas estatales estuvieron marcadas por un uso desproporcionado de la fuerza, una actuación que —afirma— difícilmente se habría producido de la misma manera en Lima o en ciudades del norte. «Todo está entretejido: cómo reprimes, cómo consideras al otro en la actividad política o cómo atiendes los programas sociales, entre otros aspectos», concluye.

El peso del centralismo y las brechas de representación

Para diversos actores sociales del sur, los cuestionamientos al voto de las regiones andinas no solo reflejan prejuicios persistentes, sino también una dificultad histórica para comprender las demandas y prioridades de territorios alejados de los centros de poder. Detrás de las dudas sobre determinadas decisiones electorales existe una relación aún marcada por el centralismo y por la persistente subordinación de las regiones en la toma de decisiones del país.

Esa es la lectura de Miguel Meza, dirigente social del Valle de Tambo, en Arequipa, quien considera que las reacciones frente al voto del sur evidencian los límites de un proceso de descentralización que no ha logrado reducir las brechas políticas entre Lima y las regiones. «En Arequipa siempre hemos sido personas revolucionarias. Incluso hemos planteado separarnos de Lima porque no existe una verdadera descentralización. Seguimos siendo olvidados», afirma. Para Meza, los resultados electorales expresan demandas y malestares acumulados que muchas veces son ignorados desde la capital. «Estos mensajes discriminatorios aparecen porque las élites que siempre aspiran al poder o quieren permanecer en él, no tienen sus votos ahí”, sostiene.

Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, articulación de más de 30 instituciones que defienden los derechos de las comunidades, considera que esta discusión también obliga a mirar las desigualdades que persisten detrás del proceso de descentralización. Si bien reconoce que existe un reclamo constante de las regiones frente a la concentración de decisiones en Lima, advierte que las brechas de representación no desaparecen al llegar a la capital. «Existe la demanda reiterada de la población de otras regiones sobre la preeminencia de Lima como el centro de las decisiones del país», señala.

Oscco advierte que esta situación no solo afecta a quienes permanecen en sus territorios de origen. Muchas de las personas que migraron a Lima buscando oportunidades que no encontraron en sus regiones también continúan enfrentando formas de exclusión. «En Lima tenemos una diversidad de identidades que, justamente al no encontrar oportunidades y atención en sus regiones, ha migrado hacia Lima, se asienta en zonas periféricas y sus voces y demandas tampoco son escuchadas», sostiene.

Añade que los discursos discriminatorios evidencian desigualdades históricas aún vigentes. «A pesar de su contribución a la cultura, la historia, las artes, el folklore o la gastronomía, los pueblos andinos, amazónicos y la población afroperuana no son considerados ciudadanos en categorías de igualdad humana», señala.

Una nueva generación frente a la polarización

Quienes con mayor frecuencia reclaman un cambio frente a estos discursos son precisamente los más jóvenes. Y no es un grupo menor. Según datos del RENIEC, para las elecciones de 2026, 6 millones 892 mil jóvenes entre 18 y 29 años estuvieron habilitados para votar, lo que representó el 25,2 % del padrón electoral nacional. De ellos, más de 2,5 millones acudieron por primera vez a las urnas.

Para una generación que se incorpora a la vida política en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y los cuestionamientos a la legitimidad de determinados votantes, la construcción de una convivencia democrática aparece como uno de los principales desafíos.

Desde el punto de vista de Ale Aranzábal, cusqueña de 25 años, recién egresada de Psicología e integrante del colectivo Resiste Marica, los mensajes que circularon durante la campaña constituyen una narrativa que la acompaña desde incluso antes de que cumpla la mayoría de edad para ejercer su derecho al sufragio. «No es algo que me sorprenda. Incluso antes de tener edad para votar recuerdo que se hacían comentarios diciendo que debían volver las esterilizaciones forzadas para quienes votaban por quien no era Keiko Fujimori», recuerda.

Frente a ello, considera que la respuesta pasa por fortalecer la participación de quienes históricamente han sido excluidos de la toma de decisión. «Las personas que somos quechuas, aymaras y mestizas vamos a seguir existiendo y tenemos muy claro que necesitamos seguir ocupando espacios nosotros mismos, porque si no nadie lo va a hacer», afirma.

Zesmeni Aguilar, con 24 años, considera que revertir estas dinámicas exige una mayor voluntad de inclusión desde quienes hoy ocupan cargos de representación. “Personalmente, todavía no veo una intención de integración entre peruanos y peruanas. Debe partir de los candidatos que ahora ya son senadores y diputados. Ellos deben dar el ejemplo para cambiar esta mentalidad clasista y racista, porque no se puede exigir deberes a la población si no se le brindan derechos”, afirma.

La campaña electoral de 2026 dejó al descubierto una discusión que atraviesa desde hace décadas la vida pública peruana. Cada vez que determinados sectores cuestionan la capacidad de las poblaciones andinas o amazónicas para elegir a sus representantes, participar en la política o movilizarse en defensa de sus demandas, no solo ponen en duda una decisión electoral, también revelan los límites de una democracia que todavía no termina de reconocer a todos sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos con igual capacidad para intervenir en el destino colectivo del país.

Los testimonios recogidos muestran que detrás de los ataques y estigmatizaciones existe algo más profundo que una disputa coyuntural entre candidatos o partidos. Persisten viejas jerarquías que establecen quiénes son considerados interlocutores legítimos y quiénes deben limitarse a obedecer decisiones tomadas desde otros sectores. En un país marcado por profundas desigualdades territoriales, sociales y culturales, la representación política sigue siendo también una disputa por el reconocimiento. No se trata únicamente de quién ocupa un cargo público, sino de quiénes son considerados dignos de ejercer poder, influir en las decisiones nacionales y ser escuchados sin que su origen, su lengua o el lugar donde viven se conviertan en motivo de descalificación.

Para Yolanda Flores Montoro, la respuesta frente a estos intentos de exclusión no pasa por el silencio ni por el repliegue, sino por participar de manera directa en los ámbitos donde se definen las decisiones que afectan a las regiones y a sus comunidades. “Nosotras vamos a entrar a esos espacios. Tiene que estar nuestra voz en esos espacios porque nosotras somos quienes estamos en los territorios, convivimos con agua envenenada y somos las que cuidamos la biodiversidad. Entonces, sí o sí tenemos que estar en esos espacios”. Puntualiza con firmeza.

