Edición N° 34 30/09/2021 Entrevista

Pablo Ceriani: “los factores que empujan al desplazamiento son más potentes y superadores que cualquier medida de control migratorio que se quiere imponer”

Juan Takehara Mori

Por: Juan Takehara Mori

Periodista, encargado de prensa en IDEHPUCP

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La llegada de la pandemia, a causa del Covid-19, generó que millones de personas – en especial los migrantes en América Latina – pierdan de forma casi inmediata sus ingresos y dejen de acceder a un sistema de salud, pero, sobre todo, los forzó a ingresar a una zona de pobreza y miseria. En paralelo, se redujo el flujo migratorio en las fronteras, volviéndose más complicado el pase seguro, exigiendo que miles de familias busquen rutas con menor control, pero más inciertas. Conversamos con el abogado Pablo Ceriani doctor en Derechos Humanos por la Universidad de Valencia y Máster en Migraciones Internacionales por la Universidad Europea de Madrid, quien observa con mucha cautela las decisiones de Estados, como Perú, que comienzan a ubicarse en una posición más represiva hacia los migrantes. 

¿Cómo observa la actual situación en las fronteras de la región?, ¿qué ha cambiado en temas de migración? 

Si uno tuviera una foto de principios de 2020 en el contexto de movilidad en América Latina, se encontraría con un enorme dinamismo, una región muy cambiante con flujos migratorios cada vez más intensos y rápidos, y con nuevas rutas en diferentes direcciones. Algunos países comenzaban a consolidarse como espacios receptores, pero también como lugares de tránsito, origen y retorno. En términos de políticas migratorias, en esta región se pueden encontrar desde las mejores a las peores prácticas, desde las políticas más restrictivas a las más abiertas. El problema no es cuántas personas entran -las políticas, como está largamente evidenciado, no pueden controlar este aspecto, pero sí influir en cómo ingresan (regular o irregularmente)y en qué condiciones pueden permanecer- con igualdad (o no) en el ejercicio de derechos. Es clave saber si el proceso de migración se ajusta al principio básico de un Estado de derecho y si las personas migrantes se encuentran en condiciones riesgosas o protegidas. Para mí, una buena política es la que se ajusta a los principios y reglas, respondiendo a una realidad y no tratando de ignorarla. De lo contrario, las personas pueden ingresar de manera precaria y peligrosa. En ese sentido, lo que hemos visto en los últimos meses es que dentro de cada país uno puede encontrar una buena ley que convive con prácticas o leyes que, aunque tienen algunos aspectos positivos de garantía de derechos, mantienen otros muy negativos, con rezagos de leyes de épocas vinculadas a procesos de dictaduras o militarización de fronteras. 

El lugar de nacimiento debería ser irrelevante para proteger a la población en situación de vulnerabilidad, especialmente en niños y niñas.

La pandemia ha vuelto todo más restrictivo.

Se ha agudizado las características de mayor dinamismo; además, hay cierta tendencia en ratificar algunas normas que en el pasado buscaron recortar derechos. Por ejemplo, la aprobación de reformas a la ley de movilidad humana de Ecuador, o iniciativas en esa dirección en Perú, o ciertas posiciones en el debate de la nueva ley chilena. Otro retroceso importante sería la reaparición del visado en la región -para personas de un Estado sudamericano-, pues aparece en medio de la mayor crisis de desplazamiento en la historia de Sudamérica. Me refiero a la visa que imponen casi contemporáneamente Perú, Chile y Ecuador a la población venezolana, a pesar de que a nivel sudamericano regía la libre circulación. Es lamentable que a esta población que continúa con la necesidad de desplazarse, muchas veces en condiciones muy precarias y de mucha necesidad de protección de sus derechos (el asilo y muchos otros), se les imponga un visado. En contextos así, eso no impide ni reduce la migración, sino que la irregulariza, los caminos se vuelven más peligrosos y, como ha ocurrido en otros contextos como el de México, se les coloca en bandeja a redes de tráfico de personas, negocio que frecuentemente se cruza con trata y distintas formas de explotación. La otra tendencia negativa es la xenofobia y el tratamiento que se le ha dado no solo en los medios de comunicación, sino como uso cotidiano en los personajes políticos al más alto nivel. Sin duda, tiene que ver con un problema que viene de mucho antes de la pandemia que es histórico y estructural en toda la región. 

