Tres miradas regionales sobre las protestas sociales peruanas entre diciembre del 2022 y enero del 2023
Por: Isabel Jave
En un contexto polarizado y teniendo en cuenta lo señalado en el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre la actuación del Estado ante las protestas sociales iniciadas en diciembre de 2022, es fundamental examinar el proceso de movilización y protesta principalmente regional, así como la violenta respuesta del Estado, y comprender lo que ello significa en el mediano plazo para la vida política del país. Con el propósito de tener una mirada múltiple, desde distintos puntos de la sociedad nacional, conversamos con Patricia Salas, exministra de educación y docente en la Universidad Nacional de San Agustín, de Arequipa; Ketty Marcelo, presidenta de la Organización Nacional de Mujeres Andinas y Amazónicas del Perú – Onamiap; y Jefrey Gamarra, profesor e investigador de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga.
La movilización y las protestas surgidas tras el fallido golpe de Estado de Pedro Castillo y la consiguiente declaración de vacancia presidencial por el Congreso sugieren muchos interrogantes. ¿Quiénes son los nuevos actores, si es que existen, que intervienen en este ciclo de manifestaciones? ¿Se puede hacer una caracterización general de los sectores que participan en las protestas?
Jefrey Gamarra:
Debemos enmarcar lo que ha sucedido con lo que llamamos los nuevos movimientos sociales. Hemos estado acostumbrados a identificar los movimientos sociales a partir del análisis de clases sociales. No obstante, el sociólogo francés Alain Touraine señaló en su momento la necesidad de revisar la nueva composición de los movimientos sociales desde el nuevo componente cultural. Estos nuevos movimientos no son solamente clasistas, sino que también tienen componentes étnicos, de opción sexual y otros. En el caso del Perú vemos grupos territorializados en tanto se dedican a determinadas actividades como, por ejemplo, los mineros informales. Desde el análisis de clases podemos ver que un minero informal no es un proletario y tampoco es un burgués propietario de una mina. Hay ahí un componente cultural que tiene impacto en países con diversidad territorial y pluriculturales, como el Perú, y donde se generan movimientos sociales heterogéneos.
«Lo que caracteriza a estas protestas son la heterogeneidad y la territorialidad de los grupos sociales que han participado».
En el caso de Ayacucho, hemos visto que los actores principales han sido, por un lado, grupos cocaleros o mineros informales, principalmente, del sur de la región, y por otro lado, un grupo que se considera o se proclama proletariado magisterial. Al lado de estos, ha habido otros pequeños grupos en el estallido del 15 de diciembre. La heterogeneidad del movimiento se hizo patente rápidamente.
Esta heterogeneidad también se nota en Arequipa o Puno. En Arequipa hay una larga tradición gremial que no ha generado un movimiento clasista unitario. Este movimiento gremial se fue dividiendo; así, cada uno terminó haciendo lo suyo a lo largo de las protestas. En Puno ha habido participación quechua y mayormente aimara. Pero la etnicidad aimara no ha podido definir todo el proceso de los movimientos y movilizaciones.
Entonces, lo que caracteriza a estas protestas son la heterogeneidad y la territorialidad. Ya no tenemos la homogeneidad basada en el clasismo de los años 70.
Patricia Salas:
Dependiendo de cómo lo pensemos, podríamos estar hablando de nuevos actores. Si lo vemos desde una perspectiva general, las comunidades campesinas y líderes regionales podrían estar señaladas como nuevos actores. Estos grupos sociales se han venido manifestando permanentemente por diferentes motivos; ahora, la novedad es que han irrumpido a nivel nacional y con una agenda claramente política. El 7 de diciembre fue el detonante, lo que llevó a decir otra vez “están despreciando mi voto” y lo que lleva a pensar que se está postergando o alejando la posibilidad de un nuevo contrato social en el Perú que conduzca a tener una nueva Constitución.