En esta conversación, Espinoza analiza la relación entre el poder político y la administración de justicia, cuestiona la ampliación de la competencia del fuero militar policial para juzgar delitos cometidos contra civiles y expresa su preocupación por lo que considera un progresivo deterioro de los controles democráticos. A la vez, explica las acciones legales que ha iniciado tras su inhabilitación y expone las prioridades que busca impulsar desde el Colegio de Abogados de Lima.

Delia Espinoza ingresó al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Recuerda que ese día su familia le entregó una tarjeta de felicitación donde una de sus sobrinas escribió: “Tía, felicitaciones. De aquí hasta la Fiscalía de la Nación”. Hoy, insiste en que buscará regresar al Ministerio Público. “Mientras haya vida, siempre hay esperanza”.

Como abogada y como integrante durante tantos años del sistema de justicia, ¿recuerda alguna situación en la que el Poder Legislativo haya influido tanto en los asuntos de la justicia como ahora?

Respecto a la injerencia del Congreso, por supuesto que la he visto. Ingresé al Ministerio Público en 1996, durante la dictadura de los noventa, y esa influencia era evidente. Después, a partir del año 2000, se reveló con mayor claridad lo ocurrido en el Ministerio Público, incluida la persecución de actos de corrupción cometidos por la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, y por diversos fiscales que terminaron procesados penalmente. Todo eso fue consecuencia de una grave injerencia política del poder de turno para someter la justicia, buscando impunidad, blindaje y que la ley se aplicara para unos, pero no para otros. Esa situación no terminó en 2001, 2002 o 2003. La injerencia política también se ha materializado de otra manera: al Ministerio Público no se le ha otorgado el presupuesto que, de forma técnica y sustentada, solicita año tras año. ¿Quién determina ese presupuesto? El poder político, específicamente el Poder Legislativo. Generalmente se aprueba menos de la mitad de lo solicitado. El año pasado, por ejemplo, se otorgó apenas la quinta parte del presupuesto requerido.

Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia se debilita y comienza la persecución de operadores de justicia.

Ese debilitamiento impide contar con suficientes fiscales, asistentes, médicos legistas, peritos, personal especializado y logística para brindar una correcta administración de justicia. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. ¿Sabía usted que hay audiencias programadas hasta el año 2028? ¿Qué clase de justicia es esa?

Cuando los procesos demoran tanto, la verdad termina escapándose. El testigo ya no quiere acudir, fue intimidado o corrompido. El agraviado deja de creer en la justicia. Los peritos ya no recuerdan los hechos. Todo eso termina provocando el archivo de los casos.

Por eso la injerencia política es peligrosa. Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia no solo se debilita, sino que además comienza la persecución de operadores de justicia. Primero fueron los fiscales y ahora son los jueces, simplemente por hacer correctamente su trabajo, aplicar el control difuso o perseguir el delito.

Mientras tanto, otros fiscales, que tienen carpetas vinculadas a casos de cuello blanco, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, criminalidad organizada o nexos con corrupción política, permanecen en sus cargos. Parece que ese es ahora el requisito para mantenerse en funciones. Es el mundo al revés.

Pareciera que no existe forma de frenar esa injerencia del Poder Legislativo en el sistema de justicia. ¿Hay alguna manera de ponerle un límite a esta injerencia?

Hasta el 28 de julio, con el Congreso que tenemos, la situación es realmente muy grave. Este Congreso es el origen de todo lo que estamos comentando. Ha actuado en clara coordinación —por no decir contubernio— con la Junta Nacional de Justicia, que empezó conmigo cuando decidió apartarme con argumentos totalmente ridículos y continúa persiguiéndome. También está el Tribunal Constitucional, que ya ha mostrado su verdadera cara. Hablo de la mayoría de sus integrantes, porque considero que el magistrado Manuel Monteagudo es el único que mantiene una posición verdaderamente honorable. A ello se suma un defensor del pueblo que, en mi opinión, no defiende a nadie.

Con ese escenario institucional, lo único que queda es esperar pacientemente. Tengo esperanza en el nuevo Congreso. Además, dado que la señora Keiko Fujimori será la próxima presidenta. Ella tiene una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Si gobierna con una mirada democrática, respetando los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad, puede marcar una diferencia. Espero, además, que no pretenda retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque eso solamente lo hacen los Estados dictatoriales, no los democráticos.

Pero lo que usted plantea parece un acto de fe. El discurso que ha sostenido y el comportamiento de su bancada no parecen orientarse hacia ese camino.

Puede parecer así, pero hay un detalle importante. Las personas que votaron por ella no lo hicieron para tener un gobierno que concentre todo el poder ni para permitir abusos o arbitrariedades. La ciudadanía votó, sobre todo, porque está desesperada por recuperar la seguridad. Está cansada de las extorsiones, de los sicarios y de la delincuencia.

Pero también existe un enorme malestar porque muchos altos funcionarios del poder político nunca enfrentan verdaderas consecuencias legales. La ley se aplica con firmeza al carterista, al ladrón de celulares o al estafador. Sin embargo, cuando los delitos involucran a las más altas autoridades, la población percibe que no existen sanciones. Eso también espera la ciudadanía: que haya justicia para todos.

En nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Ahora bien, en nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Lo mismo ocurre hoy con la inseguridad ciudadana. La población no va a tolerar que empiecen a morir justos por pecadores ni que se gobierne con discursos de barrer o eliminar personas calificándolas de prevaricadores o enemigos. Eso no es democrático: siembra odio, polarización y discriminación. En esa línea, el Congreso aprobó en segunda votación la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal para que los hechos cometidos por militares o policías, incluso cuando ocurran en la vía pública o involucren lesiones o muertes de civiles, sean conocidos por el fuero militar policial. Desde mi punto de vista, esa norma es inconstitucional desde el inicio, porque vulnera el artículo 139, inciso 1, de la Constitución, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La función de juzgar corresponde al Poder Judicial. Excepcionalmente puede existir justicia arbitral o militar. La justicia militar existe para conocer delitos de función: por ejemplo, una deserción en un contexto bélico o durante el servicio militar. Pero un homicidio, unas lesiones o cualquier delito común cometido contra un civil no constituyen delitos de función. Cuando la víctima es un civil, ese caso no puede quedar sometido a la jurisdicción militar.

