Este art\u00edculo trata de analizar las diferentes ideas en torno a la \u201cjudicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica\u201d, cu\u00e1ndo se trata de un fen\u00f3meno positivo y cu\u00e1ndo es negativo y criticable. Contra lo que se suele decir, hay que distinguir entre una l\u00ednea positiva de la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica y otra negativa, seg\u00fan el sentido en que se usa y, sobre todo, de acuerdo a los casos concretos que se analizan. Solo as\u00ed evitaremos que se inventen interesadamente judicializaciones inexistentes y se nieguen las realmente existentes.<\/p>\n\n\n\n
Podemos encontrar un primer ejemplo de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica en las sentencias del Poder Judicial (PJ) donde la materia objeto del fallo se relaciona con una pol\u00edtica p\u00fablica, aunque se est\u00e9 resolviendo un caso individual y concreto. As\u00ed tenemos el fallo del PJ a favor de la muerte en condiciones dignas para Ana Estrada. En la misma l\u00ednea podemos mencionar los pronunciamientos del PJ y el Tribunal Constitucional (TC) sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de una norma. Ah\u00ed podemos recordar lo sucedido en setiembre de 2007, cuando el TC de entonces se pronunci\u00f3 frente a una norma \u2014la Ley N.\u00ba 28925\u2014 que buscaba limitar la labor de las ONG, modificando la ley de la Agencia Peruana de Cooperaci\u00f3n internacional (APCI). En dicha oportunidad el TC decidi\u00f3 establecer criterios de interpretaci\u00f3n para que solo determinadas partes de la norma fueran consideradas inconstitucionales. Esto gener\u00f3 el rechazo de quienes cre\u00edan que el TC deb\u00eda pronunciarse por la inconstitucionalidad o constitucionalidad de la norma en su totalidad y no de forma parcial. Este tipo de fallos suelen llamarse interpretativos y son un ejercicio de la administraci\u00f3n de justicia poco habitual, pues puede entrar en conflicto con disposiciones del Legislativo o el Ejecutivo.<\/p>\n\n\n\n
Hay quienes critican a los jueces cuando se acogen a esta figura, pues consideran que se trata de una invasi\u00f3n de competencias; sin embargo, la posici\u00f3n contraria, la que valora que el juez act\u00fae en casos excepcionales y haga frente al Legislativo o al Ejecutivo, ha ganado adeptos. Esto \u00faltimo se debe a que los jueces han hecho valer esta figura cuando ha estado en juego la afirmaci\u00f3n de derechos y libertades fundamentales.<\/p>\n\n\n\n
Yo defiendo esta \u00faltima posici\u00f3n, siempre y cuando se cumpla con el requisito de la excepcionalidad y la justificaci\u00f3n inequ\u00edvoca, pues la divisi\u00f3n y el equilibrio de poderes no implica la separaci\u00f3n absoluta de funciones: as\u00ed como los tres poderes expiden normas generales, los tres pueden abarcar medidas relacionadas en mayor o menor grado a demandas generales de inter\u00e9s p\u00fablico. Mi posici\u00f3n cr\u00edtica la reservo para cuando haya alg\u00fan exceso en un caso concreto, cuando resulte claro que esta extensi\u00f3n de la funci\u00f3n jurisdiccional no es una v\u00eda para hacer justicia, sino para consumar una arbitrariedad indefendible.<\/p>\n\n\n\n
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Una segunda noci\u00f3n de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica se relaciona con la expresi\u00f3n lawfare<\/em>. El sentido literal del t\u00e9rmino lawfare<\/em> es guerra jur\u00eddica, guerra judicial, especialmente contra la ley penal, para interferir en la pol\u00edtica. Es la b\u00fasqueda de la muerte legal y pol\u00edtica del rival pol\u00edtico al no poderlo derrotar en las urnas; y es la persecuci\u00f3n legal-penal que se origina con un objetivo pol\u00edtico, m\u00e1s all\u00e1 de si el perseguido tiene o no verdadera responsabilidad penal. Peor a\u00fan, de acuerdo al concepto de lawfare<\/em>, quienes recurren a esta persecuci\u00f3n saben que los afectados son inocentes, pero les inventan una responsabilidad.