Como ya se había visto en ocasiones anteriores, la Policía tuvo una reacción violenta y desmedida contra los manifestantes, quienes tuvieron que enfrentar ataques con gases lacrimógenos, perdigones, golpes y detenciones arbitrarias. El resultado de esta violación del derecho a la protesta del 15 de octubre fue la muerte de Eduardo “Trvko” Ruiz y 120 personas heridas, incluyendo a 3 menores de edad y, al menos, 11 periodistas. El lente de Aldair Mejía, reconocido fotógrafo peruano, retrata momentos vividos ese 15 de octubre, en los cuales se evidencian la violencia y la resistencia de los manifestantes. Tras el fallecimiento de Eduardo “Trvko” Ruiz, decenas de personas salieron a las calles a modo de homenaje y vigilia, para rendir tributo al ciudadano que salió a protestar y no volvió a casa. Estas fotografías representan visualmente la convulsa situación social y política que atraviesa nuestro país, a puertas de una nueva temporada electoral.

Aprovechando su visita y su amplio conocimiento sobre Latinoamérica y sobre el Perú, surgió esta conversación en la que aborda, más allá del tema criminológico, la fragilidad de nuestra democracia.

Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México; es director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Profesor Buscaglia, usted conoce el Perú desde hace varias décadas. En este tiempo ha visto de cerca nuestra fragilidad democrática. Hoy, en vísperas de nuevas elecciones, ¿cómo percibe el panorama?

Perú es un país lleno de claroscuros institucionales. Por un lado, existen instituciones que están a la altura de las europeas, como el Banco Central de Reserva, que ha mantenido políticas técnicas y monetarias admirables: estabilidad inflacionaria, estabilidad de tasas de interés, manejo económico sólido incluso en medio de terremotos políticos. Es notable que un país con tanta inestabilidad política haya conservado una estabilidad económica tan envidiable, sobre todo si lo comparamos con Argentina o Venezuela.

Pero, por otro lado, tienen un problema gravísimo: pésimas prácticas de control de calidad de la clase política que llega al poder. Y, por supuesto, Perú no está solo en esto. Muchos países padecen cánceres de corrupción, abusos de autoridad y fallas de representatividad democrática. El origen de esos males está en la ley electoral.

El sistema electoral peruano comparte defectos con México y Argentina. Allí, como aquí, las candidaturas se eligen “a dedazo”, por decisión de caciques partidarios, jefes políticos o presidentes. Ese sistema no solo es antidemocrático, sino que abre las puertas a que la delincuencia organizada infiltre las listas. Empresas que buscan contratos públicos o leyes favorables —como Odebrecht, que ha hecho daño en media región— encuentran en esas listas cerradas un terreno fértil.

Cuando las candidaturas dependen del beneplácito de un jefe partidario, es mucho más fácil que quienes representen intereses criminales entren al sistema. En cambio, países como Francia o Chile tienen listas abiertas, con primarias internas auditadas. Allí, las precandidaturas se ganan conquistando votos de los miembros del partido, no besándole el anillo a nadie. Y además deben auditarse patrimonios y gastos de campaña, lo que reduce la infiltración criminal.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene otros problemas —especialmente el financiamiento corporativo de campañas—, pero su sistema abierto permite que personas como Alexandra Ocasio-Cortez pasen de trabajar como mesera a convertirse en diputadas gracias al voto popular. No al dedazo. El Perú necesita una reforma así. No hará que entren santos, pero sí que entre gente normal, sin vínculos con redes criminales, gente que quiere trabajar por el país. Mientras eso no ocurra, la delincuencia organizada seguirá colocando a sus candidatos. Y cuando digo “delincuencia organizada”, no hablo solo de narcotraficantes con pistolas, sino de empresarios que compran decisiones del Estado, que capturan políticas públicas y licitaciones. 

Entonces, esa reforma es clave para terminar con la inestabilidad política causada por corrupción y abuso de autoridad. El Perú ha sido un caso constante en las noticias internacionales por esos motivos.

Muchos países padecen cánceres de corrupción, abusos de autoridad y fallas de representatividad democrática. El origen de esos males está en la ley electoral.

Y por la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos diez años.

Sí, pero, aunque parezca paradójico decirlo, dentro de este panorama hay algo positivo: las instituciones judiciales peruanas reaccionan. Reaccionan mal, imperfectamente, con sesgos, pero reaccionan. En México, por ejemplo, no reaccionan. Allí existen casos de corrupción obscenos, incluso de presidentes o ministros de seguridad, y el sistema simplemente los protege. Yo denuncié a un ministro mexicano en 2007 y fueron las autoridades estadounidenses quienes finalmente lo detuvieron… nueve años después. El sistema mexicano nunca actuó. En el Perú, en cambio, hay reacciones. Desordenadas, sí; caóticas, sí, pero las hay. Y eso, dentro de lo malo, es bueno. No siempre son mafiosos quienes gobiernan; algunos son simples abusadores del poder. En México o Rusia la impunidad es estructural. En Perú los demonios se enfrentan, aunque sea imperfectamente.

E insistiré en que lo que corresponde ahora es atacar la raíz del problema: reformar la ley electoral para mejorar la calidad de la representación. La profesora Susan Rose-Ackerman, de Yale, con quien tuve la fortuna de formarme, demostró empíricamente que sistemas como el peruano atraen corrupción y crimen organizado; y que los sistemas con listas abiertas, primarias auditadas y competencia interna real atraen mejor gente, oxigenan la política y reducen la captura criminal. Nosotros replicamos esa hipótesis en muchos países y ayudamos a implementar reformas. Los resultados fueron claros: la delincuencia organizada lo tiene mucho más difícil para penetrar el Estado. Incluso casos similares a Odebrecht tuvieron menos margen. Lo hemos visto en 13 países, incluyendo Mozambique. 

Usted señala acertadamente que el Perú no es el único país con problemas de inestabilidad política y corrupción. Pero que varios países de la región atraviesen crisis simultáneas tiene también un efecto continental. Se han debilitado los proyectos regionales y la colaboración entre países. ¿Cómo podemos medir los efectos de esta crisis latinoamericana transnacional?

Esto de la cooperación interregional, internacional es un asunto importante. Empiezo por resaltar lo siguiente: Las leyes internacionales que combaten estos grandes cánceres —la delincuencia organizada, la corrupción pública y privada, el lavado de dinero— ya existen, y Perú las ha ratificado como un país soberano. Es decir, son ley peruana. Y no solo peruana: esas mismas leyes internacionales han sido aprobadas por más de 140 países. Por lo tanto, las reglas para combatir el crimen organizado y la corrupción son prácticamente las mismas en todo el mundo.

Esto es crucial porque las redes criminales no operan dentro de un solo país. La delincuencia organizada que vemos en Perú también está activa en 17, 18 o hasta 20 países. Cada vez que mi equipo y yo analizamos una causa penal en Perú, encontramos exactamente eso: la misma red, los mismos miembros, los mismos flujos criminales replicados en múltiples jurisdicciones. Por eso debería existir cooperación automática entre esos países para desmantelar estas redes transnacionales. Pero, lamentablemente, esa cooperación casi no existe. Ni los jueces peruanos ni los norteamericanos —ni muchos otros— tienden a colaborar internacionalmente, salvo que se les obligue. Muchas veces los países nos llevan de manera filantrópica precisamente para destrabar esa coordinación. 

Es aquí donde entran las leyes de la ONU: la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas están plenamente vigentes en Perú, en Argentina y en toda la región. Estas leyes no sólo autorizan la cooperación: la explican paso a paso. Dicen cómo coordinar, con quién coordinar, qué información compartir, en qué instancias hacerlo y bajo qué protocolos. Son extremadamente específicas. El problema es que casi no se usan.

Y quiero subrayarlo: estas no son leyes “impuestas” por burócratas de la ONU. Eso es una caricatura. Fueron redactadas palabra por palabra por las delegaciones de los más de 140 países firmantes. Perú estuvo ahí, enviando a un juez, a un fiscal y a un diplomático que contribuyeron técnicamente al texto final. Bolivia hizo lo mismo, Argentina hizo lo mismo, China también. Cada país llevó sus mejores prácticas para integrarlas al cuerpo normativo internacional. Así nacieron estas convenciones.

Lo que falta es un mecanismo que presione a los jueces a aplicar su propia ley. No hablamos de una norma externa: es una ley aprobada por los congresos nacionales. Si se aplicaran de manera consistente las convenciones de la ONU, la cooperación internacional que usted menciona sería no solo posible, sino inevitable. Y los efectos transnacionales de la crisis latinoamericana podrían enfrentarse con herramientas que hoy ya existen, pero que la región no se decide a usar.

Mis trabajos empíricos, recopilados durante casi treinta años, muestran algo muy claro: cuando se aplican los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada colapsa.

Resulta difícil para la ciudadanía entender esta falta de cooperación, en tanto de pronto se torna evidente que este vacío facilita la falta de acción contra el crimen internacional transnacional.  Dado que la ONU no puede sancionar a los países, ¿hay algún mecanismo externo que reactive la voluntad de cooperación?

La experiencia internacional muestra que existen dos grandes tipos de presión capaces de reactivar la cooperación contra el crimen transnacional. El primero es la presión social interna, y el segundo es la presión internacional generada por las investigaciones periodísticas. Cuando estos dos factores se combinan, los países comienzan a aplicar con mayor rigor las prácticas antimafia que ya existen en el derecho internacional.

Pongamos un ejemplo: si un funcionario roba dinero en su país y lo deposita en otro —un político peruano que envía fondos ilícitos a Francia, o un funcionario del Congo que envía cientos de millones a Suiza—, las convenciones de la ONU contra la corrupción permiten activar los mecanismos de recuperación de activos robados. Pero ese proceso casi siempre empieza porque la sociedad del país afectado presiona. La indignación social —esa presión que va de abajo hacia arriba— obliga a que los gobiernos y los sistemas judiciales respondan.

La segunda presión viene del periodismo transnacional. El caso de los Panama Papers es emblemático: más de cien periodistas de diferentes países revelaron cómo miles de personas ocultaban dinero robado en empresas pantalla en las Islas Caimán. La exposición pública de esos nombres generó presiones internacionales muy fuertes. Esa presión —que señalaba beneficiarios, cuentas, movimientos— obligó a que países europeos y americanos reaccionaran, y permitió que naciones como Brasil recuperaran activos que habían sido enviados al exterior, como ocurrió en el caso Odebrecht.

Cuando la gente sale a la calle, como ocurrió recientemente en Ciudad de México, paraliza simbólicamente al país y exige respuestas. Y cuando el periodismo investigativo internacional expone nombres y apellidos, países y cuentas, la presión se duplica. Sin esas presiones es muy difícil que la cooperación judicial internacional funcione. Y es indispensable que funcione, porque sin coordinación entre jueces y fiscales de distintos países no hay manera de desmantelar redes criminales transnacionales.

Permítame citar a Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos. Al salir de la Convención Constituyente, una mujer le preguntó: “Dr. Franklin, ¿qué tipo de gobierno nos van a dejar?” Él respondió: “Una república, señora, si ustedes saben conservarla”. Esa frase sigue vigente: los ciudadanos deben movilizarse, apropiarse de la república, tomar cartas en el asunto. En paralelo, los periodistas deben trabajar en consorcios, nunca solos —porque investigar solo, en estos temas, significa exponerse demasiado—. Cuando los nombres salen a la luz, cuando se documenta quién robó, a dónde envió el dinero y cómo lo ocultó, los países ya no pueden mirar hacia otro lado. Es en esos momentos cuando empiezan a usar las leyes de la ONU que tienen a su disposición.

Mis trabajos empíricos, recopilados durante casi treinta años, muestran algo muy claro: cuando se aplican los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada colapsa. Colapsa porque pierde sus activos; y sin activos no puede operar. Sin galpones, sin vehículos, sin edificios, sin cuentas bancarias, estas redes simplemente no pueden funcionar. Y esos decomisos masivos solo se logran mediante cooperación internacional: jueces, fiscales, unidades financieras y hasta Interpol trabajando juntos.

Hay otro elemento clave: las políticas de acceso a derechos humanos. A veces se cree que los derechos humanos son un discurso, pero no. Son bienes y servicios concretos sin los cuales no se puede sobrevivir, como el acceso al agua, a la salud, a la vivienda. Son 58 los bienes básicos definidos por el derecho internacional. Cuando el Estado no garantiza esos bienes —como ocurre en regiones de México o en partes del Perú donde no hay agua potable—, la delincuencia organizada ocupa ese vacío, captura el tejido social cuando la gente está desesperada por sobrevivir y no tiene acceso a esos bienes y servicios esenciales.

Por eso insisto en que las buenas políticas de derechos humanos son también políticas antimafia. Y sin esa combinación —presión social, periodismo internacional y políticas sociales que cierren vacíos estructurales—, no se puede enfrentar seriamente al crimen transnacional.

Usted menciona la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción. Pero, por un lado, las empresas periodísticas están viviendo una crisis que ha tambaleado su modelo de negocio y, por otro, los medios independientes que recibían financiamiento de, por ejemplo, USAID, se ven debilitados y, por lo tanto, se debilitan también sus investigaciones. Esto me hace pensar en el rol político y económico de Estados Unidos en diversos ámbitos: la economía, la geopolítica o los programas sociales. Como están las cosas, con Trump en el gobierno, es válido cuestionar qué tan saludable es que el mundo dependa de Estados Unidos, ¿no cree?

Estados Unidos pasó de ser el promotor de un orden internacional basado en reglas —que podían gustarnos o no, pero que finalmente garantizaban el funcionamiento de un sistema— a ser hoy un factor de desestabilización. Antes existía un sistema global: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU con su marco de leyes universales, la Organización Mundial del Comercio. Y Estados Unidos era el principal contribuyente de todas estas instituciones. No se trataba de idealizar ese orden, pero al menos existía un marco de referencia común.

Lo que está haciendo Donald Trump es boicotear ese orden, demolerlo. En la mente de Trump, ese pasado —un pasado idealizado, paternalista y blanco— es el modelo. Su idea de “Make America Great Again” es regresar a un mundo donde cada potencia tiene una esfera geográfica bajo su control. Es la lógica de la doctrina Monroe del siglo XIX: “América para los americanos”, es decir, para Estados Unidos. Rusia tenía su área de influencia, China la suya. Y Trump quiere volver a ese esquema. Ese enfoque explica su accionar en Ucrania. Lo que le interesa no es la soberanía ucraniana ni su estabilidad política; lo que quiere es poner fin al conflicto para que empresas norteamericanas puedan explotar las minas de tierras raras y minerales de Ucrania, que ya acordó abastecer a Estados Unidos. Sin esos minerales, Estados Unidos no puede competir con China en tecnología, producción militar o chips de última generación. China hoy es la potencia que refina la mayoría de esas tierras raras y podría cortar el suministro; eso paralizaría la industria tecnológica y militar estadounidense.

Lo mismo sucede con El Congo. No es pacifismo ni preocupación humanitaria. En El Congo están el cobalto, el uranio y otras tierras raras esenciales para mantener la supremacía tecnológica norteamericana. Trump interviene porque necesita esos recursos, y porque cada movimiento está guiado por negocios personales, familiares o asociados a las empresas que financiaron su campaña. Otro ejemplo es Argentina: cuando su economía colapsaba, Trump les otorgó más de 20 mil millones de dólares en swaps para sostener el peso. Pero no fue altruismo: fue a cambio de acceso a minerales estratégicos en el noreste del país, cerca de Chile. La lógica es siempre la misma: negocios, influencia y control de recursos clave.

Una vez asegurado el acceso a recursos estratégicos para alimentar industrias como Nvidia, Apple o la Fuerza Aérea norteamericana, Trump cree que el mundo debe organizarse en áreas de influencia: América Latina como un conjunto de “hermanitos menores” subordinados a la política exterior de Estados Unidos. De ahí su tono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Latinoamérica, que por fortuna no enfrenta guerras regionales, tendrá que adoptar políticas preventivas: reservas monetarias sólidas, reservas de alimentos, de energía y de suministros críticos para resistir las crisis globales.

En Venezuela ocurre algo similar. Nadie quiere a Maduro en el poder, pero la manera en la que Trump intenta desplazarlo, mediante acciones militares ilegales como atacar embarcaciones en el Caribe, no es la correcta. Es tan grave que incluso el principal aliado de Estados Unidos, el Reino Unido, suspendió su cooperación de inteligencia para no quedar involucrado en violaciones al derecho internacional que seguramente serán revisadas más adelante.

El problema es que las áreas de influencia con las que sueña Trump no son entidades fijas, sino que dependen de las ambiciones de cada líder. Y cuando dos potencias expanden sus esferas, chocan. Por ejemplo, Turquía sueña con expandirse en Siria, pero al hacerlo colisionaría con Israel. Esos choques generan conflictos interestatales. Y los conflictos bélicos son el mejor aliado de la delincuencia organizada, que se beneficia del caos: tráfico de armas, mercados secundarios de misiles, suministros militares. Es un negocio multimillonario.

Lamentablemente estamos entrando en una etapa oscura. Estamos regresando a una época turbulenta que creíamos superada. ¿Se acuerda del “fin de la historia” de Fukuyama? No hubo tal fin. La historia avanza hacia la luz o retrocede hacia la oscuridad. Esa es la dinámica humana.

Latinoamérica, que por fortuna no enfrenta guerras regionales, tendrá que adoptar políticas preventivas: reservas monetarias sólidas, reservas de alimentos, de energía y de suministros críticos para resistir las crisis globales. Cada país —o la región en conjunto— deberá coordinar estrategias de supervivencia en un mundo en conflicto.

Ante este panorama global complejo es difícil ver cuáles deberían ser las apuestas de países como el Perú…

Países como el Perú necesitan, primero, fortalecer su democracia desde adentro. La democracia peruana le ha fallado a la gente en muchos aspectos, y eso debe corregirse. Empezar por la ley electoral que mencionamos: candidaturas abiertas y auditadas.

Segundo, crear mecanismos de auditoría ciudadana. Brasil y Chile los tienen; Perú no. La gente debe tener por ley la capacidad de auditar a sus autoridades.

Tercero, fortalecer los sistemas de derechos humanos como política antimafia. Que el Estado garantice acceso al agua, a la salud, a la justicia, al crédito. Eso impide que la mafia capture el tejido social.

Y finalmente, no perder de vista que, aunque imperfecto, el sistema democrático es el menos imperfecto de todos. Churchill tenía razón. Podemos mejorarlo, perfeccionarlo, hacerlo más transparente. Lo contrario es caer en sueños autoritarios que siempre terminan mal.