Desde el Colegio de Abogados, ¿hay algo que se pueda hacer para prevenir, anular o contrarrestar este tipo de leyes?

Sí. Lo primero, y ya lo he encargado, es emitir un pronunciamiento de total rechazo frente a esta evidente inconstitucionalidad. En segundo lugar, vamos a evaluar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, tengo dudas y desconfianza respecto al Tribunal Constitucional. Por eso esa decisión será evaluada con la Junta Directiva.

Existe una tercera alternativa que resulta más práctica, aunque no pueda impulsarse de inmediato porque el Congreso actual simplemente la archivaría: presentar un proyecto de ley ante el nuevo Congreso para derogar esta norma. Personalmente me inclino más por esa opción, porque una demanda de inconstitucionalidad podría significar perder tiempo y esfuerzos. Podrían mantenerla durante meses sin resolverla o darle la espalda, como ya ocurrió con la ley de lesa humanidad, la ley de extinción de dominio y otras normas similares.

Y, por supuesto, es fundamental que la ciudadanía permanezca alerta. Hay muchas formas de manifestarse: a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, mediante intervenciones públicas. La población debe ser una voz constante y vigilante, porque el poder pertenece a todos y el país también. Guardar silencio frente a estos riesgos termina siendo una forma de complicidad.

Pensemos, por ejemplo, en el caso del menor de Manchay, que murió con evidentes signos de tortura. Si esta ley llega a promulgarse, ese caso probablemente pasaría al fuero militar policial. Y eso es gravísimo. Incluso los procesos que actualmente ya se encuentran en trámite dentro de la justicia ordinaria podrían terminar siendo trasladados al fuero militar si el investigado plantea una contienda de competencia. Imagínese lo que ocurriría con los casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales. También pasarían al fuero militar los procesos por graves violaciones cometidas entre las décadas de 1980 y 2000, el caso del menor de Manchay, Cotabambas, los cinco jóvenes deportistas y muchos otros. Eso sería un verdadero descalabro.

Si esa norma finalmente entra en vigencia, creo que estaremos dando pasos muy serios hacia una dictadura. Por eso insisto en que el nuevo Congreso debe tomar una decisión firme y detener todo lo que se viene haciendo. Si las agrupaciones políticas que han logrado la reelección deciden continuar por el mismo camino, el país puede convertirse en una olla de presión.

Ante el escenario que usted describe, ¿cómo entiende hoy el rol de la decana del Colegio de Abogados?

Para mí representa una verdadera ráfaga de aire fresco, no solamente en lo personal, sino para todos los abogados. La votación que recibí fue muy amplia y la interpreto como un mensaje muy claro de mis colegas. Creo que el respaldo que recibí me brinda tranquilidad, confianza y seguridad para asumir este momento. Basta aplicar un razonamiento elemental para comprender qué significa defender la democracia: exigir separación de poderes, equilibrio, autonomía institucional, Estado constitucional de derecho y respeto por los derechos humanos.

Cuando alguno de esos elementos comienza a debilitarse, inevitablemente empezamos a desplazarnos hacia el otro extremo, que es la dictadura. ¿Y qué caracteriza a una dictadura? La arbitrariedad, los abusos, las persecuciones, la utilización del sistema judicial para perseguir selectivamente a determinadas personas, las desapariciones, las detenciones sin debido proceso. También desaparece la tolerancia. En democracia uno puede discrepar. Podemos discutir, pensar distinto e incluso hacerlo con intensidad. En una dictadura eso no existe. Se impone la voluntad del gobernante o del grupo que concentra el poder y quienes piensan diferente deben callar, exiliarse o desaparecer.

Por eso yo veo dos escenarios muy claros a partir del 28 de julio. El primero sería que se corrija buena parte de todo lo que se ha venido haciendo mal: que se deroguen las leyes que favorecen la impunidad, que se atiendan realmente los problemas de seguridad ciudadana, que se legisle mejor y que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad la defensa de la institucionalidad. Ese sería el escenario deseable.

El segundo escenario es que todo lo que este Congreso ha venido haciendo —y que considero actos preparatorios— continúe. Hace más de un año dije que los golpes de Estado ya no necesariamente requieren tanques en las calles. Hoy los golpes de Estado ocurren lentamente. Se va tomando el control de una institución, luego de otra, se van copando espacios de poder hasta cerrar completamente el círculo. Y creo que hoy prácticamente ese círculo ya está cerrado.

Si el nuevo gobierno decide continuar por ese mismo camino, el país terminará convirtiéndose en una olla de presión. Por eso ruego sinceramente que se produzca el primer escenario. Ojalá nos equivoquemos quienes hoy advertimos estos riesgos. Serán los hechos los que finalmente hablen.

Usted ocupa un cargo muy expuesto como el decanato del Colegio de Abogados y, si se concreta ese segundo escenario que usted describe, ¿no siente algún temor?

Sí, claro que existe preocupación. Pero hay algo muy importante: yo no estoy haciendo nada malo. No estoy enfrentándome a nadie por razones personales. No insulto ni critico sin fundamento. Todas las críticas que formulo están sustentadas estrictamente en el derecho. Cito los artículos de la Constitución, las convenciones internacionales y las normas aplicables. Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

¿Temor? Claro que existe. Pero mientras tenga la conciencia tranquila de que estoy trabajando por mi gremio y por el país, ese temor no puede paralizarme. También tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Por eso emitimos pronunciamientos y concedemos entrevistas como esta, porque debemos seguir haciendo pedagogía ciudadana. Es importante que la población comprenda cómo funciona el Estado, para qué sirve la Constitución y por qué es importante defenderla. Tenemos que seguir explicándolo y permanecer atentos frente a leyes como la que acaba de aprobar el Congreso.

Yo estoy tranquila porque estoy actuando en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, continúo impulsando mis procesos legales para regresar al Ministerio Público. No solamente como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, porque fui apartada de ese cargo de manera absolutamente irregular.

Ya se publicó oficialmente su inhabilitación. ¿Cómo recibe esa decisión? ¿Qué caminos legales le quedan? ¿Existen todavía instancias nacionales o solo queda acudir al sistema internacional?