<\/p>\n\n\n\n El jurista que puede ser considerado el creador del t\u00e9rmino es Ra\u00fal Zaffaroni, autor de \u201c\u00a1Bienvenidos al Lawfare<\/em>! – Manual de pasos b\u00e1sicos para demoler el derecho penal\u201d (2020), libro que ha sido prologado por el actual presidente de Brasil, Luiz In\u00e1cio Lula da Silva. Lula, a lo largo del referido pr\u00f3logo, dice de manera recurrente que \u00e9l fue una v\u00edctima concreta del lawfare<\/em>, tal como sus abogados lo plantearon desde el a\u00f1o 2016.<\/p>\n\n\n \u2036El sentido literal del t\u00e9rmino lawfare<\/em> es guerra jur\u00eddica, guerra judicial, especialmente contra la ley penal, para interferir en la pol\u00edtica. Es la persecuci\u00f3n legal que se origina con un objetivo pol\u00edtico, m\u00e1s all\u00e1 de si el perseguido tiene o no verdadera responsabilidad penal\u201d<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n Zaffaroni \u2014haciendo uso de su acostumbrada brillantez\u2014 crea un esquema de lawfare<\/em> en el que incluye a los jueces y a los medios de comunicaci\u00f3n. Le da un peso muy importante, por ejemplo, a los medios de comunicaci\u00f3n que usan su poder para desinformar a la gente, aprovech\u00e1ndose del poco conocimiento que tiene la gente en general sobre temas jur\u00eddicos. A los jueces les llama \u201cd\u00f3ciles\u201d o \u201cpayasos\u201d, que solo buscan su bienestar profesional, ser estrellas medi\u00e1ticas o tentar suerte pol\u00edtica.<\/p>\n\n\n\n Zaffaroni se\u00f1ala que \u201cel descuartizamiento del derecho penal\u201d es \u201cpopulachero\u201d, pues inventa un \u201cmal c\u00f3smico\u201d y a partir de all\u00ed se sacan de la manga delaciones premiadas, prisiones preventivas, filtraci\u00f3n de informaci\u00f3n, etc. Pero el esquema de lawfare<\/em> de Zaffaroni se desmorona cuando se\u00f1ala que la persecuci\u00f3n de los pol\u00edticos siempre proviene de un lado, en t\u00e9rminos de posici\u00f3n pol\u00edtica, y los perseguidos siempre son de la posici\u00f3n pol\u00edtica opuesta: los que persiguen son siempre las \u00e9lites, los defensores del capital financiero internacional, y los perseguidos son los gobiernos o pol\u00edticos que defienden las pol\u00edticas sociales y populares contra la pobreza, los que encarnan los intereses nacionales y las pol\u00edticas distributivas. Para decirlo en pocas palabras, los perseguidores siempre ser\u00edan los de derecha pro-neoliberalismo, mientras que los perseguidos responder\u00edan a intereses de izquierda pro-distribuci\u00f3n de la riqueza. Tal vez por eso los ejemplos de quienes se dicen v\u00edctimas de lawfare<\/em> est\u00e1n siempre en la misma l\u00ednea ideol\u00f3gica: Lula, Kirchner, Evo Morales. Una persecuci\u00f3n que hace que Zaffaroni compare al actual lawfare<\/em> con la Santa Inquisici\u00f3n y los nazis. Ni m\u00e1s ni menos.<\/p>\n\n\n\n As\u00ed de esquem\u00e1tico y maniqueo es Zaffaroni en este tema:<\/p>\n\n\n\n \u201cLa ideolog\u00eda encubridora del totalitarismo financiero vuelve a descuartizar el derecho penal verdadero, y como nueva variante actual del ‘derecho penal vergonzante’, pegotea a sus miembros en un collage<\/em> de pura venganza medi\u00e1ticamente promovida contra estereotipados y pol\u00edticos populares. Este es el ‘derecho penal vergonzante’, de nuestro tiempo, al menos de nuestra regi\u00f3n. [\u2026] A los pol\u00edticos populares se les inventan delitos y montan procesos en oscuros maridajes de medios de comunicaci\u00f3n monop\u00f3licos, servicios secretos y jueces d\u00f3ciles, que sentencian disparates escandalosos [\u2026] mientras el p\u00fablico circense de nuestras clases medias bajas se entretiene con el espect\u00e1culo que brindan el mundo judicial diciendo y escribiendo disparates, los impolutos hacen ajustes presupuestarios, derogan la legislaci\u00f3n laboral, desfinancian la investigaci\u00f3n cient\u00edfica, la salud p\u00fablica, la educaci\u00f3n p\u00fablica, embadurnan el derecho previsional y propugnan pol\u00edtica de ‘mano dura’ contra la delincuencia (de los estereotipados pobres)\u201d.