Entre los grupos vulnerables, ¿qué está ocurriendo con los niños y niñas migrantes? 

Una primera consecuencia en el impacto específico y particularmente grave en niños y niñas es un resurgimiento del tema de la inseguridad, a la cual se le agrega la cuestión de la salud y el desplazamiento como riesgo sanitario. En paralelo, vemos un discurso contra las personas migrantes, una serie de lugares comunes -clichés- utilizados para legitimar la desigualdad de trato dentro de una comunidad. El lugar de nacimiento debería ser irrelevante para proteger a la población en situación de vulnerabilidad, especialmente en niños y niñas. Es necesario dejar de entender la identidad nacional como oposición al otro para pensarla de otra manera más dinámica, realista y constructiva que, en todo caso, se constituye de muchos más elementos que la nacionalidad o el lugar de nacimiento. Vemos niños y niñas en situación de vulnerabilidad que no han accedido a prestaciones básicas en un contexto de pandemia. Buena parte de la población migrante viene a engrosar el número de personas en situación de vulnerabilidad y ahí el discurso xenófobo es utilizado funcionalmente para evadir responsabilidades básicas de los Estados. Se intenta hacerle creer a nuestra población que los problemas sociales se han agudizado por quienes vinieron de tal o cual lugar, en lugar de ser la consecuencia de las políticas que han ido generando condiciones estructurales de desigualdad, desempleo, corrupción, violencia, discriminación a ciertos grupos sociales (por razones étnicas, de género, diversidad sexual, etc.). Esto viene pasando en la región; por ejemplo, como ocurrió recientemente en Bogotá, país con una historia de conflictos y violencia, donde algunas autoridades vincularon el problema de la seguridad con la migración. Lo mismo sucede en Argentina o, incluso, en Lima donde se menciona que hay distritos que son más peligrosos, porque hay muchos venezolanos. La inseguridad y violencia urbana es un problema de larga data en nuestra región, desconectado de los procesos de movilidad humana. Por desgracia, la xenofobia hace que esos discursos de atribución de responsabilidad sean aceptados casi acríticamente por algunos sectores de la sociedad. Todo esto genera desigualdad y conflicto tanto en el barrio como dentro de una comunidad, en lugar de promover la integración, un circuito más virtuoso que conduzca a ciudadanías inclusivas y la mejora de las condiciones de vida de toda la población. 

Si bien uno puede hablar del periodo de Trump y las gravísimas medidas que tomó, los gobiernos demócratas no han adoptado a lo largo de las últimas décadas medidas muy diferentes.” 

¿Cómo mantener un control en las rutas del flujo migratorio, pero respetando a la vez los derechos humanos? 