En un mismo día, distintas ciudades pueden convertirse en escenario de estas acciones colectivas de protesta. Un ejemplo de ellos es que, según el reporte de conflictos sociales de octubre, en solo un día ocurrió una concentración en Puno por la invasión de espacios públicos, un bloqueo de estudiantes universitarios en Huancavelica, un reclamo de trabajadores de Essalud en Loreto por nombramientos pendientes, y protestas simultáneas por obras inconclusas, decisiones municipales controversiales y conflictos comunitarios en Lambayeque, San Martín y La Libertad.

“Perú, en general, es un país con muchos conflictos sociales. Siempre hay una tensión constante entre ciudadanía, Estado y empresas. Lo que pasa es que a veces notamos más esa conflictividad dependiendo dónde se ubican y del tema que tratan”, explica Noelia Chávez, socióloga y docente universitaria. 

Según la socióloga, desde finales del 2022, cuando iniciaron las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte, el país ha atravesado un retroceso democrático, llegando incluso a ser clasificado como una democracia híbrida. “Se percibe que el país es gobernado por una coalición autoritaria y eso ocasiona que los conflictos sociales lleguen a la capital y, muchas veces, sean contra el gobierno central”, añade.

En este escenario de conflictividad social constante—y a menos de seis meses de las elecciones generales y un año de las elecciones regionales— una de las jornadas de mayor agitación de los últimos meses, que dejó una persona muerta y 128 heridas, fue la denominada “Marcha nacional” del 15 de octubre. 

Las acciones de protesta de aquel día fueron convocadas por diversos gremios, sindicatos, transportistas y el colectivo Generación Zeta, el mismo que desde septiembre último ha logrado articular a jóvenes, universitarios, profesionales y organizaciones regionales alrededor de un pliego de demandas comunes. 

Entre las exigencias más visibles de esa movilización nacional estuvo la derogatoria de un paquete de leyes aprobadas por el Congreso consideradas como normas regresivas, poco transparentes o contrarias a los intereses ciudadanos. A ello se sumó un reclamo frontal: el pedido de renuncia del nuevo Presidente de la República, José Jerí, y el cierre del Congreso, en un contexto de creciente deslegitimación de ambos poderes del Estado. 

En Lima, las concentraciones, inicialmente dispersas, llegaron hasta el Congreso de la República. Ya entrada la noche la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que permanecían en las calles. En medio de los enfrentamientos, un manifestante, identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, falleció por el disparo de un agente policial. 

Los enfrentamientos dejaron, además, un saldo elevado de heridos solo en Lima. En total, 128 personas —33 civiles, 94 policías y un bombero— requirieron atención médica por contusiones, intoxicación por gases lacrimógenos y otras lesiones.

“Será difícil identificar la cadena de mando, pero si uno ve el caso con detenimiento el presidente de la República y el ministro de Interior son los principales responsables políticos de lo que ocurrió el 15 de octubre: el asesinato de un joven y el centenar de heridos”, explica Omar Coronel, politólogo y experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que una de las principales consecuencias de la represión policial de aquel día es el miedo profundo y la desmovilzación que ha provocado en los jóvenes. 

Y es que la marcha nacional del 15 de octubre estuvo marcada por la masiva participación juvenil y la denominada Generación Zeta que, como se ha visto en varios países, ha decidido ocupar el espacio público. 

“En Lima vimos una importante participación juvenil porque hubo una ley que específicamente afectaba la economía de  los jóvenes, la ley en favor de las AFP que dejaba a los jóvenes en una situación complicada respecto a sus jubilaciones futuras. Esto no es algo nuevo, cuando las juventudes ven vulnerados sus derechos salen a protestar a las calles. Ocurrió en el 2014 con la ‘Ley Pulpín’ y en  la pandemia del Covid contra Manuel Merino”, precisa Noelia Chávez.

Por qué protestan los peruanos

Los informes defensoriales y los expertos coinciden en que no existe un solo motivo que explique las causas de las movilizaciones en las calles peruanas. Pero sí existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Para el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, el país se encuentra delante de un ciclo de inestabilidad política que inició en el 2016 con el no reconocimiento de los resultados electorales, la acusación de fraude y la campaña de desprestigio de los organismos electorales. “Se sembró una gran duda en un sector de la población. Es más, a la fecha, un grupo de candidatos sigue hablando de lo mismo y eso es muy peligroso porque abre la puerta a la duda y deja la idea de que todos mienten, de que todo es corrupción en el aparato electoral”, afirma.

Patricia Paniagua, especialista en políticas públicas, educación y ciudadanía, coincide con que este momento fue el punto de partida de la crisis que se vive actualmente en el Perú. “Hubo una agrupación que no estuvo dispuesta a respetar los resultados y buscó mermar la democracia. A partir de ahí hemos venido en renuncias, vacancias, presidentes interinos. Ese contexto ha sido aprovechado por una clase política que ha trabajado en favor de sus intereses y sus propias agendas, ignorando el bien supremo que es el interés de la ciudadanía”, explica.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en la protesta del 15 de octubre los manifestantes pedían al Ejecutivo iniciar el proceso hacia una nueva Constitución, argumentando que el marco vigente ya no responde a la complejidad social ni a las expectativas democráticas del país. 

Para Paniagua esa es una demanda que le corresponde evaluar a un gobierno electo y no podría ser atendida por el actual Congreso ni por el presidente transitorio. “Hablamos de un presidente que parte de cuestionamientos serios de idoneidad y legitimidad, ya que nace con un Congreso que cuenta con un 3% de aprobación. Además, por lo que hemos visto en las últimas semanas lo prioritario para él parece ser su imagen, publicar y responder en redes sociales”, afirma la politóloga, quien también considera que algunas medidas adoptadas por José Jerí, como la declaratoria del estado de emergencia de Lima y Callao, tienen un impacto comunicacional, pero no se traducen en resolver el problema central de la inseguridad ciudadana.

Entre la tristeza, el pesimismo y la frustración

Los estudios de opinión pública revelan algo más que desconfianza en la población peruana. Según el Informe de Opinión de octubre 2025 del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los sentimientos que dominan la percepción pública de la situación política actual del país son tristeza, pesimismo y cólera, acompañados de frustración, decepción e inseguridad.

“No se trata solo de reacciones emocionales pasajeras: son indicadores de un desgaste profundo, de un país que lleva años atravesando crisis políticas consecutivas, promesas incumplidas y fracturas institucionales”, añade Patricia Paniagua, y añade que las emociones que experimentan los peruanos se reflejan y afectan su salud mental y su calidad de vida. “Estos sentimientos se han ido alimentando con la inacción de  esta clase política. Y todo eso ha contribuido, como vemos, en un desborde de la criminalidad que expone a todos los ciudadanos, pues son ellos quienes al final terminan siendo víctimas del crimen”, precisa.

Existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Los datos del estudio What Worries the World – Latinoamérica, publicado por Ipsos en octubre último, confirman esta situación y revelan que el Perú se ubica entre los países más preocupados por la inseguridad en toda la región.

El 68% de los peruanos considera el crimen y la violencia como su principal problema, muy por encima del promedio latinoamericano y del promedio global. La corrupción, por su parte, se mantiene como una sombra omnipresente: 60% la identifica como uno de los tres principales problemas nacionales, ubicándola casi al mismo nivel que la violencia.

“Es difícil pensar que quienes  han creado esta situación, por acción u omisión, darán las soluciones que se necesitan para hacer frente a la inseguridad. Además, muchas de las organizaciones criminales que operan en el país son financiadas por economías ilegales y se han logrado establecer con leyes que ha promulgado el actual Congreso, como la aprobación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, advierte Paniagua.

La acumulación del malestar que sienten los peruanos se expresa en distintas cifras. Según el IEP,  el 81% de la ciudadanía aprueba la vacancia de Dina Boluarte, sin embargo, quienes la sostuvieron en el poder continúan gobernando y eso es percibido por la opinión pública: siete de cada diez encuestados consideran que el Congreso apoyaba el gobierno de la expresidenta.

Además, la percepción de un poder legislativo que domina la escena política es igualmente fuerte: 62% de la población considera que el Congreso tuvo “mucha influencia” en el gobierno de Boluarte, y casi la mitad cree que ejercerá un rol similar durante la administración actual. 

En ese escenario, el 73% de los ciudadanos no se siente representado por el Congreso, mientras apenas un 9% afirma lo contrario. Y en el caso del nuevo presidente José Jerí, el 56% tampoco se siente representado, y solo 18% declara alguna afinidad con su gestión.

Para los especialistas, estos son indicadores preocupantes que demuestran que la democracia del país, o lo que queda de ella, realmente está pasando por una crisis profunda y eso afecta a todo el sistema político.

El camino hacia las elecciones generales y regionales

Mientras el miedo y la desconfianza invaden a los peruanos, el país se prepara para dos nuevos procesos electorales: el 12 de abril del 2026 deberán elegir 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente o presidenta de la República, mientras que el 4 de octubre elegirán a sus autoridades locales y regionales: alcaldes distritales y provinciales, regidores, gobernadores regionales y consejeros.

El Perú ingresa a un año electoral atravesado por una conflictividad social constante y un clima político marcado por una fuerte polarización: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 39 organizaciones políticas inscribieron sus listas de aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, configurando así un escenario electoral amplio pero tensionado.

“Esta cantidad de partidos dificulta el proceso electoral, pero es una situación que ha sido permitida por quienes están ejerciendo la representación desde el Congreso, pues las reformas que debían ser llevadas en esta elección se distorsionaron, y por uno u otro caso no se llevaron a cabo”, afirma Paniagua.

Para el politólogo Omar Coronel es lógico que la gente no quiera saber nada de política y que con una lista tan extensa los ciudadanos muestren hastío por el proceso electoral. “Por un lado no hay una representación real, y por otro solo alguien muy ideologizado va a involucrarse en un proceso tan caótico. En una primera vuelta suelen votar por quien tiene más opciones de ganar, ya en una segunda vuelta vemos el efecto de la polarización o del antivoto”, afirma.

Los especialistas coinciden en que esta fragmentación genera confusión entre la ciudadanía y termina favoreciendo a las pequeñas mayorías. “Recordemos que el Fujimorismo alcanzó 73 escaños pese a que en la votación no superó el 30%. En estos momentos hablamos de una ciudadanía que no se siente representada, hay desafección, hay rechazo, y en la medida que haya tantos candidatos al peruano promedio le costará informarse”, agrega Paniagua.

En este ambiente, de miedo y desconfianza, no sorprende que los peruanos se acerquen a las elecciones con poco entusiasmo y menos información. Según la Encuesta Datum de octubre, cuando se les pregunta a los encuestados qué tan informados se sienten sobre el proceso electoral, apenas el 28% asegura sentirse “muy” o “bastante informado”, mientras el 64% se declara poco o nada informado. 

Sin embargo, para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

“El papel de los medios de comunicación es crucial, tienen un papel importantísimo, pero es lamentable que mucho del buen periodismo está fuera de los medios. Lo único que queda por hacer es desde el lado de los medios de comunicación y de la sociedad civil, crear espacios de discusión, y sacar a la luz a precandidatos ligados a mafias como el de la minería ilegal”, explica Tuesta. 

Pero las cifras revelan indiferencia y pocas ganas de buscar información sobre los candidatos. Según Datum, el 80% de encuestados aún no piensa por quién votar, y solo el 16% afirma haber iniciado el proceso de decisión. La encuesta también revela que solo 25% ha buscado información sobre algún candidato presidencial, mientras un contundente 75% permanece completamente ajeno a la oferta electoral emergente.

Para el politólogo Fernando Tuesta, es normal que en este punto la gente no tenga claro por quién votar, pues no conocen a la mayoría de los candidatos. “Creo que tienen razón en esperar a conocerlos, para eso van a tener oportunidad de conocerlos en campaña. Pero, también es cierto que mientras mayor es el desinterés eres más vulnerable a la desinformación”, afirma.

Para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

Sobre la preferencia del tipo de candidatos, el 44% de los ciudadanos piensa votar por el candidato que “cree que le irá mejor a la mayoría de peruanos”, una expresión de deseo colectivo más que de identificación programática. Un 11% votaría pensando en beneficios familiares y apenas 20% buscaría un candidato que comparta su forma de pensar.

En ese sentido, y según explican los especialistas, la lógica del voto de los peruanos no es ideológica ni identitaria: es pragmática, emocional y desesperada. 

“La gente es muy racional. Históricamente los peruanos tenemos una cultura antipolítica, porque básicamente estuvimos en una democracia con un sistema de partidos colapsado, donde no había una representación real. Cuando no hay representación lo racional es que los ciudadanos no voten con entusiasmo. No eligen al que más les gusta sino que votan por el que menos daño hará”, afirma Omar Coronel. 

Aumento del crimen y el peligro de líderes populistas 

La seguridad se ha convertido en el eje que domina el ánimo nacional. Los transportistas, artistas, comerciantes son solo algunas de las nuevas víctimas de la delincuencia y las extorsiones. Por todo ello, la mayor parte de peruanos identifica el crimen y la violencia como su mayor preocupación, superando los promedios regionales y globales.

Durante el primer semestre de 2025 se reportaron en el Perú 161 homicidios más en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los registros del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en agosto de este año, la cifra alcanzó 209 casos, marcando uno de los meses más violentos del periodo. 

La sensación de vulnerabilidad cotidiana —alimentada por el aumento de homicidios, la expansión del crimen organizado y la presencia creciente de extorsiones y robos violentos— ha desplazado a otros temas en la agenda pública.

La inseguridad se convierte así en un marco interpretativo de todo. En un país donde la clase política parece haber fracasado, la esperanza parece depositarse en soluciones inmediatas y discurso de mano dura.

“Lamentablemente la cercanía de las elecciones abre la puerta a candidatos que ofrezcan restaurar el orden, candidatos populistas, líderes radicales que están contra el sistema, que darán soluciones radicales, pero que ni siquiera respondan al problema real. Lo que la ciudadanía debe evaluar es que la solución no pasa por recrudecer las penas o por medidas tan fáciles, lo que se necesita es dotar de inteligencia policial y luchar contra la corrupción”,  precisa Paniagua.

Sin embargo, en este contexto de desconfianza hay un indicio de esperanza. Para los expertos el hecho de que las protestas sigan vivas revela que todavía existe un impulso de exigir algo mejor. 

“Estamos en un país donde la protesta y el tejido social se han debilitado. Sostener una protesta es difícil, pero lo bueno es que la ciudadanía, a pesar de todo, ha salido a protestar en distintos momentos. Considero que estos espacios de protesta pueden volver  a articularse y coordinarse para hacer contrapeso a estructuras del poder y coaliciones que lamentablemente se han enquistado en el Estado”, explica la socióloga Noelia Chávez. 

El politólogo Omar Coronel afirma que los últimos meses de un año son temporadas de baja protesta, pero el inicio del próximo año será particular porque comenzará con una dinámica electoral. “Si el llamado Colectivo Zeta y el bloque universitario, que este año ha demostrado una fuerte presencia, se organizan y avanzan podría haber un tipo de presión, pero considero que eso dependerá de los candidatos que queden en segunda vuelta. El debate público se concentrará en las elecciones y recién en la segunda vuelta veremos una polarización real”, añade. 

El próximo domingo 12 de abril será una oportunidad para que la ciudadanía se haga escuchar y para que los partidos políticos puedan atender las preocupaciones que afectan a los peruanos.

“En este momento los organismos electorales ya no tienen muchos por hacer, las reglas electorales ya están determinadas. El marco normativo electoral dice, por ejemplo, que los organismos del Estado deben ser neutrales, pero vemos que personajes como el alcalde de Lima no cumplen con esta norma y las sanciones que les imponen no compensan los daños causados, uno de esos daños es la preferencia a ciertos candidatos”, añade Tuesta.

En un país donde la incertidumbre marca el pulso de la vida cotidiana y las calles se han convertido en el espacio donde se expresan los reclamos más urgentes, el proceso electoral deja de ser una simple competencia por escaños o cargos. La pregunta de fondo no es quiénes tienen la mayor probabilidad de ganar las elecciones sino quiénes tienen la capacidad de reconstruir un vínculo roto entre la ciudadanía y sus instituciones.

Y el hombre estaba sentado solo, empapado hasta los huesos en tristeza. Los animales se le acercaron y dijeron: «No nos gusta verte así. Pídenos lo que quieras y lo tendrás». El hombre dijo: «Quiero tener buena vista». El buitre respondió: «Tendrás la mía». El hombre dijo: «Quiero ser fuerte». El jaguar dijo: «Serás fuerte como yo». Luego dijo: «Anhelo saber los secretos de la tierra». La serpiente respondió: «Yo te los enseñaré». Y así fue con todos los animales. 

Cuando tuvo todos los dones que podían dar, se marchó. Y el búho les dijo a los otros animales: «Ahora el hombre sabe mucho y puede hacer muchas cosas. Siento miedo». El ciervo dijo: «Ya tiene todo lo que necesita. Ahora su tristeza acabará». Pero el búho respondió: «No. Vi un agujero en el hombre, profundo como un hambre que jamás saciará. Lo hace triste y hace que siempre quiera más. Seguirá tomando y tomando hasta que un día el mundo dirá: ‘Ya no existo más y no me queda nada que dar'». 

Apocalypto. 2006.

En 1825, pocos años después del nacimiento de la República del Perú, el Congreso Constituyente de la República aprobó el diseño del escudo nacional que reemplazaría al que había propuesto José de San Martín de forma provisional. A dicho Congreso le pareció buena idea representar en este símbolo patrio las riquezas naturales del territorio. Así aparecen en nuestro escudo una vicuña, representando el reino animal; la cornucopia derramando monedas de oro, representando el reino mineral; y el árbol de la quina, representando al reino vegetal. La quina, utilizada desde el incanato y la conquista para tratar enfermedades ―como la malaria― se convirtió así en el símbolo de nuestra diversidad botánica.

Sabido esto, no deja de ser triste e irónico que hoy, 200 años después de su consagración como símbolo de nuestra riqueza vegetal, el árbol de la quina está en peligro de extinción a causa de su extracción desmedida. Algunos podrían argumentar que este problema empezó en el Virreinato y que eran otros tiempos, donde no había conciencia de que los recursos se extinguen. Sin embargo, lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo con otras especies de árboles de nuestros bosques como el cedro, la caoba o el shihuahuaco en la Amazonía, la puya de Raimondi y la Queñual en los Andes o el Algarrobo en los bosques secos de la costa. Como todo recurso natural, su valor puede convertirse en su maldición. Su posesión otorga poder económico y para obtenerlo no mide las consecuencias, especialmente en una sociedad donde la formalidad, el cumplimiento de leyes y la justicia también están en peligro de extinción. Entonces, la representación de la Amazonía en nuestro escudo es un árbol que casi ya no existe, signo inequívoco que deforestar es una vocación patriótica. 

