Desde entonces, no ha habido avances significativos en la identificaci\u00f3n de los responsables del homicidio del l\u00edder ambiental. Las amenazas y la criminalizaci\u00f3n contra quienes han asumido su labor, como ocurre con muchos defensores, persisten diariamente. A pesar de los constantes riesgos que enfrentan, las medidas de protecci\u00f3n ofrecidas por el Estado son ineficaces y carecen de un presupuesto adecuado para garantizar su implementaci\u00f3n. Adem\u00e1s, no existen leyes espec\u00edficas que amparen la labor de los defensores ambientales, lo que agrava a\u00fan m\u00e1s su situaci\u00f3n de vulnerabilidad y refleja un alarmante desinter\u00e9s de las autoridades.<\/span><\/p>\n\n\n\n La familia de Dariquebe est\u00e1 invadida por la desesperanza y teme no alcanzar justicia. Eddy Dariquebe Laura, dirigente de la Federaci\u00f3n Nativa de Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y sobrino de la v\u00edctima, expresa su preocupaci\u00f3n por la demora en las investigaciones. \u201cHasta ahora no podemos superar este crimen. Creemos que las autoridades deben acelerar su trabajo. No hay avances y pensamos que este caso podr\u00eda quedar en la impunidad\u201d. <\/span><\/p>\n\n\n\n Y no le faltan razones. Karina Castro, especialista de la ONG CooperAcci\u00f3n, que promueve los derechos ambientales en el Per\u00fa, explica que, en promedio, de cada 30 cr\u00edmenes registrados contra defensores ambientales, solo uno llega a ser judicializado. \u201cApenas en un caso se logra identificar al agresor potencial o su v\u00ednculo con una empresa o con el sicariato; en los dem\u00e1s, las investigaciones no muestran avances\u00bb, afirma.<\/span><\/p>\n\n\n\n El caso Saweto es un claro ejemplo de los plazos lentos de la justicia. Despu\u00e9s de 10 a\u00f1os, la Corte Superior de Justicia de Ucayali conden\u00f3 en primera instancia a cuatro de los cinco acusados por el asesinato de los l\u00edderes ash\u00e1ninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge R\u00edos. Los defensores asesinados el 1 de septiembre de 2014 en la frontera entre Per\u00fa y Brasil, denunciaban la tala ilegal en Ucayali, una de las regiones m\u00e1s peligrosas del pa\u00eds para los defensores ambientales. <\/span><\/p>\n\n\n \u2036No existen leyes espec\u00edficas que amparen la labor de los defensores ambientales, lo que agrava a\u00fan m\u00e1s su situaci\u00f3n de vulnerabilidad y refleja un alarmante desinter\u00e9s de las autoridades\u201d.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n De acuerdo con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, los defensores de derechos humanos -entre ellos los defensores ambientales- son individuos que, en contextos generalmente cr\u00edticos, optan por realizar, de forma individual o colectiva, un trabajo leg\u00edtimo, ya sea remunerado o voluntario. Esta labor se centra en exigir y promover pac\u00edficamente, dentro de los l\u00edmites legales, la protecci\u00f3n y garant\u00eda de derechos que han sido vulnerados. <\/span><\/p>\n\n\n\n \u201cNo importa si un defensor no se reconoce como tal, lo importante es la labor que realizan. Muchos l\u00edderes ind\u00edgenas prefieren identificarse como l\u00edderes comunales, pero esto no es un impedimento para exigir su protecci\u00f3n\u201d, afirma Mar P\u00e9rez, responsable de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.<\/span><\/p>\n\n\n\n El reciente informe de Global Witness, <\/span>\u2018Voces silenciadas\u2019<\/span><\/i>, revela que en 2023 fueron asesinados 196 defensores ambientales en todo el mundo. Am\u00e9rica Latina contin\u00faa siendo la regi\u00f3n con el mayor n\u00famero de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, representando el 85 % de los casos en ese a\u00f1o. Adem\u00e1s, el informe destaca que el 43 % de las v\u00edctimas eran ind\u00edgenas y el 12 % mujeres, lo que subraya la vulnerabilidad de estos grupos en la defensa de sus territorios.