Desde noviembre del 2024 en el Perú se registra mensualmente un promedio de 230 huelgas, paros, concentraciones, plantones, bloqueos y movilizaciones, según los informes de la Adjuntía para la Prevención de Conflictos Sociales y la Gobernabilidad de la Defensoría del Pueblo. El último reporte de conflictos sociales revela que solo en octubre de este año se reportaron 257 protestas en varias ciudades del país.

En un mismo día, distintas ciudades pueden convertirse en escenario de estas acciones colectivas de protesta. Un ejemplo de ellos es que, según el reporte de conflictos sociales de octubre, en solo un día ocurrió una concentración en Puno por la invasión de espacios públicos, un bloqueo de estudiantes universitarios en Huancavelica, un reclamo de trabajadores de Essalud en Loreto por nombramientos pendientes, y protestas simultáneas por obras inconclusas, decisiones municipales controversiales y conflictos comunitarios en Lambayeque, San Martín y La Libertad.

“Perú, en general, es un país con muchos conflictos sociales. Siempre hay una tensión constante entre ciudadanía, Estado y empresas. Lo que pasa es que a veces notamos más esa conflictividad dependiendo dónde se ubican y del tema que tratan”, explica Noelia Chávez, socióloga y docente universitaria. 

Según la socióloga, desde finales del 2022, cuando iniciaron las protestas contra la entonces presidenta Dina Boluarte, el país ha atravesado un retroceso democrático, llegando incluso a ser clasificado como una democracia híbrida. “Se percibe que el país es gobernado por una coalición autoritaria y eso ocasiona que los conflictos sociales lleguen a la capital y, muchas veces, sean contra el gobierno central”, añade.

En este escenario de conflictividad social constante—y a menos de seis meses de las elecciones generales y un año de las elecciones regionales— una de las jornadas de mayor agitación de los últimos meses, que dejó una persona muerta y 128 heridas, fue la denominada “Marcha nacional” del 15 de octubre. 

Las acciones de protesta de aquel día fueron convocadas por diversos gremios, sindicatos, transportistas y el colectivo Generación Zeta, el mismo que desde septiembre último ha logrado articular a jóvenes, universitarios, profesionales y organizaciones regionales alrededor de un pliego de demandas comunes. 

Entre las exigencias más visibles de esa movilización nacional estuvo la derogatoria de un paquete de leyes aprobadas por el Congreso consideradas como normas regresivas, poco transparentes o contrarias a los intereses ciudadanos. A ello se sumó un reclamo frontal: el pedido de renuncia del nuevo Presidente de la República, José Jerí, y el cierre del Congreso, en un contexto de creciente deslegitimación de ambos poderes del Estado. 

En Lima, las concentraciones, inicialmente dispersas, llegaron hasta el Congreso de la República. Ya entrada la noche la Policía utilizó gases lacrimógenos para dispersar a los grupos que permanecían en las calles. En medio de los enfrentamientos, un manifestante, identificado como Eduardo Mauricio Ruiz Sáenz, de 32 años, falleció por el disparo de un agente policial. 

Los enfrentamientos dejaron, además, un saldo elevado de heridos solo en Lima. En total, 128 personas —33 civiles, 94 policías y un bombero— requirieron atención médica por contusiones, intoxicación por gases lacrimógenos y otras lesiones.

“Será difícil identificar la cadena de mando, pero si uno ve el caso con detenimiento el presidente de la República y el ministro de Interior son los principales responsables políticos de lo que ocurrió el 15 de octubre: el asesinato de un joven y el centenar de heridos”, explica Omar Coronel, politólogo y experto en Movimientos Sociales de la Pontificia Universidad Católica del Perú, quien considera que una de las principales consecuencias de la represión policial de aquel día es el miedo profundo y la desmovilzación que ha provocado en los jóvenes. 

Y es que la marcha nacional del 15 de octubre estuvo marcada por la masiva participación juvenil y la denominada Generación Zeta que, como se ha visto en varios países, ha decidido ocupar el espacio público. 

“En Lima vimos una importante participación juvenil porque hubo una ley que específicamente afectaba la economía de  los jóvenes, la ley en favor de las AFP que dejaba a los jóvenes en una situación complicada respecto a sus jubilaciones futuras. Esto no es algo nuevo, cuando las juventudes ven vulnerados sus derechos salen a protestar a las calles. Ocurrió en el 2014 con la ‘Ley Pulpín’ y en  la pandemia del Covid contra Manuel Merino”, precisa Noelia Chávez.

