Tras la primera vuelta de las elecciones 2026, mientras Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa y otras ciudades del sur del Perú avanzaban con el conteo de votos, el mapa electoral empezó también a convertirse en un mapa de sospechas. Las regiones andinas no solo fueron señaladas como territorios donde supuestamente se habían registrado irregularidades durante el proceso electoral, sus votantes comenzaron a ser retratados como manipulables, ignorantes o incapaces de decidir el rumbo político del país.

Uno de los rostros sobre los que se descargó con mayor virulencia esa narrativa fue el de Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia por el partido de Roberto Sánchez. Durante la campaña electoral ya había sido objeto de comentarios discriminatorios que cuestionaban su capacidad para ejercer un cargo público debido a su origen, su forma de hablar y su trayectoria. Sin embargo, tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta, los ataques se intensificaron. Su imagen se convirtió en uno de los principales blancos de ataques en los que se proyectaron estereotipos y prejuicios dirigidos no solo contra su candidatura, sino también contra amplios sectores de las regiones andinas y rurales.

La magnitud de los ataques motivó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas. A través de sus redes sociales, el Poder Judicial recordó que los actos de discriminación por motivos étnicos o culturales constituyen un delito sancionado por el Código Penal y que las conductas cometidas mediante internet pueden acarrear penas agravadas.

Los mismos discursos aparecieron durante la segunda vuelta del 7 de junio, cuando nuevamente se pusieron en duda las decisiones electorales adoptadas en estas zonas del país, especialmente de quienes respaldaban opciones políticas distintas a las esperadas por determinados sectores.

“La verdad me pareció bastante repulsivo juzgar a alguien por quién vota o por decidir quién lo va a representar. Aceptar los resultados debería ser un acto de respeto hacia los demás. Pero parece que nos quisieran quitar el derecho a votar”, señala Zesmeni Aguilar, estudiante de Derecho natural de Puno. Recuerda que los comentarios que circularon durante esos días en redes sociales generaron tristeza, pero también indignación entre muchas personas de su región. Y no se trataba de una percepción aislada. Conforme avanzaba el conteo de votos, varias regiones del sur comenzaron a ser señaladas como los territorios donde supuestamente se había alterado la voluntad popular.

La narrativa del fraude comenzó a instalarse incluso antes de que existieran resultados oficiales consolidados de la elección de primera vuelta. Al día siguiente, cuando la ONPE procesaba las primeras actas y aún continuaba el sufragio en algunas mesas de Lima, que se instalaron de manera extraordinaria debido a problemas operativos registrados el domingo 12 de abril, el entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga denunció públicamente presuntas irregularidades. Con el paso de las horas, su discurso dejó de centrarse únicamente en aspectos técnicos del proceso y pasó a cuestionar abiertamente a los votantes de determinadas zonas rurales. Las sospechas ya no recaían únicamente sobre el proceso electoral, sino también sobre quienes habían emitido su voto en esos territorios. Ese discurso fue rápidamente replicado por sus seguidores y determinadas regiones del país pasaron a convertirse en blanco de señalamientos.

En una entrevista con el politólogo argentino Agustín Laje, conocido por difundir contenidos desinformadores a través de sus plataformas digitales, López Aliaga puso en duda la alta participación registrada en las zonas rurales, según él, “nunca antes vista en elecciones anteriores” y atribuyó a sus votantes limitaciones para completar correctamente la documentación electoral. “El nivel de conocimiento para llenar el acta es muy complejo y en las zonas rurales, donde no tienen los medios para formarse bien, que el nivel de eficiencia del llenado de las actas sea al 100 %, no pues”, afirmó ante una audiencia de más de 95 mil espectadores. Más allá de las denuncias sobre presuntas irregularidades, sus declaraciones contribuían a un discurso que no solo ponía en entredicho el proceso electoral, sino también la capacidad de quienes ejercían su derecho al voto en regiones históricamente marginadas.

Del conteo de votos al juicio de los votantes

Para el politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), lo ocurrido tras las elecciones no puede entenderse únicamente como una controversia electoral. A su juicio, las reacciones de determinados sectores frente al voto proveniente de zonas andinas responden a prejuicios históricos que suelen reactivarse cada vez que estas regiones expresan preferencias políticas distintas a las esperadas por las élites limeñas.

Vilca sostiene que «no es una sorpresa» que exista una reacción con una «carga racista evidente» hacia la votación de las regiones andinas. Incluso recuerda que estos discursos precedieron a la elección. Como ejemplo menciona una columna de Aldo Mariátegui, publicada durante el crecimiento de la candidatura de Roberto Sánchez, en la que señalaba que Cajamarca era «el Puno del norte». Para el investigador, este tipo de referencias revelan una intención de generar estigmas al momento de interpretar el comportamiento político de determinadas partes del país.

Según explica, detrás de los cuestionamientos al voto andino suelen aparecer tres estereotipos recurrentes: la idea de que se trata de un voto ignorante, manipulado o radical. Lo paradójico, advierte, es que estas categorías son incompatibles entre sí. «Primero te dicen que no sabes lo que le conviene al país y aun así votas. Después aparecen discursos donde ni siquiera te enteras de que hay elecciones porque otros deciden por ti. Y finalmente te presentan como alguien radical que vota de cierta manera», señala.

Para el investigador, estas narrativas no buscan realmente explicar el comportamiento electoral de las regiones del sur. Más bien expresan una dificultad para reconocer la legitimidad de opciones políticas distintas. En ese sentido, considera que los calificativos utilizados para describir el voto de esta parte del país terminan funcionando como mecanismos de deslegitimación. «Todos estos adjetivos y formas de clasificar el voto andino surgen ante la imposibilidad de entender y aceptar que existen posturas políticas diferentes, otros proyectos políticos y otras formas de ver el país», afirma.

Para Oswaldo Bolo, magíster en Estudios Culturales y especialista en discursos y narrativas, los mensajes que circularon durante la campaña no surgieron de manera espontánea ni responden únicamente a desacuerdos políticos. Más bien forman parte de repertorios discursivos que reaparecen cada vez que determinados sectores históricamente excluidos adquieren protagonismo en la vida pública. «El Perú es un país históricamente racializado y en cualquier espacio de conflicto o disputa el tema racial aparece de inmediato», sostiene.

Según explica, estos discursos suelen presentar a las poblaciones andinas, indígenas o rurales como sujetos incapaces de tomar decisiones racionales sobre el futuro del país. «Se construye la idea de que ese otro es primitivo, irracional, que no piensa bien, que no sabe elegir representantes políticos y que no entiende el verdadero sentido del progreso y el desarrollo», señala. En consecuencia, añade, no solo se cuestiona una determinada opción electoral, sino también la legitimidad de quienes la respaldan para participar en igualdad de condiciones dentro de la democracia. «Se les niega el reconocimiento como ciudadanos con los mismos derechos para decidir sobre el rumbo del país», afirma.

¿Por qué mi voto tendría que valer menos?

Esa descalificación de los votantes del sur andino no se quedó en el plano discursivo. Para muchas personas de las regiones señaladas, los cuestionamientos fueron vividos como una negación de su condición de ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro peruano o peruana. Yolanda Flores Montoro, aymara e integrante de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, recuerda con indignación las afirmaciones que ponían en duda la capacidad de los votantes rurales para participar en una elección. «Ha sido una decepción escuchar eso. Que nos digan que ni siquiera sabemos leer, que no sabemos llenar un acta», señala.

Flores reconoce que su generación enfrentó enormes barreras para acceder a la educación. «Nosotros no teníamos acceso a la educación. Las escuelas estaban muy lejos. Yo soy aymara y no sabía castellano. Tenía que caminar dos horas para ir a un colegio y aprender a leer y escribir», recuerda. Sin embargo, considera que esas dificultades históricas no pueden convertirse en argumentos para cuestionar sus derechos ciudadanos. «Eso no me quita el derecho a votar. Nosotros ya teníamos una decisión sobre por quién votar. ¿Por qué mi voto tendría que valer menos? ¿Acaso no tenemos el mismo DNI?», cuestiona.

Las palabras de Flores remiten además a una historia más amplia de exclusión educativa que ha marcado a generaciones de peruanos indígenas. Durante décadas, miles de niños y niñas quechuahablantes y aymarahablantes crecieron en territorios donde el acceso a la educación sigue siendo limitado y donde aprender castellano cuesta enfrentar sistemas educativos que no reconocen su lengua materna. Esta realidad alcanza a una parte importante de la población peruana. Según el Censo 2017, cerca de 4 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria, de las cuales más de 3,2 millones tienen al quechua como lengua materna y más de 434 mil al aymara. En ese contexto, cuestionar la capacidad de estas poblaciones para ejercer sus derechos políticos no solo desconoce una historia de desigualdades persistentes, sino que reproduce prejuicios que aún perviven en amplios sectores de la sociedad peruana.

Más allá de la identidad: la exclusión política

Para los defensores de derechos humanos, cuestionar la capacidad de determinados sectores para participar en elecciones tiene implicancias que trascienden el debate político coyuntural. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que los ataques dirigidos contra los votantes del sur andino —e incluso contra los de la Amazonía, quienes también enfrentan situaciones similares— revelan una dimensión menos explorada de la discriminación en el Perú. Si históricamente el racismo se ha expresado a través de estereotipos vinculados al origen, la lengua, la cultura o los rasgos físicos, hoy también puede manifestarse mediante el cuestionamiento de quiénes son considerados capaces de participar legítimamente en la vida política del país.

Pariona sostiene que este fenómeno debe empezar a entenderse como una forma de «racismo político», una expresión de discriminación que busca deslegitimar la capacidad de determinados ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones sobre el rumbo del país. «Ya no es un racismo que cuestiona únicamente lo étnico, lo cultural o las diferencias fenotípicas. Lo que está cuestionando es la capacidad política de las personas: su capacidad de discernir, de razonar, de elegir y de valorar a alguien que consideran que las representa», explica.
Pero la sospecha sobre las poblaciones andinas no se ha limitado al terreno electoral. Los discursos utilizados para cuestionar el voto de las regiones del sur guardan profundas similitudes con aquellos que, en distintos momentos, han servido para desacreditar las protestas sociales surgidas en esos mismos territorios.

Para el politólogo Paulo Vilca, no se trata de fenómenos distintos, sino de expresiones de una misma narrativa. «Por supuesto, es el mismo discurso», sostiene. Según explica, las categorías utilizadas para desacreditar el voto son prácticamente las mismas que se emplean para deslegitimar el derecho a la protesta: «Protestan porque son ignorantes. Protestan porque los financian los mineros ilegales o los bolivianos. Protestan porque son terroristas. Todas forman parte de la misma continuidad».

Detrás de este patrón, explica el especialista, subyace una misma lógica: negar la capacidad de agencia política de las poblaciones andinas a través de etiquetas de incapacidad o radicalismo. Estos adjetivos terminan cumpliendo una función similar: calificar la participación política de estos sectores no como el resultado de decisiones propias, sino como consecuencia de factores ajenos a su voluntad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, Pariona coincide en que los discursos que desacreditan el voto de las poblaciones históricamente olvidadas guardan relación directa con aquellos que, durante años, han servido para justificar respuestas represivas frente a la movilización ciudadana.

«Uno no está desconectado del otro. Las formas como se excluye parten por cómo ves al otro», señala. También se refleja en la forma en que el Estado ha respondido a distintas protestas ocurridas en el sur del país. Recuerda que en varios conflictos sociales se recurrió incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta y que las respuestas estatales estuvieron marcadas por un uso desproporcionado de la fuerza, una actuación que —afirma— difícilmente se habría producido de la misma manera en Lima o en ciudades del norte. «Todo está entretejido: cómo reprimes, cómo consideras al otro en la actividad política o cómo atiendes los programas sociales, entre otros aspectos», concluye.

El peso del centralismo y las brechas de representación

Para diversos actores sociales del sur, los cuestionamientos al voto de las regiones andinas no solo reflejan prejuicios persistentes, sino también una dificultad histórica para comprender las demandas y prioridades de territorios alejados de los centros de poder. Detrás de las dudas sobre determinadas decisiones electorales existe una relación aún marcada por el centralismo y por la persistente subordinación de las regiones en la toma de decisiones del país.

Esa es la lectura de Miguel Meza, dirigente social del Valle de Tambo, en Arequipa, quien considera que las reacciones frente al voto del sur evidencian los límites de un proceso de descentralización que no ha logrado reducir las brechas políticas entre Lima y las regiones. «En Arequipa siempre hemos sido personas revolucionarias. Incluso hemos planteado separarnos de Lima porque no existe una verdadera descentralización. Seguimos siendo olvidados», afirma. Para Meza, los resultados electorales expresan demandas y malestares acumulados que muchas veces son ignorados desde la capital. «Estos mensajes discriminatorios aparecen porque las élites que siempre aspiran al poder o quieren permanecer en él, no tienen sus votos ahí”, sostiene.

Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, articulación de más de 30 instituciones que defienden los derechos de las comunidades, considera que esta discusión también obliga a mirar las desigualdades que persisten detrás del proceso de descentralización. Si bien reconoce que existe un reclamo constante de las regiones frente a la concentración de decisiones en Lima, advierte que las brechas de representación no desaparecen al llegar a la capital. «Existe la demanda reiterada de la población de otras regiones sobre la preeminencia de Lima como el centro de las decisiones del país», señala.

Oscco advierte que esta situación no solo afecta a quienes permanecen en sus territorios de origen. Muchas de las personas que migraron a Lima buscando oportunidades que no encontraron en sus regiones también continúan enfrentando formas de exclusión. «En Lima tenemos una diversidad de identidades que, justamente al no encontrar oportunidades y atención en sus regiones, ha migrado hacia Lima, se asienta en zonas periféricas y sus voces y demandas tampoco son escuchadas», sostiene.

Añade que los discursos discriminatorios evidencian desigualdades históricas aún vigentes. «A pesar de su contribución a la cultura, la historia, las artes, el folklore o la gastronomía, los pueblos andinos, amazónicos y la población afroperuana no son considerados ciudadanos en categorías de igualdad humana», señala.

Una nueva generación frente a la polarización

Quienes con mayor frecuencia reclaman un cambio frente a estos discursos son precisamente los más jóvenes. Y no es un grupo menor. Según datos del RENIEC, para las elecciones de 2026, 6 millones 892 mil jóvenes entre 18 y 29 años estuvieron habilitados para votar, lo que representó el 25,2 % del padrón electoral nacional. De ellos, más de 2,5 millones acudieron por primera vez a las urnas.

Para una generación que se incorpora a la vida política en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y los cuestionamientos a la legitimidad de determinados votantes, la construcción de una convivencia democrática aparece como uno de los principales desafíos.

Desde el punto de vista de Ale Aranzábal, cusqueña de 25 años, recién egresada de Psicología e integrante del colectivo Resiste Marica, los mensajes que circularon durante la campaña constituyen una narrativa que la acompaña desde incluso antes de que cumpla la mayoría de edad para ejercer su derecho al sufragio. «No es algo que me sorprenda. Incluso antes de tener edad para votar recuerdo que se hacían comentarios diciendo que debían volver las esterilizaciones forzadas para quienes votaban por quien no era Keiko Fujimori», recuerda.

Frente a ello, considera que la respuesta pasa por fortalecer la participación de quienes históricamente han sido excluidos de la toma de decisión. «Las personas que somos quechuas, aymaras y mestizas vamos a seguir existiendo y tenemos muy claro que necesitamos seguir ocupando espacios nosotros mismos, porque si no nadie lo va a hacer», afirma.

Zesmeni Aguilar, con 24 años, considera que revertir estas dinámicas exige una mayor voluntad de inclusión desde quienes hoy ocupan cargos de representación. “Personalmente, todavía no veo una intención de integración entre peruanos y peruanas. Debe partir de los candidatos que ahora ya son senadores y diputados. Ellos deben dar el ejemplo para cambiar esta mentalidad clasista y racista, porque no se puede exigir deberes a la población si no se le brindan derechos”, afirma.

La campaña electoral de 2026 dejó al descubierto una discusión que atraviesa desde hace décadas la vida pública peruana. Cada vez que determinados sectores cuestionan la capacidad de las poblaciones andinas o amazónicas para elegir a sus representantes, participar en la política o movilizarse en defensa de sus demandas, no solo ponen en duda una decisión electoral, también revelan los límites de una democracia que todavía no termina de reconocer a todos sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos con igual capacidad para intervenir en el destino colectivo del país.

Los testimonios recogidos muestran que detrás de los ataques y estigmatizaciones existe algo más profundo que una disputa coyuntural entre candidatos o partidos. Persisten viejas jerarquías que establecen quiénes son considerados interlocutores legítimos y quiénes deben limitarse a obedecer decisiones tomadas desde otros sectores. En un país marcado por profundas desigualdades territoriales, sociales y culturales, la representación política sigue siendo también una disputa por el reconocimiento. No se trata únicamente de quién ocupa un cargo público, sino de quiénes son considerados dignos de ejercer poder, influir en las decisiones nacionales y ser escuchados sin que su origen, su lengua o el lugar donde viven se conviertan en motivo de descalificación.

Para Yolanda Flores Montoro, la respuesta frente a estos intentos de exclusión no pasa por el silencio ni por el repliegue, sino por participar de manera directa en los ámbitos donde se definen las decisiones que afectan a las regiones y a sus comunidades. “Nosotras vamos a entrar a esos espacios. Tiene que estar nuestra voz en esos espacios porque nosotras somos quienes estamos en los territorios, convivimos con agua envenenada y somos las que cuidamos la biodiversidad. Entonces, sí o sí tenemos que estar en esos espacios”. Puntualiza con firmeza.

En esta conversación, Espinoza analiza la relación entre el poder político y la administración de justicia, cuestiona la ampliación de la competencia del fuero militar policial para juzgar delitos cometidos contra civiles y expresa su preocupación por lo que considera un progresivo deterioro de los controles democráticos. A la vez, explica las acciones legales que ha iniciado tras su inhabilitación y expone las prioridades que busca impulsar desde el Colegio de Abogados de Lima.

Delia Espinoza ingresó al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Recuerda que ese día su familia le entregó una tarjeta de felicitación donde una de sus sobrinas escribió: “Tía, felicitaciones. De aquí hasta la Fiscalía de la Nación”. Hoy, insiste en que buscará regresar al Ministerio Público. “Mientras haya vida, siempre hay esperanza”.

Como abogada y como integrante durante tantos años del sistema de justicia, ¿recuerda alguna situación en la que el Poder Legislativo haya influido tanto en los asuntos de la justicia como ahora?

Respecto a la injerencia del Congreso, por supuesto que la he visto. Ingresé al Ministerio Público en 1996, durante la dictadura de los noventa, y esa influencia era evidente. Después, a partir del año 2000, se reveló con mayor claridad lo ocurrido en el Ministerio Público, incluida la persecución de actos de corrupción cometidos por la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, y por diversos fiscales que terminaron procesados penalmente. Todo eso fue consecuencia de una grave injerencia política del poder de turno para someter la justicia, buscando impunidad, blindaje y que la ley se aplicara para unos, pero no para otros. Esa situación no terminó en 2001, 2002 o 2003. La injerencia política también se ha materializado de otra manera: al Ministerio Público no se le ha otorgado el presupuesto que, de forma técnica y sustentada, solicita año tras año. ¿Quién determina ese presupuesto? El poder político, específicamente el Poder Legislativo. Generalmente se aprueba menos de la mitad de lo solicitado. El año pasado, por ejemplo, se otorgó apenas la quinta parte del presupuesto requerido.

Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia se debilita y comienza la persecución de operadores de justicia.

Ese debilitamiento impide contar con suficientes fiscales, asistentes, médicos legistas, peritos, personal especializado y logística para brindar una correcta administración de justicia. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. ¿Sabía usted que hay audiencias programadas hasta el año 2028? ¿Qué clase de justicia es esa?

Cuando los procesos demoran tanto, la verdad termina escapándose. El testigo ya no quiere acudir, fue intimidado o corrompido. El agraviado deja de creer en la justicia. Los peritos ya no recuerdan los hechos. Todo eso termina provocando el archivo de los casos.

Por eso la injerencia política es peligrosa. Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia no solo se debilita, sino que además comienza la persecución de operadores de justicia. Primero fueron los fiscales y ahora son los jueces, simplemente por hacer correctamente su trabajo, aplicar el control difuso o perseguir el delito.

Mientras tanto, otros fiscales, que tienen carpetas vinculadas a casos de cuello blanco, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, criminalidad organizada o nexos con corrupción política, permanecen en sus cargos. Parece que ese es ahora el requisito para mantenerse en funciones. Es el mundo al revés.

Pareciera que no existe forma de frenar esa injerencia del Poder Legislativo en el sistema de justicia. ¿Hay alguna manera de ponerle un límite a esta injerencia?