Si la respuesta a un fenómeno multidimensional como las migraciones está basada en el control migratorio, está destinado siempre a fracasar, porque se está usando una lente completamente sesgada y reducida. Los factores que empujan ese desplazamiento son más potentes y superadores que cualquier valla, obstáculo o medida de control migratorio que cada Estado a lo largo de esas rutas quiere imponer. Tenemos más de 50 años de experiencia en aumentar la securitización en la frontera México-Estados Unidos y basta mirar los números. Durante el último año fiscal, donde convivieron todos los mecanismos de control migratorio con los controles sanitarios y fronteras cerradas por la pandemia, ingresaron por la frontera sur casi un millón 300 mil personas. Faltan acuerdos de cooperación para abordar esta situación con objetivos de corto y largo plazo, y voluntad política en cada uno de los Estados. En corto plazo, se necesita una mirada de atención humanitaria en plena emergencia -sobre todo a quienes están en tránsito-, pero también un abordaje más integral de derechos que este acompañado de políticas de inserción social de cada país a quienes están ingresando con fin de permanencia. Es clave tener acuerdos entre los Estados, buscar más operativos para articular los organismos de un lado a otro de la frontera y crear corredores humanitarios. Ciertamente, esos corredores a medida que te acercas al norte te vas a encontrar con el llamado “muro vertical”, esa frontera que es todo el territorio mexicano íntegro, desde la frontera sur con Guatemala hasta el Río Bravo. Este corredor llega a colisionar con una realidad dramática que son las formas de violencia de actores estatales y no estatales, pero eso no implica que los Estados sudamericanos y centroamericanos no tengan que cumplir sus obligaciones en materia de protección de derechos. En situaciones de emergencia, los organismos de cooperación internacional pueden ser claves para mejorar la situación. Sabemos que somos una región con Estados que tienen muchísimas deficiencias que no son casuales, sino que son la consecuencia de priorizar el gasto social hacia otros sectores. Las situaciones de mayor emergencia requieren del refuerzo de recursos que salgan lo más rápido posible y una parte clave de la atención es que sea no solo efectiva y oportuna, sino que también tenga una mirada más amplia. De lo contrario, se dará algo que ocurre en varios países de la región: encuentras una inyección de cooperación internacional, protección a las personas migrantes y desplazadas, con la que estoy 100% de acuerdo, pero esas situaciones se dan muchas veces en comunidades donde la población local tienen necesidades básicas insatisfechas en términos drásticos como muertes evitables, manutención infantil, desnutrición infantil, desempleo a niveles altísimos, discriminación estructural, racismo y un largo etcétera, en población indígena, afrodescendiente y otros grupos. Son condiciones totalmente deficitarias en el sistema de salud, educativo, entre otros. Hay que tener cuidado que la atención a la población desplazada y en tránsito conviva con una mejora permanente de las condiciones de vida de la población. Al final, todos tienen derechos, tanto las personas en tránsito que vienen llegando como los que viven allí, y este abordaje integral puede fortalecer las condiciones de acogida de la población migrante al tiempo que promueve la integración intercultural y políticas de desarrollo humano inclusivo. 

Mencionó a Estados Unidos, ¿espera mejoras en política migratoria? 

Lo veo con bastante escepticismo y preocupación porque, si bien uno puede hablar del periodo de Trump y las gravísimas medidas que tomó -como la separación de decenas de miles de familias, la deportación de padres, el discurso criminalizante con diferentes rasgos de xenofobia, racismo y más-, los gobiernos demócratas no han adoptado a lo largo de las últimas décadas medidas muy diferentes. La reforma regresiva de la ley migratoria más grave es de 1996 durante el gobierno de Clinton. Obama fue quién batió los récords de deportaciones e, incluso, reabrió los centros de detención para niños y familias en 2014. Aunque decretó la crisis humanitaria por los niños no acompañados, una de las medidas fue reabrir los centros de detención para familias en Texas y otros estados (otro ejemplo, junto a las “visas humanitarias” a personas venezolanas, del uso de eufemismos). Si bien el discurso de los partidos demócratas ha diferido de los republicanos -más aún, en la era Trump-, las prácticas de control migratorio, en mi opinión, no han sido tan diferentes. Si bien al principio Biden solicitó una pausa al programa “remain in mexico” (quédate en México), que básicamente incumple obligaciones elementales del derecho al asilo, empezó a implementar el título 42 que es una vieja normativa en materia sanitaria para básicamente hacer devoluciones inmediatas en frontera, dejando en letra muerta el derecho humano al asilo y a la petición del status de refugiado. Recientemente, entró en vigor un acuerdo bilateral por el cual México aceptó que las personas de origen centroamericano en Estados Unidos sean devueltas casi automáticamente hacia el sur de México, Tapachula por ejemplo, para luego llevarlos a la frontera de Guatemala. Pueden ser familias con niños o niñas. Cada día llegan cientos en los vuelos de deportación centroamericanos desde Estados Unidos hacia el sur de México. Incluso, a partir de un fallo de la justicia, ahora está en discusión la posibilidad de volver a reinstalar el programa “Quédate en México” creado por Trump. El escenario actual es muy poco auspicioso y poco sorpresivo, aunque uno siempre espera que haya cambios. Hay que ver qué pasa con los países de América Latina en la etapa pospandemia: si un eventual crecimiento económico podría implicar mayor inclusión social y mejora de condiciones o, como es el clásico crecimiento económico, podría ser en beneficio de pocos. Si esto se mantiene así, el escenario de las rutas migratorias a lo largo del continente puede ser bastante complicado. 

En el caso de Haití y su problema migratorio, ¿es posible que nos encontremos con un escenario similar al de Venezuela? 

