La sociedad rural peruana: cambios y retos
Por: Carlos Monge y José María Guerra-García
Consultor independiente y asistente de investigación respectivamente
Introducción
A partir de la segunda mitad del siglo XX, el Perú rural ha vivido el inicio de las migraciones internas; los movimientos campesinos por la tierra y las reformas agrarias; el conflicto armado interno; las reformas neoliberales y el populismo autoritario; la transición democrática, el crecimiento económico, la descentralización del Estado; y, finalmente, el estancamiento económico y la actual crisis general de nuestros días.
A lo largo de estos momentos de la reciente historia rural peruana, han ocurrido cambios de fondo en varias dimensiones. Entre ellas: la transición demográfica; la transición capitalista; la renovada presencia del Estado; la degradación de los ecosistemas; la resiliencia, fragmentación y reorganización de la sociedad; el debilitamiento y la afirmación de las lenguas y las identidades indígenas; y la redefinición de los comportamientos políticos de las poblaciones rurales y sus relaciones con el Estado central.
En este texto, resumimos una parte de la información disponible sobre los cambios en las dimensiones arriba presentadas y discutimos las relaciones entre ellas, a la luz de la activa participación de las poblaciones rurales en las protestas contra la decisión de la señora Dina Boluarte y la mayoría del Congreso Nacional de permanecer en los cargos hasta julio de 2026, luego del fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022.
La transición demográfica, la transición capitalista y la nueva presencia del Estado
Foto: Rodrigo Montoya Rojas. Link del portafolio aquí.
Entre la década de 1940 y el presente, la población rural peruana creció como resultado de la caída en las tasas de mortalidad infantil, crecimiento que después se ha frenado y hasta revertido como consecuencia de la caída en las tasas de fecundidad y de las migraciones rurales-urbanas. Como resultado, aunque la intensidad de las migraciones ha bajado en las décadas recientes (CEPAL & INEI, 2022), el Perú rural se ha estado despoblando. De hecho, en el último periodo intercensal, la tasa de crecimiento del Perú rural, así como la de las 35 provincias más rurales del país[1], se ubica alrededor del -2% anual.
Además, las familias rurales se han hecho pequeñas y nucleares en lugar de numerosas y extensas, la población ha envejecido y ha aumentado el peso relativo de las mujeres. Al mismo tiempo, las migraciones han resultado en la urbanización mayoritaria de la población, incluso en los territorios andinos y amazónicos tradicionalmente rurales. Si, a inicios de la década de 1940, casi el 70% de la población era rural, a inicios del periodo intercensal 1961-1972, la población urbana superó a la rural y, para fines de la década de 2010, casi el 80% de la población fue urbana.
Junto con la transición demográfica, el Perú rural ha vivido la transición capitalista y ahora la tierra, el trabajo y la producción se compran y venden en el mercado. Las excepciones son la tierra de las comunidades campesinas, en las que el mercado se regula socialmente, y el agua, que la concesiona el Estado ahí donde este ha construido infraestructura de riego, o la gestionan directamente las poblaciones locales.
Además, luego de la privatización de la minería estatal en la década de 1990, han crecido tanto la mediana y gran minería formal privada como la pequeña minería informal, la minería ilegal, la tala ilegal y la siembra de coca para el narcotráfico.
En el caso de la minería formal, a inicios de la década de 1990, menos del 1% del territorio nacional estaba concesionado para fines de exploración y explotación minera; para el año 2013, ese porcentaje había crecido por sobre el 21%, cayendo al 15% en 2016 y ubicándose entre el 14% y 15% desde entonces. En este marco, hacia 2013, un 44% de las tierras de las comunidades campesinas estaba concesionada, porcentaje que se ha mantenido entre el 30% y el 32% a partir del año 2017[2].
En este terreno, como en varios otros, las diferencias entre las regiones son manifiestas.