Hasta el 28 de julio, con el Congreso que tenemos, la situación es realmente muy grave. Este Congreso es el origen de todo lo que estamos comentando. Ha actuado en clara coordinación —por no decir contubernio— con la Junta Nacional de Justicia, que empezó conmigo cuando decidió apartarme con argumentos totalmente ridículos y continúa persiguiéndome. También está el Tribunal Constitucional, que ya ha mostrado su verdadera cara. Hablo de la mayoría de sus integrantes, porque considero que el magistrado Manuel Monteagudo es el único que mantiene una posición verdaderamente honorable. A ello se suma un defensor del pueblo que, en mi opinión, no defiende a nadie.

Con ese escenario institucional, lo único que queda es esperar pacientemente. Tengo esperanza en el nuevo Congreso. Además, dado que la señora Keiko Fujimori será la próxima presidenta. Ella tiene una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Si gobierna con una mirada democrática, respetando los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad, puede marcar una diferencia. Espero, además, que no pretenda retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque eso solamente lo hacen los Estados dictatoriales, no los democráticos.

Pero lo que usted plantea parece un acto de fe. El discurso que ha sostenido y el comportamiento de su bancada no parecen orientarse hacia ese camino.

Puede parecer así, pero hay un detalle importante. Las personas que votaron por ella no lo hicieron para tener un gobierno que concentre todo el poder ni para permitir abusos o arbitrariedades. La ciudadanía votó, sobre todo, porque está desesperada por recuperar la seguridad. Está cansada de las extorsiones, de los sicarios y de la delincuencia.

Pero también existe un enorme malestar porque muchos altos funcionarios del poder político nunca enfrentan verdaderas consecuencias legales. La ley se aplica con firmeza al carterista, al ladrón de celulares o al estafador. Sin embargo, cuando los delitos involucran a las más altas autoridades, la población percibe que no existen sanciones. Eso también espera la ciudadanía: que haya justicia para todos.

En nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Ahora bien, en nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Lo mismo ocurre hoy con la inseguridad ciudadana. La población no va a tolerar que empiecen a morir justos por pecadores ni que se gobierne con discursos de barrer o eliminar personas calificándolas de prevaricadores o enemigos. Eso no es democrático: siembra odio, polarización y discriminación. En esa línea, el Congreso aprobó en segunda votación la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal para que los hechos cometidos por militares o policías, incluso cuando ocurran en la vía pública o involucren lesiones o muertes de civiles, sean conocidos por el fuero militar policial. Desde mi punto de vista, esa norma es inconstitucional desde el inicio, porque vulnera el artículo 139, inciso 1, de la Constitución, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La función de juzgar corresponde al Poder Judicial. Excepcionalmente puede existir justicia arbitral o militar. La justicia militar existe para conocer delitos de función: por ejemplo, una deserción en un contexto bélico o durante el servicio militar. Pero un homicidio, unas lesiones o cualquier delito común cometido contra un civil no constituyen delitos de función. Cuando la víctima es un civil, ese caso no puede quedar sometido a la jurisdicción militar.

Desde el Colegio de Abogados, ¿hay algo que se pueda hacer para prevenir, anular o contrarrestar este tipo de leyes?

Sí. Lo primero, y ya lo he encargado, es emitir un pronunciamiento de total rechazo frente a esta evidente inconstitucionalidad. En segundo lugar, vamos a evaluar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, tengo dudas y desconfianza respecto al Tribunal Constitucional. Por eso esa decisión será evaluada con la Junta Directiva.

Existe una tercera alternativa que resulta más práctica, aunque no pueda impulsarse de inmediato porque el Congreso actual simplemente la archivaría: presentar un proyecto de ley ante el nuevo Congreso para derogar esta norma. Personalmente me inclino más por esa opción, porque una demanda de inconstitucionalidad podría significar perder tiempo y esfuerzos. Podrían mantenerla durante meses sin resolverla o darle la espalda, como ya ocurrió con la ley de lesa humanidad, la ley de extinción de dominio y otras normas similares.

Y, por supuesto, es fundamental que la ciudadanía permanezca alerta. Hay muchas formas de manifestarse: a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, mediante intervenciones públicas. La población debe ser una voz constante y vigilante, porque el poder pertenece a todos y el país también. Guardar silencio frente a estos riesgos termina siendo una forma de complicidad.

Pensemos, por ejemplo, en el caso del menor de Manchay, que murió con evidentes signos de tortura. Si esta ley llega a promulgarse, ese caso probablemente pasaría al fuero militar policial. Y eso es gravísimo. Incluso los procesos que actualmente ya se encuentran en trámite dentro de la justicia ordinaria podrían terminar siendo trasladados al fuero militar si el investigado plantea una contienda de competencia. Imagínese lo que ocurriría con los casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales. También pasarían al fuero militar los procesos por graves violaciones cometidas entre las décadas de 1980 y 2000, el caso del menor de Manchay, Cotabambas, los cinco jóvenes deportistas y muchos otros. Eso sería un verdadero descalabro.

Si esa norma finalmente entra en vigencia, creo que estaremos dando pasos muy serios hacia una dictadura. Por eso insisto en que el nuevo Congreso debe tomar una decisión firme y detener todo lo que se viene haciendo. Si las agrupaciones políticas que han logrado la reelección deciden continuar por el mismo camino, el país puede convertirse en una olla de presión.

Ante el escenario que usted describe, ¿cómo entiende hoy el rol de la decana del Colegio de Abogados?

Para mí representa una verdadera ráfaga de aire fresco, no solamente en lo personal, sino para todos los abogados. La votación que recibí fue muy amplia y la interpreto como un mensaje muy claro de mis colegas. Creo que el respaldo que recibí me brinda tranquilidad, confianza y seguridad para asumir este momento. Basta aplicar un razonamiento elemental para comprender qué significa defender la democracia: exigir separación de poderes, equilibrio, autonomía institucional, Estado constitucional de derecho y respeto por los derechos humanos.

Cuando alguno de esos elementos comienza a debilitarse, inevitablemente empezamos a desplazarnos hacia el otro extremo, que es la dictadura. ¿Y qué caracteriza a una dictadura? La arbitrariedad, los abusos, las persecuciones, la utilización del sistema judicial para perseguir selectivamente a determinadas personas, las desapariciones, las detenciones sin debido proceso. También desaparece la tolerancia. En democracia uno puede discrepar. Podemos discutir, pensar distinto e incluso hacerlo con intensidad. En una dictadura eso no existe. Se impone la voluntad del gobernante o del grupo que concentra el poder y quienes piensan diferente deben callar, exiliarse o desaparecer.

Por eso yo veo dos escenarios muy claros a partir del 28 de julio. El primero sería que se corrija buena parte de todo lo que se ha venido haciendo mal: que se deroguen las leyes que favorecen la impunidad, que se atiendan realmente los problemas de seguridad ciudadana, que se legisle mejor y que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad la defensa de la institucionalidad. Ese sería el escenario deseable.

El segundo escenario es que todo lo que este Congreso ha venido haciendo —y que considero actos preparatorios— continúe. Hace más de un año dije que los golpes de Estado ya no necesariamente requieren tanques en las calles. Hoy los golpes de Estado ocurren lentamente. Se va tomando el control de una institución, luego de otra, se van copando espacios de poder hasta cerrar completamente el círculo. Y creo que hoy prácticamente ese círculo ya está cerrado.

Si el nuevo gobierno decide continuar por ese mismo camino, el país terminará convirtiéndose en una olla de presión. Por eso ruego sinceramente que se produzca el primer escenario. Ojalá nos equivoquemos quienes hoy advertimos estos riesgos. Serán los hechos los que finalmente hablen.

Usted ocupa un cargo muy expuesto como el decanato del Colegio de Abogados y, si se concreta ese segundo escenario que usted describe, ¿no siente algún temor?

Sí, claro que existe preocupación. Pero hay algo muy importante: yo no estoy haciendo nada malo. No estoy enfrentándome a nadie por razones personales. No insulto ni critico sin fundamento. Todas las críticas que formulo están sustentadas estrictamente en el derecho. Cito los artículos de la Constitución, las convenciones internacionales y las normas aplicables. Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

¿Temor? Claro que existe. Pero mientras tenga la conciencia tranquila de que estoy trabajando por mi gremio y por el país, ese temor no puede paralizarme. También tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Por eso emitimos pronunciamientos y concedemos entrevistas como esta, porque debemos seguir haciendo pedagogía ciudadana. Es importante que la población comprenda cómo funciona el Estado, para qué sirve la Constitución y por qué es importante defenderla. Tenemos que seguir explicándolo y permanecer atentos frente a leyes como la que acaba de aprobar el Congreso.

Yo estoy tranquila porque estoy actuando en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, continúo impulsando mis procesos legales para regresar al Ministerio Público. No solamente como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, porque fui apartada de ese cargo de manera absolutamente irregular.

Ya se publicó oficialmente su inhabilitación. ¿Cómo recibe esa decisión? ¿Qué caminos legales le quedan? ¿Existen todavía instancias nacionales o solo queda acudir al sistema internacional?

Ya mismo presentamos la demanda de amparo. Ya estaba prácticamente lista, pero como durante el día se publicó oficialmente mi inhabilitación en el diario oficial, incorporamos ese nuevo hecho antes de presentarla. Mi abogado, el doctor Rodolfo Pérez, la presentó el mismo día. Voy a agotar absolutamente todas las vías internas. Así como antes logré que se declarara fundada una acción de amparo contra la primera inhabilitación, ahora vamos a cuestionar esta segunda decisión. Existen vulneraciones constitucionales y afectaciones a mis derechos fundamentales: al debido proceso, a la imparcialidad y a otras garantías.

¿Sabe a qué le tengo más miedo? A traicionar mis propias convicciones. Desde muy niña fui educada por mis padres —que fueron maestros— en el respeto por los valores, por la rectitud y por la integridad moral. Sé perfectamente que existen riesgos, y son riesgos importantes. Pero yo no le he hecho nada a nadie.

Jamás le he faltado el respeto a ningún político. En cambio, sí he recibido todo tipo de agravios. Me han dicho ignorante, que no doy la talla, que no sirvo para el cargo y muchas otras cosas. Las opiniones pueden existir. La difamación es otra cosa. Por eso me vi obligada a iniciar acciones legales contra el señor Rospigliosi, porque también tengo derecho a defender mi honor y mi dignidad frente a afirmaciones absolutamente falsas.

Y si esa acción de amparo no prospera, ¿el único camino sería acudir a instancias internacionales?

Exactamente. Primero debe agotarse toda la vía interna. Eso significa llegar hasta el Tribunal Constitucional. Una vez agotado ese camino, corresponde acudir al sistema internacional. Yo voy a seguir cada una de esas etapas. Siento que Dios me ha puesto en este camino. Tal vez por eso hoy estoy en el Colegio de Abogados. He encontrado muchísimo trabajo por hacer y me siento satisfecha con lo que estamos impulsando. También sé que estos procesos legales demoran. Lo único que espero es que no exista interferencia política en mis casos.

También confío en que el nuevo Congreso deberá llamar a rendir cuentas tanto a la actual Junta Nacional de Justicia como al Tribunal Constitucional. Ambas instituciones tendrán que explicar por qué han actuado como lo han hecho. Lo mismo ocurre con el defensor del Pueblo. Todos ellos deberán explicar por qué han dejado de lado la Constitución.

Pensaba justamente en ese escenario más complejo. Si se agotaran las instancias nacionales y, además, el próximo gobierno cumpliera con retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuáles serían los principales riesgos?

El mayor riesgo sería que las autoridades nacionales retrasen deliberadamente los procesos judiciales hasta que el retiro del Perú del Sistema Interamericano se concrete. Esa podría ser una maniobra. Según entiendo, ese procedimiento toma alrededor de dos años desde que se denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso estamos trabajando para que nuestros procesos avancen con la mayor rapidez posible. Necesitamos agotar la vía interna mientras el Perú todavía forme parte del sistema. Después ya no existiría otra posibilidad de acudir a una instancia internacional. Y solo quedaría esperar que, en algún momento, la democracia se recupere. Ojalá nunca tengamos que llegar a ese punto.

Si las circunstancias lo permitieran, ¿cuáles son las principales iniciativas que quisiera impulsar desde el Colegio de Abogados?

Lo primero sería insistir en la derogación de las llamadas leyes procrimen. Yo prefiero llamarlas leyes proimpunidad. Ese será uno de nuestros principales planteamientos.

También impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas. Tenemos esa atribución constitucional y queremos ejercerla.

Otro tema prioritario es la Constitución. Después de tantas reformas, considero que la Constitución de 1993 ha sido desfigurada. Se ha convertido en una especie de Frankenstein. Por eso creo que debe recuperarse el referéndum constitucional, para que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución. No puede ser que, después de que la ciudadanía rechazó la bicameralidad y la reelección en el referéndum de 2018, esos cambios terminarán aprobándose mediante mecanismos parlamentarios. Esas decisiones corresponden al soberano, no a 130 congresistas. Cuando no existe vocación democrática, la voluntad popular deja de importar.

Cuando empezó su carrera profesional, ¿qué buscaba? ¿Qué esperaba del Ministerio Público?

Ingresé al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Seis años después, en 2002, luego de concursar ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, obtuve la titularidad como fiscal provincial. Recuerdo que cuando ingresé como adjunta era un cargo provisional y podían retirarme en cualquier momento.

[Desde el CAL] impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas.

Pero desde ese primer día empecé a ilusionarme. Tenía muchos planes, muchas ganas de aportar al país, especialmente en la lucha contra la corrupción. Fui avanzando paso a paso. 

Cuando quedó vacante la Fiscalía de la Nación, postulé. Mis colegas me eligieron. Y, sinceramente, sentí que era la gran oportunidad de mi vida. Llegué con un programa de trabajo muy sólido, con muchas ideas y con enormes ganas de transformar la institución. Lamentablemente, ese proyecto quedó truncado. Eso es lo que más pena me produce. No tanto por mí. Me duele por el Ministerio Público, pues estábamos haciendo las cosas bien. Estábamos limpiando la institución, en el buen sentido de la palabra: retirando progresivamente a quienes no debían permanecer allí, siempre respetando el debido procedimiento. Sin embargo, todo volvió atrás. Todo regresó prácticamente a foja cero. Han retornado personas muy cuestionadas, con denuncias y antecedentes que todos conocen. Ese retroceso es lo que realmente me duele.

A pesar de todo eso, ¿usted sigue teniendo fe en el Ministerio Público?

Claro que sí. A las instituciones se les respeta y también se les puede querer. Las críticas deben dirigirse contra las malas personas, no contra las instituciones. No todos los fiscales son iguales. Hay muchos fiscales provisionales que trabajan con enorme dedicación. También hay fiscales titulares muy comprometidos.

Ahora bien, si hablamos de la actual Junta de Fiscales Supremos, mi opinión es distinta. Ahí considero que todos tienen responsabilidad. Creo que muchos han preferido preservar su zona de confort. Y yo sostengo que, si uno es fiscal o magistrado y no tiene el valor de defender la autonomía de su institución ni la independencia de sus colegas, entonces debería dedicarse a otra actividad. Hay quienes ingresan porque el sueldo resulta atractivo, pero la verdadera vocación es otra cosa. Cuando uno ama su profesión, la defiende. Cuando solo se ama la comodidad o la estabilidad, el compromiso institucional desaparece.

Aun así, sigo queriendo profundamente al Ministerio Público. Allí pasé los mejores años de mi vida profesional. Mantengo la convicción de que voy a regresar. Tarde o temprano voy a volver. Confío en que el Estado de derecho terminará imponiéndose.

En estas circunstancias, esa confianza es también un acto de fe

Absolutamente. Mientras haya vida, siempre hay esperanza. Tengo una familia maravillosa que nunca me ha soltado la mano. Y también recibo muchísimo cariño de la gente y ese cariño alimenta el alma. Da fuerzas para seguir adelante.

¿Ese respaldo no la anima a participar en política?

Hoy no lo tengo previsto. Quizá cuando me jubile, después de regresar al Ministerio Público. Nunca hay que decir nunca. Pero mi prioridad sigue siendo volver a la Fiscalía, terminar mi gestión en el Colegio de Abogados y continuar la defensa de mis derechos para regresar como fiscal de la Nación. Voy a hacer respetar ese derecho. Pase lo que pase.

Crímenes de guerra: definición fenomenológica – ontológica

El crimen de guerra es la violación grave del Derecho Internacional Humanitario (DIH) vinculada a un conflicto armado —internacional o no— que afecta a personas u objetos protegidos o usa medios o métodos prohibidos, con conocimiento del contexto y del estatus protegido. Exige: (i) conflicto; (ii) nexo; (iii) infracción específica del DIH; y (iv) culpabilidad conforme al tipo (Estatuto de Roma, art. 8; ICC, 2011). En conflictos no internacionales, el umbral se define por “violencia armada prolongada” y organización de actores, conforme a Tadić y al artículo 3 común (ICTY, 1995; ICRC, 2016). Este marco expresa límites racionales fundados en la dignidad: toda praxis se ordena a un fin (Aristóteles, EN I); la ley natural manda hacer el bien y evitar el mal (Tomás de Aquino, ST I-II, q. 94); y los bienes básicos fijan límites no negociables (Finnis, 2011).

Los crímenes de lesa humanidad son actos cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil conforme a la política de un Estado u organización; no requiere conflicto armado

Fenomenológicamente, se verifica en un horizonte bélico: organización de fuerzas, líneas de mando, ROE, objetivos y métodos de combate. No son hechos “privados”, sino conductas con huellas empíricas (órdenes, selección de blancos, trazas balísticas, georreferenciación, comunicaciones, trato a heridos/cautivos, patrones de ataque) que enlazan premisas verdaderas con reglas válidas (DIH y elementos del tipo) bajo el principio de razón suficiente: deben probarse umbral de conflicto, nexo, estatus protegido y norma infringida (ICC, 2011; ICRC, 2016). La culpabilidad exige conocimiento del contexto, y la responsabilidad de mando, control efectivo y medidas necesarias y razonables (Estatuto de Roma, art. 28; Bemba).

Desde una ontología teleológica, la causa material son los hechos base típicos descritos en el art. 8; la causa final es preservar a la persona y limitar racionalmente la violencia, conforme al mínimo humanitario del artículo 3 común (ICRC, 2016). Jurisprudencia como Lubanga concreta esa finalidad al proteger a niños soldados (ICC, 2014). En suma: contexto, nexo, infracción del DIH y culpabilidad configuran la esencia; la fenomenología ofrece sus indicios; la teleología remite a verdad, razonabilidad y justicia.

Crímenes de lesa humanidad: patrón, política y prueba

En sentido estricto, los crímenes de lesa humanidad son ciertos actos —asesinato, exterminio, esclavitud (incluida la sexual), deportación/traslado forzoso, encarcelación, tortura, violación y otras violencias sexuales, persecución, desaparición forzada, apartheid y otros actos inhumanos de similar gravedad— cometidos como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, con conocimiento del ataque y conforme a la política de un Estado u organización; no requiere conflicto armado (Estatuto de Roma, art. 7; ICC, 2011). “Ataque” es un curso de conducta múltiple contra civiles; su carácter puede ser “generalizado” (escala) o “sistemático” (método/organización), bastando que el agente sepa que su conducta se inserta en ese contexto (ICTY, Kunarac, 2002; ICC, 2011). Ontológicamente, protege a la persona y a la comunidad frente a agresiones estructurales que niegan la condición humana; el contexto es la forma que transforma el hecho base en lesa humanidad.

Desde la filosofía del derecho que compartimos, el fundamento de esta categoría no es positivista-voluntarista, sino anclado en la naturaleza humana como fuente de normatividad práctica: el derecho, creación racional para la convivencia, se ordena a la verdad, el bien y la justicia; por ello, incluso fuera del campo de batalla, impone límites no negociables a la violencia estatal u organizada que instrumentaliza a los civiles. En Aristóteles, toda praxis es inteligible por su fin, que es un bien; en Tomás de Aquino, la ley natural —participación de la razón en el orden— impone hacer el bien y evitar el mal; y en la reelaboración contemporánea de Finnis, los bienes básicos y la razonabilidad práctica exigen estructuras institucionales que hagan imposible la normalización del mal contra poblaciones (Aristóteles, EN I; Tomás de Aquino, ST I-II q.94; Finnis, 2011). Esta teleología explica por qué el derecho internacional penal —al tipificar lesa humanidad— no castiga solo actos aislados, sino la política y el patrón que degradan a las personas a meros medios y quiebran la confianza pública que hace posible la vida civil.