<\/p>\n\n\n\n Queda claro as\u00ed que no cualquiera puede decir que es v\u00edctima del lawfare<\/em>, pues si se trata de alguien que no es considerado parte del campo popular progresista, no tiene derecho de apropiarse de un concepto que solo reconoce y critica como perseguidor judicial al capital financiero contra la l\u00ednea pol\u00edtica popular-nacional.<\/p>\n\n\n\n \u00bfKeiko o PPK puede invocar el lawfare<\/em>? Siguiendo el marco te\u00f3rico de Zaffaroni, Lula y sus seguidores, es imposible, pues ellos se encuentran en una posici\u00f3n que \u2014seg\u00fan el lawfare<\/em>\u2014 solo les permite perseguir y jam\u00e1s ser perseguidos.<\/p>\n\n\n\n Sin embargo, es absurdo sostener que es imposible que quien est\u00e1 a la izquierda del espectro pol\u00edtico pueda ser corrupto y que si alguien de ese lado es acusado de ello se trata en realidad de una venganza de sus enemigos ideol\u00f3gicos ubicados a la derecha. Tan absurdo como creer que toda acusaci\u00f3n de corrupci\u00f3n contra alguien de derecha o conservador siempre ser\u00e1 real. Ni lo uno ni lo otro. Siempre hay que analizar caso por caso, sin importar la posici\u00f3n ideol\u00f3gica, pues si algo ha demostrado la corrupci\u00f3n es que no es monopolio de una ideolog\u00eda, sino que comprende a todas.<\/p>\n\n\n\n Tras esa explicaci\u00f3n queda claro que, en el Per\u00fa, quien te\u00f3ricamente podr\u00eda presentarse como v\u00edctima de lawfare<\/em> ser\u00eda el expresidente Castillo. Podr\u00eda alegar que la extrema derecha nunca quiso aceptar su triunfo el a\u00f1o 2021, pese a que las autoridades electorales y una serie de misiones observadoras nacionales e internacionales consideraron que las elecciones hab\u00edan sido limpias. O que luego vino un acoso medi\u00e1tico con el que se busc\u00f3 convencer al pa\u00eds que con \u00e9l pr\u00e1cticamente Sendero Luminoso hab\u00eda tomado el poder. Es decir, muchos de los elementos que Zaffaroni considera caracter\u00edsticos del lawfare<\/em>, Castillo los podr\u00eda invocar a su favor. Por algo uno de los abogados de Castillo, es muy cercano a Zaffaroni. Sin embargo, el caso se cae de manera estrepitosa cuando se revisa la gran cantidad de evidencia que justifica que Castillo sea investigado y procesado: innumerables elementos de convicci\u00f3n relacionados con graves casos de corrupci\u00f3n; nombramientos irregulares; un evidente golpe de Estado; etc. Resulta absurdo creer que Castillo merece una inmunidad absoluta por ser rondero, profesor y dirigente magisterial con una ideolog\u00eda de izquierda radical, y que cualquier acusaci\u00f3n deber\u00eda ser interpretada como persecuci\u00f3n pol\u00edtica, en el sentido de lawfare<\/em>. De ah\u00ed la importancia de tener claridad sobre lo ideologizado, poco riguroso y equivocado que es importar esta terminolog\u00eda del lawfare<\/em>.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Un ejemplo positivo de la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica lo encontramos cuando la justicia investiga, procesa y eventualmente condena a personas relacionadas con la pol\u00edtica \u2014candidatos, miembros de partidos pol\u00edticos, expresidentes, excongresistas, exmagistrados, o exfuncionarios p\u00fablicos de las diferentes instancias del Estado\u2014 desde la institucionalidad, siguiendo los procedimientos previstos por ley, respetando las garant\u00edas del debido proceso, especialmente el derecho de defensa y la independencia de jueces, fiscales y dem\u00e1s operadores de justicia.<\/p>\n\n\n\n Es positiva porque el Estado de Derecho implica que la justicia debe actuar para sancionar el delito en todos los casos, pues \u201ctodos somos iguales ante la ley\u201d. Negativo ser\u00eda lo contrario: que la justicia se inhiba de actuar frente a los que est\u00e1n relacionados con el poder pol\u00edtico o cualquier otro poder.<\/p>\n\n\n\n Es claro que no se puede descartar una judicializaci\u00f3n negativa de la pol\u00edtica, en el sentido que personas relacionadas con la pol\u00edtica comienzan a ser perseguidos por la justicia sin que existan los m\u00ednimos elementos de convicci\u00f3n, malutilizando instituciones y procedimientos o violando garant\u00edas.