Lo que hicieron los responsables del caso peruano de esterilizaciones forzadas al privar a miles de mujeres y hombres de su capacidad de reproducción fue despojarlos impunemente de una propiedad biológica. Pero fue más que eso, les arrebataron también la posibilidad de decidir de manera autónoma sobre sus proyectos de vida, instrumentalizando sus cuerpos, sin que medien reparos sobre el respeto a la dignidad de las personas sometidas.

No resulta casual que este despojo tenga rostro y fisonomía de mujer. De acuerdo a diversas investigaciones sobre la materia, las mujeres fueron las más afectadas por la política de esterilizaciones realizadas bajo engaños, coacción, con información incompleta o falsa, y con el fin de cumplir metas y cuotas programáticas. Aunada a esta situación, el mayor número de afectadas eran mujeres en situación de pobreza, quechua hablantes, provenientes de zonas rurales; víctimas de un contexto generalizado de violencia y discriminación basada en el género, el cual resultó ser terreno fértil para la ejecución de la política de esterilizaciones.

Tampoco es casual que las víctimas no hayan sido restituidas. En muchos casos, tras ser arrebatadas de la posibilidad de convertirse en madres, muchas mujeres fueron arrebatadas también de su voz, mientras resistían desde sus diversas trincheras, tras un saqueo que sigue desplegando sus efectos por más de 20 años y haciendo eco en sus historias de vida. Ahí, entre el discurso negacionista de los responsables y la resistencia de las víctimas, miles siguen esperando por visos de justicia y reparaciones que puedan aliviar, en la medida de lo posible, las repercusiones en su salud física, mental, así como en su vida personal, familiar y social. Pero esta espera ya no es pasiva. Un gran número de mujeres afectadas se han organizado, a lo largo de estos años, para alzar la voz y denunciar; por ellas, por las que siguen en el anonimato, y por las que murieron a causa de las esterilizaciones que les realizaron.

A pesar de todo, tras el despojo persiste la espera. Y con ella, la urgencia de remediar los daños causados, la necesidad de que la memoria resista y los hechos sean entendidos como un caso de graves violaciones a los derechos humanos de las mujeres, y la obligación de que los responsables sean sancionados y pidan disculpas.  Al fin y al cabo, a las víctimas se les privó de la capacidad de ser madres, pero no se les ha privado de la capacidad de resguardar la verdad de lo ocurrido, de que sus propios cuerpos den cuenta de la historia, de mantener la esperanza de que la justicia llegará y que, al conocer su caso, lograremos que hechos como los acaecidos no vuelvan a ocurrir en nuestro país.