Defender la tierra y arriesgar la vida: el sacrificio de los defensores ambientales en el Perú
Por: Lupe Muñoz
Periodista
La creciente violencia contra quienes protegen la naturaleza evidencia una crisis de derechos humanos que sigue sin recibir la atención necesaria de las autoridades.
El 19 de septiembre se cumplieron cinco meses del asesinato del defensor, agricultor y guardaparque indígena Victorio Dariquebe Gerewa. Este es el caso más reciente de un crimen contra un defensor ambiental en el Perú, el quinto en lo que va de 2024 y el número 34 en la última década, de acuerdo con el Observatorio de Personas Defensoras de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Dariquebe Gerewa fue asesinado en presencia de su hijo la noche del viernes 19 de abril, mientras se dirigía desde Queros, su comunidad, hacia el centro poblado de Pillcopata, del distrito de Kosñipata, en Cusco.
Desde entonces, no ha habido avances significativos en la identificación de los responsables del homicidio del líder ambiental. Las amenazas y la criminalización contra quienes han asumido su labor, como ocurre con muchos defensores, persisten diariamente. A pesar de los constantes riesgos que enfrentan, las medidas de protección ofrecidas por el Estado son ineficaces y carecen de un presupuesto adecuado para garantizar su implementación. Además, no existen leyes específicas que amparen la labor de los defensores ambientales, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad y refleja un alarmante desinterés de las autoridades.
La familia de Dariquebe está invadida por la desesperanza y teme no alcanzar justicia. Eddy Dariquebe Laura, dirigente de la Federación Nativa de Madre de Dios y Afluentes (FENAMAD) y sobrino de la víctima, expresa su preocupación por la demora en las investigaciones. “Hasta ahora no podemos superar este crimen. Creemos que las autoridades deben acelerar su trabajo. No hay avances y pensamos que este caso podría quedar en la impunidad”.
Y no le faltan razones. Karina Castro, especialista de la ONG CooperAcción, que promueve los derechos ambientales en el Perú, explica que, en promedio, de cada 30 crímenes registrados contra defensores ambientales, solo uno llega a ser judicializado. “Apenas en un caso se logra identificar al agresor potencial o su vínculo con una empresa o con el sicariato; en los demás, las investigaciones no muestran avances», afirma.
Victorio Dariquebe Gerewa, perteneciente a la comunidad nativa de Queros y del pueblo indígena u originario harakbut-wachiperi. Asesinado el 19 de abril de 2024.
El caso Saweto es un claro ejemplo de los plazos lentos de la justicia. Después de 10 años, la Corte Superior de Justicia de Ucayali condenó en primera instancia a cuatro de los cinco acusados por el asesinato de los líderes asháninkas Edwin Chota, Leoncio Quintisima, Francisco Pinedo y Jorge Ríos. Los defensores asesinados el 1 de septiembre de 2014 en la frontera entre Perú y Brasil, denunciaban la tala ilegal en Ucayali, una de las regiones más peligrosas del país para los defensores ambientales.
No existen leyes específicas que amparen la labor de los defensores ambientales, lo que agrava aún más su situación de vulnerabilidad y refleja un alarmante desinterés de las autoridades”.
De acuerdo con el Plan Nacional de Derechos Humanos 2018-2021, los defensores de derechos humanos -entre ellos los defensores ambientales- son individuos que, en contextos generalmente críticos, optan por realizar, de forma individual o colectiva, un trabajo legítimo, ya sea remunerado o voluntario. Esta labor se centra en exigir y promover pacíficamente, dentro de los límites legales, la protección y garantía de derechos que han sido vulnerados.
“No importa si un defensor no se reconoce como tal, lo importante es la labor que realizan. Muchos líderes indígenas prefieren identificarse como líderes comunales, pero esto no es un impedimento para exigir su protección”, afirma Mar Pérez, responsable de la Unidad de Defensores de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos.