<\/p>\n\n\n \u2036Un ejemplo positivo de la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica lo encontramos cuando la justicia investiga, procesa y eventualmente condena a personas relacionadas con la pol\u00edtica […] pero no se puede descartar una judicializaci\u00f3n negativa de la pol\u00edtica, en el sentido que personas relacionadas con la pol\u00edtica comienzan a ser perseguidos por la justicia sin que existan los m\u00ednimos elementos de convicci\u00f3n\u201d<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n Es posible ver ambas caras de la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica \u2014la positiva y la negativa\u2014 en el d\u00eda a d\u00eda. Siempre depender\u00e1 del caso, por lo que se recomienda no llegar a conclusiones a priori o de manera generalizada.<\/p>\n\n\n\n El fil\u00f3sofo Salom\u00f3n Lerner Febres, expresidente de la Comisi\u00f3n de la Verdad y Reconciliaci\u00f3n, ha sido clar\u00edsimo al destacar la actitud \u201cc\u00ednica\u201d, \u201camoral\u201d y \u201cantidemocr\u00e1tica\u201d, que pretende mezclar los conceptos positivos y negativos sobre la referida judicializaci\u00f3n:<\/p>\n\n\n\n \u201cEn el Per\u00fa se ha distorsionado el sentido de ese t\u00e9rmino [la judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica], pues se est\u00e1 designando con \u00e9l al juzgamiento de autoridades y pol\u00edticos. Esto es visto por lo general como algo negativo. Pero conviene hacer un discernimiento, pues m\u00e1s bien podr\u00eda haber algo de c\u00ednico en esas cr\u00edticas a la judicializaci\u00f3n. <\/em>La cuesti\u00f3n es clara: donde hay delito corresponde juzgar. Ahora bien, cuando se cuestiona la acci\u00f3n judicial en las circunstancias actuales, marcadas por la corrupci\u00f3n escandalosa de pol\u00edticos y funcionarios, \u00bfcu\u00e1l es el mensaje? Se sostiene que al procesar a los ‘pol\u00edticos’ se entorpece el normal funcionamiento de la pol\u00edtica y se impide que el libre juego de la democracia produzca equilibrios, acuerdos, soluciones negociadas. Esta es una lectura amoral y antidemocr\u00e1tica, pues supone que la justicia deber\u00eda inhibirse ante el imperio de la pol\u00edtica y que no todos debemos ser iguales ante la ley. \u00bfPor qu\u00e9 habr\u00eda de criticarse la acci\u00f3n judicial cuando ella act\u00faa frente a indicios de criminalidad respecto de un pol\u00edtico poderoso?\u201d<\/em><\/p>\n\n\n\n Con tantos pol\u00edticos y altos exfuncionarios p\u00fablicos investigados, acusados, procesados y hasta condenados por la justicia, cabe preguntarse, si estamos ante una judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica positiva \u2014la justicia ejerciendo su derecho y su deber\u2014, o negativa \u2014la utilizaci\u00f3n de la justicia como medio de persecuci\u00f3n\u2014.<\/p>\n\n\n\n Los directamente afectados sostienen que se trata de una persecuci\u00f3n pol\u00edtica, pero considero que hay fundamentos que permiten negar esa hip\u00f3tesis. Primero, quienes est\u00e1n a cargo de los procedimientos son fiscales y jueces premunidos por ley de las competencias correspondientes. Luego, que estos procedimientos abarcan a personas de las m\u00e1s distintas ideolog\u00edas y de muy distintos reg\u00edmenes pol\u00edticos que tienen en com\u00fan el haberse involucrado en hechos irregulares reconocidos incluso por las partes involucradas. Frente a esto \u00faltimo cabe discutir si esos hechos llegan a ser delitos o solo son faltas administrativas, si han prescrito o no, si hay testigos, colaboradores eficaces u otros elementos de convicci\u00f3n que justifiquen investigaciones y acusaciones, etc. Por \u00faltimo, se trata de personas que han tenido o tienen mucho poder y no han logrado un pronunciamiento internacional a su favor, como suele ocurrir ante investigaciones o detenciones arbitrarias.