También, es bueno recordar que las cosas empezaron por Apurímac, siguieron en Ayacucho, y después en Puno, Cusco y Arequipa, hasta que llegaron a Lima. Y en este punto se ve como novedoso que las comunidades organizadas lleguen hasta la capital. Ahí surge la preocupación o el asombro –no sé cuál es la palabra exacta—expresados en la pregunta sobre “¿quién los financia?”. Y es que una forma de debilitar o quitar valor a las protestas es deslegitimarlas aludiendo a un cierto financiamiento. Se han escuchado preguntas como “¿quién les paga?”, “¿acaso no trabajan?” y “¿con qué dinero pueden viajar hasta Lima?”. Pero estas preguntas surgen, además, porque no se comprende cómo funciona lo rural y cómo funciona la economía de los pequeños comercios.
«Lo novedoso es que las protestas no se han basado exclusivamente en una lógica de clase –pobres-ricos o explotados-explotadores–, sino en una lógica de identidad.».
Debe quedar claro que, si bien estamos hablando de gente excluida, no estamos hablando de los pobres más pobres. La realidad de los pobres más pobres en el Perú no les permite movilizarse por una causa. Aquí estamos hablando de la población que tiene un nivel de recursos cualitativamente diferente a lo que pudieran ser los ingresos en Lima, por ejemplo, pero que les basta para cerrar un rato el negocio y participar en las protestas; es decir, un nivel de ingreso que les permite movilizarse por un reclamo.
He estado en algunas reuniones en las que los comerciantes de Puno decían que sabían que estaban haciendo un sacrifico respecto de sus negocios, pero que estaban dispuestos a sostenerse así, a diferencia de comerciantes de otras zonas del sur que no podían mantener sus negocios cerrados por más tiempo y sostener una paralización más prolongada.
Se podría decir, tal vez, que lo novedoso es que las protestas no se han basado exclusivamente en una lógica de clase –pobres-ricos o explotados-explotadores–, sino en una lógica de identidad. Esta variable se demuestra en sus trajes. Para amplios sectores de los manifestantes es enteramente natural vestir ropa occidental, pero han salido con sus trajes de la zona. Es una manera de decir: “sí, soy pobre; sí, estoy explotado, soy rural, no soy del mundo formal del Perú; pero también soy de una identidad”.
Ketty Marcelo:
Quienes participan en las protestas son las comunidades, los hermanos de pueblos indígenas, pero también una parte de la sociedad civil como los jóvenes y el ciudadano de a pie y las mujeres con una participación destacada. Cabe resaltar que cada lugar tiene su propia característica, su propio proceso de lucha, su propia mirada de la realidad y, también, sus propias demandas. Si comparamos la zona andina con la Amazonia, por ejemplo, vemos que los hermanos aimaras ponen más fuerza en las luchas y están más comprometidos con ellas.
Manifestantes participan en una marcha bloqueada por policías y que se dirigía al Congreso, al margen de la llamada «toma de Lima». Foto: EFE/ Paolo Aguilar
Para nosotras, las mujeres, esto ha sido muy importante porque ha permitido visibilizar los liderazgos y demostrar cuánto nos hemos preparado para demandar derechos. Fue un espacio para demostrar nuestra claridad en cuanto a la posición política. Hemos podido ver a las hermanas en diferentes regiones desarrollándose. Nosotras, desde Onamiap, somos una de las organizaciones que en estos momentos difíciles han podido demostrar también claridad política sobre lo que el pueblo quiere realmente. Nosotras en ningún momento hemos estado tibias, no hemos esperado que haya sesenta muertes para condenar a esta dictadura y hemos cumplido nuestro rol de llevar las voces y el sentir de nuestras hermanas en todo este proceso de resistencia. Las mujeres hemos levantado la bandera de lucha en estos difíciles momentos en que vivimos en una dictadura cívico-militar.
Se resalta el carácter organizado, pero no partidario, de las movilizaciones. ¿Qué dice esto sobre las relaciones entre sociedad y organizaciones políticas en las regiones? ¿Qué tejido organizativo se está expresando en las protestas? (¿comunal? ¿gremial? ¿grupos de interés económico? ¿sociedad civil urbana?)