El reciente informe de Global Witness, ‘Voces silenciadas’, revela que en 2023 fueron asesinados 196 defensores ambientales en todo el mundo. América Latina continúa siendo la región con el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, representando el 85 % de los casos en ese año. Además, el informe destaca que el 43 % de las víctimas eran indígenas y el 12 % mujeres, lo que subraya la vulnerabilidad de estos grupos en la defensa de sus territorios.
De acuerdo al reporte, el asesinato continúa siendo la práctica más común y, sin duda, la más extrema para silenciar a quienes defienden el medio ambiente. Las muertes de defensores suelen ir acompañadas de otras formas de represión generalizada, como actos de violencia, intimidación, campañas de desprestigio y criminalización, impulsadas por gobiernos, empresas y grupos criminales.
Ángel Pedro Valerio, presidente de la organización indígena Central Asháninka del Río Ene (CARE) en Satipo, región Junín, que agrupa a 45 comunidades nativas, destaca que para ellos «estar al frente de la lucha por los derechos humanos y la protección del medio ambiente es una cuestión de supervivencia». Explica que dependen completamente de la naturaleza y que, sin la defensa de los bosques, «nuestros hermanos no van a sobrevivir».
La labor de la CARE comenzó durante el conflicto armado interno en Perú, cuando fue fundamental en la reintegración de cientos de asháninkas desplazados forzosamente. Actualmente, Valerio continúa esa labor enfrentando el creciente avance del narcotráfico en la región, que sigue amenazando la seguridad y el territorio de su pueblo.
Protección de papel
El 25 de abril de 2019, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos aprobó el ‘Protocolo para garantizar la protección de personas defensoras de derechos humanos’, una herramienta que establece acciones y procedimientos orientadas a generar un ambiente adecuado para el desempeño de sus actividades de promoción, protección y defensa. No obstante, en la práctica, estas disposiciones demuestran ser inútiles como garantías de protección.
América Latina continúa siendo la región con el mayor número de asesinatos documentados de personas defensoras de la tierra y el medioambiente, representando el 85 % de los casos en ese año”.
Quinto Inuma Alvarado, quien era el apu de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu-Huimbayoc (San Martín) y líder ambiental dedicado a la preservación de áreas protegidas y a la defensa de los bosques contra la explotación ilegal, había recibido garantías personales del Ministerio de Justicia debido a las constantes amenazas en su contra. Sin embargo, dichas medidas resultaron insuficientes para salvaguardar su vida.
El 29 de noviembre de 2023, fue asesinado de regreso a su comunidad nativa Kichwa. El día del atentado regresaba de una reunión con defensores de derechos humanos en la ciudad de Pucallpa, Ucayali. Mientras navegaba por el río Yanayacu, fue interceptado por hombres encapuchados que le dispararon en repetidas ocasiones.
En febrero de este año, un informe de El Foco reveló la confesión de Genix Saboya Saboya, uno de los sicarios detenidos, quien admitió ante la Tercera Fiscalía Supraprovincial contra la Criminalidad Organizada haber asesinado al líder indígena por encargo de Segundo Villalobos Guevara, un individuo vinculado a la tala ilegal en San Martín. Según la declaración, Villalobos le pagó S/ 1,000 por cometer el crimen.
“Los defensores y defensoras somos constantemente víctimas de amenazas. A pesar de que tenemos medidas de protección eso no nos salva la vida. Cualquiera nos puede disparar y las medidas no sirven para nada”, subraya Eddy Dariquebe. Además, insiste en que la única forma de enfrentar a los grupos criminales es que «el Poder Judicial imponga sanciones más duras a quienes ataquen a los defensores ambientales».
Esa situación de vulnerabilidad afecta también a las familias de los defensores de derechos humanos, quienes, al igual que ellos, sufren represalias por su lucha en defensa de sus causas. El desplazamiento forzado es otra forma de represalia contra los defensores ambientales, un fenómeno que, aunque pocas veces documentado, continúa afectando a numerosas comunidades.