En términos cuantitativos posiblemente no, por la cantidad de población y las diferencias geográficas de salir de la isla que comparte con República Dominicana. En términos de movilidad, el problema es estructural. Cuando ocurre un desastre natural, un golpe de estado o casos particularmente graves, se dan contingencias aún más profundas en temas de desplazamiento, pero no son problemas recientes, sino que ya llevan mucho tiempo. Estos se encuentran vinculados a la propia relación con el país vecino que es República Dominicana, cuyas políticas han llevado, incluso, a la condena por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en varios casos sea por violencia, abusos en frontera, detenciones, deportaciones, el retiro masivo de la nacionalidad a partir de la sentencia de la Corte Constitucional en 2013, problemas de racismo y condiciones de explotación en buena parte de la población haitiana. Ante esta realidad, la salida migratoria ha sido ir a países históricamente receptores como Estados Unidos y, por un tema de idioma e, incluso, vínculos por su época colonial, Canadá y Francia. Aunque ya desde el 2010, luego del terremoto, se inició de una manera sistemática la ruta migratoria haitiana hacia diferentes países de América con el objetivo de quedarse en Argentina, Brasil, Chile, entre otros. También algunos que ingresan por Ecuador, para seguir la ruta hacia el norte para llegar a Estados Unidos. En el caso de Chile, existen ciertas dificultades para acceder a la residencia; en el caso argentino, se encuentran algunos problemas vinculados a rutas irregulares y la aparición de redes de tráfico en la ruta vía Ecuador–Perú. En su momento, la situación de ingreso de personas haitianas por su frontera con Perú ha sido tal que se llegó a crear la visa humanitaria en Brasil. Pero esta sí es una visa humanitaria (una de verdad, no una llamada humanitaria con fines de control), donde las personas en Haití, desde Puerto Príncipe, podían adquirir una visa en el consulado brasileño y migrar de manera regular y relativamente fácil hacia Brasil. Esta fue una medida no solo para garantizar una migración regular, sino también para eliminar una red de tráfico de migrantes que se había creado recientemente. Fue interesante como un mecanismo migratorio y como verdadera medida para prevenir la irregularidad. Por lo general, las otras visas -de control- derivan en una mayor invisibilidad del tráfico y la trata y, al contrario, pueden agudizar la violencia y la peligrosidad de la ruta. Ahora bien, en el caso de Brasil, las personas haitianas tuvieron dificultades para su inserción socio-laboral y fueron víctimas de actitudes de racismo y xenofobia. Eso llevó a que muchas personas haitianas optarán por salir del país, emprendiendo nuevamente una -larga- ruta irregular y compleja hacia el norte. Lo mismo ocurrió con personas haitianas que habían ido a Chile. Facilitar el ingreso y la residencia contribuye a garantizar el derecho a migrar, pero luego es preciso asegurar el resto, es decir, permanecer, con derechos. Al salir de esos países, la población haitiana, en ese largo tránsito, han enfrentado múltiples riesgos -por ejemplo, en el Darién, o fronteras que en algunos momentos se fueron cerrando (ej. Panamá, Costa Rica y Nicaragua)-. Muchas personas se quedaron varadas en la frontera norte de México. Posiblemente, estas situaciones puedan agudizar el desplazamiento a condiciones precarias. Hay un problema que tiene que ver con la recepción y protección de esas personas en los países de tránsito o destino, y la falta de canales regulares. Hay que recordar que una de las primeras decisiones de la CIDH en temas migratorios fue tomada en un caso contra Estados Unidos (en 1997). Hubo un golpe de estado en Haití y las personas salieron para tratar de llegar vía marítima a Estados Unidos, se desplegaron las patrullas, los detuvieron y los mandaron de vuelta, y una parte de esas personas fueron torturadas y asesinadas por el régimen que produjo el golpe. La CIDH decidió que EE.UU. había vulnerado el derecho a la vida, a la seguridad, al asilo, entre otros derechos.

Perú ha sido históricamente una nación receptiva, pero en los últimos años ha girado en un discurso cada vez más xenófobo. ¿Qué alarmas puede encontrar? 

