Edición N° 36 09/05/2022 Reportaje

Perú Libre: ¿una nueva variante corrupta?

Victor Caballero

Por: Victor Caballero

Periodista y escritor.

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Han pasado casi diez meses desde que empezó el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre. Hasta el momento, no hay ningún caso de corrupción a gran escala que sea una reminiscencia de alguno de los últimos periodos: no hay videos que muestren entregas explícitas de dinero a congresistas de oposición para que se sumen al oficialismo, no hay colaboraciones eficaces de altos funcionarios de constructoras brasileñas corruptas sobre aportes ilícitos de campaña o audios en los que se interactúe con jueces y fiscales “hermanitos” más que dispuestos a manipular procesos judiciales. En nueve meses, es casi imposible que esto suceda, afirman algunos; sin embargo, a pesar del poco tiempo que ha transcurrido, se han encontrado indicios serios de corrupción que involucran al presidente de la República y a su entorno más íntimo. Además, ha quedado comprobado que, a diferencia de otros gobiernos que hacían lo posible por frenar algunas contrarreformas del Congreso de la República en temas como salud, educación, justicia, transporte o política, el gobierno de Pedro Castillo y Perú Libre ha decidido abandonar por completo la defensa de los intereses de los ciudadanos y sumarse a estas contrarreformas con el único propósito de asegurar su permanencia en el poder.

La huella de los Dinámicos del Centro

“El Ministerio Público llegó a la conclusión de que en el Gobierno Regional de Junín hubo una organización criminal dedicada al cobro de coimas para los trámites de licencias de conducir y al tráfico de contratos CAS. Los llamaron los Dinámicos del Centro por lo ágiles y expeditos que podían llegar a ser una vez confirmado el pago.”

En junio del año pasado, el Ministerio Público y la PNP realizaron un operativo para detener a 36 personas, miembros de una presunta organización criminal relacionados con la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones (DRTC) de Junín.

Tras dos años de investigación, el Ministerio Público llegó a la conclusión de que en la Dirección Regional de Transportes y Comunicaciones del Gobierno Regional de Junín hubo una organización criminal dedicada al cobro de coimas a quienes hacían trámites relacionados a las licencias de conducir y al tráfico de contratos CAS. Esta fue denominada los Dinámicos del Centro por lo ágiles y expeditos que podían llegar a ser una vez confirmado el pago. La red delictiva, según la fiscal anticorrupción Vanessa Díaz, tuvo el propósito de recaudar fondos para financiar la campaña electoral de Perú Libre del 2021 que tuvo a Pedro Castillo como su candidato presidencial; y su líder, ubicado en el primero de los cuatro niveles de la organización, fue su todavía secretario general: Vladimir Cerrón.

En septiembre del año pasado, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria, a cargo del juez Jorge Chávez, inició una audiencia en la que se revisaron los pedidos de prisión preventiva presentados por el Ministerio Público contra 18 presuntos integrantes de los Dinámicos del Centro. Desde entonces, varios miembros de la cúpula de Perú Libre cercanos a Cerrón se dieron a la fuga y permanecen en la clandestinidad. En octubre, El Comercio informó que la vicepresidenta de la República y ministra de Desarrollo e Inclusión Social -expulsada de Perú Libre por discrepancias con Cerrón-, Dina Boluarte, fue incluida en la investigación por presunto lavado de activos en financiamiento ilegal de campañas electorales. El caso ha perdido buena parte de la atención de los medios de comunicación y la opinión pública; no obstante, en un escenario en el que Boluarte tuviera que portar la banda presidencial, los Dinámicos del Centro volverán a acaparar las portadas de los diarios.

Las confesiones de Karelim

“Acorralada por tres investigaciones fiscales y un impedimento de salida, Karelim López decidió convertirse en colaboradora eficaz.”

En noviembre del 2021, Cuarto Poder emitió un reportaje con imágenes que mostraron al presidente de la República ingresando, de manera cautelosa, aunque con premura, a una vivienda ubicada en el pasaje Sarratea del distrito de Breña que, extrañamente, recibía a docenas de personas desconocidas al día.

En un mensaje a la Nación, notoriamente ofuscado, el presidente de la República cuestionó las confesiones de López y acusó a la Fiscalía de formar parte de un complot”. Lo curioso es que Castillo debería estar siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y colusión.”

Por varias semanas, las cámaras con visión nocturna registraron los ingresos de los visitantes que podían llegar hasta después de la medianoche; sin embargo, quien acaparó la atención fue Karelim López Arredondo: una lobbista que por muchos años hizo lo que fuera necesario con tal de acercarse al poder. Su amistad con Bruno Pacheco -un compañero de protestas del presidente, hoy prófugo de la justicia, al que se le encontraron 20 mil dólares en el baño de su despacho- fue su ticket de ingreso al gobierno de Perú Libre. Cuando los periodistas ingresaron el nombre poco usual de Karelim en el registro de visitas de Palacio de Gobierno encontraron varias sorpresas: sus visitas coincidían con fechas importantísimas en el proceso de selección para la ejecución del puente Tarata, una obra que Provias Descentralizado había dejado en manos del consorcio Puente Tarata III que, a su vez, estaba conformado por varias empresas y una de ellas tenía como asesora a Karelim López.