La deforestación en datos 

La deforestación de los bosques ha sido un proceso continuo desde la aparición del hombre sobre la tierra y se intensificó desde la revolución industrial. Los bosques que no han sido tan modificados por el hombre son conocidos como bosques primarios y son cada vez más escasos. El sesenta por ciento del territorio peruano es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo que comparte principalmente con Brasil y en menor medida con Ecuador, Bolivia y Colombia. Dicha cuenca nace en nuestra cordillera y recorre un largo trecho hasta llegar al Atlántico. La Amazonía aún conserva bosques primarios, pero son cada vez más amenazados. La información oficial del Estado peruano en esta materia se encuentra en Geobosques, portal que viene monitoreando satelitalmente el estado de los bosques y pertenece al Ministerio del Ambiente. Cuenta con datos desde el comienzo del siglo XXI. Revisemos algunos de ellos.

En el año 2001 el Perú contaba con más de setenta millones de hectáreas de bosque amazónico. Actualmente, con los datos evaluados hasta el año 2024, el Perú ha perdido el 4.4% de bosques, lo que equivale a más de tres millones de hectáreas (3,203,893 ha, para ser precisos) y la deforestación sigue avanzando a un ritmo promedio de más de 133 mil hectáreas por año. Para dimensionar ese tamaño, hagamos comparaciones. En lo que va del siglo XXI, el Perú ha perdido una extensión de bosques amazónicos casi igual a todo el departamento de Cajamarca u once veces el tamaño de Lima Metropolitana. Si buscamos una comparación internacional, equivale a 542 veces la isla de Manhattan, ciudad que es destruida en muchas películas de ficción. En nuestra Amazonía, esa destrucción es una realidad. Podríamos seguir con la cinematográfica isla y decir que cada dieciséis minutos se pierde el tamaño equivalente a la isla de Manhattan de Amazonía peruana. O ponernos futbolísticos, ya que cada tres minutos se pierde en bosque amazónico el tamaño de una cancha de fútbol. Queda claro que el partido contra la deforestación lo estamos perdiendo por goleada.

Los datos son escalofriantes, pero no muestran toda la gravedad del problema. Datos similares se obtienen en los demás países amazónicos. La deforestación no se detiene y con ella, pierde la humanidad entera. Hay estudios que afirman que la Amazonía podría llegar para el año 2050 a su punto de no retorno, es decir, que ya no podría recuperarse naturalmente. En el contexto del cambio climático, es aún más alarmante, ya que la deforestación emite gases de efecto invernadero que contribuyen a calentar el planeta y genera los efectos que estamos viendo en el mundo con más olas de calor, lluvias intensas, pérdida de fuentes de agua, desaparición de islas, pérdida de biodiversidad, aumento de enfermedades y la lista puede continuar. Desde el lado esperanzador, un reporte de Naciones Unidas para el Clima del año 2024 afirma que la conservación y mejora de los bosques a nivel mundial podría aportar hasta en un 20% en el objetivo de mitigación aprobado en el año 2015 en el Acuerdo de París. La evidencia de la importancia de los bosques es clara. La evidencia de las acciones, no tanto. 

Causas

Como decíamos al empezar este artículo, el escudo nacional demuestra que el Perú republicano se funda en una lógica heredada de la colonia como un gran territorio para la extracción de sus recursos naturales, de la materia prima que necesitan los países desarrollados de turno y que genere ingresos a las respectivas élites que lo controlan. La maldición de los recursos, dicen algunos economistas. También se heredó una organización centralizada en la capital, alejada del resto del país y cerca al mar por donde se van los recursos, dándole la espalda a la Amazonía oculta detrás de la cordillera de los Andes. Ya decía Alexander Von Humboldt en su paso por nuestro país en 1803 que Lima está más alejada del Perú que Londres. A pesar de los esfuerzos y algunos cambios, en la actualidad seguimos arrastrando estos aspectos cruciales, además de una histórica tradición de corrupción coludida entre los gobiernos de turno y las élites del momento, como detalla Alfonso Quiroz en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, de lectura obligatoria. ¿Cómo impactan estos tres aspectos en la deforestación de la Amazonía? Pongamos un ejemplo.

Si uno se sentaba al lado derecho del avión, podía ver desde la ventana una mancha color barro, como una tripa que rompía el frondoso bosque verde. Hoy en día, no importa en qué lado del avión te sientes, esa mancha es gigante, sigue extendiéndose y está a la vista de todos.

En el año 2015 el fallecido periodista español David Beriain estrenó una serie documental llamada Amazonas Clandestino. En el capítulo dedicado a la tala ilegal, se narra la historia de un pedido: Alguien en Sao Paulo desea una cama de caoba, árbol casi extinto y cuya tala está prohibida. El pedido es recibido en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El periodista acompaña una excursión al frondoso bosque para conseguir ese producto, prohibido en el papel, pero válido por órdenes de la oferta y la demanda. Es un pequeño ejemplo que se replica de manera masiva en el mineral más relevante para la economía mundial en tiempos de inestabilidad económica como el que vivimos: el oro, cuyo precio en el mercado internacional ha batido récord el año 2025, llegando a costar cuatro mil dólares la onza (31 gramos). Como explica el portal Bloomberg, es una tendencia que ocurre por compras de bancos centrales, flujos récord hacia ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa) respaldados por oro y una estrategia de desdolarización por parte de economías emergentes. Con ese precio y demanda, no habrá política que pueda detener la deforestación y degradación de los ecosistemas de la Amazonía y otros ecosistemas del país, con su respectiva ola de violencia y abuso contra las personas, como los documentados casos de asesinatos a defensores ambientales o la trata de personas en los campamentos mineros. Otros especialistas afirman que para el año 2026 el precio de la onza de oro podría llegar a un histórico cinco mil dólares la onza. Es una buena noticia económica para el Perú, país exportador de oro. Es una mala noticia para los bosques, porque no habrá ley, autoridad o impulso que frene el incentivo de ganar tanto dinero a cambio de deforestar la Amazonía.

El año 2008 fue la primera vez que viaje a Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios, considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Si uno se sentaba al lado derecho del avión, podía ver desde la ventana una mancha color barro, como una tripa que rompía el frondoso bosque verde. Hoy en día, no importa en qué lado del avión te sientes, esa mancha es gigante, sigue extendiéndose y está a la vista de todos. Es la deforestación producto de la minería ilegal que extrae oro a cualquier precio, el otro símbolo de nuestro escudo nacional. El oro que existe en la Amazonía se extiende por cuencas de ríos ancestrales que arrastraron hace cientos de años el mineral de las altas montañas de los Andes. Cuando los mineros encuentran un trazo de oro, avanzan siguiendo el camino quitando los árboles que estén en el camino y llenando grandes pozas de barro y mercurio.  

La carretera interoceánica contribuyó al acceso y multiplicación de la extracción de oro en Madre de Dios y lo que comenzó con campamentos informales al pie de la carretera hechos de palos y tapados con plásticos azules, son ahora centros poblados con escuelas, canchas de fútbol, ferreterías, conciertos artísticos y una dinámica económica con tanto poder que se ven sus tentáculos en los ámbitos políticos locales, regionales y congresales. La última interdicción que realizó el gobierno peruano fue el año 2019, antes de la pandemia con la presidencia de Martín Vizcarra, llamada Operación Mercurio. Hace seis años. Hoy, la minería se extiende a otras regiones amazónicas del país como Puerto Inca en Huánuco, el río Santiago en la frontera con Ecuador o la hermosa cuenca del río Nanay, principal proveedor de agua potable de la ciudad de Iquitos, en Loreto. En un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), con base en documentos de INTERPOL, se estima que entre un 30 % y 70 % de las exportaciones de oro podrían tener origen ilegal. En este caso, el mercado no se va a regular solo para evitar la deforestación. El oro, provenga de donde provenga, se ve igual y vale lo mismo para sus compradores a nivel mundial. En ese escenario, es curioso pensar que la madera es un recurso más raro y escaso en el universo que el oro o cualquier otro metal.

Otras causas de la deforestación son las invasiones por tráfico de tierra. El cambio de uso de suelo para aprovechamiento agrícola o cultivos ilegales que ahora se ha extendido también en la selva baja, más cerca de la frontera con Brasil, ruta de distribución y exportación de cocaína, es una constante. Otra causa son los incendios forestales, frecuentes en las temporadas secas del año y que el 2024 llegó a un récord mundial y nuestro país no fue la excepción. Sin embargo, la mayoría de los incendios suelen ocurrir por causas humanas, con la intención de ampliar la frontera agrícola.

¿Dónde ocurre la deforestación? En todo, en todas partes y al mismo tiempo. Se distribuyen en todos los tipos de derechos sobre el territorio que existen, sean concesiones forestales maderables (para extracción legal de madera), concesiones no maderables (de ecoturismo, castaña, shiringa, etc.), concesiones de conservación, predios privados y terrenos del Estado a nivel nacional, regional o local. Las áreas menos afectadas por la deforestación históricamente son las comunidades indígenas y las áreas naturales protegidas, lo que no quiere decir que no estén amenazadas por los mismos agentes. La Amazonía es una sola y, al igual que la delincuencia en la ciudad, por más que uno ponga rejas en su calle, nunca estará seguro si no se toman precauciones y medidas en toda la ciudad. Los bosques, como recurso natural, constitucionalmente son patrimonio de la Nación y los gestiona el Estado. Ya dicen que lo es de todos, es de nadie. En una sociedad donde las leyes no se cumplen, se ejerce mayormente la ley del más fuerte y la economía siempre estará por encima de otras variables. 

Una protección en el papel

Si fuera por los planes y estrategias que elaboran los sucesivos gobiernos peruanos, deberíamos parecer la portada del Atalaya, lleno de gente feliz, cogidos de la mano en un paraíso de árboles y ríos prístinos. No es así. El Perú cuenta con legislación forestal para la protección de los bosques y el ordenamiento de este, que, sin ser perfecta, por lo menos explica que los bosques se deben proteger. Están tipificados los delitos ambientales, las funciones de los estamentos de gobierno incluyendo planes de protección y conservación, así como de adaptación y mitigación del cambio climático. Es decir, todos tienen sus funciones, responsabilidades, pero también sus limitaciones. Aquí es donde la visión centralista y sectorial del Estado se muestra ineficiente. Porque la organización del Estado peruano es una especie de feudalismo donde cada quién tiene su espacio y jurisdicción, su pequeño poder y sus limitaciones. Pongamos un ejemplo. Una dirección forestal de un gobierno regional amazónico tiene la función de promover la correcta extracción de madera de las concesiones y que estas cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, no cuenta con el personal suficiente ni con el financiamiento adecuado para cubrir su vasto territorio. Adicionalmente, debe coordinar con la autoridad sectorial que está en Lima, que le exige planes anuales, además de otros requisitos. Las otras direcciones de dicho gobierno regional, autoridad ambiental o agraria, tienen las mismas prerrogativas y cada una responde a su propia legislación y su propio sector. El territorio es extenso y los recursos escasos. Luego ocurre un fenómeno como la minería o las actividades ilegales, donde tiene que intervenir otros organismos sectoriales como la fiscalía o el ministerio del interior, que tampoco cuentan con los recursos suficientes en el territorio y dependen de decisiones que surjan desde la cabeza del sector, donde normalmente la Amazonía es el último de los problemas en el contexto actual de crisis del Estado peruano. 

Reducir la deforestación requiere de decisión política y financiamiento suficiente. La decisión política no puede ser sectorial, sino, una decisión integral en el territorio con miras a darle valor al bosque y generar oportunidades de desarrollo sin deforestación

También en el papel, el Perú es un ejemplo para el mundo, al ser de los primeros países en enviar sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC, por sus siglas en inglés) para cumplir con el Acuerdo de París del año 2015, documento que rige los esfuerzos de los países frente al cambio climático. Perú presentó un ambicioso compromiso el año 2016 y lo actualizó el año 2020 en plena pandemia, curiosamente el año de mayor deforestación en lo que va del siglo 21. En este documento el Perú se comprometió a reducir las emisiones entre un 30% y 40% para el año 2030, con el 10% adicional condicionado a la cooperación internacional. Ya pasó la mitad del plazo del compromiso. Como hemos visto en los datos oficiales de Geobosques, la deforestación, causante de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, no se ha detenido. A comienzos del presente año, el Ministerio del Ambiente aprobó la Política Nacional: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 donde en el objetivo prioritario 4 menciona acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que es el nombre técnico que se da a las actividades ligadas a la pérdida de bosques. 

Una visión territorial

Reducir la deforestación requiere de decisión política y financiamiento suficiente. La decisión política no puede ser sectorial, sino, una decisión integral en el territorio con miras a darle valor al bosque y generar oportunidades de desarrollo sin deforestación. Existen muchas iniciativas valiosas en el Perú, como proyectos de conservación y reforestación en áreas naturales protegidas nacionales, regionales, locales y privadas, áreas comunales o territorios indígenas. Sin embargo, como hemos mencionado líneas arriba, los esfuerzos puntuales son importantes, pero atacar la deforestación requiere de una visión territorial extensa. Los estímulos para deforestar simplemente se mueven a otro lugar o rodean las iniciativas. Decisiones que solo pueden delimitar los gobiernos regionales o provinciales y que se apliquen de manera integral en el territorio. Existen alternativas para implementar programas territoriales con financiamiento privado. Actualmente el mundo de los mercados de carbono viene implementando soluciones territoriales llamados Programas Jurisdiccionales REDD+, siglas que significan Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques. Es decir, reducir la deforestación. En la provincia de Misiones, en Argentina, se viene desarrollando un programa para reducir la deforestación y conservar sus bosques de manera integral en su territorio con financiamiento privado por la futura venta de créditos de carbono. De igual manera, varios estados brasileños vienen presentando sus programas jurisdiccionales como el estado de Tocantins, que busca reducir la deforestación en sus bosques de cerrado, un bioma boscoso similar a la sabana. Similares esfuerzos se vienen impulsando en países y subgobiernos africanos, con financiamiento privado proveniente de los mercados de carbono o la cooperación internacional. 

En el Perú, se ha lanzado el año 2024 el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ), iniciativa articulada por el Ministerio del Ambiente para realizar acciones de conservación en los territorios indígenas amazónicos, financiado con fondos privados provenientes de los mercados de carbono. Este programa agrupa a tres organizaciones indígenas peruanas: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración del Perú (Anecap), que representan a decenas de organizaciones y comunidades nativas. Una gran iniciativa que va a servir para apoyar a los pueblos originarios y sus territorios que, como hemos mencionado líneas arriba, han sido históricamente las áreas más conservadas de nuestra Amazonía. Este programa se encuentra en fase de propuesta y definición. Es un enorme reto para el país llevarlo adelante. Pensando en la gestión integral del territorio de bosques y en especial el amazónico peruano, queda continuar el reto articulando estos espacios territoriales indígenas dispersos a políticas territoriales más unificadas, como los gobiernos regionales. La deforestación en el territorio seguirá avanzando sin una estrategia integral en el territorio que combata todas las variables y permita a los diversos actores actuar bajo una sola mirada, la de la conservación. Cierro esta nota con esperanza, pero la deforestación no se detiene. Si llegaste hasta el final de este artículo, considera que en el tiempo que leíste hasta acá ya se deforestaron el tamaño de varias canchas de fútbol en la Amazonía. 

Mientras el Estado anuncia, a través de un Decreto Supremo, su intención de incorporar la inteligencia artificial (IA) en trámites, atenciones y procesos administrativos, seguimos viviendo en un país donde la protección de los datos personales es débil, la política nacional de ciberseguridad avanza a tropiezos y la institucionalidad encargada de resguardar derechos digitales carece de recursos, autonomía y capacidad de acción. A esto se suma un problema mayor: en los últimos años, la tecnología no ha sido empleada como un mecanismo para democratizar servicios, sino como una herramienta de vigilancia y control social. Activistas, periodistas, lideresas y defensoras de derechos humanos han denunciado monitoreos, rastreos, campañas de desprestigio y uso indebido de datos en contextos de protesta.

El resultado es paradójico: mientras se promete modernización, lo que avanza con mayor fuerza es la vigilancia ciudadana sin transparencia ni cuidado en el uso de los datos. Mientras se habla de innovación, lo que se presenta es un menú de herramientas digitales que apuntan más a contener, someter y silenciar disidencias que a garantizar derechos. Y mientras se anuncia que la IA llevará al Estado al “siguiente nivel”, la ciudadanía sigue sin acceso a una conectividad universal, asequible y significativa en los territorios urbanos o rurales y menos en nuestra Amazonía.

Desde una mirada feminista y decolonial, estas contradicciones no son nuevas. La historia tecnológica latinoamericana y peruana en este caso, está marcada por desigualdades estructurales, extractivismos y promesas incumplidas. Lo novedoso no es la brecha, sino la velocidad con la que se incorporan tecnologías sin marcos éticos, sin participación ciudadana real y sin análisis de impacto. Por ello resulta indispensable problematizar la relación entre tecnologías emergentes y derechos humanos en un país como el Perú, donde la vida digital no puede pensarse desligada de las desigualdades territoriales, raciales, económicas y de género.

El espejismo de la modernización tecnológica

El discurso de la modernización tecnológica que enarbola el Estado peruano —como muchos otros, además de presentarla como “la solución” y eso veremos más adelante— reproduce un viejo patrón: la idea de que la innovación es, en sí misma, un bien público. Según esta narrativa, basta con adoptar sistemas de inteligencia artificial o softwares automatizados para convertir al Estado en una institución más eficiente. Sin embargo, esta visión tecnocrática ignora aspectos fundamentales: sin transparencia, sin auditoría algorítmica, sin protección de datos y sin participación ciudadana, la modernización es apenas un espejismo.

El Estado peruano impulsa leyes sobre ^[1]IA mientras desconoce el funcionamiento de las infraestructuras básicas de conectividad. Se anuncian sistemas de reconocimiento facial para la seguridad ciudadana sin estudios de impacto, sin evidencia de efectividad y sin mecanismos de verificación independientes. Esto no solo incrementa los riesgos de abuso: profundiza la desigualdad, ensancha las brechas.

Las investigaciones de AlgorithmWatch, la Electronic Frontier Foundation y la propia ONU han demostrado que los sistemas de reconocimiento facial presentan tasas de error mucho más altas en mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y personas racializadas. En el Perú —un país profundamente atravesado por el racismo y clasismo estructural— esto implica que la vigilancia automatizada no solo reproduce injusticias, sino que las amplifica. La tecnología, lejos de corregir discriminaciones históricas, las reescribe en códigos binarios y exacerba.

