Bustíos viajaba en motocicleta junto a su colega Eduardo Rojas Arce cuando ambos fueron interceptados por una patrulla del Ejército peruano. Rojas logró huir pese a resultar herido, mientras que Bustíos fue alcanzado por disparos. Según la investigación judicial, cuando aún se encontraba con vida, los militares colocaron una granada sobre su cuerpo, provocándole la muerte.

Tras su asesinato, su esposa, Anita Patiño, y sus hijos asumieron un papel central en la defensa de su memoria y en la búsqueda de justicia. Durante más de tres décadas impulsaron acciones legales, acompañaron el proceso judicial y mantuvieron vigente el recuerdo de Hugo Bustíos frente a los intentos de impunidad y olvido. Su perseverancia fue determinante para que el caso continuara siendo investigado y para que los responsables fueran finalmente llevados ante la justicia.

Paralelamente a esta lucha, la familia ha conservado diversos objetos personales de Bustíos que hoy constituyen importantes testimonios materiales de su vida y trayectoria profesional. Entre ellos se encuentran la camisa que llevaba puesta el día de su asesinato, su cámara fotográfica y su máquina de escribir. Estas pertenencias no solo evocan su historia personal, sino también su labor como periodista de Caretas, ejercida en una de las etapas más violentas de la historia reciente del Perú.

Por este crimen, el Poder Judicial condenó en 2007 al exmilitar Víctor La Vera Hernández como coautor del asesinato. Asimismo, en abril de 2023, el exministro del Interior y excongresista Daniel Urresti Elera fue condenado a 12 años de prisión como coautor del homicidio, al determinarse que en 1988 se desempeñaba como oficial de inteligencia de la base militar de Castropampa, en Huanta.

Sin embargo, en 2024, el Congreso peruano aprobó la Ley N.º 32107, que establece la prescripción para crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta norma podría favorecer la impunidad en numerosos casos, entre ellos el caso Bustíos, cuya condena contra Urresti fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.
Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) dejó cerca de 69 mil víctimas fatales y desaparecidas. Diversas organizaciones han señalado que la nueva legislación podría afectar más de un centenar de casos con sentencia firme y cientos de procesos aún en trámite por violaciones a los derechos humanos.

Tras la primera vuelta de las elecciones presidenciales de abril, mientras Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa y otras ciudades del sur del Perú avanzaban con el conteo de votos, el mapa electoral empezó también a convertirse en un mapa de sospechas. Las regiones andinas no solo fueron señaladas como territorios donde supuestamente se habían registrado irregularidades durante el proceso electoral, sus votantes comenzaron a ser retratados como manipulables, ignorantes o incapaces de decidir el rumbo político del país.

Uno de los rostros sobre los que se descargó con mayor virulencia esa narrativa fue el de Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia por el partido de Roberto Sánchez. Durante la campaña electoral ya había sido objeto de comentarios discriminatorios que cuestionaban su capacidad para ejercer un cargo público debido a su origen, su forma de hablar y su trayectoria. Sin embargo, tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta, los ataques se intensificaron. Su imagen se convirtió en uno de los principales blancos de ataques en los que se proyectaron estereotipos y prejuicios dirigidos no solo contra su candidatura, sino también contra amplios sectores de las regiones andinas y rurales.

La magnitud de los ataques motivó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas. A través de sus redes sociales, el Poder Judicial recordó que los actos de discriminación por motivos étnicos o culturales constituyen un delito sancionado por el Código Penal y que las conductas cometidas mediante internet pueden acarrear penas agravadas.

Los mismos discursos aparecieron durante la segunda vuelta del 7 de junio, cuando nuevamente se pusieron en duda las decisiones electorales adoptadas en estas zonas del país, especialmente de quienes respaldaban opciones políticas distintas a las esperadas por determinados sectores.

“La verdad me pareció bastante repulsivo juzgar a alguien por quién vota o por decidir quién lo va a representar. Aceptar los resultados debería ser un acto de respeto hacia los demás. Pero parece que nos quisieran quitar el derecho a votar”, señala Zesmeni Aguilar, estudiante de Derecho natural de Puno. Recuerda que los comentarios que circularon durante esos días en redes sociales generaron tristeza, pero también indignación entre muchas personas de su región. Y no se trataba de una percepción aislada. Conforme avanzaba el conteo de votos, varias regiones del sur comenzaron a ser señaladas como los territorios donde supuestamente se había alterado la voluntad popular.

La narrativa del fraude comenzó a instalarse incluso antes de que existieran resultados oficiales consolidados de la elección de primera vuelta. Al día siguiente, cuando la ONPE procesaba las primeras actas y aún continuaba el sufragio en algunas mesas de Lima, que se instalaron de manera extraordinaria debido a problemas operativos registrados el domingo 12 de abril, el entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga denunció públicamente presuntas irregularidades. Con el paso de las horas, su discurso dejó de centrarse únicamente en aspectos técnicos del proceso y pasó a cuestionar abiertamente a los votantes de determinadas zonas rurales. Las sospechas ya no recaían únicamente sobre el proceso electoral, sino también sobre quienes habían emitido su voto en esos territorios. Ese discurso fue rápidamente replicado por sus seguidores y determinadas regiones del país pasaron a convertirse en blanco de señalamientos.

En una entrevista con el politólogo argentino Agustín Laje, conocido por difundir contenidos desinformadores a través de sus plataformas digitales, López Aliaga puso en duda la alta participación registrada en las zonas rurales, según él, “nunca antes vista en elecciones anteriores” y atribuyó a sus votantes limitaciones para completar correctamente la documentación electoral. “El nivel de conocimiento para llenar el acta es muy complejo y en las zonas rurales, donde no tienen los medios para formarse bien, que el nivel de eficiencia del llenado de las actas sea al 100 %, no pues”, afirmó ante una audiencia de más de 95 mil espectadores. Más allá de las denuncias sobre presuntas irregularidades, sus declaraciones contribuían a un discurso que no solo ponía en entredicho el proceso electoral, sino también la capacidad de quienes ejercían su derecho al voto en regiones históricamente marginadas.

Del conteo de votos al juicio de los votantes

Para el politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), lo ocurrido tras las elecciones no puede entenderse únicamente como una controversia electoral. A su juicio, las reacciones de determinados sectores frente al voto proveniente de zonas andinas responden a prejuicios históricos que suelen reactivarse cada vez que estas regiones expresan preferencias políticas distintas a las esperadas por las élites limeñas.

Vilca sostiene que «no es una sorpresa» que exista una reacción con una «carga racista evidente» hacia la votación de las regiones andinas. Incluso recuerda que estos discursos precedieron a la elección. Como ejemplo menciona una columna de Aldo Mariátegui, publicada durante el crecimiento de la candidatura de Roberto Sánchez, en la que señalaba que Cajamarca era «el Puno del norte». Para el investigador, este tipo de referencias revelan una intención de generar estigmas al momento de interpretar el comportamiento político de determinadas partes del país.

Según explica, detrás de los cuestionamientos al voto andino suelen aparecer tres estereotipos recurrentes: la idea de que se trata de un voto ignorante, manipulado o radical. Lo paradójico, advierte, es que estas categorías son incompatibles entre sí. «Primero te dicen que no sabes lo que le conviene al país y aun así votas. Después aparecen discursos donde ni siquiera te enteras de que hay elecciones porque otros deciden por ti. Y finalmente te presentan como alguien radical que vota de cierta manera», señala.

Para el investigador, estas narrativas no buscan realmente explicar el comportamiento electoral de las regiones del sur. Más bien expresan una dificultad para reconocer la legitimidad de opciones políticas distintas. En ese sentido, considera que los calificativos utilizados para describir el voto de esta parte del país terminan funcionando como mecanismos de deslegitimación. «Todos estos adjetivos y formas de clasificar el voto andino surgen ante la imposibilidad de entender y aceptar que existen posturas políticas diferentes, otros proyectos políticos y otras formas de ver el país», afirma.

Para Oswaldo Bolo, magíster en Estudios Culturales y especialista en discursos y narrativas, los mensajes que circularon durante la campaña no surgieron de manera espontánea ni responden únicamente a desacuerdos políticos. Más bien forman parte de repertorios discursivos que reaparecen cada vez que determinados sectores históricamente excluidos adquieren protagonismo en la vida pública. «El Perú es un país históricamente racializado y en cualquier espacio de conflicto o disputa el tema racial aparece de inmediato», sostiene.

Según explica, estos discursos suelen presentar a las poblaciones andinas, indígenas o rurales como sujetos incapaces de tomar decisiones racionales sobre el futuro del país. «Se construye la idea de que ese otro es primitivo, irracional, que no piensa bien, que no sabe elegir representantes políticos y que no entiende el verdadero sentido del progreso y el desarrollo», señala. En consecuencia, añade, no solo se cuestiona una determinada opción electoral, sino también la legitimidad de quienes la respaldan para participar en igualdad de condiciones dentro de la democracia. «Se les niega el reconocimiento como ciudadanos con los mismos derechos para decidir sobre el rumbo del país», afirma.

¿Por qué mi voto tendría que valer menos?

Esa descalificación de los votantes del sur andino no se quedó en el plano discursivo. Para muchas personas de las regiones señaladas, los cuestionamientos fueron vividos como una negación de su condición de ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro peruano o peruana. Yolanda Flores Montoro, aymara e integrante de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, recuerda con indignación las afirmaciones que ponían en duda la capacidad de los votantes rurales para participar en una elección. «Ha sido una decepción escuchar eso. Que nos digan que ni siquiera sabemos leer, que no sabemos llenar un acta», señala.

Flores reconoce que su generación enfrentó enormes barreras para acceder a la educación. «Nosotros no teníamos acceso a la educación. Las escuelas estaban muy lejos. Yo soy aymara y no sabía castellano. Tenía que caminar dos horas para ir a un colegio y aprender a leer y escribir», recuerda. Sin embargo, considera que esas dificultades históricas no pueden convertirse en argumentos para cuestionar sus derechos ciudadanos. «Eso no me quita el derecho a votar. Nosotros ya teníamos una decisión sobre por quién votar. ¿Por qué mi voto tendría que valer menos? ¿Acaso no tenemos el mismo DNI?», cuestiona.

Las palabras de Flores remiten además a una historia más amplia de exclusión educativa que ha marcado a generaciones de peruanos indígenas. Durante décadas, miles de niños y niñas quechuahablantes y aymarahablantes crecieron en territorios donde el acceso a la educación sigue siendo limitado y donde aprender castellano cuesta enfrentar sistemas educativos que no reconocen su lengua materna. Esta realidad alcanza a una parte importante de la población peruana. Según el Censo 2017, cerca de 4 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria, de las cuales más de 3,2 millones tienen al quechua como lengua materna y más de 434 mil al aymara. En ese contexto, cuestionar la capacidad de estas poblaciones para ejercer sus derechos políticos no solo desconoce una historia de desigualdades persistentes, sino que reproduce prejuicios que aún perviven en amplios sectores de la sociedad peruana.

Más allá de la identidad: la exclusión política

Para los defensores de derechos humanos, cuestionar la capacidad de determinados sectores para participar en elecciones tiene implicancias que trascienden el debate político coyuntural. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que los ataques dirigidos contra los votantes del sur andino —e incluso contra los de la Amazonía, quienes también enfrentan situaciones similares— revelan una dimensión menos explorada de la discriminación en el Perú. Si históricamente el racismo se ha expresado a través de estereotipos vinculados al origen, la lengua, la cultura o los rasgos físicos, hoy también puede manifestarse mediante el cuestionamiento de quiénes son considerados capaces de participar legítimamente en la vida política del país.

Pariona sostiene que este fenómeno debe empezar a entenderse como una forma de «racismo político», una expresión de discriminación que busca deslegitimar la capacidad de determinados ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones sobre el rumbo del país. «Ya no es un racismo que cuestiona únicamente lo étnico, lo cultural o las diferencias fenotípicas. Lo que está cuestionando es la capacidad política de las personas: su capacidad de discernir, de razonar, de elegir y de valorar a alguien que consideran que las representa», explica.
Pero la sospecha sobre las poblaciones andinas no se ha limitado al terreno electoral. Los discursos utilizados para cuestionar el voto de las regiones del sur guardan profundas similitudes con aquellos que, en distintos momentos, han servido para desacreditar las protestas sociales surgidas en esos mismos territorios.

Para el politólogo Paulo Vilca, no se trata de fenómenos distintos, sino de expresiones de una misma narrativa. «Por supuesto, es el mismo discurso», sostiene. Según explica, las categorías utilizadas para desacreditar el voto son prácticamente las mismas que se emplean para deslegitimar el derecho a la protesta: «Protestan porque son ignorantes. Protestan porque los financian los mineros ilegales o los bolivianos. Protestan porque son terroristas. Todas forman parte de la misma continuidad».

Detrás de este patrón, explica el especialista, subyace una misma lógica: negar la capacidad de agencia política de las poblaciones andinas a través de etiquetas de incapacidad o radicalismo. Estos adjetivos terminan cumpliendo una función similar: calificar la participación política de estos sectores no como el resultado de decisiones propias, sino como consecuencia de factores ajenos a su voluntad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, Pariona coincide en que los discursos que desacreditan el voto de las poblaciones históricamente olvidadas guardan relación directa con aquellos que, durante años, han servido para justificar respuestas represivas frente a la movilización ciudadana.

«Uno no está desconectado del otro. Las formas como se excluye parten por cómo ves al otro», señala. También se refleja en la forma en que el Estado ha respondido a distintas protestas ocurridas en el sur del país. Recuerda que en varios conflictos sociales se recurrió incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta y que las respuestas estatales estuvieron marcadas por un uso desproporcionado de la fuerza, una actuación que —afirma— difícilmente se habría producido de la misma manera en Lima o en ciudades del norte. «Todo está entretejido: cómo reprimes, cómo consideras al otro en la actividad política o cómo atiendes los programas sociales, entre otros aspectos», concluye.

El peso del centralismo y las brechas de representación

Para diversos actores sociales del sur, los cuestionamientos al voto de las regiones andinas no solo reflejan prejuicios persistentes, sino también una dificultad histórica para comprender las demandas y prioridades de territorios alejados de los centros de poder. Detrás de las dudas sobre determinadas decisiones electorales existe una relación aún marcada por el centralismo y por la persistente subordinación de las regiones en la toma de decisiones del país.

Esa es la lectura de Miguel Meza, dirigente social del Valle de Tambo, en Arequipa, quien considera que las reacciones frente al voto del sur evidencian los límites de un proceso de descentralización que no ha logrado reducir las brechas políticas entre Lima y las regiones. «En Arequipa siempre hemos sido personas revolucionarias. Incluso hemos planteado separarnos de Lima porque no existe una verdadera descentralización. Seguimos siendo olvidados», afirma. Para Meza, los resultados electorales expresan demandas y malestares acumulados que muchas veces son ignorados desde la capital. «Estos mensajes discriminatorios aparecen porque las élites que siempre aspiran al poder o quieren permanecer en él, no tienen sus votos ahí”, sostiene.

Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, articulación de más de 30 instituciones que defienden los derechos de las comunidades, considera que esta discusión también obliga a mirar las desigualdades que persisten detrás del proceso de descentralización. Si bien reconoce que existe un reclamo constante de las regiones frente a la concentración de decisiones en Lima, advierte que las brechas de representación no desaparecen al llegar a la capital. «Existe la demanda reiterada de la población de otras regiones sobre la preeminencia de Lima como el centro de las decisiones del país», señala.

Oscco advierte que esta situación no solo afecta a quienes permanecen en sus territorios de origen. Muchas de las personas que migraron a Lima buscando oportunidades que no encontraron en sus regiones también continúan enfrentando formas de exclusión. «En Lima tenemos una diversidad de identidades que, justamente al no encontrar oportunidades y atención en sus regiones, ha migrado hacia Lima, se asienta en zonas periféricas y sus voces y demandas tampoco son escuchadas», sostiene.

Añade que los discursos discriminatorios evidencian desigualdades históricas aún vigentes. «A pesar de su contribución a la cultura, la historia, las artes, el folklore o la gastronomía, los pueblos andinos, amazónicos y la población afroperuana no son considerados ciudadanos en categorías de igualdad humana», señala.

Una nueva generación frente a la polarización

Quienes con mayor frecuencia reclaman un cambio frente a estos discursos son precisamente los más jóvenes. Y no es un grupo menor. Según datos del RENIEC, para las elecciones de 2026, 6 millones 892 mil jóvenes entre 18 y 29 años estuvieron habilitados para votar, lo que representó el 25,2 % del padrón electoral nacional. De ellos, más de 2,5 millones acudieron por primera vez a las urnas.

Para una generación que se incorpora a la vida política en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y los cuestionamientos a la legitimidad de determinados votantes, la construcción de una convivencia democrática aparece como uno de los principales desafíos.

Desde el punto de vista de Ale Aranzábal, cusqueña de 25 años, recién egresada de Psicología e integrante del colectivo Resiste Marica, los mensajes que circularon durante la campaña constituyen una narrativa que la acompaña desde incluso antes de que cumpla la mayoría de edad para ejercer su derecho al sufragio. «No es algo que me sorprenda. Incluso antes de tener edad para votar recuerdo que se hacían comentarios diciendo que debían volver las esterilizaciones forzadas para quienes votaban por quien no era Keiko Fujimori», recuerda.