Ya mismo presentamos la demanda de amparo. Ya estaba prácticamente lista, pero como durante el día se publicó oficialmente mi inhabilitación en el diario oficial, incorporamos ese nuevo hecho antes de presentarla. Mi abogado, el doctor Rodolfo Pérez, la presentó el mismo día. Voy a agotar absolutamente todas las vías internas. Así como antes logré que se declarara fundada una acción de amparo contra la primera inhabilitación, ahora vamos a cuestionar esta segunda decisión. Existen vulneraciones constitucionales y afectaciones a mis derechos fundamentales: al debido proceso, a la imparcialidad y a otras garantías.

¿Sabe a qué le tengo más miedo? A traicionar mis propias convicciones. Desde muy niña fui educada por mis padres —que fueron maestros— en el respeto por los valores, por la rectitud y por la integridad moral. Sé perfectamente que existen riesgos, y son riesgos importantes. Pero yo no le he hecho nada a nadie.

Jamás le he faltado el respeto a ningún político. En cambio, sí he recibido todo tipo de agravios. Me han dicho ignorante, que no doy la talla, que no sirvo para el cargo y muchas otras cosas. Las opiniones pueden existir. La difamación es otra cosa. Por eso me vi obligada a iniciar acciones legales contra el señor Rospigliosi, porque también tengo derecho a defender mi honor y mi dignidad frente a afirmaciones absolutamente falsas.

Y si esa acción de amparo no prospera, ¿el único camino sería acudir a instancias internacionales?

Exactamente. Primero debe agotarse toda la vía interna. Eso significa llegar hasta el Tribunal Constitucional. Una vez agotado ese camino, corresponde acudir al sistema internacional. Yo voy a seguir cada una de esas etapas. Siento que Dios me ha puesto en este camino. Tal vez por eso hoy estoy en el Colegio de Abogados. He encontrado muchísimo trabajo por hacer y me siento satisfecha con lo que estamos impulsando. También sé que estos procesos legales demoran. Lo único que espero es que no exista interferencia política en mis casos.

También confío en que el nuevo Congreso deberá llamar a rendir cuentas tanto a la actual Junta Nacional de Justicia como al Tribunal Constitucional. Ambas instituciones tendrán que explicar por qué han actuado como lo han hecho. Lo mismo ocurre con el defensor del Pueblo. Todos ellos deberán explicar por qué han dejado de lado la Constitución.

Pensaba justamente en ese escenario más complejo. Si se agotaran las instancias nacionales y, además, el próximo gobierno cumpliera con retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuáles serían los principales riesgos?

El mayor riesgo sería que las autoridades nacionales retrasen deliberadamente los procesos judiciales hasta que el retiro del Perú del Sistema Interamericano se concrete. Esa podría ser una maniobra. Según entiendo, ese procedimiento toma alrededor de dos años desde que se denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso estamos trabajando para que nuestros procesos avancen con la mayor rapidez posible. Necesitamos agotar la vía interna mientras el Perú todavía forme parte del sistema. Después ya no existiría otra posibilidad de acudir a una instancia internacional. Y solo quedaría esperar que, en algún momento, la democracia se recupere. Ojalá nunca tengamos que llegar a ese punto.

Si las circunstancias lo permitieran, ¿cuáles son las principales iniciativas que quisiera impulsar desde el Colegio de Abogados?

Lo primero sería insistir en la derogación de las llamadas leyes procrimen. Yo prefiero llamarlas leyes proimpunidad. Ese será uno de nuestros principales planteamientos.

También impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas. Tenemos esa atribución constitucional y queremos ejercerla.

Otro tema prioritario es la Constitución. Después de tantas reformas, considero que la Constitución de 1993 ha sido desfigurada. Se ha convertido en una especie de Frankenstein. Por eso creo que debe recuperarse el referéndum constitucional, para que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución. No puede ser que, después de que la ciudadanía rechazó la bicameralidad y la reelección en el referéndum de 2018, esos cambios terminarán aprobándose mediante mecanismos parlamentarios. Esas decisiones corresponden al soberano, no a 130 congresistas. Cuando no existe vocación democrática, la voluntad popular deja de importar.

Cuando empezó su carrera profesional, ¿qué buscaba? ¿Qué esperaba del Ministerio Público?

Ingresé al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Seis años después, en 2002, luego de concursar ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, obtuve la titularidad como fiscal provincial. Recuerdo que cuando ingresé como adjunta era un cargo provisional y podían retirarme en cualquier momento.

[Desde el CAL] impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas.

Pero desde ese primer día empecé a ilusionarme. Tenía muchos planes, muchas ganas de aportar al país, especialmente en la lucha contra la corrupción. Fui avanzando paso a paso. 

Cuando quedó vacante la Fiscalía de la Nación, postulé. Mis colegas me eligieron. Y, sinceramente, sentí que era la gran oportunidad de mi vida. Llegué con un programa de trabajo muy sólido, con muchas ideas y con enormes ganas de transformar la institución. Lamentablemente, ese proyecto quedó truncado. Eso es lo que más pena me produce. No tanto por mí. Me duele por el Ministerio Público, pues estábamos haciendo las cosas bien. Estábamos limpiando la institución, en el buen sentido de la palabra: retirando progresivamente a quienes no debían permanecer allí, siempre respetando el debido procedimiento. Sin embargo, todo volvió atrás. Todo regresó prácticamente a foja cero. Han retornado personas muy cuestionadas, con denuncias y antecedentes que todos conocen. Ese retroceso es lo que realmente me duele.

A pesar de todo eso, ¿usted sigue teniendo fe en el Ministerio Público?

Claro que sí. A las instituciones se les respeta y también se les puede querer. Las críticas deben dirigirse contra las malas personas, no contra las instituciones. No todos los fiscales son iguales. Hay muchos fiscales provisionales que trabajan con enorme dedicación. También hay fiscales titulares muy comprometidos.

Ahora bien, si hablamos de la actual Junta de Fiscales Supremos, mi opinión es distinta. Ahí considero que todos tienen responsabilidad. Creo que muchos han preferido preservar su zona de confort. Y yo sostengo que, si uno es fiscal o magistrado y no tiene el valor de defender la autonomía de su institución ni la independencia de sus colegas, entonces debería dedicarse a otra actividad. Hay quienes ingresan porque el sueldo resulta atractivo, pero la verdadera vocación es otra cosa. Cuando uno ama su profesión, la defiende. Cuando solo se ama la comodidad o la estabilidad, el compromiso institucional desaparece.