La sensación que emerge es clara: en vez de un Estado que protege, aparece un Estado que observa, señala y criminaliza. Un Estado que instala cámaras, sensores, softwares y sistemas de rastreo, pero que no fortalece la institucionalidad democrática. Un Estado que, ante la crisis, responde con vigilancia y criminalización de aquellos que lo cuestionan, en lugar de responder con políticas de cuidado^[2]. Un Estado que, lejos de abrir espacios de diálogo y participación, apuesta por tecnologías de control para sostener su “legitimidad”.

Ruha Benjamin lo explica de manera contundente: “El problema no es la mala tecnología, sino las malas políticas que permiten que la tecnología funcione como un instrumento de exclusión”^[3]. La neutralidad tecnológica es un mito; toda tecnología encarna valores, decisiones y sesgos. La tecnología no es neutral.

Y en sociedades como la peruana, esos sesgos suelen operar en contra de las poblaciones históricamente marginadas.

Brechas que no cierran, tecnologías que se imponen

La brecha digital en el Perú no es una cifra abstracta: es una experiencia concreta de exclusión. El Programa Nacional de Telecomunicación del Ministerio de Comunicaciones y Transportes, Pronatel ha reportado que 44 de cada 100 hogares en el país no cuentan con acceso a Internet, sea móvil o fijo. Esta cifra revela el límite de cualquier promesa de innovación: sin conectividad, no hay digitalización posible. Mucho menos una ciudadanía digital, como lo pretende la Secretaria Nacional de Transformación Digital bajo la Política Nacional de Transformación Digital publicada en julio del 2023.

La situación es aún más crítica en los territorios amazónicos y rurales, donde la conectividad no es un derecho garantizado, sino un privilegio frágil sostenido por iniciativas comunitarias, redes improvisadas o esfuerzos dispersos de algunos gobiernos locales. La tan anunciada “Banda Ancha para la Amazonía”, que debió estar operativa hace varios años, terminó convirtiéndose en un recordatorio doloroso de la desidia estructural del Estado. Aunque en los últimos años se muestran avances tímidos —principalmente medidos a partir de centros poblados conectados a los que indican si hacer preguntas previas, pues ¿realmente quieren estar conectados?—, estos progresos resultan insuficientes frente a la magnitud de las brechas. Además, esta mirada de conectividad tiene un enfoque absolutamente antropocentrista, no se prioriza el impacto en el medioambiente de los territorios no solo amazónicos. 

Peor aún, los plazos oficiales proyectan que su funcionamiento pleno podría recién concretarse en 2027^[4], una fecha que, en el marco de los derechos digitales, resulta inaceptable. Este retraso no solo demora el acceso a información, educación y servicios públicos esenciales, sino que perpetúa la exclusión histórica de los pueblos amazónicos, cuya presencia ha sido sistemáticamente relegada en el imaginario “republicano”. Así, la Amazonía peruana continúa siendo incluida al final de los procesos, como si su bienestar fuese opcional y no parte integral del país. En un contexto donde la conectividad determina posibilidades de participación política, autonomía y seguridad, esta negligencia se traduce directamente en vulneración de derechos

Las brechas digitales también tienen un fuerte componente de género. Diversos estudios de la CEPAL muestran que las mujeres en América Latina^[5] —especialmente en zonas rurales— acceden menos a Internet, a dispositivos propios y a formación digital. La brecha de alfabetización digital afecta de manera particular a mujeres indígenas, mujeres quechua hablantes, cuidadoras y jóvenes madres. Sin acceso, no hay participación; sin participación, no hay ciudadanía digital, de modo que no hay democracia.

Por ello, mientras el Estado legisla sobre IA como si fuéramos Silicon Valley, millones de personas permanecen desconectadas de servicios esenciales. La brecha digital es, en realidad, una brecha de ciudadanía.

Desde los feminismos^[6] latinoamericanos^[7], esta situación tiene un nombre claro: extractivismo digital. Se trata de procesos en los que el Estado impulsa la adopción de tecnologías de punta, celebra la digitalización y promueve discursos de innovación, mientras ignora —de manera sistemática— las condiciones materiales, culturales y sociales necesarias para garantizar derechos básicos a las mujeres y diversidades. Es un modelo que prioriza la infraestructura para el capital, pero no para la vida, mucho menos para el buen vivir.

En el Perú —un país profundamente atravesado por el racismo y clasismo estructural— esto implica que la vigilancia automatizada no solo reproduce injusticias, sino que las amplifica.

A este escenario se suman los recientes retrocesos en derechos fundamentales: el acceso al aborto terapéutico —legal desde hace más de un siglo— se ha vuelto más restrictivo en la práctica; el enfoque de género ha sido reemplazado por discursos binarios que niegan la diversidad humana; y la Educación Sexual Integral ha sido sustituida por propuestas centradas en la “ética y los valores”, que refuerzan normas patriarcales en lugar de promover autonomía y derechos. Bajo estas condiciones, esperar que las plataformas digitales públicas o las políticas tecnológicas logren cerrar brechas de género no solo es un desafío monumental: roza lo utópico.

El problema es que esta narrativa de “progreso digital” funciona como una promesa vacía. No sólo deja a muchas personas atrás, sino que legítimamente las excluye de espacios, servicios y oportunidades a los que deberían tener acceso. Y esa exclusión —cuando afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas y diversidades— no es un simple fallo de política pública: es una forma de violencia estructural.

La tecnología como disputa política y como herramienta de control

La tecnología siempre ha sido política, pero hoy su papel en la disputa por el poder es más evidente que nunca. En el Perú, la digitalización del Estado ha sido utilizada no solo para gestionar trámites sin previa alfabetización digital, sino para controlar movilizaciones, monitorear redes sociales y vigilar a quienes cuestionan el orden establecido, como lo hemos comentado. Al mismo tiempo, organizaciones de sociedad civil, como Derechos Digitales, Hiperderecho, Access Now e Internews han documentado prácticas de vigilancia indebida desde distintas instituciones estatales. Estas prácticas van desde monitoreo de perfiles en redes, recolección de información sin consentimiento, seguimiento a activistas mediante metadatos, hasta campañas de desinformación dirigidas particularmente contra mujeres defensoras de derechos humanos.

Los casos no son aislados. En varias protestas se han reportado^[8][9]:

• Filmaciones dirigidas a identificar lideresas y voceras: Esto desde el uso de cámaras pero también personas (trabajadores públicos o no) que las y los  registran a modo de infiltrados, desde dispositivos móviles.
• Uso de drones sin regulación, algunos de ellos con la capacidad de identificar rasgos biométricos sin autorización.
• Retención de celulares sin orden judicial, lo que les lleva a acceder a la información del dispositivo, poniendo en riesgo a todo el entorno del activista o periodista.
• Análisis de chats y grupos en redes, en ocasiones infiltradas en esos espacios de mensajería y otros desde el monitoreo de las redes sociales públicas.
• Recopilación de información biométrica, con el uso de cámaras en las ciudades o desde organismos institucionales.

El problema es doble: por un lado, estas prácticas vulneran derechos fundamentales; por otro, ocurren en un país donde las instituciones encargadas de proteger la seguridad digital están debilitadas.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sigue siendo, lamentablemente, una institución simbólica: sin presupuesto suficiente, sin autonomía técnica real y sin capacidad efectiva para fiscalizar al propio Estado cuando despliega tecnologías intrusivas. Esta fragilidad no es casual, sino estructural. En un país donde la vigilancia estatal históricamente ha recaído con más fuerza sobre mujeres, pueblos indígenas, juventudes y personas defensoras de derechos humanos, tener una autoridad debilitada equivale a no tener protección alguna. Lo mismo ocurre con el Sistema Nacional de Ciberseguridad, que opera con competencias dispersas entre varios sectores —Interior, Defensa, PCM— sin una entidad rectora fuerte ni un modelo de gobernanza claro. La consecuencia es previsible: nadie asume responsabilidad plena.

En este escenario, la Secretaría Nacional de Transformación Digital aparece como el actor institucional que más impulso político ha tenido en los últimos años. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿tiene realmente las facultades, herramientas técnicas y autonomía política para auditar tecnologías de vigilancia, especialmente aquellas incorporadas por fuerzas del orden? Hoy, la respuesta es incierta. Y justamente por esa incertidumbre, la Defensoría del Pueblo debería involucrarse de manera activa y sistemática. No como un gesto simbólico, sino como un mandato: la protección de derechos fundamentales en contextos de innovación tecnológica exige instituciones de control fuertes, críticas y presentes.

La reciente aprobación del Reglamento de Uso de Inteligencia Artificial^[10] en el Perú representa un paso importante al incorporar principios como no discriminación, transparencia algorítmica, supervisión humana en sistemas de alto riesgo, privacy by design, auditorías y responsabilidad institucional. Sin embargo, estos principios quedan incompletos si no vienen acompañados de mecanismos robustos de implementación. El reglamento deja vacíos significativos al no incluir protocolos obligatorios para evaluaciones de impacto de género, racial y territorial; participación comunitaria y ciudadana en la toma de decisiones; recursos efectivos de reparación cuando ocurran daños; auditorías públicas independientes; y verdaderos sistemas de rendición de cuentas.

Sin estas garantías, la promesa de una “IA ética” corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Y para las mujeres en nuestra diversidad, comunidades indígenas, diversidades y defensoras que ya enfrentan vigilancia desproporcionada, esos vacíos no son técnicos: son profundamente políticos y profundamente peligrosos.

Así, la vigilancia digital se normaliza. Las personas de turno en el Estado ganan poder, pero la ciudadanía pierde control.

El mito del tecnosolucionismo

El tecnosolucionismo^[11] es, en esencia, la ilusión de que todos los problemas sociales pueden resolverse con tecnología. Es una narrativa seductora, especialmente para gobiernos en crisis, porque promete soluciones rápidas, “neutrales”, eficientes y aparentemente libres de conflicto político. Pero esa misma promesa es profundamente engañosa: despolitiza las desigualdades, borra las responsabilidades del Estado y convierte la complejidad social en un simple problema técnico. Lo que desde los feminismos latinoamericanos venimos señalando desde hace décadas es que esta narrativa no solo simplifica la realidad: también invisibiliza cuerpos, luchas, territorios y memorias históricas.

El tecnosolucionismo es cómodo para quienes gobiernan porque desplaza el foco: ya no se discuten las causas estructurales de la violencia, de la pobreza, del racismo o del abandono estatal. En su lugar, se delega la “solución” a una aplicación, un algoritmo. Pero la tecnología no puede corregir aquello que el Estado se niega a transformar. No puede resolver desigualdades que el propio modelo económico reproduce, ni puede sustituir la participación real de comunidades diversas en la toma de decisiones.

Hablar de “inteligencia artificial para modernizar el Estado” en un país que no garantiza la protección de datos personales es tecnosolucionismo. Implementar sistemas de reconocimiento facial en un contexto donde el racismo está normalizado —y donde la criminalización históricamente ha recaído sobre cuerpos racializados, empobrecidos y feminizados— es tecnosolucionismo. Digitalizar trámites sin garantizar alfabetización digital, accesibilidad y conectividad significativa para las mujeres rurales, indígenas o de periferias urbanas también lo es. Lo mismo ocurre cuando se diseñan indicadores algorítmicos para evaluar a docentes y estudiantes sin escuchar sus experiencias, sin analizar los determinantes sociales que condicionan el aprendizaje y, sobre todo, sin reconocer la diversidad territorial y cultural del país.

El tecnosolucionismo, al final, no solo es un error técnico: es una forma de violencia epistémica. Porque impone modelos ajenos, maquilla desigualdades coloniales y produce políticas que parecen innovadoras, pero que en realidad profundizan la exclusión. Y lo más grave: nos hace creer que la participación ciudadana es un obstáculo, cuando debería ser el corazón de cualquier proceso tecnológico democrático.

El problema es que la mayoría de tecnologías de IA que llegan al Perú se diseñan desde el Norte Global, bajo lógicas culturales e idiomáticas que no contemplan nuestras realidades. Esto genera una nueva dependencia: la dependencia algorítmica. Países como el Perú se convierten en usuarios, no creadores; en consumidores, no en actores tecnológicos.

Por ejemplo, la iniciativa del Poder Judicial al contar con un software de Inteligenci artificial que promete tener resoluciones en 40 segundos llamado Amauta.pro, no toma en cuenta los sesgos raciales, o de genero minimante que tiene Perú, sobretodo porque pretende ser usado en once juzgados del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familia^[12], además de ser un gasto más que una inversión eficiente con el dinero de nuestros aportes.

La tecnología no puede corregir aquello que el Estado se niega a transformar. No puede resolver desigualdades que el propio modelo económico reproduce, ni puede sustituir la participación real de comunidades diversas en la toma de decisiones.

Esto se entiende como colonialidad digital. Safiya Noble lo ilustra con claridad: los modelos algorítmicos están entrenados con datos que portan sesgos estructurales, y cuando esos sistemas se importan a contextos diferentes, el daño se multiplica^[13].

Pretender que esos algoritmos se adapten automáticamente a las realidades del Perú es ingenuo y colonial. Por eso, una tecnología ética no solo debe funcionar técnicamente: debe ser socialmente legítima y políticamente justa.

El cuidado como límite ético de la automatización

Si hay un ámbito donde la IA no puede reemplazar a las personas, es el cuidado. La ONU y la CEPAL han reconocido el cuidado como un derecho humano y un pilar fundamental para la sostenibilidad de la vida. Este reconocimiento se vuelve aún más urgente en sociedades donde el cuidado recae mayoritariamente en mujeres y donde las condiciones laborales de cuidadoras son precarias.

En el Perú, el sistema de salud pública vive un colapso permanente: falta de personal, largas colas, deudas hospitalarias, infraestructura deficiente y burnout. En este escenario, la IA se presenta como una herramienta que podría “aliviar cargas”. Pero esa es una ilusión peligrosa.

La IA puede ayudar a organizar información, predecir tendencias o agilizar procesos administrativos. Pero no puede escuchar el dolor humano, no puede tomar decisiones éticas, no puede acompañar duelos, no puede ofrecer contención emocional. No puede reemplazar la presencia.

La automatización del cuidado en países desiguales puede llevar a profundizar las inequidades: quienes puedan pagar accederán a cuidados humanos; quienes no, serán atendidos por máquinas. El cuidado es un territorio que debe resistir la automatización indiscriminada. La tecnología debe apoyar y complementar, pero jamás sustituir.

Un horizonte tecnopolítico para el buen vivir

A pesar de las tensiones, no todo horizonte es oscuro. En el Perú y en América Latina existe una fuerza creciente de mujeres, activistas, programadoras, comunicadoras e investigadoras que están reimaginando la tecnología desde un enfoque ético, comunitario y feminista. Esta resistencia y creación tecnológica constituye un movimiento tecnopolítico que propone alternativas radicales al modelo de vigilancia estatal.

Entre estas experiencias destacan, proyectos de redes comunitarias autónomas en zonas rurales, iniciativas de seguridad digital con enfoque feminista, pedagogías de alfabetización mediática y antidesinformación, colectivos LGTBQ+ que construyen espacios seguros en línea, laboratorios ciudadanos que desarrollan herramientas de software libre, organizaciones indígenas que usan tecnología para defensa territorial, grupos de periodistas que investigan el impacto de algoritmos en la democracia.

Estas propuestas demuestran que otra tecnología es posible: una que no esté centrada en el control, sino en la vida; no en la eficiencia, sino en el cuidado; no en la velocidad, sino en la justicia social.

Para avanzar hacia un horizonte más justo, propongo tres claves que quizá caen en la romantización de lo posible:

1. Superar el antropocentrismo tecnológico, pues la discusión tecnológica debe considerar el impacto ambiental, territorial y social de la IA. La nube consume agua, energía y minerales que provienen, muchas veces, de territorios indígenas. El buen vivir nos invita a pensar tecnologías que respeten la vida en su pluralidad y que no dependan de extractivismos violentos
2.  Reapropiarnos de lo digital, ya que la resistencia implica recuperar los espacios digitales, denunciar la violencia en línea, fortalecer la seguridad digital comunitaria y construir narrativas propias. La creación digital también es un acto político
3.  Construir políticas públicas con participación real de ciudadanía y especialistas, tomando en cuenta que las decisiones tecnológicas deben incluir a mujeres, juventudes, comunidades indígenas, personas LGTBQ+, periodistas, organizaciones de base y colectivos históricamente marginados. Sin participación, no hay democracia digital.

La tecnología es una extensión de nuestras corporalidades, de nuestras memorias y de nuestras formas de habitar el mundo. Cuando se diseña sin perspectiva de derechos humanos, se convierte en arma; cuando se diseña con justicia social, se convierte en herramienta de emancipación.

La tarea desde los feminismos es clara: desmontar mitos, cuestionar usos autoritarios, exigir transparencia y, sobre todo, crear alternativas. Porque la innovación no debe ser excusa para vigilar. Debe ser una herramienta para el buen vivir.

^[1] León Lucía, IA en el Perú: reglamento listo, datos pendientes (2025)

^[2] CEPAL,  Economía del cuidado y políticas públicas. (2025)

^[3] Benjamin, Ruha. Race After Technology. Polity Press (2019)

^[4] PRONATEL, (2025)  Contribución en la reducción de brechas digitales

^[5] CEPAL,  (2023) Digitalización de las mujeres en América Latina y el Caribe: acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad

^[6]  Segato, Rita (2015). La guerra contra las mujeres

^[7]  Ricaurte, Paola (2019). “Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resistance”.

^[8] Internews (2024) Información y riesgo

^[9] León Lucía, Hiperderecho (2025) Vigilados en Secreto

^[10] León Lucia, Hiperderecho (2025) Reglamento listo, datos pendientes

^[11] Evgeny Morozov(2013) la Locura del tecnosolucionismo

^[12] Gaspar y León, Hiperderecho (2025) ¿Hacia dónde vamos con la justicIA?

^[13] Safiya Noble (2018) Algoritmos de la opresión.

En estas veinte ediciones se han puesto sobre la mesa temas que marcaron la agenda nacional e internacional: la reconciliación después del conflicto armado interno, la lucha contra la corrupción, la defensa de la diversidad y la inclusión, los desafíos de la migración, el impacto del cambio climático, las tensiones entre empresas y derechos humanos, o la fragilidad del consenso global en tiempos de crisis.

Este portafolio conmemora los veinte años de un proyecto que nos recuerda que el camino por los derechos humanos no es lineal ni está concluido, pero que siempre se fortalece cuando se abre al intercambio, al arte y a la comunicación.