Ese es el caso de Betty Mandruma, esposa del líder asesinado Quinto Inuma. Tras su trágica muerte, ella, su hijo Kevin y otros familiares cercanos se vieron forzados a abandonar su comunidad en Huimbayoc debido a la falta de garantías suficientes para su seguridad. Este exilio forzoso representa un cruel desarraigo de sus territorios.
De igual manera, Olivia Bisa Tirko, presidenta del Gobierno Territorial Autónomo Nación Chapra en la provincia Datem del Marañón, en Loreto, se vio obligada a huir de su hogar junto a su familia tras ser amenazada por denunciar y protestar contra la contaminación causada por la industria petrolera en la amazonía peruana.
La lideresa ha enfrentado la invasión de ‘agricultores’ que intentan apropiarse de tierras de la nación Chapra, donde el Estado planea implementar un proyecto petrolero, y, además, ha sido blanco de constantes amenazas de muerte. «Tuve que huir con mis hijos, y ahora ellos no están asistiendo a la escuela. Es probable que pierdan el año escolar. ¿Qué delito han cometido para que se les prive de un derecho fundamental como la educación?» reclama con profunda preocupación.
Quinto Inuma Alvarado, líder kichwa y presidente de la comunidad Santa Rosillo de Yanayacu. Asesinado el 29 de noviembre de 2023.
Otras formas de amedrentamiento incluyen la criminalización del trabajo de los defensores ambientales. En julio pasado, 11 dirigentes campesinos de Cotabambas y Grau en Apurímac fueron condenados en primera instancia a 8 y 9 años de prisión por ejercer legítimamente su derecho a la protesta social. Además, se impuso una reparación civil de 50 mil soles a favor del Estado y 88 mil dólares para la empresa minera.
En 2015, los ciudadanos de las comunidades campesinas afectadas por el proyecto minero Las Bambas, iniciaron una serie de protestas en la zona debido al desinterés del Estado peruano en atender sus demandas. Los defensores ambientales no solo fueron reprimidos violentamente por las fuerzas del orden sino acusados de una serie de delitos. Actualmente, los dirigentes sentenciados están a la espera de que el Juzgado Unipersonal de Cotabambas resuelva el recurso de nulidad del juicio oral interpuesto por su abogado.
El líder ashaninka Ángel Pedro Valerio también fue víctima de criminalización debido a su labor como defensor ambiental. Fue implicado en una investigación fiscal y se emitió una orden de captura en su contra tras ser acusado de participar en la desaparición de cuatro personas durante un paro convocado por su comunidad. La protesta se llevó a cabo tras el asesinato de Santiago Contoricón, defensor ambiental. Aunque Ángel Pedro no estaba presente en la zona cuando ocurrieron los hechos, fue igualmente involucrado en la denuncia.
En lo que va de 2024 se han acreditado 37 casos de criminalización contra defensores ambientales en el país. De estos incidentes, 12 personas han resultado heridas y 6 han recibido amenazas de muerte”.
«Fue una experiencia muy amarga porque nunca fui notificado de la investigación, ni como testigo ni denunciado; ni siquiera fui convocado a las diligencias de la Fiscalía», relató. Después de un año de investigación, se determinó que no tuvo participación en los hechos. La violación de los derechos del líder ambiental fue tan evidente que la Relatoría Especial sobre la situación de los defensores de derechos humanos de la ONU se pronunció sobre el caso. Para la Relatoría, la orden de detención representaba ‘una violación de la libertad de expresión y la libertad de asociación’.
El caso de Santiago Contoricón causó mucha conmoción en su comunidad de Puerto Ocopa, en Junín, tras ser asesinado de cinco balazos en su casa en abril de 2023 por mafias vinculadas al narcotráfico. El caso sigue en investigación en la Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos e Interculturalidad de Junín.
El informe Global Witness sostiene que sigue siendo difícil establecer una relación directa entre el homicidio de una persona defensora y determinados intereses empresariales. Sin embargo, en 2023 se determinó que la minería ilegal es el sector más criminal de los sectores extractivos, con 25 defensores asesinados tras oponerse a operaciones mineras.