<\/span><\/p>\n\n\n\n De acuerdo al reporte, el asesinato contin\u00faa siendo la pr\u00e1ctica m\u00e1s com\u00fan y, sin duda, la m\u00e1s extrema para silenciar a quienes defienden el medio ambiente. Las muertes de defensores suelen ir acompa\u00f1adas de otras formas de represi\u00f3n generalizada, como actos de violencia, intimidaci\u00f3n, campa\u00f1as de desprestigio y criminalizaci\u00f3n, impulsadas por gobiernos, empresas y grupos criminales. <\/span><\/p>\n\n\n\n \u00c1ngel Pedro Valerio, presidente de la organizaci\u00f3n ind\u00edgena Central Ash\u00e1ninka del R\u00edo Ene (CARE) en Satipo, regi\u00f3n Jun\u00edn, que agrupa a 45 comunidades nativas, destaca que para ellos \u00abestar al frente de la lucha por los derechos humanos y la protecci\u00f3n del medio ambiente es una cuesti\u00f3n de supervivencia\u00bb. Explica que dependen completamente de la naturaleza y que, sin la defensa de los bosques, \u00abnuestros hermanos no van a sobrevivir\u00bb.<\/span><\/p>\n\n\n\n La labor de la CARE comenz\u00f3 durante el conflicto armado interno en Per\u00fa, cuando fue fundamental en la reintegraci\u00f3n de cientos de ash\u00e1ninkas desplazados forzosamente. Actualmente, Valerio contin\u00faa esa labor enfrentando el creciente avance del narcotr\u00e1fico en la regi\u00f3n, que sigue amenazando la seguridad y el territorio de su pueblo.<\/span><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Protecci\u00f3n de papel<\/b><\/p>\n\n\n\n El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprob\u00f3 el \u2018Protocolo para garantizar la protecci\u00f3n de personas defensoras de derechos humanos\u2019, una<\/span> herramienta que establece acciones y procedimientos orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempe\u00f1o de sus actividades de promoci\u00f3n, protecci\u00f3n y defensa. <\/span>No obstante, en la pr\u00e1ctica, estas disposiciones demuestran ser in\u00fatiles como garant\u00edas de protecci\u00f3n.<\/span><\/p>\n\n\n \u2036Am\u00e9rica Latina contin\u00faa siendo la regi\u00f3n con el mayor n\u00famero de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, representando el 85 % de los casos en ese a\u00f1o\u201d.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n Quinto Inuma Alvarado, quien era el apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc (San Mart\u00edn) y l\u00edder ambiental dedicado a la preservaci\u00f3n de \u00e1reas protegidas y a la defensa de los bosques contra la explotaci\u00f3n ilegal, hab\u00eda recibido garant\u00edas personales del Ministerio de Justicia debido a las constantes amenazas en su contra. Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes para salvaguardar su vida.<\/span><\/p>\n\n\n\n El 29 de noviembre de 2023, fue asesinado de regreso a su comunidad nativa Kichwa. El d\u00eda del atentado regresaba de una reuni\u00f3n con defensores de derechos humanos en la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Mientras navegaba por el r\u00edo Yanayacu, fue interceptado por hombres encapuchados que le dispararon en repetidas ocasiones.<\/span><\/p>\n\n\n\n En febrero de este a\u00f1o, un informe de El Foco revel\u00f3 la confesi\u00f3n de Genix Saboya Saboya, uno de los sicarios detenidos, quien admiti\u00f3 ante la Tercera Fiscal\u00eda Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada haber asesinado al l\u00edder ind\u00edgena por encargo de Segundo Villalobos Guevara, un individuo vinculado a la tala ilegal en San Mart\u00edn. Seg\u00fan la declaraci\u00f3n, Villalobos le pag\u00f3 S\/ 1,000 por cometer el crimen.