Frente a ello, considera que la respuesta pasa por fortalecer la participación de quienes históricamente han sido excluidos de la toma de decisión. «Las personas que somos quechuas, aymaras y mestizas vamos a seguir existiendo y tenemos muy claro que necesitamos seguir ocupando espacios nosotros mismos, porque si no nadie lo va a hacer», afirma.

Zesmeni Aguilar, con 24 años, considera que revertir estas dinámicas exige una mayor voluntad de inclusión desde quienes hoy ocupan cargos de representación. “Personalmente, todavía no veo una intención de integración entre peruanos y peruanas. Debe partir de los candidatos que ahora ya son senadores y diputados. Ellos deben dar el ejemplo para cambiar esta mentalidad clasista y racista, porque no se puede exigir deberes a la población si no se le brindan derechos”, afirma.

La campaña electoral de 2026 dejó al descubierto una discusión que atraviesa desde hace décadas la vida pública peruana. Cada vez que determinados sectores cuestionan la capacidad de las poblaciones andinas o amazónicas para elegir a sus representantes, participar en la política o movilizarse en defensa de sus demandas, no solo ponen en duda una decisión electoral, también revelan los límites de una democracia que todavía no termina de reconocer a todos sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos con igual capacidad para intervenir en el destino colectivo del país.

Los testimonios recogidos muestran que detrás de los ataques y estigmatizaciones existe algo más profundo que una disputa coyuntural entre candidatos o partidos. Persisten viejas jerarquías que establecen quiénes son considerados interlocutores legítimos y quiénes deben limitarse a obedecer decisiones tomadas desde otros sectores. En un país marcado por profundas desigualdades territoriales, sociales y culturales, la representación política sigue siendo también una disputa por el reconocimiento. No se trata únicamente de quién ocupa un cargo público, sino de quiénes son considerados dignos de ejercer poder, influir en las decisiones nacionales y ser escuchados sin que su origen, su lengua o el lugar donde viven se conviertan en motivo de descalificación.

Para Yolanda Flores Montoro, la respuesta frente a estos intentos de exclusión no pasa por el silencio ni por el repliegue, sino por participar de manera directa en los ámbitos donde se definen las decisiones que afectan a las regiones y a sus comunidades. “Nosotras vamos a entrar a esos espacios. Tiene que estar nuestra voz en esos espacios porque nosotras somos quienes estamos en los territorios, convivimos con agua envenenada y somos las que cuidamos la biodiversidad. Entonces, sí o sí tenemos que estar en esos espacios”. Puntualiza con firmeza.

En marzo de 2026, una interrupción en el sistema de transporte de gas natural del país obligó a adoptar medidas extraordinarias para preservar el abastecimiento interno^[1]. La contingencia afectó temporalmente el suministro a determinados usuarios industriales, generadores eléctricos y estaciones de gas natural vehicular. Miles de conductores que utilizaban Gas Natural Vehicular (GNV) tuvieron que recurrir temporalmente a combustibles más costosos, mientras algunas industrias intensivas en consumo energético redujeron o paralizaron parcialmente operaciones^[2]. Asimismo, determinadas centrales termoeléctricas enfrentaron mayores costos al sustituir gas natural por diésel. Aunque los efectos fueron temporales, el episodio puso en evidencia cómo una interrupción energética puede trasladarse rápidamente a la economía y, finalmente, afectar a sus ciudadanos.

La situación coincidió con un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos debido a las tensiones en Medio Oriente y la preocupación global respecto de la seguridad de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz^[3]. Ambos eventos, aunque de naturaleza distinta, recordaron una realidad que suele pasar desapercibida en tiempos de normalidad: la energía continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las economías modernas y para el bienestar de la población.

Durante los últimos años, gran parte del debate energético internacional se concentró en la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones^[4]. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que la transición energética no puede analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental. La disponibilidad de energía, la resiliencia de las infraestructuras críticas, la confiabilidad de los sistemas de suministro y la capacidad de respuesta frente a contingencias han vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública nacional.

La seguridad energética ha dejado de ser una preocupación exclusiva de especialistas para convertirse en un componente esencial de la seguridad económica y social de los países. La experiencia de Europa tras la invasión rusa a Ucrania, las tensiones recurrentes en Medio Oriente, la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, así como el incremento sostenido de la demanda energética impulsada por la digitalización y la inteligencia artificial, han puesto en evidencia que la energía seguirá siendo un recurso estratégico durante las próximas décadas.

En este contexto, resulta interesante preguntarse qué significa la seguridad energética para un país como el Perú. A pesar de contar con importantes recursos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo y un significativo potencial para el desarrollo de energías renovables, el país mantiene desafíos estructurales asociados a la concentración de infraestructura crítica, brechas de acceso entre regiones, dependencia de determinados combustibles importados y dificultades para transformar plenamente su potencial energético en bienestar para toda la población.

La tesis de este artículo parte de la premisa que el principal desafío energético peruano no radica en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad institucional para transformarlos en acceso, resiliencia y bienestar para la población. Asimismo, sostiene que una transición energética inclusiva requiere superar la falsa dicotomía entre sostenibilidad y seguridad energética, construyendo una visión de largo plazo que coloque al ciudadano en el centro de la planificación energética.

El regreso de la seguridad energética al centro del debate global

Durante varios años, gran parte de la discusión energética global estuvo orientada hacia la transición energética y la reducción de emisiones^[5]. Gobiernos, organismos multilaterales y sector privado comenzaron a redefinir estrategias para acelerar la incorporación de energías renovables, electrificar sectores intensivos en combustibles fósiles y avanzar hacia objetivos de neutralidad de carbono. En el sector minero, por ejemplo, se acota una término muy usado, pero poco comprendido “la descarbonización”.

Hoy la discusión energética ya no se limita a cómo reducir emisiones. Los acontecimientos recientes han recordado que la transición energética ocurre en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y riesgos sobre cadenas de suministro. En ese contexto, la seguridad energética es un punto importante en la agenda global. Miremos por ejemplo lo que sucede en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. La posibilidad de interrupciones en esta ruta estratégica genera preocupación inmediata en los mercados internacionales y muestra una alta dependencia que todavía existe respecto de determinadas infraestructuras críticas. Más allá de las fluctuaciones coyunturales de precios, estos episodios dan cuenta de la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro energético.

Al mismo tiempo, la demanda mundial de energía continúa creciendo^[6], contrariamente a algunas proyecciones formuladas hace una década, la expansión de las energías renovables no ha eliminado la necesidad de hidrocarburos, siguen muy presentes. La electrificación de la economía, el crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y la digitalización de múltiples actividades económicas están impulsando un incremento significativo en la demanda energética.

En este contexto ha ganado espacio el concepto de “adición energética”, planteado por el CEO de Aramco^[7], para describir una realidad en la que la transición no implica una sustitución inmediata de unas fuentes por otras, sino la incorporación progresiva de nuevas tecnologías a una matriz energética más amplia y diversificada. Las energías renovables continúan expandiéndose, pero aún requieren sistemas de respaldo que garanticen confiabilidad cuando su generación es variable. Por ello, el gas natural sigue cumpliendo un rol relevante en sistemas eléctricos con alta participación de fuentes intermitentes, mientras que el petróleo continúa siendo difícil de reemplazar en sectores como transporte pesado, petroquímica, aviación y agricultura.

La competencia entre Estados Unidos y China refuerza esta tendencia. Mientras China consolida posiciones estratégicas en tecnologías limpias y minerales críticos, Estados Unidos impulsa inversiones masivas en inteligencia artificial e infraestructura digital, actividades que demandan cantidades crecientes de energía confiable. El resultado es una paradoja aparente: el mundo avanza hacia sistemas energéticos más limpios, pero simultáneamente requiere mayores niveles de seguridad de suministro.

Para América Latina, este escenario representa una oportunidad y un desafío. La región concentra recursos energéticos y minerales que serán necesarios tanto para la seguridad energética como para la transición energética global. Sin embargo, la existencia de recursos no garantiza desarrollo. La capacidad para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar beneficios para la población dependerá cada vez más de la calidad institucional y de la claridad de las políticas públicas que desarrollen nuestras autoridades.

Transición energética en el mundo real: sostenibilidad, desarrollo y seguridad energética

Como se ha explicado, la transición energética se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados en el debate público global. Sin embargo, existe una tendencia a asumir que tiene el mismo significado para todos los países, cuando las condiciones de partida son claramente distintas. Para las economías desarrolladas, la discusión suele centrarse en la sustitución progresiva de combustibles fósiles por fuentes renovables, la electrificación del transporte y la descarbonización de procesos industriales. En muchos casos, estos países cuentan con altos niveles de cobertura energética, infraestructura consolidada y acceso a financiamiento para implementar cambios estructurales en sus matrices energéticas.

La realidad de los países en desarrollo, como el Perú, es diferente. Así como hay objetivos ambientales que nos hemos propuesto cumplir, enfrentamos desafíos relacionados con el acceso a la energía, la reducción de la pobreza energética, la competitividad de los sectores productivos y la necesidad de garantizar un suministro confiable para millones de ciudadanos. El caso peruano refleja con claridad esta tensión. El Perú representa aproximadamente el 0,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero^[8].

Este dato no lo exime de contribuir a los esfuerzos internacionales contra el cambio climático; por el contrario, al ser un país altamente vulnerable a sus efectos, refuerza la necesidad de avanzar hacia una matriz más sostenible. Sin embargo, también obliga a formular una pregunta legítima: ¿cómo hacerlo sin comprometer el acceso a energía, la competitividad económica y el bienestar de la población? La respuesta probablemente no se encuentre en posiciones extremas. Ni en la idea de mantener indefinidamente el modelo energético actual ni en la expectativa de una sustitución inmediata de los hidrocarburos.

La evidencia internacional muestra que la transición energética está ocurriendo en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda global de energía. Las energías renovables continuarán expandiéndose, pero ello no implica necesariamente una desaparición inmediata de otras fuentes energéticas. Más bien, nuevas tecnologías se incorporan a una matriz cada vez más diversificada.

Dicho esto, el gas natural continúa desempeñando un papel relevante globalmente por su menor intensidad de emisiones respecto de otros combustibles fósiles, su capacidad para respaldar sistemas eléctricos y su contribución a la seguridad energética explican por qué sigue siendo considerado una fuente importante durante las próximas décadas. Lo mismo ocurre con el petróleo. Aunque la transición energética reducirá progresivamente su participación relativa en determinados sectores, continúa siendo un insumo fundamental para transporte, petroquímica, aviación, agricultura y producción industrial.

Por ello, el debate no debería plantearse como una elección entre hidrocarburos o energías renovables. El verdadero desafío consiste en determinar cómo aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles mientras se avanza hacia sistemas más limpios, resilientes y eficientes. Una transición energética inclusiva debe equilibrar objetivos ambientales con necesidades económicas y sociales. De lo contrario, corre el riesgo de ampliar brechas existentes o trasladar costos desproporcionados a los sectores más vulnerables.

La paradoja peruana: recursos abundantes y vulnerabilidad persistente

Es una paradoja que nuestro país disponga de importantes recursos naturales, incluyendo gas natural, petróleo y un considerable potencial renovable pero que, sin embargo, continúa enfrentando vulnerabilidades que afectan su seguridad energética. Camisea ha sido uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia peruana que permitió transformar la matriz energética nacional, reducir costos de generación eléctrica, impulsar el uso del gas natural y disminuir parcialmente la dependencia de combustibles importados.

Sin embargo, los avances alcanzados no han eliminado completamente las vulnerabilidades estructurales del sistema energético peruano. Una parte importante del abastecimiento nacional continúa dependiendo de combustibles importados, particularmente diésel y GLP, cuyos precios están expuestos a las fluctuaciones internacionales.

En el caso del petróleo, el Perú mantiene un déficit estructural entre producción y consumo que se ha ampliado en los últimos años. En 2025, la producción nacional se ubicó en aproximadamente 44 mil barriles diarios, mientras que el consumo se mantiene en niveles cercanos a 260 mil barriles diarios, lo que implica que el país produce menos del 20% de su demanda interna de crudo. Esta brecha obliga a depender de importaciones para cubrir la mayor parte del consumo de combustibles líquidos, especialmente en el sector transporte, donde el diésel tiene un peso dominante.

En paralelo, la demanda interna continúa creciendo mientras la producción enfrenta limitaciones estructurales, como la baja inversión en exploración y la reducción progresiva de campos maduros. Esta tendencia también se extiende al caso del GLP, donde la producción local de líquidos de gas natural muestra una tendencia a la baja, mientras que la demanda crece a doble dígito, lo que obliga a incrementar las importaciones para cubrir el déficit. En sumatoria, este desbalance entre producción y consumo configura una dependencia estructural del mercado internacional de combustibles, lo que expone al país no solo a la volatilidad de precios, sino también a riesgos logísticos y geopolíticos que pueden afectar la seguridad energética.

La contingencia registrada en marzo de 2026 puso nuevamente de manifiesto esta realidad y evidenció que, a pesar de ser un país con recursos energéticos significativos, tenemos situaciones de vulnerabilidad en el sistema cuando enfrenta interrupciones en infraestructura crítica. Aprendimos, entonces, que la seguridad energética no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también, de la resiliencia de los sistemas que permiten transportar, almacenar y distribuir dichos recursos.

La situación resulta aún más compleja cuando se analiza la evolución de la exploración de hidrocarburos en el Perú. Durante los últimos años se ha observado una reducción significativa de la actividad exploratoria. Tenemos solo G contratos de exploración vigentes el más reciente e importante es el de Anadarko en el zócalo en el norte donde, además, han retornado empresas como Oxy y Chevron. La disminución de contratos de exploración y explotación genera preocupación respecto de la capacidad futura del país para incorporar nuevas reservas y sostener niveles adecuados de producción.

La discusión sobre exploración suele abordarse exclusivamente desde una perspectiva económica o empresarial, pero también posee una dimensión vinculada a la seguridad energética, toda vez que un país que deja de explorar aumenta progresivamente su exposición a mercados internacionales y reduce sus márgenes de autonomía frente a escenarios de volatilidad global. A ello se suma la distribución desigual de los beneficios energéticos debido a que algunas regiones han accedido de manera más directa a los beneficios asociados al desarrollo del gas natural (por ejemplo: Lima), otras continúan enfrentando mayores costos energéticos o limitaciones de acceso a infraestructura moderna (por ejemplo, Cusco de donde precisamente se extrae el recurso). La paradoja peruana es que somos un país con recursos energéticos relevantes pero que aún continúa enfrentando vulnerabilidades asociadas al acceso, la resiliencia y la seguridad de suministro.

Gobernanza: el verdadero cuello de botella

A lo largo de los últimos años, gran parte del debate hidrocarburífero peruano se ha concentrado en la necesidad de atraer inversiones, incrementar la exploración de hidrocarburos, ampliar la infraestructura o acelerar el despliegue de nuevas tecnologías.

Sin embargo, debe reconocerse que hay una limitada capacidad institucional para convertir recursos y oportunidades en resultados concretos para la población, es decir, cerrar sus brechas energéticas. Esta situación sugiere que el principal desafío energético peruano no es geológico, sino institucional. La gobernanza energética involucra la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas coherentes, coordinar entidades, generar reglas previsibles, otorgar permisos oportunamente y mantener una visión estratégica que trascienda los ciclos políticos. Uno de los problemas recurrentes es la fragmentación institucional, lo que hemos visto es que las decisiones energéticas involucran múltiples entidades con competencias distintas y objetivos que no siempre se encuentran adecuadamente articulados.

A ello se suma la alta rotación de autoridades y funcionarios en sectores estratégicos como el Ministerio de Energía y Minas donde tuvo una rotación excepcionalmente alta: 12 gestiones en menos de cinco años, con una permanencia promedio de alrededor de 4.8 meses que demuestra un escenario sectorial de baja continuidad directiva y explica por qué agendas estructurales hidrocarburos, transmisión eléctrica, formalización minera, MAPE, Petroperú, masificación del gas, permisos y seguridad energética han tenido dificultades para sostener una línea de política pública estable. La discusión sobre permisos constituye otro ejemplo. El desafío no consiste en reducir estándares ambientales o sociales, sino en lograr que los procedimientos sean técnicamente sólidos, transparentes y oportunos. Las consecuencias de estas debilidades institucionales trascienden el ámbito empresarial. Cuando un proyecto energético se retrasa o no se ejecuta, también se postergan oportunidades de acceso a energía, desarrollo económico, generación de empleo e infraestructura.

Por ello, cualquier estrategia orientada a fortalecer la seguridad energética peruana debe incorporar una agenda de fortalecimiento institucional. En última instancia, la discusión sobre gobernanza trata sobre la capacidad del Estado para garantizar que los recursos energéticos del país se traduzcan efectivamente en bienestar para la población.

Seguridad energética y bienestar ciudadano: el desafío de cerrar las brechas energéticas

Las discusiones sobre seguridad energética suelen desarrollarse alrededor de conceptos como reservas, infraestructura, exploración o mercados internacionales. Sin embargo, el objetivo final de cualquier política energética debería ser mucho más simple: garantizar que las personas tengan acceso a energía segura, confiable, moderna y asequible.

Desde esta perspectiva, la energía deja de ser únicamente una variable económica para convertirse en un factor determinante del bienestar. La posibilidad de estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, conservar alimentos, comunicarse o desarrollar actividades productivas depende de la disponibilidad de energía en condiciones adecuadas. Esta visión se encuentra recogida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que plantea la necesidad de garantizar el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna.