Jefrey Gamarra:
Este es un problema que se venía arrastrando desde fines de los años 90. Me acuerdo de un trabajo de Carlos Iván Degregori sobre la década de la antipolítica referente a estos años. Esta década termina contribuyendo a una crisis de los partidos políticos. ¿Dónde empieza esta crisis? Al interior del país. En el caso de Ayacucho y otros espacios, lo que se nota en los estudios que realicé a principios de los años 2000 es que la política es sustituida paulatinamente por grupos de interés y clanes familiares que intentan conseguir una representación política. Los movimientos regionales ya no giran en torno de una ideología, un programa partidario o un proyecto de país, sino de grupos locales de amigos y redes familiares que se encargan de acceder a los gobiernos municipales y regionales.
Esto se ha agudizado y hoy tenemos como resultado una crisis de la representación política. Esto me llevaría a decir que estamos viviendo una fase de postpolítica. La política cede su lugar y son los grupos de interés los que imponen sus propios intereses. Estos grupos ya no hacen política, si la entendemos como confrontación de intereses de grupos sociales y no de grupos familiares ni de redes de amistades. Diría que no solo hay una postpolítica, sino también una postdemocracia, un momento especial de transición de la democracia hacia algo que todavía no termina de definirse. En conclusión, es el sistema de representación lo que se está cambiando pues las representaciones políticas se cambiaron a representación de intereses y grupos familiares.
En el caso de las protestas, vemos que no existe un liderazgo unitario. En Ayacucho tuvimos algunos actores principales del Frente de Defensa del Pueblo de Ayacucho (Fredepa), pero fueron detenidos muy tempranamente. Cabe señalar que este liderazgo no es uno abierto, definido o con la capacidad de expresarse en nombre de todos los protestantes. Tampoco quiero sugerir una situación de clandestinidad, sino un escenario donde no tenemos un liderazgo unitario. También resaltaría la ausencia de liderazgos carismáticos, un tipo que caracteriza la política moderna. ¿Con quién se va a hablar, se puede negociar o establecer mesas de diálogo? Esta es una labor complicada en este escenario.
Patricia Salas:
«Cada asociación electoral que tenemos es más efímera que la otra y, en algunos casos, ya son empresas familiares sólidas como los Acuña y los Fujimori».
La falta de liderazgo de los partidos políticos la hemos estado viendo desde hace rato. Si hacemos memoria, la protesta de los chicos contra la ley de régimen laboral juvenil, que se conoció como “ley pulpín”, la caída de Merino y otras manifestaciones de estos años no solamente han carecido de liderazgo partidario político, sino que la manifestación ha rechazado a los partidos políticos que pretendieron liderar. No les ha permitido, ni siquiera, ser parte de los procesos. En algunos casos, ha habido militancias, pero no liderazgos, no han estado ahí, no se les ha permitido. No tenemos partidos desde hace un largo tiempo; cada asociación electoral que aparece es más efímera que la otra o, en algunos casos, ya son empresas familiares sólidas como los Acuña y los Fujimori.
En Arequipa, las manifestaciones han venido desde las urbanizaciones urbano-marginales, comúnmente llamados conos, los trabajadores de los mercados y, también ha habido, aunque con menos fuerza, presencia de trabajadores de construcción civil y de la Federación Departamental de Trabajadores. Esto nos indica que lo que se está manifestando es lo “informal”, eso que no ha encontrado todavía un lugar en este Perú formal y moderno del que se hablaba en algún momento.
Otro elemento relevante son las redes de paisanaje y de tradición o basadas en raíces en lo andino. Aquí, en Arequipa, la mayoría de las personas, si no todas, tenemos un abuelo, un padre, un bisabuelo o un abuelo, una madre, una bisabuela que es de Puno o Cusco. Entonces, las redes de paisanaje ayudan a explicar la identificación con lo que está pasando en Apurímac, Ayacucho, Puno y Cusco.
Adicionalmente, las familias –sobre todo en el sector aimara– son familias cosmopolitas y tienen un gran número de hijos. Uno de los hijos tiene un negocio en Puno, otro en Tacna, otro en Moquegua, otro en Lima. El ritmo de migración ha sido muy fuerte y tienen un pariente en cualquier parte del Perú.
Ataúdes vacíos para los cadáveres de los manifestantes muertos en las protestas contra el Gobierno en Juliaca (Perú). FOTO: EFE.
