Álvaro Botero: “Hay que normalizar la migración dentro de nuestra sociedad”

La adopción de medidas de distanciamiento físico, cuarentenas y restricciones a la libertad de circulación han planteado un gran reto para todas y todos, pero estas medidas sin duda han tenido un mayor impacto para las personas que no puede realizar sus trabajos desde sus hogares, lo cual es el caso de muchas personas migrantes alrededor del mundo. La pandemia los ha puesto entre la espada y la pared, a decidir entre asumir los riesgos de contagiarse al realizar trabajos que son esenciales, pero que en muchas ocasiones realizan en condiciones riesgosas o poner en riesgo su supervivencia y la de sus familias si optan por quedarse en casa sin seguir trayendo el sustento diario. Esta última opción, contando con que no sean objeto de desalojo de los lugares en los que viven. Ante esta encrucijada, muchas personas migrantes han asumido los riesgos de seguir trabajando y otras han tomado la difícil y riesgosa decisión de intentar regresar a sus países en un contexto de cierre de fronteras y estados de emergencia. Sin duda, es claro que la crisis generada por esta enfermedad está teniendo graves y desproporcionados efectos en los migrantes y sus familias a nivel mundial. En este contexto, los migrantes en situación irregular, a quienes también se les suele llamar migrantes indocumentados se encuentran en una situación de mayor vulnerabilidad.

Los impactos del COVID-19 en las personas migrantes también los estamos viendo en la atención médica, educación y otros servicios sociales, respecto de los cuales se les niega el acceso o a los que tienen temor a recurrir por miedo que al hacerlo puedan ser detenidos o deportados si están en situación migratoria irregular. En lo que respecta a cuáles son las medidas a nivel político, legal y administrativo que los Estados pueden tomar para mejorar la situación actual de las personas migrantes  en este contexto, el pasado 26 de mayo, desde el Comité para la Protección de los Derechos de Todos los Trabajadores Migrantes y Miembros de sus Familias (CMW) y el Relator Especial de la ONU sobre los derechos humanos de los migrantes adoptamos la Nota de Orientación conjunta sobre los impactos de la pandemia de COVID-19 en los derechos humanos de las personas migrantes, en la cual destacamos los graves y desproporcionados impactos de la pandemia en los migrantes y sus familias. En la Nota de orientación conjunta hacemos un llamado a los Estados para proteger a los migrantes y sus familias, a través de 17 recomendaciones que deben ser implementadas prontamente por los Estados. Entre las principales recomendaciones están las que tienen que ver con integrar a las personas migrantes en políticas y planes nacionales de prevención y contención al COVID-19, garantizando su derecho a la salud, incluyendo la provisión de pruebas, medicamentos esenciales, medidas de prevención y tratamientos que sean provistas de manera no discriminatoria. Otra de las recomendaciones tiene que ver con promover la regularización de los migrantes en situación irregular o de los migrantes indocumentados, lo que incluye adoptar medidas para permitir la prórroga de las visas o permisos de permanencia. También recomendamos aplicar medidas para la homologación de títulos y la integración laboral de los trabajadores migrantes capacitados en sectores relacionados con la salud para ayudar en la lucha contra el virus. Otras recomendaciones importantes tienen que ver con considerar establecer moratorias o la suspensión temporal de las deportaciones o retornos forzados durante la pandemia.

¿Qué otra situación les parece preocupante?

Los desalojos de personas migrantes y refugiadas que no pueden costear el alquiler de sus viviendas debido a las medidas de distanciamiento social que les impiden trabajar. Al respecto, la Nota orientativa de la Relatora Especial sobre el derecho a una vivienda adecuada acerca de la prohibición de los desalojos en el contexto COVID-19 indica que deben suspenderse las acciones de desalojo hasta el fin de la pandemia y durante un periodo de tiempo razonable posterior. Al respecto, Colombia y Panamá han adoptado medidas para suspender los desalojos y extender los contratos de arrendamiento. Estas medidas deben ser replicadas por otros Estados. (Adipex) Algo que es claro es que ésta es una enfermedad que no discrimina respecto a quienes afecta, pero tiene impactos mucho más graves en ciertos grupos de personas, uno de ellos el de las personas migrantes. Nuestras mejores posibilidades de vencer esta enfermedad requieren de la unión de los esfuerzos de todos, la protección de la vida, la prevalencia de los derechos humanos y el fortalecimiento del multilateralismo.