Por qué protestan los peruanos

Los informes defensoriales y los expertos coinciden en que no existe un solo motivo que explique las causas de las movilizaciones en las calles peruanas. Pero sí existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Para el politólogo y exjefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fernando Tuesta, el país se encuentra delante de un ciclo de inestabilidad política que inició en el 2016 con el no reconocimiento de los resultados electorales, la acusación de fraude y la campaña de desprestigio de los organismos electorales. “Se sembró una gran duda en un sector de la población. Es más, a la fecha, un grupo de candidatos sigue hablando de lo mismo y eso es muy peligroso porque abre la puerta a la duda y deja la idea de que todos mienten, de que todo es corrupción en el aparato electoral”, afirma.

Patricia Paniagua, especialista en políticas públicas, educación y ciudadanía, coincide con que este momento fue el punto de partida de la crisis que se vive actualmente en el Perú. “Hubo una agrupación que no estuvo dispuesta a respetar los resultados y buscó mermar la democracia. A partir de ahí hemos venido en renuncias, vacancias, presidentes interinos. Ese contexto ha sido aprovechado por una clase política que ha trabajado en favor de sus intereses y sus propias agendas, ignorando el bien supremo que es el interés de la ciudadanía”, explica.

Según el reporte de la Defensoría del Pueblo, en la protesta del 15 de octubre los manifestantes pedían al Ejecutivo iniciar el proceso hacia una nueva Constitución, argumentando que el marco vigente ya no responde a la complejidad social ni a las expectativas democráticas del país. 

Para Paniagua esa es una demanda que le corresponde evaluar a un gobierno electo y no podría ser atendida por el actual Congreso ni por el presidente transitorio. “Hablamos de un presidente que parte de cuestionamientos serios de idoneidad y legitimidad, ya que nace con un Congreso que cuenta con un 3% de aprobación. Además, por lo que hemos visto en las últimas semanas lo prioritario para él parece ser su imagen, publicar y responder en redes sociales”, afirma la politóloga, quien también considera que algunas medidas adoptadas por José Jerí, como la declaratoria del estado de emergencia de Lima y Callao, tienen un impacto comunicacional, pero no se traducen en resolver el problema central de la inseguridad ciudadana.

Entre la tristeza, el pesimismo y la frustración

Los estudios de opinión pública revelan algo más que desconfianza en la población peruana. Según el Informe de Opinión de octubre 2025 del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), los sentimientos que dominan la percepción pública de la situación política actual del país son tristeza, pesimismo y cólera, acompañados de frustración, decepción e inseguridad.

“No se trata solo de reacciones emocionales pasajeras: son indicadores de un desgaste profundo, de un país que lleva años atravesando crisis políticas consecutivas, promesas incumplidas y fracturas institucionales”, añade Patricia Paniagua, y añade que las emociones que experimentan los peruanos se reflejan y afectan su salud mental y su calidad de vida. “Estos sentimientos se han ido alimentando con la inacción de  esta clase política. Y todo eso ha contribuido, como vemos, en un desborde de la criminalidad que expone a todos los ciudadanos, pues son ellos quienes al final terminan siendo víctimas del crimen”, precisa.

Existe un sentimiento que subyace a todos: una profunda desconfianza en las instituciones y la crisis de legitimidad acumulada.

Los datos del estudio What Worries the World – Latinoamérica, publicado por Ipsos en octubre último, confirman esta situación y revelan que el Perú se ubica entre los países más preocupados por la inseguridad en toda la región.

El 68% de los peruanos considera el crimen y la violencia como su principal problema, muy por encima del promedio latinoamericano y del promedio global. La corrupción, por su parte, se mantiene como una sombra omnipresente: 60% la identifica como uno de los tres principales problemas nacionales, ubicándola casi al mismo nivel que la violencia.

“Es difícil pensar que quienes  han creado esta situación, por acción u omisión, darán las soluciones que se necesitan para hacer frente a la inseguridad. Además, muchas de las organizaciones criminales que operan en el país son financiadas por economías ilegales y se han logrado establecer con leyes que ha promulgado el actual Congreso, como la aprobación del Reinfo (Registro Integral de Formalización Minera)”, advierte Paniagua.

La acumulación del malestar que sienten los peruanos se expresa en distintas cifras. Según el IEP,  el 81% de la ciudadanía aprueba la vacancia de Dina Boluarte, sin embargo, quienes la sostuvieron en el poder continúan gobernando y eso es percibido por la opinión pública: siete de cada diez encuestados consideran que el Congreso apoyaba el gobierno de la expresidenta.