<\/p>\n\n\n\n Creo que estamos ante una judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica en el primer sentido, en el positivo, pues la justicia est\u00e1 respondiendo bien pese a su precariedad. De hecho, pueden identificarse errores o discrepancias en torno a determinadas decisiones \u2014como la cantidad de investigados en cada caso, demoras, determinadas prisiones preventivas, etc.\u2014, pero no se puede negar que los procesos se han movido en el marco de las atribuciones y plazos dispuestos por ley para la actuaci\u00f3n de jueces y fiscales.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Para que se haya podido dar esta correcta actuaci\u00f3n de fiscales y jueces frente a los diversos casos de corrupci\u00f3n vinculados al poder \u2014incluyendo el caso de los Rolex que involucra a la actual presidenta, adem\u00e1s de las investigaciones respecto a su hermano y uno de sus exabogados\u2014, estos magistrados vienen haciendo frente a un fen\u00f3meno de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica totalmente negativo, aunque negado y camuflado. Me refiero a las campa\u00f1as que el Congreso, el Ejecutivo y otras instituciones vienen implementando contra los operadores de justicia a cargo de casos como \u201cLava Jato\u201d, donde fiscales como Rafael Vela, Jos\u00e9 Domingo P\u00e9rez, Marita Barreto, y \u00f3rganos de apoyo como la DIVIAC, lejos de estar protegidos y promovidos por quienes detentan el poder pol\u00edtico, est\u00e1n enfrentados en t\u00e9rminos generales a todos los poderes, incluidos el pol\u00edtico, econ\u00f3mico y medi\u00e1tico. La correcta judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica es respondida por una incorrecta judicializaci\u00f3n, lo cual se traduce en campa\u00f1as de difamaci\u00f3n, sanciones y hasta en investigaciones fiscales improcedentes.<\/p>\n\n\n\n Muestra de ello ha sido la suspensi\u00f3n por 8 meses y medio que la Autoridad Nacional Disciplinaria del Ministerio P\u00fablico orden\u00f3 contra el fiscal Vela, coordinador de los fiscales Lava Jato y de lavado de activos, considerando como falta grave el haber opinado en contra de una Resoluci\u00f3n Judicial. La sanci\u00f3n ha sido dejada de lado gracias a que el PJ declar\u00f3 fundada la acci\u00f3n de amparo correspondiente. Pero tan o m\u00e1s graves son las investigaciones fiscales que se han abierto contra el ex Fiscal de la Naci\u00f3n Pablo S\u00e1nchez, los fiscales Vela y P\u00e9rez, y el periodista de investigaci\u00f3n Gustavo Gorriti. Estas investigaciones nunca debieron generarse, pues se trata de una imputaci\u00f3n aberrante: que los actos de los fiscales est\u00e1n controlados por dicho periodista. No es gratuito que tantos los fiscales como el periodista hayan obtenido medidas cautelares de protecci\u00f3n por parte de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos, y recibido el respaldo de muchas instituciones nacionales e internacionales relacionadas con independencia de los operadores de justicia y la libertad de expresi\u00f3n.<\/p>\n\n\n \u2036Tanto operadores de justicia como periodistas pueden ser investigados, pero siempre y cuando haya graves y fundados elementos de convicci\u00f3n, dado lo especial de la funci\u00f3n investigativa \u2014penal y period\u00edstica\u2014 que cumplen\u201d.<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n Tanto operadores de justicia como periodistas pueden ser investigados, pero siempre y cuando haya graves y fundados elementos de convicci\u00f3n, dado lo especial de la funci\u00f3n investigativa \u2014penal y period\u00edstica\u2014 que cumplen. Pero, por el contrario, se trata de una \u201cinvestigaci\u00f3n hostil\u201d, tal como lo dice el mismo Gorriti. Es inexplicable que, en un proceso de amparo interpuesto por dicho periodista, recientemente hasta se haya negado la admisi\u00f3n de un amicus curiae<\/em> presentado por la Iniciativa Globa de la libertad de Expresi\u00f3n de la Universidad de Columbia, firmado por reconocidos juristas, entre ellos, Catalina Botero, exrelatora especial para libertad de expresi\u00f3n<\/a> \u2013por