Digamos ―a pedido suyo― que se llama Mariela. Quiere contar su historia, pero prefiere no dar su nombre verdadero. “Da igual el nombre, esta historia la hemos vivido muchas mujeres”, dice. Mariela llegó al Centro de Emergencia Mujer (CEM) más cercano a su casa a las 4:50 de la mañana. Por supuesto, estaba cerrado, abrían a las ocho. Se sentó en la vereda esperando que amanezca, que el CEM abra la puerta, que su esposo no la encuentre. Era la madrugada del lunes y llevaba sin dormir desde el jueves cuando, tras una discusión, su pareja tiró su celular ―el de ella― al piso, sacó un martillo y lo estrelló repetidas veces contra el aparato mientras gritaba una serie de improperios. “Destrozó mi teléfono y luego levantó el martillo, me miró y me dijo que si seguía coqueteando con otros hombres, el próximo martillazo caería en mi cabeza. Pero yo no estaba coqueteando, te lo juro”, cuenta Mariela y en su rostro se reflejan de inmediato todos los terrores pasados. Cuando decidió denunciarlo, no quiso ir a la Comisaría porque le daba miedo que los policías la regresaran a su casa. Pensó que el CEM sería un mejor lugar, y agarró su DNI, un poco de ropa, tres billetes de 20 soles y salió. No cogió su llave, no quería regresar.

Cuando por fin el CEM empezó a atender, Mariela se enfrentó a una realidad que la aterró: solo había una psicóloga de turno ese día e iba a llegar tarde. “Puede esperar o regresar mañana”, le dijeron. “¿Mañana?”, pensó. Si regresaba a su casa ¿habría para ella un mañana?

Lo que Mariela vivió esa mañana parecía ajeno a todas las promesas con las que el Perú se había comprometido en 1995, al firmar la Declaración y la Plataforma de Acción de Beijing, o en 1996, la Convención de Belém do Pará. Ambos acuerdos apuntaban a que ninguna mujer debería enfrentar sola la violencia, que existirían sistemas sólidos de prevención, atención y justicia, y que los Estados actuarían sin demora para protegerlas.

Pero Mariela entendió en ese gesto burocrático, que su vida dependía más del azar que de cualquier sistema institucional. Felizmente es devota de la Virgen de Chapi. Entonces, se puso a rezar.

Lo que Beijing y Belém do Pará exigían y por qué importaba tanto

La Plataforma de Acción de Beijing marcó se conoce como el compromiso internacional más ambicioso firmado en favor de las mujeres. Definió 12 áreas críticas para transformar de raíz las estructuras de desigualdad:

1. La mujer y la pobreza: Aborda las desigualdades y la carga de la pobreza sobre las mujeres.
2. Educación y capacitación de la mujer: Se centra en las desigualdades y el acceso desigual a la educación.
3. La mujer y la salud: Se enfoca en la atención sanitaria y los servicios relacionados.
4. Violencia contra la mujer: Busca poner fin a la violencia de género.
5. La mujer y los conflictos armados: Atiende los efectos de los conflictos en las mujeres.
6. La mujer y la economía: Aborda las desigualdades en las estructuras y políticas económicas.
7. El ejercicio del poder y la toma de decisiones: Lucha contra la desigualdad en la participación de mujeres en la toma de decisiones.
8. Mecanismos institucionales: Busca crear mecanismos para promover el adelanto de la mujer.
9. Los derechos humanos de la mujer: Se centra en la falta de respeto a los derechos humanos de las mujeres.
10. La mujer y los medios de difusión: Se enfoca en la participación y la representación de las mujeres en los medios de comunicación.
11. La mujer y el medio ambiente: Aborda las desigualdades de género en la gestión de recursos naturales y la protección del medio ambiente.
12. La niña: Se enfoca en los derechos de las niñas y la persistencia de la discriminación en su contra.

De Beijing surgieron mandatos concretos, como eliminar todas las formas de violencia contra las mujeres; fortalecer sistemas de justicia con perspectiva de género; garantizar salud sexual y reproductiva; crear instituciones sólidas para la igualdad; construir democracias paritarias; reconocer el trabajo de cuidados; generar datos confiables para políticas públicas; o cerrar brechas para mujeres rurales, indígenas y afrodescendientes.

Por su parte, la Convención de Belém do Pará (1994–1996) fue el primer tratado internacional sobre violencia hacia las mujeres y su existencia es fundamental, dado que convirtió la protección frente a la violencia en un obligación jurídica. Al ratificar la Convención, el Estado peruano asumió compromisos vinculantes, como prevenir la violencia; sancionarla con diligencia; reparar a las víctimas; capacitar operadores de justicia; asegurar servicios accesibles en todo el territorio; garantizar enfoque intercultural, diferencial e interseccional; destinar presupuesto suficiente para estos fines; erradicar la impunidad; y producir datos precisos.

En papel, era un antes y un después. En la práctica, el camino sería irregular, lleno de avances significativos, pero también de retrocesos profundos.