Marianella Ledesma: “Tenemos una clase política ligada con situaciones delictivas que lo que busca es construir impunidad y, por eso, necesitan controlar la JNJ”
Por: Isabel Jave
En una entrevista exclusiva, la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, aborda los desafíos y las amenazas que enfrenta el sistema judicial peruano. Desde la lucha por la independencia de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hasta la protección de los derechos humanos, refleja su posición en la defensa de la justicia, la democracia y la libertad. Su perspectiva, fundamentada en años de experiencia y compromiso con la justicia, ofrece una visión detallada de los desafíos que enfrenta la nación.
Desde la disolución del Congreso de la República realizada por el expresidente Martín Vizcarra en 2019 hasta el día de hoy, escuchamos muy a menudo la necesidad de mantener el “equilibrio de poderes” en el Estado, pero son pocos los que comprenden a cabalidad este concepto. En el marco de este escenario, ¿nos puede indicar qué es el equilibrio de poderes?
La historia de la civilización es la de la lucha por el poder, porque este siempre ha generado esas confrontaciones y, de manera sucinta, con el tiempo, se ha logrado plantear de manera civilizada, afirmando que está en los ciudadanos. Por ello, podemos afirmar que los ciudadanos somos quienes ejercemos el poder».
Para saber qué es el equilibrio de poderes, primero tendríamos que preguntarnos qué es el poder. Asimismo, debemos tratar una vieja discusión que se ha planteado desde que el hombre comenzó a vivir en grupo o en sociedades: ¿cómo se ejerce ese poder?
La historia de la civilización es la de la lucha por el poder, porque este siempre ha generado esas confrontaciones y, de manera sucinta, con el tiempo, se ha logrado plantear de manera civilizada, afirmando que está en los ciudadanos. Por ello, podemos afirmar que los ciudadanos somos quienes ejercemos el poder. A diferencia de la época feudal, donde era el dueño de las tierras el que ejercía el poder o, en la época del reinado, donde lo ejercían los reyes, ahora estamos en un modelo donde los ciudadanos lo ejercen y esa es una idea que nuestra propia Constitución plasma al establecer que el poder del Estado emana del pueblo.
Ahora, ¿cómo se expresa ese poder en el Perú? El ciudadano lo expresa delegándolo para que sea ejercido por un grupo de personas. Se delegan las funciones legislativas, de administrar el gobierno y el Estado, de resolución de conflictos que se den en el grupo, para proveer a los jueces o a las autoridades para determinados sistemas, entre otras. En este sentido, hay una serie de formas en las que se ha delegado el poder para diferentes propósitos y se ejerza en diferentes escenarios.
De manera clásica, se repetía la idea del Poder Legislativo, Poder Ejecutivo y Poder Judicial; lamentablemente, se hablaba de poder y todo el mundo creía que estas tres áreas eran la única forma donde se expresaba la delegación de ese poder del ciudadano para que se ejerza. Hoy, un Estado moderno no se maneja bajo esas tres posibilidades; sino que, también, tiene un escenario que acepta, por ejemplo, la presencia de la Defensoría del Pueblo como institución que defiende y es la voz del ciudadano. Asimismo, se tiene un Tribunal Constitucional como último intérprete de la Constitución, que vela por el respeto de la misma y procura la defensa de los derechos y principios que reconoce. De igual manera, contamos con un Banco Central de Reserva, que trabaja de manera autónoma al resto de organismos. Es decir, el poder se reparte en diferentes escenarios en una lógica de separación —donde cada uno sabe de forma clara qué competencias y atribuciones tiene— y, fundamentalmente, de equilibrio. Sin embargo, no es que un poder sea poderoso frente al resto o, mejor dicho, que una organización tenga un sobrepoder frente a otra organización en un mismo Estado.
Entonces, existe una lógica de equilibrios. Por eso es un gran error cuando escucho a algunos congresistas que dicen: “El Congreso es el primer poder del Estado”. Entiendo que un congresista tal vez lo diga de esa manera porque, para ser congresista, no se requiere más que saber leer y escribir, además de no requerirse mayor conocimiento jurídico. Pero nosotros, los ciudadanos, ¿qué lectura deberíamos dar de eso cuando escuchamos a alguien que dice que el Congreso es el primer poder del Estado? Deberíamos tener claro que eso no es cierto. Eso se repetía en las monarquías constitucionales; por ejemplo, en España.