Fenomenológicamente, la lesa humanidad “aparece” a la conciencia jurídica como patrones: series coordinadas de detenciones, deportaciones, violencias sexuales, desapariciones, bloqueos de servicios vitales o exterminio, ejecutados por aparatos estatales u organizaciones con capacidad de mando. Su modo de darse deja huellas empíricas que pueden ser descritas y verificadas: órdenes, manuales, memorandos, matrices de eventos, mapas de cadenas de mando, reglamentos internos, registros de custodia, bases de datos forenses y testimonios convergentes. En esa “intencionalidad” institucional —el dirigir la acción contra una población civil— radica el nexo que transforma cada homicidio o tortura en un fragmento del ataque. De ahí la importancia de construir el mundo-del-ataque (quién manda, cómo se planifica, con qué medios se ejecuta, qué objetivos se persiguen), y no sólo la cronología de hechos; los Elements of Crimes ofrecen la grilla para enlazar premisas verdaderas con reglas válidas sin saltos inferenciales (ICC, 2011).

En términos de causalidad metafísica aplicada a la dogmática, la causa material de la lesa humanidad son los hechos base típicos (asesinatos, torturas, violencias sexuales, deportaciones, desapariciones, etc.) verificados con evidencia robusta; la causa formal es el ataque generalizado o sistemático que les confiere su forma jurídica específica —pauta organizativa y política—; la causa eficiente se identifica tanto en los autores inmediatos como en quienes, desde posiciones de poder real, organizan, dirigen o contribuyen significativamente al ataque (autoría mediata por aparato organizado, coautoría funcional, o contribución con conocimiento del contexto, según el caso y el foro); y la causa final es la protección de la dignidad humana y de la comunidad política frente a la destrucción planificada, restableciendo la justicia mediante la verdad de los hechos y la racionalidad de las inferencias judiciales (Aristóteles, EN I; Finnis, 2011). Esta teleología explica, además, la imprescriptibilidad práctica, la prohibición de amnistías autoexculpatorias y el rechazo de fórmulas que niegan investigación y sanción de graves violaciones.

Metodológicamente, calificar lesa humanidad exige: (i) fijar el ataque (curso de conducta, su escala o sistematicidad, sus víctimas civiles, su política organizacional), (ii) situar cada acto en ese contexto con un nexo descriptible (temporal, geográfico, funcional), (iii) identificar el acto subyacente del artículo 7 y sus elementos objetivos y subjetivos, (iv) establecer la responsabilidad individual con teoría del caso coherente (incluida la responsabilidad de superiores cuando corresponda, conforme a los parámetros de la CPI), y (v) motivar con razón suficiente: premisas verdaderas, inferencias válidas y descarte de hipótesis alternativas plausibles. El control lógico es indeclinable: atrocidad moral sin patrón no es lesa humanidad; suma de hechos sin estructura tampoco. La convergencia probatoria —documentos, patrones estadísticos, testimonios corroborados, pericias y trazabilidad de decisiones— es lo que hace epistémicamente legítima la subsunción (ICC, 2011; Schabas, 2018; Cassese, 2013).

Imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad

La imprescriptibilidad de los crímenes internacionales más graves —guerra y lesa humanidad— no nace de la conveniencia política ni de la voluntad del legislador contingente, sino de un fundamento previo: la naturaleza humana como fuente de normatividad práctica. Si el derecho es, en última instancia, razón ordenada a la verdad, el bien y la justicia, su causa final impone límites inderogables aun frente al poder bélico o estatal. La filosofía clásica realista ya lo intuía: toda praxis es inteligible por su fin (Aristóteles), la ley injusta que destruye bienes básicos no obliga in foro conscientiae (Tomás de Aquino), y la razón práctica reclama estructuras que protejan la vida, la integridad y la sociabilidad (Finnis). En ese horizonte, Núremberg fue un punto de giro: cuando el “derecho” positivo pretendía blindar el mal, los jueces apelaron a principios reconocibles por toda razón práctica —la humanidad como límite—, mostrando que extrema injusticia no es derecho (fórmula de Radbruch) y que la legalidad material precede a la literalidad normativa.

La lesa humanidad “aparece” a la conciencia jurídica como patrones: series coordinadas de detenciones, deportaciones, violencias sexuales, desapariciones, bloqueos de servicios vitales o exterminio, ejecutados por aparatos estatales u organizaciones con capacidad de mando.

Este fundamento no se opone a la juridicidad positiva: la causa formal de estas categorías se expresa hoy como ius cogens y obligaciones erga omnes, la causa eficiente en la comunidad internacional que crea tribunales y tipifica (Estatuto de Roma, convenciones, costumbre), y la causa material en los hechos base (asesinatos, torturas, desapariciones, deportaciones, violencia sexual) cuyo patrón les confiere la cualidad de crímenes contra la humanidad o de guerra. Así se responde a la objeción de retroactividad: cuando se sanciona, no se inventa un mal ex post, sino que se reconoce —con lenguaje positivo— una prohibición ya exigible por la razón práctica y por la costumbre anterior, hoy cristalizada en normas perentorias. La imprescriptibilidad no es, entonces, capricho punitivo sino la consecuencia lógica de tres notas: (i) ofensa radical a bienes básicos; (ii) quiebre estructural de la comunidad política; (iii) necesidad de verdad y justicia como condiciones de posibilidad del orden jurídico. Por eso, amnistías autoexculpatorias o prescripciones que desnaturalizan la verdad y el bien común son inválidas: contradicen el fin del derecho y la jerarquía normativa que positiviza ese fin.

Fenomenología probatoria y razón suficiente

Ambas figuras “aparecen” en matrices empíricas verificables: órdenes y partes operativos, reglas de enfrentamiento, selección de blancos y ventaja militar, comunicaciones y registros, georreferenciación, patrones de victimización, trato a personas protegidas y pericias forenses. El principio de razón suficiente exige enlazar premisas verdaderas (hechos reconstruidos con métodos confiables) con reglas válidas (DIH y Estatuto) para legitimar la subsunción y evitar saltos inferenciales (ICC, 2011). La prueba del contexto (conflicto o ataque), del nexo y del estatus protegido es la bisagra que convierte hechos graves en crímenes de guerra o de lesa humanidad.

Ley Nº 32107: crítica lógico – hermenéutica y control de convencionalidad

La categoría penal internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad no es un accidente de la técnica legislativa ni un “tipo opcional” disponible al vaivén de mayorías efímeras. Es la explicitación, en derecho positivo, de límites que la razón práctica reconoce como inderogables por anclarse en la naturaleza humana y en su teleología propia—verdad, bien y justicia. Desde Aristóteles, toda praxis se entiende por su fin; desde Tomás de Aquino, la ley natural (participación de la razón en el orden) manda realizar el bien y evitar el mal; en la reelaboración contemporánea, Finnis muestra que los bienes básicos y la razonabilidad práctica exigen estructuras jurídicas que impidan la normalización del mal (vida, integridad, sociabilidad), incluso cuando el poder estatal o paraestatal pretende instrumentalizar a las personas. En el plano jurídico, Dworkin recuerda que el derecho no se agota en reglas votadas, sino que incorpora principios que, en su “mejor luz”, confieren coherencia moral a la práctica jurídica; Fuller, por su parte, muestra que hay una “moral interna del derecho” sin la cual la legalidad colapsa; y Radbruch formula que, allí donde la injusticia se vuelve extrema, la ley deja de ser derecho. Sobre ese doble anclaje—fundamento iusnatural y articulación positiva—descansan tanto la tipificación de Roma (arts. 7–8) como la imprescriptibilidad convencional.

Frente a este trasfondo, la Ley peruana N.º 32107 “que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra” adopta un encuadre que desnaturaliza el fundamento último de estas categorías. Aunque su artículo 1 invoca el Estatuto de Roma y la Convención sobre la Imprescriptibilidad, su diseño práctico consagra la lectura más restrictiva posible de legalidad/irretroactividad y, en los hechos, habilita efectos extintivos por prescripción para hechos anteriores a la entrada en vigor del Estatuto de Roma en el Perú, como si la perentoriedad de las prohibiciones dependiera de un calendario interno y no de su carácter de ius cogens y obligaciones erga omnes. Ello confunde el límite temporal de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional con la existencia y fuerza jurídica de prohibiciones ya vigentes en el derecho internacional consuetudinario y convencional. La propia Convención de 1968 proclama la imprescriptibilidad de estos crímenes “cualquiera sea la fecha en que se hayan cometido”, y su vigencia para el Perú consta en registros oficiales.

El desplazamiento hacia un voluntarismo legislativo—según el cual es la “voluntad del poder” la que decide qué cuenta como derecho y cuándo deja de serlo—no solo contradice la filosofía práctica que funda estas categorías; también choca con la arquitectura interamericana que invalida amnistías, prescripciones o equivalentes destinadas a bloquear la investigación y sanción de graves violaciones. En Barrios Altos y La Cantuta, la Corte IDH estableció que medidas normativas orientadas a impedir verdad y justicia carecen de efectos jurídicos en el orden interno por incompatibilidad con la Convención Americana. Reconciliación, en este horizonte, no significa clausura punitiva ni olvido; significa verdad, reparación integral y sanción proporcionada—precisamente lo que se frustra cuando se positiviza una cronología que pretende “apagar” lo imprescriptible.

La lección de Núremberg sigue vigente: cuando la literalidad normativa pretende blindar el mal, el juez no “salta” al vacío, sino que vuelve a los primeros principios que justifican al derecho como práctica racional y, desde allí, reconoce y aplica normas superiores ya operativas—entonces consuetudinarias y hoy además codificadas—para restaurar el orden moral y jurídico quebrado. El Estatuto de Roma y la doctrina penal internacional (Cassese, Schabas) han depurado esa gramática: el telos de estas categorías es proteger a la persona y a la comunidad frente a ataques generalizados o sistemáticos y frente a violaciones graves del ius in bello; su causa formal positiva es hoy el ius cogens y la convencionalidad; su causa eficiente institucional es la comunidad internacional que crea tribunales y tipifica; su causa material son los hechos base (asesinatos, torturas, desapariciones, deportaciones, violencias sexuales) inserto en patrones; y su causa final es la realización práctica de la justicia mediante verdad y responsabilidad. Cualquier lectura doméstica que reduzca este andamiaje a un problema de fechas o voluntades parlamentarias abdica de la idea misma de derecho como razón pública.

Por ello, la consistencia teórico-práctica exige un modelo de doble anclaje: (i) fundamento iusnatural (dignidad como bien básico; razón práctica; causa final del derecho) y (ii) positivación perentoria (Convención de Imprescriptibilidad; Estatuto de Roma; práctica estatal consolidada) que impiden al legislador convertir la justicia penal internacional en un “don del poder”. La Ley 32107, aun invocando los instrumentos correctos, se orienta en sentido inverso: re-subordina lo perentorio a la voluntad y al calendario. El control de convencionalidad—judicial y administrativo—debe corregir ese desvío: no por activismo, sino por fidelidad a los principios que hacen que el derecho sea algo más que mandato; que sea razón al servicio de la humanidad herida.

Imprescriptible por su esencia: contra la lectura prospectiva de la Convención

Sostener que la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de los Crímenes de Lesa Humanidad solo rige para hechos posteriores a su entrada en vigor interna es una interpretación antojadiza que contradice el texto, el objeto y la finalidad del tratado. El artículo I es inequívoco: “no se aplicará prescripción… cualquiera que sea la fecha de su comisión”. Una lectura “prospectiva pura” vacía ese comando, invierte su teleología (prevenir impunidad por el paso del tiempo) y desconoce que la imprescriptibilidad se proclamó frente a crímenes cuya gravedad trasciende calendarios nacionales. Interpretar de buena fe conforme al sentido ordinario de las palabras, en su contexto y a la luz del objeto y fin (art. 31 de la Convención de Viena), conduce a la misma conclusión; y la regla de no retroactividad (art. 28) cede cuando el propio tratado muestra una intención distinta, que aquí está explícita. Por tanto, usar el artículo 28 para limitar lo que el artículo I declara “irrespective of the date” es un falso conflicto normativo.

La categoría penal internacional de los crímenes de guerra y de lesa humanidad es la explicitación de límites que la razón práctica reconoce como inderogables por anclarse en la naturaleza humana […] Los bienes básicos y la razonabilidad práctica exigen estructuras jurídicas que impidan la normalización del mal, incluso cuando el poder estatal o paraestatal pretende instrumentalizar a las personas.

En el plano interamericano, la tesis “prospectiva” choca con precedentes que proscriben amnistías, prescripciones o equivalentes que impidan investigar y sancionar graves violaciones: Barrios Altos y, luego, Almonacid Arellano y Gelman fijan que tales obstáculos carecen de efectos jurídicos internos frente a las obligaciones internacionales del Estado. La ratio es clara: en crímenes que lesionan la humanidad, la jurisdicción interna no puede reinstalar por vía interpretativa lo que el derecho internacional expulsó por contrariar la justicia y la dignidad humana. Reconciliación en este marco no es clausura, sino verdad, reparación y sanción; y subordinar la imprescriptibilidad a un hito formal doméstico equivale a permitir que el tiempo neutralice el deber de justicia.

Desde una perspectiva lógico-hermenéutica, la lectura “solo después de la entrada en vigor interna” vulnera el principio de identidad y la razón suficiente: lo que es imprescriptible según la Convención no deja de serlo porque el Estado fije un calendario; y si se pretende esa excepción, ¿cuál es la razón bastante que la justifique a la luz del objeto y fin del tratado? No basta invocar “legalidad” o “irretroactividad” en abstracto, porque la Convención precisamente quiso sustraer estos crímenes a la lógica del tiempo. En derecho positivo, además, el propio registro internacional confirma la adhesión del Perú a la Convención, y la interpretación conforme exige armonizar el orden interno con ese estándar, no revertirlo. Una hermenéutica que subordine lo perentorio a la voluntad coyuntural reconduce el derecho a un voluntarismo incompatible con la idea de normas superiores (ius cogens y obligaciones erga omnes) que vinculan al Estado más allá de su cronología doméstica.

Identidad normativa y razón suficiente

La identidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad no es creación del legislador peruano ni etiqueta disponible al voluntarismo: surge de un doble anclaje, iusnatural (dignidad, razón práctica orientada a verdad-bien-justicia) y perentorio internacional (Estatuto de Roma, Convención de 1968, jurisprudencia). La Ley N.º 32107 colisiona con el principio de identidad y con la razón suficiente: lo que es crimen internacional por su forma contextual (ataque generalizado/sistemático o nexo con conflicto) y su contenido típico no puede dejar de serlo por mera voluntad interna sin incurrir en contradicción. Tampoco ofrece un porqué normativo bastante para vaciar su perentoriedad: invocar calendario interno o conveniencia coyuntural es insuficiente frente al ius cogens y a las obligaciones erga omnes. La Convención de 1968 establece imprescriptibilidad “cualquiera sea la fecha”, y el Estatuto y sus Elements of Crimes fijan la forma sin admitir relativizaciones domésticas; confundir la competencia temporal de la CPI con la vigencia de las prohibiciones en el derecho general convierte lo perentorio en optativo.

El control de convencionalidad exige “decir de lo que es, que es”: estas categorías valen en el derecho internacional, no por decreto local. Subordinarlas a la voluntad legislativa implica petición de principio. La línea interamericana (Barrios Altos, La Cantuta) proscribe amnistías, prescripciones o equivalentes que bloqueen verdad, reparación y sanción. En teoría del derecho, Dworkin (principios), Fuller (moral interna) y Radbruch (injusticia extrema) se articulan con Aristóteles, Tomás de Aquino y Finnis: el derecho no es don del poder, sino razón pública. El correctivo no es activismo, sino fidelidad a fuentes superiores: aplicar imprescriptibilidad y control de convencionalidad como exigencias de identidad, de razón suficiente y de justicia.

Conclusiones

• Naturaleza Iusnaturalista y Perentoria: Los crímenes de guerra y de lesa humanidad poseen una identidad normativa cuyo fundamento último se arraiga en principios iusnaturalistas —la dignidad humana, los bienes básicos y la razón práctica orientada a la justicia— y no en la voluntad contingente de un legislador. Esta naturaleza se expresa en el derecho positivo como normas de ius cogens y obligaciones erga omnes, que son inderogables.

• La Imprescriptibilidad como Consecuencia Lógica: La imprescriptibilidad de estos crímenes es una consecuencia necesaria de su esencia. No se trata de una mera política punitiva, sino de una exigencia de justicia derivada de la gravedad objetiva del hecho, que lesiona a la humanidad en su conjunto y quebranta los fundamentos de la comunidad política. Por ello, la Convención de 1968 los declara imprescriptibles «cualquiera que sea la fecha» de su comisión.

• Incompatibilidad de la Ley 32107: La Ley Peruana N.º 32107, al subordinar la imprescriptibilidad a un «calendario interno» y a una lectura formalista del principio de legalidad, desnaturaliza por completo la lógica del Derecho Internacional. Su interpretación de que la Convención solo rige prospectivamente constituye una lectura voluntarista que invierte la ratio del tratado y vacía de contenido el carácter perentorio de las prohibiciones.

• Ineficacia por Control de Convencionalidad: Frente a esta incompatibilidad, el control de convencionalidad —con sustento en la jurisprudencia constante de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Caso Barrios Altos, La Cantuta, Gelman)— se erige como el mecanismo jurídico idóneo y obligatorio para declarar la inaplicación de los efectos extintivos de la Ley 32107. Esta corrección no es activismo judicial, sino fidelidad a las obligaciones internacionales del Estado Peruano y a los principios superiores del orden jurídico.

• Conclusión Final: El derecho no puede reducirse a un producto de la voluntad política. Como práctica racional orientada al bien común, su causa final es la realización de la justicia. La Ley 32107, al pretender que el paso del tiempo otorga inmunidad por crímenes que, por su esencia, no pueden prescribir, no solo viola el Derecho Internacional, sino que traiciona la misma idea de derecho como razón pública al servicio de la humanidad y la verdad.

Referencias

Almonacid-Arellano et al. v. Chile. (2006, September 26). Merits, Reparations and Costs. Judgment. Inter-American Court of Human Rights. Series C No. 154.

Aristóteles. (2009). Ética a Nicómaco (ed. y trad.). Gredos.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2001). Caso Barrios Altos vs. Perú (Fondo), Serie C No. 75..

Cassese, A. (2013). International criminal law (3rd ed.). Oxford University Press.

Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). (2016). Convenios de Ginebra de 1949 y sus Protocolos Adicionales. https://www.icrc.org/es/document/geneva-conventions-1949-additional-protocols

Dworkin, R. (1986). Law’s Empire. Harvard University Press.

Finnis, J. (2011). Natural law and natural rights (2nd ed.). Oxford University Press.

Fuller, L. L. (1969). The morality of law (Revised ed.). Yale University Press.

Corte Interamericana de Derechos Humanos. (2011). Caso Gelman vs. Uruguay (Fondo y Reparaciones), Serie C No. 221.

International Criminal Court. (ICC) (2011). Elements of crimes. https://www.icc-cpi.int/sites/default/files/Publications/Elements-of-Crimes.pdf

Kunarac, Kovac & Vukovic (Appeals Judgment), IT-96-23 & IT-96-23/1-A.

La Cantuta v. Peru. (2006, November 29). Merits, Reparations and Costs. Judgment. Inter-American Court of Human Rights. Series C No. 162.

Lubanga Dyilo, T. (ICC-01/04-01/06). (2012, March 14). Judgment pursuant to Article 74 of the Statute. International Criminal Court.

Perú. Congreso de la República. (2021). Ley N° 32107: Ley que precisa la aplicación y los alcances del delito de lesa humanidad y crímenes de guerra. El Peruano. https://busquedas.elperuano.pe/normaslegales/ley-que-precisa-la-aplicacion-y-los-alcances-del-delito-de-le-ley-n-32107-1967000-1/

Prosecutor v. Bemba Gombo, J.-P. (ICC-01/05-01/08). (2016, March 21). Trial Judgment. International Criminal Court.

Prosecutor v. Tadić, D. (IT-94-1-AR72). (1995, October 2). Decision on the Defence Motion for Interlocutory Appeal on Jurisdiction. International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia.

Radbruch, G. (2006). Statutory lawlessness and supra-statutory law (S. L. Paulson & B. Litschewski Paulson, Trans.). Oxford Journal of Legal Studies, *26*(1), 1–11. https://doi.org/10.1093/ojls/gqi041 (Original work published 1946).

Rome Statute of the International Criminal Court. (1998, July 17). United Nations. Treaty Series, *2187*, 3. https://www.icc-cpi.int/resource-library/documents/rs-eng.pdf

Schabas, W. A. (2018). An introduction to the International Criminal Court (6th ed.). Cambridge University Press.

Thomas Aquinas. (1947). Summa theologica (Fathers of the English Dominican Province, Trans.). Benziger Bros. (Original work published 1485).