Han pasado veinte años desde que el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú (IDEHPUCP) organizó la primera edición del Encuentro de Derechos Humanos. Entonces el país era otro. Dos años antes, en agosto de 2003, se había entregado el Informe Final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) y esa fue la semilla del nacimiento del IDEHPUCP, en el año 2004 y del Encuentro el 2005. Era una época en la que se instaló una cierta urgencia de hablar del respeto a los derechos humanos, del reconocimiento a las víctimas del conflicto armado interno, de la importancia de la memoria. Hoy, en 2025, aquellos sentidos comunes son cuestionados y llevados a espacios de disputa. Y, sin embargo, el Encuentro de Derechos Humanos cumplió 20 años.

La investigadora Iris Jave, quien estuvo presente desde el inicio, tiene claro que mantener este espacio después de dos décadas significa “ir a contracorriente”, en un contexto en el que los derechos humanos se ven sometidos a un ataque constante tanto en Perú como en el mundo. Lo que comenzó como un evento académico centrado en las recomendaciones de la CVR, se ha convertido en una tradición que convoca año tras año a estudiantes, académicos, activistas, funcionarios públicos y artistas. Un lugar donde se cruzan saberes, experiencias y memorias.

El punto de partida

La entrega del Informe Final de la CVR marcó un antes y un después en la comprensión de la violencia política en el Perú. El siglo XXI empezaba y el Perú era un país que intentaba procesar las heridas abiertas por dos décadas de conflicto armado. La pregunta de cómo hablar de memoria, justicia y reparación estaba en el centro del debate público.

«Han pasado veinte años desde que el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú organizó la primera edición del Encuentro de Derechos Humanos. Entonces el país era otro.»

“Ideas como visibilizar y dialogar sobre los problemas señalados por la Comisión de la Verdad fueron lo que dio origen al Encuentro”, recuerda Iris Jave. “En ese primer intento, la prioridad era dar continuidad a las recomendaciones de la CVR y abrir un espacio de discusión que no quedara solo en círculos especializados, sino que involucrara a la sociedad civil, a la cooperación internacional y, por supuesto, a la universidad”, añade.

Desde el inicio, la apuesta fue ambiciosa. Las primeras ediciones duraban una semana entera y convocaban a una gran diversidad de actores: organizaciones de derechos humanos, colectivos de familiares de víctimas, agencias de cooperación, estudiantes y profesores. La programación incluía mesas de debate, ferias de organizaciones y actividades culturales; todo con el objetivo claro de abrir el diálogo desde la Academia, pero con el objetivo de trascender las aulas universitarias.

Elizabeth Salmón, quien dirigió el IDEHPUCP durante doce años, recuerda que el Encuentro nació como un puente para convocar a la universidad en su conjunto a reflexionar sobre los temas más urgentes desde una perspectiva social. Esa convocatoria, explica, pronto atrajo también a públicos externos. “Eso fue muy valioso porque obligaba a ampliar la mirada, a escuchar otras voces y a pensar cómo dialogar con ellas”, señala.

El impacto de la CVR estaba fresco. Pero, como explica Sofía Macher, excomisionada, lo verdaderamente significativo es que el Encuentro ayudó a darle continuidad a un proceso que, de otro modo, pudo haberse diluido. “Después de la entrega del informe, prácticamente no existía una política de memoria en el país. La CVR había puesto el tema sobre la mesa, pero no había un desarrollo institucional claro. El Encuentro contribuyó a mantener viva esa conversación, a incorporar la memoria como un eje central en la reflexión académica y social. Fue, de algún modo, una extensión del trabajo iniciado por la Comisión”, reflexiona.

Así, los primeros Encuentros se convirtieron en un espacio de memoria en acción, donde la academia dialogaba con el activismo y donde la universidad se abría para reconocer a quienes habían sido históricamente excluidos de sus espacios.

Los desafíos de apostar por la memoria

Si algo distingue al Encuentro de Derechos Humanos es su capacidad de transformación. Con los años, las ediciones trascendieron los resultados del trabajo de la CVR, encontraron nuevas aristas para abordarlo y se expandieron para ahondar en asuntos relativos a la democracia, la gobernanza, la corrupción, los derechos de los pueblos indígenas, la migración, el cambio climático y la equidad de género.

Según Iris Jave, el Instituto hizo un esfuerzo consciente por mirar más allá del conflicto armado. “Ya no solo se trataba de lo ocurrido durante los años de violencia, sino de cómo esos temas se vinculaban con la calidad de la democracia, con la participación ciudadana, con las nuevas generaciones y sus formas de involucrarse en el espacio público”, explica.

Esa apertura temática vino acompañada de una diversificación en las formas de participación. A las mesas de debate se sumaron conciertos, obras de teatro, cineforos, performances y ferias de organizaciones. Patricia Barrantes, coordinadora de comunicaciones del IDEHPUCP, recuerda con entusiasmo aquellos años en los que el Encuentro reunía a más de veinte instituciones en una feria informativa que convivía con actividades culturales y artísticas. “Era un espacio vibrante que atraía a estudiantes, activistas y público en general. Con el tiempo, la feria fue desapareciendo por temas de presupuesto y porque las redes sociales cambiaron la dinámica de la información, pero la idea de combinar reflexión académica con expresión cultural siempre se mantuvo”, comenta.

Iris Jave también habla de dichas ferias con entusiasmo, como la posibilidad de abrir horizontes y tejer vínculos. “Puede parecer algo trivial, pero para muchas de esas personas significaba ser reconocidas, tener acceso a un espacio que históricamente les había estado vedado. Era un acto simbólico muy poderoso”, explica.

El Encuentro también enfrentó momentos de crisis y adaptación. El más evidente ocurrió en 2020, cuando la pandemia obligó a suspender la edición de ese año. Fue la única vez en dos décadas que el evento no se realizó. Sin embargo, la pausa dio paso a la reinvención: en 2021, el Encuentro regresó en formato virtual, con mesas que congregaron a cientos de personas conectadas y con la participación de expositores internacionales que, de otro modo, hubiera sido imposible traer a Lima. “Nos dimos cuenta de que la virtualidad nos abría nuevas posibilidades”, recuerda Patricia Barrantes. Ese año, incluso se estrenó una obra de teatro creada para Zoom, y todas las mesas contaron con la presencia de invitados internacionales. “Fue un encuentro diferente, pero muy enriquecedor”, dice.

Ese espíritu de adaptación ha sido clave para la supervivencia del Encuentro. A lo largo de los años, el evento pasó de ser un experimento universitario a consolidarse como una tradición institucional respaldada por el rectorado de la PUCP y reconocida en la comunidad académica y de derechos humanos.

Elizabeth Salmón lo resume así: “Hoy, hablar del Encuentro de Derechos Humanos es hablar de una tradición universitaria. Un espacio que ha sabido mantener su objetivo central —promover el diálogo y la reflexión crítica—, pero que también ha ampliado su alcance, incorporando nuevas voces y nuevas formas de abordar los problemas”, señala.

Voces protagonistas

A lo largo de veinte años, el Encuentro ha reunido a cientos de ponentes, invitados y organizadores. Pero son las voces de quienes lo han vivido de cerca las que mejor permiten entender su importancia.

Iris Jave, por ejemplo, recuerda la visita de Julián Bonder, arquitecto argentino radicado en Estados Unidos que fue invitado al Encuentro por su trabajo sobre memoria y espacio público. “Fue gratificante ver cómo alguien que no venía del mundo académico de los derechos humanos, sino de la arquitectura, incorporaba el enfoque de memoria a partir de su paso por el Encuentro. Ese tipo de cruces son los que enriquecen la discusión”, sostiene.

Elizabeth Salmón, por su parte, destaca el valor del trabajo colectivo. Como directora, aprendió que el Encuentro era una oportunidad para que toda la institución trabajara unida. “Había división de tareas, claro, pero en esos días todos teníamos que remar en la misma dirección. Esa capacidad de trabajo en equipo fue para mí uno de los mayores aprendizajes”, recuerda. También resalta la importancia de las actividades culturales que acompañaban las ediciones: obras de teatro, exposiciones gráficas, proyecciones de cine. “Eso permitía llegar a públicos más amplios y darle al Encuentro una dimensión distinta, más creativa y sensible”, apunta.

«No podemos sucumbir a estas olas horribles que amenazan con arrasar con los avances en derechos humanos. El Encuentro debe seguir visibilizando, vinculando a nuevas generaciones, proponiendo ideas concretas. Esa es nuestra identidad como instituto y como universidad»

Patricia Barrantes, quien ha estado involucrada en la organización desde 2007, tiene claro que el Encuentro es más que un evento: es una forma de mostrar al país que la universidad tiene un compromiso activo con la sociedad. “Para mí, el Encuentro no es solo un espacio de reflexión académica, sino la actividad del año donde el instituto demuestra que somos parte importante de la universidad y de la sociedad civil. Es un espacio que me entusiasma porque genera debate, polémica, participación juvenil. Y eso es lo que lo mantiene vivo”, sostiene.

Sofía Macher añade otra dimensión: la de la memoria histórica. En su visión, el Encuentro ha sido una manera de prolongar y expandir el trabajo iniciado por la CVR adaptado a los tiempos que el Perú ha ido transitando. “En un país donde no existe todavía una política pública de memoria, estos espacios son vitales. Permiten reflexionar sobre lo ocurrido, pero también conectar esa reflexión con problemas actuales como la discriminación, la corrupción o la violencia institucional. Sin el Encuentro, la memoria correría el riesgo de quedarse encerrada en círculos académicos”, advierte.

Un espacio para resistir

Dos décadas después, el contexto no es alentador. En Perú y en muchos otros países, los sentidos comunes en torno a los derechos humanos son duramente cuestionados y hasta tergiversados a través de discursos políticos que los minimizan o los presentan como un obstáculo. Esto, a su vez, se refleja en los retrocesos en políticas de inclusión, ataques a defensores y periodistas, y una ciudadanía cada vez más polarizada configuran un panorama difícil.

Para Elizabeth Salmón, la palabra clave es resistencia. “No podemos sucumbir a estas olas horribles que amenazan con arrasar con los avances en derechos humanos. El Encuentro debe seguir visibilizando, vinculando a nuevas generaciones, proponiendo ideas concretas. Esa es nuestra identidad como instituto y como universidad”, afirma.

Sofía Macher coincide en que el papel de la academia es fundamental. “En un momento en que se normalizan discursos de odio y se deslegitima la defensa de los derechos humanos, la universidad tiene que estar de lleno en este debate. El Encuentro es la mejor forma de hacerlo”, sostiene.

El Encuentro llega a sus veinte años con la mirada puesta en el futuro. Los retos son claros: fortalecer la descentralización, involucrar a universidades de otras regiones, mantener el vínculo con la sociedad civil, y sobre todo, conectar con las nuevas generaciones.

“Lo que no se puede perder es el equilibrio entre lo académico y lo social”, dice Patricia Barrantes. Para ella, la clave está en que la investigación universitaria se traduzca en impacto en la sociedad y el desafío, en suma, es mantener la vitalidad y la pertinencia de un espacio que ya es tradición. 

El Encuentro recuerda, año tras año, que hablar de dignidad, justicia y memoria es un acto profundamente político. Y que la universidad puede y debe ser un lugar de encuentro para todas las voces que creen en la posibilidad de un futuro más justo. Veinte años después, el mensaje sigue siendo claro: no hay democracia sin memoria, no hay futuro sin derechos humanos. Y así, la edición número 21 del Encuentro de Derechos Humanos ya está en marcha.

En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos del IDEHPUCP, titulado “La crisis del consenso global”, el historiador argentino Juan Pablo Artinian tuvo a su cargo la conferencia magistral de inauguración. A continuación, compartimos su ponencia.

Es un gran honor poder compartir mis ideas en el Encuentro de Derechos Humanos en la Pontificia Universidad Católica de Perú. Agradezco al director del Instituto de Democracia y Derechos Humanos Profesor Miguel Giusti por la invitación y a las autoridades de la Universidad por su apoyo y ayuda.

Voy a comenzar esta presentación con una historia de vida. En 1944, en Rumania, nació un niño. Sus primeros meses fueron marcados por una Europa desgarrada por la Segunda Guerra Mundial, por los bombardeos aliados y el avance del ejército ruso sobre las fuerzas alemanas. Los padres de ese niño pertenecían a un pueblo que había sobrevivido a un genocidio durante la Primera Guerra Mundial. El Genocidio Armenio de 1915, donde más de un millón de seres humanos fueron exterminados por el Imperio Otomano. Ese niño pasó sus primeros años bajo el comunismo. Mi padre recordaba ser un niño y esperar junto a su madre en las largas filas con las tarjetas de racionamiento para tener un poco de pan. Todavía sentía el frío y recordaba la estatua de Stalin cerca de su jardín de infantes. que les Su familia escapó -una vez más- y se dirigió hacia Francia. En 1952, con un pasaporte Nansen de refugiado de la Segunda Mundial llegó -junto a sus padres- a la Argentina. Ese refugiado es mi padre. Los genocidios, las persecuciones y la supervivencia atraviesan el pasado de mi familia, pero también la de cientos de miles de personas durante el siglo XX. La búsqueda de justicia y un consenso global sobre no repetir los crímenes de la primera parte del siglo XX eran el horizonte ético después de 1945. La declaración universal de los derechos humanos en 1948 y la creación de la Convención para la Prevención y la Sanción del delito del Genocidio. 

En esta presentación quiero abordar la temática de los genocidios en el siglo XX desde una mirada histórica.  Analizaré la creación de un posible consenso global tanto en torno a la noción de justicia internacional como en el plano de valores humanitarios y éticos. Si bien el Encuentro de Derechos Humanos plantea paralelismos entre las instituciones, normas y convicciones éticas desarrolladas a partir de 1945 creo pertinente rastrear una genealogía anterior a la Segunda Guerra Mundial. Así, el genocidio contra los armenios durante la Primera Guerra Mundial y su impunidad es el antecedente del Holocausto. A pesar de los juicios de Núremberg y la Carta de San Francisco, antecesora de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la actualidad observarnos cambios y regresiones en ese conceso global de postguerra. Los genocidios se convirtieron –de esta forma– en una de las principales causas de muertes de las poblaciones civiles después de la Segunda Guerra Mundial

¿Por qué el conocimiento sobre los genocidios–que transcurrieron en uno de los siglos más violentos de la historia– es relevante para el siglo XXI? El concepto de genocidio fue creado por el jurista judío Raphael Lemkin, conmovido por las atrocidades sufridas por los armenios en el Imperio otomano. La definición del año 1948 de la Convención para la Sanción y Prevención del Delito de Genocidio, en su artículo segundo, explica que:

«Se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso». Se consideran, entonces:

1. Matanza de miembros del grupo
2.  Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo
3. Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial
4. Medidas destinadas a impedir nacimientos en el seno del grupo
5. Traslado por la fuerza de niños del grupo a otro grupo

El siglo XX fue ávido en experimentos de ingeniería política y social dispuestos a destruir a poblaciones enteras en nombre de una ideología o una entidad imaginada como “nación” o Reich. Los genocidios atravesaron la modernidad: el cometido contra los armenios en 1915 ocurrió en una zona alejada de la denominada “civilización europea”. Unos años después –y ya en el corazón mismo de la modernidad– fueron ejecutados judíos, roma-sinti, disidentes políticos y minorías sexuales durante la ocupación nazi de Europa. 

El Genocidio Armenio 

El genocidio contra los armenios fue un asesinato sistemático, planificado y ejecutado por el Imperio otomano. Entre 1915 y 1923 –donde actualmente se encuentra la república de Turquía– se estima que fueron exterminadas más de un millón de personas. El régimen de los Jóvenes Turcos gobernaba en el imperio otomano durante la primera guerra mundial. El objetivo del imperio era terminar con lo que consideraban “la cuestión armenia” y crear un espacio étnicamente homogéneo. Primero, los jóvenes turcos comenzaron a desarmar y asesinar a los armenios del ejército otomano. El 24 de abril de 1915 fueron encarcelados y ultimados los principales líderes comunitarios de Constantinopla. De forma simultánea, comenzó la deportación de toda la minoría del imperio. Las mujeres, los niños y los ancianos fueron expulsados de sus pueblos y forzados a caminar hacia el desierto. Estas caravanas eran atacadas por la Organización Especial (un escuadrón de la muerte creado por el Estado) y algunas tribus kurdas. La gendarmería turca estuvo implicada en la masacre, así como segmentos de la sociedad civil. Aquellos que lograron sobrevivir fueron confinados en diferentes campos de concentración en los desiertos de Siria. En campos como Der-Zor, los deportados morían como consecuencia de las enfermedades y la falta de alimentos. En 1916, aquellos que lograron sobrevivir fueron asesinados en los campos de concentración –por orden del gobierno de los Jóvenes Turcos– en una segunda ola de masacres. El gobierno ordenó que la proporción de armenios –en cualquier rincón del imperio– no debía superar del 5 a 10% de la población. La acumulación de supervivientes en Der-Zor desencadenó la orden de las nuevas masacres. Además, al exterminio le acompañó el robo de las propiedades y bienes de la comunidad. La desigual relación de fuerzas en el interior del imperio permitió actuar a los genocidas con total impunidad frente a una minoría que, al carecer de un Estado propio, no podía reclamar su protección. La falta de una intervención sostenida y eficaz por parte de las potencias para detener el genocidio ampliaron la vulnerabilidad de los armenios frente a un Estado que contaba con el asesoramiento técnico y militar de uno de los principales poderes de la época: la Alemania imperial. El proceso genocida continuó, a la par de la homogeinización de Turquía. Sin embargo, a pesar de la política de aniquilamiento existieron formas de resistencia. 

Las formas de resistencia ante el genocidio se manifestaron en la autodefensa de ciudades como Van y Musa Dagh y también en expresiones aparentemente mínimas con la preservación de la lengua y la religión o la transmisión de la memoria sobre el exterminio. Estas formas de resistencia se dieron en un contexto de asimetría de poder entre los genocidas y las mujeres y hombres perseguidos.

Un antecedente fallido de un consenso global de justicia

En mayo de 1915, Francia, Inglaterra y Rusia acusaron a Turquía por crímenes contra la humanidad en referencia a la deportación y exterminio de la población armenia. En 1919

“En vista de estos nuevos crímenes de Turquía contra la humanidad y la civilización, los gobiernos aliados anuncian públicamente… que considerarán personalmente responsables… a todos los miembros del gobierno otomano y a aquellos de sus agentes que estén implicados en tales masacres.”