dos periodos\u2013, de la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Hay otro ejemplo de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica totalmente distinto a los ya mencionados y que tiene una connotaci\u00f3n negativa. Me refiero al control o intento de control de la institucionalidad democr\u00e1tica de parte del Congreso y el Ejecutivo, sobre varios organismos que forman parte del sistema de justicia. Un ejemplo claro de este intento de control est\u00e1 relacionado con lo que viene ocurriendo con la Junta Nacional de Justicia (JNJ). El Congreso viene tratando de \u201cdisolver\u201d la Junta a trav\u00e9s de varios intentos de destituci\u00f3n inmediata, denuncias constitucionales y la inhabilitaci\u00f3n de dos de sus miembros \u2014In\u00e9s Tello y Aldo V\u00e1squez\u2014, todo con el fin de controlar el nombramiento de jueces y fiscales, y de los jefes de la ONPE y de la RENIEC, atribuciones propias de la Junta. Estas medidas pueden verse como represalia porque la Junta investig\u00f3 y destituy\u00f3 a la ex Fiscal de la Naci\u00f3n, Patricia Benavides. Dicha investigaci\u00f3n se abri\u00f3 cuando se hizo evidente que la exfiscal actuaba en sinton\u00eda con el Congreso, tal como qued\u00f3 demostrado cuando se hizo p\u00fablico el intercambio de favores entre ella y diversos grupos congresales como \u201cLos Ni\u00f1os\u201d de Acci\u00f3n Popular, quienes votaron a favor de los intereses de Benavides al destituir a la tambi\u00e9n exfiscal Zoraida \u00c1valos, a cambios de no ser investigados por el Ministerio P\u00fablico.<\/p>\n\n\n\n Los miembros de la Junta han logrado permanecer en sus cargos con el quorum para cumplir con sus funciones, pero la Comisi\u00f3n Especial encargada de elegir una nueva junta ya lanz\u00f3 el concurso p\u00fablico en b\u00fasqueda de los nuevos miembros, siete titulares y siete suplentes. Sin embargo, este proceso viene siendo cuestionado por la total falta de transparencia, de candidatos id\u00f3neos y de participaci\u00f3n ciudadana, tal como la expresado la Misi\u00f3n Internacional de Observaci\u00f3n en dos informes, luego de visitas in situ<\/em>. Desde diversos sectores se est\u00e1 planteando que haya un nuevo concurso, con nuevas bases que promuevan la postulaci\u00f3n de m\u00e1s y mejores candidatos<\/a> para evitar que la Junta pase a ser una entidad absolutamente controlada.<\/p>\n\n\n \u2036Hay otro ejemplo de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica totalmente distinto a los ya mencionados y que tiene una connotaci\u00f3n negativa. Me refiero al control o intento de control de la institucionalidad democr\u00e1tica de parte del Congreso y el Ejecutivo, sobre varios organismos que forman parte del sistema de justicia\u201d<\/p>\n <\/blockquote>\n \n\n\n Otra burda manera de buscar el control de la institucionalidad democr\u00e1tica relacionada con el sistema de justicia tiene que ver con el Tribunal Constitucional. Desde muy diversos sectores se afirma \u2014y con raz\u00f3n\u2014 que estamos ante un TC claramente sumiso al poder del Congreso. Esta situaci\u00f3n se origin\u00f3 tras la viciada elecci\u00f3n de los miembros del TC, donde el Congreso promovi\u00f3 un concurso que no cumpli\u00f3 con principios b\u00e1sicos de meritocracia, igualdad de oportunidades o transparencia. As\u00ed, los tribunos electos no tienen un perfil id\u00f3neo para el cargo, lo que ha determinado que se expidan sentencias \u2014generalmente con el voto en contra de Manuel Monteagudo\u2014 que favorecen al Congreso, sin importar que para ello tengan que atentar abiertamente contra la Constituci\u00f3n y la leyes y hasta incumplir mandatos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En esa l\u00ednea podemos citar fallos que han flexibilizado enormemente las posibilidades de vacar al presidente de turno y se ha hecho casi imposible que el Ejecutivo haga cuesti\u00f3n de confianza al Congreso, alterando totalmente el equilibrio de poderes. No olvidemos la convalidaci\u00f3n del indulto que PPK otorg\u00f3 de manera