Además, la percepción de un poder legislativo que domina la escena política es igualmente fuerte: 62% de la población considera que el Congreso tuvo “mucha influencia” en el gobierno de Boluarte, y casi la mitad cree que ejercerá un rol similar durante la administración actual. 

En ese escenario, el 73% de los ciudadanos no se siente representado por el Congreso, mientras apenas un 9% afirma lo contrario. Y en el caso del nuevo presidente José Jerí, el 56% tampoco se siente representado, y solo 18% declara alguna afinidad con su gestión.

Para los especialistas, estos son indicadores preocupantes que demuestran que la democracia del país, o lo que queda de ella, realmente está pasando por una crisis profunda y eso afecta a todo el sistema político.

El camino hacia las elecciones generales y regionales

Mientras el miedo y la desconfianza invaden a los peruanos, el país se prepara para dos nuevos procesos electorales: el 12 de abril del 2026 deberán elegir 130 diputados, 60 senadores y un nuevo presidente o presidenta de la República, mientras que el 4 de octubre elegirán a sus autoridades locales y regionales: alcaldes distritales y provinciales, regidores, gobernadores regionales y consejeros.

El Perú ingresa a un año electoral atravesado por una conflictividad social constante y un clima político marcado por una fuerte polarización: la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) confirmó que 39 organizaciones políticas inscribieron sus listas de aspirantes al Senado, la Cámara de Diputados y el Parlamento Andino, configurando así un escenario electoral amplio pero tensionado.

“Esta cantidad de partidos dificulta el proceso electoral, pero es una situación que ha sido permitida por quienes están ejerciendo la representación desde el Congreso, pues las reformas que debían ser llevadas en esta elección se distorsionaron, y por uno u otro caso no se llevaron a cabo”, afirma Paniagua.

Para el politólogo Omar Coronel es lógico que la gente no quiera saber nada de política y que con una lista tan extensa los ciudadanos muestren hastío por el proceso electoral. “Por un lado no hay una representación real, y por otro solo alguien muy ideologizado va a involucrarse en un proceso tan caótico. En una primera vuelta suelen votar por quien tiene más opciones de ganar, ya en una segunda vuelta vemos el efecto de la polarización o del antivoto”, afirma.

Los especialistas coinciden en que esta fragmentación genera confusión entre la ciudadanía y termina favoreciendo a las pequeñas mayorías. “Recordemos que el Fujimorismo alcanzó 73 escaños pese a que en la votación no superó el 30%. En estos momentos hablamos de una ciudadanía que no se siente representada, hay desafección, hay rechazo, y en la medida que haya tantos candidatos al peruano promedio le costará informarse”, agrega Paniagua.

En este ambiente, de miedo y desconfianza, no sorprende que los peruanos se acerquen a las elecciones con poco entusiasmo y menos información. Según la Encuesta Datum de octubre, cuando se les pregunta a los encuestados qué tan informados se sienten sobre el proceso electoral, apenas el 28% asegura sentirse “muy” o “bastante informado”, mientras el 64% se declara poco o nada informado. 

Sin embargo, para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

“El papel de los medios de comunicación es crucial, tienen un papel importantísimo, pero es lamentable que mucho del buen periodismo está fuera de los medios. Lo único que queda por hacer es desde el lado de los medios de comunicación y de la sociedad civil, crear espacios de discusión, y sacar a la luz a precandidatos ligados a mafias como el de la minería ilegal”, explica Tuesta. 

Pero las cifras revelan indiferencia y pocas ganas de buscar información sobre los candidatos. Según Datum, el 80% de encuestados aún no piensa por quién votar, y solo el 16% afirma haber iniciado el proceso de decisión. La encuesta también revela que solo 25% ha buscado información sobre algún candidato presidencial, mientras un contundente 75% permanece completamente ajeno a la oferta electoral emergente.

Para el politólogo Fernando Tuesta, es normal que en este punto la gente no tenga claro por quién votar, pues no conocen a la mayoría de los candidatos. “Creo que tienen razón en esperar a conocerlos, para eso van a tener oportunidad de conocerlos en campaña. Pero, también es cierto que mientras mayor es el desinterés eres más vulnerable a la desinformación”, afirma.

Para un país que necesita decisiones meditadas, la desinformación no es solo un riesgo electoral: es una amenaza a la gobernabilidad futura.