Actualmente en muchos países hay una tendencia en generar políticas migratorias más punitivas, considerando la situación irregular como un hecho a sancionar, ¿cuál sería la vía para repensar este discurso condenatorio?

Algo que uno puede analizar de manera interesante – con relación a la experiencia reciente en la región – es la forma cómo se ha respondido a la migración masiva y, en muchísimos casos, forzosa de personas venezolanas. Las respuestas en un primer momento, por parte de muchos estados, han sido respuestas dentro de los desafíos mismos en términos de empleo, de acceso a derechos económicos sociales y culturales, educación, salud, temas de violencia ante la llegada de ya casi cinco millones de personas. En lo relacionado a la recepción e ingreso al territorio han sido respuestas bastante positivas en comparación con otros contextos u otras regiones del mundo. El enfoque no se ha centrado en la interceptación de estas personas, detención o devolución a Venezuela. Por el contrario, se le ha permitido la entrada al territorio. Creo que los desafíos vienen una vez que estas personas están dentro de nuestros territorios, en cómo garantizar el acceso a ciertos derechos económicos sociales y culturales que son básicos para poder llevar un proyecto de vida mínimamente digna.

Me parece que la respuesta de la región – sin perjuicio que estamos viendo un viraje hacia posiciones más restrictivas – ha sido bastante positiva y dan un ejemplo a nivel mundial en términos de que sí se puede manejar la situación y vivir con la migración.  En otros países del mundo estamos viendo respuestas completamente diferentes y que van más en el orden del endurecimiento del control migratorio, no solamente los países controlan sus fronteras, sino que empiezan a generar acuerdos con otros países de las rutas migratorias para impedir la llegada a sus territorios. Es como si tuvieras otros estados haciendo de policía migratorio.

¿Dónde encontramos el problema? 

El problema que esto tiene – sobre todo cuanto estamos hablando de personas que están saliendo de sus países por cuestiones estructurales – es que, si tú le pones un muro o una barrera gigantesca cuando están enfrentando situaciones de hambre, de impactos más duros que desastres naturales, sujetos a violaciones o abusos tanto de actores estatales como de organizaciones criminales (narcotráfico, pandillas maras, etc.), la gente simplemente desvía la ruta. Cuando tu vida o la de tu familia está en riesgo, cuando necesitas recursos para mantener el tratamiento médico de tu esposa o hijos, ahí no importa la barrera, simplemente buscas los medios para mantenerte a ti y a los tuyos a salvo. Empezar a poner restricciones, criminalizar, externalizar el control migratorio, etc., aumenta la irregularidad migratoria de las personas más vulnerables. Uno de los desafíos con la población migrante es que precisamente es una población que carece de poder político por el hecho que no pueden votar ni ser elegidos. Lo que se busca es crear maneras para fortalecer la capacidad política de las personas y grupos migrantes, de las asociaciones y la gente que trabaja alrededor de ellos, para que no sean tan fácilmente privados de sus derechos y de cualquier incidencia en las discusiones públicas, para que no sean tan fácilmente estigmatizados y etiquetados. Es muy fácil utilizar a los migrantes como el chivo expiatorio de muchos problemas que probablemente son estructurales en nuestros países y que vienen de años atrás y que no se abordan, de manera adecuada. El fortalecimiento político de los migrantes es una cuestión clave. Hay que normalizar la migración dentro de nuestra sociedad. Tenemos que tener decisiones basadas más en la evidencia porque uno de los riesgos que enfrentamos al día de hoy es precisamente enfrentarnos a las falsas noticias.

A la situación que viven los migrantes irregulares se suman los hijos en condición de apatridia. ¿Qué soluciones ha encontrado en la región?