En el Perú, los avances alcanzados durante las últimas décadas han sido significativos. La expansión de la cobertura eléctrica, el desarrollo de Camisea y diversos programas de inclusión energética han contribuido a mejorar las condiciones de acceso para millones de ciudadanos. Sin embargo, estos avances conviven con brechas que todavía afectan a amplios sectores de la población. La pobreza energética constituye una de las expresiones más visibles de esta situación porque no se limita a la ausencia de electricidad, sino también puede manifestarse cuando una familia debe destinar una proporción importante de sus ingresos al pago de energía, cuando depende de combustibles contaminantes para cocinar o cuando enfrenta restricciones para acceder a fuentes modernas de energía.

Por ello, la discusión sobre seguridad energética no puede limitarse a garantizar que exista suficiente energía en términos agregados. También debe preguntarse quiénes tienen acceso a ella, en qué condiciones y a qué costo. Instrumentos como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) han desempeñado un papel relevante para llevar energía a los más pobres. Sin embargo, la magnitud de los desafíos plantea preguntas legítimas respecto de la suficiencia de los mecanismos actuales para cerrar las brechas energéticas existentes.

La respuesta probablemente requiera una combinación de herramientas que integren: expansión de redes donde resulte viable, soluciones descentralizadas para zonas aisladas, infraestructura moderna, subsidios focalizados y una mejor articulación entre políticas energéticas y políticas de desarrollo territorial. Más allá de las tecnologías específicas, existe un principio común que debería orientar la política energética: el ciudadano debe ocupar un lugar central en la toma de decisiones.

Política Energética al 2050: una visión centrada en el ciudadano

Entonces, frente a los dilemas antes explicados, resulta claro que las transformaciones que atraviesa el sector energético mundial obligan a repensar el papel de la política energética en el Perú. La Política Energética Nacional al 2050 representa una oportunidad para construir una visión de largo plazo capaz de articular seguridad energética, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano.

La seguridad energética debe ocuparse de acelerar el cierre de brechas de acceso donde a pesar de los avances registrados durante las últimas décadas, persisten diferencias importantes entre regiones y debe ser capaz de fortalecer la resiliencia del sistema energético. Los acontecimientos recientes han demostrado que la seguridad energética no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también de la capacidad de anticipar riesgos, diversificar fuentes de suministro y responder eficazmente ante contingencias.

Asimismo, en cuanto a la sostenibilidad debemos garantizar que la transición energética contribuya simultáneamente al medio ambiente y al desarrollo económico. Para ello será necesario aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles, incluyendo gas natural, petróleo y energías renovables. Finalmente, la política energética deberá fortalecer su dimensión institucional. Ninguna estrategia será sostenible en el tiempo sin organismos técnicos sólidos, reglas previsibles y mecanismos eficaces de coordinación.

Recientemente, una norma del Ministerio de Energía y Minas^[9] ha postergado la actualización de la política energética nacional hasta el año 2028. En la práctica, ello implica que el país continuará operando bajo una visión de largo plazo diseñada hace más de una década, en un contexto que ha cambiado de manera significativa en términos tecnológicos, ambientales y geopolíticos. Esta brecha temporal entre planificación y realidad plantea desafíos relevantes para la toma de decisiones, especialmente en un entorno marcado por la transición energética, el crecimiento de la demanda y mayores exigencias en seguridad de suministro.

En síntesis, la discusión energética del futuro no debería centrarse exclusivamente en qué fuentes energéticas utilizar, sino en cómo garantizar que la energía llegue de manera segura, confiable, sostenible y asequible a todos los ciudadanos.

Conclusiones

Los acontecimientos registrados durante los últimos años han devuelto la seguridad energética al centro del debate global. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados energéticos, el crecimiento de la demanda mundial de energía y los desafíos asociados a la transición energética han puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas capaces de garantizar suministro confiable en contextos de creciente incertidumbre.

El caso peruano refleja con claridad esta realidad porque a pesar de contar con importantes recursos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo y un significativo potencial renovable, el país continúa enfrentando desafíos relacionados con la resiliencia de su infraestructura, la persistencia de brechas energéticas y la necesidad de fortalecer su institucionalidad.

La contingencia ocurrida en marzo de 2026 con el ducto de transporte de gas natural evidenció que la seguridad energética no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también de la capacidad del sistema para responder adecuadamente frente a interrupciones y eventos imprevistos. La capacidad institucional para transformarlos en bienestar para la población exige fortalecer la gobernanza, promover inversiones responsables, desarrollar infraestructura resiliente y consolidar políticas públicas orientadas al cierre de brechas.

Finalmente, el éxito de la política energética no debería medirse únicamente por la cantidad de energía producida, las inversiones ejecutadas o las emisiones reducidas, sino por su capacidad para garantizar que más ciudadanos accedan a energía segura, confiable, asequible y sostenible. Porque el propósito de cualquier sistema energético es producir energía por sí misma, sino contribuir al bienestar y al desarrollo de las personas.

^[1] TGP: 02 de marzo https://www.tgp.com.pe/wp-content/uploads/202C/03/Comunicado-TGP-02.03.2C.pdf  

^[2] Infobae Perú, 22 de marzo de 202C: https://www.infobae.com/peru/202C/03/22/osinergmin-cedera-ante-tgp/

^[3] International Energy Agency, “The Middle East and Global Energy Markets”, 202C.

^[4] International Energy Agency, World Energy Outlook 2024 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024

^[5] International Energy Agency (IEA). (2024). World Energy Outlook 2024. Paris: IEA.

^[6] International Energy Agency. (2025). Global Energy Review 2025 – Global trends. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/global-trends

^[7] Aramco. (2025). Remarks by Amin H. Nasser at the 2025 Energy Intelligence Forum. Londres, 13 de octubre de 2025. https://www.aramco.com/en/news-media/speeches/2025/remarks-by-amin-h-nasser-at-the-2025-energy-intelligence-forum

^[8] Ministerio del Ambiente del Perú. (2025). Intervención de la representante del MINAM ante la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático del Congreso de la República, citada en Congreso de la República del Perú, “Informan sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, C de junio de 2025. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/informan-sobre-reduccion-de-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero/

^[9] https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/7812965-074-2026-minem-dm

En esta conversación, Espinoza analiza la relación entre el poder político y la administración de justicia, cuestiona la ampliación de la competencia del fuero militar policial para juzgar delitos cometidos contra civiles y expresa su preocupación por lo que considera un progresivo deterioro de los controles democráticos. A la vez, explica las acciones legales que ha iniciado tras su inhabilitación y expone las prioridades que busca impulsar desde el Colegio de Abogados de Lima.

Delia Espinoza ingresó al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Recuerda que ese día su familia le entregó una tarjeta de felicitación donde una de sus sobrinas escribió: “Tía, felicitaciones. De aquí hasta la Fiscalía de la Nación”. Hoy, insiste en que buscará regresar al Ministerio Público. “Mientras haya vida, siempre hay esperanza”.

Como abogada y como integrante durante tantos años del sistema de justicia, ¿recuerda alguna situación en la que el Poder Legislativo haya influido tanto en los asuntos de la justicia como ahora?

Respecto a la injerencia del Congreso, por supuesto que la he visto. Ingresé al Ministerio Público en 1996, durante la dictadura de los noventa, y esa influencia era evidente. Después, a partir del año 2000, se reveló con mayor claridad lo ocurrido en el Ministerio Público, incluida la persecución de actos de corrupción cometidos por la entonces fiscal de la Nación, Blanca Nélida Colán, y por diversos fiscales que terminaron procesados penalmente. Todo eso fue consecuencia de una grave injerencia política del poder de turno para someter la justicia, buscando impunidad, blindaje y que la ley se aplicara para unos, pero no para otros. Esa situación no terminó en 2001, 2002 o 2003. La injerencia política también se ha materializado de otra manera: al Ministerio Público no se le ha otorgado el presupuesto que, de forma técnica y sustentada, solicita año tras año. ¿Quién determina ese presupuesto? El poder político, específicamente el Poder Legislativo. Generalmente se aprueba menos de la mitad de lo solicitado. El año pasado, por ejemplo, se otorgó apenas la quinta parte del presupuesto requerido.

Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia se debilita y comienza la persecución de operadores de justicia.

Ese debilitamiento impide contar con suficientes fiscales, asistentes, médicos legistas, peritos, personal especializado y logística para brindar una correcta administración de justicia. Lo mismo ocurre en el Poder Judicial. ¿Sabía usted que hay audiencias programadas hasta el año 2028? ¿Qué clase de justicia es esa?

Cuando los procesos demoran tanto, la verdad termina escapándose. El testigo ya no quiere acudir, fue intimidado o corrompido. El agraviado deja de creer en la justicia. Los peritos ya no recuerdan los hechos. Todo eso termina provocando el archivo de los casos.

Por eso la injerencia política es peligrosa. Donde no existe una verdadera democracia, la justicia se debilita. La democracia exige que se respete la separación de poderes. Cuando esa separación desaparece, el sistema de justicia no solo se debilita, sino que además comienza la persecución de operadores de justicia. Primero fueron los fiscales y ahora son los jueces, simplemente por hacer correctamente su trabajo, aplicar el control difuso o perseguir el delito.

Mientras tanto, otros fiscales, que tienen carpetas vinculadas a casos de cuello blanco, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, criminalidad organizada o nexos con corrupción política, permanecen en sus cargos. Parece que ese es ahora el requisito para mantenerse en funciones. Es el mundo al revés.

Pareciera que no existe forma de frenar esa injerencia del Poder Legislativo en el sistema de justicia. ¿Hay alguna manera de ponerle un límite a esta injerencia?

Hasta el 28 de julio, con el Congreso que tenemos, la situación es realmente muy grave. Este Congreso es el origen de todo lo que estamos comentando. Ha actuado en clara coordinación —por no decir contubernio— con la Junta Nacional de Justicia, que empezó conmigo cuando decidió apartarme con argumentos totalmente ridículos y continúa persiguiéndome. También está el Tribunal Constitucional, que ya ha mostrado su verdadera cara. Hablo de la mayoría de sus integrantes, porque considero que el magistrado Manuel Monteagudo es el único que mantiene una posición verdaderamente honorable. A ello se suma un defensor del pueblo que, en mi opinión, no defiende a nadie.

Con ese escenario institucional, lo único que queda es esperar pacientemente. Tengo esperanza en el nuevo Congreso. Además, dado que la señora Keiko Fujimori será la próxima presidenta. Ella tiene una oportunidad de oro para hacer las cosas bien. Si gobierna con una mirada democrática, respetando los derechos humanos, el Estado de derecho y la institucionalidad, puede marcar una diferencia. Espero, además, que no pretenda retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, porque eso solamente lo hacen los Estados dictatoriales, no los democráticos.

Pero lo que usted plantea parece un acto de fe. El discurso que ha sostenido y el comportamiento de su bancada no parecen orientarse hacia ese camino.

Puede parecer así, pero hay un detalle importante. Las personas que votaron por ella no lo hicieron para tener un gobierno que concentre todo el poder ni para permitir abusos o arbitrariedades. La ciudadanía votó, sobre todo, porque está desesperada por recuperar la seguridad. Está cansada de las extorsiones, de los sicarios y de la delincuencia.

Pero también existe un enorme malestar porque muchos altos funcionarios del poder político nunca enfrentan verdaderas consecuencias legales. La ley se aplica con firmeza al carterista, al ladrón de celulares o al estafador. Sin embargo, cuando los delitos involucran a las más altas autoridades, la población percibe que no existen sanciones. Eso también espera la ciudadanía: que haya justicia para todos.

En nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Ahora bien, en nombre de la seguridad ciudadana no se puede sacrificar la democracia. Ya vivimos algo parecido durante la época del terrorismo. Nadie desconoce el sacrificio de las Fuerzas Armadas y la Policía, pero también hubo una estrategia equivocada que arrasó poblaciones enteras bajo la lógica de que, si entre los muertos aparecían dos o tres terroristas, el objetivo estaba cumplido. Esa no es la manera de enfrentar un fenómeno criminal.

Lo mismo ocurre hoy con la inseguridad ciudadana. La población no va a tolerar que empiecen a morir justos por pecadores ni que se gobierne con discursos de barrer o eliminar personas calificándolas de prevaricadores o enemigos. Eso no es democrático: siembra odio, polarización y discriminación. En esa línea, el Congreso aprobó en segunda votación la reforma del Código Penal y del Código Procesal Penal para que los hechos cometidos por militares o policías, incluso cuando ocurran en la vía pública o involucren lesiones o muertes de civiles, sean conocidos por el fuero militar policial. Desde mi punto de vista, esa norma es inconstitucional desde el inicio, porque vulnera el artículo 139, inciso 1, de la Constitución, que establece la unidad y exclusividad de la función jurisdiccional. La función de juzgar corresponde al Poder Judicial. Excepcionalmente puede existir justicia arbitral o militar. La justicia militar existe para conocer delitos de función: por ejemplo, una deserción en un contexto bélico o durante el servicio militar. Pero un homicidio, unas lesiones o cualquier delito común cometido contra un civil no constituyen delitos de función. Cuando la víctima es un civil, ese caso no puede quedar sometido a la jurisdicción militar.

Desde el Colegio de Abogados, ¿hay algo que se pueda hacer para prevenir, anular o contrarrestar este tipo de leyes?

Sí. Lo primero, y ya lo he encargado, es emitir un pronunciamiento de total rechazo frente a esta evidente inconstitucionalidad. En segundo lugar, vamos a evaluar una demanda de inconstitucionalidad. Sin embargo, tengo dudas y desconfianza respecto al Tribunal Constitucional. Por eso esa decisión será evaluada con la Junta Directiva.

Existe una tercera alternativa que resulta más práctica, aunque no pueda impulsarse de inmediato porque el Congreso actual simplemente la archivaría: presentar un proyecto de ley ante el nuevo Congreso para derogar esta norma. Personalmente me inclino más por esa opción, porque una demanda de inconstitucionalidad podría significar perder tiempo y esfuerzos. Podrían mantenerla durante meses sin resolverla o darle la espalda, como ya ocurrió con la ley de lesa humanidad, la ley de extinción de dominio y otras normas similares.

Y, por supuesto, es fundamental que la ciudadanía permanezca alerta. Hay muchas formas de manifestarse: a través de las redes sociales, de los medios de comunicación, mediante intervenciones públicas. La población debe ser una voz constante y vigilante, porque el poder pertenece a todos y el país también. Guardar silencio frente a estos riesgos termina siendo una forma de complicidad.

Pensemos, por ejemplo, en el caso del menor de Manchay, que murió con evidentes signos de tortura. Si esta ley llega a promulgarse, ese caso probablemente pasaría al fuero militar policial. Y eso es gravísimo. Incluso los procesos que actualmente ya se encuentran en trámite dentro de la justicia ordinaria podrían terminar siendo trasladados al fuero militar si el investigado plantea una contienda de competencia. Imagínese lo que ocurriría con los casos de violaciones a los derechos humanos durante las protestas sociales. También pasarían al fuero militar los procesos por graves violaciones cometidas entre las décadas de 1980 y 2000, el caso del menor de Manchay, Cotabambas, los cinco jóvenes deportistas y muchos otros. Eso sería un verdadero descalabro.

Si esa norma finalmente entra en vigencia, creo que estaremos dando pasos muy serios hacia una dictadura. Por eso insisto en que el nuevo Congreso debe tomar una decisión firme y detener todo lo que se viene haciendo. Si las agrupaciones políticas que han logrado la reelección deciden continuar por el mismo camino, el país puede convertirse en una olla de presión.

Ante el escenario que usted describe, ¿cómo entiende hoy el rol de la decana del Colegio de Abogados?

Para mí representa una verdadera ráfaga de aire fresco, no solamente en lo personal, sino para todos los abogados. La votación que recibí fue muy amplia y la interpreto como un mensaje muy claro de mis colegas. Creo que el respaldo que recibí me brinda tranquilidad, confianza y seguridad para asumir este momento. Basta aplicar un razonamiento elemental para comprender qué significa defender la democracia: exigir separación de poderes, equilibrio, autonomía institucional, Estado constitucional de derecho y respeto por los derechos humanos.

Cuando alguno de esos elementos comienza a debilitarse, inevitablemente empezamos a desplazarnos hacia el otro extremo, que es la dictadura. ¿Y qué caracteriza a una dictadura? La arbitrariedad, los abusos, las persecuciones, la utilización del sistema judicial para perseguir selectivamente a determinadas personas, las desapariciones, las detenciones sin debido proceso. También desaparece la tolerancia. En democracia uno puede discrepar. Podemos discutir, pensar distinto e incluso hacerlo con intensidad. En una dictadura eso no existe. Se impone la voluntad del gobernante o del grupo que concentra el poder y quienes piensan diferente deben callar, exiliarse o desaparecer.

Por eso yo veo dos escenarios muy claros a partir del 28 de julio. El primero sería que se corrija buena parte de todo lo que se ha venido haciendo mal: que se deroguen las leyes que favorecen la impunidad, que se atiendan realmente los problemas de seguridad ciudadana, que se legisle mejor y que el nuevo gobierno asuma con responsabilidad la defensa de la institucionalidad. Ese sería el escenario deseable.