Consultado por sus vínculos con la lobbista, el presidente Castillo dio versiones contradictorias ya que en un momento dijo que la recibió en su despacho y en otro que “no necesariamente” se reunió con ella. Acorralada por tres investigaciones fiscales y un impedimento de salida, López decidió convertirse en colaboradora eficaz. Ante la fiscal de lavado de activos, Luz Taquire, aseguró ser testigo de la existencia de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) que repartía obras públicas a proveedores a cambio de dinero y que sus integrantes eran el entonces ministro de Transportes, Juan Silva, funcionarios del gobierno perulibrista, empresarios (como Samir Villaverde y Luis Pasapera), congresistas de Acción Popular (apodados Los Niños por su obediencia sin objeciones al régimen) sobrinos del presidente de la República (como Fray Vásquez Castillo, asiduo visitante de la casa de Breña, hoy prófugo de la justicia) y Pedro Castillo.

Esta versión fue ratificada, personalmente, por Karelim López ante la comisión de Fiscalización del Congreso, aunque un cambio importante en su testimonio fue que Castillo no formaba parte, sino que lideraba la supuesta organización criminal. “Me ratifico en decir que él (Pedro Castillo) es el cabecilla y que él es aquel que da las órdenes, porque sus sobrinos no llevaban a empresarios a que se vean con él por gratitud”, fueron sus palabras exactas.

En un mensaje a la Nación, notoriamente ofuscado, el presidente de la República cuestionó que las confesiones de López hayan sido difundidas por los medios de comunicación y acusó a la Fiscalía de formar parte de un complot para desestabilizar al gobierno. Lo curioso es que la realidad es adversa a estas interpretaciones ya que, por estos y otros cuestionamientos, como los ascensos irregulares en el Ejército y la Fuerza Aérea, Pedro Castillo debería estar siendo investigado por los presuntos delitos de tráfico de influencias, patrocinio ilegal y colusión.

No obstante, en enero de este año, un mes antes de los testimonios de Karelim, la fiscal de la Nación Zoraida Ávalos suspendió las indagaciones y las postergó hasta el término de su mandato en el 2026 argumentando que, por la inmunidad que el cargo ostenta, solo puede ser acusado durante el ejercicio de sus funciones por traición a la patria, impedimento del desarrollo de elecciones, disolución inconstitucional del Congreso de la República, obstrucción a las labores del Jurado Nacional de Elecciones u otros organismos electorales. Los indicios de presunta corrupción contra el presidente de la República abundan y no provienen de la oposición, como argumentan sus defensores, sino de investigaciones fiscales que continúan desarrollándose.

El transporte en retroceso

En el MTC, el presidente Castillo ratificó en tres oportunidades a Juan Silva a pesar de haber sido cuestionado, desde el primer día, por figurar como gerente de una empresa de transportes en Lima que nunca estuvo registrada en la ATU y por haber sido denunciado ante la Policía en el 2011 por agredir a su expareja.

En noviembre del 2021, en una reunión que contó con la presencia de la ministra del MIDIS, Dina Boluarte, el entonces ministro de Justicia y Derechos Humanos y hoy presidente del Consejo de Ministros, Aníbal Torres y los representantes de los gremios de transportistas informales, Silva prometió refinanciamiento de deudas, incremento de aforo, amnistía de multas y, lo peor de todo, reestructuración de la ATU y la SUTRAN a través de la elección de nuevas autoridades en coordinación con sus dirigentes.

Tras la difusión de los audios, el Congreso simuló fiscalización y oposición. El presidente de la comisión de Transportes, Alejandro Soto Reyes, de la bancada de Alianza Para el Progreso, anunció que Silva sería citado con urgencia para que responda por sus cuestionables promesas y varias bancadas se pronunciaron en esa misma línea, pero Silva siguió despachando como si nada hubiera pasado.

Susel Paredes, congresista no agrupada del Partido Morado, juntó firmas para presentar una moción de censura contra Silva, pero solo diez congresistas se sumaron. En una entrevista, Paredes reveló que la gran mayoría de bancadas supuestamente opositoras habían hecho caso omiso a su pedido y que una congresista, cuyo nombre no fue revelado, le explicó que no podía apoyar la censura contra Silva porque “se había comprometido con un puente para su región“.