United Nations. (1968, November 26). Convention on the Non-Applicability of Statutory Limitations to War Crimes and Crimes Against Humanity. United Nations Treaty Series, *754*, 73. https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%20754/v754.pdf

United Nations. (1969, May 23). Vienna Convention on the Law of Treaties. United Nations Treaty Series, 1155, 331. https://treaties.un.org/doc/publication/unts/volume%201155/volume-1155-i-18232-english.pdf

Bustíos viajaba en motocicleta junto a su colega Eduardo Rojas Arce cuando ambos fueron interceptados por una patrulla del Ejército peruano. Rojas logró huir pese a resultar herido, mientras que Bustíos fue alcanzado por disparos. Según la investigación judicial, cuando aún se encontraba con vida, los militares colocaron una granada sobre su cuerpo, provocándole la muerte.

Tras su asesinato, su esposa, Anita Patiño, y sus hijos asumieron un papel central en la defensa de su memoria y en la búsqueda de justicia. Durante más de tres décadas impulsaron acciones legales, acompañaron el proceso judicial y mantuvieron vigente el recuerdo de Hugo Bustíos frente a los intentos de impunidad y olvido. Su perseverancia fue determinante para que el caso continuara siendo investigado y para que los responsables fueran finalmente llevados ante la justicia.

Paralelamente a esta lucha, la familia ha conservado diversos objetos personales de Bustíos que hoy constituyen importantes testimonios materiales de su vida y trayectoria profesional. Entre ellos se encuentran la camisa que llevaba puesta el día de su asesinato, su cámara fotográfica y su máquina de escribir. Estas pertenencias no solo evocan su historia personal, sino también su labor como periodista de Caretas, ejercida en una de las etapas más violentas de la historia reciente del Perú.

Por este crimen, el Poder Judicial condenó en 2007 al exmilitar Víctor La Vera Hernández como coautor del asesinato. Años después, en abril de 2023, el exministro del Interior y excongresista Daniel Urresti Elera también fue condenado a doce años de prisión como coautor del homicidio, al establecerse que en 1988 se desempeñaba como oficial de inteligencia de la base militar de Castropampa, en Huanta.

Sin embargo, el proceso judicial dio un nuevo giro tras la aprobación, en 2024, de la Ley N.° 32107, que dispone la prescripción de los crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Diversas organizaciones de derechos humanos advirtieron que esta norma podía abrir la puerta a la impunidad en numerosos casos vinculados al conflicto armado interno. En marzo de 2026, el Tribunal Constitucional aplicó esta ley al caso Bustíos, anuló la condena impuesta contra Daniel Urresti y ordenó su inmediata liberación, al considerar que el asesinato no podía ser calificado como crimen de lesa humanidad y que la acción penal había prescrito.

La decisión reavivó el debate sobre los alcances de la Ley N.° 32107 y sus efectos sobre los procesos por graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante el conflicto armado interno. Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, ese periodo dejó cerca de 69 mil personas asesinadas o desaparecidas, mientras que organizaciones especializadas han advertido que la nueva legislación podría afectar más de un centenar de casos con sentencia firme y cientos de procesos aún en trámite.

En ese contexto, preservar la memoria de Hugo Bustíos adquiere una relevancia que trasciende el ámbito judicial. Los objetos que pertenecieron al periodista, así como la persistencia de su familia en la búsqueda de justicia durante más de tres décadas, constituyen testimonios de una historia que interpela tanto el derecho de las víctimas a la verdad y la justicia como la defensa de la libertad de prensa en el Perú. Su caso continúa siendo un recordatorio de los riesgos que enfrentó el periodismo durante el conflicto armado interno y de la importancia de evitar que el paso del tiempo se convierta en una forma de impunidad.

La historia del caucho fue, por décadas, un lugar incómodo de la memoria peruana: demasiado dolorosa para ser contada y demasiado importante para seguir siendo ignorada. Mientras otras páginas de la historia nacional ocuparon libros escolares, museos y ceremonias oficiales, lo ocurrido en la Amazonía entre fines del siglo XIX y comienzos del XX quedó relegado a investigaciones especializadas, testimonios dispersos y a la memoria de quienes heredaron las consecuencias de una de las etapas más violentas del extractivismo en el país.

Hoy, más de un siglo después, historiadores, antropólogos, artistas y descendientes de los pueblos indígenas afectados coinciden en una idea: comprender aquella época no significa únicamente mirar hacia atrás. Significa entender por qué muchas heridas continúan abiertas. El historiador Manuel Burga sitúa el inicio de esa historia entre 1880 y 1912, periodo en el que la explotación del látex amazónico se intensificó como consecuencia del desarrollo de la industria automotriz y de la creciente demanda mundial de neumáticos. La Amazonía se convirtió entonces en un territorio estratégico para abastecer un mercado internacional que crecía a gran velocidad.

Pero el auge económico tuvo un final abrupto. Cuando las semillas del árbol del caucho fueron trasladadas a otras regiones del mundo para establecer plantaciones más rentables, la bonanza amazónica se desplomó. Lo que quedó, explica Burga, fue una región devastada.

La historia suele recordar ese episodio por un territorio específico: los afluentes del río Putumayo, una zona donde Perú y Colombia mantenían disputas fronterizas y donde comenzaron a multiplicarse los centros de extracción del caucho. Allí llegaron empresarios atraídos por la posibilidad de obtener enormes ganancias en poco tiempo.

Entre ellos destacó un nombre que terminaría marcando para siempre la historia amazónica: Julio César Arana. Nacido en Rioja en 1864, Arana pasó de comerciante a convertirse en el empresario más poderoso del caucho peruano. Primero fundó una empresa junto con sus hermanos y, posteriormente, constituyó la Peruvian Amazon Rubber Company, registrada en Londres en 1907. El crecimiento del negocio implicó la incorporación de trabajadores provenientes de Jamaica, quienes llegaron al Putumayo en condiciones precarias para desempeñarse como capataces.

Aquella estructura de explotación llamó la atención del gobierno británico. El Foreign Office decidió enviar al diplomático irlandés Roger Casement para investigar las denuncias que comenzaban a circular sobre lo que ocurría en la región. El resultado fue el célebre Libro Azul, publicado en 1910.

Según Manuel Burga, ese informe denunció la explotación sufrida por los trabajadores jamaiquinos y reveló que estos, a su vez, ejercían violencia contra las poblaciones indígenas, especialmente contra los pueblos huitoto y bora, que murieron por miles durante aquellos años. Casement pagaría un alto precio por su compromiso con las causas que defendió. Su trayectoria inspiraría, un siglo después, la novela El sueño del celta de Mario Vargas Llosa.

Pero mientras el mundo comenzaba a conocer las denuncias, la tragedia continuaba desarrollándose en la selva. Burga recuerda un dato que conoció siendo estudiante de antropología, cuando leyó Nuestros contemporáneos primitivos, del antropólogo estadounidense George P. Murdock. Allí encontró una cifra que nunca olvidaría: entre 1900 y 1912 se extrajeron cuatro mil toneladas de caucho del Putumayo y, para hacerlo, calcula el autor, murieron alrededor de treinta mil indígenas pertenecientes principalmente a los pueblos huitoto y bora.

Las consecuencias fueron mucho más allá de la pérdida de vidas humanas, pues las riberas del Putumayo quedaron devastadas y la tensión territorial entre Perú y Colombia se profundizó hasta desembocar, décadas después, en el conflicto de Leticia de 1932. Sin embargo, las cifras no alcanzan a explicar la magnitud de lo ocurrido. Para el antropólogo Wilton Martínez, director del documental Shiringa, la violencia del caucho produjo algo que todavía pesa sobre las comunidades amazónicas: un vacío generacional.

Durante la presentación de su película en la PUCP, en el marco de la Semana Amazónica 2026, explicó que prácticamente fue eliminada una generación completa de indígenas. Con ella desaparecieron también conocimientos, relatos y formas de transmisión cultural que dependían de la oralidad. «La transmisión del conocimiento se cortó», sostuvo. Quienes sobrevivieron no solo enfrentaron la violencia física. Muchos fueron desplazados de sus territorios, obligados a establecerse en lugares desconocidos y a reconstruir su vida lejos de sus comunidades de origen.

Numerosas familias fueron llevadas al lado peruano del Putumayo para trabajar en condiciones extremadamente precarias. Llegaban a zonas donde no existía infraestructura ni condiciones para sobrevivir y «se morían por cientos». La consecuencia fue doble, pues además de la masacre, se produjo el desarraigo.

Martínez señala que numerosas familias fueron llevadas al lado peruano del Putumayo para trabajar en condiciones extremadamente precarias. Llegaban a zonas donde no existía infraestructura ni condiciones para sobrevivir y, según relata, «se morían por cientos». La consecuencia fue doble, pues además de la masacre, se produjo el desarraigo.

Décadas después, los descendientes de aquellas víctimas continúan intentando reconstruir fragmentos de una historia que nunca terminó de contarse. Uno de ellos es el artista indígena Bruce Rubio Churaí, protagonista de Shiringa. Para Wilton Martínez, su trabajo artístico representa un esfuerzo por recuperar aquello que la violencia intentó borrar. A través de la pintura, Bruce reconstruye escenas heredadas por la memoria familiar y colectiva. No se trata únicamente de representar el pasado, sino de recuperar una continuidad cultural interrumpida por el terror.

La antropóloga y docente María Luisa de Zela observa ese proceso desde otra perspectiva. Para ella, el documental demuestra que las pinturas de Bruce Rubio no funcionan simplemente como ilustraciones de hechos históricos. Constituyen una forma de conocimiento. Sus obras, afirma, articulan memoria, historia e identidad mediante imágenes capaces de transmitir experiencias que durante décadas permanecieron ausentes de los relatos oficiales. En ese sentido, el arte deja de ser únicamente una manifestación estética para convertirse en una herramienta de resistencia.

Óscar Espinosa, antropólogo y docente PUCP, coincide en que el impacto del caucho transformó de manera radical la Amazonía. Durante la presentación del documental recordó que la mayor parte de la población peruana desconoce este episodio, incluso en la propia región amazónica. El fenómeno, explica, alcanzó prácticamente a los nueve países amazónicos y modificó la demografía, provocó desplazamientos masivos y alteró profundamente la vida de numerosos pueblos indígenas. Los actuales pueblos bora, murui, ocaina, andoque, huitoto y otros grupos conocidos como «la gente del centro» son también resultado de esos desplazamientos forzados. «Si viven en el Perú hoy día esos pueblos es porque fueron traídos», señaló. Y, frente a ese escenario, Espinosa cuestiona la persistencia de una narrativa que continúa exaltando únicamente la prosperidad económica generada por el caucho. “Existe —advierte— un discurso triunfalista que suele destacar la riqueza producida durante aquellos años mientras deja en segundo plano la tragedia humana que hizo posible ese crecimiento”.

Las estimaciones que maneja indican que solo en la zona comprendida entre el Putumayo y el Caquetá murieron alrededor de cuarenta mil indígenas, sin contar otras regiones amazónicas donde también existieron abusos y explotación.

Mientras tanto, nuevas investigaciones siguen apareciendo. Fotografías desconocidas, archivos familiares, testimonios y documentos continúan ampliando el conocimiento sobre una historia que todavía está lejos de completarse. «Es una historia que nunca se va a terminar de contar», había dicho Wilton Martínez al explicar el origen de Shiringa.

Quizá esa sea una de las mayores paradojas del caucho, que durante décadas se creyó que pertenecía únicamente al pasado, sin embargo, cada nueva investigación, cada testimonio recuperado y cada obra artística demuestran que esa historia sigue hablándole al presente. Antes de convertirse en una deuda de la memoria, el caucho fue una maquinaria de explotación cuya violencia todavía resuena en la Amazonía peruana.

Jugarse la vida por la justicia

El 17 de abril de 1912 un hombre moría en Cerro de Pasco lejos del lugar donde había iniciado la batalla más importante de su vida. Tenía 52 años, había combatido en la Guerra del Pacífico, fundado siete periódicos y pasado los últimos años huyendo de una ciudad a otra. La historia oficial casi lo olvidó, pero mucho antes de que el mundo conociera los horrores del Putumayo por el informe del diplomático Roger Casement, él ya había denunciado lo que ocurría en la Amazonía peruana. Se llamaba Benjamín Saldaña Rocca.

El periodista Paco Bardales ha contado la historia de Saldaña en su blog Diario de IQT. En él señala que desde que publicó sus primeras denuncias contra el imperio cauchero de Julio César Arana, en 1907, Saldaña vivió perseguido. Murió sin saber que aquellas investigaciones terminarían provocando un escándalo internacional y abrirían uno de los procesos más importantes sobre violaciones de derechos humanos ocurridos durante la explotación del caucho.

Capitán condecorado durante la Guerra del Pacífico, Saldaña creía que el periodismo podía corregir las injusticias. Fundó tres periódicos en Lima, dos en Iquitos y dos en Cerro de Pasco, todos de vida breve y todos marcados por el propósito común de denunciar los abusos del poder. Los dos más importantes fueron La Felpa y La Sanción.

Entre agosto y diciembre de 1907 se publicaron testimonios, denuncias y relatos sobre los asesinatos masivos que se cometían en los campamentos caucheros instalados entre los ríos Putumayo y Caquetá, bajo el dominio empresarial de Julio César Arana. Décadas después se estimaría que alrededor de treinta mil indígenas huitoto fueron asesinados.

Entre agosto y diciembre de 1907, ambos semanarios comenzaron a publicar testimonios, denuncias y relatos sobre los asesinatos masivos que se cometían en los campamentos caucheros instalados entre los ríos Putumayo y Caquetá, bajo el dominio empresarial de Julio César Arana. Décadas después se estimaría que alrededor de treinta mil indígenas huitoto fueron asesinados y otros diez mil quedaron marcados de por vida por las torturas y castigos impuestos por los administradores de la Casa Arana. Los indígenas eran castigados cuando no lograban entregar las cuotas de látex exigidas por los administradores de los cuarenta y dos campamentos de la empresa.

¿Por qué, si Saldaña fue el primero en contarlo, la historia terminó recordando con mayor fuerza a otros nombres? En el artículo Benjamin Saldaña Rocca y la representación indigena en La Felpa: las primeras denuncias y su interpretación gráfica en la época del caucho, publicado por la Academia Peruana de la Lengua por Andrea Cabel y Andrés Napurí, sostiene que las denuncias impulsadas por Saldaña constituyeron un punto de partida para las posteriores investigaciones de Roger Casement y Walter Hardenburg y que la importancia de esas publicaciones no radicó únicamente en denunciar, sino en que dichas denuncias se hicieron públicas mientras los hechos estaban ocurriendo.

A diferencia de investigaciones posteriores elaboradas a partir de testimonios o archivos históricos, las páginas de La Felpa recogían relatos escritos durante la propia época del caucho, cuando la violencia seguía desarrollándose en los campamentos. Por eso, Cabel y Naupari consideran que esos periódicos constituyen una fuente excepcional para comprender cómo se percibían aquellos acontecimientos desde el propio escenario amazónico.

Los textos publicados no eran únicamente editoriales, pues incluían testimonios directos de personas que habían presenciado asesinatos, torturas y castigos. Algunas de esas denuncias incluso aparecieron en inglés con un propósito estratégico, pues en Iquitos residían comerciantes, diplomáticos y funcionarios británicos y estadounidenses, mientras que la Peruvian Amazon Company tenía su sede central en Londres. Presentar algunas denuncias en inglés suponía buscar que la información trascendiera las fronteras peruanas. Y, aunque tardó, las revelaciones de Saldaña sí terminaron llegando al extranjero y fueron la base de las investigaciones de Roger Casement y de los reportajes publicados por la revista londinense The Truth, llegando así a instalar el escándalo en el Parlamento británico.

Pero mientras las investigaciones internacionales avanzaban, la situación de Saldaña se volvía cada vez más peligrosa, pues sus denuncias incomodaban a un poder económico que dominaba prácticamente todos los ámbitos de la vida en Iquitos. Como recuerda Paco Bardales, la prosperidad de la ciudad giraba alrededor de Julio César Arana. La actividad política, judicial, financiera y social dependía, en buena medida, de la riqueza generada por el caucho. Enfrentarse al empresario significaba enfrentarse a todo un sistema.

Las publicaciones de La Felpa y La Sanción, junto con la denuncia formal presentada por Saldaña ante la justicia en agosto de 1907, obligaron al Estado peruano a abrir una investigación. Sin embargo, también desencadenaron una campaña para desacreditar al periodista. En 1911, el juez Rómulo Paredes elaboró un informe de más de tres mil páginas que confirmaba la autenticidad de las denuncias y permitió que se emitieran 230 órdenes de captura contra responsables de los crímenes, pero ninguna llegó a ejecutarse gracias a los oficios de Arana que, además, inició una campaña contra Saldaña, quien empezó a ser presentado por sus adversarios como un agitador, un difamador e incluso un chantajista.

Bardales señala que nunca pudo demostrarse esa acusación. Los documentos judiciales donde supuestamente aparecían pruebas en su contra desaparecieron cuando el expediente del caso se perdió durante la destrucción de la Corte Superior de Justicia de Loreto en 1998. Lo que sí quedó registrado fue la violencia con la que terminó abandonando Iquitos. Walter Hardenburg relató que, en febrero de 1909, Saldaña fue expulsado de la ciudad después de que una turba destruyera su imprenta y lo golpeara hasta dejarle el rostro hinchado. Luego fue conducido hacia el malecón, donde una embarcación lo esperaba para trasladarlo a Yurimaguas. Nunca regresó. Murió tres años después sin comprender que en realidad no había combatido únicamente a Julio César Arana, sino a un entramado de intereses económicos, políticos y geopolíticos que permitió que el empresario actuara con libertad mientras el Putumayo seguía produciendo riqueza.

Burga reconoce que este episodio de nuestra historia debería enseñarse con mucha mayor profundidad tanto en las escuelas como en las universidades y no como una anécdota del auge económico del caucho, sino como uno de los capítulos más críticos de la historia republicana.

Al respecto, el historiador Manuel Burga considera que los abusos fueron posibles por las relaciones que mantenían los empresarios caucheros con el poder político de la época. “Arana —afirma— actuó primero apoyado por capitales británicos y, posteriormente, como senador durante el gobierno de Augusto B. Leguía, siempre ‘sin sentido de nación’ y de espaldas al desarrollo de Loreto y del país”. La explotación, sostiene Burga, no dejó infraestructura, ni fortaleció la región amazónica, ni contribuyó a la construcción de una nación moderna, solo dejó destrucción.

Burga reconoce que este episodio de nuestra historia debería enseñarse con mucha mayor profundidad tanto en las escuelas como en las universidades y no como una anécdota del auge económico del caucho, sino como uno de los capítulos más críticos de la historia republicana. “El silencio no comenzó cuando terminaron las matanzas. El silencio empezó mucho antes, cuando denunciar equivalía a desafiar un poder capaz de controlar la economía, la política, la justicia y hasta la memoria”, señala.

Y ese silencio, más de un siglo después, todavía continúa disputando el lugar que ocupa esta historia en el relato nacional.

La memoria que sobrevivió al exterminio

Más de un siglo después del auge del caucho, la historia continúa apareciendo incluso donde nadie quiere buscarla. A veces emerge en un archivo recién descubierto. Otras, en un álbum de fotografías olvidado. También aparece en una pintura, en un mural, en una película o en el recuerdo transmitido entre abuelos y nietos. El mayor archivo sigue estando en las propias comunidades indígenas, y así lo demuestran los trabajos documentales que han surgido los últimos años: Shiringa, de Wilton Martínez; El canto de las mariposas, de Nuria Frigola; y La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes. Wilton Martínez cuenta que cuando comenzó a trabajar en Shiringa no buscaba únicamente reconstruir un episodio histórico, sino preguntarse qué había quedado de aquella violencia en quienes la heredaron y la respuesta para él apareció en el pintor Bruce Rubio Churaí.

Durante la investigación del documental, Martínez observó que la masacre cauchera no solo había acabado con miles de vidas, sino que también había provocado lo que denomina un «vacío generacional». Y que, al desaparecer una generación completa, se interrumpió la transmisión oral de conocimientos, relatos y formas de comprender el mundo. Las comunidades tuvieron que reconstruirse prácticamente desde cero y Bruce Rubio y su familia forman parte de ese proceso.

A través de sus pinturas intenta recuperar escenas que nunca vivió personalmente, pero que llegaron hasta él mediante la memoria colectiva de su pueblo, pues no pinta únicamente episodios de violencia, sino aquello que sobrevivió a ella. La memoria, en sus cuadros, no aparece detenida en el sufrimiento, pues la maloca, las ceremonias, la palabra compartida, las plantas, los animales, las fiestas tradicionales y los conocimientos heredados ocupan el mismo lugar que los recuerdos del terror.