España es una monarquía constitucional; pero, frente al rey y la Asamblea Constituyente, ¿existe un poder con mayor peso? Sí y es el poder del pueblo, que se expresaba en esta Asamblea Constituyente frente al rey. Por eso se dice que el rey reina, pero no gobierna. Esto porque gobierna el pueblo, gobierna la asamblea, gobierna el Congreso a nombre del pueblo; pero es en este escenario donde se tenía el concepto de “primer poder”.
Nosotros no somos ninguna monarquía parlamentaria en la que tengamos que confrontar el poder del pueblo versus el del rey como para que digamos que estamos acá ante un primer poder del Estado frente al resto. Entonces, lamentablemente son conceptos o ideas falsas que se vienen generando en el escenario y, por ello, muchas personas creen que el Congreso es el primer poder del Estado. En realidad, somos nosotros, los ciudadanos, quienes tenemos el poder y les hemos delegado funciones de legislar, se supone, en beneficio de la colectividad. Esa es la lógica que deberíamos asumir.
Existe una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una demanda competencial en el expediente 0004-2022- CC/TC, donde se establece, en sus fundamentos 77 al 81, que solo el Congreso puede decidir sobre la cuestión de confianza. ¿Cuánto es el daño o qué repercusiones ha tenido este expediente en el equilibrio de poderes?
Esa ha sido una decisión de este pleno del Tribunal Constitucional nefasta para lo que es el ejercicio democrático del poder. Si decimos que el poder se reparte y se tiene que ver una lógica de equilibrio, ¿cómo se equilibra el ejercicio del poder del Congreso en relación al Ejecutivo? Este último administra el Estado y el primero tiene la función de generar las normas y fiscalizar el ejercicio de esas competencias. Pero puede darse el caso que el Ejecutivo quiera de repente plantear determinados programas, tener determinadas políticas de gobierno y el Congreso es reacio a generar las normas, a generar la confianza y pone trabas en el camino.
¿Qué hacemos frente un Ejecutivo que quiere avanzar y un Congreso que le pone trabas? La Constitución le permite al Ejecutivo ejercer un mecanismo constitucional que se llama “cuestión de confianza” al parlamento para decirle: “Te hago cuestión de confianza sobre determinadas normas. Si tú, Congreso, no me apruebas en una primera o segunda legislatura, yo voy a ejercer una acción constitucional que es cerrar el Parlamento a fin de que exista otra representación congresal que ingresen para evitar generar trabas en el ejercicio de mi función como Ejecutivo”.
¿Y qué puede hacer el Congreso contra el Ejecutivo? ¿Qué arma tiene? Así como el Ejecutivo tiene la cuestión de confianza, el Congreso tiene contra este la interpelación o censura a sus ministros y la vacancia al cargo de presidente. En consecuencia, como vemos en cada escenario, cada uno tiene un instrumento con el cual pueda por lo menos responder frente al abuso en las competencias o impedir que uno ejerce las suyas. Entonces, como ven, hay esta lógica de equilibrios, de pesos y contrapesos. Lamentablemente, esta última sentencia del Tribunal Constitucional lo que ha hecho es vaciar de contenido la cuestión de confianza. Existe en el papel; pero, en esencia, ya no es efectiva, porque esas reglas que se diseñaron han sido interpretadas de una manera tan laxa que, en el fondo, ya ni siquiera se puede invocar esta figura.
Vemos unos ánimos irrefrenables por parte del Legislativo para investigar y, posiblemente, destituir a los integrantes de la JNJ. ¿Esta actuación del Congreso tiene alguna consecuencia con la independencia del Poder Judicial?
Nuestra clase política está dotada de representantes vinculados con diversos delitos. Miremos al penal de Barbadillo que está dentro de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Diroes), donde están recluidos tres expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Alberto Fujimori».
Los ciudadanos se preguntan si la JNJ es un órgano de poder del Estado y quiero señalar que sí lo es. El Estado no solo son estos tres órganos que legislan, administran y ven el tema de justicia; sino, también, las municipalidades que tienen una cuota de poder, los gobiernos regionales y la JNJ que, por la Constitución, tiene la misión de proveer a todo el sistema judicial de jueces y fiscales. Su labor es mantenerlos o retirarlos cuando no hacen correctamente su función; pero no solo es una institución que provee jueces y fiscales; sino, además, provee autoridades para el sistema electoral, que es vital en un modelo democrático, porque el ciudadano se expresa en ese voto de forma periódica. Entonces, encontramos un diseño para el sistema electoral. Se eligen las autoridades de la ONPE, del Reniec y, de manera indirecta, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones también ingresa en ese modelo de elección.