En el 2007, Perú tuvo un paso importante con la ley migratoria cuyo marco normativo incluye una serie de principios y cláusulas de protección de derechos, etc. Posteriormente, a partir del desplazamiento de población venezolana, Perú empieza a tener un desafío importante e inédito en cuanto a la cantidad de personas que ha llegado al país en tan poco tiempo. Esto implica desarrollar en poco tiempo toda una serie de políticas y medidas a todo nivel político. No solo trabajar con aquellos que se ocupan de los temas fronterizos o de documentación, también se necesitan planes para activar procesos de integración que pasan por políticas de empleo, políticas de género, infancia, escuelas, y muchas otras cuestiones. Todo esto en un país que ya de por sí tiene que asumir muchísimos retos en la calidad y profundidad de su democracia, la estabilidad de sus gobiernos, la inclusión social, la generación de empleo, la mejora de las condiciones de vida digna, la respuesta a los retos de la discriminación, el racismo, la violencia de género, en fin, seguir el catálogo de retos en derechos básicos que tenemos en toda la región. La respuesta en Perú da cuenta de todas esas contradicciones que marcaba al comienzo. Algunas herramientas con una normativa interesante, conviviendo con otras medidas más regresivas y de restricción al ingreso, o un primer proceso juicioso en la frontera, de recibir y acoger a las personas, de identificarlas, de incluso hacer un triage sanitario para la identificación de necesidades de las personas, y su debida atención. La identificación de vulnerabilidad de niños y niñas, mujeres embarazadas, personas con discapacidad, entre otros, fue un proceso sumamente interesante. Si uno lo compara con la forma como respondió Europa -salvo excepciones- al desplazamiento sirio, que llevó a la creación de centros de detención (en lo que eran espacios de recepción) y a campos de refugiados donde las personas llevan años (ej., Lesbos). Uno observa que lo que ocurrió en Perú fue algo muy interesante, pues ante la realidad que sucedía en Venezuela se decidió -como en otros países de la región- recibir a las personas en la frontera. Pero esa primera etapa virtuosa -en materia de facilitar el ingreso y brindar servicios de atención- cambió drásticamente a partir de la imposición del visado. Por otra parte, debido a la magnitud del reto, se podría decir que se avanzó hasta un punto, pero con facilitar el ingreso no acaba el proceso, que en estos temas es largo y complejo. Luego, hay que facilitarle el acceso a la residencia, a la inserción social, a algún tipo de albergue y buscar promover autonomía en la generación de ingresos a partir del permiso de residencia y trabajo para que las personas puedan acceder a una vivienda e insertarse social y laboralmente, es decir, pasar a ser integrantes más plenos y activos de la comunidad, pasar a ser vecinos y vecinas. Eso ha funcionado a cientos de miles de personas, pero, como decía, es un proceso largo. 

Buscar integrarlos.

Así es, porque el proceso de integración requiere reforzar las políticas sociales y capacitar a diversos actores multinivel de distintos sectores de la política pública desde un municipio, una provincia, del mismo gobierno a nivel nacional. Todo ese apoyo y todas esas políticas deben buscar mejorar la condición de vida de la población que, ahora, es parte de la sociedad peruana. Que sea un circuito positivo en beneficio de una comunidad. Se necesita trabajar con la comunidad para evitar estereotipos y prejuicios; además, cada autoridad debe tener la responsabilidad suficiente de no echar leña al fuego y no salir a decir que los problemas recientes del país son por culpa de grupos que han venido de aquí o de allá. Yo he trabajado mucho tiempo en Argentina en temas de políticas migratorias y la defensa de los derechos de las personas migrantes, y he escuchado muchas veces cómo, desde diferentes ámbitos políticos y periodísticos, se ha relacionado -injustamente-la inseguridad con los peruanos. Ambos discursos son igual de falsos. La inseguridad se genera por factores ajenos a la nacionalidad. Así como en Chile la inseguridad se relaciona con peruanos o bolivianos, en otros lados la culpa la tienen los argentinos, mexicanos, guatemaltecos, etc. Replicar esos discursos es ir en la dirección opuesta a los esfuerzos que seguramente muchos municipios en las ciudades de Perú y en otros niveles de gobierno vienen haciendo para este proceso de integración. 

Las personas van a seguir entrando en situaciones cada vez más precarias y no vamos a cumplir ninguna meta si no nos interesa detectar alguna eventual conexión entre seguridad, movilidad y desplazamiento de personas.