irregular a favor de Alberto Fujimori y que se ejecut\u00f3 por disposici\u00f3n irregular del TC, pese a la oposici\u00f3n de la CIDH. Tambi\u00e9n es elocuente que la recientemente electa presidenta del Tribuna Nacional hasta el 2026 y miembro del Opus Dei, Luz Pacheco, ha tenido declaraciones p\u00fablicas incompatibles con la legalidad nacional e internacional: que debe pasarse la p\u00e1gina frente a las violaciones de derechos humanos aun cuando se trata de un delito imprescriptible; o que el homicidio de una mujer nunca puede ser por su condici\u00f3n de mujer, negando la existencia del concepto de feminicidio, entre otras muchas perlas.<\/p>\n\n\n\n La Defensor\u00eda del Pueblo es otra instituci\u00f3n que el Congreso ha logrado controlar pol\u00edticamente siguiendo un esquema ya cl\u00e1sico: el Legislativo simula un concurso p\u00fablico y se elige a una persona sin m\u00e9ritos profesionales y sin trayectoria democr\u00e1tica, quien devuelve el favor actuando en coordinaci\u00f3n con el poder pol\u00edtico. Me refiero a que Josu\u00e9 Guti\u00e9rrez, electo por el Congreso el 2023, no tiene m\u00e9ritos, pero s\u00ed cuestionamientos. Por ejemplo, ha sido abogado de Vladimir Cerr\u00f3n, hoy pr\u00f3fugo de la Justicia, pero quien controla pol\u00edticamente una parte significativa de Congreso. Guti\u00e9rrez, preside la Comisi\u00f3n Especial que, como ya dijimos, est\u00e1 eligiendo de muy mala manera la JNJ. Adem\u00e1s, ha tenido iniciativas cuestionables, como la de presentar una acci\u00f3n de inconstitucionalidad contra la Ley de Extinci\u00f3n de Dominio, norma que hoy permite despojar al crimen organizado de sus bienes. Como remate, cabe mencionar que fue una de las primeras autoridades que sali\u00f3 a expresar su pesar por la muerte de Alberto Fujimori, sin recordar en ning\u00fan momento que se trat\u00f3 de un presidente que dio un golpe de estado y que fue condenado a 25 a\u00f1os por graves violaciones a los derechos humanos.<\/p>\n\n\n\n El control del Jurado Nacional de Elecciones (JNE) \u2014el \u00f3rgano del sistema de justicia a cargo de resolver las controversias jur\u00eddicas en materia electoral\u2014 tambi\u00e9n est\u00e1 en la agenda del Congreso. Su presidente, Jos\u00e9 Luis Salas Arenas, ha estado en la mira del Legislativo desde que se enfrent\u00f3 a la narrativa de fraude que se intent\u00f3 instalar tras las elecciones de 2021. Por ello, han intentado acusarlo constitucionalmente pese a que la Constituci\u00f3n no lo permite, y est\u00e1n intentado cambiar la ley para que el presidente del JNE ya no sea el representante elegido por la Corte Suprema. Seg\u00fan el proyecto aprobado en la Comisi\u00f3n de Constituci\u00f3n el presidente del JNE ser\u00eda elegido por votaci\u00f3n de los cinco miembros del pleno del JNE. De esta manera, cualquiera de ellos podr\u00eda ocupar el m\u00e1s alto cargo del ente electoral, lo que aumenta las posibilidades de manipulaci\u00f3n. Los dem\u00e1s organismos del sistema electoral tampoco est\u00e1n libres de este intento de control, pues el Congreso busca que la elecci\u00f3n de los jefes del Registro Nacional de Identificaci\u00f3n y Estado Civil (RENIEC) y la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) dependa de ellos y deje de ser competencia de una JNJ independiente, como lo es actualmente. Esta situaci\u00f3n es para m\u00ed un claro ejemplo de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica que hay que denunciar y revertir. El Congreso y el Ejecutivo est\u00e1n buscando controlar el sistema de justicia para que resuelvan casos y dicten medidas en funci\u00f3n de determinados intereses pol\u00edticos que se relacionan con intereses particulares y hasta il\u00edcitos. Por ello, no es gratuito que \u00faltimamente se promulgaran normas que favorecen claramente al crimen organizado.