Aun así, sigo queriendo profundamente al Ministerio Público. Allí pasé los mejores años de mi vida profesional. Mantengo la convicción de que voy a regresar. Tarde o temprano voy a volver. Confío en que el Estado de derecho terminará imponiéndose.

En estas circunstancias, esa confianza es también un acto de fe

Absolutamente. Mientras haya vida, siempre hay esperanza. Tengo una familia maravillosa que nunca me ha soltado la mano. Y también recibo muchísimo cariño de la gente y ese cariño alimenta el alma. Da fuerzas para seguir adelante.

¿Ese respaldo no la anima a participar en política?

Hoy no lo tengo previsto. Quizá cuando me jubile, después de regresar al Ministerio Público. Nunca hay que decir nunca. Pero mi prioridad sigue siendo volver a la Fiscalía, terminar mi gestión en el Colegio de Abogados y continuar la defensa de mis derechos para regresar como fiscal de la Nación. Voy a hacer respetar ese derecho. Pase lo que pase.

Crímenes de guerra: definición fenomenológica – ontológica

El crimen de guerra es la violación grave del Derecho Internacional Humanitario (DIH) vinculada a un conflicto armado —internacional o no— que afecta a personas u objetos protegidos o usa medios o métodos prohibidos, con conocimiento del contexto y del estatus protegido. Exige: (i) conflicto; (ii) nexo; (iii) infracción específica del DIH; y (iv) culpabilidad conforme al tipo (Estatuto de Roma, art. 8; ICC, 2011). En conflictos no internacionales, el umbral se define por “violencia armada prolongada” y organización de actores, conforme a Tadić y al artículo 3 común (ICTY, 1995; ICRC, 2016). Este marco expresa límites racionales fundados en la dignidad: toda praxis se ordena a un fin (Aristóteles, EN I); la ley natural manda hacer el bien y evitar el mal (Tomás de Aquino, ST I-II, q. 94); y los bienes básicos fijan límites no negociables (Finnis, 2011).

Los crímenes de lesa humanidad son actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil conforme a la política de un Estado u organización; no requiere conflicto armado

Fenomenológicamente, se verifica en un horizonte bélico: organización de fuerzas, líneas de mando, ROE, objetivos y métodos de combate. No son hechos “privados”, sino conductas con huellas empíricas (órdenes, selección de blancos, trazas balísticas, georreferenciación, comunicaciones, trato a heridos/cautivos, patrones de ataque) que enlazan premisas verdaderas con reglas válidas (DIH y elementos del tipo) bajo el principio de razón suficiente: deben probarse umbral de conflicto, nexo, estatus protegido y norma infringida (ICC, 2011; ICRC, 2016). La culpabilidad exige conocimiento del contexto, y la responsabilidad de mando, control efectivo y medidas necesarias y razonables (Estatuto de Roma, art. 28; Bemba).

Desde una ontología teleológica, la causa material son los hechos base típicos descritos en el art. 8; la causa final es preservar a la persona y limitar racionalmente la violencia, conforme al mínimo humanitario del artículo 3 común (ICRC, 2016). Jurisprudencia como Lubanga concreta esa finalidad al proteger a niños soldados (ICC, 2014). En suma: contexto, nexo, infracción del DIH y culpabilidad configuran la esencia; la fenomenología ofrece sus indicios; la teleología remite a verdad, razonabilidad y justicia.

Crímenes de lesa humanidad: patrón, política y prueba

En sentido estricto, los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos —asesinato, exterminio, esclavitud (incluida la sexual), deportación/traslado forzoso, encarcelación, tortura, violación y otras violencias sexuales, persecución, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos de similar gravedad— cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento del ataque y conforme a la política de un Estado u organización; no requiere conflicto armado (Estatuto de Roma, art. 7; ICC, 2011). “Ataque” es un curso de conducta múltiple contra civiles; su carácter puede ser “generalizado” (escala) o “sistemático” (método/organización), bastando que el agente sepa que su conducta se inserta en ese contexto (ICTY, Kunarac, 2002; ICC, 2011). Ontológicamente, protege a la persona y a la comunidad frente a agresiones estructurales que niegan la condición humana; el contexto es la forma que transforma el hecho base en lesa humanidad.

Desde la filosofía del derecho que compartimos, el fundamento de esta categoría no es positivista-voluntarista, sino anclado en la naturaleza humana como fuente de normatividad práctica: el derecho, creación racional para la convivencia, se ordena a la verdad, el bien y la justicia; por ello, incluso fuera del campo de batalla, impone límites no negociables a la violencia estatal u organizada que instrumentaliza a los civiles. En Aristóteles, toda praxis es inteligible por su fin, que es un bien; en Tomás de Aquino, la ley natural —participación de la razón en el orden— impone hacer el bien y evitar el mal; y en la reelaboración contemporánea de Finnis, los bienes básicos y la razonabilidad práctica exigen estructuras institucionales que hagan imposible la normalización del mal contra poblaciones (Aristóteles, EN I; Tomás de Aquino, ST I-II q.94; Finnis, 2011). Esta teleología explica por qué el derecho internacional penal —al tipificar lesa humanidad— no castiga solo actos aislados, sino la política y el patrón que degradan a las personas a meros medios y quiebran la confianza pública que hace posible la vida civil.

Fenomenológicamente, la lesa humanidad “aparece” a la conciencia jurídica como patrones: series coordinadas de detenciones, deportaciones, violencias sexuales, desapariciones, bloqueos de servicios vitales o exterminio, ejecutados por aparatos estatales u organizaciones con capacidad de mando. Su modo de darse deja huellas empíricas que pueden ser descritas y verificadas: órdenes, manuales, memorandos, matrices de eventos, mapas de cadenas de mando, reglamentos internos, registros de custodia, bases de datos forenses y testimonios convergentes. En esa “intencionalidad” institucional —el dirigir la acción contra una población civil— radica el nexo que transforma cada homicidio o tortura en un fragmento del ataque. De ahí la importancia de construir el mundo-del-ataque (quién manda, cómo se planifica, con qué medios se ejecuta, qué objetivos se persiguen), y no sólo la cronología de hechos; los Elements of Crimes ofrecen la grilla para enlazar premisas verdaderas con reglas válidas sin saltos inferenciales (ICC, 2011).

