Tito Bracamonte sobre ANFASEP: "Se está negando el derecho a recordar. Eso es propio de regímenes autoritarios "
El confundir la labor de iniciativas como la Asociación Nacional de Familiares de Secuestrados, Detenidos y Desaparecidos del Perú (ANFASEP) con apología al terrorismo es una acusación que podría tender a ser una infamia en contra de la asociación dedicada a defender la memoria y participar del proceso de justicia transicional.
Una acusación como la descrita, es justamente la expresada por el congresista de Fuerza Popular, Octavio Salazar. Ante esto, la presidenta de ANFASEP, Juana Carrión, ha manifestado su rechazo. Mientras que la abogada de APRODEH, Gloria Cano, considera que “hay una campaña de personajes, dolidos por el fallo en el caso Cabitos y la apertura del caso el Frontón, para atacar a las madres de ANFASEP que desde hace 34 años luchan por verdad y justicia. No vamos a permitirlo”, afirmó para el diario La República.
ANFASEP fue creado en 1983 de la mano de Teodosia Cuya Layme, Antonia Zaga Huaña y la recordada Angélica Mendoza de Ascarza, “Mama Angélica”. Con el apoyo de la Alcaldesa de Huamanga, Leonor Zamora, y el apoyo jurídico y espiritual del abogado Zósimo Roca fueron creciendo y en pocos meses aglutinaron a 800 madres, esposas y familiares de secuestrados. En el 2005 se crearon el Museo ANFASEP, el cual exhibe las causas, los acontecimientos y las secuelas del conflicto armado interno con la intención de recordar y dignificar a las víctimas. Actualmente, la asociación cuenta con unos 200 integrantes.
En esta edición de Tiempo Global, Mercedes Crisóstomo, antropóloga con experiencia etnográfica en la región sur andina, Magíster en Estudios de Género en la PUCP y estudiosa de asociaciones como ANFASEP, explica el valor de esta organización y cómo acusaciones como la del congresista Octavio Salazar, perjudican los procesos de Justicia Transicional y Memoria.
Además contamos con la presencia de Tito Bracamonte, Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, quien delimita los casos específicos en los que aplica la figura de la “apología al terrorismo”.
Para Bracamonte, no existe sustento para hacer este tipo de denuncia fiscal y el «abuso de poder de los congresistas que se amparan bajo la impunidad parlamentaria para acusar a cualquiera». Del mismo modo, Crisóstomo señaló que la acusación del congresista no es un ataque a ANFASEP y su museo, sino un ataque a las víctimas del conflicto armado interno. «Al denostar sus demandas está negando el sufrimiento de las víctimas», sostuvo.
El Secretario Ejecutivo de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos destacó, además, que existe un sector del país que asume que el conflicto armado interno continúa y criminaliza a todos aquellos que atenten contra la verdad de una parte del sector de las Fuerzas Armadas que «muchas veces actuó por fuera de la ley».
«Las Fuerzas Armadas no tienen que cargar con aquellas responsabilidades que tuvieron en el accionar del marco de lo que fue el conflicto armado interno» , señaló.
Crisóstomo señaló también que estas acusaciones no le costará el reconocimiento que tiene ANFASEP como asociación. Sin embargo, resalta la falta de atención del Estado frente a sus demandas. «Ningún gobierno ha escuchado los pedidos de ANFASEP y eso podría deberse al alto nivel de discriminación que existe en el Estado», aseguró.
Bracamonte concluyó que con esta acusación esto se termina «negando el derecho a recordar, el derecho a la memoria y que eso es solo propio de regímenes autoritarios «.