¿Quién no tiene un pariente, un amigo o el amigo de un amigo que vive en Lima? Lo podemos poner al revés. Puedes sentarte con cualquier limeño o limeña nacido en Lima y te va a contar que tiene abuelos o tíos o parientes de tres generaciones hacia atrás que no son de Lima. Entonces, era fácil de predecir que generarían redes de solidaridad con los manifestantes que llegaban a Lima, aunque eso no lo puede entender ese sector de Lima más alejado de sus antecedentes migrantes.
Ketty Marcelo:
Los hermanos de regiones ya no creen más en la política ni en quienes la representan. Hemos visto que hacen promesas y, luego, cuando llegan al poder, no cumplen. Como podemos ver, cada cinco años nos vemos en la obligación de votar por el mal menor. Entonces, sentimos, también, que quienes manejan la política partidaria no representan a otros porque no llevan la voz de nuestros pueblos o son voces bastante oportunistas.
Es claro que no llevan la agenda y hay ese divorcio entre la política y las necesidades de nuestros pueblos. Por eso, dentro de las protestas, en las luchas no hay tampoco partidos políticos. No vemos que alguien lidere. ¿Con qué cara van a liderar si están votando contra las demandas del pueblo en el Congreso y el pueblo se representa solo?
En este sentido, las regiones se articulan en varios frentes. Por ejemplo, las comunidades, a veces los transportistas, los comerciantes, entre otros se articulan para salir a resistir en las protestas. No necesariamente están esperando un líder. Hay una iniciativa propia de ir, de coordinar entre nuestras organizaciones y hacer fuerza para seguir protestando.
La violencia del Estado ha dejado no solamente víctimas mortales, sino también agresiones verbales por parte de funcionarios públicos tales como, por ejemplo, calificar de “terroristas” a los manifestantes o comparar a la wiphala con “un mantel de chifa”. A la vez, las movilizaciones han tenido en varios momentos y lugares un componente violento innegable. ¿Cómo lee este resurgimiento de la violencia en el espacio político o público?
Jefrey Gamarra:
«En un conflicto como el que estamos atravesando, lo que hace la población es elaborar construcciones emocionales en torno a la realidad y lo que nos rodea.«.
Tenemos una especialidad en la antropología que se denomina antropología de las emociones y que estudia cómo es que la actuación de los seres humanos puede surgir de emociones básicas. No necesariamente tenemos que basarnos en razonamientos para tomar decisiones. Las emociones se expresan culturalmente y se pueden imponer a buena parte de las decisiones colectivas e individuales de la población. En un conflicto como el que estamos atravesando, lo que hace la población es elaborar construcciones emocionales en torno a la realidad y lo que nos rodea. Debemos estudiar los orígenes de estas emociones, saber si están relacionados con el Covid-19, con la propia crisis de representación o con algún otro fenómeno. En todo caso, hay que reconocer que la emocionalidad termina por definir las reacciones y la movilización de la población y que también se expresa en las acciones de quienes están encargados de reprimir la protesta.
Dos elementos de este escenario han sido el terruqueo por parte de las fuerzas armadas y la victimización por parte de la población movilizada en protesta. Estas nos ayudan a entender cómo la construcción de una representación de la realidad está basada, en estos tiempos, más en emociones que en reflexiones, programas políticos y decisiones racionales. Yo encontraría una relación entre política, protesta, represión y las construcciones emocionales sobre la realidad.
Patricia Salas:
No recuerdo algún gobierno anterior que haya alentado, justificado u obviado una represión tan violenta e irracional con la facilidad con que lo están haciendo la presidenta y el primer ministro. Recordemos que varios de los muertos eran espectadores, ni siquiera eran manifestantes activos; es decir, no estaban en el meollo del calor de la protesta, sino que estaban afuera de este la trifulca. Esto es inaceptable y yo espero que podamos tener fuerzas como país para responder a ello.
Siento que las agresiones verbales contra los protestantes son muy fuertes. Se manifiestan sentidos comunes que pensamos estaban derrotados: el racismo, la violencia contra la mujer y el terruqueo como forma de descalificación que genera miedo en la sociedad. Se le dice terruco al manifestante que está pidiendo un escenario de negociación política, al manifestante que no ha ido a tomar Palacio de Gobierno, que no ha ido a incendiar al Congreso, que no ha ido a tomar el Tribunal Constitucional o el Poder Judicial, pero sí hace un plantón, se manifiesta y pide elecciones generales. Ni siquiera dicen “esta es la Constitución: apruébenla” sino que piden una asamblea para discutir, para deliberar. Yo no sé qué puede ser más democrático que eso, ¿no? Pero a eso se contesta con bala. ¿Quién está siendo el violento aquí?