<\/span><\/p>\n\n\n\n \u201cLos defensores y defensoras somos constantemente v\u00edctimas de amenazas. A pesar de que tenemos medidas de protecci\u00f3n eso no nos salva la vida. Cualquiera nos puede disparar y las medidas no sirven para nada\u201d, subraya Eddy Dariquebe. Adem\u00e1s, insiste en que la \u00fanica forma de enfrentar a los grupos criminales es que \u00abel Poder Judicial imponga sanciones m\u00e1s duras a quienes ataquen a los defensores ambientales\u00bb.<\/span><\/p>\n\n\n\n Esa situaci\u00f3n de vulnerabilidad afecta tambi\u00e9n a las familias de los defensores de derechos humanos, quienes, al igual que ellos, sufren represalias por su lucha en defensa de sus causas. El desplazamiento forzado es otra forma de represalia contra los defensores ambientales, un fen\u00f3meno que, aunque pocas veces documentado, contin\u00faa afectando a numerosas comunidades.<\/span><\/p>\n\n\n\n Ese es el caso de Betty Mandruma, esposa del l\u00edder asesinado Quinto Inuma. Tras su tr\u00e1gica muerte, ella, su hijo Kevin y otros familiares cercanos se vieron forzados a abandonar su comunidad en Huimbayoc debido a la falta de garant\u00edas suficientes para su seguridad. Este exilio forzoso representa un cruel desarraigo de sus territorios.<\/span><\/p>\n\n\n\n De igual manera, Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Aut\u00f3nomo Naci\u00f3n Chapra en la provincia Datem del Mara\u00f1\u00f3n, en Loreto, se vio obligada a huir de su hogar junto a su familia tras ser amenazada por denunciar y protestar contra la contaminaci\u00f3n causada por la industria petrolera en la amazon\u00eda peruana.<\/span><\/p>\n\n\n\n La lideresa ha enfrentado la invasi\u00f3n de \u2018agricultores\u2019 que intentan apropiarse de tierras de la naci\u00f3n Chapra, donde el Estado planea implementar un proyecto petrolero, y, adem\u00e1s, ha sido blanco de constantes amenazas de muerte. \u00abTuve que huir con mis hijos, y ahora ellos no est\u00e1n asistiendo a la escuela. Es probable que pierdan el a\u00f1o escolar. \u00bfQu\u00e9 delito han cometido para que se les prive de un derecho fundamental como la educaci\u00f3n?\u00bb reclama con profunda preocupaci\u00f3n.<\/span><\/p>\n\n\n\n Otras formas de amedrentamiento incluyen la criminalizaci\u00f3n del trabajo de los defensores ambientales. En julio pasado, 11 dirigentes campesinos de Cotabambas y Grau en Apur\u00edmac fueron condenados en primera instancia a 8 y 9 a\u00f1os de prisi\u00f3n por ejercer leg\u00edtimamente su derecho a la protesta social. Adem\u00e1s, se impuso una reparaci\u00f3n civil de 50 mil soles a favor del Estado y 88 mil d\u00f3lares para la empresa minera.<\/span><\/p>\n\n\n\n En 2015, los ciudadanos de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas, iniciaron una serie de protestas en la zona debido al desinter\u00e9s del Estado peruano en atender sus demandas. Los defensores ambientales no solo fueron reprimidos violentamente por las fuerzas del orden sino acusados de una serie de delitos. Actualmente, los dirigentes sentenciados est\u00e1n a la espera de que el Juzgado Unipersonal de Cotabambas resuelva el recurso de nulidad del juicio oral interpuesto por su abogado. <\/span><\/p>\n\n\n\n El l\u00edder ashaninka \u00c1ngel Pedro Valerio tambi\u00e9n fue v\u00edctima de criminalizaci\u00f3n debido a su labor como defensor ambiental. Fue implicado en una investigaci\u00f3n fiscal y se emiti\u00f3 una orden de captura en su contra tras ser acusado de participar en la desaparici\u00f3n de cuatro personas durante un paro convocado por su comunidad. La protesta se llev\u00f3 a cabo tras el asesinato de Santiago Contoric\u00f3n, defensor ambiental. Aunque \u00c1ngel Pedro no estaba presente en la zona cuando ocurrieron los hechos, fue igualmente involucrado en la denuncia. <\/span><\/p>\n\n\n \u2036En lo que va de 2024 se han acreditado 37 casos de criminalizaci\u00f3n contra defensores ambientales en el pa\u00eds. De estos incidentes, 12 personas han resultado heridas y 6 han recibido amenazas de muerte\u201d.