Al finalizar la primera guerra Mundial se establecieron una serie de acuerdos de paz siendo el más famoso el Tratado de Versalles. Sin embargo, es importante mencionar -en relación al genocidio contra los armenios- el tratado de Sévres firmado entre los aliados y el derrotado Imperio Otomano. Varios artículos que estipulaban el juicio y castigo de los responsables del genocidio se habían insertado en el Tratado de Paz de Sèvres. El artículo 144 establecía que «el Gobierno turco reconoce la injusticia de la ley de 1915 relativa a las Propiedades Abandonada» y esbozaba medidas de restauración; el artículo 228 establecía que «el Gobierno turco se compromete a proporcionar todos los documentos e información de todo tipo, cuya presentación se considere necesaria para garantizar el pleno conocimiento de los actos incriminatorios, el procesamiento de los infractores y la justa apreciación de la responsabilidad».

«La pregunta de Hitler en 1939: “¿Quién, después de todo, habla hoy de la aniquilación de los armenios?” es quizás la síntesis más elocuente. Sin embargo, a diferencia del exterminio de 1915, luego de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg marcaron una distinción con la falta de justicia del caso armenio».

Incluso se proyectó una corte establecida por la Sociedad de Naciones para que fuese el tribunal designado. El artículo 230 del Tratado obligaba a Turquía a reconocer su jurisdicción si la Sociedad de Naciones creaba un tribunal competente para conocer de dichas masacres. Sin embargo, este tribunal internacional no se estableció. Un año después de concluida la Primera Guerra Mundial, comenzaron los juicios en Constantinopla para juzgar a los responsables del exterminio.  Durante su existencia, los Tribunales Marciales sufrieron numerosos cambios: de un sistema civil-militar a un sistema militar, así como cambios en su personal, incluyendo una alta rotación de jueces. Los juicios se basaron en el código penal otomano. La sentencia del Auto de Acusación Clave se dictó el 5 de julio de 1919. El Tribunal declaró culpables a los ministros del gabinete tanto de orquestar la entrada de Turquía en la Primera Guerra Mundial como de cometer las masacres de los armenios. Los exlíderes Talat, Enver, Cemal, el Dr. Nazim (y el Dr. Behaeddin Şakir en un proceso separado el 13 de enero de 1920) fueron declarados culpables de asesinato en masa en primer grado.  Allí, se condenó in absentia a Talat -ministro del interior y arquitecto del genocidio- que había huido a Alemania. En 1921, fue ajusticiado en Berlín por un joven armenio. Sin embargo, los juicios fueron rechazados y clausurados por el movimiento nacionalista turco. Además, las fuerzas de Mustafá Kemal atacaron a la efímera República de Armenia que fue sovietizada en 1920. Con el exterminio de los pocos sobrevivientes con el incendio de Esmirna en 1922, concluyó la limpieza étnica de Turquía. En contraposición a las promesas de los acuerdos de Paris, en 1923 se firmó el Tratado de Lausana de 1923 entre Turquía, Grecia y las naciones aliadas de la Primera Guerra Mundial que incluyó una declaración de amnistía para todos los delitos cometidos entre el 1 de agosto de 1914 y el 20 de noviembre de 1922 en Turquía. El tratado de Lausana selló la impunidad del genocidio y relegó este crimen al silencio y el olvido.

El genocidio armenio y el Holocausto

La posibilidad de comparar diferentes casos históricos de exterminio permite observar algunos rasgos en común. Así, desde una dimensión comparativa, el genocidio contra los armenios posee una relación directa y orgánica con el posterior Holocausto. Algunos elementos comunes en los dos casos fueron la deshumanización de estas minorías a través de diversas metáforas que los “animalizaron”. Otra característica, fue la utilización del ferrocarril para las deportaciones, que es bien conocida para el Holocausto, y que tuvo su antecedente –menos visible– en el caso de 1915. También encontramos continuidades históricas entre los dos casos: durante la Gran Guerra los técnicos y oficiales alemanes que participaron en el ejército otomano tuvieron un conocimiento detallado sobre el exterminio. Otro ejemplo es el de Max Scheubner-Richter, vicecónsul alemán de la ciudad turca de Erzurum, testigo de las masacres y luego afiliado al partido nacionalsocialista. La impunidad y falta de intervención durante el exterminio de los armenios estuvo presente como antecedente en la visión de los nazis previamente a la implementación de la “Solución Final”.

La pregunta de Hitler en 1939: “¿Quién, después de todo, habla hoy de la aniquilación de los armenios?” es quizás la síntesis más elocuente. Sin embargo, a diferencia del exterminio de 1915, luego de la Segunda Guerra Mundial, los juicios de Núremberg marcaron una distinción con la falta de justicia del caso armenio. Raphael Lemkin y el concepto de genocidio Las noticias sobre el ajusticiamiento de Talat y el testimonio que brindó Telhirian durante el juicio fueron leídas por un judío llamado Raphael Lemkin que comenzaba sus estudios universitarios. Conmovido por los horrores que sufrieron los cristianos, este estudiante de la ciudad de Lvov en Polonia preguntó a su profesor como era posible que existiese una figura legal para llevar a corte a un hombre como Telhirian y no existiese otra para juzgar a aquel que ha exterminado a más de un millón de seres humanos. “Cuestiones de soberanía nacional”, contestó el profesor y agregó que las autoridades turcas podían hacer lo que quisiesen con la población residente dentro del Imperio otomano. El joven estudiante encontró esa respuesta insuficiente. Había comenzado su largo itinerario hacia la creación de un nuevo concepto: genocidio. Rapahel Lemkin creó el concepto de genocidio en su libro El dominio del Eje en la Europa Ocupada (1944) y desempeñó un papel clave en la defensa de la Convención de las Naciones Unidas de 1948 para la Prevención y la Sanción del Delito de Genocidio. El concepto de Lemkin es importante en el derecho internacional y también es empleado en disciplinas como la historia, entre otras ciencias sociales.

El nacimiento de un consenso global: De la Carta de Londres al Juicio de Núremberg

En los juicios se demostró la culpabilidad de miembros, colaboradores y funcionarios de la dictadura nazi y la mayoría de ellos fueron declarados culpables de diferentes crímenes contra la humanidad. Los juicios de Núremberg investigaron y condenaron las atrocidades cometidas entre septiembre de 1939 y mayo de 1945. Los procesos judiciales son conocidos con el nombre de la ciudad alemana donde transcurrieron y se efectuaron entre el 20 de noviembre de 1945 hasta el 1 de octubre de 1946. Del conjunto de acciones legales, el más conocido e impactante, en esa época y la actual, fue el juicio principal de Núremberg que comenzó el 20 de noviembre bajo la dirección del Tribunal Militar Internacional. Esa corte había sido establecida por la denominada Carta de Londres que –a través de un documento de agosto de 1945 firmado por Estados Unidos, Francia, Inglaterra y la Unión Soviética– estableció las bases para el futuro tribunal militar y los juicios de Núremberg. En el proceso se juzgaron a los principales dirigentes nazis que habían sobrevivido y a varias de sus organizaciones. La corte de Núremberg dictó sentencias tipificadas como “crímenes contra a la humanidad” y “crímenes de guerra” y contribuyó a la jurisprudencia internacional. De esta forma, tanto las Naciones Unidas (creadas en 1945) como el posterior Tribunal Penal Internacional (1998) tomaron las enseñanzas de estos juicios. La sentencia final se circunscribió a las figuras de crímenes contra la humanidad y crímenes de guerra, pero no incluyó la definición de genocidio a pesar de los esfuerzos de su creador Raphael Lemkin.

Un nuevo contexto: la Guerra Fría y la exclusión de los grupos políticos

La definición original de 1944 incluía tanto a los grupos políticos como la dimensión cultural para el crimen de genocidio. Sin embargo, es importante tener presente el contexto de postguerra en la exclusión de los grupos políticos y en la dimensión |cultural. Debe tenerse en cuenta la importante presión que ejerció la Unión Soviética que –durante los años treinta– había tenido una fuerte política represiva. En los años del estalinismo, tanto disidentes políticos como “enemigos de clase” fueron enviados a los gulags (campos de concentración). Por otra parte, durante la política económica de la denominada “colectivización forzosa” cientos de miles de kulaks (considerados como campesinos “ricos”) fueron asesinados. Al mismo tiempo, el pueblo ucraniano sufrió una hambruna –que también contó con miles de muertos– producto de las políticas de la “colectivización forzosa”. Además de la presión soviética referida a los grupos políticos, los imperios coloniales europeos no miraban con particular simpatía la idea de ser acusados de genocidio cultural en sus dominios de ultramar. En un proceso histórico donde la descolonización de Asia y África avanzaba de forma acelerada, las metrópolis europeas buscaban evitar caer bajo el peso de la tipificación de un crimen cuyo estigma pondría una mirada sombría sobre su autoproclamada “misión civilizatoria”.

«En los años veinte una joven arribó a Buenos Aires en un barco donde se mezclaban voces de diferentes partes del mundo. Ella era una huérfana que llegó -junto a sus hermanos- a un país desconocido, con un idioma extraño. Esa joven era mi abuela una sobreviviente del genocidio armenio.»

Durante el siglo XX no solo el Holocausto mostró los horrores del exterminio planificado. En otras latitudes se volvieron a repetir la violencia sistemática y planificada contra la población civil. Durante la década del setenta, en Camboya, las fuerzas del Khmer Rouge –dirigidas por Pol Pot– exterminaron a gran parte de la población de las ciudades (1975-1979). Ese pequeño país de antiguos templos, donde el budismo había sembrado gran cantidad de adeptos se convirtió –de pronto– en el foco de atención de la prensa mundial, por los horrores que se estaban cometiendo. En la concepción de la nueva sociedad, que habían diseñado Pol Pot y sus seguidores, aquellos que habitaban las ciudades debían ser reeducados o –en caso contrario– exterminados. El líder del Khmer Rouge y sus camaradas habían sido educados en Paris, estaban al tanto de las corrientes de ideas modernas y querían implementar un régimen político –con un ordenamiento social– donde el mundo rural prevaleciera sobre las “decadentes” ciudades. El país entero se convirtió en un gran campo de concentración y exterminio. Solo mediante la intervención del ejército vietnamita –a fines de los años setenta– se detuvo el genocidio. Esta es la única intervención efectiva que detuvo un genocidio. Además de las muertes sistemáticas en Camboya, durante los años noventa en Ruanda la minoría Tutsi fue masacrada por los Hutus. En 1994, en este país del África –que era virtualmente desconocido para gran parte del mundo– se dio uno de los episodios más terribles de aniquilación de mujeres y hombres. El genocidio comenzó con el proceso de deshumanización de las víctimas, cuando los Tutsis fueron considerados como “cucarachas”. La radio local difundía constantemente estereotipos que estigmatizaban a ese grupo como una minoría privilegiada. Los reiterados mensajes de odio alimentaban un exterminio sin remordimientos. De esta manera, las muertes fueron brutales: herramientas de arado, machetes y puñales se utilizaron para asesinar a aquellos que eran los vecinos en una misma aldea o ciudad. Lamentablemente, la comunidad internacional no realizó una acción decidida para detener las matanzas. En plena era de las telecomunicaciones, la información circulaba, pero la respuesta política que hubiese podido detener el genocidio en marcha estuvo ausente. Los exterminios masivos se repitieron al terminar el siglo XX. Otro ejemplo de ello, ocurrió en la turbulenta región de los Balcanes –donde hubo matanzas sistemáticas– en el marco de una zona desgarrada por la guerra y la fragmentación política tras el fin del régimen yugoslavo. Los mismos procesos de deshumanización, racismo y utilización de recursos del Estado para aniquilar a la población fueron desplegados contra los habitantes de Kosovo. Los patrones comunes de los genocidios se volvían a repetir en los campos de concentración de la ex Yugoslavia. Aquello que había sucedido 50 años atrás en las entrañas de la Europa ocupada por el Eje, se repetía con toda su potencia destructora en los márgenes de los Balcanes: las heridas de la persecución, el odio y la muerte. Lamentablemente, el siglo XXI mantuvo el legado de la muerte planificada y sistemática como fue el caso del exterminio en la región de Sudán llamada Darfur. Algunos patrones comunes atraviesan a los genocidios en la modernidad. La deshumanización, el racismo, la deportación y las técnicas modernas para exterminar a poblaciones enteras. La fase final de ese proceso es la negación y los intentos de relativizar las acciones de exterminio. A pesar de la declaración sobre la prevención del delito de genocidio, proclamada por las Naciones Unidas, el siglo XX siguió atravesado por las políticas de destrucción de poblaciones. Fueron los civiles quienes sufrieron los efectos destructivos de una muerte planificada, sistemática y muchas veces burocratizada. Una destrucción que utiliza las formas más sofisticadas de los saberes modernos para la multiplicación de campos de concentración, el perfeccionamiento de las técnicas para destruir cuerpos y la afinación de la retórica negacionista. En definitiva, para exterminar con más eficiencia.

Quisiera cerrar esta presentación con otra historia de vida.

En los años veinte una joven arribó a Buenos Aires en un barco donde se mezclaban voces de diferentes partes del mundo. Ella era una huérfana que llegó -junto a sus hermanos- a un país desconocido, con un idioma extraño. Esa joven era mi abuela una sobreviviente del genocidio armenio. En Argentina formó una familia con otro sobreviviente del genocidio. El nuevo país era y es un refugio para exilados, sobrevivientes del Holocausto y de las violaciones de los derechos humanos de América Latina. 

Mi abuela logró salvar la vida de un bebé durante el genocidio, ella nunca me contó sobre 1915. Sin embargo, en 1982, después de la guerra de Malvinas mi madre grabó una conversación donde le contó cómo sobrevivió. El genocidio es una experiencia extrema donde se reflejan las formas crueles del racismo, de la destrucción y la barbarie. Sin embargo, también, en esa experiencia extrema puede elevarse lo más sublime de la la condición humana: la empatía, la solidaridad y la búsqueda de justicia. 

El siglo XX, ha sido definido como el siglo de los genocidios, en la primera guerra mundial en contra de los armenios.  Después del Holocausto surgió un consenso global para crear convenciones para la defensa de los derechos humanos y la sanción de los genocidios. Sin embargo, los genocidios continuaron y en el siglo XX su sombra se proyecta. Ese consenso global esta en crisis como podemos ver tanto en la guerra de Ucrania como en las violaciones a los derechos humanos en Medio Oriente. En el año 2023, una limpieza étnica de Azerbaiyán contra los armenios de Artsaj, pasó prácticamente desapercibida al mundo. Vivimos un mundo donde los autoritarismos avanzan sobre los derechos humanos, donde el periodismo, el mundo de la cultura y la educación sufren ataques constantes. En este mundo de extremismos, las universidades –y en particular este tipo de encuentros- nos permiten proyectar nuevas formas de resistencia ante este contexto.

La crisis de un consenso global sobre derechos humanos se puede ver en los efectos inocuos de las sanciones de Naciones Unidas y las cortes de Justicia Internacional. Ante un presente convulsionado por las guerras y las masacres, una sociedad civil global muestra que su voz esta presente, y busca un horizonte donde los valores de justicia sean parte de la humanidad. Muchas gracias.

En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos, el director del IDEHPUCP, Miguel Giusti, participó en la mesa «Auschwitz y la construcción del consenso ético global». A partir de las reflexiones de Adorno y Lyotard, sostuvo que Auschwitz no fue solo una tragedia histórica, sino la manifestación del fracaso del racionalismo moderno y de una razón instrumental capaz de organizar el exterminio. Compartimos su ponencia.

La magnitud del horror vivido, perpetrado, en Auschwitz fue tal, que su descubrimiento no pudo ni puede ser sino motivo de escándalo. Cuando el filósofo Theodor Adorno pronunció aquella legendaria sentencia según la cual “después de Auschwitz no es ya posible el pensamiento”^[1], se refería a una doble faz de ese acontecimiento escandaloso: no sólo a que su crueldad fue extrema o desmesurada (en ese sentido “impensable”), sino además a que algo perverso tenía que haber ocurrido en la concepción o en el rumbo de la cultura (en la tradición del pensamiento occidental) para que semejante barbarie haya sido posible.

Es sobre esta reacción filosófica perturbadora que quisiera aquí hacer algunas reflexiones. Sobre la tesis que nos asegura que Auschwitz ha puesto en entredicho el sentido de lo que llamamos “pensar”, al menos en la civilización dominante, y especialmente lo que se define como pensar desde la modernidad. Adorno no es el único filósofo que se interroga sobre el tema, como habremos de ver. Ni siguen todos tampoco una sola línea de argumentación. Pero en lo que sí coinciden es en destacar la complicidad entre el soberbio pensamiento racionalista moderno y su fatal desenlace en el campo de exterminio, así como en mostrar las huellas aún vigentes y los peligros que se ciernen persistentemente sobre la cultura a causa de la mencionada complicidad. Ante la aparición de diversas formas de genocidio en la historia reciente, esas reflexiones han de resultarnos premonitorias.

Me referiré a cuatro filósofos que nos han dejado valiosas lecciones al respecto. Además de Adorno, comentaré brevemente algunas ideas de Jean-François Lyotard, de Giorgio Agamben y de Hannah Arendt. Intentaré trazar un hilo explicativo que nos aclare primero cuál es el vínculo tan potente entre Auschwitz y la tradición del pensamiento racionalista y que nos haga entender luego por qué esa fatal alianza sigue siendo una amenaza en nuestra cultura.

Comenzaré con Lyotard porque, de los cuatro filósofos mencionados, es el que mejor explica el problema central, aun cuando su fuente de inspiración sea claramente la tesis de Adorno. Lyotard es uno de los principales representantes del movimiento filosófico del siglo pasado que se autodenominó “posmoderno”, en la medida en que se propuso denunciar los rasgos supuestamente totalitarios y encubiertos del proyecto civilizatorio surgido en la modernidad. Y ha dedicado varios escritos a desarrollar estas ideas. En uno de ellos, curiosamente titulado La posmodernidad (explicada a los niños)^[2], se lee lo siguiente: “Mi tesis es que el proyecto moderno (de realización de la universalidad) no ha sido abandonado ni olvidado, sino destruido, liquidado. Hay muchos modos de destrucción, y muchos nombres le sirven de símbolos. ‘Auschwitz’ puede ser considerado un nombre paradigmático de la ‘no realización’ trágica de la modernidad.”^[3]

El proyecto moderno del que se nos habla sería la pretensión de la cultura occidental europea de aquella época (¿sólo de aquella época?) de haber concebido un modelo de civilización supuestamente “racional”, de validez universal, gracias al cual todos los ámbitos de la vida social y de la relación con la naturaleza estarían regidos por criterios estrictamente racionales, ya no dependientes de los prejuicios idiosincráticos “irracionales” de otras culturas o de fases más primitivas de la propia. En el ámbito del conocimiento se habría impuesto ampliamente el paradigma de la ciencia natural, acompañado de sus ramificaciones tecnológicas que nos permiten ejercer un dominio sobre la vida entera. En el ámbito del poder, o de la política, se habría impuesto el paradigma de la libertad y de la emancipación, desde entonces considerado como utopía colectiva en el mundo entero. Pero ese proyecto civilizatorio va acompañado de una narrativa que lo convierte precisamente en el modelo utópico universalmente válido, lo que Lyotard llama un “Gran Relato” (Grand Récit) legitimador. Llamarlo “relato” o “narrativa” es, obviamente, una forma de relativizarlo o, más bien, de mostrar una de sus contradicciones performativas, porque lo que sirve así de legitimación es justamente una forma de “saber” (el relato) que ha sido desautorizada por la “ciencia”. Lo dice el propio Lyotard en forma hasta irónica: “El saber científico no puede saber ni hacer saber que es el verdadero saber sin recurrir a otro saber, el relato, que para él es una forma descalificada de saber”^[4]. En cualquier caso, como en todo “relato”, también en el Gran Relato Legitimador de la modernidad hay un protagonista, un “héroe”, que es aquí el “pueblo”, el sujeto de la emancipación.