En el caso de Colombia, en particular, han dado excelentes ejemplos de que muchos de los desafíos que pueden plantear en su momento la llegada de población migrante tienen que ver con voluntad política de los estados. Si hay voluntad política para solucionar esos desafíos o esas problemáticas que puedan plantear en un primer momento se pueden hacer cambios y también hacia donde direccionas la solución. Puedes tener soluciones garantistas y acorde a los valores y a los derechos que se reconocen en la constitución del país y en las obligaciones internacionales que un país ha reconocido ya sea vía la Convención sobre derechos del niño y por las Naciones Unidas vía la Convención Americana sobre derechos humanos. La convención específica que hay en materia de apatridia o también puedes tener vías restrictivas de no reconocimiento. Hemos tenido ejemplos en la región, pero, para el caso colombiano es muy curioso cuando empezaron a ver este desafío, siendo el país de la región que más personas venezolanas han recibido por el tema de la cercanía geográfica y cultural. Ya son cerca o más de un millón setencientas mil personas que han llegado a Colombia, del 2015 a la fecha – pero Colombia tomó la decisión de ver cómo garantizar que los hijos de estos migrantes venezolanos que están llegando al territorio y que están naciendo en este país – y que probablemente no tienen las posibilidades de acceder a la nacionalidad venezolana de sus padres – adquieran una nacionalidad ahí. No necesariamente el andamiaje jurídico o las normas que habían en ese momento en Colombia eran las más adecuadas para evitar esa situación, pero tomaron medidas a través de una resolución de una registraduría nacional del estado civil diciendo que los niños que nazcan aquí de padres venezolanos, independientemente de la situación migratoria en que se encuentren tienen garantizado el derecho a la nacionalidad. Es un tema de voluntad política y de los actores políticos que supieron ver cuál era su rol. Además de la registraduría también hubo acciones por parte de la Defensoría del Pueblo para visibilizar el tema y para impulsar el proyecto de ley en la materia. A principios de año hubo una sentencia de la Corte Constitucional Colombiana abordando el tema y llamando a adoptar medidas para prevención de la apatridia.

¿Cree que esta es una solución que se debe replicar de forma integral o que cada país debe buscar una respuesta propia?

Ahí la cuestión es que cada estado debe pensar en la responsabilidad que le corresponde y en el desafío que enfrenta en un determinado momento. El tema es si, por ejemplo, Colombia no adoptaba medidas para reconocer la nacionalidad a estos niños que estaban naciendo en Colombia, por un lado, entrarían en violación a obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que cuando un niño nace en un territorio de un país y no pueda tener acceso a otra nacionalidad, el país en el que nace tiene que darle acceso a la nacionalidad. En términos similares hay una disposición en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Si el Estado donde los niños nacen no lo aplica, prácticamente ese Estado se hace responsable por no garantizar el derecho a la nacionalidad a esos niños y el derecho a su personalidad jurídica. Tendrán las implicaciones mismas que mencionas como no tener acceso a una nacionalidad en términos de las dificultad u obstáculos para acceder a una educación, a la salud, al registro civil, a la identidad, a un nombre. Es como un efecto en cadena que si no lo abordas pone en una situación de limbo jurídico y prácticamente de inexistencia civil a las personas que son víctimas o que sufren apatridia.

Una cuestión fundamental es que los estados tienen que establecer cortafuegos, y este concepto implica colocar barreras que garanticen que las personas migrantes van a poder acceder a ciertos derechos sin temor, por ejemplo, que por situación migratoria irregular puedan ser detenidos o deportados. Esto es importante porque si tú estableces cortafuegos en materia de acceso y procuración de justicia, puedes estar ante situaciones donde familias migrantes o mujeres migrantes estén siendo víctimas de violencia doméstica y nunca se acerquen a la policía o una autoridad a denunciar precisamente por el temor mayor de si yo denuncio, la autoridad policial puede que te pregunte mi situación migratoria, me detenga y eventualmente me deporte.

(Foto: Idehpucp)

¿Qué retos se necesitan lograr para fortalecer los sistemas democráticos en países donde vemos desde ciclos de alternancia a periodos con alta polarización? 