En un reportaje de Punto Final se reveló que el ministro de Transportes se reunió 122 veces con 62 congresistas de 10 de las 11 bancadas del Congreso y que las principales eran las de Perú Libre, Alianza Para el Progreso y Acción Popular. Nunca fue difícil entender los motivos por los que muchos parlamentarios aseguraron su permanencia en el cargo.

A pesar del blindaje, llegó el momento en el que su situación se volvió insostenible y el Congreso se vio obligado a hacer algo más que aparentar oposición. En febrero, Punto Final publicó un reportaje que mostraba a Juan Altamirano Sánchez -alguien que, según la orden de compra de su contratación, debía desempeñarse como un asistente administrativo- presentándose como “la mano derecha del ministro Silva” y ofreciendo puestos de trabajo a un grupo de militantes de Perú Libre en Ayacucho. El MTC negó cualquier tipo de relación con Altamirano, a pesar de que el video lo mostraba en un ambiente situado al lado de la oficina del entonces ministro Silva. Ante los cuestionamientos por no haber tomado cartas en el asunto, el vocero de la bancada fujimorista, Hernando Guerra García, Altamirano explicó que si no se sumaron a la moción de censura de Susel Paredes fue porque su partido presentaría su propia moción y por las formas poco democráticas en la que se lo pidieron.

Después del reportaje. llegaron las confesiones antes mencionadas de Karelim López ante la Fiscalía. Recién entonces, el Congreso decidió censurar a Juan Silva, pero ya era muy tarde: había renunciado al MTC y, en su reemplazo, dejó a su secretario general Nicolás Bustamante Coronado.

Los Ministerios de Vladimir Cerrón

“En los casi dos meses que estuvo a cargo de la cartera de salud, Condori se encargó de coparla con personajes cuestionados, cercanos a Vladimir Cerrón, en cargos de importancia a través de resoluciones ministeriales”.

En el MINSA, el presidente dio por concluida la gestión de Hernando Cevallos, uno de los pocos ministros que mostró buenos resultados en su gestión, para nombrar a Hernán Condori Machado y asegurar la cuota de poder de Vladimir Cerrón. Esto último fue confirmado por la congresista de Perú Libre de la región Cusco, Katy Ugarte Mamani. Condori es un médico cirujano que, según Epicentro TV, es investigado por la Fiscalía Provincial Corporativa Transitoria Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de La Merced por los presuntos delitos de cobros indebidos y negociación incompatible.

Además de promover el ClusterX2 -un producto conocido como ‘agua hexagonal’ que, en la teoría, previene y cura distintas enfermedades, pero en la práctica, según DIGESA, es un jugo de frutas-, Condori justificó la desaceleración del proceso de vacunación durante su gestión (54% menos a nivel nacional) asegurando que la gente ya no acudía a recibir sus dosis porque ya no veía bolsas negras con cadáveres en las calles. “El tema es que, como ya no hay muchos casos de fallecidos, no se ven en las calles bolsas negras de cadáveres de pacientes por esta enfermedad que ha enlutado al país. Como ya no se ve, la gente no toma consciencia que esta enfermedad no ha desaparecido; entonces tenemos los puntos de vacunación prácticamente vacíos” les dijo a los medios desde Trujillo.

Según Hildebrandt en sus trece, en los casi dos meses que estuvo a cargo de la cartera de salud, Condori se encargó de coparla con personajes cuestionados, cercanos a Cerrón, en cargos de importancia a través de resoluciones ministeriales. En el listado se encuentran Joel Candia Briceño (militante perulibrista desde el 2019 que fue investigado por la Fiscalía Anticorrupción de Junín por la presunta compra y sobrevaloración de una ambulancia asignada a la Red de Salud Satipo por S/320 000); Gianpiere Guerra Valenzuela (su voz fue registrada en uno de los audios del caso de los ‘Dinámicos del Centro’ consultando un posible favorecimiento para un allegado suyo en la Dirección de Transportes y Comunicaciones de Junín); y Carlos Cantorín Camayo (exgerente de desarrollo urbano y territorial y medio ambiente en la Municipalidad de Yauli en la Oroya que fue sentenciado a cuatro años de prisión efectiva por el Quinto Juzgado penal Unipersonal de Huancayo Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios por delitos de corrupción de funcionarios), solo para mencionar algunos de los casos más escandalosos. Desde el día uno, las bancadas de oposición en el Congreso anunciaron una férrea fiscalización a Condori; pero, al igual que con Silva, esto se quedó en el discurso.