<\/p>\n\n\n\n Los golpes contra la institucionalidad democr\u00e1tica son tan evidentes que, por primera vez en nuestra historia, fiscales y jueces hacen constantes pronunciamientos en contra de leyes abiertamente inconstitucionales o de fallos del TC que socavan las competencias del Poder Judicial o el Ministerio Publico. Dichos pronunciamientos suelen hacer un llamado a la ciudadan\u00eda para que defiendan el Estado de derecho. En la misma l\u00ednea se puede citar los amparos o las medidas cautelares que vienen concediendo diversos jueces constitucionales del PJ contra excesos del Congreso, del Ejecutivo y hasta del TC.<\/p>\n\n\n\n Lo m\u00e1s grave es que esta intervenci\u00f3n institucional se viene realizando a trav\u00e9s de una alianza entre el Congreso y el Ejecutivo. El Congreso ha desterrado la posibilidad de la vacancia presidencial y a cambio la presidenta no observa ninguna Ley. Adem\u00e1s, ambos poderes del Estado recurren permanentemente al TC, que casi siempre le da la raz\u00f3n, por m\u00e1s absurdas que sean sus pretensiones. Esta alianza se ha hecho mucho m\u00e1s visible tras la muerte de Alberto Fujimori. La presidenta Boluarte, sus ministros y el Congreso no solo declararon tres d\u00edas de duelo nacional y pusieron a disposici\u00f3n de la familia instalaciones p\u00fablicas para el velorio y la misa previos al entierro, sino que hicieron evidente su afinidad con Keiko Fujimori, quien controla el Congreso en cuanto a las votaciones. La situaci\u00f3n ha sido tan escandalosa que ha merecido la protesta de diversos sectores, entre ellos el IDEHPUCP<\/a>, y profesores PUCP<\/a> vinculados a la ense\u00f1anza del derecho.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Son tiempos en los que hay procesos de judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica que son positivos y que hay que preservar y profundizar, como los pronunciamientos judiciales sobre pol\u00edticas p\u00fablicas que implican la defensa de derechos y libertades, las investigaciones, acusaciones y procesos fiscales y judiciales contra pol\u00edticos y autoridades objetivamente sospechosos de haber incurrido en actos de corrupci\u00f3n u otros delitos, sin importar la ideolog\u00eda, como equivocadamente plantea el lawfare<\/em>.<\/p>\n\n\n\n Por otro lado, hay que explicitar, denunciar y revertir los procesos de judicializaci\u00f3n negativos, pues su car\u00e1cter antidemocr\u00e1tico crea un campo favorable para la impunidad. Ah\u00ed tenemos las denuncias falsas de persecuci\u00f3n pol\u00edtica contra jueces y fiscales que cumplen con su deber; la persecuci\u00f3n de estos jueces y fiscales y de periodista de investigaci\u00f3n por los diversos poderes; o la intervenci\u00f3n pol\u00edtica de la institucionalidad democr\u00e1ticas.<\/p>\n\n\n\n Es necesario hacer este tipo de diferenciaci\u00f3n, sobre todo por el marco generalizado de desinformaci\u00f3n y fake news<\/em> que rodea los poderos\u00edsimos intereses que est\u00e1n en juego.<\/p>\n\n\n\n <\/p>\n\n\n\n Bibliograf\u00eda<\/strong><\/p>\n\n\n\n Lerner, S. (5 de noviembre de 2018). \u00bfJudicializar la pol\u00edtica?<\/em>. IDEHPUCP. Recuperado de https:\/\/idehpucp.pucp.edu.pe\/boletin-eventos\/judicializar-la-politica-por-salomon-lerner-18383\/<\/a><\/p>\n\n\n\n Ministerio P\u00fablico. (2024). Pronunciamiento del Ministerio P\u00fablico<\/em> [PDF]. Recuperado de https:\/\/cdn.www.gob.pe\/uploads\/document\/file\/6473496\/5654320-pronunciamiento-del-ministerio-publico.pdf?v=1718283866<\/a><\/p>\n\n\n\n Tribunal Constitucional. Expediente 0009\/0010-2007-PI\/TC. 29 de agosto de 2007<\/p>\n\n\n\n\n
La justicia que sanciona a pol\u00edticos y funcionarios corruptos s\u00ed es justicia<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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La judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica contra jueces y fiscales que persiguen la corrupci\u00f3n del poder<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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La judicializaci\u00f3n de la pol\u00edtica a trav\u00e9s del control y manipulaci\u00f3n de instituciones<\/strong><\/h3>\n\n\n\n
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Conclusi\u00f3n<\/strong><\/h3>\n\n\n\n