El problema hoy radica en la calidad y el impacto de esos servicios, que se expresa en las grandes brechas que aún persisten en términos de salud y educación. Por ejemplo, en el caso de la desnutrición crónica infantil, la provincia de Lima presenta un índice menor al 5%, mientras que las provincias aimaras y quechuas de Puno presentan índices de 12% y 16%, respectivamente”.
En Puno, la mayor parte de la tierra está en manos de comunidades campesinas, no hay grandes propiedades de personas naturales o empresas y predominan las pequeñas parcelas o minifundios. Más del 80% de la Población Económicamente Activa (PEA) agropecuaria trabaja de manera independiente en sus propias parcelas, con muy poca presencia de “obreros” y “empleados”[3]. Hay menor presencia de la minería formal, pero predomina la economía informal y crece la presencia de economías ilegales.
En Piura, las comunidades también tienen parte importante de la tierra; pero las parcelas son de mayor tamaño, la PEA “obrera” es casi el 50% del total, siendo algo mayor que la PEA “independiente”, y existe un mucho mayor número de medianas y grandes propiedades en manos de personas naturales o empresas. No hay tanta presencia de la minería formal, pero tampoco de la minería informal y las economías ilegales.
El crecimiento de la presencia del Estado ha cerrado brechas de acceso a servicios básicos entre Lima, las capitales regionales y las provincias más rurales, aun cuando en algunas —el acceso al saneamiento básico, por ejemplo— las brechas todavía son muy altas. El problema hoy radica en la calidad y el impacto de esos servicios, que se expresa en las grandes brechas que aún persisten en términos de salud y educación. Por ejemplo, en el caso de la desnutrición crónica infantil, la provincia de Lima presenta un índice menor al 5%, mientras que las provincias aimaras y quechuas de Puno presentan índices de 12% y 16%, respectivamente[4].
El Estado se ha descentralizado progresivamente, primero con la municipalización de la década de 1960 y luego con la descentralización iniciada en la década del año 2000. Estos procesos —aunque plagados de limitaciones— han abierto espacios políticos para que las sociedades rurales —a través de las elites que las representan— accedan parcialmente al gobierno de sus territorios.
De esta manera, se ha ido llenando el vacío de poder que resultó del colapso del orden oligárquico y gamonal en las décadas de 1960 y 1970 como resultado de los movimientos campesinos y las reformas agrarias (Coronel & Monge 2001; Monge, 2006). Así, a partir de la década de 1980 —después de la reforma agraria y del otorgamiento del voto a la población analfabeta—, se produjo una progresiva “campesinización” de los gobiernos locales distritales y provinciales que, en el marco de la descentralización, se extendió a los gobiernos regionales y al Congreso Nacional.
La degradación ambiental, y la fragmentación y reorganización social
Foto rescatada de ProActivo.
La transición demográfica, la transición capitalista y la nueva presencia del Estado han tenido un profundo impacto ambiental, degradando los ecosistemas amazónicos y costeros.
Las migraciones —estimuladas por la pobreza rural andina y facilitadas por inversiones públicas en vías de comunicación y por políticas públicas favorables a la ampliación de la frontera agrícola y la extracción de recursos naturales— degradan el medio ambiente de los territorios amazónicos y, al hacerlo, contribuyen al calentamiento global. Al mismo tiempo, el calentamiento causa migraciones, pues altera los regímenes hídricos y causa pérdidas en la productividad de la tierra (Bergmann y otros, 2021); aunque, resaltando la complejidad de estos procesos, el despoblamiento de los territorios rurales andinos también puede aliviar la presión sobre los ecosistemas y la biodiversidad que albergan.
En la costa, las inversiones públicas en sistemas de riego y regímenes tributarios y laborales especiales han subsidiado la reconcentración de la tierra (Burneo, 2011; Eguren, Eguren & Durand, 2018) en grandes plantaciones de monocultivos que exportan (desde el desierto) productos agrícolas de una muy alta huella hídrica, lo que desplazó productos de panllevar más sostenibles y más vinculados al consumo popular. Las migraciones proveen de mano de obra barata a las plantaciones y ambas (plantaciones y población migrante) presionan sobre el bosque seco y la biodiversidad que alberga[5].