El 3 de marzo, por iniciativa Fuerza Popular y con las firmas de Renovación Popular, Avanza País y Podemos Perú, se presentó una moción de censura contra el ministro de Salud que requería de una mayoría simple para que sea aprobada, pero seis días después, los grupos parlamentarios dijeron que, por un tema de forma, se debía empezar por una interpelación. En el Pleno del Congreso sucedió lo impensable: Condori rindió homenaje al exministro de Salud y procesado por el caso de las esterilizaciones forzadas durante el gobierno autoritario de Alberto Fujimori, Alejandro Aguinaga; y Jorge Montoya, vocero de Renovación Popular, aseguró que sus respuestas habían sido satisfactorias y que merecía un mes más en el cargo para cumplir con sus promesas. “Consideramos que ha sido satisfecho en parte con sus respuestas en este proceso interpelatorio, pero vamos a constatar. Pedimos que se nos haga llegar las respuestas por escrito para tener los documentos que vamos a verificar. (…) En la bancada de Renovación Popular vamos a dar un mes de plazo para verificar las acciones que ha presentado el ministro, comprobar su veracidad y después de eso tomar decisiones”, dijo Montoya con la entereza que lo caracteriza.

Tiempo después del debate, Avanza País insistió con la censura que no contó con el apoyo de Fuerza Popular; sin embargo, al igual que con Silva, su presentación coincidió con la insostenibilidad de su permanencia en el cargo: 71 congresistas votaron a favor de su censura, pero el daño ya estaba hecho.

El gobierno de Pedro Castillo no ha promovido ninguna reforma en beneficio de la ciudadanía ni ha defendido los pocos avances de las mismas. En todo este tiempo, se ha dedicado, exclusivamente, a asegurar su permanencia en el poder y para conseguirlo está dispuesto a todo.”

En el MINEDU, el gobierno nombró a Carlos Gallardo: cuestionado por anunciar una norma para que los profesores contratados que llevan años dando y desaprobando evaluaciones puedan ingresar de manera directa a la carrera pública magisterial; por permitir que su hija, Ynés Gallardo, como reveló Sudaca, acumule cerca de 135 horas en su despacho ministerial sin ocupar cargo alguno y por la filtración del examen docente. Además, Perú Libre, junto a otros partidos de oposición, votaron a favor de la participación de cuatro rectores de universidades públicas y privadas en SUNEDU y de darles una segunda oportunidad a unas 48 universidades con licencias denegadas. Este golpe a la educación se concretó en el Pleno del 6 de mayo. Durante el IX Consejo de Ministros Descentralizado en Nazca, el presidente Castillo dijo que observará la autógrafa de ley aprobada por el Congreso. Si cumple, eso será todo lo que ha hecho por la educación en el Perú en el tiempo que lleva en el cargo.

En el MIDAGRI, el presidente Castillo nombró a Óscar Zea Choquechambi, según Panorama, enfrentó dos acusaciones por presuntos homicidios en 1999 y en 2016 y fue reo contumaz durante tres años por no presentarse al juicio por el asesinato de Edwin Parisuaña.

En el MINEM, según Hildebrandt en sus trece, entre febrero y abril de este año, el ministro Carlos Palacios Pérez nombró, al igual que Condori, a personajes cuestionados cercanos a Cerrón en cargos de importancia. En el listado se encuentra Venancio Navarro Rodríguez, un militante de Perú Libre que, según Caretas, escondió a un prófugo de la justicia, Henry López Cantorín, primo de Cerrón y exalcalde de Huancayo, sobre el que pesaba una orden de captura por supuesto favorecimiento a una empresa proveedora del gobierno regional de Junín. Por otro lado, debido al incumplimiento del MINEM en la entrega del VIII Informe Nacional de Transparencia, correspondiente a 2019 y 2020, el Perú fue suspendido de la iniciativa mundial de transparencia del sector extractivo. El responsable directo es el ministro Carlos Palacios: otra cuota de poder que, al igual que Condori, responde a Vladimir Cerrón.

Además de participar en las contrarreformas antes mencionadas, la bancada de Perú Libre ha votado a favor de un dictamen en la comisión de Justicia que entorpece el proceso de colaboración eficaz y criminaliza a los periodistas y fiscales que trabajen en casos de corrupción; y  ha votado a favor de la suspensión de las primarias en las próximas elecciones municipales y regionales, la extensión del plazo para inscribir candidaturas ante el JNE y la reducción de multas y anulación de procesos en curso en la ONPE, solo para mencionar algunos ejemplos.

El gobierno de Pedro Castillo no ha promovido ninguna reforma en beneficio de la ciudadanía ni ha defendido los pocos avances de las mismas. En todo este tiempo, se ha dedicado, exclusivamente, a asegurar su permanencia en el poder y para conseguirlo está dispuesto a todo: darle poder a Vladimir Cerrón para asegurar los votos de la bancada de Perú Libre en contra de la vacancia; mirar hacia otro lado cuando los ministros de su gabinete favorecen con puestos de trabajo a sus posibles aliados y ejercer la mínima oposición posible ante las contrarreformas congresales alineadas con sus intereses. Estaremos saliendo de la crisis sanitaria, pero la pandemia ocasionada por la variante corrupta perulibrista se mantiene intacta.