El segundo escenario es que todo lo que este Congreso ha venido haciendo —y que considero actos preparatorios— continúe. Hace más de un año dije que los golpes de Estado ya no necesariamente requieren tanques en las calles. Hoy los golpes de Estado ocurren lentamente. Se va tomando el control de una institución, luego de otra, se van copando espacios de poder hasta cerrar completamente el círculo. Y creo que hoy prácticamente ese círculo ya está cerrado.

Si el nuevo gobierno decide continuar por ese mismo camino, el país terminará convirtiéndose en una olla de presión. Por eso ruego sinceramente que se produzca el primer escenario. Ojalá nos equivoquemos quienes hoy advertimos estos riesgos. Serán los hechos los que finalmente hablen.

Usted ocupa un cargo muy expuesto como el decanato del Colegio de Abogados y, si se concreta ese segundo escenario que usted describe, ¿no siente algún temor?

Sí, claro que existe preocupación. Pero hay algo muy importante: yo no estoy haciendo nada malo. No estoy enfrentándome a nadie por razones personales. No insulto ni critico sin fundamento. Todas las críticas que formulo están sustentadas estrictamente en el derecho. Cito los artículos de la Constitución, las convenciones internacionales y las normas aplicables. Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

Como abogada y decana del Colegio de Abogados, tengo la obligación de hablar desde el conocimiento jurídico. Nuestro deber es ser la voz y la conciencia jurídica de la nación, actuar con prudencia, respeto y altura, y convocar a la defensa de una verdadera democracia.

¿Temor? Claro que existe. Pero mientras tenga la conciencia tranquila de que estoy trabajando por mi gremio y por el país, ese temor no puede paralizarme. También tenemos una responsabilidad hacia la sociedad. Por eso emitimos pronunciamientos y concedemos entrevistas como esta, porque debemos seguir haciendo pedagogía ciudadana. Es importante que la población comprenda cómo funciona el Estado, para qué sirve la Constitución y por qué es importante defenderla. Tenemos que seguir explicándolo y permanecer atentos frente a leyes como la que acaba de aprobar el Congreso.

Yo estoy tranquila porque estoy actuando en defensa de la democracia y del Estado de derecho. Además, continúo impulsando mis procesos legales para regresar al Ministerio Público. No solamente como fiscal suprema, sino como fiscal de la Nación, porque fui apartada de ese cargo de manera absolutamente irregular.

Ya se publicó oficialmente su inhabilitación. ¿Cómo recibe esa decisión? ¿Qué caminos legales le quedan? ¿Existen todavía instancias nacionales o solo queda acudir al sistema internacional?

Ya mismo presentamos la demanda de amparo. Ya estaba prácticamente lista, pero como durante el día se publicó oficialmente mi inhabilitación en el diario oficial, incorporamos ese nuevo hecho antes de presentarla. Mi abogado, el doctor Rodolfo Pérez, la presentó el mismo día. Voy a agotar absolutamente todas las vías internas. Así como antes logré que se declarara fundada una acción de amparo contra la primera inhabilitación, ahora vamos a cuestionar esta segunda decisión. Existen vulneraciones constitucionales y afectaciones a mis derechos fundamentales: al debido proceso, a la imparcialidad y a otras garantías.

¿Sabe a qué le tengo más miedo? A traicionar mis propias convicciones. Desde muy niña fui educada por mis padres —que fueron maestros— en el respeto por los valores, por la rectitud y por la integridad moral. Sé perfectamente que existen riesgos, y son riesgos importantes. Pero yo no le he hecho nada a nadie.

Jamás le he faltado el respeto a ningún político. En cambio, sí he recibido todo tipo de agravios. Me han dicho ignorante, que no doy la talla, que no sirvo para el cargo y muchas otras cosas. Las opiniones pueden existir. La difamación es otra cosa. Por eso me vi obligada a iniciar acciones legales contra el señor Rospigliosi, porque también tengo derecho a defender mi honor y mi dignidad frente a afirmaciones absolutamente falsas.

Y si esa acción de amparo no prospera, ¿el único camino sería acudir a instancias internacionales?

Exactamente. Primero debe agotarse toda la vía interna. Eso significa llegar hasta el Tribunal Constitucional. Una vez agotado ese camino, corresponde acudir al sistema internacional. Yo voy a seguir cada una de esas etapas. Siento que Dios me ha puesto en este camino. Tal vez por eso hoy estoy en el Colegio de Abogados. He encontrado muchísimo trabajo por hacer y me siento satisfecha con lo que estamos impulsando. También sé que estos procesos legales demoran. Lo único que espero es que no exista interferencia política en mis casos.

También confío en que el nuevo Congreso deberá llamar a rendir cuentas tanto a la actual Junta Nacional de Justicia como al Tribunal Constitucional. Ambas instituciones tendrán que explicar por qué han actuado como lo han hecho. Lo mismo ocurre con el defensor del Pueblo. Todos ellos deberán explicar por qué han dejado de lado la Constitución.

Pensaba justamente en ese escenario más complejo. Si se agotaran las instancias nacionales y, además, el próximo gobierno cumpliera con retirar al Perú del Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ¿cuáles serían los principales riesgos?

El mayor riesgo sería que las autoridades nacionales retrasen deliberadamente los procesos judiciales hasta que el retiro del Perú del Sistema Interamericano se concrete. Esa podría ser una maniobra. Según entiendo, ese procedimiento toma alrededor de dos años desde que se denuncia la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Por eso estamos trabajando para que nuestros procesos avancen con la mayor rapidez posible. Necesitamos agotar la vía interna mientras el Perú todavía forme parte del sistema. Después ya no existiría otra posibilidad de acudir a una instancia internacional. Y solo quedaría esperar que, en algún momento, la democracia se recupere. Ojalá nunca tengamos que llegar a ese punto.

Si las circunstancias lo permitieran, ¿cuáles son las principales iniciativas que quisiera impulsar desde el Colegio de Abogados?

Lo primero sería insistir en la derogación de las llamadas leyes procrimen. Yo prefiero llamarlas leyes proimpunidad. Ese será uno de nuestros principales planteamientos.

También impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas. Tenemos esa atribución constitucional y queremos ejercerla.

Otro tema prioritario es la Constitución. Después de tantas reformas, considero que la Constitución de 1993 ha sido desfigurada. Se ha convertido en una especie de Frankenstein. Por eso creo que debe recuperarse el referéndum constitucional, para que la ciudadanía decida si quiere o no una nueva Constitución. No puede ser que, después de que la ciudadanía rechazó la bicameralidad y la reelección en el referéndum de 2018, esos cambios terminarán aprobándose mediante mecanismos parlamentarios. Esas decisiones corresponden al soberano, no a 130 congresistas. Cuando no existe vocación democrática, la voluntad popular deja de importar.

Cuando empezó su carrera profesional, ¿qué buscaba? ¿Qué esperaba del Ministerio Público?

Ingresé al Ministerio Público en 1996 como fiscal adjunta provincial provisional. Seis años después, en 2002, luego de concursar ante el entonces Consejo Nacional de la Magistratura, obtuve la titularidad como fiscal provincial. Recuerdo que cuando ingresé como adjunta era un cargo provisional y podían retirarme en cualquier momento.

[Desde el CAL] impulsaremos la derogación o reforma de normas relacionadas con la protección de la Amazonía y leyes que afectan gravemente el medio ambiente, así como la adhesión del Perú al Acuerdo de Escazú, que es un tema pendiente. Representantes de distintos sectores, incluso de otros colegios profesionales, buscan que el Colegio de Abogados impulse iniciativas legislativas.

Pero desde ese primer día empecé a ilusionarme. Tenía muchos planes, muchas ganas de aportar al país, especialmente en la lucha contra la corrupción. Fui avanzando paso a paso. 

Cuando quedó vacante la Fiscalía de la Nación, postulé. Mis colegas me eligieron. Y, sinceramente, sentí que era la gran oportunidad de mi vida. Llegué con un programa de trabajo muy sólido, con muchas ideas y con enormes ganas de transformar la institución. Lamentablemente, ese proyecto quedó truncado. Eso es lo que más pena me produce. No tanto por mí. Me duele por el Ministerio Público, pues estábamos haciendo las cosas bien. Estábamos limpiando la institución, en el buen sentido de la palabra: retirando progresivamente a quienes no debían permanecer allí, siempre respetando el debido procedimiento. Sin embargo, todo volvió atrás. Todo regresó prácticamente a foja cero. Han retornado personas muy cuestionadas, con denuncias y antecedentes que todos conocen. Ese retroceso es lo que realmente me duele.

A pesar de todo eso, ¿usted sigue teniendo fe en el Ministerio Público?

Claro que sí. A las instituciones se les respeta y también se les puede querer. Las críticas deben dirigirse contra las malas personas, no contra las instituciones. No todos los fiscales son iguales. Hay muchos fiscales provisionales que trabajan con enorme dedicación. También hay fiscales titulares muy comprometidos.

Ahora bien, si hablamos de la actual Junta de Fiscales Supremos, mi opinión es distinta. Ahí considero que todos tienen responsabilidad. Creo que muchos han preferido preservar su zona de confort. Y yo sostengo que, si uno es fiscal o magistrado y no tiene el valor de defender la autonomía de su institución ni la independencia de sus colegas, entonces debería dedicarse a otra actividad. Hay quienes ingresan porque el sueldo resulta atractivo, pero la verdadera vocación es otra cosa. Cuando uno ama su profesión, la defiende. Cuando solo se ama la comodidad o la estabilidad, el compromiso institucional desaparece.

Aun así, sigo queriendo profundamente al Ministerio Público. Allí pasé los mejores años de mi vida profesional. Mantengo la convicción de que voy a regresar. Tarde o temprano voy a volver. Confío en que el Estado de derecho terminará imponiéndose.

En estas circunstancias, esa confianza es también un acto de fe

Absolutamente. Mientras haya vida, siempre hay esperanza. Tengo una familia maravillosa que nunca me ha soltado la mano. Y también recibo muchísimo cariño de la gente y ese cariño alimenta el alma. Da fuerzas para seguir adelante.

¿Ese respaldo no la anima a participar en política?

Hoy no lo tengo previsto. Quizá cuando me jubile, después de regresar al Ministerio Público. Nunca hay que decir nunca. Pero mi prioridad sigue siendo volver a la Fiscalía, terminar mi gestión en el Colegio de Abogados y continuar la defensa de mis derechos para regresar como fiscal de la Nación. Voy a hacer respetar ese derecho. Pase lo que pase.

Como ya se había visto en ocasiones anteriores, la Policía tuvo una reacción violenta y desmedida contra los manifestantes, quienes tuvieron que enfrentar ataques con gases lacrimógenos, perdigones, golpes y detenciones arbitrarias. El resultado de esta violación del derecho a la protesta del 15 de octubre fue la muerte de Eduardo “Trvko” Ruiz y 120 personas heridas, incluyendo a 3 menores de edad y, al menos, 11 periodistas. El lente de Aldair Mejía, reconocido fotógrafo peruano, retrata momentos vividos ese 15 de octubre, en los cuales se evidencian la violencia y la resistencia de los manifestantes. Tras el fallecimiento de Eduardo “Trvko” Ruiz, decenas de personas salieron a las calles a modo de homenaje y vigilia, para rendir tributo al ciudadano que salió a protestar y no volvió a casa. Estas fotografías representan visualmente la convulsa situación social y política que atraviesa nuestro país, a puertas de una nueva temporada electoral.

Aprovechando su visita y su amplio conocimiento sobre Latinoamérica y sobre el Perú, surgió esta conversación en la que aborda, más allá del tema criminológico, la fragilidad de nuestra democracia.

Edgardo Buscaglia es presidente del Instituto de Acción Ciudadana en México; es director del International Law and Economic Development Center e investigador académico principal en derecho y economía en la Universidad de Columbia en Estados Unidos.

Profesor Buscaglia, usted conoce el Perú desde hace varias décadas. En este tiempo ha visto de cerca nuestra fragilidad democrática. Hoy, en vísperas de nuevas elecciones, ¿cómo percibe el panorama?

Perú es un país lleno de claroscuros institucionales. Por un lado, existen instituciones que están a la altura de las europeas, como el Banco Central de Reserva, que ha mantenido políticas técnicas y monetarias admirables: estabilidad inflacionaria, estabilidad de tasas de interés, manejo económico sólido incluso en medio de terremotos políticos. Es notable que un país con tanta inestabilidad política haya conservado una estabilidad económica tan envidiable, sobre todo si lo comparamos con Argentina o Venezuela.

Pero, por otro lado, tienen un problema gravísimo: pésimas prácticas de control de calidad de la clase política que llega al poder. Y, por supuesto, Perú no está solo en esto. Muchos países padecen cánceres de corrupción, abusos de autoridad y fallas de representatividad democrática. El origen de esos males está en la ley electoral.

El sistema electoral peruano comparte defectos con México y Argentina. Allí, como aquí, las candidaturas se eligen “a dedazo”, por decisión de caciques partidarios, jefes políticos o presidentes. Ese sistema no solo es antidemocrático, sino que abre las puertas a que la delincuencia organizada infiltre las listas. Empresas que buscan contratos públicos o leyes favorables —como Odebrecht, que ha hecho daño en media región— encuentran en esas listas cerradas un terreno fértil.

Cuando las candidaturas dependen del beneplácito de un jefe partidario, es mucho más fácil que quienes representen intereses criminales entren al sistema. En cambio, países como Francia o Chile tienen listas abiertas, con primarias internas auditadas. Allí, las precandidaturas se ganan conquistando votos de los miembros del partido, no besándole el anillo a nadie. Y además deben auditarse patrimonios y gastos de campaña, lo que reduce la infiltración criminal.

Estados Unidos, por ejemplo, tiene otros problemas —especialmente el financiamiento corporativo de campañas—, pero su sistema abierto permite que personas como Alexandra Ocasio-Cortez pasen de trabajar como mesera a convertirse en diputadas gracias al voto popular. No al dedazo. El Perú necesita una reforma así. No hará que entren santos, pero sí que entre gente normal, sin vínculos con redes criminales, gente que quiere trabajar por el país. Mientras eso no ocurra, la delincuencia organizada seguirá colocando a sus candidatos. Y cuando digo “delincuencia organizada”, no hablo solo de narcotraficantes con pistolas, sino de empresarios que compran decisiones del Estado, que capturan políticas públicas y licitaciones. 

Entonces, esa reforma es clave para terminar con la inestabilidad política causada por corrupción y abuso de autoridad. El Perú ha sido un caso constante en las noticias internacionales por esos motivos.

Muchos países padecen cánceres de corrupción, abusos de autoridad y fallas de representatividad democrática. El origen de esos males está en la ley electoral.

Y por la cantidad de presidentes que hemos tenido en los últimos diez años.

Sí, pero, aunque parezca paradójico decirlo, dentro de este panorama hay algo positivo: las instituciones judiciales peruanas reaccionan. Reaccionan mal, imperfectamente, con sesgos, pero reaccionan. En México, por ejemplo, no reaccionan. Allí existen casos de corrupción obscenos, incluso de presidentes o ministros de seguridad, y el sistema simplemente los protege. Yo denuncié a un ministro mexicano en 2007 y fueron las autoridades estadounidenses quienes finalmente lo detuvieron… nueve años después. El sistema mexicano nunca actuó. En el Perú, en cambio, hay reacciones. Desordenadas, sí; caóticas, sí, pero las hay. Y eso, dentro de lo malo, es bueno. No siempre son mafiosos quienes gobiernan; algunos son simples abusadores del poder. En México o Rusia la impunidad es estructural. En Perú los demonios se enfrentan, aunque sea imperfectamente.

E insistiré en que lo que corresponde ahora es atacar la raíz del problema: reformar la ley electoral para mejorar la calidad de la representación. La profesora Susan Rose-Ackerman, de Yale, con quien tuve la fortuna de formarme, demostró empíricamente que sistemas como el peruano atraen corrupción y crimen organizado; y que los sistemas con listas abiertas, primarias auditadas y competencia interna real atraen mejor gente, oxigenan la política y reducen la captura criminal. Nosotros replicamos esa hipótesis en muchos países y ayudamos a implementar reformas. Los resultados fueron claros: la delincuencia organizada lo tiene mucho más difícil para penetrar el Estado. Incluso casos similares a Odebrecht tuvieron menos margen. Lo hemos visto en 13 países, incluyendo Mozambique. 

Usted señala acertadamente que el Perú no es el único país con problemas de inestabilidad política y corrupción. Pero que varios países de la región atraviesen crisis simultáneas tiene también un efecto continental. Se han debilitado los proyectos regionales y la colaboración entre países. ¿Cómo podemos medir los efectos de esta crisis latinoamericana transnacional?

Esto de la cooperación interregional, internacional es un asunto importante. Empiezo por resaltar lo siguiente: Las leyes internacionales que combaten estos grandes cánceres —la delincuencia organizada, la corrupción pública y privada, el lavado de dinero— ya existen, y Perú las ha ratificado como un país soberano. Es decir, son ley peruana. Y no solo peruana: esas mismas leyes internacionales han sido aprobadas por más de 140 países. Por lo tanto, las reglas para combatir el crimen organizado y la corrupción son prácticamente las mismas en todo el mundo.