Entonces, las manifestaciones han tenido algunos eventos violentos que nadie puede negar, pero esa violencia no ha sido utilizada como medio para tomar el poder. Las manifestaciones tienen el objetivo de ser escuchadas y de que en el país hagamos uso de las herramientas institucionales y democráticas que tenemos. Se quiere quitar legitimidad a los protestantes acusándolos de terroristas. ¿Dónde has visto un terrorista pidiendo Constitución, pidiendo elecciones?
Las diferencias nos saltan a la cara y las queremos ocultar. Tenemos que identificar las fórmulas para el diálogo. Si no las identificamos, hablamos bien y comprendemos la diferencia, no vamos a poder llegar a un consenso. Si seguimos dialogando sobre la base de algún presupuesto, vamos a seguir ocultando esa diferencia que nos hace falta encarar.
Ketty Marcelo:
«La manera en cómo nos miran a nosotros, los pueblos indígenas; califican nuestra vida como algo que no sirve para nada y discriminan nuestras formas de lucha.«
Podemos decir que desde hace muchos años se manifiesta la violencia, la discriminación y el colonialismo hacia nosotras, las mujeres de pueblos originarios en general. Pero en el año 2021, cuando pasa a la segunda vuelta el profesor Pedro Castillo, hemos notado con mayor fuerza estos actos violentos de discriminación y racismo. Ha aflorado ese colonialismo que llevamos dentro y se ha expresado en los calificativos hacia un señor provinciano que aspira a la presidencia de la República, lo cual no es aceptado por Lima. Es como si la capital nos dijera “ustedes, provincianos, quédense donde están, no aspiren nunca a tener un cargo, porque les va a pasar así”. El racismo contra un maestro rural se ha visto también en la segunda vuelta.
La manera en cómo nos miran a nosotros, los pueblos indígenas; califican nuestra vida como algo que no sirve para nada y discriminan nuestras formas de lucha. Entonces, todo el tema del discurso de interculturalidad se fue al diablo y sale el colonialismo de las autoridades. Estas autoridades son las que hacen leyes monoculturales.
Asimismo, criminalizan a las mujeres por haber salido a una lucha y porque no están cuidando a sus hijos o no están en sus casas. Reducen a las mujeres a un tema doméstico y consideran que no pueden salir a las protestas. Aquí, critican a las hermanas que han estado en las luchas y han llevado allá a su bebé en las espaldas. Desde Onamiap queremos decir que es totalmente condenable que nos hayan tratado como animales por falta de conocimiento de nuestra cultura. Para nosotras, las mujeres indígenas, es natural llevar a nuestros hijos en la espalda. Es un lugar muy seguro, muy tierno, es ahí donde nosotras hemos crecido y es ahí donde generamos conexión, también, con nuestra madre y con nuestros hijos. Compararnos con animales salvajes es un ejemplo de falta de empatía, de no entender el modo de pensar y de vivir del otro. No hay interculturalidad.
Protestas en la región de Puno. Foto: Onda Azul Puno.
Ver a la señora Dina Boluarte felicitar a estos policías y militares que comandan la operación, que asesinan a indígenas, es indignante.
La presidenta Dina Boluarte señaló que las protestas se encuentran “controladas”. Desde su punto de vista, ¿es verdad que las protestas ya terminaron? ¿Qué representaría todo este ciclo de protestas para nuestra democracia?
Jefrey Gamarra:
Se debe tomar en cuenta que la pluralidad que he mencionado antes. En Ayacucho duró unos días y ahí quedó. Persistió en Puno, Cuzco y Arequipa, y se calmaron con el tiempo. Entonces, por la pluralidad expresada de manera territorial va a haber espacios donde la violencia puede desencadenarse. Voy a usar el término “nudos de violencia” para referirme a los espacios donde las sociedades locales y regionales elaboran su propia versión u organizan su propia percepción sobre quiénes son los “contrarios”. Estos nudos de violencia hacen que el diálogo no sea posible porque cada uno tiene su propia lectura acerca de quién debe ser considerado su adversario. Aquí, estamos hablando de representaciones opuestas basadas en construcciones emocionales donde el diálogo no es posible por el momento. Para mí, desatar esos nudos de violencia significa convocar a un diálogo, pero el problema es que tampoco podemos identificar a un interlocutor válido para entablar este diálogo. Mientras existan estos nudos de violencia los riesgos de nuevos estallidos locales y regionales están ahí presentes.