Ese proceso llama la atención de María Luisa de Zela, docente del Departamento de Artes Escénicas de la PUCP, quien considera que el documental propone una lectura distinta sobre el arte indígena. Para ella, las pinturas de Bruce Rubio no deben entenderse solo como obras estéticas sino como una forma de producir conocimiento, pues en ellas conviven historia, memoria, cosmovisión amazónica y tradición oral. «La imagen se convierte en un espacio de resistencia, una herramienta de transmisión cultural y una forma de narrar la historia desde perspectivas que durante siglos fueron excluidas de los relatos dominantes», sostiene. Por eso, explica, el documental trasciende la reconstrucción histórica.

Pero, ¿quién tiene derecho a contar la historia y desde qué lenguajes puede hacerse? Al respecto, Óscar Espinosa considera que uno de los aspectos más valiosos de Shiringa es que permite observar cómo, pese a toda la violencia sufrida, los pueblos indígenas lograron conservar aspectos fundamentales de su identidad. En la película aparecen la maloca como espacio de encuentro, el mambeo, las fiestas tradicionales del pijuayo, las danzas, la palabra compartida y los saberes transmitidos entre generaciones. No son elementos decorativos, sino formas de resistencia.

Espinosa recuerda que, para estos pueblos, recordar el pasado solo tiene sentido si sirve para preparar el futuro, por lo que hablar de acontecimientos dolorosos implica revivir el sufrimiento, tanto para quien narra como para quien escucha. Por eso la memoria no se cultiva para quedarse atrapado en ella, sino para enseñar a las nuevas generaciones. «Recordar por recordar no tiene sentido si es que no nos va a ayudar a vivir mejor», explicó.

Esa misma idea atraviesa otro de los documentales enmarcados en esta época. En El canto de las mariposas, el pintor uitoto Rember Yahuarcani vuelve a Pebas, el lugar donde su familia reconstruyó su vida después de haber sido arrancada del Putumayo y, a través de su historia familiar, se resume buena parte de lo ocurrido durante el período cauchero.

Antes del auge del caucho existían más de treinta clanes uitoto, después de aquellos años, solo sobrevivió aproximadamente la mitad. Entre 1922 y 1926, en medio del conflicto entre Perú y Colombia, numerosos uitotos, boras y ocainas fueron trasladados forzosamente hacia territorio peruano por los caucheros. Entre ellos estaban los bisabuelos de Rember. «Los caucheros los tomaban, conformaban jóvenes parejas y los llevaban en lancha», recuerda el artista. Y añade: «En ese grupo llegaron mis bisabuelos. No tenían apellidos”. Aquellos desplazamientos fragmentaron familias enteras y, durante décadas, los clanes separados por la frontera apenas pudieron reencontrarse.

La búsqueda de la verdad

En los últimos años comenzó a surgir una demanda que durante mucho tiempo pareció impensable. No se trata únicamente de seguir investigando el pasado, se trata de que el Estado peruano lo reconozca. 

Antes del auge del caucho existían más de treinta clanes uitoto, después de aquellos años, solo sobrevivió aproximadamente la mitad. Entre 1922 y 1926, en medio del conflicto entre Perú y Colombia, numerosos uitotos, boras y ocainas fueron trasladados forzosamente hacia territorio peruano por los caucheros.

Esa exigencia ya no pertenece únicamente al ámbito académico. Nació también desde adentro, desde los propios herederos de esa historia. Ese cambio comenzó a tomar forma cuando jóvenes indígenas de distintos pueblos amazónicos decidieron reunirse para preguntarse qué significaba heredar una historia que nunca les enseñaron en la escuela, pero que seguía viva en sus familias. Así nació el Colectivo Tsiuni, palabra que en lengua kukama significa «escuchar». Integrado por casi cuarenta jóvenes pertenecientes a los pueblos Kukama, Murui, Maijuna, Secoya, Wampis, Awajún, Bora, Achuar, Arabela, Shiwilu y Resígaro, el colectivo se define como una organización nacida «a partir del dolor, un dolor que exige justicia y una justicia que es un camino de sanación y de no repetición». Para sus integrantes, la memoria no constituye únicamente un ejercicio de reconstrucción histórica, sino una herramienta contra la injusticia y una condición indispensable para construir un futuro distinto.

Fue el dolor colectivo el que se convirtió en acción. En octubre de 2025, el Colectivo Tsiuni presentó una demanda de hábeas corpus contra el Estado peruano ante el Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto, exigiendo que el Estado garantice su derecho a la verdad mediante la creación de una Comisión de la Verdad sobre la época del caucho, encargada de investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas amazónicos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. En su demanda recuerdan que el modelo cauchero se sostuvo sobre relaciones de explotación de carácter esclavista, un sistema de endeudamiento perpetuo impuesto a las poblaciones indígenas y la tolerancia —cuando no la complicidad— de las autoridades peruanas. También sostienen que, pese a la abundante documentación existente, el Estado nunca investigó plenamente los hechos, no identificó a todos los responsables, no reparó a las víctimas ni adoptó garantías para evitar que violencias similares vuelvan a repetirse. Tampoco pidió perdón por esa omisión.

La reivindicación tiene además un sólido fundamento jurídico. Los jóvenes recuerdan que el derecho a la verdad ha sido reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos, por las Naciones Unidas y por el Tribunal Constitucional peruano, que en 2002 lo declaró un derecho fundamental con dimensión tanto individual como colectiva. El propio Tribunal advirtió que ocultar graves violaciones de derechos humanos no solo perjudica a las víctimas y a sus familias, sino que debilita las instituciones democráticas al impedir que una sociedad conozca su propia historia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto de Defensa Legal, y recibió un respaldo internacional significativo cuando, en noviembre de 2025, expertos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la ausencia de medidas estatales orientadas a garantizar verdad, justicia, reparación y memorialización para los pueblos indígenas afectados, exhortando al Estado peruano a adoptar acciones urgentes en consulta con esas comunidades.

Para Tsiuni, una Comisión de la Verdad representa apenas el primer paso de un proceso más amplio: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Durante la presentación de Shiringa, Óscar Espinosa explicó que esa iniciativa parte de una convicción sencilla: aunque hoy se conoce mucho más sobre lo ocurrido en el Putumayo que hace algunas décadas, la verdad todavía no forma parte de la memoria pública del país. Una comisión no serviría únicamente para reunir información, sino también para difundirla, recoger nuevos testimonios y reconocer oficialmente la magnitud de la violencia. Porque todavía existen familias que conservan recuerdos transmitidos de generación en generación, y la violencia no terminó cuando colapsó el primer boom del caucho: durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un nuevo periodo de explotación, y todavía existen personas mayores cuyos padres fueron víctimas de los patrones caucheros o de sus herederos.

Por eso, uno de los principales objetivos de la propuesta consiste en exigir un pedido formal de disculpas del Estado peruano. No como un gesto simbólico aislado, sino como el reconocimiento de que existió complicidad institucional en distintos niveles del poder. Después tendrían que venir las reparaciones y, sobre todo, la incorporación definitiva de esta historia a la memoria nacional.

El historiador Manuel Burga coincide en que esa tarea sigue pendiente. Propone recuperar la memoria de los pueblos bora y huitoto mediante nuevas investigaciones etnográficas, fortalecer el trabajo de las universidades amazónicas e impulsar investigaciones desde Loreto para construir una historia regional menos dependiente de la mirada limeña. Solo así, sostiene, será posible devolver a esas comunidades una parte de la historia que durante demasiado tiempo permaneció oculta.

Así, el problema no pertenece únicamente al pasado. Burga advierte que el país continúa viviendo «de espaldas y contra la Amazonía». Menciona el asesinato de guardabosques indígenas, la deforestación y las recientes decisiones legislativas que, en su opinión, siguen favoreciendo la destrucción del bosque amazónico. La explotación cambió de nombre. Pero muchas de sus lógicas permanecen intactas.

Quizá por eso los jóvenes de Tsiuni eligieron llamarse «escuchar». Porque antes de pedir justicia decidieron hacer algo más difícil: escuchar a sus abuelos, recoger una memoria que sobrevivió al miedo y convertirla en una demanda dirigida al Estado. Más de un siglo después del auge del caucho, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en el Putumayo. La pregunta es cuánto tiempo más puede un país construir su futuro sobre una historia que todavía se resiste a escuchar.

En marzo de 2026, una interrupción en el sistema de transporte de gas natural del país obligó a adoptar medidas extraordinarias para preservar el abastecimiento interno^[1]. La contingencia afectó temporalmente el suministro a determinados usuarios industriales, generadores eléctricos y estaciones de gas natural vehicular. Miles de conductores que utilizaban Gas Natural Vehicular (GNV) tuvieron que recurrir temporalmente a combustibles más costosos, mientras algunas industrias intensivas en consumo energético redujeron o paralizaron parcialmente operaciones^[2]. Asimismo, determinadas centrales termoeléctricas enfrentaron mayores costos al sustituir gas natural por diésel. Aunque los efectos fueron temporales, el episodio puso en evidencia cómo una interrupción energética puede trasladarse rápidamente a la economía y, finalmente, afectar a sus ciudadanos.

La situación coincidió con un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos debido a las tensiones en Medio Oriente y la preocupación global respecto de la seguridad de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz^[3]. Ambos eventos, aunque de naturaleza distinta, recordaron una realidad que suele pasar desapercibida en tiempos de normalidad: la energía continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las economías modernas y para el bienestar de la población.

La seguridad energética ha dejado de ser una preocupación exclusiva de especialistas para convertirse en un componente esencial de la seguridad económica y social de los países.

Durante los últimos años, gran parte del debate energético internacional se concentró en la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones^[4]. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que la transición energética no puede analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental. La disponibilidad de energía, la resiliencia de las infraestructuras críticas, la confiabilidad de los sistemas de suministro y la capacidad de respuesta frente a contingencias han vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública nacional.

La seguridad energética ha dejado de ser una preocupación exclusiva de especialistas para convertirse en un componente esencial de la seguridad económica y social de los países. La experiencia de Europa tras la invasión rusa a Ucrania, las tensiones recurrentes en Medio Oriente, la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, así como el incremento sostenido de la demanda energética impulsada por la digitalización y la inteligencia artificial, han puesto en evidencia que la energía seguirá siendo un recurso estratégico durante las próximas décadas.

En este contexto, resulta interesante preguntarse qué significa la seguridad energética para un país como el Perú. A pesar de contar con importantes recursos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo y un significativo potencial para el desarrollo de energías renovables, el país mantiene desafíos estructurales asociados a la concentración de infraestructura crítica, brechas de acceso entre regiones, dependencia de determinados combustibles importados y dificultades para transformar plenamente su potencial energético en bienestar para toda la población.

La tesis de este artículo parte de la premisa que el principal desafío energético peruano no radica en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad institucional para transformarlos en acceso, resiliencia y bienestar para la población. Asimismo, sostiene que una transición energética inclusiva requiere superar la falsa dicotomía entre sostenibilidad y seguridad energética, construyendo una visión de largo plazo que coloque al ciudadano en el centro de la planificación energética.

El regreso de la seguridad energética al centro del debate global

Durante varios años, gran parte de la discusión energética global estuvo orientada hacia la transición energética y la reducción de emisiones^[5]. Gobiernos, organismos multilaterales y sector privado comenzaron a redefinir estrategias para acelerar la incorporación de energías renovables, electrificar sectores intensivos en combustibles fósiles y avanzar hacia objetivos de neutralidad de carbono. En el sector minero, por ejemplo, se acota una término muy usado, pero poco comprendido “la descarbonización”.

Hoy la discusión energética ya no se limita a cómo reducir emisiones. Los acontecimientos recientes han recordado que la transición energética ocurre en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y riesgos sobre cadenas de suministro. En ese contexto, la seguridad energética es un punto importante en la agenda global. Miremos por ejemplo lo que sucede en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. La posibilidad de interrupciones en esta ruta estratégica genera preocupación inmediata en los mercados internacionales y muestra una alta dependencia que todavía existe respecto de determinadas infraestructuras críticas. Más allá de las fluctuaciones coyunturales de precios, estos episodios dan cuenta de la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro energético.

Hoy la discusión energética ya no se limita a cómo reducir emisiones. Los acontecimientos recientes han recordado que la transición energética ocurre en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y riesgos sobre cadenas de suministro.

Al mismo tiempo, la demanda mundial de energía continúa creciendo^[6], contrariamente a algunas proyecciones formuladas hace una década, la expansión de las energías renovables no ha eliminado la necesidad de hidrocarburos, siguen muy presentes. La electrificación de la economía, el crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y la digitalización de múltiples actividades económicas están impulsando un incremento significativo en la demanda energética.

En este contexto ha ganado espacio el concepto de “adición energética”, planteado por el CEO de Aramco^[7], para describir una realidad en la que la transición no implica una sustitución inmediata de unas fuentes por otras, sino la incorporación progresiva de nuevas tecnologías a una matriz energética más amplia y diversificada. Las energías renovables continúan expandiéndose, pero aún requieren sistemas de respaldo que garanticen confiabilidad cuando su generación es variable. Por ello, el gas natural sigue cumpliendo un rol relevante en sistemas eléctricos con alta participación de fuentes intermitentes, mientras que el petróleo continúa siendo difícil de reemplazar en sectores como transporte pesado, petroquímica, aviación y agricultura.

La competencia entre Estados Unidos y China refuerza esta tendencia. Mientras China consolida posiciones estratégicas en tecnologías limpias y minerales críticos, Estados Unidos impulsa inversiones masivas en inteligencia artificial e infraestructura digital, actividades que demandan cantidades crecientes de energía confiable. El resultado es una paradoja aparente: el mundo avanza hacia sistemas energéticos más limpios, pero simultáneamente requiere mayores niveles de seguridad de suministro.

Para América Latina, este escenario representa una oportunidad y un desafío. La región concentra recursos energéticos y minerales que serán necesarios tanto para la seguridad energética como para la transición energética global. Sin embargo, la existencia de recursos no garantiza desarrollo. La capacidad para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar beneficios para la población dependerá cada vez más de la calidad institucional y de la claridad de las políticas públicas que desarrollen nuestras autoridades.

Transición energética en el mundo real: sostenibilidad, desarrollo y seguridad energética

Como se ha explicado, la transición energética se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados en el debate público global. Sin embargo, existe una tendencia a asumir que tiene el mismo significado para todos los países, cuando las condiciones de partida son claramente distintas. Para las economías desarrolladas, la discusión suele centrarse en la sustitución progresiva de combustibles fósiles por fuentes renovables, la electrificación del transporte y la descarbonización de procesos industriales. En muchos casos, estos países cuentan con altos niveles de cobertura energética, infraestructura consolidada y acceso a financiamiento para implementar cambios estructurales en sus matrices energéticas.

La realidad de los países en desarrollo, como el Perú, es diferente. Así como hay objetivos ambientales que nos hemos propuesto cumplir, enfrentamos desafíos relacionados con el acceso a la energía, la reducción de la pobreza energética, la competitividad de los sectores productivos y la necesidad de garantizar un suministro confiable para millones de ciudadanos. El caso peruano refleja con claridad esta tensión. El Perú representa aproximadamente el 0,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero^[8].

Este dato no lo exime de contribuir a los esfuerzos internacionales contra el cambio climático; por el contrario, al ser un país altamente vulnerable a sus efectos, refuerza la necesidad de avanzar hacia una matriz más sostenible. Sin embargo, también obliga a formular una pregunta legítima: ¿cómo hacerlo sin comprometer el acceso a energía, la competitividad económica y el bienestar de la población? La respuesta probablemente no se encuentre en posiciones extremas. Ni en la idea de mantener indefinidamente el modelo energético actual ni en la expectativa de una sustitución inmediata de los hidrocarburos.

La evidencia internacional muestra que la transición energética está ocurriendo en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda global de energía. Las energías renovables continuarán expandiéndose, pero ello no implica necesariamente una desaparición inmediata de otras fuentes energéticas. Más bien, nuevas tecnologías se incorporan a una matriz cada vez más diversificada.

Dicho esto, el gas natural continúa desempeñando un papel relevante globalmente por su menor intensidad de emisiones respecto de otros combustibles fósiles, su capacidad para respaldar sistemas eléctricos y su contribución a la seguridad energética explican por qué sigue siendo considerado una fuente importante durante las próximas décadas. Lo mismo ocurre con el petróleo. Aunque la transición energética reducirá progresivamente su participación relativa en determinados sectores, continúa siendo un insumo fundamental para transporte, petroquímica, aviación, agricultura y producción industrial.

Por ello, el debate no debería plantearse como una elección entre hidrocarburos o energías renovables. El verdadero desafío consiste en determinar cómo aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles mientras se avanza hacia sistemas más limpios, resilientes y eficientes. Una transición energética inclusiva debe equilibrar objetivos ambientales con necesidades económicas y sociales. De lo contrario, corre el riesgo de ampliar brechas existentes o trasladar costos desproporcionados a los sectores más vulnerables.

La paradoja peruana: recursos abundantes y vulnerabilidad persistente

Es una paradoja que nuestro país disponga de importantes recursos naturales, incluyendo gas natural, petróleo y un considerable potencial renovable pero que, sin embargo, continúa enfrentando vulnerabilidades que afectan su seguridad energética. Camisea ha sido uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia peruana que permitió transformar la matriz energética nacional, reducir costos de generación eléctrica, impulsar el uso del gas natural y disminuir parcialmente la dependencia de combustibles importados.

El debate no debería plantearse como una elección entre hidrocarburos o energías renovables. El verdadero desafío consiste en determinar cómo aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles mientras se avanza hacia sistemas más limpios, resilientes y eficientes.

Sin embargo, los avances alcanzados no han eliminado completamente las vulnerabilidades estructurales del sistema energético peruano. Una parte importante del abastecimiento nacional continúa dependiendo de combustibles importados, particularmente diésel y GLP, cuyos precios están expuestos a las fluctuaciones internacionales.

En el caso del petróleo, el Perú mantiene un déficit estructural entre producción y consumo que se ha ampliado en los últimos años. En 2025, la producción nacional se ubicó en aproximadamente 44 mil barriles diarios, mientras que el consumo se mantiene en niveles cercanos a 260 mil barriles diarios, lo que implica que el país produce menos del 20% de su demanda interna de crudo. Esta brecha obliga a depender de importaciones para cubrir la mayor parte del consumo de combustibles líquidos, especialmente en el sector transporte, donde el diésel tiene un peso dominante.

En paralelo, la demanda interna continúa creciendo mientras la producción enfrenta limitaciones estructurales, como la baja inversión en exploración y la reducción progresiva de campos maduros. Esta tendencia también se extiende al caso del GLP, donde la producción local de líquidos de gas natural muestra una tendencia a la baja, mientras que la demanda crece a doble dígito, lo que obliga a incrementar las importaciones para cubrir el déficit. En sumatoria, este desbalance entre producción y consumo configura una dependencia estructural del mercado internacional de combustibles, lo que expone al país no solo a la volatilidad de precios, sino también a riesgos logísticos y geopolíticos que pueden afectar la seguridad energética.

La contingencia registrada en marzo de 2026 puso nuevamente de manifiesto esta realidad y evidenció que, a pesar de ser un país con recursos energéticos significativos, tenemos situaciones de vulnerabilidad en el sistema cuando enfrenta interrupciones en infraestructura crítica. Aprendimos, entonces, que la seguridad energética no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también, de la resiliencia de los sistemas que permiten transportar, almacenar y distribuir dichos recursos.

La situación resulta aún más compleja cuando se analiza la evolución de la exploración de hidrocarburos en el Perú. Durante los últimos años se ha observado una reducción significativa de la actividad exploratoria. Tenemos solo G contratos de exploración vigentes el más reciente e importante es el de Anadarko en el zócalo en el norte donde, además, han retornado empresas como Oxy y Chevron. La disminución de contratos de exploración y explotación genera preocupación respecto de la capacidad futura del país para incorporar nuevas reservas y sostener niveles adecuados de producción.

La discusión sobre exploración suele abordarse exclusivamente desde una perspectiva económica o empresarial, pero también posee una dimensión vinculada a la seguridad energética, toda vez que un país que deja de explorar aumenta progresivamente su exposición a mercados internacionales y reduce sus márgenes de autonomía frente a escenarios de volatilidad global. A ello se suma la distribución desigual de los beneficios energéticos debido a que algunas regiones han accedido de manera más directa a los beneficios asociados al desarrollo del gas natural (por ejemplo: Lima), otras continúan enfrentando mayores costos energéticos o limitaciones de acceso a infraestructura moderna (por ejemplo, Cusco de donde precisamente se extrae el recurso). La paradoja peruana es que somos un país con recursos energéticos relevantes pero que aún continúa enfrentando vulnerabilidades asociadas al acceso, la resiliencia y la seguridad de suministro.