Esto es crucial porque las redes criminales no operan dentro de un solo país. La delincuencia organizada que vemos en Perú también está activa en 17, 18 o hasta 20 países. Cada vez que mi equipo y yo analizamos una causa penal en Perú, encontramos exactamente eso: la misma red, los mismos miembros, los mismos flujos criminales replicados en múltiples jurisdicciones. Por eso debería existir cooperación automática entre esos países para desmantelar estas redes transnacionales. Pero, lamentablemente, esa cooperación casi no existe. Ni los jueces peruanos ni los norteamericanos —ni muchos otros— tienden a colaborar internacionalmente, salvo que se les obligue. Muchas veces los países nos llevan de manera filantrópica precisamente para destrabar esa coordinación. 

Es aquí donde entran las leyes de la ONU: la Convención de Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada y la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Ambas están plenamente vigentes en Perú, en Argentina y en toda la región. Estas leyes no sólo autorizan la cooperación: la explican paso a paso. Dicen cómo coordinar, con quién coordinar, qué información compartir, en qué instancias hacerlo y bajo qué protocolos. Son extremadamente específicas. El problema es que casi no se usan.

Y quiero subrayarlo: estas no son leyes “impuestas” por burócratas de la ONU. Eso es una caricatura. Fueron redactadas palabra por palabra por las delegaciones de los más de 140 países firmantes. Perú estuvo ahí, enviando a un juez, a un fiscal y a un diplomático que contribuyeron técnicamente al texto final. Bolivia hizo lo mismo, Argentina hizo lo mismo, China también. Cada país llevó sus mejores prácticas para integrarlas al cuerpo normativo internacional. Así nacieron estas convenciones.

Lo que falta es un mecanismo que presione a los jueces a aplicar su propia ley. No hablamos de una norma externa: es una ley aprobada por los congresos nacionales. Si se aplicaran de manera consistente las convenciones de la ONU, la cooperación internacional que usted menciona sería no solo posible, sino inevitable. Y los efectos transnacionales de la crisis latinoamericana podrían enfrentarse con herramientas que hoy ya existen, pero que la región no se decide a usar.

Mis trabajos empíricos, recopilados durante casi treinta años, muestran algo muy claro: cuando se aplican los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada colapsa.

Resulta difícil para la ciudadanía entender esta falta de cooperación, en tanto de pronto se torna evidente que este vacío facilita la falta de acción contra el crimen internacional transnacional.  Dado que la ONU no puede sancionar a los países, ¿hay algún mecanismo externo que reactive la voluntad de cooperación?

La experiencia internacional muestra que existen dos grandes tipos de presión capaces de reactivar la cooperación contra el crimen transnacional. El primero es la presión social interna, y el segundo es la presión internacional generada por las investigaciones periodísticas. Cuando estos dos factores se combinan, los países comienzan a aplicar con mayor rigor las prácticas antimafia que ya existen en el derecho internacional.

Pongamos un ejemplo: si un funcionario roba dinero en su país y lo deposita en otro —un político peruano que envía fondos ilícitos a Francia, o un funcionario del Congo que envía cientos de millones a Suiza—, las convenciones de la ONU contra la corrupción permiten activar los mecanismos de recuperación de activos robados. Pero ese proceso casi siempre empieza porque la sociedad del país afectado presiona. La indignación social —esa presión que va de abajo hacia arriba— obliga a que los gobiernos y los sistemas judiciales respondan.

La segunda presión viene del periodismo transnacional. El caso de los Panama Papers es emblemático: más de cien periodistas de diferentes países revelaron cómo miles de personas ocultaban dinero robado en empresas pantalla en las Islas Caimán. La exposición pública de esos nombres generó presiones internacionales muy fuertes. Esa presión —que señalaba beneficiarios, cuentas, movimientos— obligó a que países europeos y americanos reaccionaran, y permitió que naciones como Brasil recuperaran activos que habían sido enviados al exterior, como ocurrió en el caso Odebrecht.

Cuando la gente sale a la calle, como ocurrió recientemente en Ciudad de México, paraliza simbólicamente al país y exige respuestas. Y cuando el periodismo investigativo internacional expone nombres y apellidos, países y cuentas, la presión se duplica. Sin esas presiones es muy difícil que la cooperación judicial internacional funcione. Y es indispensable que funcione, porque sin coordinación entre jueces y fiscales de distintos países no hay manera de desmantelar redes criminales transnacionales.

Permítame citar a Benjamin Franklin, uno de los fundadores de Estados Unidos. Al salir de la Convención Constituyente, una mujer le preguntó: “Dr. Franklin, ¿qué tipo de gobierno nos van a dejar?” Él respondió: “Una república, señora, si ustedes saben conservarla”. Esa frase sigue vigente: los ciudadanos deben movilizarse, apropiarse de la república, tomar cartas en el asunto. En paralelo, los periodistas deben trabajar en consorcios, nunca solos —porque investigar solo, en estos temas, significa exponerse demasiado—. Cuando los nombres salen a la luz, cuando se documenta quién robó, a dónde envió el dinero y cómo lo ocultó, los países ya no pueden mirar hacia otro lado. Es en esos momentos cuando empiezan a usar las leyes de la ONU que tienen a su disposición.

Mis trabajos empíricos, recopilados durante casi treinta años, muestran algo muy claro: cuando se aplican los artículos de las convenciones de la ONU, la delincuencia organizada colapsa. Colapsa porque pierde sus activos; y sin activos no puede operar. Sin galpones, sin vehículos, sin edificios, sin cuentas bancarias, estas redes simplemente no pueden funcionar. Y esos decomisos masivos solo se logran mediante cooperación internacional: jueces, fiscales, unidades financieras y hasta Interpol trabajando juntos.

Hay otro elemento clave: las políticas de acceso a derechos humanos. A veces se cree que los derechos humanos son un discurso, pero no. Son bienes y servicios concretos sin los cuales no se puede sobrevivir, como el acceso al agua, a la salud, a la vivienda. Son 58 los bienes básicos definidos por el derecho internacional. Cuando el Estado no garantiza esos bienes —como ocurre en regiones de México o en partes del Perú donde no hay agua potable—, la delincuencia organizada ocupa ese vacío, captura el tejido social cuando la gente está desesperada por sobrevivir y no tiene acceso a esos bienes y servicios esenciales.

Por eso insisto en que las buenas políticas de derechos humanos son también políticas antimafia. Y sin esa combinación —presión social, periodismo internacional y políticas sociales que cierren vacíos estructurales—, no se puede enfrentar seriamente al crimen transnacional.

Usted menciona la importancia del periodismo en la lucha contra la corrupción. Pero, por un lado, las empresas periodísticas están viviendo una crisis que ha tambaleado su modelo de negocio y, por otro, los medios independientes que recibían financiamiento de, por ejemplo, USAID, se ven debilitados y, por lo tanto, se debilitan también sus investigaciones. Esto me hace pensar en el rol político y económico de Estados Unidos en diversos ámbitos: la economía, la geopolítica o los programas sociales. Como están las cosas, con Trump en el gobierno, es válido cuestionar qué tan saludable es que el mundo dependa de Estados Unidos, ¿no cree?

Estados Unidos pasó de ser el promotor de un orden internacional basado en reglas —que podían gustarnos o no, pero que finalmente garantizaban el funcionamiento de un sistema— a ser hoy un factor de desestabilización. Antes existía un sistema global: el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, la ONU con su marco de leyes universales, la Organización Mundial del Comercio. Y Estados Unidos era el principal contribuyente de todas estas instituciones. No se trataba de idealizar ese orden, pero al menos existía un marco de referencia común.

Lo que está haciendo Donald Trump es boicotear ese orden, demolerlo. En la mente de Trump, ese pasado —un pasado idealizado, paternalista y blanco— es el modelo. Su idea de “Make America Great Again” es regresar a un mundo donde cada potencia tiene una esfera geográfica bajo su control. Es la lógica de la doctrina Monroe del siglo XIX: “América para los americanos”, es decir, para Estados Unidos. Rusia tenía su área de influencia, China la suya. Y Trump quiere volver a ese esquema. Ese enfoque explica su accionar en Ucrania. Lo que le interesa no es la soberanía ucraniana ni su estabilidad política; lo que quiere es poner fin al conflicto para que empresas norteamericanas puedan explotar las minas de tierras raras y minerales de Ucrania, que ya acordó abastecer a Estados Unidos. Sin esos minerales, Estados Unidos no puede competir con China en tecnología, producción militar o chips de última generación. China hoy es la potencia que refina la mayoría de esas tierras raras y podría cortar el suministro; eso paralizaría la industria tecnológica y militar estadounidense.

Lo mismo sucede con El Congo. No es pacifismo ni preocupación humanitaria. En El Congo están el cobalto, el uranio y otras tierras raras esenciales para mantener la supremacía tecnológica norteamericana. Trump interviene porque necesita esos recursos, y porque cada movimiento está guiado por negocios personales, familiares o asociados a las empresas que financiaron su campaña. Otro ejemplo es Argentina: cuando su economía colapsaba, Trump les otorgó más de 20 mil millones de dólares en swaps para sostener el peso. Pero no fue altruismo: fue a cambio de acceso a minerales estratégicos en el noreste del país, cerca de Chile. La lógica es siempre la misma: negocios, influencia y control de recursos clave.

Una vez asegurado el acceso a recursos estratégicos para alimentar industrias como Nvidia, Apple o la Fuerza Aérea norteamericana, Trump cree que el mundo debe organizarse en áreas de influencia: América Latina como un conjunto de “hermanitos menores” subordinados a la política exterior de Estados Unidos. De ahí su tono con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

Latinoamérica, que por fortuna no enfrenta guerras regionales, tendrá que adoptar políticas preventivas: reservas monetarias sólidas, reservas de alimentos, de energía y de suministros críticos para resistir las crisis globales.

En Venezuela ocurre algo similar. Nadie quiere a Maduro en el poder, pero la manera en la que Trump intenta desplazarlo, mediante acciones militares ilegales como atacar embarcaciones en el Caribe, no es la correcta. Es tan grave que incluso el principal aliado de Estados Unidos, el Reino Unido, suspendió su cooperación de inteligencia para no quedar involucrado en violaciones al derecho internacional que seguramente serán revisadas más adelante.

El problema es que las áreas de influencia con las que sueña Trump no son entidades fijas, sino que dependen de las ambiciones de cada líder. Y cuando dos potencias expanden sus esferas, chocan. Por ejemplo, Turquía sueña con expandirse en Siria, pero al hacerlo colisionaría con Israel. Esos choques generan conflictos interestatales. Y los conflictos bélicos son el mejor aliado de la delincuencia organizada, que se beneficia del caos: tráfico de armas, mercados secundarios de misiles, suministros militares. Es un negocio multimillonario.

Lamentablemente estamos entrando en una etapa oscura. Estamos regresando a una época turbulenta que creíamos superada. ¿Se acuerda del “fin de la historia” de Fukuyama? No hubo tal fin. La historia avanza hacia la luz o retrocede hacia la oscuridad. Esa es la dinámica humana.

Latinoamérica, que por fortuna no enfrenta guerras regionales, tendrá que adoptar políticas preventivas: reservas monetarias sólidas, reservas de alimentos, de energía y de suministros críticos para resistir las crisis globales. Cada país —o la región en conjunto— deberá coordinar estrategias de supervivencia en un mundo en conflicto.

Ante este panorama global complejo es difícil ver cuáles deberían ser las apuestas de países como el Perú…

Países como el Perú necesitan, primero, fortalecer su democracia desde adentro. La democracia peruana le ha fallado a la gente en muchos aspectos, y eso debe corregirse. Empezar por la ley electoral que mencionamos: candidaturas abiertas y auditadas.

Segundo, crear mecanismos de auditoría ciudadana. Brasil y Chile los tienen; Perú no. La gente debe tener por ley la capacidad de auditar a sus autoridades.

Tercero, fortalecer los sistemas de derechos humanos como política antimafia. Que el Estado garantice acceso al agua, a la salud, a la justicia, al crédito. Eso impide que la mafia capture el tejido social.

Y finalmente, no perder de vista que, aunque imperfecto, el sistema democrático es el menos imperfecto de todos. Churchill tenía razón. Podemos mejorarlo, perfeccionarlo, hacerlo más transparente. Lo contrario es caer en sueños autoritarios que siempre terminan mal.

En un mismo día, distintas ciudades pueden convertirse en escenario de estas acciones colectivas de protesta. Un ejemplo de ellos es que, según el reporte de conflictos sociales de octubre, en solo un día ocurrió una concentración en Puno por la invasión de espacios públicos, un bloqueo de estudiantes universitarios en Huancavelica, un reclamo de trabajadores de Essalud en Loreto por nombramientos pendientes, y protestas simultáneas por obras inconclusas, decisiones municipales controversiales y conflictos comunitarios en Lambayeque, San Martín y La Libertad.

“Perú, en general, es un país con muchos conflictos sociales. Siempre hay una tensión constante entre ciudadanía, Estado y empresas. Lo que pasa es que a veces notamos más esa conflictividad dependiendo dónde se ubican y del tema que tratan”, explica Noelia Chávez, socióloga y docente universitaria. 

Según la socióloga, desde finales del 2022, cuando iniciaron las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte, el país ha atravesado un retroceso democrático, llegando incluso a ser clasificado como una democracia híbrida. “Se percibe que el país es gobernado por una coalición autoritaria y eso ocasiona que los conflictos sociales lleguen a la capital y, muchas veces, sean contra el gobierno central”, añade.

En este escenario de conflictividad social constante—y a menos de seis meses de las elecciones generales y un año de las elecciones regionales— una de las jornadas de mayor agitación de los últimos meses, que dejó una persona muerta y 128 heridas, fue la denominada “Marcha nacional” del 15 de octubre. 

Las acciones de protesta de aquel día fueron convocadas por diversos gremios, sindicatos, transportistas y el colectivo Generación Zeta, el mismo que desde septiembre último ha logrado articular a jóvenes, universitarios, profesionales y organizaciones regionales alrededor de un pliego de demandas comunes. 

Entre las exigencias más visibles de esa movilización nacional estuvo la derogatoria de un paquete de leyes aprobadas por el Congreso consideradas como normas regresivas, poco transparentes o contrarias a los intereses ciudadanos. A ello se sumó un reclamo frontal: el pedido de renuncia del nuevo Presidente de la República, José Jerí, y el cierre del Congreso, en un contexto de creciente deslegitimación de ambos poderes del Estado. 

En Lima, las concentraciones, inicialmente dispersas, llegaron hasta el Congreso de la República. Ya entrada la noche la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que permanecían en las calles. En medio de los enfrentamientos, un manifestante, identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, falleció por el disparo de un agente policial. 

Los enfrentamientos dejaron, además, un saldo elevado de heridos solo en Lima. En total, 128 personas —33 civiles, 94 policías y un bombero— requirieron atención médica por contusiones, intoxicación por gases lacrimógenos y otras lesiones.

“Será difícil identificar la cadena de mando, pero si uno ve el caso con detenimiento el presidente de la República y el ministro de Interior son los principales responsables políticos de lo que ocurrió el 15 de octubre: el asesinato de un joven y el centenar de heridos”, explica Omar Coronel, politólogo y experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que una de las principales consecuencias de la represión policial de aquel día es el miedo profundo y la desmovilzación que ha provocado en los jóvenes. 

Y es que la marcha nacional del 15 de octubre estuvo marcada por la masiva participación juvenil y la denominada Generación Zeta que, como se ha visto en varios países, ha decidido ocupar el espacio público. 

“En Lima vimos una importante participación juvenil porque hubo una ley que específicamente afectaba la economía de  los jóvenes, la ley en favor de las AFP que dejaba a los jóvenes en una situación complicada respecto a sus jubilaciones futuras. Esto no es algo nuevo, cuando las juventudes ven vulnerados sus derechos salen a protestar a las calles. Ocurrió en el 2014 con la ‘Ley Pulpín’ y en  la pandemia del Covid contra Manuel Merino”, precisa Noelia Chávez.

Por qué protestan los peruanos

Los informes defensoriales y los expertos coinciden en que no existe un solo motivo que explique las causas de las movilizaciones en las calles peruanas. Pero sí existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Para el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, el país se encuentra delante de un ciclo de inestabilidad política que inició en el 2016 con el no reconocimiento de los resultados electorales, la acusación de fraude y la campaña de desprestigio de los organismos electorales. “Se sembró una gran duda en un sector de la población. Es más, a la fecha, un grupo de candidatos sigue hablando de lo mismo y eso es muy peligroso porque abre la puerta a la duda y deja la idea de que todos mienten, de que todo es corrupción en el aparato electoral”, afirma.

Patricia Paniagua, especialista en políticas públicas, educación y ciudadanía, coincide con que este momento fue el punto de partida de la crisis que se vive actualmente en el Perú. “Hubo una agrupación que no estuvo dispuesta a respetar los resultados y buscó mermar la democracia. A partir de ahí hemos venido en renuncias, vacancias, presidentes interinos. Ese contexto ha sido aprovechado por una clase política que ha trabajado en favor de sus intereses y sus propias agendas, ignorando el bien supremo que es el interés de la ciudadanía”, explica.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en la protesta del 15 de octubre los manifestantes pedían al Ejecutivo iniciar el proceso hacia una nueva Constitución, argumentando que el marco vigente ya no responde a la complejidad social ni a las expectativas democráticas del país. 