En términos de causalidad metafísica aplicada a la dogmática, la causa material de la lesa humanidad son los hechos base típicos (asesinatos, torturas, violencias sexuales, deportaciones, desapariciones, etc.) verificados con evidencia robusta; la causa formal es el ataque generalizado o sistemático que les confiere su forma jurídica específica —pauta organizativa y política—; la causa eficiente se identifica tanto en los autores inmediatos como en quienes, desde posiciones de poder real, organizan, dirigen o contribuyen significativamente al ataque (autoría mediata por aparato organizado, coautoría funcional, o contribución con conocimiento del contexto, según el caso y el foro); y la causa final es la protección de la dignidad humana y de la comunidad política frente a la destrucción planificada, restableciendo la justicia mediante la verdad de los hechos y la racionalidad de las inferencias judiciales (Aristóteles, EN I; Finnis, 2011). Esta teleología explica, además, la imprescriptibilidad práctica, la prohibición de amnistías autoexculpatorias y el rechazo de fórmulas que niegan investigación y sanción de graves violaciones.

Metodológicamente, calificar lesa humanidad exige: (i) fijar el ataque (curso de conducta, su escala o sistematicidad, sus víctimas civiles, su política organizacional), (ii) situar cada acto en ese contexto con un nexo descriptible (temporal, geográfico, funcional), (iii) identificar el acto subyacente del artículo 7 y sus elementos objetivos y subjetivos, (iv) establecer la responsabilidad individual con teoría del caso coherente (incluida la responsabilidad de superiores cuando corresponda, conforme a los parámetros de la CPI), y (v) motivar con razón suficiente: premisas verdaderas, inferencias válidas y descarte de hipótesis alternativas plausibles. El control lógico es indeclinable: atrocidad moral sin patrón no es lesa humanidad; suma de hechos sin estructura tampoco. La convergencia probatoria —documentos, patrones estadísticos, testimonios corroborados, pericias y trazabilidad de decisiones— es lo que hace epistémicamente legítima la subsunción (ICC, 2011; Schabas, 2018; Cassese, 2013).

Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad

La imprescriptibilidad de los crímenes internacionales más graves —guerra y lesa humanidad— no nace de la conveniencia política ni de la voluntad del legislador contingente, sino de un fundamento previo: la naturaleza humana como fuente de normatividad práctica. Si el derecho es, en última instancia, razón ordenada a la verdad, el bien y la justicia, su causa final impone límites inderogables aun frente al poder bélico o estatal. La filosofía clásica realista ya lo intuía: toda praxis es inteligible por su fin (Aristóteles), la ley injusta que destruye bienes básicos no obliga in foro conscientiae (Tomás de Aquino), y la razón práctica reclama estructuras que protejan la vida, la integridad y la sociabilidad (Finnis). En ese horizonte, Núremberg fue un punto de giro: cuando el “derecho” positivo pretendía blindar el mal, los jueces apelaron a principios reconocibles por toda razón práctica —la humanidad como límite—, mostrando que extrema injusticia no es derecho (fórmula de Radbruch) y que la legalidad material precede a la literalidad normativa.

La lesa humanidad “aparece” a la conciencia jurídica como patrones: series coordinadas de detenciones, deportaciones, violencias sexuales, desapariciones, bloqueos de servicios vitales o exterminio, ejecutados por aparatos estatales u organizaciones con capacidad de mando.

Este fundamento no se opone a la juridicidad positiva: la causa formal de estas categorías se expresa hoy como ius cogens y obligaciones erga omnes, la causa eficiente en la comunidad internacional que crea tribunales y tipifica (Estatuto de Roma, convenciones, costumbre), y la causa material en los hechos base (asesinatos, torturas, desapariciones, deportaciones, violencia sexual) cuyo patrón les confiere la cualidad de crímenes contra la humanidad o de guerra. Así se responde a la objeción de retroactividad: cuando se sanciona, no se inventa un mal ex post, sino que se reconoce —con lenguaje positivo— una prohibición ya exigible por la razón práctica y por la costumbre anterior, hoy cristalizada en normas perentorias. La imprescriptibilidad no es, entonces, capricho punitivo sino la consecuencia lógica de tres notas: (i) ofensa radical a bienes básicos; (ii) quiebre estructural de la comunidad política; (iii) necesidad de verdad y justicia como condiciones de posibilidad del orden jurídico. Por eso, amnistías autoexculpatorias o prescripciones que desnaturalizan la verdad y el bien común son inválidas: contradicen el fin del derecho y la jerarquía normativa que positiviza ese fin.

Fenomenología probatoria y razón suficiente

Ambas figuras “aparecen” en matrices empíricas verificables: órdenes y partes operativos, reglas de enfrentamiento, selección de blancos y ventaja militar, comunicaciones y registros, georreferenciación, patrones de victimización, trato a personas protegidas y pericias forenses. El principio de razón suficiente exige enlazar premisas verdaderas (hechos reconstruidos con métodos confiables) con reglas válidas (DIH y Estatuto) para legitimar la subsunción y evitar saltos inferenciales (ICC, 2011). La prueba del contexto (conflicto o ataque), del nexo y del estatus protegido es la bisagra que convierte hechos graves en crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Ley Nº 32107: crítica lógico – hermenéutica y control de convencionalidad

La categoría penal internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad no es un accidente de la técnica legislativa ni un “tipo opcional” disponible al vaivén de mayorías efímeras. Es la explicitación, en derecho positivo, de límites que la razón práctica reconoce como inderogables por anclarse en la naturaleza humana y en su teleología propia—verdad, bien y justicia. Desde Aristóteles, toda praxis se entiende por su fin; desde Tomás de Aquino, la ley natural (participación de la razón en el orden) manda realizar el bien y evitar el mal; en la reelaboración contemporánea, Finnis muestra que los bienes básicos y la razonabilidad práctica exigen estructuras jurídicas que impidan la normalización del mal (vida, integridad, sociabilidad), incluso cuando el poder estatal o paraestatal pretende instrumentalizar a las personas. En el plano jurídico, Dworkin recuerda que el derecho no se agota en reglas votadas, sino que incorpora principios que, en su “mejor luz”, confieren coherencia moral a la práctica jurídica; Fuller, por su parte, muestra que hay una “moral interna del derecho” sin la cual la legalidad colapsa; y Radbruch formula que, allí donde la injusticia se vuelve extrema, la ley deja de ser derecho. Sobre ese doble anclaje—fundamento iusnatural y articulación positiva—descansan tanto la tipificación de Roma (arts. 7–8) como la imprescriptibilidad convencional.