Gobernanza: el verdadero cuello de botella

A lo largo de los últimos años, gran parte del debate hidrocarburífero peruano se ha concentrado en la necesidad de atraer inversiones, incrementar la exploración de hidrocarburos, ampliar la infraestructura o acelerar el despliegue de nuevas tecnologías.

Sin embargo, debe reconocerse que hay una limitada capacidad institucional para convertir recursos y oportunidades en resultados concretos para la población, es decir, cerrar sus brechas energéticas. Esta situación sugiere que el principal desafío energético peruano no es geológico, sino institucional. La gobernanza energética involucra la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas coherentes, coordinar entidades, generar reglas previsibles, otorgar permisos oportunamente y mantener una visión estratégica que trascienda los ciclos políticos. Uno de los problemas recurrentes es la fragmentación institucional, lo que hemos visto es que las decisiones energéticas involucran múltiples entidades con competencias distintas y objetivos que no siempre se encuentran adecuadamente articulados.

La paradoja peruana es que somos un país con recursos energéticos relevantes pero que aún continúa enfrentando vulnerabilidades asociadas al acceso, la resiliencia y la seguridad de suministro.

A ello se suma la alta rotación de autoridades y funcionarios en sectores estratégicos como el Ministerio de Energía y Minas donde tuvo una rotación excepcionalmente alta: 12 gestiones en menos de cinco años, con una permanencia promedio de alrededor de 4.8 meses que demuestra un escenario sectorial de baja continuidad directiva y explica por qué agendas estructurales hidrocarburos, transmisión eléctrica, formalización minera, MAPE, Petroperú, masificación del gas, permisos y seguridad energética han tenido dificultades para sostener una línea de política pública estable. La discusión sobre permisos constituye otro ejemplo. El desafío no consiste en reducir estándares ambientales o sociales, sino en lograr que los procedimientos sean técnicamente sólidos, transparentes y oportunos. Las consecuencias de estas debilidades institucionales trascienden el ámbito empresarial. Cuando un proyecto energético se retrasa o no se ejecuta, también se postergan oportunidades de acceso a energía, desarrollo económico, generación de empleo e infraestructura.

Por ello, cualquier estrategia orientada a fortalecer la seguridad energética peruana debe incorporar una agenda de fortalecimiento institucional. En última instancia, la discusión sobre gobernanza trata sobre la capacidad del Estado para garantizar que los recursos energéticos del país se traduzcan efectivamente en bienestar para la población.

Seguridad energética y bienestar ciudadano: el desafío de cerrar las brechas energéticas

Las discusiones sobre seguridad energética suelen desarrollarse alrededor de conceptos como reservas, infraestructura, exploración o mercados internacionales. Sin embargo, el objetivo final de cualquier política energética debería ser mucho más simple: garantizar que las personas tengan acceso a energía segura, confiable, moderna y asequible.

Desde esta perspectiva, la energía deja de ser únicamente una variable económica para convertirse en un factor determinante del bienestar. La posibilidad de estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, conservar alimentos, comunicarse o desarrollar actividades productivas depende de la disponibilidad de energía en condiciones adecuadas. Esta visión se encuentra recogida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que plantea la necesidad de garantizar el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna.

La pobreza energética constituye una de las expresiones más visibles de esta situación porque no se limita a la ausencia de electricidad, sino también puede manifestarse cuando una familia […] enfrenta restricciones para acceder a fuentes modernas de energía.

En el Perú, los avances alcanzados durante las últimas décadas han sido significativos. La expansión de la cobertura eléctrica, el desarrollo de Camisea y diversos programas de inclusión energética han contribuido a mejorar las condiciones de acceso para millones de ciudadanos. Sin embargo, estos avances conviven con brechas que todavía afectan a amplios sectores de la población. La pobreza energética constituye una de las expresiones más visibles de esta situación porque no se limita a la ausencia de electricidad, sino también puede manifestarse cuando una familia debe destinar una proporción importante de sus ingresos al pago de energía, cuando depende de combustibles contaminantes para cocinar o cuando enfrenta restricciones para acceder a fuentes modernas de energía.

Por ello, la discusión sobre seguridad energética no puede limitarse a garantizar que exista suficiente energía en términos agregados. También debe preguntarse quiénes tienen acceso a ella, en qué condiciones y a qué costo. Instrumentos como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) han desempeñado un papel relevante para llevar energía a los más pobres. Sin embargo, la magnitud de los desafíos plantea preguntas legítimas respecto de la suficiencia de los mecanismos actuales para cerrar las brechas energéticas existentes.

La respuesta probablemente requiera una combinación de herramientas que integren: expansión de redes donde resulte viable, soluciones descentralizadas para zonas aisladas, infraestructura moderna, subsidios focalizados y una mejor articulación entre políticas energéticas y políticas de desarrollo territorial. Más allá de las tecnologías específicas, existe un principio común que debería orientar la política energética: el ciudadano debe ocupar un lugar central en la toma de decisiones.

Política Energética al 2050: una visión centrada en el ciudadano

Entonces, frente a los dilemas antes explicados, resulta claro que las transformaciones que atraviesa el sector energético mundial obligan a repensar el papel de la política energética en el Perú. La Política Energética Nacional al 2050 representa una oportunidad para construir una visión de largo plazo capaz de articular seguridad energética, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano.

La seguridad energética debe ocuparse de acelerar el cierre de brechas de acceso donde a pesar de los avances registrados durante las últimas décadas, persisten diferencias importantes entre regiones y debe ser capaz de fortalecer la resiliencia del sistema energético. Los acontecimientos recientes han demostrado que la seguridad energética no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también de la capacidad de anticipar riesgos, diversificar fuentes de suministro y responder eficazmente ante contingencias.

Asimismo, en cuanto a la sostenibilidad debemos garantizar que la transición energética contribuya simultáneamente al medio ambiente y al desarrollo económico. Para ello será necesario aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles, incluyendo gas natural, petróleo y energías renovables. Finalmente, la política energética deberá fortalecer su dimensión institucional. Ninguna estrategia será sostenible en el tiempo sin organismos técnicos sólidos, reglas previsibles y mecanismos eficaces de coordinación.

Recientemente, una norma del Ministerio de Energía y Minas^[9] ha postergado la actualización de la política energética nacional hasta el año 2028. En la práctica, ello implica que el país continuará operando bajo una visión de largo plazo diseñada hace más de una década, en un contexto que ha cambiado de manera significativa en términos tecnológicos, ambientales y geopolíticos. Esta brecha temporal entre planificación y realidad plantea desafíos relevantes para la toma de decisiones, especialmente en un entorno marcado por la transición energética, el crecimiento de la demanda y mayores exigencias en seguridad de suministro.

En síntesis, la discusión energética del futuro no debería centrarse exclusivamente en qué fuentes energéticas utilizar, sino en cómo garantizar que la energía llegue de manera segura, confiable, sostenible y asequible a todos los ciudadanos.

Conclusiones

Los acontecimientos registrados durante los últimos años han devuelto la seguridad energética al centro del debate global. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados energéticos, el crecimiento de la demanda mundial de energía y los desafíos asociados a la transición energética han puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas capaces de garantizar suministro confiable en contextos de creciente incertidumbre.

El caso peruano refleja con claridad esta realidad porque a pesar de contar con importantes recursos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo y un significativo potencial renovable, el país continúa enfrentando desafíos relacionados con la resiliencia de su infraestructura, la persistencia de brechas energéticas y la necesidad de fortalecer su institucionalidad.

La contingencia ocurrida en marzo de 2026 con el ducto de transporte de gas natural evidenció que la seguridad energética no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también de la capacidad del sistema para responder adecuadamente frente a interrupciones y eventos imprevistos. La capacidad institucional para transformarlos en bienestar para la población exige fortalecer la gobernanza, promover inversiones responsables, desarrollar infraestructura resiliente y consolidar políticas públicas orientadas al cierre de brechas.

Finalmente, el éxito de la política energética no debería medirse únicamente por la cantidad de energía producida, las inversiones ejecutadas o las emisiones reducidas, sino por su capacidad para garantizar que más ciudadanos accedan a energía segura, confiable, asequible y sostenible. Porque el propósito de cualquier sistema energético es producir energía por sí misma, sino contribuir al bienestar y al desarrollo de las personas.

^[1] TGP: 02 de marzo https://www.tgp.com.pe/wp-content/uploads/202C/03/Comunicado-TGP-02.03.2C.pdf  

^[2] Infobae Perú, 22 de marzo de 202C: https://www.infobae.com/peru/202C/03/22/osinergmin-cedera-ante-tgp/

^[3] International Energy Agency, “The Middle East and Global Energy Markets”, 202C.

^[4] International Energy Agency, World Energy Outlook 2024 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024

^[5] International Energy Agency (IEA). (2024). World Energy Outlook 2024. Paris: IEA.

^[6] International Energy Agency. (2025). Global Energy Review 2025 – Global trends. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/global-trends

^[7] Aramco. (2025). Remarks by Amin H. Nasser at the 2025 Energy Intelligence Forum. Londres, 13 de octubre de 2025. https://www.aramco.com/en/news-media/speeches/2025/remarks-by-amin-h-nasser-at-the-2025-energy-intelligence-forum

^[8] Ministerio del Ambiente del Perú. (2025). Intervención de la representante del MINAM ante la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático del Congreso de la República, citada en Congreso de la República del Perú, “Informan sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, C de junio de 2025. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/informan-sobre-reduccion-de-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero/

^[9] https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/7812965-074-2026-minem-dm

Como ya se había visto en ocasiones anteriores, la Policía tuvo una reacción violenta y desmedida contra los manifestantes, quienes tuvieron que enfrentar ataques con gases lacrimógenos, perdigones, golpes y detenciones arbitrarias. El resultado de esta violación del derecho a la protesta del 15 de octubre fue la muerte de Eduardo “Trvko” Ruiz y 120 personas heridas, incluyendo a 3 menores de edad y, al menos, 11 periodistas. El lente de Aldair Mejía, reconocido fotógrafo peruano, retrata momentos vividos ese 15 de octubre, en los cuales se evidencian la violencia y la resistencia de los manifestantes. Tras el fallecimiento de Eduardo “Trvko” Ruiz, decenas de personas salieron a las calles a modo de homenaje y vigilia, para rendir tributo al ciudadano que salió a protestar y no volvió a casa. Estas fotografías representan visualmente la convulsa situación social y política que atraviesa nuestro país, a puertas de una nueva temporada electoral.

Aprovechando su visita y su amplio conocimiento sobre Latinoamérica y sobre el Perú, surgió esta conversación en la que aborda, más allá del tema criminológico, la fragilidad de nuestra democracia.

Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México; es director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Profesor Buscaglia, usted conoce el Perú desde hace varias décadas. En este tiempo ha visto de cerca nuestra fragilidad democrática. Hoy, en vísperas de nuevas elecciones, ¿cómo percibe el panorama?

Perú es un país lleno de claroscuros institucionales. Por un lado, existen instituciones que están a la altura de las europeas, como el Banco Central de Reserva, que ha mantenido políticas técnicas y monetarias admirables: estabilidad inflacionaria, estabilidad de tasas de interés, manejo económico sólido incluso en medio de terremotos políticos. Es notable que un país con tanta inestabilidad política haya conservado una estabilidad económica tan envidiable, sobre todo si lo comparamos con Argentina o Venezuela.

Pero, por otro lado, tienen un problema gravísimo: pésimas prácticas de control de calidad de la clase política que llega al poder. Y, por supuesto, Perú no está solo en esto. Muchos países padecen cánceres de corrupción, abusos de autoridad y fallas de representatividad democrática. El origen de esos males está en la ley electoral.

El sistema electoral peruano comparte defectos con México y Argentina. Allí, como aquí, las candidaturas se eligen “a dedazo”, por decisión de caciques partidarios, jefes políticos o presidentes. Ese sistema no solo es antidemocrático, sino que abre las puertas a que la delincuencia organizada infiltre las listas. Empresas que buscan contratos públicos o leyes favorables —como Odebrecht, que ha hecho daño en media región— encuentran en esas listas cerradas un terreno fértil.

Cuando las candidaturas dependen del beneplácito de un jefe partidario, es mucho más fácil que quienes representen intereses criminales entren al sistema. En cambio, países como Francia o Chile tienen listas abiertas, con primarias internas auditadas. Allí, las precandidaturas se ganan conquistando votos de los miembros del partido, no besándole el anillo a nadie. Y además deben auditarse patrimonios y gastos de campaña, lo que reduce la infiltración criminal.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene otros problemas —especialmente el financiamiento corporativo de campañas—, pero su sistema abierto permite que personas como Alexandra Ocasio-Cortez pasen de trabajar como mesera a convertirse en diputadas gracias al voto popular. No al dedazo. El Perú necesita una reforma así. No hará que entren santos, pero sí que entre gente normal, sin vínculos con redes criminales, gente que quiere trabajar por el país. Mientras eso no ocurra, la delincuencia organizada seguirá colocando a sus candidatos. Y cuando digo “delincuencia organizada”, no hablo solo de narcotraficantes con pistolas, sino de empresarios que compran decisiones del Estado, que capturan políticas públicas y licitaciones. 

Entonces, esa reforma es clave para terminar con la inestabilidad política causada por corrupción y abuso de autoridad. El Perú ha sido un caso constante en las noticias internacionales por esos motivos.

Muchos países padecen cánceres de corrupción, abusos de autoridad y fallas de representatividad democrática. El origen de esos males está en la ley electoral.

Y por la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos diez años.

Sí, pero, aunque parezca paradójico decirlo, dentro de este panorama hay algo positivo: las instituciones judiciales peruanas reaccionan. Reaccionan mal, imperfectamente, con sesgos, pero reaccionan. En México, por ejemplo, no reaccionan. Allí existen casos de corrupción obscenos, incluso de presidentes o ministros de seguridad, y el sistema simplemente los protege. Yo denuncié a un ministro mexicano en 2007 y fueron las autoridades estadounidenses quienes finalmente lo detuvieron… nueve años después. El sistema mexicano nunca actuó. En el Perú, en cambio, hay reacciones. Desordenadas, sí; caóticas, sí, pero las hay. Y eso, dentro de lo malo, es bueno. No siempre son mafiosos quienes gobiernan; algunos son simples abusadores del poder. En México o Rusia la impunidad es estructural. En Perú los demonios se enfrentan, aunque sea imperfectamente.

E insistiré en que lo que corresponde ahora es atacar la raíz del problema: reformar la ley electoral para mejorar la calidad de la representación. La profesora Susan Rose-Ackerman, de Yale, con quien tuve la fortuna de formarme, demostró empíricamente que sistemas como el peruano atraen corrupción y crimen organizado; y que los sistemas con listas abiertas, primarias auditadas y competencia interna real atraen mejor gente, oxigenan la política y reducen la captura criminal. Nosotros replicamos esa hipótesis en muchos países y ayudamos a implementar reformas. Los resultados fueron claros: la delincuencia organizada lo tiene mucho más difícil para penetrar el Estado. Incluso casos similares a Odebrecht tuvieron menos margen. Lo hemos visto en 13 países, incluyendo Mozambique. 

Usted señala acertadamente que el Perú no es el único país con problemas de inestabilidad política y corrupción. Pero que varios países de la región atraviesen crisis simultáneas tiene también un efecto continental. Se han debilitado los proyectos regionales y la colaboración entre países. ¿Cómo podemos medir los efectos de esta crisis latinoamericana transnacional?

Esto de la cooperación interregional, internacional es un asunto importante. Empiezo por resaltar lo siguiente: Las leyes internacionales que combaten estos grandes cánceres —la delincuencia organizada, la corrupción pública y privada, el lavado de dinero— ya existen, y Perú las ha ratificado como un país soberano. Es decir, son ley peruana. Y no solo peruana: esas mismas leyes internacionales han sido aprobadas por más de 140 países. Por lo tanto, las reglas para combatir el crimen organizado y la corrupción son prácticamente las mismas en todo el mundo.

Esto es crucial porque las redes criminales no operan dentro de un solo país. La delincuencia organizada que vemos en Perú también está activa en 17, 18 o hasta 20 países. Cada vez que mi equipo y yo analizamos una causa penal en Perú, encontramos exactamente eso: la misma red, los mismos miembros, los mismos flujos criminales replicados en múltiples jurisdicciones. Por eso debería existir cooperación automática entre esos países para desmantelar estas redes transnacionales. Pero, lamentablemente, esa cooperación casi no existe. Ni los jueces peruanos ni los norteamericanos —ni muchos otros— tienden a colaborar internacionalmente, salvo que se les obligue. Muchas veces los países nos llevan de manera filantrópica precisamente para destrabar esa coordinación. 

Es aquí donde entran las leyes de la ONU: la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas están plenamente vigentes en Perú, en Argentina y en toda la región. Estas leyes no sólo autorizan la cooperación: la explican paso a paso. Dicen cómo coordinar, con quién coordinar, qué información compartir, en qué instancias hacerlo y bajo qué protocolos. Son extremadamente específicas. El problema es que casi no se usan.

Y quiero subrayarlo: estas no son leyes “impuestas” por burócratas de la ONU. Eso es una caricatura. Fueron redactadas palabra por palabra por las delegaciones de los más de 140 países firmantes. Perú estuvo ahí, enviando a un juez, a un fiscal y a un diplomático que contribuyeron técnicamente al texto final. Bolivia hizo lo mismo, Argentina hizo lo mismo, China también. Cada país llevó sus mejores prácticas para integrarlas al cuerpo normativo internacional. Así nacieron estas convenciones.

Lo que falta es un mecanismo que presione a los jueces a aplicar su propia ley. No hablamos de una norma externa: es una ley aprobada por los congresos nacionales. Si se aplicaran de manera consistente las convenciones de la ONU, la cooperación internacional que usted menciona sería no solo posible, sino inevitable. Y los efectos transnacionales de la crisis latinoamericana podrían enfrentarse con herramientas que hoy ya existen, pero que la región no se decide a usar.

Mis trabajos empíricos, recopilados durante casi treinta años, muestran algo muy claro: cuando se aplican los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada colapsa.

Resulta difícil para la ciudadanía entender esta falta de cooperación, en tanto de pronto se torna evidente que este vacío facilita la falta de acción contra el crimen internacional transnacional.  Dado que la ONU no puede sancionar a los países, ¿hay algún mecanismo externo que reactive la voluntad de cooperación?

La experiencia internacional muestra que existen dos grandes tipos de presión capaces de reactivar la cooperación contra el crimen transnacional. El primero es la presión social interna, y el segundo es la presión internacional generada por las investigaciones periodísticas. Cuando estos dos factores se combinan, los países comienzan a aplicar con mayor rigor las prácticas antimafia que ya existen en el derecho internacional.

Pongamos un ejemplo: si un funcionario roba dinero en su país y lo deposita en otro —un político peruano que envía fondos ilícitos a Francia, o un funcionario del Congo que envía cientos de millones a Suiza—, las convenciones de la ONU contra la corrupción permiten activar los mecanismos de recuperación de activos robados. Pero ese proceso casi siempre empieza porque la sociedad del país afectado presiona. La indignación social —esa presión que va de abajo hacia arriba— obliga a que los gobiernos y los sistemas judiciales respondan.

La segunda presión viene del periodismo transnacional. El caso de los Panama Papers es emblemático: más de cien periodistas de diferentes países revelaron cómo miles de personas ocultaban dinero robado en empresas pantalla en las Islas Caimán. La exposición pública de esos nombres generó presiones internacionales muy fuertes. Esa presión —que señalaba beneficiarios, cuentas, movimientos— obligó a que países europeos y americanos reaccionaran, y permitió que naciones como Brasil recuperaran activos que habían sido enviados al exterior, como ocurrió en el caso Odebrecht.

Cuando la gente sale a la calle, como ocurrió recientemente en Ciudad de México, paraliza simbólicamente al país y exige respuestas. Y cuando el periodismo investigativo internacional expone nombres y apellidos, países y cuentas, la presión se duplica. Sin esas presiones es muy difícil que la cooperación judicial internacional funcione. Y es indispensable que funcione, porque sin coordinación entre jueces y fiscales de distintos países no hay manera de desmantelar redes criminales transnacionales.

Permítame citar a Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos. Al salir de la Convención Constituyente, una mujer le preguntó: “Dr. Franklin, ¿qué tipo de gobierno nos van a dejar?” Él respondió: “Una república, señora, si ustedes saben conservarla”. Esa frase sigue vigente: los ciudadanos deben movilizarse, apropiarse de la república, tomar cartas en el asunto. En paralelo, los periodistas deben trabajar en consorcios, nunca solos —porque investigar solo, en estos temas, significa exponerse demasiado—. Cuando los nombres salen a la luz, cuando se documenta quién robó, a dónde envió el dinero y cómo lo ocultó, los países ya no pueden mirar hacia otro lado. Es en esos momentos cuando empiezan a usar las leyes de la ONU que tienen a su disposición.