Para Paniagua esa es una demanda que le corresponde evaluar a un gobierno electo y no podría ser atendida por el actual Congreso ni por el presidente transitorio. “Hablamos de un presidente que parte de cuestionamientos serios de idoneidad y legitimidad, ya que nace con un Congreso que cuenta con un 3% de aprobación. Además, por lo que hemos visto en las últimas semanas lo prioritario para él parece ser su imagen, publicar y responder en redes sociales”, afirma la politóloga, quien también considera que algunas medidas adoptadas por José Jerí, como la declaratoria del estado de emergencia de Lima y Callao, tienen un impacto comunicacional, pero no se traducen en resolver el problema central de la inseguridad ciudadana.

Entre la tristeza, el pesimismo y la frustración

Los estudios de opinión pública revelan algo más que desconfianza en la población peruana. Según el Informe de Opinión de octubre 2025 del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los sentimientos que dominan la percepción pública de la situación política actual del país son tristeza, pesimismo y cólera, acompañados de frustración, decepción e inseguridad.

“No se trata solo de reacciones emocionales pasajeras: son indicadores de un desgaste profundo, de un país que lleva años atravesando crisis políticas consecutivas, promesas incumplidas y fracturas institucionales”, añade Patricia Paniagua, y añade que las emociones que experimentan los peruanos se reflejan y afectan su salud mental y su calidad de vida. “Estos sentimientos se han ido alimentando con la inacción de  esta clase política. Y todo eso ha contribuido, como vemos, en un desborde de la criminalidad que expone a todos los ciudadanos, pues son ellos quienes al final terminan siendo víctimas del crimen”, precisa.

Existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Los datos del estudio What Worries the World – Latinoamérica, publicado por Ipsos en octubre último, confirman esta situación y revelan que el Perú se ubica entre los países más preocupados por la inseguridad en toda la región.

El 68% de los peruanos considera el crimen y la violencia como su principal problema, muy por encima del promedio latinoamericano y del promedio global. La corrupción, por su parte, se mantiene como una sombra omnipresente: 60% la identifica como uno de los tres principales problemas nacionales, ubicándola casi al mismo nivel que la violencia.

“Es difícil pensar que quienes  han creado esta situación, por acción u omisión, darán las soluciones que se necesitan para hacer frente a la inseguridad. Además, muchas de las organizaciones criminales que operan en el país son financiadas por economías ilegales y se han logrado establecer con leyes que ha promulgado el actual Congreso, como la aprobación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, advierte Paniagua.

La acumulación del malestar que sienten los peruanos se expresa en distintas cifras. Según el IEP,  el 81% de la ciudadanía aprueba la vacancia de Dina Boluarte, sin embargo, quienes la sostuvieron en el poder continúan gobernando y eso es percibido por la opinión pública: siete de cada diez encuestados consideran que el Congreso apoyaba el gobierno de la expresidenta.

Además, la percepción de un poder legislativo que domina la escena política es igualmente fuerte: 62% de la población considera que el Congreso tuvo “mucha influencia” en el gobierno de Boluarte, y casi la mitad cree que ejercerá un rol similar durante la administración actual. 

En ese escenario, el 73% de los ciudadanos no se siente representado por el Congreso, mientras apenas un 9% afirma lo contrario. Y en el caso del nuevo presidente José Jerí, el 56% tampoco se siente representado, y solo 18% declara alguna afinidad con su gestión.

Para los especialistas, estos son indicadores preocupantes que demuestran que la democracia del país, o lo que queda de ella, realmente está pasando por una crisis profunda y eso afecta a todo el sistema político.

El camino hacia las elecciones generales y regionales

Mientras el miedo y la desconfianza invaden a los peruanos, el país se prepara para dos nuevos procesos electorales: el 12 de abril del 2026 deberán elegir 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente o presidenta de la República, mientras que el 4 de octubre elegirán a sus autoridades locales y regionales: alcaldes distritales y provinciales, regidores, gobernadores regionales y consejeros.

El Perú ingresa a un año electoral atravesado por una conflictividad social constante y un clima político marcado por una fuerte polarización: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 39 organizaciones políticas inscribieron sus listas de aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, configurando así un escenario electoral amplio pero tensionado.

“Esta cantidad de partidos dificulta el proceso electoral, pero es una situación que ha sido permitida por quienes están ejerciendo la representación desde el Congreso, pues las reformas que debían ser llevadas en esta elección se distorsionaron, y por uno u otro caso no se llevaron a cabo”, afirma Paniagua.

Para el politólogo Omar Coronel es lógico que la gente no quiera saber nada de política y que con una lista tan extensa los ciudadanos muestren hastío por el proceso electoral. “Por un lado no hay una representación real, y por otro solo alguien muy ideologizado va a involucrarse en un proceso tan caótico. En una primera vuelta suelen votar por quien tiene más opciones de ganar, ya en una segunda vuelta vemos el efecto de la polarización o del antivoto”, afirma.

Los especialistas coinciden en que esta fragmentación genera confusión entre la ciudadanía y termina favoreciendo a las pequeñas mayorías. “Recordemos que el Fujimorismo alcanzó 73 escaños pese a que en la votación no superó el 30%. En estos momentos hablamos de una ciudadanía que no se siente representada, hay desafección, hay rechazo, y en la medida que haya tantos candidatos al peruano promedio le costará informarse”, agrega Paniagua.

En este ambiente, de miedo y desconfianza, no sorprende que los peruanos se acerquen a las elecciones con poco entusiasmo y menos información. Según la Encuesta Datum de octubre, cuando se les pregunta a los encuestados qué tan informados se sienten sobre el proceso electoral, apenas el 28% asegura sentirse “muy” o “bastante informado”, mientras el 64% se declara poco o nada informado. 

Sin embargo, para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

“El papel de los medios de comunicación es crucial, tienen un papel importantísimo, pero es lamentable que mucho del buen periodismo está fuera de los medios. Lo único que queda por hacer es desde el lado de los medios de comunicación y de la sociedad civil, crear espacios de discusión, y sacar a la luz a precandidatos ligados a mafias como el de la minería ilegal”, explica Tuesta. 

Pero las cifras revelan indiferencia y pocas ganas de buscar información sobre los candidatos. Según Datum, el 80% de encuestados aún no piensa por quién votar, y solo el 16% afirma haber iniciado el proceso de decisión. La encuesta también revela que solo 25% ha buscado información sobre algún candidato presidencial, mientras un contundente 75% permanece completamente ajeno a la oferta electoral emergente.

Para el politólogo Fernando Tuesta, es normal que en este punto la gente no tenga claro por quién votar, pues no conocen a la mayoría de los candidatos. “Creo que tienen razón en esperar a conocerlos, para eso van a tener oportunidad de conocerlos en campaña. Pero, también es cierto que mientras mayor es el desinterés eres más vulnerable a la desinformación”, afirma.

Para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

Sobre la preferencia del tipo de candidatos, el 44% de los ciudadanos piensa votar por el candidato que “cree que le irá mejor a la mayoría de peruanos”, una expresión de deseo colectivo más que de identificación programática. Un 11% votaría pensando en beneficios familiares y apenas 20% buscaría un candidato que comparta su forma de pensar.

En ese sentido, y según explican los especialistas, la lógica del voto de los peruanos no es ideológica ni identitaria: es pragmática, emocional y desesperada. 

“La gente es muy racional. Históricamente los peruanos tenemos una cultura antipolítica, porque básicamente estuvimos en una democracia con un sistema de partidos colapsado, donde no había una representación real. Cuando no hay representación lo racional es que los ciudadanos no voten con entusiasmo. No eligen al que más les gusta sino que votan por el que menos daño hará”, afirma Omar Coronel. 

Aumento del crimen y el peligro de líderes populistas 

La seguridad se ha convertido en el eje que domina el ánimo nacional. Los transportistas, artistas, comerciantes son solo algunas de las nuevas víctimas de la delincuencia y las extorsiones. Por todo ello, la mayor parte de peruanos identifica el crimen y la violencia como su mayor preocupación, superando los promedios regionales y globales.

Durante el primer semestre de 2025 se reportaron en el Perú 161 homicidios más en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los registros del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en agosto de este año, la cifra alcanzó 209 casos, marcando uno de los meses más violentos del periodo. 

La sensación de vulnerabilidad cotidiana —alimentada por el aumento de homicidios, la expansión del crimen organizado y la presencia creciente de extorsiones y robos violentos— ha desplazado a otros temas en la agenda pública.

La inseguridad se convierte así en un marco interpretativo de todo. En un país donde la clase política parece haber fracasado, la esperanza parece depositarse en soluciones inmediatas y discurso de mano dura.

“Lamentablemente la cercanía de las elecciones abre la puerta a candidatos que ofrezcan restaurar el orden, candidatos populistas, líderes radicales que están contra el sistema, que darán soluciones radicales, pero que ni siquiera respondan al problema real. Lo que la ciudadanía debe evaluar es que la solución no pasa por recrudecer las penas o por medidas tan fáciles, lo que se necesita es dotar de inteligencia policial y luchar contra la corrupción”,  precisa Paniagua.

Sin embargo, en este contexto de desconfianza hay un indicio de esperanza. Para los expertos el hecho de que las protestas sigan vivas revela que todavía existe un impulso de exigir algo mejor. 

“Estamos en un país donde la protesta y el tejido social se han debilitado. Sostener una protesta es difícil, pero lo bueno es que la ciudadanía, a pesar de todo, ha salido a protestar en distintos momentos. Considero que estos espacios de protesta pueden volver  a articularse y coordinarse para hacer contrapeso a estructuras del poder y coaliciones que lamentablemente se han enquistado en el Estado”, explica la socióloga Noelia Chávez. 

El politólogo Omar Coronel afirma que los últimos meses de un año son temporadas de baja protesta, pero el inicio del próximo año será particular porque comenzará con una dinámica electoral. “Si el llamado Colectivo Zeta y el bloque universitario, que este año ha demostrado una fuerte presencia, se organizan y avanzan podría haber un tipo de presión, pero considero que eso dependerá de los candidatos que queden en segunda vuelta. El debate público se concentrará en las elecciones y recién en la segunda vuelta veremos una polarización real”, añade. 

El próximo domingo 12 de abril será una oportunidad para que la ciudadanía se haga escuchar y para que los partidos políticos puedan atender las preocupaciones que afectan a los peruanos.

“En este momento los organismos electorales ya no tienen muchos por hacer, las reglas electorales ya están determinadas. El marco normativo electoral dice, por ejemplo, que los organismos del Estado deben ser neutrales, pero vemos que personajes como el alcalde de Lima no cumplen con esta norma y las sanciones que les imponen no compensan los daños causados, uno de esos daños es la preferencia a ciertos candidatos”, añade Tuesta.

En un país donde la incertidumbre marca el pulso de la vida cotidiana y las calles se han convertido en el espacio donde se expresan los reclamos más urgentes, el proceso electoral deja de ser una simple competencia por escaños o cargos. La pregunta de fondo no es quiénes tienen la mayor probabilidad de ganar las elecciones sino quiénes tienen la capacidad de reconstruir un vínculo roto entre la ciudadanía y sus instituciones.

Y el hombre estaba sentado solo, empapado hasta los huesos en tristeza. Los animales se le acercaron y dijeron: «No nos gusta verte así. Pídenos lo que quieras y lo tendrás». El hombre dijo: «Quiero tener buena vista». El buitre respondió: «Tendrás la mía». El hombre dijo: «Quiero ser fuerte». El jaguar dijo: «Serás fuerte como yo». Luego dijo: «Anhelo saber los secretos de la tierra». La serpiente respondió: «Yo te los enseñaré». Y así fue con todos los animales. 

Cuando tuvo todos los dones que podían dar, se marchó. Y el búho les dijo a los otros animales: «Ahora el hombre sabe mucho y puede hacer muchas cosas. Siento miedo». El ciervo dijo: «Ya tiene todo lo que necesita. Ahora su tristeza acabará». Pero el búho respondió: «No. Vi un agujero en el hombre, profundo como un hambre que jamás saciará. Lo hace triste y hace que siempre quiera más. Seguirá tomando y tomando hasta que un día el mundo dirá: ‘Ya no existo más y no me queda nada que dar'». 

Apocalypto. 2006.

En 1825, pocos años después del nacimiento de la República del Perú, el Congreso Constituyente de la República aprobó el diseño del escudo nacional que reemplazaría al que había propuesto José de San Martín de forma provisional. A dicho Congreso le pareció buena idea representar en este símbolo patrio las riquezas naturales del territorio. Así aparecen en nuestro escudo una vicuña, representando el reino animal; la cornucopia derramando monedas de oro, representando el reino mineral; y el árbol de la quina, representando al reino vegetal. La quina, utilizada desde el incanato y la conquista para tratar enfermedades ―como la malaria― se convirtió así en el símbolo de nuestra diversidad botánica.

Sabido esto, no deja de ser triste e irónico que hoy, 200 años después de su consagración como símbolo de nuestra riqueza vegetal, el árbol de la quina está en peligro de extinción a causa de su extracción desmedida. Algunos podrían argumentar que este problema empezó en el Virreinato y que eran otros tiempos, donde no había conciencia de que los recursos se extinguen. Sin embargo, lo mismo ha ocurrido y sigue ocurriendo con otras especies de árboles de nuestros bosques como el cedro, la caoba o el shihuahuaco en la Amazonía, la puya de Raimondi y la Queñual en los Andes o el Algarrobo en los bosques secos de la costa. Como todo recurso natural, su valor puede convertirse en su maldición. Su posesión otorga poder económico y para obtenerlo no mide las consecuencias, especialmente en una sociedad donde la formalidad, el cumplimiento de leyes y la justicia también están en peligro de extinción. Entonces, la representación de la Amazonía en nuestro escudo es un árbol que casi ya no existe, signo inequívoco que deforestar es una vocación patriótica. 

La deforestación en datos 

La deforestación de los bosques ha sido un proceso continuo desde la aparición del hombre sobre la tierra y se intensificó desde la revolución industrial. Los bosques que no han sido tan modificados por el hombre son conocidos como bosques primarios y son cada vez más escasos. El sesenta por ciento del territorio peruano es la Amazonía, el mayor bosque tropical del mundo que comparte principalmente con Brasil y en menor medida con Ecuador, Bolivia y Colombia. Dicha cuenca nace en nuestra cordillera y recorre un largo trecho hasta llegar al Atlántico. La Amazonía aún conserva bosques primarios, pero son cada vez más amenazados. La información oficial del Estado peruano en esta materia se encuentra en Geobosques, portal que viene monitoreando satelitalmente el estado de los bosques y pertenece al Ministerio del Ambiente. Cuenta con datos desde el comienzo del siglo XXI. Revisemos algunos de ellos.

En el año 2001 el Perú contaba con más de setenta millones de hectáreas de bosque amazónico. Actualmente, con los datos evaluados hasta el año 2024, el Perú ha perdido el 4.4% de bosques, lo que equivale a más de tres millones de hectáreas (3,203,893 ha, para ser precisos) y la deforestación sigue avanzando a un ritmo promedio de más de 133 mil hectáreas por año. Para dimensionar ese tamaño, hagamos comparaciones. En lo que va del siglo XXI, el Perú ha perdido una extensión de bosques amazónicos casi igual a todo el departamento de Cajamarca u once veces el tamaño de Lima Metropolitana. Si buscamos una comparación internacional, equivale a 542 veces la isla de Manhattan, ciudad que es destruida en muchas películas de ficción. En nuestra Amazonía, esa destrucción es una realidad. Podríamos seguir con la cinematográfica isla y decir que cada dieciséis minutos se pierde el tamaño equivalente a la isla de Manhattan de Amazonía peruana. O ponernos futbolísticos, ya que cada tres minutos se pierde en bosque amazónico el tamaño de una cancha de fútbol. Queda claro que el partido contra la deforestación lo estamos perdiendo por goleada.

Los datos son escalofriantes, pero no muestran toda la gravedad del problema. Datos similares se obtienen en los demás países amazónicos. La deforestación no se detiene y con ella, pierde la humanidad entera. Hay estudios que afirman que la Amazonía podría llegar para el año 2050 a su punto de no retorno, es decir, que ya no podría recuperarse naturalmente. En el contexto del cambio climático, es aún más alarmante, ya que la deforestación emite gases de efecto invernadero que contribuyen a calentar el planeta y genera los efectos que estamos viendo en el mundo con más olas de calor, lluvias intensas, pérdida de fuentes de agua, desaparición de islas, pérdida de biodiversidad, aumento de enfermedades y la lista puede continuar. Desde el lado esperanzador, un reporte de Naciones Unidas para el Clima del año 2024 afirma que la conservación y mejora de los bosques a nivel mundial podría aportar hasta en un 20% en el objetivo de mitigación aprobado en el año 2015 en el Acuerdo de París. La evidencia de la importancia de los bosques es clara. La evidencia de las acciones, no tanto. 

Causas

Como decíamos al empezar este artículo, el escudo nacional demuestra que el Perú republicano se funda en una lógica heredada de la colonia como un gran territorio para la extracción de sus recursos naturales, de la materia prima que necesitan los países desarrollados de turno y que genere ingresos a las respectivas élites que lo controlan. La maldición de los recursos, dicen algunos economistas. También se heredó una organización centralizada en la capital, alejada del resto del país y cerca al mar por donde se van los recursos, dándole la espalda a la Amazonía oculta detrás de la cordillera de los Andes. Ya decía Alexander Von Humboldt en su paso por nuestro país en 1803 que Lima está más alejada del Perú que Londres. A pesar de los esfuerzos y algunos cambios, en la actualidad seguimos arrastrando estos aspectos cruciales, además de una histórica tradición de corrupción coludida entre los gobiernos de turno y las élites del momento, como detalla Alfonso Quiroz en su libro Historia de la Corrupción en el Perú, de lectura obligatoria. ¿Cómo impactan estos tres aspectos en la deforestación de la Amazonía? Pongamos un ejemplo.