Cabe señalar que, a mi parecer, hasta el momento no se tienen argumentos jurídicos para la destitución de los miembros de la JNJ. Entonces, cuando, desde el Congreso, se pretende de forma deliberada intervenir en el funcionamiento de la JNJ al retirar a todos los miembros bajo supuestos argumentos jurídicos, lo que se busca, políticamente hablando, es controlar esta institución. Muchos se preguntarán para qué le va a interesar al poder político del Congreso intervenir la JNJ. La respuesta la encontramos fácil en el hecho de que nuestra clase política está dotada de representantes vinculados con diversos delitos. Miremos al penal de Barbadillo que está dentro de la División de Operaciones Especiales de la Policía Nacional del Perú (Diroes), donde están recluidos tres expresidentes: Alejandro Toledo, Pedro Castillo y Alberto Fujimori. Uno ya se encuentra sentenciado y los otros, en proceso. Si tenemos a expresidentes en prisión, tanto los demás funcionarios del Estado como los actores políticos no se encuentran exentos de pagar por sus crímenes. Por ello, a muchos les interesa tener por lo menos jueces un poco complacientes o una justicia muy benévola hacia ellos en cuanto a la restricción de su libertad.
Ahora, analicemos con detenimiento a la clase política del Congreso. Ahí está sentado su presidente, Alejandro Soto Reyes, quien cuenta con un historial de procesos delictivos. En conclusión, tenemos una clase política ligada con situaciones delictivas que lo que busca es construir impunidad y, por eso, necesitan controlar la JNJ. De esta manera, lograrían seguirse preservando en el escenario político. Por esa razón, vemos que les interesa, también, tener el control del sistema electoral.
Con mucha pena tengo que decir que, en nuestro país, la justicia es muy lenta. Llega, pero muy tarde. Una muestra de ello son juzgamientos como Cayara, que se realizaron incluso después de 35 años. En casos relacionados al periodo del conflicto armado interno, recién se están encontrando responsables y solo pongo ese ejemplo porque hay muchos que siguen en proceso».
En medio de esta crisis política, no podemos perder de vista la defensa de los derechos humanos y la búsqueda de la justicia en el Perú. ¿Cuál es su reflexión sobre el proceso judicial por las muertes de Inti Sotelo y Bryan ocurridas en 2020 que hasta el día de hoy no consiguen justicia? ¿Cómo la forma de llevar este caso puede reflejarse en los recientes casos de las protestas de finales de 2022 y principios de 2023?
Con mucha pena tengo que decir que, en nuestro país, la justicia es muy lenta. Llega, pero muy tarde. Una muestra de ello son juzgamientos como Cayara, que se realizaron incluso después de 35 años. En casos relacionados al periodo del conflicto armado interno, recién se están encontrando responsables y solo pongo ese ejemplo porque hay muchos que siguen en proceso. Esta es la línea que sigue el caso de Inti y Bryan y, de igual manera, está en camino lento el tema de las investigaciones en el caso de los ciudadanos del sur que fallecieron frente a las protestas del año pasado y de este año. Entonces, tenemos un sistema judicial que no solo es lento, sino que a veces es muy benévolo al buscar la responsabilidad, indagar la verdad y saber cómo sucedieron estos hechos.
No puede ser posible que, en nuestro país, se les quite la vida a las personas y nadie responda. Esta es una tarea pendiente fundamental para el estado constitucional de derecho. Como lo señalé en otras ocasiones, casos como los de Inti y Bryan tomarán, lamentablemente, su tiempo y espero que no sea tan extenso como los que se tomaron ya en anteriores procesos. Pero algún día llegará la justicia, porque se trata de la afectación de derechos humanos que tienen una connotación universal que superan las fronteras. Así los responsables se escondan de la justicia y traten de desaparecer para evitar pagar su condena, algún día serán juzgados y sentenciados por sus crímenes. Llegará ese día, porque se tiene que hacer justicia y creo en ella. Yo estoy casi segura de que se va a dar esa situación. Tomará su tiempo, pero se dará.
¿Cuáles son los desafíos más significativos para la defensa de los derechos fundamentales en el Perú?