Según el Observatorio de Personas Defensoras, en lo que va de 2024 se han acreditado 37 casos de criminalización contra defensores ambientales en el país. De estos incidentes, 12 personas han resultado heridas y 6 han recibido amenazas de muerte. Además, el observatorio informa que se han registrado 52 ataques relacionados con el sector minero durante este mismo período, donde las amenazas son continuas y la protección es inexistente.
“Falta voluntad política, y eso se refleja en las limitaciones del Mecanismo de Protección a Defensores, especialmente en la falta de presupuesto. Sin recursos, es imposible garantizar la verdadera protección», señala Mar Pérez. Explica que, ante una amenaza, la única medida que se toma es trasladar al defensor a otra ciudad, pero los costos de reubicación recaen sobre la propia víctima o en organizaciones de la sociedad civil que deciden brindar apoyo.
Inacción legislativa
El 26 de julio, el pleno del Congreso eligió una nueva mesa directiva presidida por Eduardo Salhuana de Alianza para el Progreso, e integrada por Patricia Juárez (Fuerza Popular), Waldemar Cerrón (Perú Libre) y Alejandro Cavero (Avanza País). Salhuana, sin embargo, ha sido objeto de acusaciones por diversos medios de comunicación e instituciones ambientales debido a sus presuntos vínculos con la minería informal e ilegal. Según el ‘Observatorio de Minería Ilegal y Actividades Vinculadas en Áreas Claves de Biodiversidad’, Salhuana es responsable de la mayoría de las iniciativas legislativas que restringen los esfuerzos para combatir esta actividad ilícita.
Esta desprotección no se limita a la esfera nacional; también afecta a la representación local. CooperAcción ha recopilado numerosas denuncias contra autoridades locales vinculadas a la minería ilegal o a otras actividades ilícitas, lo que resulta alarmante. “Los defensores ambientales están desprotegidos no solo por quienes deberían crear leyes para proteger la naturaleza y los derechos de las personas defensoras, sino también por las autoridades locales que están involucradas en estas actividades ilegales. ¿cómo denuncian un delito ante las autoridades si ellas también están implicadas?” cuestiona Karina Castro.
En el Congreso hay algunos proyectos de ley que permitirían garantizar la protección de los defensores ambientales, pero siguen estancados en distintas comisiones. Uno de ellos es la ‘Ley que Reconoce y Protege a los Defensores Ambientales’, presentada por la congresista María Taipe Coronado (Perú Libre). Aunque esta propuesta legislativa cuenta con dictamen, lo que significa que ha recibido una opinión técnica, en marzo de este año fue devuelta a las comisiones de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, y al de Justicia y Derechos Humanos. Esto se debe a que estos grupos de trabajo han emitido criterios contradictorios sobre el proyecto. Desde entonces no hay avances.
Plantón frente al Congreso para exigir la ratificación del Acuerdo de Escazú.
Otro proyecto es la ‘Ley que incorpora el delito de etnocidio en el Código Penal’, presentada el 12 de septiembre de este año por el congresista Isaac Mita (Perú Libre). Esta iniciativa busca ‘sancionar las acciones que afectan la identidad cultural, vulneren la autodeterminación, o pongan en riesgo la vida de los pobladores, autoridades y defensores ambientales de comunidades en aislamiento voluntario o campesinas, así como aquellas que amenazan gravemente sus ecosistemas’. La propuesta ha sido derivada a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos para ser revisada.
Estas propuestas que buscan proteger a los defensores ambientales resultan insuficientes frente a la avalancha de iniciativas legislativas que favorecen a las industrias extractivas. En el caso de los hidrocarburos, existen al menos 20 proyectos de ley orientados a fomentar la explotación petrolera, lo que evidencia una clara inclinación del Congreso hacia la expansión de este sector, priorizando los intereses económicos sobre la protección de los territorios y las comunidades indígenas.
“La época de la extracción ya debería haber quedado atrás, porque si seguimos extrayendo, seguiremos destruyendo”, cuestiona la defensora Olivia Bisa. “Lo único que pedimos es que el Estado nos respete y trabaje de manera articulada con las comunidades. Es contradictorio que el gobierno asista a las COP y hablen de conservación, mientras continúa impulsando la destrucción de la Amazonía”.