Sobre la preferencia del tipo de candidatos, el 44% de los ciudadanos piensa votar por el candidato que “cree que le irá mejor a la mayoría de peruanos”, una expresión de deseo colectivo más que de identificación programática. Un 11% votaría pensando en beneficios familiares y apenas 20% buscaría un candidato que comparta su forma de pensar.

En ese sentido, y según explican los especialistas, la lógica del voto de los peruanos no es ideológica ni identitaria: es pragmática, emocional y desesperada. 

“La gente es muy racional. Históricamente los peruanos tenemos una cultura antipolítica, porque básicamente estuvimos en una democracia con un sistema de partidos colapsado, donde no había una representación real. Cuando no hay representación lo racional es que los ciudadanos no voten con entusiasmo. No eligen al que más les gusta sino que votan por el que menos daño hará”, afirma Omar Coronel. 

Aumento del crimen y el peligro de líderes populistas 

La seguridad se ha convertido en el eje que domina el ánimo nacional. Los transportistas, artistas, comerciantes son solo algunas de las nuevas víctimas de la delincuencia y las extorsiones. Por todo ello, la mayor parte de peruanos identifica el crimen y la violencia como su mayor preocupación, superando los promedios regionales y globales.

Durante el primer semestre de 2025 se reportaron en el Perú 161 homicidios más en comparación con el mismo periodo de 2024, de acuerdo con los registros del Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en agosto de este año, la cifra alcanzó 209 casos, marcando uno de los meses más violentos del periodo. 

La sensación de vulnerabilidad cotidiana —alimentada por el aumento de homicidios, la expansión del crimen organizado y la presencia creciente de extorsiones y robos violentos— ha desplazado a otros temas en la agenda pública.

La inseguridad se convierte así en un marco interpretativo de todo. En un país donde la clase política parece haber fracasado, la esperanza parece depositarse en soluciones inmediatas y discurso de mano dura.

“Lamentablemente la cercanía de las elecciones abre la puerta a candidatos que ofrezcan restaurar el orden, candidatos populistas, líderes radicales que están contra el sistema, que darán soluciones radicales, pero que ni siquiera respondan al problema real. Lo que la ciudadanía debe evaluar es que la solución no pasa por recrudecer las penas o por medidas tan fáciles, lo que se necesita es dotar de inteligencia policial y luchar contra la corrupción”,  precisa Paniagua.

Sin embargo, en este contexto de desconfianza hay un indicio de esperanza. Para los expertos el hecho de que las protestas sigan vivas revela que todavía existe un impulso de exigir algo mejor. 

“Estamos en un país donde la protesta y el tejido social se han debilitado. Sostener una protesta es difícil, pero lo bueno es que la ciudadanía, a pesar de todo, ha salido a protestar en distintos momentos. Considero que estos espacios de protesta pueden volver  a articularse y coordinarse para hacer contrapeso a estructuras del poder y coaliciones que lamentablemente se han enquistado en el Estado”, explica la socióloga Noelia Chávez. 

El politólogo Omar Coronel afirma que los últimos meses de un año son temporadas de baja protesta, pero el inicio del próximo año será particular porque comenzará con una dinámica electoral. “Si el llamado Colectivo Zeta y el bloque universitario, que este año ha demostrado una fuerte presencia, se organizan y avanzan podría haber un tipo de presión, pero considero que eso dependerá de los candidatos que queden en segunda vuelta. El debate público se concentrará en las elecciones y recién en la segunda vuelta veremos una polarización real”, añade. 

El próximo domingo 12 de abril será una oportunidad para que la ciudadanía se haga escuchar y para que los partidos políticos puedan atender las preocupaciones que afectan a los peruanos.

“En este momento los organismos electorales ya no tienen muchos por hacer, las reglas electorales ya están determinadas. El marco normativo electoral dice, por ejemplo, que los organismos del Estado deben ser neutrales, pero vemos que personajes como el alcalde de Lima no cumplen con esta norma y las sanciones que les imponen no compensan los daños causados, uno de esos daños es la preferencia a ciertos candidatos”, añade Tuesta.

En un país donde la incertidumbre marca el pulso de la vida cotidiana y las calles se han convertido en el espacio donde se expresan los reclamos más urgentes, el proceso electoral deja de ser una simple competencia por escaños o cargos. La pregunta de fondo no es quiénes tienen la mayor probabilidad de ganar las elecciones sino quiénes tienen la capacidad de reconstruir un vínculo roto entre la ciudadanía y sus instituciones.