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n \u00abFue una experiencia muy amarga porque nunca fui notificado de la investigaci\u00f3n, ni como testigo ni denunciado; ni siquiera fui convocado a las diligencias de la Fiscal\u00eda\u00bb, relat\u00f3. Despu\u00e9s de un a\u00f1o de investigaci\u00f3n, se determin\u00f3 que no tuvo participaci\u00f3n en los hechos. La violaci\u00f3n de los derechos del l\u00edder ambiental fue tan evidente que la Relator\u00eda Especial sobre la situaci\u00f3n de los defensores de derechos humanos de la ONU se pronunci\u00f3 sobre el caso. Para la Relator\u00eda, la orden de detenci\u00f3n representaba \u2018una violaci\u00f3n de la libertad de expresi\u00f3n y la libertad de asociaci\u00f3n\u2019.<\/span><\/p>\n\n\n\n El caso de Santiago Contoric\u00f3n caus\u00f3 mucha conmoci\u00f3n en su comunidad de Puerto Ocopa, en Jun\u00edn, tras ser asesinado de cinco balazos en su casa en abril de 2023 por mafias vinculadas al narcotr\u00e1fico. El caso sigue en investigaci\u00f3n en la Fiscal\u00eda Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Jun\u00edn.<\/span><\/p>\n\n\n\n El informe Global Witness sostiene que sigue siendo dif\u00edcil establecer una relaci\u00f3n directa entre el homicidio de una persona defensora y determinados intereses empresariales. Sin embargo, en 2023 se determin\u00f3 que la miner\u00eda ilegal es el sector m\u00e1s criminal de los sectores extractivos, con 25 defensores asesinados tras oponerse a operaciones mineras.<\/span><\/p>\n\n\n\n Seg\u00fan el Observatorio de Personas Defensoras, en lo que va de 2024 se han acreditado 37 casos de criminalizaci\u00f3n contra defensores ambientales en el pa\u00eds. De estos incidentes, 12 personas han resultado heridas y 6 han recibido amenazas de muerte. Adem\u00e1s, el observatorio informa que se han registrado 52 ataques relacionados con el sector minero durante este mismo per\u00edodo, donde las amenazas son continuas y la protecci\u00f3n es inexistente.<\/span><\/p>\n\n\n\n \u201cFalta voluntad pol\u00edtica, y eso se refleja en las limitaciones del Mecanismo de Protecci\u00f3n a Defensores, especialmente en la falta de presupuesto. Sin recursos, es imposible garantizar la verdadera protecci\u00f3n\u00bb, se\u00f1ala Mar P\u00e9rez. Explica que, ante una amenaza, la \u00fanica medida que se toma es trasladar al defensor a otra ciudad, pero los costos de reubicaci\u00f3n recaen sobre la propia v\u00edctima o en organizaciones de la sociedad civil que deciden brindar apoyo.<\/span><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Inacci\u00f3n legislativa<\/b><\/p>\n\n\n\n El 26 de julio, el pleno del Congreso eligi\u00f3 una nueva mesa directiva presidida por Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, e integrada por Patricia Ju\u00e1rez (Fuerza Popular), Waldemar Cerr\u00f3n (Per\u00fa Libre) y Alejandro Cavero (Avanza Pa\u00eds). Salhuana, sin embargo, ha sido objeto de acusaciones por diversos medios de comunicaci\u00f3n e instituciones ambientales debido a sus presuntos v\u00ednculos con la miner\u00eda informal e ilegal. Seg\u00fan el \u2018Observatorio de Miner\u00eda Ilegal y Actividades Vinculadas en \u00c1reas Claves de Biodiversidad\u2019, Salhuana es responsable de la mayor\u00eda de las iniciativas legislativas que restringen los esfuerzos para combatir esta actividad il\u00edcita.<\/span><\/p>\n\n\n\n Esta desprotecci\u00f3n no se limita a la esfera nacional; tambi\u00e9n afecta a la representaci\u00f3n local. CooperAcci\u00f3n ha recopilado numerosas denuncias contra autoridades locales vinculadas a la miner\u00eda ilegal o a otras actividades il\u00edcitas, lo que resulta alarmante. \u201cLos defensores ambientales est\u00e1n desprotegidos no solo por quienes deber\u00edan crear leyes para proteger la naturaleza y los derechos de las personas defensoras, sino tambi\u00e9n por las autoridades locales que est\u00e1n involucradas en estas actividades ilegales. \u00bfc\u00f3mo denuncian un delito ante las autoridades si ellas tambi\u00e9n est\u00e1n implicadas?