Un paso crucial para fortalecer las garantías de protección para los líderes ambientales es asegurar la plena implementación de la Ley del Cuerpo de Guardaparques del Perú, promulgada el 23 de marzo de este año. La labor de los guardaparques, que es una de las principales funciones de los líderes ambientales, se beneficia directamente de esta ley, que aborda aspectos económicos y remunerativos esenciales para su profesionalización. Esta normativa está diseñada para apoyar a los más de 800 guardaparques que protegen las 76 áreas naturales protegidas del país.
Los guardaparques enfrentan condiciones laborales extremas al desempeñarse en lugares remotos y peligrosos, expuestos a enfermedades exóticas, animales venenosos y ríos caudalosos. En las últimas semanas, su labor se ha vuelto aún más arriesgada con el control de los incendios forestales que han afectado a cerca de 22 regiones en todo el país. En promedio, cada guardaparque es responsable de la protección y el cuidado de aproximadamente 26,000 hectáreas de territorio nacional.
Los defensores ambientales están desprotegidos no solo por quienes deberían crear leyes para proteger la naturaleza y los derechos de las personas defensoras, sino también por las autoridades locales que están involucradas en estas actividades ilegales”.
Pero sin duda, un elemento clave para garantizar una verdadera protección a los defensores ambientales, coinciden todas las voces consultadas, es el reconocimiento de la autonomía territorial de las comunidades originarias. Este reconocimiento debe permitir una articulación efectiva con actores locales que respalden los gobiernos territoriales. Ejemplos claros de esta dinámica son los pueblos Wampis y Awajún, que gozan de legitimidad en sus territorios, poseen una sólida identidad cultural y organización. Gracias al profundo conocimiento cultural, han empezado a establecer conexiones con diferentes sectores del Estado.
Sin embargo, esta solución implica potencialmente una reinterpretación del concepto de territorio. «Una de las limitaciones del Estado peruano es que ve el territorio como un simple pedazo de tierra bajo el cual hay minerales, mientras que para las comunidades, la conexión con el territorio es mucho más compleja», señala Karina Castro, de CooperAcción. La especialista recuerda que, para los pueblos indígenas, la relación con la naturaleza es también un vínculo ancestral. Cualquier actividad extractiva no solo quiebra esa relación con sus antepasados, sino también con la misma comunidad. Por lo tanto, las áreas consideradas estratégicas por el Estado para el desarrollo deben ser reconsideradas como zonas intrínsecas a la cultura de estos pueblos.
Este es un paso primordial si el Estado Peruano, que tiene una deuda pendiente con la defensa de la vida, el cuidado del medio ambiente y el respeto por los derechos fundamentales, quiere detener más muertes de defensores ambientales. No debemos olvidar que todos los defensores asesinados tenían como consigna de vida proteger el planeta y los derechos humanos esenciales, y cada una de esas pérdidas hace que el mundo sea más vulnerable frente a las crisis climáticas, de biodiversidad y contaminación.
En todas las regiones del mundo, existen defensores de la naturaleza que alzan su voz para denunciar los daños causados por las industrias extractivas, como la deforestación, la contaminación y el desplazamiento de sus tierras. En su labor, enfrentan actos de violencia, discriminación y amenazas a su vida, a menudo bajo la mirada indiferente de sus propias autoridades.
A pesar de esta lucha desequilibrada, persisten personas valientes que continúan preservando el cuidado de nuestro planeta. Olivia Bisa, lideresa de la Nación Chapra, destaca que si todavía conservamos zonas con biodiversidad intactas, es porque sus antepasados sacrificaron su vida por su conservación, y ahora los hijos continúan con esa lucha porque es su única herencia.“Podrán callarnos, podrán asesinarnos, pero en cada nación nace una Olivia más, nace un Quinto más, nace un Víctorio más. Guerreros que defenderán esta tierra”.