Patricia Salas:
Por ahora estamos en una especie de calma chicha cuya resolución no me atrevo a adelantar. He oído de algunos dirigentes o en algunas entrevistas que se están rearmando y que se ha acordado volver a salir, pero no sé si hay fuerzas para eso. Sin embargo, cabe aclarar que si no volviera a salir la protesta a la calle eso sería grave, pues significaría que el movimiento popular ha sido derrotado en las peores condiciones, con muertes, con represión, con mentiras, con descaro y reinstalando un discurso casi colonial, racista y clasista. En esa situación el panorama es de oscurantismo. Una prueba de ello, por ejemplo, es la declaratoria de emergencia de todas las fronteras por un problema migratorio. ¿En qué cabeza cabe semejante decisión? Eso es evidencia del nivel de extremismo y radicalización del que estamos siendo presos. Si la calle no vuelve a manifestarse en este contexto ya es una derrota y lo que se va a vivir puede ser algo parecido a lo que en su momento hubo en el Chile de Pinochet o en la Argentina militar.
Estamos ante la racionalidad de una extrema derecha soberbia, agresiva y envalentonada; van a querer pisotear todo atisbo de recuperación de democracia. Eso me parece un riesgo clarísimo, porque lo que había representado Castillo era que no solamente alguien de clase media como Ollanta podía representar a los pobres. Castillo era un pobre que accedía al poder. Y el mensaje parece ser que eso no está permitido, ¿no es cierto?
Ahora ya no hay más concesiones a ningún tipo democracia. Por eso lo medianamente democrático es calificado como caviar, un atisbo de socialdemocracia es comunismo y la diferencia de opinión es terrorismo. Si esos son los conceptos de la clase dominante ahora, entonces nos espera un periodo oscuro si la calle no se vuelve a manifestar. Temo que lo que está ahí detrás no solamente son los poderes de las grandes empresas, sino ya un acuerdo explícito o implícito con el crimen organizado. Tenemos a las mafias de narcotráfico y lavado de activos y todo esto que representan los Joaquín Ramírez, los Luna, los Acuña y muchos más.
Entonces, estamos al filo de un narcoestado y, ni siquiera, con el atisbo mexicano de que también sea democrático popular. Ese es mi temor y creo que deberíamos de ponernos a pensar en esas cosas.
Ketty Marcelo:
Tengo muchas cosas que decir, no solamente al gobierno, sino también a otras instituciones que decían “volvamos a la normalidad, volvamos al orden democrático”. Los problemas no empiezan el 7 de diciembre ni en julio del 2021 ni el 2016, sino mucho antes. ¿Antes del 7 de diciembre vivíamos en el País de las Maravillas? ¿A qué le llamamos democracia?
Antes del 7 de diciembre, se asesinaron a hermanos defensores del territorio, había siempre extractivismo en nuestros territorios, se vulneran derechos de pueblos indígenas y asesinaban mujeres. Entonces, no estamos en paz. Y este estallido social no es una simple crisis, sino un síntoma de que algo no está bien, de que el país ya no soporta este modelo económico explotador neoliberal.
Será que se volvió a la tranquilidad desde la mirada de algunos privilegiados. Cada uno habla desde su realidad, desde sus privilegios, pero nosotros estamos viendo todos los días que los derechos de los niños, niñas, de las mujeres y pueblos indígenas están en retroceso en lugar de avanzar.
Hoy algunos saludan la sucesión constitucional, saludan el retorno de la democracia. Yo no sé a qué democracia se refieren. Podría ser, tal vez, la de algunos privilegiados; pero los pueblos venimos de más de 500 años de luchas y resistencias. Para nosotras y nosotros esta de hoy es una lucha más.
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