\u201d cuestiona Karina Castro.<\/span><\/p>\n\n\n\n En el Congreso hay algunos proyectos de ley que permitir\u00edan garantizar la protecci\u00f3n de los defensores ambientales, pero siguen estancados en distintas comisiones. Uno de ellos es la \u2018Ley que Reconoce y Protege a los Defensores Ambientales\u2019, presentada por la congresista Mar\u00eda Taipe Coronado (Per\u00fa Libre). Aunque esta propuesta legislativa cuenta con dictamen, lo que significa que ha recibido una opini\u00f3n t\u00e9cnica, en marzo de este a\u00f1o fue devuelta a las comisiones de Pueblos Andinos, Amaz\u00f3nicos y Afroperuanos, y al de Justicia y Derechos Humanos. Esto se debe a que estos grupos de trabajo han emitido criterios contradictorios sobre el proyecto. Desde entonces no hay avances.<\/span><\/p>\n\n\n\n Otro proyecto es la \u2018Ley que incorpora el delito de etnocidio en el C\u00f3digo Penal\u2019, presentada el 12 de septiembre de este a\u00f1o por el congresista Isaac Mita (Per\u00fa Libre). Esta iniciativa busca \u2018sancionar las acciones que afectan la identidad cultural, vulneren la autodeterminaci\u00f3n, o pongan en riesgo la vida de los pobladores, autoridades y defensores ambientales de comunidades en aislamiento voluntario o campesinas, as\u00ed como aquellas que amenazan gravemente sus ecosistemas\u2019. La propuesta ha sido derivada a la Comisi\u00f3n de Justicia y Derechos Humanos para ser revisada. <\/span><\/p>\n\n\n\n Estas propuestas que buscan proteger a los defensores ambientales resultan insuficientes frente a la avalancha de iniciativas legislativas que favorecen a las industrias extractivas. En el caso de los hidrocarburos, existen al menos 20 proyectos de ley orientados a fomentar la explotaci\u00f3n petrolera, lo que evidencia una clara inclinaci\u00f3n del Congreso hacia la expansi\u00f3n de este sector, priorizando los intereses econ\u00f3micos sobre la protecci\u00f3n de los territorios y las comunidades ind\u00edgenas.<\/span><\/p>\n\n\n\n \u201cLa \u00e9poca de la extracci\u00f3n ya deber\u00eda haber quedado atr\u00e1s, porque si seguimos extrayendo, seguiremos destruyendo\u201d, cuestiona la defensora Olivia Bisa. \u201cLo \u00fanico que pedimos es que el Estado nos respete y trabaje de manera articulada con las comunidades. Es contradictorio que el gobierno asista a las COP y hablen de conservaci\u00f3n, mientras contin\u00faa impulsando la destrucci\u00f3n de la Amazon\u00eda\u201d.<\/span><\/p>\n\n\n\n Un paso crucial para fortalecer las garant\u00edas de protecci\u00f3n para los l\u00edderes ambientales es asegurar la plena implementaci\u00f3n de la Ley del Cuerpo de Guardaparques del Per\u00fa, promulgada el 23 de marzo de este a\u00f1o. La labor de los guardaparques, que es una de las principales funciones de los l\u00edderes ambientales, se beneficia directamente de esta ley, que aborda aspectos econ\u00f3micos y remunerativos esenciales para su profesionalizaci\u00f3n. Esta normativa est\u00e1 dise\u00f1ada para apoyar a los m\u00e1s de 800 guardaparques que protegen las 76 \u00e1reas naturales protegidas del pa\u00eds.<\/span><\/p>\n\n\n\n Los guardaparques enfrentan condiciones laborales extremas al desempe\u00f1arse en lugares remotos y peligrosos, expuestos a enfermedades ex\u00f3ticas, animales venenosos y r\u00edos caudalosos. En las \u00faltimas semanas, su labor se ha vuelto a\u00fan m\u00e1s arriesgada con el control de los incendios forestales que han afectado a cerca de 22 regiones en todo el pa\u00eds. En promedio, cada guardaparque es responsable de la protecci\u00f3n y el cuidado de aproximadamente 26,000 hect\u00e1reas de territorio nacional.