Por un lado, se crean políticas de apoyo al migrante, pero también el mismo estado mantiene un discurso discriminatorio.

Cada vez que sale alguien y dice que los venezolanos son delincuentes o son los que generan inestabilidad social y laboral, es como retroceder veinte pasos en una suerte de Juego de la Oca. Tiene que haber una responsabilidad política para articular esfuerzos y trabajar hacia delante. Pensar, como decíamos, en la migración como una oportunidad. También el desplazamiento venezolano implica cientos de miles de personas con diferentes tipos de capacidades, no solo en formación educativa, sino en oficios y habilidades laborales de toda clase. Ahí la importancia radica en que la política migratoria no sea la política que solo se ocupa de la frontera y del permiso de residencia. La política migratoria debe ser una multi-política, que además brinde una mirada prioritaria a sus componentes de políticas sociales: cómo articular el permiso de residencia con la posibilidad de facilitar la inserción del empleo con la educativa, cómo aprovechar la cooperación internacional para lidiar con problemas estructurales. La migración hasta sirve como excusa para solucionar un problema que estaba desde hace mucho antes que es el déficit en materia educativa o déficit del sistema de salud de tal o cual lugar de Perú. Y no pasa por “cerrar” una frontera, menos aún en países con fronteras tan extensas, algo de imposible cumplimiento.

Es buscar una solución inmediata a históricos problemas estructurales. 

Exactamente. Un estudio analizó cómo realmente se podía hacer para cerrar la frontera argentina para que no entre nadie y la respuesta era crear un cordón humano con los 45 millones de personas para asegurar que nadie ingrese. Es un absurdo pensar que se pueden cerrar completamente las fronteras. A su vez, como ya está sobradamente probado, esas políticas son más declarativas, estrategias discursivas (aún si se materializan en normas), que herramientas operativas eficaces, especialmente cuando estamos ante crisis migratorias. Esas medidas contribuyen a irregularizar e invisibilizar a las personas que migran en condiciones de vulnerabilidad, y luego se asientan en las comunidades, teniendo múltiples obstáculos que sortear para su inserción social, lo cual no es bueno para nadie.

A mayor dinamismo e integración comercial, las fronteras dejan de ser relevantes en la vida cotidiana. 

Además, no es que de un día a otro vas a abrir todas las puertas y la gente va a pasar como si fuera una calle normal. Pero sí es importante entender por qué se desplazan. Podemos incluso facilitar su ingreso e identificarlos al mismo tiempo, les damos una primera documentación y si hubiera un riesgo en materia de seguridad ciudadana, qué mejor que tratar de detectarlos mediante estos procesos de regularización y de acceso a la residencia. Se buscaría detectar situaciones de eventual trata de personas, de posible violencia y enfocarse en los temas sanitarios, entre otras cosas. Buscar ser realista en ese sentido. Se puede ofrecer distintas posibilidades, pero lo que está clarísimo es que las personas van a seguir entrando en situaciones cada vez más precarias y no vamos a cumplir ninguna meta en materia de seguridad si no nos interesa detectar alguna eventual conexión entre seguridad, movilidad y desplazamiento de personas. También es preocupante que, en plena pandemia, los países no hayan hecho corredores humanitarios para proteger derechos básicos de personas en contexto de movilidad. Los Estados deberían haber habilitado -con la mayor rapidez posible- procedimientos en fronteras para detectar si hay personas que necesitan asilo o se encuentran en situaciones particularmente vulnerables que exijan que los Estados faciliten su ingreso, para que puedan ejercer su derecho al asilo y otros en juego, implementando protocolos sanitarios que efectuar para asegurarse de que esto no sea un problema, pero cumpliendo al mismo tiempo con sus obligaciones de proteger a las personas desplazadas. La casi inexistencia de estos procedimientos desde el comienzo de la pandemia, junto con los visados impuestos anteriormente en algunos países, visibiliza una crisis importante del derecho al asilo y otros derechos humanos en las fronteras de la región, en una dirección opuesta de los múltiples compromisos asumidos por los Estados sudamericanos en materia de derechos humanos de las personas en contexto de movilidad humana a lo largo de las últimas dos décadas.