Frente a este trasfondo, la Ley peruana N.º 32107 “que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” adopta un encuadre que desnaturaliza el fundamento último de estas categorías. Aunque su artículo 1 invoca el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad, su diseño práctico consagra la lectura más restrictiva posible de legalidad/irretroactividad y, en los hechos, habilita efectos extintivos por prescripción para hechos anteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú, como si la perentoriedad de las prohibiciones dependiera de un calendario interno y no de su carácter de ius cogens y obligaciones erga omnes. Ello confunde el límite temporal de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con la existencia y fuerza jurídica de prohibiciones ya vigentes en el derecho internacional consuetudinario y convencional. La propia Convención de 1968 proclama la imprescriptibilidad de estos crímenes “cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”, y su vigencia para el Perú consta en registros oficiales.

El desplazamiento hacia un voluntarismo legislativo—según el cual es la “voluntad del poder” la que decide qué cuenta como derecho y cuándo deja de serlo—no solo contradice la filosofía práctica que funda estas categorías; también choca con la arquitectura interamericana que invalida amnistías, prescripciones o equivalentes destinadas a bloquear la investigación y sanción de graves violaciones. En Barrios Altos y La Cantuta, la Corte IDH estableció que medidas normativas orientadas a impedir verdad y justicia carecen de efectos jurídicos en el orden interno por incompatibilidad con la Convención Americana. Reconciliación, en este horizonte, no significa clausura punitiva ni olvido; significa verdad, reparación integral y sanción proporcionada—precisamente lo que se frustra cuando se positiviza una cronología que pretende “apagar” lo imprescriptible.

La lección de Núremberg sigue vigente: cuando la literalidad normativa pretende blindar el mal, el juez no “salta” al vacío, sino que vuelve a los primeros principios que justifican al derecho como práctica racional y, desde allí, reconoce y aplica normas superiores ya operativas—entonces consuetudinarias y hoy además codificadas—para restaurar el orden moral y jurídico quebrado. El Estatuto de Roma y la doctrina penal internacional (Cassese, Schabas) han depurado esa gramática: el telos de estas categorías es proteger a la persona y a la comunidad frente a ataques generalizados o sistemáticos y frente a violaciones graves del ius in bello; su causa formal positiva es hoy el ius cogens y la convencionalidad; su causa eficiente institucional es la comunidad internacional que crea tribunales y tipifica; su causa material son los hechos base (asesinatos, torturas, desapariciones, deportaciones, violencias sexuales) inserto en patrones; y su causa final es la realización práctica de la justicia mediante verdad y responsabilidad. Cualquier lectura doméstica que reduzca este andamiaje a un problema de fechas o voluntades parlamentarias abdica de la idea misma de derecho como razón pública.

Por ello, la consistencia teórico-práctica exige un modelo de doble anclaje: (i) fundamento iusnatural (dignidad como bien básico; razón práctica; causa final del derecho) y (ii) positivación perentoria (Convención de Imprescriptibilidad; Estatuto de Roma; práctica estatal consolidada) que impiden al legislador convertir la justicia penal internacional en un “don del poder”. La Ley 32107, aun invocando los instrumentos correctos, se orienta en sentido inverso: re-subordina lo perentorio a la voluntad y al calendario. El control de convencionalidad—judicial y administrativo—debe corregir ese desvío: no por activismo, sino por fidelidad a los principios que hacen que el derecho sea algo más que mandato; que sea razón al servicio de la humanidad herida.

Imprescriptible por su esencia: contra la lectura prospectiva de la Convención

Sostener que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad solo rige para hechos posteriores a su entrada en vigor interna es una interpretación antojadiza que contradice el texto, el objeto y la finalidad del tratado. El artículo I es inequívoco: “no se aplicará prescripción… cualquiera que sea la fecha de su comisión”. Una lectura “prospectiva pura” vacía ese comando, invierte su teleología (prevenir impunidad por el paso del tiempo) y desconoce que la imprescriptibilidad se proclamó frente a crímenes cuya gravedad trasciende calendarios nacionales. Interpretar de buena fe conforme al sentido ordinario de las palabras, en su contexto y a la luz del objeto y fin (art. 31 de la Convención de Viena), conduce a la misma conclusión; y la regla de no retroactividad (art. 28) cede cuando el propio tratado muestra una intención distinta, que aquí está explícita. Por tanto, usar el artículo 28 para limitar lo que el artículo I declara “irrespective of the date” es un falso conflicto normativo.

La categoría penal internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad es la explicitación de límites que la razón práctica reconoce como inderogables por anclarse en la naturaleza humana […] Los bienes básicos y la razonabilidad práctica exigen estructuras jurídicas que impidan la normalización del mal, incluso cuando el poder estatal o paraestatal pretende instrumentalizar a las personas.

En el plano interamericano, la tesis “prospectiva” choca con precedentes que proscriben amnistías, prescripciones o equivalentes que impidan investigar y sancionar graves violaciones: Barrios Altos y, luego, Almonacid Arellano y Gelman fijan que tales obstáculos carecen de efectos jurídicos internos frente a las obligaciones internacionales del Estado. La ratio es clara: en crímenes que lesionan la humanidad, la jurisdicción interna no puede reinstalar por vía interpretativa lo que el derecho internacional expulsó por contrariar la justicia y la dignidad humana. Reconciliación en este marco no es clausura, sino verdad, reparación y sanción; y subordinar la imprescriptibilidad a un hito formal doméstico equivale a permitir que el tiempo neutralice el deber de justicia.

Desde una perspectiva lógico-hermenéutica, la lectura “solo después de la entrada en vigor interna” vulnera el principio de identidad y la razón suficiente: lo que es imprescriptible según la Convención no deja de serlo porque el Estado fije un calendario; y si se pretende esa excepción, ¿cuál es la razón bastante que la justifique a la luz del objeto y fin del tratado? No basta invocar “legalidad” o “irretroactividad” en abstracto, porque la Convención precisamente quiso sustraer estos crímenes a la lógica del tiempo. En derecho positivo, además, el propio registro internacional confirma la adhesión del Perú a la Convención, y la interpretación conforme exige armonizar el orden interno con ese estándar, no revertirlo. Una hermenéutica que subordine lo perentorio a la voluntad coyuntural reconduce el derecho a un voluntarismo incompatible con la idea de normas superiores (ius cogens y obligaciones erga omnes) que vinculan al Estado más allá de su cronología doméstica.