«Después de Auschwitz no es ya posible el pensamiento».

Pues bien, ¿qué fue lo que ocurrió en Auschwitz? Que allí se sacrificó deliberadamente a un “pueblo”, al supuesto héroe del relato emancipatorio de la modernidad, y que se invirtió en la empresa toda la capacidad del conocimiento científico y tecnológico con el fin de obtener la mayor racionalización del exterminio. Se entiende ahora por qué dice Lyotard que ese lugar, ese nombre, representa paradigmáticamente el fracaso del proyecto de la modernidad, o su no realización trágica. El Gran Relato delató su rostro más siniestro, nos reveló qué era capaz de producir en la historia, tras su intención de racionalizar la comprensión del mundo. Por eso añade que la “posmodernidad” no es sino el reconocimiento de “la incredulidad frente a los meta relatos”; que ella no es “el fin de la modernidad, sino su estado naciente y constante”^[5], es decir, que ella expresa una profunda desconfianza ante las ilusiones civilizatorias de la tradición occidental (del pensamiento occidental) −que han llegado a contradecirse de forma tan flagrante−, sin que ella, la desconfianza, estuviera nunca ausente ⎯como tampoco debe estarlo ahora, podríamos añadir, frente a otros grandes relatos justificatorios de exterminio, en los que también se legitima la eliminación de poblaciones enteras con los recursos tecnológicos y los argumentos supuestamente “racionales” que ya hemos visto en acción.

La tesis de Lyotard no es, pues, sólo un diagnóstico de lo que significó Auschwitz en la historia de la cultura, sino además un llamado de advertencia sobre el permanente peligro que encierra ese Gran Relato Legitimador. Coincide con él, siendo justamente su fuente de inspiración, el filósofo alemán Theodor Adorno. A él le debemos las expresiones más contundentes sobre la elocuente lección que debíamos extraer de la inusitada barbarie de Auschwitz: que desde entonces no es ya posible el pensamiento, ni la razón, ni la poesía. Ha sido, piensa él, la filosofía idealista alemana −que proclamaba la existencia de un curso racional de la historia o de una identidad entre “lo racional y lo real”− la que ha preparado el camino para la justificación de cualquier atrocidad, precisamente porque todo podía ser recuperado o asimilado a una historia del progreso de la razón o la civilización. Auschwitz, nos dice, demostró irrefutablemente el fracaso de esa cultura^[6]. El pensamiento, la razón, es decir, el proyecto racionalista moderno del que habla Lyotard debe ser sometido a un cuestionamiento severo, porque nos ha demostrado de modo escandaloso lo que es capaz de producir.

Siendo él, Adorno, fundador de la Escuela de Frankfurt de Teoría Crítica, y teniendo raíces judías, fue obligado a emigrar a los Estados Unidos a inicios del nazismo. Pero, a su retorno a Alemania, hizo sentir con frecuencia y con agudeza su posición contestataria, su interpretación profundamente pesimista sobre las ambiciones del racionalismo eurocéntrico. Cómo no recordar aquí el título de su obra principal de ética: Moral mínima. Reflexiones desde la vida mutilada (Minima Moralia. Überlegungen aus dem beschädigten Leben)^[7]. Su tesis sobre Auschwitz y la razón moderna la expuso principalmente en un libro titulado Dialéctica negativa (Negative Dialektik), otro clásico de los estudios sobre nuestro tema. Sostiene allí que la causa principal de los desvaríos de la razón, puestos al descubierto en el caso de Auschwitz, es la mencionada ilusión idealista alemana según la cual la dialéctica consiste en ofrecer siempre una explicación positiva, una conciliación, en resumidas cuentas, una justificación del vínculo entre el pensamiento y la realidad, sea cual fuere el curso que esta última tome. Convencido de que hace falta una nueva manera de pensar, propone por eso el reverso de esa dialéctica, una “dialéctica negativa” que se resista a bendecir el curso de las cosas, que admita la imposibilidad de justificar los crímenes de la historia, que reconozca su “negatividad”, vale decir, su extrañeza o su silencio frente a muchas realidades, terribles, de este mundo. Sólo así el pensamiento podría recuperar su sentido crítico, su razón de ser, no cubriendo de racionalidad las barbaries que se repiten una y otra vez. “Hitler −escribe− ha impuesto a los hombres un nuevo imperativo categórico ante su actual estado de esclavitud: el de orientar su pensamiento y acción de modo que Auschwitz no se repita, que no vuelva a ocurrir nada semejante.”^[8]

«El totalitarismo tiene como objetivo último la dominación total del hombre. Los campos de concentración son laboratorios para hacer experimentos sobre esa dominación total, porque, siendo la naturaleza humana lo que es, este objetivo sólo puede alcanzarse en las condiciones extremas de un infierno construido por el hombre».

¿A qué se refiere Adorno cuando nos habla del “actual estado de esclavitud” de los seres humanos? Tratemos de responder a esta pregunta con ayuda de los escritos de Giorgio Agamben y de Hannah Arendt. “Esclavitud” es quizás una palabra excesiva, que podría distraernos de lo esencial. Lo que Agamben sostiene, en consonancia con Adorno y Lyotard, es que el desenlace de Auschwitz no es una tragedia azarosa, ni un acontecimiento incomprensible, sino más bien un dispositivo sociopolítico inscrito en la médula del proyecto de la modernidad y, por lo mismo, un riesgo permanente en la cultura del sistema capitalista. Dedica una sección entera de su libro Homo sacer −curioso título sobre el que volveré enseguida− a sostener que “el campo de concentración [es el] paradigma biopolítico del mundo moderno”^[9], su “matriz oculta, el nomos [o la ley] del espacio político en el que vivimos todavía”^[10]. La tesis es que, en la modernidad, el poder político se ha estructurado de manera tal que masifica a los seres humanos considerándolos meros laboradores y consumidores, despojándolos de todo protagonismo en la conducción de su destino; un poder que, aunque formalmente se reclama de una serie de instancias jurídicas para existir, en realidad se las ingenia siempre para instaurar “estados de excepción” en los que pueda suspender los derechos o las normas a fin de ejercer su soberanía total sobre los individuos. La verdadera “matriz” de esta estructura política sería la de perseguir continuamente el totalitarismo (el estado de excepción), es decir, la concentración del poder, permitiendo y promoviendo así la anulación de los derechos de los individuos, cuya existencia se reduciría a una mera vida biológica carente de toda relevancia jurídica o social, a una “vida nuda” (o “desnuda”), como la suele llamar. Retomo aquí la curiosa expresión que da título a su libro: homo sacer. La expresión es obviamente latina, pero es una fórmula jurídica acuñada en la antigua Roma para designar a un individuo al que se había despojado de sus derechos, de manera que cualquiera podía maltratarlo o quitarle la vida sin consecuencia alguna. Por eso, la traducción no debería ser, como parecería natural, la de “hombre sagrado”, sino más bien la de “hombre maldito” (o una versión maldita de lo sagrado), alguien abandonado a su suerte y sobre todo abandonado por el Estado. Esa sería la aspiración encubierta del sistema político moderno: convertir o, mejor dicho, mantener a los individuos en un estado de desprotección sistemática de sus derechos, lo que lleva a Agamben a sostener la existencia de una honda complicidad entre el totalitarismo, el estado de excepción y los campos de concentración.

Agamben recurre con frecuencia a los escritos de Hannah Arendt, intentando extraer de ellos insumos para su propia lectura del problema. No le es difícil detectar el nexo que Arendt establece entre el totalitarismo y la condición tremendamente inhumana (el “mal radical”) que se produce en los campos de exterminio, reflexión que la llevó a formular una interpretación original y honda sobre lo que merece llamarse un “crimen contra la humanidad”^[11]. Ha llegado a descubrirse (y a publicarse) un manuscrito incompleto de Arendt titulado Proyecto de investigación sobre los campos de concentración^[12]. Se lee allí: “El totalitarismo tiene como objetivo último la dominación total del hombre. Los campos de concentración son laboratorios para hacer experimentos sobre esa dominación total, porque, siendo la naturaleza humana lo que es, este objetivo sólo puede alcanzarse en las condiciones extremas de un infierno construido por el hombre”^[13]. Arendt no va tan lejos como Agamben en suponer que ese vínculo es una matriz constitutiva del pensamiento occidental moderno, pero ciertamente coincide en asociar el totalitarismo a la manipulación y el desprecio de la vida humana.

Con lo dicho hasta aquí, podemos hacernos ya una idea del impacto que ha tenido Auschwitz en la reflexión filosófica que le sucedió. Los cuatro autores citados no sólo concuerdan en considerar el campo de concentración como una expresión extrema de la maldad y la crueldad humanas, sino que detectan allí además las huellas de un proceso más subterráneo de perversión de las pretensiones del racionalismo occidental, tanto en su dimensión epistemológica como en su dimensión política, y nos advierten sobre los peligros que se derivan para el futuro. Para nuestro futuro, que es ahora el presente, en el que vemos resurgir con fuerza, acaso debido a esa matriz torcida de nuestra civilización, el totalitarismo, los genocidios, los nacionalismos prepotentes, la persecución de poblaciones migrantes. No hemos aprendido lo suficiente, o no hemos aprendido lo necesario. No sólo debemos seguir luchando para que esta historia no se repita, sino que debemos hacerlo con más perspicacia y con más astucia.

^[1] Adorno se ha expresado en muchas ocasiones y en múltiples foros sobre el sentido o el sinsentido de Auschwitz, intentando hacer explícita la contradicción entre el pensamiento racionalista moderno y su “desenlace” en Auschwitz. La cita más conocida es aquella en la que sostiene que “después de Auschwitz no es posible la poesía”. Ver Theodor Adorno, Dialéctica negativa, versión castellana de José María Ripalda, revisada por Jesús Aguirre, Madrid: Taurus, 1984, p. 363. Allí mismo Adorno reconsidera la validez de la tesis y en cierto modo se retracta.

^[2] Jean-Francois Lytoard, La posmodernidad (explicada a los niños), Barcelona: Gedisa, 1994.

^[3] Ibid., p. 30.

^[4] Jean-François Lyotard, La condición postmoderna. Informe sobre el saber, traducción de Mariano Antolín Rato, Madrid: Ediciones Cátedra, 1987, p. 51.

^[5] Ibid., p. 4.

^[6] Adorno, Dialéctica negativa, o.c., p. 336. Remito aquí al filósofo y periodista español Rafael Narbona, quien ha escrito numerosos artículos de coyuntura, siempre sugerentes, sobre la actualidad de las tesis de Adorno y sobre su plausible vinculación con los crímenes contra el pueblo palestino. Ver, por ejemplo, su artículo “Theodor W. Adorno: de Auschwitz a Gaza”: https://inmediaciones.org/theodor-w-adorno-de-auschwitz-a-gaza/.

^[7] Theodor Adorno, Minima moralia. Reflexiones desde la vida dañada, traducción de Joaquín Chamorro, Madrid: Taurus, 1999.

^[8] Adorno, Dialéctica negativa, o.c., p. 365.

^[9] Giorgio Agamben, Homo sacer. El poder soberano y la nuda vida, traducción de Antonio Gimeno Cuspinera, Valencia: Pre-Textos, 1998, p. 151ss.

^[10] Ibid., p. 212ss.

^[11] Ver en especial Hannah Arendt, Eichmann in Jerusalem, Nueva York: Viking, 1964. Remito igualmente a mi artículo “El humanitarismo, ¿un nuevo ideal moral?”, en: Isegoría. Revista de Filosofía Moral y Política, Madrid, Nº 46, enero-junio, 2012, pp. 151-165. https://doi.org/10.3989/isegoria.2012.046.06.

^[12] El ensayo se ha publicado en inglés en el volumen: Hannah Arendt, Essays in understanding 1930-1954, Nueva York: Harcourt, Brace & Co, 1994.

^[13] Ibid., p. 240.

En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos «La crisis del consenso global», la politóloga Rosa Alayza participó en la mesa «La reconfiguración del orden global», donde advirtió sobre el avance de los regímenes híbridos como una amenaza creciente para la democracia. A continuación, compartimos su ponencia.

A lo largo del siglo XXI en la disciplina de la Política se han desarrollado varias aproximaciones para entender los “autoritarismos modernos”, que contradictoriamente residen dentro de los regímenes democráticos, logrando como resultado la formulación de los regímenes híbridos, basados en una mixtura de rasgos democráticos y autoritarios. Justamente ello ocurre en el contexto de la caída del muro de Berlín, cuando paradójicamente se había asumido que la democracia había triunfado por encima de los autoritarismos. Dicho de otro modo, los rasgos autoritarios existentes parecen ser difíciles de eliminar incluso cuando se busca fortalecer la democracia como sistema político.

Ciertamente el enfoque de los regímenes híbridos representó un avance para salir de la polaridad entre autoritarismo y democracia. En siglo XX varios autores usaron otros apelativos para nombrar los rasgos autoritarios, como enclaves, rasgos o rezagos autoritarios dando cuenta de la hibridez de la democracia tal como vengo diciendo. Mientras que en los años setenta, la diferencia entre autoritarismo y dictadura, no era tan clara, entonces se usaba indistintamente el término, así por ejemplo se denominaron a los regímenes militares autoritarios o dictaduras del cono sur (Chile, Argentina y Uruguay).

A este punto considero útil aclarar que el concepto régimen democrático, que se refiere a las relaciones entre el Estado y la sociedad, que ocurren bajo formas democráticas, es decir, manteniendo el respeto a las competencias propias de las instituciones públicas y del marco legal, que incluye a los derechos ciudadanos y mostrando transparencia en la toma de decisiones. Pero las relaciones democráticas entre el Estado y la sociedad, cambian por la influencia de factores que tienen peso propio como las empresas o cambios tecnológicos que influyen en el manejo de las políticas y agencia del ciudadano, así como la inteligencia artificial. En contraste al régimen democrático en el régimen dictatorial, todo el poder lo concentra el Estado y el grupo que está en el poder, así los derechos y libertades, si no todas, una gran mayoría, pueden ser controladas por el Estado, llegando a ser suprimidas o restringidas, dado que el Estado mediante el gobierno, se irroga el control de la vida ciudadana y sus libertades.

«Los rasgos autoritarios existentes parecen ser difíciles de eliminar incluso cuando se busca fortalecer la democracia como sistema político».

Los regímenes híbridos mezclan rasgos autoritarios dentro de sistemas democráticos y como venimos diciendo no es tan difícil adoptar rasgos autoritarios estando en democracia, algo que en el pasado se veía más como dos estadios muy diferenciados. Para definir esos cambios, hay que analizar cómo cambian las arenas de competencia de la democracia (electoral, institucional, parlamento, ejecutivo, esfera judicial y medios de comunicación). Se identifica como algunas de ellas se suprimen o transforman. Hay que preguntarse: ¿qué cambian? ¿cómo ocurre el proceso de estos cambios? Los regímenes incorporan rasgos autoritarios, aunque su origen haya sido democrático o sea por votación popular, y su hibridez consiste en que conviven rasgos democráticos y autoritarios, según Levitsky and Way (2010)^[1], que dieron como ejemplo el gobierno de Fujimori en los 90. Así vemos que originalmente esta hibridez en el régimen político se centró en países donde la trayectoria democrática no estaba tan consolidada, sin embargo, en la actualidad se reconoce con mayor facilidad y amplitud la transición hacia la hibridez de países democráticos como los Estados Unidos, por ejemplo (Levitsky and Ziblat 2018)^[2]

Hay otros estudios que, bajo otra pregunta, comparten la misma preocupación al preguntar ¿cómo cuidar la democracia? Dicha pregunta nace de la idea de que las democracias pueden decaer, incluso devenir en otro tipo de régimen, dejando de ser democráticas. Y por eso resulta tan importante el profundizar en la historicidad que adquieren los regímenes políticos que manteniendo ciertas prácticas democráticas transitan a otras antidemocráticas con relativa facilidad sin que aparezcan como grandes rupturas. Por ello, tanto políticos como estudiosos y ciudadanos no pueden desatender las prácticas y consensos de las democracias en las que viven. Así una democracia sea fuerte o débil puede devenir en un régimen híbrido al adoptar progresivamente comportamientos autoritarios que ya no se corresponden con el sistema democrático.

En esa dirección el libro de Levytsky y Ziblat (2018) ¿Cómo mueren las democracias? señala un conjunto de elementos que fruto de la práctica histórica apuntan a entender cómo así mueren las democracias. De ese estudio brotan algunas recomendaciones: la primera, evitar la amenaza de elegir a candidatos que, sin una trayectoria ni vocación democrática, pues buscarán cambiar las reglas o el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Segunda las reglas legales (constitución) de una época, no siempre resultan fuertes ante los cambios históricos de ciertos componentes asociados al progreso tecnológico de la vida en sociedad, como por ejemplo la emergencia y proliferación de las redes sociales y más dramáticamente el surgimiento de la inteligencia artificial. Tercera, con el paso del tiempo los ciudadanos van cambiando sus culturas políticas, aspiraciones y formas de vida, y de ese modo también cambia el tipo de presiones que ejercen sobre sus candidatos. Por ejemplo, ocurre que hay situaciones de desigualdad que llevan décadas y que, si bien en algunas etapas son motivo de “escándalo”, en otras se asumen como “normales,” como si su reproducción, no fuera un contrasentido con el ideal de igualdad de las personas que propone la democracia. Así la consideración de la igualdad ciudadana quedaría muy afectada al menos en una buena parte de la población.