<\/span><\/p>\n\n\n \u2036Los defensores ambientales est\u00e1n desprotegidos no solo por quienes deber\u00edan crear leyes para proteger la naturaleza y los derechos de las personas defensoras, sino tambi\u00e9n por las autoridades locales que est\u00e1n involucradas en estas actividades ilegales\u201d.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n Pero sin duda, un elemento clave para garantizar una verdadera protecci\u00f3n a los defensores ambientales, coinciden todas las voces consultadas, es el reconocimiento de la autonom\u00eda territorial de las comunidades originarias. Este reconocimiento debe permitir una articulaci\u00f3n efectiva con actores locales que respalden los gobiernos territoriales. Ejemplos claros de esta din\u00e1mica son los pueblos Wampis y Awaj\u00fan, que gozan de legitimidad en sus territorios, poseen una s\u00f3lida identidad cultural y organizaci\u00f3n. Gracias al profundo conocimiento cultural, han empezado a establecer conexiones con diferentes sectores del Estado. <\/span><\/p>\n\n\n\n Sin embargo, esta soluci\u00f3n implica potencialmente una reinterpretaci\u00f3n del concepto de territorio. \u00abUna de las limitaciones del Estado peruano es que ve el territorio como un simple pedazo de tierra bajo el cual hay minerales, mientras que para las comunidades, la conexi\u00f3n con el territorio es mucho m\u00e1s compleja\u00bb, se\u00f1ala Karina Castro, de CooperAcci\u00f3n. La especialista recuerda que, para los pueblos ind\u00edgenas, la relaci\u00f3n con la naturaleza es tambi\u00e9n un v\u00ednculo ancestral. Cualquier actividad extractiva no solo quiebra esa relaci\u00f3n con sus antepasados, sino tambi\u00e9n con la misma comunidad. Por lo tanto, las \u00e1reas consideradas estrat\u00e9gicas por el Estado para el desarrollo deben ser reconsideradas como zonas intr\u00ednsecas a la cultura de estos pueblos.<\/span><\/p>\n\n\n\n Este es un paso primordial si el Estado Peruano, que tiene una deuda pendiente con la defensa de la vida, el cuidado del medio ambiente y el respeto por los derechos fundamentales, quiere detener m\u00e1s muertes de defensores ambientales. No debemos olvidar que todos los defensores asesinados ten\u00edan como consigna de vida proteger el planeta y los derechos humanos esenciales, y cada una de esas p\u00e9rdidas hace que el mundo sea m\u00e1s vulnerable frente a las crisis clim\u00e1ticas, de biodiversidad y contaminaci\u00f3n<\/span>. <\/span><\/p>\n\n\n\n En todas las regiones del mundo, existen defensores de la naturaleza que alzan su voz para denunciar los da\u00f1os causados por las industrias extractivas, como la deforestaci\u00f3n, la contaminaci\u00f3n y el desplazamiento de sus tierras. En su labor, enfrentan actos de violencia, discriminaci\u00f3n y amenazas a su vida, a menudo bajo la mirada indiferente de sus propias autoridades.<\/span><\/p>\n\n\n\n A pesar de esta lucha desequilibrada, persisten personas valientes que contin\u00faan preservando el cuidado de nuestro planeta. Olivia Bisa, lideresa de la Naci\u00f3n Chapra, destaca que si todav\u00eda conservamos zonas con biodiversidad intactas, es porque sus antepasados sacrificaron su vida por su conservaci\u00f3n, y ahora los hijos contin\u00faan con esa lucha porque es su \u00fanica herencia.\u201cPodr\u00e1n callarnos, podr\u00e1n asesinarnos, pero en cada naci\u00f3n nace una Olivia m\u00e1s, nace un Quinto m\u00e1s, nace un V\u00edctorio m\u00e1s. Guerreros que defender\u00e1n esta tierra\u201d. <\/span><\/p>\n\n\n\n <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":" La creciente violencia contra quienes protegen la naturaleza evidencia una crisis de derechos humanos que sigue sin recibir la atenci\u00f3n necesaria de las autoridades. El 19 de septiembre se cumplieron cinco meses del asesinato del defensor, agricultor y guardaparque ind\u00edgena Victorio Dariquebe Gerewa. 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