Identidad normativa y razón suficiente

La identidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad no es creación del legislador peruano ni etiqueta disponible al voluntarismo: surge de un doble anclaje, iusnatural (dignidad, razón práctica orientada a verdad-bien-justicia) y perentorio internacional (Estatuto de Roma, Convención de 1968, jurisprudencia). La Ley N.º 32107 colisiona con el principio de identidad y con la razón suficiente: lo que es crimen internacional por su forma contextual (ataque generalizado/sistemático o nexo con conflicto) y su contenido típico no puede dejar de serlo por mera voluntad interna sin incurrir en contradicción. Tampoco ofrece un porqué normativo bastante para vaciar su perentoriedad: invocar calendario interno o conveniencia coyuntural es insuficiente frente al ius cogens y a las obligaciones erga omnes. La Convención de 1968 establece imprescriptibilidad “cualquiera sea la fecha”, y el Estatuto y sus Elements of Crimes fijan la forma sin admitir relativizaciones domésticas; confundir la competencia temporal de la CPI con la vigencia de las prohibiciones en el derecho general convierte lo perentorio en optativo.

El control de convencionalidad exige “decir de lo que es, que es”: estas categorías valen en el derecho internacional, no por decreto local. Subordinarlas a la voluntad legislativa implica petición de principio. La línea interamericana (Barrios Altos, La Cantuta) proscribe amnistías, prescripciones o equivalentes que bloqueen verdad, reparación y sanción. En teoría del derecho, Dworkin (principios), Fuller (moral interna) y Radbruch (injusticia extrema) se articulan con Aristóteles, Tomás de Aquino y Finnis: el derecho no es don del poder, sino razón pública. El correctivo no es activismo, sino fidelidad a fuentes superiores: aplicar imprescriptibilidad y control de convencionalidad como exigencias de identidad, de razón suficiente y de justicia.

Conclusiones

• Naturaleza Iusnaturalista y Perentoria: Los crímenes de guerra y de lesa humanidad poseen una identidad normativa cuyo fundamento último se arraiga en principios iusnaturalistas —la dignidad humana, los bienes básicos y la razón práctica orientada a la justicia— y no en la voluntad contingente de un legislador. Esta naturaleza se expresa en el derecho positivo como normas de ius cogens y obligaciones erga omnes, que son inderogables.

• La Imprescriptibilidad como Consecuencia Lógica: La imprescriptibilidad de estos crímenes es una consecuencia necesaria de su esencia. No se trata de una mera política punitiva, sino de una exigencia de justicia derivada de la gravedad objetiva del hecho, que lesiona a la humanidad en su conjunto y quebranta los fundamentos de la comunidad política. Por ello, la Convención de 1968 los declara imprescriptibles «cualquiera que sea la fecha» de su comisión.

• Incompatibilidad de la Ley 32107: La Ley Peruana N.º 32107, al subordinar la imprescriptibilidad a un «calendario interno» y a una lectura formalista del principio de legalidad, desnaturaliza por completo la lógica del Derecho Internacional. Su interpretación de que la Convención solo rige prospectivamente constituye una lectura voluntarista que invierte la ratio del tratado y vacía de contenido el carácter perentorio de las prohibiciones.

• Ineficacia por Control de Convencionalidad: Frente a esta incompatibilidad, el control de convencionalidad —con sustento en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos, La Cantuta, Gelman)— se erige como el mecanismo jurídico idóneo y obligatorio para declarar la inaplicación de los efectos extintivos de la Ley 32107. Esta corrección no es activismo judicial, sino fidelidad a las obligaciones internacionales del Estado Peruano y a los principios superiores del orden jurídico.

• Conclusión Final: El derecho no puede reducirse a un producto de la voluntad política. Como práctica racional orientada al bien común, su causa final es la realización de la justicia. La Ley 32107, al pretender que el paso del tiempo otorga inmunidad por crímenes que, por su esencia, no pueden prescribir, no solo viola el Derecho Internacional, sino que traiciona la misma idea de derecho como razón pública al servicio de la humanidad y la verdad.

Referencias

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Bustíos viajaba en motocicleta junto a su colega Eduardo Rojas Arce cuando ambos fueron interceptados por una patrulla del Ejército peruano. Rojas logró huir pese a resultar herido, mientras que Bustíos fue alcanzado por disparos. Según la investigación judicial, cuando aún se encontraba con vida, los militares colocaron una granada sobre su cuerpo, provocándole la muerte.

Tras su asesinato, su esposa, Margarita Patiño, y sus hijos asumieron un papel central en la defensa de su memoria y en la búsqueda de justicia. Durante más de tres décadas impulsaron acciones legales, acompañaron el proceso judicial y mantuvieron vigente el recuerdo de Hugo Bustíos frente a los intentos de impunidad y olvido. Su perseverancia fue determinante para que el caso continuara siendo investigado y para que los responsables fueran finalmente llevados ante la justicia.

Paralelamente a esta lucha, la familia ha conservado diversos objetos personales de Bustíos que hoy constituyen importantes testimonios materiales de su vida y trayectoria profesional. Entre ellos se encuentran la camisa que llevaba puesta el día de su asesinato, su cámara fotográfica y su máquina de escribir. Estas pertenencias no solo evocan su historia personal, sino también su labor como periodista de Caretas, ejercida en una de las etapas más violentas de la historia reciente del Perú.

Por este crimen, el Poder Judicial condenó en 2007 al exmilitar Víctor La Vera Hernández como coautor del asesinato. Asimismo, en abril de 2023, el exministro del Interior y excongresista Daniel Urresti Elera fue condenado a 12 años de prisión como coautor del homicidio, al determinarse que en 1988 se desempeñaba como oficial de inteligencia de la base militar de Castropampa, en Huanta.

Sin embargo, en 2024, el Congreso peruano aprobó la Ley N.º 32107, que establece la prescripción para crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta norma podría favorecer la impunidad en numerosos casos, entre ellos el caso Bustíos, cuya condena contra Urresti fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) dejó cerca de 69 mil víctimas fatales y desaparecidas. Diversas organizaciones han señalado que la nueva legislación podría afectar más de un centenar de casos con sentencia firme y cientos de procesos aún en trámite por violaciones a los derechos humanos.