La inserción en el mercado, la urbanización y la renovada presencia del Estado también han impactado sobre la sociedad rural, que muestra, simultáneamente, resiliencia y procesos de fragmentación y reorganización.
Ha crecido la presencia de las mujeres en las asambleas y, en las directivas, se han multiplicado las organizaciones al interior de las propias comunidades para la relación con municipios, gobiernos regionales, ministerios, programas sociales), así como para la gestión de recursos naturales (agua, por ejemplo) y para aprovechar nuevas oportunidades en el mercado”.
Las comunidades campesinas y las comunidades nativas han crecido en número por el reconocimiento de las que ya existían, la formación de nuevas comunidades por extrabajadores de haciendas para acceder a tierras en la reforma agraria y la formación de comunidades por separación de anexos comunales. De acuerdo con el Censo Nacional Agrario de 2012, las comunidades campesinas eran 6277 y las nativas 1322 (INEI, 2012); mientras que el Censo Nacional de Población y Vivienda registró 6682 comunidades campesinas y 2703 comunidades nativas (INEI, 2018). Además, en muchos casos, las comunidades buscan convertirse en centros poblados menores y distritos para acceder directamente a recursos públicos (Laos, 2004).
Lo permanente es el peso de la asamblea comunal y la directiva comunal como espacios de decisión y puesta en práctica de acuerdos. Al mismo tiempo, ha crecido la presencia de las mujeres en las asambleas y, en las directivas, se han multiplicado las organizaciones al interior de las propias comunidades para la relación con municipios, gobiernos regionales, ministerios, programas sociales), así como para la gestión de recursos naturales (agua, por ejemplo) y para aprovechar nuevas oportunidades en el mercado. Este es el caso de las comunidades que deciden hacer minería ellas mismas en sus territorios, sobre la base de acuerdos comunales y la creación de una institucionalidad específica para ese fin (Asencio, 2003; Castro, 2022; Cabrera & Castro, 2023)[6].
Mientras que en la base hay resiliencia, fragmentación y transformación, han entrado en crisis las organizaciones gremiales que, en la segunda mitad del siglo pasado, tuvieron una lógica de representación territorial y una agenda centrada en la tierra. Sin embargo, se han mantenido organizaciones que surgieron para la gestión del agua, en respuesta a la inseguridad y, después, a la violencia política; asimismo, han surgido infinidad de organizaciones por ramas de producción y de vocación más bien empresarial.
En términos de la sociedad rural resultante de estos procesos, las variaciones regionales son tremendamente importantes. En Piura —sobre todo en los espacios costeños e intermedios—, se puede hablar de una sociedad rural compleja y que incluye a actores constituidos, basados en economías más formales, legales, estables (Cotler y otros, 2009). En cambio, en Puno —como en las provincias andinas de Piura—, prevalecen la informalidad y la ilegalidad; además, es más difícil encontrar actores ya plenamente constituidos y una sociedad rural compleja. Existen los “profesionales campesinos” (Vilca, 2019), que juegan un rol central en la política, la empresa, la educación y el Estado en sus niveles locales y regionales; pero, en sociedades rurales altamente informales y con mucha presencia de economías ilegales, no aparecen actores constituidos que integren una sociedad compleja y estable.