Mis trabajos empíricos, recopilados durante casi treinta años, muestran algo muy claro: cuando se aplican los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada colapsa. Colapsa porque pierde sus activos; y sin activos no puede operar. Sin galpones, sin vehículos, sin edificios, sin cuentas bancarias, estas redes simplemente no pueden funcionar. Y esos decomisos masivos solo se logran mediante cooperación internacional: jueces, fiscales, unidades financieras y hasta Interpol trabajando juntos.

Hay otro elemento clave: las políticas de acceso a derechos humanos. A veces se cree que los derechos humanos son un discurso, pero no. Son bienes y servicios concretos sin los cuales no se puede sobrevivir, como el acceso al agua, a la salud, a la vivienda. Son 58 los bienes básicos definidos por el derecho internacional. Cuando el Estado no garantiza esos bienes —como ocurre en regiones de México o en partes del Perú donde no hay agua potable—, la delincuencia organizada ocupa ese vacío, captura el tejido social cuando la gente está desesperada por sobrevivir y no tiene acceso a esos bienes y servicios esenciales.

Por eso insisto en que las buenas políticas de derechos humanos son también políticas antimafia. Y sin esa combinación —presión social, periodismo internacional y políticas sociales que cierren vacíos estructurales—, no se puede enfrentar seriamente al crimen transnacional.

Usted menciona la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción. Pero, por un lado, las empresas periodísticas están viviendo una crisis que ha tambaleado su modelo de negocio y, por otro, los medios independientes que recibían financiamiento de, por ejemplo, USAID, se ven debilitados y, por lo tanto, se debilitan también sus investigaciones. Esto me hace pensar en el rol político y económico de Estados Unidos en diversos ámbitos: la economía, la geopolítica o los programas sociales. Como están las cosas, con Trump en el gobierno, es válido cuestionar qué tan saludable es que el mundo dependa de Estados Unidos, ¿no cree?

Estados Unidos pasó de ser el promotor de un orden internacional basado en reglas —que podían gustarnos o no, pero que finalmente garantizaban el funcionamiento de un sistema— a ser hoy un factor de desestabilización. Antes existía un sistema global: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU con su marco de leyes universales, la Organización Mundial del Comercio. Y Estados Unidos era el principal contribuyente de todas estas instituciones. No se trataba de idealizar ese orden, pero al menos existía un marco de referencia común.

Lo que está haciendo Donald Trump es boicotear ese orden, demolerlo. En la mente de Trump, ese pasado —un pasado idealizado, paternalista y blanco— es el modelo. Su idea de “Make America Great Again” es regresar a un mundo donde cada potencia tiene una esfera geográfica bajo su control. Es la lógica de la doctrina Monroe del siglo XIX: “América para los americanos”, es decir, para Estados Unidos. Rusia tenía su área de influencia, China la suya. Y Trump quiere volver a ese esquema. Ese enfoque explica su accionar en Ucrania. Lo que le interesa no es la soberanía ucraniana ni su estabilidad política; lo que quiere es poner fin al conflicto para que empresas norteamericanas puedan explotar las minas de tierras raras y minerales de Ucrania, que ya acordó abastecer a Estados Unidos. Sin esos minerales, Estados Unidos no puede competir con China en tecnología, producción militar o chips de última generación. China hoy es la potencia que refina la mayoría de esas tierras raras y podría cortar el suministro; eso paralizaría la industria tecnológica y militar estadounidense.

Lo mismo sucede con El Congo. No es pacifismo ni preocupación humanitaria. En El Congo están el cobalto, el uranio y otras tierras raras esenciales para mantener la supremacía tecnológica norteamericana. Trump interviene porque necesita esos recursos, y porque cada movimiento está guiado por negocios personales, familiares o asociados a las empresas que financiaron su campaña. Otro ejemplo es Argentina: cuando su economía colapsaba, Trump les otorgó más de 20 mil millones de dólares en swaps para sostener el peso. Pero no fue altruismo: fue a cambio de acceso a minerales estratégicos en el noreste del país, cerca de Chile. La lógica es siempre la misma: negocios, influencia y control de recursos clave.

Una vez asegurado el acceso a recursos estratégicos para alimentar industrias como Nvidia, Apple o la Fuerza Aérea norteamericana, Trump cree que el mundo debe organizarse en áreas de influencia: América Latina como un conjunto de “hermanitos menores” subordinados a la política exterior de Estados Unidos. De ahí su tono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Latinoamérica, que por fortuna no enfrenta guerras regionales, tendrá que adoptar políticas preventivas: reservas monetarias sólidas, reservas de alimentos, de energía y de suministros críticos para resistir las crisis globales.

En Venezuela ocurre algo similar. Nadie quiere a Maduro en el poder, pero la manera en la que Trump intenta desplazarlo, mediante acciones militares ilegales como atacar embarcaciones en el Caribe, no es la correcta. Es tan grave que incluso el principal aliado de Estados Unidos, el Reino Unido, suspendió su cooperación de inteligencia para no quedar involucrado en violaciones al derecho internacional que seguramente serán revisadas más adelante.

El problema es que las áreas de influencia con las que sueña Trump no son entidades fijas, sino que dependen de las ambiciones de cada líder. Y cuando dos potencias expanden sus esferas, chocan. Por ejemplo, Turquía sueña con expandirse en Siria, pero al hacerlo colisionaría con Israel. Esos choques generan conflictos interestatales. Y los conflictos bélicos son el mejor aliado de la delincuencia organizada, que se beneficia del caos: tráfico de armas, mercados secundarios de misiles, suministros militares. Es un negocio multimillonario.

Lamentablemente estamos entrando en una etapa oscura. Estamos regresando a una época turbulenta que creíamos superada. ¿Se acuerda del “fin de la historia” de Fukuyama? No hubo tal fin. La historia avanza hacia la luz o retrocede hacia la oscuridad. Esa es la dinámica humana.

Latinoamérica, que por fortuna no enfrenta guerras regionales, tendrá que adoptar políticas preventivas: reservas monetarias sólidas, reservas de alimentos, de energía y de suministros críticos para resistir las crisis globales. Cada país —o la región en conjunto— deberá coordinar estrategias de supervivencia en un mundo en conflicto.

Ante este panorama global complejo es difícil ver cuáles deberían ser las apuestas de países como el Perú…

Países como el Perú necesitan, primero, fortalecer su democracia desde adentro. La democracia peruana le ha fallado a la gente en muchos aspectos, y eso debe corregirse. Empezar por la ley electoral que mencionamos: candidaturas abiertas y auditadas.

Segundo, crear mecanismos de auditoría ciudadana. Brasil y Chile los tienen; Perú no. La gente debe tener por ley la capacidad de auditar a sus autoridades.

Tercero, fortalecer los sistemas de derechos humanos como política antimafia. Que el Estado garantice acceso al agua, a la salud, a la justicia, al crédito. Eso impide que la mafia capture el tejido social.

Y finalmente, no perder de vista que, aunque imperfecto, el sistema democrático es el menos imperfecto de todos. Churchill tenía razón. Podemos mejorarlo, perfeccionarlo, hacerlo más transparente. Lo contrario es caer en sueños autoritarios que siempre terminan mal.

En un mismo día, distintas ciudades pueden convertirse en escenario de estas acciones colectivas de protesta. Un ejemplo de ellos es que, según el reporte de conflictos sociales de octubre, en solo un día ocurrió una concentración en Puno por la invasión de espacios públicos, un bloqueo de estudiantes universitarios en Huancavelica, un reclamo de trabajadores de Essalud en Loreto por nombramientos pendientes, y protestas simultáneas por obras inconclusas, decisiones municipales controversiales y conflictos comunitarios en Lambayeque, San Martín y La Libertad.

“Perú, en general, es un país con muchos conflictos sociales. Siempre hay una tensión constante entre ciudadanía, Estado y empresas. Lo que pasa es que a veces notamos más esa conflictividad dependiendo dónde se ubican y del tema que tratan”, explica Noelia Chávez, socióloga y docente universitaria. 

Según la socióloga, desde finales del 2022, cuando iniciaron las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte, el país ha atravesado un retroceso democrático, llegando incluso a ser clasificado como una democracia híbrida. “Se percibe que el país es gobernado por una coalición autoritaria y eso ocasiona que los conflictos sociales lleguen a la capital y, muchas veces, sean contra el gobierno central”, añade.

En este escenario de conflictividad social constante—y a menos de seis meses de las elecciones generales y un año de las elecciones regionales— una de las jornadas de mayor agitación de los últimos meses, que dejó una persona muerta y 128 heridas, fue la denominada “Marcha nacional” del 15 de octubre. 

Las acciones de protesta de aquel día fueron convocadas por diversos gremios, sindicatos, transportistas y el colectivo Generación Zeta, el mismo que desde septiembre último ha logrado articular a jóvenes, universitarios, profesionales y organizaciones regionales alrededor de un pliego de demandas comunes. 

Entre las exigencias más visibles de esa movilización nacional estuvo la derogatoria de un paquete de leyes aprobadas por el Congreso consideradas como normas regresivas, poco transparentes o contrarias a los intereses ciudadanos. A ello se sumó un reclamo frontal: el pedido de renuncia del nuevo Presidente de la República, José Jerí, y el cierre del Congreso, en un contexto de creciente deslegitimación de ambos poderes del Estado. 

En Lima, las concentraciones, inicialmente dispersas, llegaron hasta el Congreso de la República. Ya entrada la noche la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que permanecían en las calles. En medio de los enfrentamientos, un manifestante, identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, falleció por el disparo de un agente policial. 

Los enfrentamientos dejaron, además, un saldo elevado de heridos solo en Lima. En total, 128 personas —33 civiles, 94 policías y un bombero— requirieron atención médica por contusiones, intoxicación por gases lacrimógenos y otras lesiones.

“Será difícil identificar la cadena de mando, pero si uno ve el caso con detenimiento el presidente de la República y el ministro de Interior son los principales responsables políticos de lo que ocurrió el 15 de octubre: el asesinato de un joven y el centenar de heridos”, explica Omar Coronel, politólogo y experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que una de las principales consecuencias de la represión policial de aquel día es el miedo profundo y la desmovilzación que ha provocado en los jóvenes. 

Y es que la marcha nacional del 15 de octubre estuvo marcada por la masiva participación juvenil y la denominada Generación Zeta que, como se ha visto en varios países, ha decidido ocupar el espacio público. 

“En Lima vimos una importante participación juvenil porque hubo una ley que específicamente afectaba la economía de  los jóvenes, la ley en favor de las AFP que dejaba a los jóvenes en una situación complicada respecto a sus jubilaciones futuras. Esto no es algo nuevo, cuando las juventudes ven vulnerados sus derechos salen a protestar a las calles. Ocurrió en el 2014 con la ‘Ley Pulpín’ y en  la pandemia del Covid contra Manuel Merino”, precisa Noelia Chávez.

Por qué protestan los peruanos

Los informes defensoriales y los expertos coinciden en que no existe un solo motivo que explique las causas de las movilizaciones en las calles peruanas. Pero sí existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Para el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, el país se encuentra delante de un ciclo de inestabilidad política que inició en el 2016 con el no reconocimiento de los resultados electorales, la acusación de fraude y la campaña de desprestigio de los organismos electorales. “Se sembró una gran duda en un sector de la población. Es más, a la fecha, un grupo de candidatos sigue hablando de lo mismo y eso es muy peligroso porque abre la puerta a la duda y deja la idea de que todos mienten, de que todo es corrupción en el aparato electoral”, afirma.

Patricia Paniagua, especialista en políticas públicas, educación y ciudadanía, coincide con que este momento fue el punto de partida de la crisis que se vive actualmente en el Perú. “Hubo una agrupación que no estuvo dispuesta a respetar los resultados y buscó mermar la democracia. A partir de ahí hemos venido en renuncias, vacancias, presidentes interinos. Ese contexto ha sido aprovechado por una clase política que ha trabajado en favor de sus intereses y sus propias agendas, ignorando el bien supremo que es el interés de la ciudadanía”, explica.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en la protesta del 15 de octubre los manifestantes pedían al Ejecutivo iniciar el proceso hacia una nueva Constitución, argumentando que el marco vigente ya no responde a la complejidad social ni a las expectativas democráticas del país. 

Para Paniagua esa es una demanda que le corresponde evaluar a un gobierno electo y no podría ser atendida por el actual Congreso ni por el presidente transitorio. “Hablamos de un presidente que parte de cuestionamientos serios de idoneidad y legitimidad, ya que nace con un Congreso que cuenta con un 3% de aprobación. Además, por lo que hemos visto en las últimas semanas lo prioritario para él parece ser su imagen, publicar y responder en redes sociales”, afirma la politóloga, quien también considera que algunas medidas adoptadas por José Jerí, como la declaratoria del estado de emergencia de Lima y Callao, tienen un impacto comunicacional, pero no se traducen en resolver el problema central de la inseguridad ciudadana.

Entre la tristeza, el pesimismo y la frustración

Los estudios de opinión pública revelan algo más que desconfianza en la población peruana. Según el Informe de Opinión de octubre 2025 del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los sentimientos que dominan la percepción pública de la situación política actual del país son tristeza, pesimismo y cólera, acompañados de frustración, decepción e inseguridad.

“No se trata solo de reacciones emocionales pasajeras: son indicadores de un desgaste profundo, de un país que lleva años atravesando crisis políticas consecutivas, promesas incumplidas y fracturas institucionales”, añade Patricia Paniagua, y añade que las emociones que experimentan los peruanos se reflejan y afectan su salud mental y su calidad de vida. “Estos sentimientos se han ido alimentando con la inacción de  esta clase política. Y todo eso ha contribuido, como vemos, en un desborde de la criminalidad que expone a todos los ciudadanos, pues son ellos quienes al final terminan siendo víctimas del crimen”, precisa.

Existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Los datos del estudio What Worries the World – Latinoamérica, publicado por Ipsos en octubre último, confirman esta situación y revelan que el Perú se ubica entre los países más preocupados por la inseguridad en toda la región.

El 68% de los peruanos considera el crimen y la violencia como su principal problema, muy por encima del promedio latinoamericano y del promedio global. La corrupción, por su parte, se mantiene como una sombra omnipresente: 60% la identifica como uno de los tres principales problemas nacionales, ubicándola casi al mismo nivel que la violencia.

“Es difícil pensar que quienes  han creado esta situación, por acción u omisión, darán las soluciones que se necesitan para hacer frente a la inseguridad. Además, muchas de las organizaciones criminales que operan en el país son financiadas por economías ilegales y se han logrado establecer con leyes que ha promulgado el actual Congreso, como la aprobación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, advierte Paniagua.

La acumulación del malestar que sienten los peruanos se expresa en distintas cifras. Según el IEP,  el 81% de la ciudadanía aprueba la vacancia de Dina Boluarte, sin embargo, quienes la sostuvieron en el poder continúan gobernando y eso es percibido por la opinión pública: siete de cada diez encuestados consideran que el Congreso apoyaba el gobierno de la expresidenta.

Además, la percepción de un poder legislativo que domina la escena política es igualmente fuerte: 62% de la población considera que el Congreso tuvo “mucha influencia” en el gobierno de Boluarte, y casi la mitad cree que ejercerá un rol similar durante la administración actual. 

En ese escenario, el 73% de los ciudadanos no se siente representado por el Congreso, mientras apenas un 9% afirma lo contrario. Y en el caso del nuevo presidente José Jerí, el 56% tampoco se siente representado, y solo 18% declara alguna afinidad con su gestión.

Para los especialistas, estos son indicadores preocupantes que demuestran que la democracia del país, o lo que queda de ella, realmente está pasando por una crisis profunda y eso afecta a todo el sistema político.

El camino hacia las elecciones generales y regionales

Mientras el miedo y la desconfianza invaden a los peruanos, el país se prepara para dos nuevos procesos electorales: el 12 de abril del 2026 deberán elegir 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente o presidenta de la República, mientras que el 4 de octubre elegirán a sus autoridades locales y regionales: alcaldes distritales y provinciales, regidores, gobernadores regionales y consejeros.

El Perú ingresa a un año electoral atravesado por una conflictividad social constante y un clima político marcado por una fuerte polarización: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 39 organizaciones políticas inscribieron sus listas de aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, configurando así un escenario electoral amplio pero tensionado.

“Esta cantidad de partidos dificulta el proceso electoral, pero es una situación que ha sido permitida por quienes están ejerciendo la representación desde el Congreso, pues las reformas que debían ser llevadas en esta elección se distorsionaron, y por uno u otro caso no se llevaron a cabo”, afirma Paniagua.

Para el politólogo Omar Coronel es lógico que la gente no quiera saber nada de política y que con una lista tan extensa los ciudadanos muestren hastío por el proceso electoral. “Por un lado no hay una representación real, y por otro solo alguien muy ideologizado va a involucrarse en un proceso tan caótico. En una primera vuelta suelen votar por quien tiene más opciones de ganar, ya en una segunda vuelta vemos el efecto de la polarización o del antivoto”, afirma.

Los especialistas coinciden en que esta fragmentación genera confusión entre la ciudadanía y termina favoreciendo a las pequeñas mayorías. “Recordemos que el Fujimorismo alcanzó 73 escaños pese a que en la votación no superó el 30%. En estos momentos hablamos de una ciudadanía que no se siente representada, hay desafección, hay rechazo, y en la medida que haya tantos candidatos al peruano promedio le costará informarse”, agrega Paniagua.

En este ambiente, de miedo y desconfianza, no sorprende que los peruanos se acerquen a las elecciones con poco entusiasmo y menos información. Según la Encuesta Datum de octubre, cuando se les pregunta a los encuestados qué tan informados se sienten sobre el proceso electoral, apenas el 28% asegura sentirse “muy” o “bastante informado”, mientras el 64% se declara poco o nada informado. 

Sin embargo, para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

“El papel de los medios de comunicación es crucial, tienen un papel importantísimo, pero es lamentable que mucho del buen periodismo está fuera de los medios. Lo único que queda por hacer es desde el lado de los medios de comunicación y de la sociedad civil, crear espacios de discusión, y sacar a la luz a precandidatos ligados a mafias como el de la minería ilegal”, explica Tuesta. 

Pero las cifras revelan indiferencia y pocas ganas de buscar información sobre los candidatos. Según Datum, el 80% de encuestados aún no piensa por quién votar, y solo el 16% afirma haber iniciado el proceso de decisión. La encuesta también revela que solo 25% ha buscado información sobre algún candidato presidencial, mientras un contundente 75% permanece completamente ajeno a la oferta electoral emergente.

Para el politólogo Fernando Tuesta, es normal que en este punto la gente no tenga claro por quién votar, pues no conocen a la mayoría de los candidatos. “Creo que tienen razón en esperar a conocerlos, para eso van a tener oportunidad de conocerlos en campaña. Pero, también es cierto que mientras mayor es el desinterés eres más vulnerable a la desinformación”, afirma.

Para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

Sobre la preferencia del tipo de candidatos, el 44% de los ciudadanos piensa votar por el candidato que “cree que le irá mejor a la mayoría de peruanos”, una expresión de deseo colectivo más que de identificación programática. Un 11% votaría pensando en beneficios familiares y apenas 20% buscaría un candidato que comparta su forma de pensar.

En ese sentido, y según explican los especialistas, la lógica del voto de los peruanos no es ideológica ni identitaria: es pragmática, emocional y desesperada. 

“La gente es muy racional. Históricamente los peruanos tenemos una cultura antipolítica, porque básicamente estuvimos en una democracia con un sistema de partidos colapsado, donde no había una representación real. Cuando no hay representación lo racional es que los ciudadanos no voten con entusiasmo. No eligen al que más les gusta sino que votan por el que menos daño hará”, afirma Omar Coronel. 

Aumento del crimen y el peligro de líderes populistas 

La seguridad se ha convertido en el eje que domina el ánimo nacional. Los transportistas, artistas, comerciantes son solo algunas de las nuevas víctimas de la delincuencia y las extorsiones. Por todo ello, la mayor parte de peruanos identifica el crimen y la violencia como su mayor preocupación, superando los promedios regionales y globales.

Durante el primer semestre de 2025 se reportaron en el Perú 161 homicidios más en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los registros del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en agosto de este año, la cifra alcanzó 209 casos, marcando uno de los meses más violentos del periodo. 

La sensación de vulnerabilidad cotidiana —alimentada por el aumento de homicidios, la expansión del crimen organizado y la presencia creciente de extorsiones y robos violentos— ha desplazado a otros temas en la agenda pública.