Primero, debemos tomar conciencia que nosotros somos seres humanos y tenemos derecho a vivir en dignidad. Más allá de que vivamos en la zona rural, en la selva o en la costa, necesitamos y demandamos del Estado ese deber de protección y de permitirnos que nos desarrollemos en plenitud en todos nuestros proyectos de vida. Por lo tanto, si nosotros no somos conscientes que somos titulares de esos derechos, no vamos a pasar al segundo nivel, que es exigir del Estado esa protección. Por eso es que nos organizamos en este modelo: el ciudadano da el poder para que le proteja, permita desarrollarse y una serie de situaciones de bienestar. Entonces, tenemos que partir por reconocer que somos sujetos que tenemos derechos y quien nos tiene que brindar la tutela de ellos es el Estado. Por último, esos derechos no solo son propios y los podemos exigir dentro del ámbito del territorio peruano, sino que los podemos exigir donde nos encontremos, por el solo hecho de ser personas, ya que son derechos básicos y universales.
Para ello, los derechos humanos tienen un tratamiento y una justicia especial, que no es la común y corriente, que supera nuestras fronteras. Tenemos una Corte Interamericana (Corte IDH), una comisión internacional a la que el ciudadano, frente al abuso, omisión o arbitrariedad del Estado, tiene la posibilidad de ir a tocar las puertas para hacer que cumpla lo que no está haciendo correctamente.
En el marco de esta relación tirante entre las víctimas que reclaman justicia y el Estado, como usted bien lo indica, encontramos a la Corte IDH. ¿Qué nos puede comentar sobre los muchos intentos de querer que el Perú denuncie a la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José)?
La Convención Americana sobre Derechos Humanos y todo el sistema internacional de protección de estos derechos busca proteger al ciudadano. Quien está en el poder y quien hace un uso arbitrario de este lo que menos quiere es que el ciudadano tenga un escenario último de protección. Quiere desvincularlo de todo, dejarlo a merced de lo que el Estado pueda o no hacer con el pobre ciudadano. Por eso es que siempre los grupos dictatoriales, que tienen esa lógica de pensamiento único, lo que buscan es, más bien, aislar al país. Un ejemplo es Venezuela, que está retirada del sistema interamericano. Yo me resisto a que mi país sea una Venezuela o un modelo de ella.
Sin embargo, los integrantes del grupo político que están en este momento ejerciendo el poder quieren desproteger al ciudadano al quitarle la alternativa de recurrir a una justicia internacional, porque esa posibilidad que tiene de recurrir a ella es para denunciar al Estado que no viene cumpliendo correctamente sus deberes constitucionales. Además, no solo hablo de los derechos básicos, como el de la vida, que podría ser el tema relacionado a la pregunta anterior; sino, también, a la integridad, la salud, la alimentación.
Incluso podemos estar frente al derecho a la nacionalidad. Recordemos que hace muchos años, en el gobierno de Fujimori, al señor Baruch Ivcher, persona extranjera nacionalizada peruana, le quitaron la nacionalidad para apropiarse de sus bienes. Entre las propiedades, encontramos un canal de televisión y el permiso de uso del espectro radioeléctrico para la emisión de los programas que, en muchos casos, destapaban actos de corrupción y delitos realizados por los grupos políticos de aquel entonces. Pero el señor Ivcher tuvo la esperanza de recurrir a la justicia internacional, a la Corte IDH, que ordenó al Estado peruano que le restituya la nacionalidad y sus bienes. Asimismo, hace casi veinticuatro años, también en el gobierno Fujimori, el Tribunal Constitucional estaba compuesto por un grupo de magistrados que votaron por la no re-reelección de Fujimori y, como el Congreso estaba sometido al Ejecutivo, los retiraron de sus cargos. En ese entonces, fue la Corte IDH la que ordenó las reposiciones de los magistrados por haber tenido la valentía y haber cumplido correctamente su labor de decirle no a la re-reelección, ya que era inconstitucional.
Entonces, veamos nada más esos mecanismos como escenario internacional de protección de derechos que está diseñado para proteger al ciudadano y no para el que está utilizando el cargo público o el que está en el poder. Más bien, los que están en el poder tienen la lógica de salir de este sistema para quedarse enseñoreados con una “soberanía” de poder hacer lo que quieran, abusando inclusive del ciudadano.
on mucha pena tengo que decir que, en nuestro país, la justicia es muy lenta. Llega, pero muy tarde. Una muestra de ello son juzgamientos como Cayara, que se realizaron incluso después de 35 años.
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