La identidad y la lengua, y la política
A nivel nacional —como resultado del acelerado proceso de urbanización y de la práctica universalización del acceso al sistema educativo nacional—, se ha producido un retroceso importante de las identidades indígenas, cuyo peso ha caído de 46% a 26% del total nacional entre 1940 y 2017. Sin embargo, si la mirada se centra en las regiones y en las provincias más rurales del sur andino, el peso actual de la autoidentidad indígena es mucho mayor. Por ejemplo, en la región Puno, sus provincias más urbanas y las provincias aimaras, el peso de la población indígena ha caído apenas entre 1 y 2%; mientras que en las provincias quechuas incluso ha crecido, manteniéndose en todos los casos cerca o por encima del 90%. Así, existe una fuerte resiliencia de la identidad indígenas en los territorios rurales, en especial los del sur andino.
El comportamiento político de las poblaciones —además de un alto de nivel de conflictividad en torno a las actividades extractivas— se ha caracterizado por una participación electoral crecientemente identitaria, que expresa la búsqueda de superar los pactos antes vigentes con gobiernos percibidos como ajenos para lograr gobiernos propios en los territorios y a nivel nacional.
Hasta las elecciones de la década de 1980, las provincias más rurales votaban de manera parecida a la población nacional y la urbana limeña. Sin embargo, a partir de la primera década del siglo XXI, en el marco de la crisis del sistema de partidos y la emergencia de las candidaturas independientes, el voto rural se vuelve cada vez más identitario y cuestionador, por candidatos de ascendencia provinciana, rural, andina y de discursos cada vez más cuestionadores (Toledo en 2001, Humala en 2006 y 2011, Mendoza en 2016 y Castillo en 2021). Por su parte, el voto urbano fue crecientemente por candidaturas más urbanas y discursos más conservadores.
Este voto identitario puede estar expresando una ruptura con una historia colonial/republicana en la que la población rural construye pactos con el Estado nacional criollo/urbano buscando protección frente a los abusos de los poderes locales (Remy, 2023).
Estos pactos fueron de tributos o mano de obra a cambio de protección durante un largo periodo colonial y republicano. Después lo fueron de apoyo a cambio de la expectativa de la tierra (Bustamante y Rivero, Odría, Belaunde I) y la tierra (Velasco Alvarado); de la seguridad (Belaunde II, García I, Fujimori) y los servicios públicos y los programas sociales (Fujimori). Cuando no se lograron estos pactos, la población rural quedó sin protección frente a los poderes locales (los hacendados durante la República Aristocrática en 1895-1919 y las empresas mineras durante la transición democrática en 2001-2023, por ejemplo).
La novedad es que, a partir de la primera década del siglo XXI, el voto identitario de la población rural ya no parece expresar la búsqueda de un pacto con un gobierno ajeno, sino más bien la búsqueda de un gobierno propio. Esta búsqueda ya está en marcha desde las comunidades campesinas y los pueblos indígenas, que afirman y extienden el control sobre sus territorios y hasta construyen gobiernos propios, como los de los wampis y los awajún en la Amazonía norte. Ahora
lo hacen también a nivel nacional, buscando gobernantes que sienten como propios.
Reflexión final
La transición demográfica, la transición capitalista y la renovada presencia del Estado han tenido un fuerte impacto sobre los ecosistemas, degradándolos y amenazando la biodiversidad que contienen. Además, han tenido un fuerte impacto sobre la sociedad, estimulando su fragmentación y la crisis de los aparatos de representación; pero también nuevas dinámicas y agendas de una organización de base resiliente y nuevas formas de representación local, regional y nacional. Al mismo tiempo, mientras que a nivel nacional y, en especial, en los espacios urbanos se han debilitado las identidades indígenas, en el mundo rural —sobre todo del sur andino y el amazónico— se han mantenido fuertes.
Desde esas identidades —y no desde la fragmentación social— es que hoy se negocian las relaciones políticas con el resto del país y el Estado central, pasando de la búsqueda de pactos con gobiernos ajenos a la apuesta por el gobierno propio. En la frustración de esta aspiración, está la clave del malestar y la protesta de las poblaciones rurales en estos tiempos.