Estos elementos nos hacen ver que, si bien podemos apreciar o querer mucho al régimen democrático, ocurre que la democracia aún en países con una larga trayectoria como en Europa o Estados Unidos también llegan a estar amenazadas, sea por sus gobernantes actuales que no siguen las reglas o respetan a las instituciones o por grandes poderes corporativos que apoyan y condicionan las políticas públicas de los gobiernos al punto que los agentes del poder económico participan directamente en las instituciones públicas (Sheldom S. Wolin 2008)^[3], así como por los estilos de gobernantes nacionalistas o populistas, que priorizan ciertas políticas sin importar el efecto sobre la democracia. E igualmente las presiones que vienen de los grupos de poder económico con gran peso sobre los gobiernos democráticos, que terminan influyendo en ciertas políticas o decisiones públicas en desmedro de grupos ciudadanos con menos poder y estatus social. ¿Cómo el sistema de la democracia existente puede lidiar con esas y otras tensiones que le ponen a prueba?

El contexto de la globalización y la ilusión democrática

Los grandes cambios que trajo la caída del muro de Berlín en 1989 con el fenómeno de la globalización consistieron en la ampliación de mercados financieros y la presencia de las empresas trasnacionales en el mundo, así como el crecimiento de las redes sociales en el estado como en la sociedad.

«Una democracia sea fuerte o débil puede devenir en un régimen híbrido al adoptar progresivamente comportamientos autoritarios que ya no se corresponden con el sistema democrático».

i)Una de las características más importantes de la globalización ha sido el surgimiento de las empresas trasnacionales que se proponen hacer alianzas con los estados. Así los estados democráticos se orientaron a expandir y fortalecer los mercados globales, asumiendo que la acumulación de ganancias los hacía más poderosos, de acuerdo al recetario conocido como el Consenso de Washington (Williamson1989). Los países del mundo que enfrentaban diferentes condiciones, debían adaptarse al nuevo orden trasnacional donde ya no se priorizan las economías nacionales, ni tampoco el terminar con las grandes desigualdades o promover la protección de derechos ciudadanos. El consenso consistía en que, por la vía de fortalecer el dinamismo de los mercados internacionales donde participarían los estados nacionales mejorarían económicamente los países, y por ende sus gentes y el sistema político de la democracia.

Las 10 medidas fueron promovidas por organismos multilaterales: FMI y BM y se resumían en “ordenar la casa”, disciplina fiscal, reorientar el gasto público, reforma tributaria y financiera, liberalización comercial, privatización de empresas, tipo de cambio competitivo, desregulación y derechos de propiedad.  Es decir, aligerar al estado, reducirlo y hacerlo más ágil y eficiente para hacer negocios en los mercados internacionales, orientándose en los países en desarrollo a la extracción de recursos naturales, plantas de ensamblaje etc. Estos organismos compartían un diagnóstico general de cómo debía ser y funcionar el estado y cuál el tipo de relación con los mercados, al cual todos se debían se adaptar o de lo contrario, se decía que perderían el tren de la historia. De esta manera un tipo de racionalidad económica vinculada al mercado primó sobre la política, una propuesta general se consensuó a pesar de las grandes diferencias entre los estados. Así, a inicios de los noventa los estados se adaptaron y negociaron los compromisos con los organismos multilaterales, dicha propuesta marca hasta el día de hoy su funcionamiento.

Sin embargo, de la propuesta solo se implementó la primera parte del Consenso de Washington, es decir “el ajuste estructural,” que incluyó el achicamiento del estado bajo la idea de que era un peso muerto para las alianzas con las empresas y el ordenamiento de gastos. Si bien para países muy endeudados como Perú, le cayó bien “ordenar la casa,” esto incluyó la política de shock y de otro lado un enfoque economicista de las políticas públicas que a corto y mediano plazo no tuvo en cuenta la gran deuda social existente en sectores como salud o educación que impedía la mejora de la condición de vida de grandes sectores de la población urbana. Por otro lado, se quedaron en el papel las llamadas “reformas de segunda generación” que incluían tanto la dimensión institucional del estado en la gestión de las políticas públicas, así como enfrentar la informalidad, un fenómeno que abarca hasta el presente a un gran sector de la población^[4]. En un periodo de la aplicación de esta política surge un contexto internacional favorable del boom de los recursos naturales cuyos precios subieron en los mercados internacionales desde inicios del 2002 favoreciendo al incremento de los ingresos fiscales de los estados. Sin embargo, la capacidad del estado en mejorar sus políticas públicas, siguió debilitada y su alcance limitado y precario, como se vio en los casos de los servicios básicos de salud y educación donde crecieron los gastos públicos, pero no se cierran brechas de desigualdad ciudadana en esos campos. Y adicionalmente en todo ese periodo la corrupción estuvo presente al más alto nivel de los gobiernos, aprovechando los favores económicos de los grandes negocios de las empresas constructoras.

En suma, la consigan del triunfo de la democracia acompañada de una racionalidad económica, dificultó que las políticas públicas llegaran a tener el efecto democratizador esperado, tal como se constata con los precarios servicios de salud en la emergencia de la pandemia del Covid 19 y el consabido alto número de muertos registrados. Lo mismo sucede en educación, donde al no haber invertido en los servicios de conexión del internet en el país, se acaba marginando a amplios sectores populares durante el periodo del encierro, cuando las clases escolares pasan a la virtualidad y encima ese periodo se alarga. Por ello, no sorprende que las mayorías de los peruanos no tengan “nada bueno que decir del Estado peruano”, según muestra el reciente estudio de Aragon y Sánchez^[5], lo que acaba golpeando a la democracia porque esas políticas representan acciones de la democracia, en el sentido de facilitar condiciones para mejorar la vida cotidiana, mientras al contrario las gentes se sienten abandonas a su suerte.

El régimen hibrido del autoritarismo competitivo.

Los regímenes híbridos dicen Levistky y Ziblat (2021?)  señalan que “las instituciones tienen problemas y los electorados presionan por cambios, a veces peligrosos”. Como dijimos anteriormente la auto restricción y respeto de las instituciones es una regla básica de comportamiento de las autoridades y de las instituciones de la democracia, su trasgresión al contrario muestra comportamientos autoritarios abriendo la puerta a la incertidumbre y el temor.

a) La democracia supone una distribución y equilibrio de poderes a nivel institucional. La idea del control y distribución del poder funciona en el entendido que nadie debe concentrar el poder y que las decisiones deben ser transparentes, de acuerdo a ley. Lo dicho implica una dimensión actitudinal de las autoridades que consiste en que quienes dirigen los poderes o instituciones estén convencidos de que el mejor camino se da mostrando respeto a las reglas y sepan autolimitarse para no transgredirlas. Como lo señalan Levitsky y Ziblat respecto de política USA, varios comportamientos de auto restricción y tolerancia abonan al fortalecimiento democrático. Lo contrario, de lo que conocemos como leyes con “nombre propio”, la impunidad, o “castigar al enemigo político”, pero no a los colegas, no es sino el ejercicio de una discrecionalidad arbitraria llevada por intereses personales.

El caso de Trump hay distintas medidas políticas aplicadas que incurren justamente en un comportamiento que no va en la dirección de fortalecer la democracia, sino de debilitarla al ir contra sus bases, pero que a la par corresponden con su oferta electoral y su base de apoyo, que resulta contraproducente con la democracia a pesar que la defienda. Quiero decir con ello que dichas medidas ya representaban un problema serio para democracia USA antes y después de la campaña electoral de Trump. En este caso ocurre la drástica reducción del estado federal que ha implicado el cierre de servicios sociales de medicina y atención a los sectores pobres, así como los despidos masivos de servidores públicos en varias agencias, no siempre con la debida justificación.

«No sorprende que las mayorías de los peruanos no tengan ‘nada bueno que decir del Estado peruano’, lo que acaba golpeando a la democracia porque esas políticas representan acciones de la democracia, en el sentido de facilitar condiciones para mejorar la vida cotidiana, mientras al contrario las gentes se sienten abandonadas a su suerte»

Por otro lado, las medidas recientes que buscan regular la política institucional de las universidades privadas de primer nivel, cortándoles los fondos federales si no aplican una política de control del estudiantado y profesorado, para que se alineen en la “defensa de Israel.” En este caso no solo se entromete en la vida universitaria, al condicionar los fondos federales de apoyo, sino que las chantajean con el dinero público y con medidas de limitación del ingreso de estudiantes extranjeros mediante la revisión de todas las visas de estudiantes, argumentando que se favorecen del dinero del tesoro público. Algo que además de desbordar a la institucionalidad democrática, trae un efecto negativo, al crear inseguridad y pánico en los estudiantes extranjeros actuales y en los potenciales ingresantes. Al mismo tiempo que afecta la libertad de expresión y organización, de las universidades al regular de forma tan partisana el funcionamiento de la política interna en el campus.

Si bien el poder judicial reacciona, ejerciendo un contrapeso, se ve que las votaciones están divididas o se generando tensiones en las instituciones judiciales, al punto que se ha legislado impidiendo que los jueces federales puedan oponerse a las enmiendas legales de Trump. Esta argumentación defensiva otorga el poder de vetar las ordenes ejecutivas de Trump, solo a la corte suprema que, si bien está dividida, tiene un grupo conservador mayoritario pro políticas de Trump. Estas pugnas se han visto en forma creciente y aguda respecto de la política de deportaciones y de negación de la nacionalización en el caso de los estatus especiales otorgados a cubanos, venezolanos y varios otros países, así como a los hijos de ilegales nacidos en USA. Lo mismo ha ocurrido en algunos estados donde grandes sectores ciudadanos marcharon contra las políticas de Trump, como fue el caso de California donde Trump impuso la presencia de los militares en las calles como una medida de fuerza pugna con el gobernador de tal estado. 

Claramente la política que de Trump no respeta a las instituciones ni la ley y afecta derechos ciudadanos, se muestra como una política de parte, con objetivos propios, que no se auto restringe y menos se comporta con tolerancia a las diferencias. Esto no es otra cosa que un comportamiento autoritario, que viene siendo disputado en varias instancias del estado, frente a lo cual la respuesta de Trump ha sido endurecer los términos, generando un desgaste en las instituciones públicas y alimentando un clima de desconfianza que desgasta la democracia. Los contendores públicos de esta política están en los medios de comunicación, las universidades y otras instituciones, además de las instituciones del propio estado. Los actores de la sociedad salieron a marchar masivamente en varios estados contra la política de Trump, pero al partido demócrata no se lo ve.

b) Si miramos el caso peruano asumiendo todas las diferencias, encontramos de acuerdo a lo que señala Joel Campos (abogado y profesor de derecho constitucional), que en el Congreso desde julio del 2021 se han presentado 341 proyectos de cambio del articulado constitucional peruano, y de ellos 65 si alcanzaron aprobación primero en la comisión de Constitución y Reglamento y luego con apoyo del Pleno. De esos 44 corresponden a la Estructura del Estado; La persona y la sociedad 9 modificaciones, y Régimen económico con 6 cambios. La reforma del Congreso aprobada este año introduciendo la Bicameralidad, que incluye a la cámara de Senadores y aumenta de 130 a 190 el número de legisladores, así como la restauración de la reelección de los congresistas.

Al respecto, Joel Campos, destaca el gran número de cambios sin precedente en la historia peruana, en otros momentos se habían cambiado 20 artículos en 25 años. Asimismo, considera que los congresistas han hecho “un uso desproporcionado de sus competencias y una vulneración al principio de lealtad constitucional que es parte del marco jurídico.” (RPP 20-6-2024). Por otro lado, se eliminó la obligatoriedad de “la paridad y la alternancia de género” en las listas de candidatos y las PASO en las elecciones. Como lo veníamos comentando, las democracias se mueren cuando la deslealtad constitucional constituye una práctica constante de los representantes políticos que aprovechan el poder adquirido para llevar adelante objetivos que desbordan a las instituciones o las vacían de contenido. También la ley reciente ley Apci busca controlar la libertad de prensa al coaccionar legalmente a las Ongs que litigan casos con el estado peruano para que no lo hagan o a los periodistas de investigación de casos de interés público, dado que en ambos casos se exige que entreguen la información que manejan antes de publicarse, violando así la libertad de prensa.

A lo anterior agregamos el caso de los 50 ciudadanos/as asesinados en las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023, que se justificaron como bajo el apelativo de “terrorismo.” Con ese argumento hay una negativa del ejecutivo y del congreso de investigar la muerte de 50 civiles 1 policía. Mientras que la fiscalía en julio del 2024 en su informe señala que formalizó 18 denuncias, indica a su vez que la presidenta negó a la fiscalía, el haber dado órdenes a los jefes militares para que repriman a los manifestantes. Esto se suma a las otras denuncias de organismos internacionales sobre el mismo caso. Claramente estos hechos muestran poco respecto a la protección de la vida de los ciudadanos principio nuclear de la democracia y que se extiende bajo otras formas con los problemas de seguridad que afrontamos en el país.

Reacciones ciudadanas distintas

A la base del creciente comportamiento autoritario encontramos sociedades con diferentes grados de reacción, es decir, en los Estados Unidos pese a la gran división social de la población en favor y contra el presidente Trump, y al temor con que vive un gran sector, un significativo grupo de ciudadanos ha salido a dar la cara en las manifestaciones especialmente en los estados demócratas y  las redes sociales de apoyo a los inmigrantes se han activado aunque no se conoce mucho el resultado de sus acciones. Aunque lo descrito no quita el temor predominante y la desconfianza sobre todo de los sectores afectados por las potenciales deportaciones en Estados Unidos, campo en el que Trump se ha enfocado en mantener una política fuerte que ha erradicado varias de las garantías legales a las que se acogieron varios sectores de los inmigrantes legales o en proceso de legalización desde hace décadas y recientemente.

En Perú si bien hay un rechazo masivo al gobierno actual y ha habido algunas movilizaciones en torno a la demanda de seguridad; dicho malestar no se ve canalizado en movimientos significativos. Mientras que en las regiones del sur como Cuzco o Puno los ciudadanos siguen beligerantemente opuestos a la visita de las autoridades del gobierno. En Lima y otras regiones no dejan de ser notorios los casos de manifestaciones personales en contra del gobierno por parte de escolares de colegios públicos, a propósito de las visitas de la presidenta. Mientras, por otro lado, la vida continúa en medio de un encapsulamiento de sectores sociales en asuntos cotidianos de la sobrevivencia. Quiero decir con esto, que la emergencia de los discursos y acciones autoritarias tienen a la par configuraciones distintas de las reacciones contrarias a los gobernantes que son significativas para tomar la temperatura, entender lo que sucede, sin extrapolar situaciones.

¿Qué aprendemos para el presente político?

Como bien queda demostrado en el trabajo de Levitsky y Ziblat, para defender la democracia se necesitan grandes coaliciones ciudadanas que teniendo en su interior una heterogeneidad de posturas y sectores, se logran poner de acuerdo en lo principal, cómo construimos o fortalecemos la democracia y cómo se traduce eso al presente. Esto es un bien escaso en nuestro país. Está claro que integrar una coalición representa una práctica de auto restricción política y personal, en favor de un bien mayor, algo que, en verdad necesitamos con urgencia en el Perú. Hoy día vivimos en los mundos de las fragmentaciones y oportunismos, de las discusiones truncas, dado que la inhibición de la opinión se adelanta al intercambio sano de las diferencias. Conversar o discutir de política, no implica cambiar la forma de pensar del otro, sino intercambiar y disponerse a encontrar puntos en común. Por eso, lo dicho de las coaliciones suena lejano, y cierto es que toma tiempo construirlas. Pero mientras no se asuma la urgencia de la sobrevivencia democrática peruana como lo principal por parte de la mayor parte de la ciudadanía, creo que difícilmente se asumirá el imperativo de construir coaliciones en su defensa.

Como señala Omar Coronel (2024)^[6] la gran dificultad de expresar colectivamente nuestra insatisfacción con la democracia y el autoritarismo actual, se explica por la gran fragmentación de grupos y consignas que existen en medio de un clima de desconfianza mutua que impide sumar. Esto no hace sino corroborar en el terreno de los grupos organizados la urgencia de deponer las agendas particulares para que se logren mínimos de articulación para manifestar el descontento, de lo contrario, se seguirá reproduciendo un gobierno bajo un ejercicio autoritario del poder. Hay que ser claros, los ciudadanos somos parte del problema y de la solución; es sencillo culpar a los políticos y no asumir nuestra parte.

Aunque no lo creamos, tanto abuso de poder del que somos testigos y objeto, nos está minando, hacernos ver como ciudadanos sin valor, no contamos para los gobernantes, nos sentimos sin las fuerzas y las esperanzas de otros momentos. El maltrato de los gobernantes que gobiernan de espaldas a nosotros y de la población, si nos afecta, nos cansa y hace sentir sin poder.  Muchas veces nos preguntamos con un tono de “realismo pragmático”: ¿si hacer algo tendrá efecto? Si no para qué esforzarnos…una excusa adelantada…Como si las cosas funcionaran así. La dificultad que tenemos de sumar en proyectos comunes de manera desinteresada representa otra muestra de cómo vivimos bajo el síndrome del autoritarismo, donde como dice Arendt, vivimos fragmentados, aislados unos de otros, enfrascados en el día a día en asuntos particulares…esa fragmentación se alimenta del autoritarismo, lo mantiene vivo.

Un asunto capital son las próximas elecciones y quizá en cierto modo una prueba para los ciudadanos. ¿Qué actitud tomaremos? ¿Cuán interesados y conscientes estamos de lo que se juega en esta elección? Está claro que las opciones electorales son complicadas, pero no podemos dejar analizar e informarnos bien, definir qué hacer, con quiénes conversar…eso si está en nuestra cancha. Si hay alguien que puede colaborar a cambiar esta condición autoritaria con la que convivimos, somos nosotros los ciudadanos. No es automático, ni hay tampoco hay un camino ideal prefijado, pero sí está claro que para recuperar la democracia y ejercerla. Eso implica animarnos, tal como dije antes, necesitamos volver a convencernos de que como ciudadanos “somos parte del problema y de la solución”.

^[1] Levitsky y Way.  Autoritarismo competitivo. Regímenes híbridos después de la Guerra Fría. 2010. Cambridge University Press.

^[2] Levitsky and Ziblat ¿How democracies die? 2018, Crown New York.

^[3] Wolin Sheldom Democracy Incorporated: managed democracy and the specter of inverted totalitarism. 2008, Princenton University Press.

^[4] Según INEI 2025, en Perú abarca al 73%

^[5] Aragon y Sanchez. La ilegitimidad del poder político en el Perú. 2023. IEP Lima.

^[6] Coronel Omar La fragmentación de los odios: la torre de babel de las identidades políticas. pp. 189-206.  En Democracia asaltada. El colapso de la política peruana (y una advertencia para América Latina) Barrenechea y Vergara 2024. Fondo editorial Universidad Pacífico. Lima.