Si uno se sentaba al lado derecho del avión, podía ver desde la ventana una mancha color barro, como una tripa que rompía el frondoso bosque verde. Hoy en día, no importa en qué lado del avión te sientes, esa mancha es gigante, sigue extendiéndose y está a la vista de todos.

En el año 2015 el fallecido periodista español David Beriain estrenó una serie documental llamada Amazonas Clandestino. En el capítulo dedicado a la tala ilegal, se narra la historia de un pedido: Alguien en Sao Paulo desea una cama de caoba, árbol casi extinto y cuya tala está prohibida. El pedido es recibido en la triple frontera entre Brasil, Colombia y Perú. El periodista acompaña una excursión al frondoso bosque para conseguir ese producto, prohibido en el papel, pero válido por órdenes de la oferta y la demanda. Es un pequeño ejemplo que se replica de manera masiva en el mineral más relevante para la economía mundial en tiempos de inestabilidad económica como el que vivimos: el oro, cuyo precio en el mercado internacional ha batido récord el año 2025, llegando a costar cuatro mil dólares la onza (31 gramos). Como explica el portal Bloomberg, es una tendencia que ocurre por compras de bancos centrales, flujos récord hacia ETFs (Fondos Cotizados en Bolsa) respaldados por oro y una estrategia de desdolarización por parte de economías emergentes. Con ese precio y demanda, no habrá política que pueda detener la deforestación y degradación de los ecosistemas de la Amazonía y otros ecosistemas del país, con su respectiva ola de violencia y abuso contra las personas, como los documentados casos de asesinatos a defensores ambientales o la trata de personas en los campamentos mineros. Otros especialistas afirman que para el año 2026 el precio de la onza de oro podría llegar a un histórico cinco mil dólares la onza. Es una buena noticia económica para el Perú, país exportador de oro. Es una mala noticia para los bosques, porque no habrá ley, autoridad o impulso que frene el incentivo de ganar tanto dinero a cambio de deforestar la Amazonía.

El año 2008 fue la primera vez que viaje a Puerto Maldonado, capital del departamento de Madre de Dios, considerada una de las zonas de mayor biodiversidad del planeta. Si uno se sentaba al lado derecho del avión, podía ver desde la ventana una mancha color barro, como una tripa que rompía el frondoso bosque verde. Hoy en día, no importa en qué lado del avión te sientes, esa mancha es gigante, sigue extendiéndose y está a la vista de todos. Es la deforestación producto de la minería ilegal que extrae oro a cualquier precio, el otro símbolo de nuestro escudo nacional. El oro que existe en la Amazonía se extiende por cuencas de ríos ancestrales que arrastraron hace cientos de años el mineral de las altas montañas de los Andes. Cuando los mineros encuentran un trazo de oro, avanzan siguiendo el camino quitando los árboles que estén en el camino y llenando grandes pozas de barro y mercurio.  

La carretera interoceánica contribuyó al acceso y multiplicación de la extracción de oro en Madre de Dios y lo que comenzó con campamentos informales al pie de la carretera hechos de palos y tapados con plásticos azules, son ahora centros poblados con escuelas, canchas de fútbol, ferreterías, conciertos artísticos y una dinámica económica con tanto poder que se ven sus tentáculos en los ámbitos políticos locales, regionales y congresales. La última interdicción que realizó el gobierno peruano fue el año 2019, antes de la pandemia con la presidencia de Martín Vizcarra, llamada Operación Mercurio. Hace seis años. Hoy, la minería se extiende a otras regiones amazónicas del país como Puerto Inca en Huánuco, el río Santiago en la frontera con Ecuador o la hermosa cuenca del río Nanay, principal proveedor de agua potable de la ciudad de Iquitos, en Loreto. En un informe de la Fundación para la Conservación y el Desarrollo Sostenible (FCDS-Perú), con base en documentos de INTERPOL, se estima que entre un 30 % y 70 % de las exportaciones de oro podrían tener origen ilegal. En este caso, el mercado no se va a regular solo para evitar la deforestación. El oro, provenga de donde provenga, se ve igual y vale lo mismo para sus compradores a nivel mundial. En ese escenario, es curioso pensar que la madera es un recurso más raro y escaso en el universo que el oro o cualquier otro metal.

Otras causas de la deforestación son las invasiones por tráfico de tierra. El cambio de uso de suelo para aprovechamiento agrícola o cultivos ilegales que ahora se ha extendido también en la selva baja, más cerca de la frontera con Brasil, ruta de distribución y exportación de cocaína, es una constante. Otra causa son los incendios forestales, frecuentes en las temporadas secas del año y que el 2024 llegó a un récord mundial y nuestro país no fue la excepción. Sin embargo, la mayoría de los incendios suelen ocurrir por causas humanas, con la intención de ampliar la frontera agrícola.

¿Dónde ocurre la deforestación? En todo, en todas partes y al mismo tiempo. Se distribuyen en todos los tipos de derechos sobre el territorio que existen, sean concesiones forestales maderables (para extracción legal de madera), concesiones no maderables (de ecoturismo, castaña, shiringa, etc.), concesiones de conservación, predios privados y terrenos del Estado a nivel nacional, regional o local. Las áreas menos afectadas por la deforestación históricamente son las comunidades indígenas y las áreas naturales protegidas, lo que no quiere decir que no estén amenazadas por los mismos agentes. La Amazonía es una sola y, al igual que la delincuencia en la ciudad, por más que uno ponga rejas en su calle, nunca estará seguro si no se toman precauciones y medidas en toda la ciudad. Los bosques, como recurso natural, constitucionalmente son patrimonio de la Nación y los gestiona el Estado. Ya dicen que lo es de todos, es de nadie. En una sociedad donde las leyes no se cumplen, se ejerce mayormente la ley del más fuerte y la economía siempre estará por encima de otras variables. 

Una protección en el papel

Si fuera por los planes y estrategias que elaboran los sucesivos gobiernos peruanos, deberíamos parecer la portada del Atalaya, lleno de gente feliz, cogidos de la mano en un paraíso de árboles y ríos prístinos. No es así. El Perú cuenta con legislación forestal para la protección de los bosques y el ordenamiento de este, que, sin ser perfecta, por lo menos explica que los bosques se deben proteger. Están tipificados los delitos ambientales, las funciones de los estamentos de gobierno incluyendo planes de protección y conservación, así como de adaptación y mitigación del cambio climático. Es decir, todos tienen sus funciones, responsabilidades, pero también sus limitaciones. Aquí es donde la visión centralista y sectorial del Estado se muestra ineficiente. Porque la organización del Estado peruano es una especie de feudalismo donde cada quién tiene su espacio y jurisdicción, su pequeño poder y sus limitaciones. Pongamos un ejemplo. Una dirección forestal de un gobierno regional amazónico tiene la función de promover la correcta extracción de madera de las concesiones y que estas cumplan con la normativa vigente. Sin embargo, no cuenta con el personal suficiente ni con el financiamiento adecuado para cubrir su vasto territorio. Adicionalmente, debe coordinar con la autoridad sectorial que está en Lima, que le exige planes anuales, además de otros requisitos. Las otras direcciones de dicho gobierno regional, autoridad ambiental o agraria, tienen las mismas prerrogativas y cada una responde a su propia legislación y su propio sector. El territorio es extenso y los recursos escasos. Luego ocurre un fenómeno como la minería o las actividades ilegales, donde tiene que intervenir otros organismos sectoriales como la fiscalía o el ministerio del interior, que tampoco cuentan con los recursos suficientes en el territorio y dependen de decisiones que surjan desde la cabeza del sector, donde normalmente la Amazonía es el último de los problemas en el contexto actual de crisis del Estado peruano. 

Reducir la deforestación requiere de decisión política y financiamiento suficiente. La decisión política no puede ser sectorial, sino, una decisión integral en el territorio con miras a darle valor al bosque y generar oportunidades de desarrollo sin deforestación

También en el papel, el Perú es un ejemplo para el mundo, al ser de los primeros países en enviar sus compromisos de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (conocidos como Contribuciones Nacionalmente Determinadas o NDC, por sus siglas en inglés) para cumplir con el Acuerdo de París del año 2015, documento que rige los esfuerzos de los países frente al cambio climático. Perú presentó un ambicioso compromiso el año 2016 y lo actualizó el año 2020 en plena pandemia, curiosamente el año de mayor deforestación en lo que va del siglo 21. En este documento el Perú se comprometió a reducir las emisiones entre un 30% y 40% para el año 2030, con el 10% adicional condicionado a la cooperación internacional. Ya pasó la mitad del plazo del compromiso. Como hemos visto en los datos oficiales de Geobosques, la deforestación, causante de más de la mitad de las emisiones de gases de efecto invernadero del Perú, no se ha detenido. A comienzos del presente año, el Ministerio del Ambiente aprobó la Política Nacional: Estrategia Nacional ante el Cambio Climático al 2050 donde en el objetivo prioritario 4 menciona acciones para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) por uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura, que es el nombre técnico que se da a las actividades ligadas a la pérdida de bosques. 

Una visión territorial

Reducir la deforestación requiere de decisión política y financiamiento suficiente. La decisión política no puede ser sectorial, sino, una decisión integral en el territorio con miras a darle valor al bosque y generar oportunidades de desarrollo sin deforestación. Existen muchas iniciativas valiosas en el Perú, como proyectos de conservación y reforestación en áreas naturales protegidas nacionales, regionales, locales y privadas, áreas comunales o territorios indígenas. Sin embargo, como hemos mencionado líneas arriba, los esfuerzos puntuales son importantes, pero atacar la deforestación requiere de una visión territorial extensa. Los estímulos para deforestar simplemente se mueven a otro lugar o rodean las iniciativas. Decisiones que solo pueden delimitar los gobiernos regionales o provinciales y que se apliquen de manera integral en el territorio. Existen alternativas para implementar programas territoriales con financiamiento privado. Actualmente el mundo de los mercados de carbono viene implementando soluciones territoriales llamados Programas Jurisdiccionales REDD+, siglas que significan Reducción de Emisiones por Deforestación y Degradación de los bosques. Es decir, reducir la deforestación. En la provincia de Misiones, en Argentina, se viene desarrollando un programa para reducir la deforestación y conservar sus bosques de manera integral en su territorio con financiamiento privado por la futura venta de créditos de carbono. De igual manera, varios estados brasileños vienen presentando sus programas jurisdiccionales como el estado de Tocantins, que busca reducir la deforestación en sus bosques de cerrado, un bioma boscoso similar a la sabana. Similares esfuerzos se vienen impulsando en países y subgobiernos africanos, con financiamiento privado proveniente de los mercados de carbono o la cooperación internacional. 

En el Perú, se ha lanzado el año 2024 el Programa REDD+ Jurisdiccional Indígena (RIJ), iniciativa articulada por el Ministerio del Ambiente para realizar acciones de conservación en los territorios indígenas amazónicos, financiado con fondos privados provenientes de los mercados de carbono. Este programa agrupa a tres organizaciones indígenas peruanas: la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep), Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) y la Asociación Nacional de Ejecutores de Contrato de Administración del Perú (Anecap), que representan a decenas de organizaciones y comunidades nativas. Una gran iniciativa que va a servir para apoyar a los pueblos originarios y sus territorios que, como hemos mencionado líneas arriba, han sido históricamente las áreas más conservadas de nuestra Amazonía. Este programa se encuentra en fase de propuesta y definición. Es un enorme reto para el país llevarlo adelante. Pensando en la gestión integral del territorio de bosques y en especial el amazónico peruano, queda continuar el reto articulando estos espacios territoriales indígenas dispersos a políticas territoriales más unificadas, como los gobiernos regionales. La deforestación en el territorio seguirá avanzando sin una estrategia integral en el territorio que combata todas las variables y permita a los diversos actores actuar bajo una sola mirada, la de la conservación. Cierro esta nota con esperanza, pero la deforestación no se detiene. Si llegaste hasta el final de este artículo, considera que en el tiempo que leíste hasta acá ya se deforestaron el tamaño de varias canchas de fútbol en la Amazonía. 

Mientras el Estado anuncia, a través de un Decreto Supremo, su intención de incorporar la inteligencia artificial (IA) en trámites, atenciones y procesos administrativos, seguimos viviendo en un país donde la protección de los datos personales es débil, la política nacional de ciberseguridad avanza a tropiezos y la institucionalidad encargada de resguardar derechos digitales carece de recursos, autonomía y capacidad de acción. A esto se suma un problema mayor: en los últimos años, la tecnología no ha sido empleada como un mecanismo para democratizar servicios, sino como una herramienta de vigilancia y control social. Activistas, periodistas, lideresas y defensoras de derechos humanos han denunciado monitoreos, rastreos, campañas de desprestigio y uso indebido de datos en contextos de protesta.

El resultado es paradójico: mientras se promete modernización, lo que avanza con mayor fuerza es la vigilancia ciudadana sin transparencia ni cuidado en el uso de los datos. Mientras se habla de innovación, lo que se presenta es un menú de herramientas digitales que apuntan más a contener, someter y silenciar disidencias que a garantizar derechos. Y mientras se anuncia que la IA llevará al Estado al “siguiente nivel”, la ciudadanía sigue sin acceso a una conectividad universal, asequible y significativa en los territorios urbanos o rurales y menos en nuestra Amazonía.

Desde una mirada feminista y decolonial, estas contradicciones no son nuevas. La historia tecnológica latinoamericana y peruana en este caso, está marcada por desigualdades estructurales, extractivismos y promesas incumplidas. Lo novedoso no es la brecha, sino la velocidad con la que se incorporan tecnologías sin marcos éticos, sin participación ciudadana real y sin análisis de impacto. Por ello resulta indispensable problematizar la relación entre tecnologías emergentes y derechos humanos en un país como el Perú, donde la vida digital no puede pensarse desligada de las desigualdades territoriales, raciales, económicas y de género.

El espejismo de la modernización tecnológica

El discurso de la modernización tecnológica que enarbola el Estado peruano —como muchos otros, además de presentarla como “la solución” y eso veremos más adelante— reproduce un viejo patrón: la idea de que la innovación es, en sí misma, un bien público. Según esta narrativa, basta con adoptar sistemas de inteligencia artificial o softwares automatizados para convertir al Estado en una institución más eficiente. Sin embargo, esta visión tecnocrática ignora aspectos fundamentales: sin transparencia, sin auditoría algorítmica, sin protección de datos y sin participación ciudadana, la modernización es apenas un espejismo.

El Estado peruano impulsa leyes sobre ^[1]IA mientras desconoce el funcionamiento de las infraestructuras básicas de conectividad. Se anuncian sistemas de reconocimiento facial para la seguridad ciudadana sin estudios de impacto, sin evidencia de efectividad y sin mecanismos de verificación independientes. Esto no solo incrementa los riesgos de abuso: profundiza la desigualdad, ensancha las brechas.

Las investigaciones de AlgorithmWatch, la Electronic Frontier Foundation y la propia ONU han demostrado que los sistemas de reconocimiento facial presentan tasas de error mucho más altas en mujeres, personas indígenas, afrodescendientes y personas racializadas. En el Perú —un país profundamente atravesado por el racismo y clasismo estructural— esto implica que la vigilancia automatizada no solo reproduce injusticias, sino que las amplifica. La tecnología, lejos de corregir discriminaciones históricas, las reescribe en códigos binarios y exacerba.

La sensación que emerge es clara: en vez de un Estado que protege, aparece un Estado que observa, señala y criminaliza. Un Estado que instala cámaras, sensores, softwares y sistemas de rastreo, pero que no fortalece la institucionalidad democrática. Un Estado que, ante la crisis, responde con vigilancia y criminalización de aquellos que lo cuestionan, en lugar de responder con políticas de cuidado^[2]. Un Estado que, lejos de abrir espacios de diálogo y participación, apuesta por tecnologías de control para sostener su “legitimidad”.

Ruha Benjamin lo explica de manera contundente: “El problema no es la mala tecnología, sino las malas políticas que permiten que la tecnología funcione como un instrumento de exclusión”^[3]. La neutralidad tecnológica es un mito; toda tecnología encarna valores, decisiones y sesgos. La tecnología no es neutral.

Y en sociedades como la peruana, esos sesgos suelen operar en contra de las poblaciones históricamente marginadas.

Brechas que no cierran, tecnologías que se imponen

La brecha digital en el Perú no es una cifra abstracta: es una experiencia concreta de exclusión. El Programa Nacional de Telecomunicación del Ministerio de Comunicaciones y Transportes, Pronatel ha reportado que 44 de cada 100 hogares en el país no cuentan con acceso a Internet, sea móvil o fijo. Esta cifra revela el límite de cualquier promesa de innovación: sin conectividad, no hay digitalización posible. Mucho menos una ciudadanía digital, como lo pretende la Secretaria Nacional de Transformación Digital bajo la Política Nacional de Transformación Digital publicada en julio del 2023.