Bibliografía
Asencio, Raúl (2003). La nueva minería rural andina. El Comercio, 20 de abril. https://elcomercio.pe/opinion/colaboradores/comunidades-la-nueva-mineria-rural-andina-por-raul-asensio-noticia/
Bergmann, Jonas y otros (2021). Evaluación de la evidencia: Cambio climático y migración en el Perú. Ginebra: Instituto Potsdam para la Investigación sobre el Impacto del Cambio Climático / Organización Internacional para las Migraciones.
Burneo, Zulema (2018). El proceso de concentración de la tierra en el Perú. Roma: Coalición Internacional para el Acceso a la Tierra / Cirad / CEPES.
Cabrera, Fabio & Carlos Castro (2023). De la hacienda al socavón: mistis, gran minería y comunidades campesinas en las nuevas luchas territoriales en Colquemarca, (Cusco, Perú) c. 1969-2022. Historia Agraria de América Latina, 4(1), abril, 91-109.
Castro, Carlos Alberto (2022). A propósito del día del campesino: minería desde la comunidad y nuevos procesos de comunalización. Crítica y Debate, 28 de junio. https://iep.org.pe/noticias/critica-y-debates-a-proposito-del-dia-del-campesino-mineria-desde-la-comunidad-y-nuevos-procesos-de-comunalizacion-por-alberto-castro/
CEPAL – Comisión Económica para América Latina y el Caribe & INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática (2022). Perú: Migraciones internas y dinámica sociodemográfica de departamentos, provincias y distritos en las dos primeras décadas del siglo XXI (LC/TS.2022/60). Santiago: CEPAL / INEI.
Coronel, José & Carlos Monge (2001). Violencia política, comunidades campesinas e institucionalidad rural en la sierra centro-sur. Allpanchis, 58, 113-140.
Cotler, Julio y otros (2009). Poder y cambio en las regiones. (documento de trabajo 154, serie Sociología y Política 43). Lima: IEP / PNUD.
Eguren, Lorenzo, Fernando Eguren & Francisco Durand (2018). ¿Neoliberalismo o mercantilismo? Concentración de la tierra y poder político en el Perú. Lima: CEPES / OXFAM.
INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática (2012). IV Censo Nacional Agropecuario. Resultados definitivos. Lima: INEI.
INEI – Instituto Nacional de Estadística e Informática (2018). III Censo de Comunidades Campesinas. Resultados definitivos. Lima: INEI.
Laos, Alejandro (ed.) (2004). Las comunidades campesinas en el siglo XXI. Situación actual y cambios normativos. Lima: ALLPA
Monge, Carlos (2006). La descentralización del estado como una oportunidad para la gobernabilidad democrática. En John Crabtree (ed.), Construir instituciones: democracia, desarrollo y desigualdad en el Perú desde 1980. Lima: Fondo Editorial de la PUCP / Centro de Investigación de la Universidad del Pacífico / IEP.
Remy, María Isabel (2023). Protestas en perspectiva histórica. Antecedentes y cambios en la acción colectiva como acción política de las poblaciones rurales. Ponencia presentada al XX Seminario Permanente de Investigación Agraria. Lima, noviembre.
Vilca, Paulo (2019). Puno y el poder campesino. En Carlos Leyton, Iván Lanegra, María Luisa Burneo, Abdul Trelles & Paulo Vilca (eds.), Puno en el siglo XXI: desarrollo, ambiente y comunidades. Lima: Servicios Educativos Rurales.
[1] Aquellas cuya población rural es el 65% del total o más, de acuerdo al Censo Nacional de Población y Vivienda del año 2017.
[2] Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (INGEMMET), febrero de 2023, elaboración propia.
[3] Censo Nacional Agropecuario de 2012, elaboración propia.
[4] Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, elaboración propia.
[5] Ver https://ibcperu.org/en/se-han-perdido-298-mil-hectareas-de-bosque-seco-en-el-norte-del-pais/
[6] Ver https://profonanpe.org.pe/bosqueseco/
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