La inseguridad se convierte así en un marco interpretativo de todo. En un país donde la clase política parece haber fracasado, la esperanza parece depositarse en soluciones inmediatas y discurso de mano dura.

“Lamentablemente la cercanía de las elecciones abre la puerta a candidatos que ofrezcan restaurar el orden, candidatos populistas, líderes radicales que están contra el sistema, que darán soluciones radicales, pero que ni siquiera respondan al problema real. Lo que la ciudadanía debe evaluar es que la solución no pasa por recrudecer las penas o por medidas tan fáciles, lo que se necesita es dotar de inteligencia policial y luchar contra la corrupción”,  precisa Paniagua.

Sin embargo, en este contexto de desconfianza hay un indicio de esperanza. Para los expertos el hecho de que las protestas sigan vivas revela que todavía existe un impulso de exigir algo mejor. 

“Estamos en un país donde la protesta y el tejido social se han debilitado. Sostener una protesta es difícil, pero lo bueno es que la ciudadanía, a pesar de todo, ha salido a protestar en distintos momentos. Considero que estos espacios de protesta pueden volver  a articularse y coordinarse para hacer contrapeso a estructuras del poder y coaliciones que lamentablemente se han enquistado en el Estado”, explica la socióloga Noelia Chávez. 

El politólogo Omar Coronel afirma que los últimos meses de un año son temporadas de baja protesta, pero el inicio del próximo año será particular porque comenzará con una dinámica electoral. “Si el llamado Colectivo Zeta y el bloque universitario, que este año ha demostrado una fuerte presencia, se organizan y avanzan podría haber un tipo de presión, pero considero que eso dependerá de los candidatos que queden en segunda vuelta. El debate público se concentrará en las elecciones y recién en la segunda vuelta veremos una polarización real”, añade. 

El próximo domingo 12 de abril será una oportunidad para que la ciudadanía se haga escuchar y para que los partidos políticos puedan atender las preocupaciones que afectan a los peruanos.

“En este momento los organismos electorales ya no tienen muchos por hacer, las reglas electorales ya están determinadas. El marco normativo electoral dice, por ejemplo, que los organismos del Estado deben ser neutrales, pero vemos que personajes como el alcalde de Lima no cumplen con esta norma y las sanciones que les imponen no compensan los daños causados, uno de esos daños es la preferencia a ciertos candidatos”, añade Tuesta.

En un país donde la incertidumbre marca el pulso de la vida cotidiana y las calles se han convertido en el espacio donde se expresan los reclamos más urgentes, el proceso electoral deja de ser una simple competencia por escaños o cargos. La pregunta de fondo no es quiénes tienen la mayor probabilidad de ganar las elecciones sino quiénes tienen la capacidad de reconstruir un vínculo roto entre la ciudadanía y sus instituciones.

Y el hombre estaba sentado solo, empapado hasta los huesos en tristeza. Los animales se le acercaron y dijeron: «No nos gusta verte así. Pídenos lo que quieras y lo tendrás». El hombre dijo: «Quiero tener buena vista». El buitre respondió: «Tendrás la mía». El hombre dijo: «Quiero ser fuerte». El jaguar dijo: «Serás fuerte como yo». Luego dijo: «Anhelo saber los secretos de la tierra». La serpiente respondió: «Yo te los enseñaré». Y así fue con todos los animales. 

Cuando tuvo todos los dones que podían dar, se marchó. Y el búho les dijo a los otros animales: «Ahora el hombre sabe mucho y puede hacer muchas cosas. Siento miedo». El ciervo dijo: «Ya tiene todo lo que necesita. Ahora su tristeza acabará». Pero el búho respondió: «No. Vi un agujero en el hombre, profundo como un hambre que jamás saciará. Lo hace triste y hace que siempre quiera más. Seguirá tomando y tomando hasta que un día el mundo dirá: ‘Ya no existo más y no me queda nada que dar'». 

Apocalypto. 2006.

En 1825, pocos años después del nacimiento de la República del Perú, el Congreso Constituyente de la República aprobó el diseño del escudo nacional que reemplazaría al que había propuesto José de San Martín de forma provisional. A dicho Congreso le pareció buena idea representar en este símbolo patrio las riquezas naturales del territorio. Así aparecen en nuestro escudo una vicuña, representando el reino animal; la cornucopia derramando monedas de oro, representando el reino mineral; y el árbol de la quina, representando al reino vegetal. La quina, utilizada desde el incanato y la conquista para tratar enfermedades ―como la malaria― se convirtió así en el símbolo de nuestra diversidad botánica.

Sabido esto, no deja de ser triste e irónico que hoy, 200 años después de su consagración como símbolo de nuestra riqueza vegetal, el árbol de la quina está en peligro de extinción a causa de su extracción desmedida. Algunos podrían argumentar que este problema empezó en el Virreinato y que eran otros tiempos, donde no había conciencia de que los recursos se extinguen. Sin embargo, lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo con otras especies de árboles de nuestros bosques como el cedro, la caoba o el shihuahuaco en la Amazonía, la puya de Raimondi y la Queñual en los Andes o el Algarrobo en los bosques secos de la costa. Como todo recurso natural, su valor puede convertirse en su maldición. Su posesión otorga poder económico y para obtenerlo no mide las consecuencias, especialmente en una sociedad donde la formalidad, el cumplimiento de leyes y la justicia también están en peligro de extinción. Entonces, la representación de la Amazonía en nuestro escudo es un árbol que casi ya no existe, signo inequívoco que deforestar es una vocación patriótica. 

La deforestación en datos 

La deforestación de los bosques ha sido un proceso continuo desde la aparición del hombre sobre la tierra y se intensificó desde la revolución industrial. Los bosques que no han sido tan modificados por el hombre son conocidos como bosques primarios y son cada vez más escasos. El sesenta por ciento del territorio peruano es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo que comparte principalmente con Brasil y en menor medida con Ecuador, Bolivia y Colombia. Dicha cuenca nace en nuestra cordillera y recorre un largo trecho hasta llegar al Atlántico. La Amazonía aún conserva bosques primarios, pero son cada vez más amenazados. La información oficial del Estado peruano en esta materia se encuentra en Geobosques, portal que viene monitoreando satelitalmente el estado de los bosques y pertenece al Ministerio del Ambiente. Cuenta con datos desde el comienzo del siglo XXI. Revisemos algunos de ellos.

En el año 2001 el Perú contaba con más de setenta millones de hectáreas de bosque amazónico. Actualmente, con los datos evaluados hasta el año 2024, el Perú ha perdido el 4.4% de bosques, lo que equivale a más de tres millones de hectáreas (3,203,893 ha, para ser precisos) y la deforestación sigue avanzando a un ritmo promedio de más de 133 mil hectáreas por año. Para dimensionar ese tamaño, hagamos comparaciones. En lo que va del siglo XXI, el Perú ha perdido una extensión de bosques amazónicos casi igual a todo el departamento de Cajamarca u once veces el tamaño de Lima Metropolitana. Si buscamos una comparación internacional, equivale a 542 veces la isla de Manhattan, ciudad que es destruida en muchas películas de ficción. En nuestra Amazonía, esa destrucción es una realidad. Podríamos seguir con la cinematográfica isla y decir que cada dieciséis minutos se pierde el tamaño equivalente a la isla de Manhattan de Amazonía peruana. O ponernos futbolísticos, ya que cada tres minutos se pierde en bosque amazónico el tamaño de una cancha de fútbol. Queda claro que el partido contra la deforestación lo estamos perdiendo por goleada.

Los datos son escalofriantes, pero no muestran toda la gravedad del problema. Datos similares se obtienen en los demás países amazónicos. La deforestación no se detiene y con ella, pierde la humanidad entera. Hay estudios que afirman que la Amazonía podría llegar para el año 2050 a su punto de no retorno, es decir, que ya no podría recuperarse naturalmente. En el contexto del cambio climático, es aún más alarmante, ya que la deforestación emite gases de efecto invernadero que contribuyen a calentar el planeta y genera los efectos que estamos viendo en el mundo con más olas de calor, lluvias intensas, pérdida de fuentes de agua, desaparición de islas, pérdida de biodiversidad, aumento de enfermedades y la lista puede continuar. Desde el lado esperanzador, un reporte de Naciones Unidas para el Clima del año 2024 afirma que la conservación y mejora de los bosques a nivel mundial podría aportar hasta en un 20% en el objetivo de mitigación aprobado en el año 2015 en el Acuerdo de París. La evidencia de la importancia de los bosques es clara. La evidencia de las acciones, no tanto. 

Causas

Como decíamos al empezar este artículo, el escudo nacional demuestra que el Perú republicano se funda en una lógica heredada de la colonia como un gran territorio para la extracción de sus recursos naturales, de la materia prima que necesitan los países desarrollados de turno y que genere ingresos a las respectivas élites que lo controlan. La maldición de los recursos, dicen algunos economistas. También se heredó una organización centralizada en la capital, alejada del resto del país y cerca al mar por donde se van los recursos, dándole la espalda a la Amazonía oculta detrás de la cordillera de los Andes. Ya decía Alexander Von Humboldt en su paso por nuestro país en 1803 que Lima está más alejada del Perú que Londres. A pesar de los esfuerzos y algunos cambios, en la actualidad seguimos arrastrando estos aspectos cruciales, además de una histórica tradición de corrupción coludida entre los gobiernos de turno y las élites del momento, como detalla Alfonso Quiroz en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, de lectura obligatoria. ¿Cómo impactan estos tres aspectos en la deforestación de la Amazonía? Pongamos un ejemplo.

Si uno se sentaba al lado derecho del avión, podía ver desde la ventana una mancha color barro, como una tripa que rompía el frondoso bosque verde. Hoy en día, no importa en qué lado del avión te sientes, esa mancha es gigante, sigue extendiéndose y está a la vista de todos.

En el año 2015 el fallecido periodista español David Beriain estrenó una serie documental llamada Amazonas Clandestino. En el capítulo dedicado a la tala ilegal, se narra la historia de un pedido: Alguien en Sao Paulo desea una cama de caoba, árbol casi extinto y cuya tala está prohibida. El pedido es recibido en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El periodista acompaña una excursión al frondoso bosque para conseguir ese producto, prohibido en el papel, pero válido por órdenes de la oferta y la demanda. Es un pequeño ejemplo que se replica de manera masiva en el mineral más relevante para la economía mundial en tiempos de inestabilidad económica como el que vivimos: el oro, cuyo precio en el mercado internacional ha batido récord el año 2025, llegando a costar cuatro mil dólares la onza (31 gramos). Como explica el portal Bloomberg, es una tendencia que ocurre por compras de bancos centrales, flujos récord hacia ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa) respaldados por oro y una estrategia de desdolarización por parte de economías emergentes. Con ese precio y demanda, no habrá política que pueda detener la deforestación y degradación de los ecosistemas de la Amazonía y otros ecosistemas del país, con su respectiva ola de violencia y abuso contra las personas, como los documentados casos de asesinatos a defensores ambientales o la trata de personas en los campamentos mineros. Otros especialistas afirman que para el año 2026 el precio de la onza de oro podría llegar a un histórico cinco mil dólares la onza. Es una buena noticia económica para el Perú, país exportador de oro. Es una mala noticia para los bosques, porque no habrá ley, autoridad o impulso que frene el incentivo de ganar tanto dinero a cambio de deforestar la Amazonía.

El año 2008 fue la primera vez que viaje a Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios, considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Si uno se sentaba al lado derecho del avión, podía ver desde la ventana una mancha color barro, como una tripa que rompía el frondoso bosque verde. Hoy en día, no importa en qué lado del avión te sientes, esa mancha es gigante, sigue extendiéndose y está a la vista de todos. Es la deforestación producto de la minería ilegal que extrae oro a cualquier precio, el otro símbolo de nuestro escudo nacional. El oro que existe en la Amazonía se extiende por cuencas de ríos ancestrales que arrastraron hace cientos de años el mineral de las altas montañas de los Andes. Cuando los mineros encuentran un trazo de oro, avanzan siguiendo el camino quitando los árboles que estén en el camino y llenando grandes pozas de barro y mercurio.  

La carretera interoceánica contribuyó al acceso y multiplicación de la extracción de oro en Madre de Dios y lo que comenzó con campamentos informales al pie de la carretera hechos de palos y tapados con plásticos azules, son ahora centros poblados con escuelas, canchas de fútbol, ferreterías, conciertos artísticos y una dinámica económica con tanto poder que se ven sus tentáculos en los ámbitos políticos locales, regionales y congresales. La última interdicción que realizó el gobierno peruano fue el año 2019, antes de la pandemia con la presidencia de Martín Vizcarra, llamada Operación Mercurio. Hace seis años. Hoy, la minería se extiende a otras regiones amazónicas del país como Puerto Inca en Huánuco, el río Santiago en la frontera con Ecuador o la hermosa cuenca del río Nanay, principal proveedor de agua potable de la ciudad de Iquitos, en Loreto. En un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), con base en documentos de INTERPOL, se estima que entre un 30 % y 70 % de las exportaciones de oro podrían tener origen ilegal. En este caso, el mercado no se va a regular solo para evitar la deforestación. El oro, provenga de donde provenga, se ve igual y vale lo mismo para sus compradores a nivel mundial. En ese escenario, es curioso pensar que la madera es un recurso más raro y escaso en el universo que el oro o cualquier otro metal.

Otras causas de la deforestación son las invasiones por tráfico de tierra. El cambio de uso de suelo para aprovechamiento agrícola o cultivos ilegales que ahora se ha extendido también en la selva baja, más cerca de la frontera con Brasil, ruta de distribución y exportación de cocaína, es una constante. Otra causa son los incendios forestales, frecuentes en las temporadas secas del año y que el 2024 llegó a un récord mundial y nuestro país no fue la excepción. Sin embargo, la mayoría de los incendios suelen ocurrir por causas humanas, con la intención de ampliar la frontera agrícola.

¿Dónde ocurre la deforestación? En todo, en todas partes y al mismo tiempo. Se distribuyen en todos los tipos de derechos sobre el territorio que existen, sean concesiones forestales maderables (para extracción legal de madera), concesiones no maderables (de ecoturismo, castaña, shiringa, etc.), concesiones de conservación, predios privados y terrenos del Estado a nivel nacional, regional o local. Las áreas menos afectadas por la deforestación históricamente son las comunidades indígenas y las áreas naturales protegidas, lo que no quiere decir que no estén amenazadas por los mismos agentes. La Amazonía es una sola y, al igual que la delincuencia en la ciudad, por más que uno ponga rejas en su calle, nunca estará seguro si no se toman precauciones y medidas en toda la ciudad. Los bosques, como recurso natural, constitucionalmente son patrimonio de la Nación y los gestiona el Estado. Ya dicen que lo es de todos, es de nadie. En una sociedad donde las leyes no se cumplen, se ejerce mayormente la ley del más fuerte y la economía siempre estará por encima de otras variables. 

Una protección en el papel

Si fuera por los planes y estrategias que elaboran los sucesivos gobiernos peruanos, deberíamos parecer la portada del Atalaya, lleno de gente feliz, cogidos de la mano en un paraíso de árboles y ríos prístinos. No es así. El Perú cuenta con legislación forestal para la protección de los bosques y el ordenamiento de este, que, sin ser perfecta, por lo menos explica que los bosques se deben proteger. Están tipificados los delitos ambientales, las funciones de los estamentos de gobierno incluyendo planes de protección y conservación, así como de adaptación y mitigación del cambio climático. Es decir, todos tienen sus funciones, responsabilidades, pero también sus limitaciones. Aquí es donde la visión centralista y sectorial del Estado se muestra ineficiente. Porque la organización del Estado peruano es una especie de feudalismo donde cada quién tiene su espacio y jurisdicción, su pequeño poder y sus limitaciones. Pongamos un ejemplo. Una dirección forestal de un gobierno regional amazónico tiene la función de promover la correcta extracción de madera de las concesiones y que estas cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, no cuenta con el personal suficiente ni con el financiamiento adecuado para cubrir su vasto territorio. Adicionalmente, debe coordinar con la autoridad sectorial que está en Lima, que le exige planes anuales, además de otros requisitos. Las otras direcciones de dicho gobierno regional, autoridad ambiental o agraria, tienen las mismas prerrogativas y cada una responde a su propia legislación y su propio sector. El territorio es extenso y los recursos escasos. Luego ocurre un fenómeno como la minería o las actividades ilegales, donde tiene que intervenir otros organismos sectoriales como la fiscalía o el ministerio del interior, que tampoco cuentan con los recursos suficientes en el territorio y dependen de decisiones que surjan desde la cabeza del sector, donde normalmente la Amazonía es el último de los problemas en el contexto actual de crisis del Estado peruano. 

Reducir la deforestación requiere de decisión política y financiamiento suficiente. La decisión política no puede ser sectorial, sino, una decisión integral en el territorio con miras a darle valor al bosque y generar oportunidades de desarrollo sin deforestación

También en el papel, el Perú es un ejemplo para el mundo, al ser de los primeros países en enviar sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC, por sus siglas en inglés) para cumplir con el Acuerdo de París del año 2015, documento que rige los esfuerzos de los países frente al cambio climático. Perú presentó un ambicioso compromiso el año 2016 y lo actualizó el año 2020 en plena pandemia, curiosamente el año de mayor deforestación en lo que va del siglo 21. En este documento el Perú se comprometió a reducir las emisiones entre un 30% y 40% para el año 2030, con el 10% adicional condicionado a la cooperación internacional. Ya pasó la mitad del plazo del compromiso. Como hemos visto en los datos oficiales de Geobosques, la deforestación, causante de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, no se ha detenido. A comienzos del presente año, el Ministerio del Ambiente aprobó la Política Nacional: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 donde en el objetivo prioritario 4 menciona acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que es el nombre técnico que se da a las actividades ligadas a la pérdida de bosques. 

Una visión territorial

Reducir la deforestación requiere de decisión política y financiamiento suficiente. La decisión política no puede ser sectorial, sino, una decisión integral en el territorio con miras a darle valor al bosque y generar oportunidades de desarrollo sin deforestación. Existen muchas iniciativas valiosas en el Perú, como proyectos de conservación y reforestación en áreas naturales protegidas nacionales, regionales, locales y privadas, áreas comunales o territorios indígenas. Sin embargo, como hemos mencionado líneas arriba, los esfuerzos puntuales son importantes, pero atacar la deforestación requiere de una visión territorial extensa. Los estímulos para deforestar simplemente se mueven a otro lugar o rodean las iniciativas. Decisiones que solo pueden delimitar los gobiernos regionales o provinciales y que se apliquen de manera integral en el territorio. Existen alternativas para implementar programas territoriales con financiamiento privado. Actualmente el mundo de los mercados de carbono viene implementando soluciones territoriales llamados Programas Jurisdiccionales REDD+, siglas que significan Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques. Es decir, reducir la deforestación. En la provincia de Misiones, en Argentina, se viene desarrollando un programa para reducir la deforestación y conservar sus bosques de manera integral en su territorio con financiamiento privado por la futura venta de créditos de carbono. De igual manera, varios estados brasileños vienen presentando sus programas jurisdiccionales como el estado de Tocantins, que busca reducir la deforestación en sus bosques de cerrado, un bioma boscoso similar a la sabana. Similares esfuerzos se vienen impulsando en países y subgobiernos africanos, con financiamiento privado proveniente de los mercados de carbono o la cooperación internacional. 

En el Perú, se ha lanzado el año 2024 el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ), iniciativa articulada por el Ministerio del Ambiente para realizar acciones de conservación en los territorios indígenas amazónicos, financiado con fondos privados provenientes de los mercados de carbono. Este programa agrupa a tres organizaciones indígenas peruanas: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración del Perú (Anecap), que representan a decenas de organizaciones y comunidades nativas. Una gran iniciativa que va a servir para apoyar a los pueblos originarios y sus territorios que, como hemos mencionado líneas arriba, han sido históricamente las áreas más conservadas de nuestra Amazonía. Este programa se encuentra en fase de propuesta y definición. Es un enorme reto para el país llevarlo adelante. Pensando en la gestión integral del territorio de bosques y en especial el amazónico peruano, queda continuar el reto articulando estos espacios territoriales indígenas dispersos a políticas territoriales más unificadas, como los gobiernos regionales. La deforestación en el territorio seguirá avanzando sin una estrategia integral en el territorio que combata todas las variables y permita a los diversos actores actuar bajo una sola mirada, la de la conservación. Cierro esta nota con esperanza, pero la deforestación no se detiene. Si llegaste hasta el final de este artículo, considera que en el tiempo que leíste hasta acá ya se deforestaron el tamaño de varias canchas de fútbol en la Amazonía.