Si uno lo ve en términos comparativos, la experiencia Latinoamérica es increíble en espacios ganados en materia de Derechos Humanos. La creatividad que tiene la sociedad civil y de la misma manera cómo el derecho internacional de los derechos humanos ha ido permeando mucho el accionar de los gobiernos en la región. Vemos cómo eso se ha ido interiorizando luego en las leyes, en el accionar de las autoridades públicas. Yo creo que estamos llenos de ejemplos de cómo mucho de esos estándares, que de un momento surgieron en órganos internacionales, han ido permeando el accionar de nuestras autoridades públicas en materia, por ejemplo, del uso de la fuerza en las protestas, aunque de nuevo volvemos a enfrentar desafíos. Digamos que la región tiene como muy “buenas prácticas” y experiencias para mostrar en la materia. Esto no significa que el terreno está ganado. Los retrocesos que estamos viendo, tanto a nivel regional como global son una clara muestra de ello. “¿Por qué estamos viendo estos retrocesos de batallas que pensábamos que ya habíamos ganado?” Es una pregunta difícil de contestar. Vemos que llegamos a este ciclo de la historia y algo que nos costó tanto construir puede desaparecer en el aire. Mi opinión es que en cierta forma en el movimiento de derechos humanos, por las limitaciones de recursos y por las personalidades mismas de quienes la conforman, puede que en algunos momentos la lectura que tengamos sea: “Ok, logramos esto y nosotros somos quienes estamos en el lado correcto de la historia y todos aquellos que no compartían nuestros valores o nuestras manera de tener sociedades igualitarias, dignas, donde se respete la libertad, tolerancia, etc., entonces están en el lado equivocado”. La experiencia de demostrados países de Norteamérica, Europa e incluso en la región es que cuando te olvidas de un gran sector de la población o descuidas a una parte de ella, eventualmente comienzan a sentirse históricamente excluidos y responden ante los mecanismos democráticos, y todo se puede desvanecer en el aire. En parte ha sido un poco el olvido deliberado, o no prestar tanta atención a personas con las que a veces simplemente nos enfrentamos desde una posición más adversarial.

Vemos que cuando las circunstancias cambian, aparece un personaje político de corte populista que tiene acceso a muchos recursos y medios de comunicación masiva, entonces muchas de esas personas que se sintieron en parte ignoradas o relegadas, pueden encontrar identificación en ese corte populista. Creo que por más que sean discusiones difíciles y desafiantes, por más que uno piensa que es casi imposible mantener discusiones racionales y sensatas o sobrias, hay que tratar de trazar puentes con todos estos sectores de la población y buscar puntos de entendimiento. Seguir pensando que nosotros estamos del lado correcto de la historia y ustedes quienes no, es simplemente una cuestión de alternancias. Un gran reto es trabajarlo con el uso de las redes sociales porque claramente ves cómo en una sociedad donde la gente simplemente no les interesa informarse sino tener una idea de lo que está pasando en el mundo a partir de comentarios de 140 caracteres. Creo que hay un valor grandísimo en todo lo que el movimiento de derechos humanos ha hecho en la región y a nivel mundial, pero tenemos que saber responder a la dinámica de los tiempos y a la forma de cómo la gente se está comunicando y se está informando.

Lo importante es entonces no convencer al gobierno de turno sino a la gente. 

Hoy cualquiera con una red social puede opinar, puede ser un agente de cambio y puedes tener cosas tan simples también como una persona de un lugar remoto colocando un mensaje de una red social y que un presidente de un país te responda. Teniendo en cuenta la accesibilidad que tienen esas rutas – la forma cómo se han expandido – ver cómo se viene trabajando los temas de los derechos humanos a través de esos medios, donde no simplemente debemos aterrarnos de los comentarios xenófobos, homófobos, misóginos; esta es una realidad en la que se están moviendo millones de personas. El cómo entramos mejor a esos medios y a esas discusiones, además de cómo afianzar mejor hacia esta generación y la próxima la importancia de los derechos humanos, es lo que buscamos transmitir. Que los derechos humanos no son un movimiento de izquierda. Que beneficia a todos. 

Es un gran reto despolitizar los derechos humanos. 

Creo que la bandera más importante de los derechos humanos es tener una agenda política por la defensa y garantía de la dignidad humana de todas las personas, sin ningún tipo de distingo, y no importa si eres de derecha o izquierda, si capitalista o socialista. Esto no es un movimiento social para defender a los criminales o a los guerrilleros. Esto es para todos.

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