Soledad, falta de atención en salud y seguridad social y abandono familiar son algunos de los problemas que enfrentan a diario la mayoría de las personas adultas mayores en el Perú. Esta situación se agudiza con el hecho de que antes del 2050, el 20% de la población en nuestro país será adulta mayor, y que las condiciones para atenderla de manera integral seguramente seguirán siendo deficientes. Esta situación, unida a una disminución notoria de la tasa de fecundidad y a los efectos sociales y económicos provocados por la pandemia de COVID-19, nos ubica en una situación preocupante: el proceso de envejecimiento en nuestro país crece a pasos agigantados en condiciones de vulnerabilidad.

Si el acceso a la protección universal en salud es limitado para las personas adultas mayores (PAM), la situación empeora al revisar las cifras del INEI, que reportan que el 61.4% de adultos mayores no cuenta con un sistema de pensiones. Pero si las cifras son dramáticas en temas de seguridad social, por el lado del trabajo y actividad económica los números son aún más desalentadores: el 45.6% de adultos mayores no forma parte de la Población Económicamente Activa (PEA). A esto se le suma el hecho de que el 13.4% de PAM no cuenta con un nivel educativo o solo tiene nivel inicial y el 77.9% padece problemas de salud de manera crónica. Frente a esta situación, la consecuencia no puede ser otra que la dependencia, marginación y olvido de esta población.

El proyecto fotográfico que se presenta a continuación, y que lleva por título “Entre la Libertad y la Paz en tiempos de COVID-19”, busca visibilizar esta problemática social. Para lograr tal propósito, el portafolio gráfico nos trae una muestra de cómo transcurren los días de dos comunidades de adultos mayores durante el Estado de Emergencia Sanitaria. Estas comunidades se encuentran ubicadas en la Ciudadela Chalaca, en el distrito del Callao y en dos espacios multifamiliares en el distrito de San Miguel. Del proyecto fotográfico se desprende no solo la situación de vulnerabilidad en la que viven nuestros adultos mayores, en términos de salud física y mental, trabajo, educación, vivienda y seguridad económica, sino también la necesidad de pensar en políticas de Estado que mitiguen las dificultades a las que se enfrenta la población adulta mayor en nuestro país.

Desde luego, estas políticas públicas deberán incluir al Estado en su totalidad y no solo el sistema de salud. Del mismo modo, se deberá cuantificar y cualificar a las personas adultas mayores más vulnerables para que las instituciones responsables canalicen acciones, eliminen gastos innecesarios y se enfoquen en las personas. Quizá, en medio de esta problemática, convenga insistir en la importancia de defender el derecho a envejecer dignamente.