La situación es aún más crítica en los territorios amazónicos y rurales, donde la conectividad no es un derecho garantizado, sino un privilegio frágil sostenido por iniciativas comunitarias, redes improvisadas o esfuerzos dispersos de algunos gobiernos locales. La tan anunciada “Banda Ancha para la Amazonía”, que debió estar operativa hace varios años, terminó convirtiéndose en un recordatorio doloroso de la desidia estructural del Estado. Aunque en los últimos años se muestran avances tímidos —principalmente medidos a partir de centros poblados conectados a los que indican si hacer preguntas previas, pues ¿realmente quieren estar conectados?—, estos progresos resultan insuficientes frente a la magnitud de las brechas. Además, esta mirada de conectividad tiene un enfoque absolutamente antropocentrista, no se prioriza el impacto en el medioambiente de los territorios no solo amazónicos. 

Peor aún, los plazos oficiales proyectan que su funcionamiento pleno podría recién concretarse en 2027^[4], una fecha que, en el marco de los derechos digitales, resulta inaceptable. Este retraso no solo demora el acceso a información, educación y servicios públicos esenciales, sino que perpetúa la exclusión histórica de los pueblos amazónicos, cuya presencia ha sido sistemáticamente relegada en el imaginario “republicano”. Así, la Amazonía peruana continúa siendo incluida al final de los procesos, como si su bienestar fuese opcional y no parte integral del país. En un contexto donde la conectividad determina posibilidades de participación política, autonomía y seguridad, esta negligencia se traduce directamente en vulneración de derechos

Las brechas digitales también tienen un fuerte componente de género. Diversos estudios de la CEPAL muestran que las mujeres en América Latina^[5] —especialmente en zonas rurales— acceden menos a Internet, a dispositivos propios y a formación digital. La brecha de alfabetización digital afecta de manera particular a mujeres indígenas, mujeres quechua hablantes, cuidadoras y jóvenes madres. Sin acceso, no hay participación; sin participación, no hay ciudadanía digital, de modo que no hay democracia.

Por ello, mientras el Estado legisla sobre IA como si fuéramos Silicon Valley, millones de personas permanecen desconectadas de servicios esenciales. La brecha digital es, en realidad, una brecha de ciudadanía.

Desde los feminismos^[6] latinoamericanos^[7], esta situación tiene un nombre claro: extractivismo digital. Se trata de procesos en los que el Estado impulsa la adopción de tecnologías de punta, celebra la digitalización y promueve discursos de innovación, mientras ignora —de manera sistemática— las condiciones materiales, culturales y sociales necesarias para garantizar derechos básicos a las mujeres y diversidades. Es un modelo que prioriza la infraestructura para el capital, pero no para la vida, mucho menos para el buen vivir.

En el Perú —un país profundamente atravesado por el racismo y clasismo estructural— esto implica que la vigilancia automatizada no solo reproduce injusticias, sino que las amplifica.

A este escenario se suman los recientes retrocesos en derechos fundamentales: el acceso al aborto terapéutico —legal desde hace más de un siglo— se ha vuelto más restrictivo en la práctica; el enfoque de género ha sido reemplazado por discursos binarios que niegan la diversidad humana; y la Educación Sexual Integral ha sido sustituida por propuestas centradas en la “ética y los valores”, que refuerzan normas patriarcales en lugar de promover autonomía y derechos. Bajo estas condiciones, esperar que las plataformas digitales públicas o las políticas tecnológicas logren cerrar brechas de género no solo es un desafío monumental: roza lo utópico.

El problema es que esta narrativa de “progreso digital” funciona como una promesa vacía. No sólo deja a muchas personas atrás, sino que legítimamente las excluye de espacios, servicios y oportunidades a los que deberían tener acceso. Y esa exclusión —cuando afecta de manera diferenciada a mujeres, niñas y diversidades— no es un simple fallo de política pública: es una forma de violencia estructural.

La tecnología como disputa política y como herramienta de control

La tecnología siempre ha sido política, pero hoy su papel en la disputa por el poder es más evidente que nunca. En el Perú, la digitalización del Estado ha sido utilizada no solo para gestionar trámites sin previa alfabetización digital, sino para controlar movilizaciones, monitorear redes sociales y vigilar a quienes cuestionan el orden establecido, como lo hemos comentado. Al mismo tiempo, organizaciones de sociedad civil, como Derechos Digitales, Hiperderecho, Access Now e Internews han documentado prácticas de vigilancia indebida desde distintas instituciones estatales. Estas prácticas van desde monitoreo de perfiles en redes, recolección de información sin consentimiento, seguimiento a activistas mediante metadatos, hasta campañas de desinformación dirigidas particularmente contra mujeres defensoras de derechos humanos.

Los casos no son aislados. En varias protestas se han reportado^[8][9]:

• Filmaciones dirigidas a identificar lideresas y voceras: Esto desde el uso de cámaras pero también personas (trabajadores públicos o no) que las y los  registran a modo de infiltrados, desde dispositivos móviles.
• Uso de drones sin regulación, algunos de ellos con la capacidad de identificar rasgos biométricos sin autorización.
• Retención de celulares sin orden judicial, lo que les lleva a acceder a la información del dispositivo, poniendo en riesgo a todo el entorno del activista o periodista.
• Análisis de chats y grupos en redes, en ocasiones infiltradas en esos espacios de mensajería y otros desde el monitoreo de las redes sociales públicas.
• Recopilación de información biométrica, con el uso de cámaras en las ciudades o desde organismos institucionales.

El problema es doble: por un lado, estas prácticas vulneran derechos fundamentales; por otro, ocurren en un país donde las instituciones encargadas de proteger la seguridad digital están debilitadas.

La Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales sigue siendo, lamentablemente, una institución simbólica: sin presupuesto suficiente, sin autonomía técnica real y sin capacidad efectiva para fiscalizar al propio Estado cuando despliega tecnologías intrusivas. Esta fragilidad no es casual, sino estructural. En un país donde la vigilancia estatal históricamente ha recaído con más fuerza sobre mujeres, pueblos indígenas, juventudes y personas defensoras de derechos humanos, tener una autoridad debilitada equivale a no tener protección alguna. Lo mismo ocurre con el Sistema Nacional de Ciberseguridad, que opera con competencias dispersas entre varios sectores —Interior, Defensa, PCM— sin una entidad rectora fuerte ni un modelo de gobernanza claro. La consecuencia es previsible: nadie asume responsabilidad plena.

En este escenario, la Secretaría Nacional de Transformación Digital aparece como el actor institucional que más impulso político ha tenido en los últimos años. Sin embargo, la pregunta es inevitable: ¿tiene realmente las facultades, herramientas técnicas y autonomía política para auditar tecnologías de vigilancia, especialmente aquellas incorporadas por fuerzas del orden? Hoy, la respuesta es incierta. Y justamente por esa incertidumbre, la Defensoría del Pueblo debería involucrarse de manera activa y sistemática. No como un gesto simbólico, sino como un mandato: la protección de derechos fundamentales en contextos de innovación tecnológica exige instituciones de control fuertes, críticas y presentes.

La reciente aprobación del Reglamento de Uso de Inteligencia Artificial^[10] en el Perú representa un paso importante al incorporar principios como no discriminación, transparencia algorítmica, supervisión humana en sistemas de alto riesgo, privacy by design, auditorías y responsabilidad institucional. Sin embargo, estos principios quedan incompletos si no vienen acompañados de mecanismos robustos de implementación. El reglamento deja vacíos significativos al no incluir protocolos obligatorios para evaluaciones de impacto de género, racial y territorial; participación comunitaria y ciudadana en la toma de decisiones; recursos efectivos de reparación cuando ocurran daños; auditorías públicas independientes; y verdaderos sistemas de rendición de cuentas.

Sin estas garantías, la promesa de una “IA ética” corre el riesgo de convertirse en letra muerta. Y para las mujeres en nuestra diversidad, comunidades indígenas, diversidades y defensoras que ya enfrentan vigilancia desproporcionada, esos vacíos no son técnicos: son profundamente políticos y profundamente peligrosos.

Así, la vigilancia digital se normaliza. Las personas de turno en el Estado ganan poder, pero la ciudadanía pierde control.

El mito del tecnosolucionismo

El tecnosolucionismo^[11] es, en esencia, la ilusión de que todos los problemas sociales pueden resolverse con tecnología. Es una narrativa seductora, especialmente para gobiernos en crisis, porque promete soluciones rápidas, “neutrales”, eficientes y aparentemente libres de conflicto político. Pero esa misma promesa es profundamente engañosa: despolitiza las desigualdades, borra las responsabilidades del Estado y convierte la complejidad social en un simple problema técnico. Lo que desde los feminismos latinoamericanos venimos señalando desde hace décadas es que esta narrativa no solo simplifica la realidad: también invisibiliza cuerpos, luchas, territorios y memorias históricas.

El tecnosolucionismo es cómodo para quienes gobiernan porque desplaza el foco: ya no se discuten las causas estructurales de la violencia, de la pobreza, del racismo o del abandono estatal. En su lugar, se delega la “solución” a una aplicación, un algoritmo. Pero la tecnología no puede corregir aquello que el Estado se niega a transformar. No puede resolver desigualdades que el propio modelo económico reproduce, ni puede sustituir la participación real de comunidades diversas en la toma de decisiones.

Hablar de “inteligencia artificial para modernizar el Estado” en un país que no garantiza la protección de datos personales es tecnosolucionismo. Implementar sistemas de reconocimiento facial en un contexto donde el racismo está normalizado —y donde la criminalización históricamente ha recaído sobre cuerpos racializados, empobrecidos y feminizados— es tecnosolucionismo. Digitalizar trámites sin garantizar alfabetización digital, accesibilidad y conectividad significativa para las mujeres rurales, indígenas o de periferias urbanas también lo es. Lo mismo ocurre cuando se diseñan indicadores algorítmicos para evaluar a docentes y estudiantes sin escuchar sus experiencias, sin analizar los determinantes sociales que condicionan el aprendizaje y, sobre todo, sin reconocer la diversidad territorial y cultural del país.

El tecnosolucionismo, al final, no solo es un error técnico: es una forma de violencia epistémica. Porque impone modelos ajenos, maquilla desigualdades coloniales y produce políticas que parecen innovadoras, pero que en realidad profundizan la exclusión. Y lo más grave: nos hace creer que la participación ciudadana es un obstáculo, cuando debería ser el corazón de cualquier proceso tecnológico democrático.

El problema es que la mayoría de tecnologías de IA que llegan al Perú se diseñan desde el Norte Global, bajo lógicas culturales e idiomáticas que no contemplan nuestras realidades. Esto genera una nueva dependencia: la dependencia algorítmica. Países como el Perú se convierten en usuarios, no creadores; en consumidores, no en actores tecnológicos.

Por ejemplo, la iniciativa del Poder Judicial al contar con un software de Inteligenci artificial que promete tener resoluciones en 40 segundos llamado Amauta.pro, no toma en cuenta los sesgos raciales, o de genero minimante que tiene Perú, sobretodo porque pretende ser usado en once juzgados del Módulo Judicial Integrado de Violencia contra las Mujeres e Integrantes del Grupo Familia^[12], además de ser un gasto más que una inversión eficiente con el dinero de nuestros aportes.

La tecnología no puede corregir aquello que el Estado se niega a transformar. No puede resolver desigualdades que el propio modelo económico reproduce, ni puede sustituir la participación real de comunidades diversas en la toma de decisiones.

Esto se entiende como colonialidad digital. Safiya Noble lo ilustra con claridad: los modelos algorítmicos están entrenados con datos que portan sesgos estructurales, y cuando esos sistemas se importan a contextos diferentes, el daño se multiplica^[13].

Pretender que esos algoritmos se adapten automáticamente a las realidades del Perú es ingenuo y colonial. Por eso, una tecnología ética no solo debe funcionar técnicamente: debe ser socialmente legítima y políticamente justa.

El cuidado como límite ético de la automatización

Si hay un ámbito donde la IA no puede reemplazar a las personas, es el cuidado. La ONU y la CEPAL han reconocido el cuidado como un derecho humano y un pilar fundamental para la sostenibilidad de la vida. Este reconocimiento se vuelve aún más urgente en sociedades donde el cuidado recae mayoritariamente en mujeres y donde las condiciones laborales de cuidadoras son precarias.

En el Perú, el sistema de salud pública vive un colapso permanente: falta de personal, largas colas, deudas hospitalarias, infraestructura deficiente y burnout. En este escenario, la IA se presenta como una herramienta que podría “aliviar cargas”. Pero esa es una ilusión peligrosa.

La IA puede ayudar a organizar información, predecir tendencias o agilizar procesos administrativos. Pero no puede escuchar el dolor humano, no puede tomar decisiones éticas, no puede acompañar duelos, no puede ofrecer contención emocional. No puede reemplazar la presencia.

La automatización del cuidado en países desiguales puede llevar a profundizar las inequidades: quienes puedan pagar accederán a cuidados humanos; quienes no, serán atendidos por máquinas. El cuidado es un territorio que debe resistir la automatización indiscriminada. La tecnología debe apoyar y complementar, pero jamás sustituir.

Un horizonte tecnopolítico para el buen vivir

A pesar de las tensiones, no todo horizonte es oscuro. En el Perú y en América Latina existe una fuerza creciente de mujeres, activistas, programadoras, comunicadoras e investigadoras que están reimaginando la tecnología desde un enfoque ético, comunitario y feminista. Esta resistencia y creación tecnológica constituye un movimiento tecnopolítico que propone alternativas radicales al modelo de vigilancia estatal.

Entre estas experiencias destacan, proyectos de redes comunitarias autónomas en zonas rurales, iniciativas de seguridad digital con enfoque feminista, pedagogías de alfabetización mediática y antidesinformación, colectivos LGTBQ+ que construyen espacios seguros en línea, laboratorios ciudadanos que desarrollan herramientas de software libre, organizaciones indígenas que usan tecnología para defensa territorial, grupos de periodistas que investigan el impacto de algoritmos en la democracia.

Estas propuestas demuestran que otra tecnología es posible: una que no esté centrada en el control, sino en la vida; no en la eficiencia, sino en el cuidado; no en la velocidad, sino en la justicia social.

Para avanzar hacia un horizonte más justo, propongo tres claves que quizá caen en la romantización de lo posible:

1. Superar el antropocentrismo tecnológico, pues la discusión tecnológica debe considerar el impacto ambiental, territorial y social de la IA. La nube consume agua, energía y minerales que provienen, muchas veces, de territorios indígenas. El buen vivir nos invita a pensar tecnologías que respeten la vida en su pluralidad y que no dependan de extractivismos violentos
2.  Reapropiarnos de lo digital, ya que la resistencia implica recuperar los espacios digitales, denunciar la violencia en línea, fortalecer la seguridad digital comunitaria y construir narrativas propias. La creación digital también es un acto político
3.  Construir políticas públicas con participación real de ciudadanía y especialistas, tomando en cuenta que las decisiones tecnológicas deben incluir a mujeres, juventudes, comunidades indígenas, personas LGTBQ+, periodistas, organizaciones de base y colectivos históricamente marginados. Sin participación, no hay democracia digital.

La tecnología es una extensión de nuestras corporalidades, de nuestras memorias y de nuestras formas de habitar el mundo. Cuando se diseña sin perspectiva de derechos humanos, se convierte en arma; cuando se diseña con justicia social, se convierte en herramienta de emancipación.

La tarea desde los feminismos es clara: desmontar mitos, cuestionar usos autoritarios, exigir transparencia y, sobre todo, crear alternativas. Porque la innovación no debe ser excusa para vigilar. Debe ser una herramienta para el buen vivir.

^[1] León Lucía, IA en el Perú: reglamento listo, datos pendientes (2025)

^[2] CEPAL,  Economía del cuidado y políticas públicas. (2025)

^[3] Benjamin, Ruha. Race After Technology. Polity Press (2019)

^[4] PRONATEL, (2025)  Contribución en la reducción de brechas digitales

^[5] CEPAL,  (2023) Digitalización de las mujeres en América Latina y el Caribe: acción urgente para una recuperación transformadora y con igualdad

^[6]  Segato, Rita (2015). La guerra contra las mujeres

^[7]  Ricaurte, Paola (2019). “Data Epistemologies, The Coloniality of Power, and Resistance”.

^[8] Internews (2024) Información y riesgo

^[9] León Lucía, Hiperderecho (2025) Vigilados en Secreto

^[10] León Lucia, Hiperderecho (2025) Reglamento listo, datos pendientes

^[11] Evgeny Morozov(2013) la Locura del tecnosolucionismo

^[12] Gaspar y León, Hiperderecho (2025) ¿Hacia dónde vamos con la justicIA?

^[13] Safiya Noble (2018) Algoritmos de la opresión.

En estas veinte ediciones se han puesto sobre la mesa temas que marcaron la agenda nacional e internacional: la reconciliación después del conflicto armado interno, la lucha contra la corrupción, la defensa de la diversidad y la inclusión, los desafíos de la migración, el impacto del cambio climático, las tensiones entre empresas y derechos humanos, o la fragilidad del consenso global en tiempos de crisis.

Este portafolio conmemora los veinte años de un proyecto que nos recuerda que el camino por los derechos humanos no es lineal ni está concluido, pero que siempre se fortalece cuando se abre al intercambio, al arte y a la comunicación.