En espera de la justicia
Por: Rosa Chávez Yacila
Del 10 al 15 de noviembre de 2020, en distintas ciudades de Perú, se realizaron marchas contra el régimen fugaz de Manuel Merino. El sábado 14, en el Centro de Lima, la Policía abrió fuego contra varios de los miles de jóvenes manifestantes. Esa noche murieron Inti Sotelo, y Bryan Pintado, y quedaron varias decenas de chicos heridos. Casi dos años y medio después, el caso aún se encuentra en la fase de investigación preparatoria, luego de permanecer en pausa casi un año. Pese a la aparente demora, la defensa considera que el proceso legal está sentando un precedente por su celeridad y pertinencia. Mientras tanto, las familias siguen enfrentando el duelo y esperando justicia.
Desde finales de 2020, la forma de hablar de Oscar Pintado fue cambiando. Antes de esa época fatídica, dominaba el lenguaje de las instalaciones y reparaciones eléctricas, la pintura y la carpintería, como un buen mil oficios. Pero, de repente, empezó a discutir sobre víctimas, culpables, testigos, el Ministerio Público, el Poder Judicial, fiscalías, jueces e, investigaciones preparatorias, como si se hubiera entrenado toda la vida para protegerse de su tragedia.
“Tengo muchísimas experiencias, muchísimas han tenido lágrimas, frío, sufrimiento, miedo, ansiedad, coraje. Ahora yo solo cuido la búsqueda de justicia”.
Oscar Pintado dice, que desde que asesinaron a su hijo, no se ha detenido a pensar cómo y cuánto se ha transformado. ¿Quién era antes y quién es después de esa muerte? Sigue siendo un padre, nada más.
El sábado 14 de noviembre de 2020, durante las manifestaciones en contra del fugaz régimen de Manuel Merino, la policía peruana disparó perdigones de plomo y canicas a los miles de jóvenes que habían salido a protestar por las calles del centro de Lima. Les dispararon en la cabeza, el rostro, el abdomen, la espalda y las piernas.
Protesta en la Plaza San Martín de Lima, Noviembre 2020. Autor: Johnattan Rupire.
Bryan Pintado, el único hijo de Óscar, murió tras recibir diez impactos en el cuerpo. Era la primera vez que salía a protestar. Tenía sólo veintidós años y soñaba con ser abogado.
El padre, un cuarentón de pelo firme y mirada triste, tampoco ha tenido tiempo para sentir. Lo que le ocurrió fue inusitado, terrible y solo le dio tiempo para una reacción: defenderse.
“Con la muerte de mi hijo, me sentí con un nudo en la garganta que no he podido soltar. Con honestidad, muchas veces me he sentido con esas ganas de llorar. Y sí, por ahí se me han salido algunas lágrimas algunas veces. Habrán sido dos ocasiones. Qué habrá pasado, pero sí sentí que se me salieron las lágrimas. Pero no he llorado como he debido llorar por mi hijo. Porque, para mí, falta esa justicia tan anhelada que busco”.
Otra de las nuevas palabras que Oscar siempre repite es “justicia”.
“Yo solo quiero justicia”.
«No he llorado como he debido llorar por mi hijo. Porque, para mí, falta esa justicia tan anhelada que busco”, indica Óscar Pintado.
Sobre todo porque han pasado casi dos años y medio desde las muertes de Bryan Pintado e Inti Sotelo, y el casi un centenar de heridos de las marchas del 10 al 15 de noviembre de 2020, pero aún no concluye la investigación a cargo de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, Interculturalidad y Delitos de Terrorismo de Lima. Todavía no hay algún civil, exautoridad del Gobierno o miembro de la Policía Nacional del Perú acusado de los delitos que se cometieron durante esos días.
De hecho, el proceso legal se detuvo durante casi un año. El juez del Poder Judicial que, entonces, era el encargado de supervisar la investigación alegó que el caso de noviembre de 2020 no tenía relación con los derechos humanos. Por lo tanto, debía pasar a manos de una fiscalía ordinaria. En otras palabras, el juez sugería que lo que les ocurrió a Bryan, Inti y los demás jóvenes debía ser trasladado a otra fiscalía.
Para resolver si esto era conveniente o no, la Corte Suprema se tomó varios meses. Al final, concluyó que el caso sí le correspondía a una fiscalía especializada en derechos humanos. Entonces el proceso volvió a ponerse en marcha en los primeros meses de 2023.
Ahora, la defensa de las víctimas mortales y los heridos está esperando que el nuevo juez responsable del caso acepte ampliar la fecha del fin de la investigación. La fiscalía pide recuperar los meses que perdieron esperando el fallo de la Corte Suprema.
El padre de Bryan, Oscar Pintado, entre tanto, pasa sus días entre el pasado y el futuro. El presente es una seguidilla de situaciones que no le dan mucho espacio para más.
“Hasta el día de hoy, recuerdo las últimas semanas que tuve con mi hijo. Hay momentos que siempre te van a marcar en la vida, momentos especiales y todavía los recuerdo. Yo lo iba a recoger al colegio cuando estaba en primaria, me iba y me lo llevaba conmigo y nos íbamos a jugar un rato… Pero con el tiempo se irán diluyendo esos pensamientos… Por el momento, esos momentos más gratos todavía permanecen en mi memoria… Pero la memoria es frágil. Algún día no voy a recordar”.
El dolor no desaparece, se transforma
Killa Sotelo sabe que nunca dejará de ser difícil. La hermana melliza de una de las víctimas mortales del 14 de noviembre de 2020, Inti Sotelo, reconoce que su familia transitará, durante un tiempo indeterminado, por un camino tortuoso y desconocido. Pero, los Sotelo creen que si están juntos, se sentirán acompañados en el recorrido.
Familiares de Inti Sotelo y Bryan Pintado en el hemiciclo del Congreso, cuando fueron invitados para la juramentación del presidente Francisco Sagasti, tras la renuncia de Manuel Merino. Foto: Andina
“Sí, es complicado, todavía bastante pesado. Cuando uno recuerda es como revivir todo lo que pasó. Tratamos de acompañarnos en familia. Tratamos de siempre pasar juntos los sábados, los domingos”.
Inti Sotelo murió de un disparo en el pecho mientras desactivaba bombas lacrimógenas aquel sábado por la noche. Tras la conmoción inicial por el asesinato del miembro más rebelde de la familia, un joven que estudiaba para ser guía de turismo y le gustaba recorrer las ciudades del Perú, la familia Sotelo pasa sus días entre la lucha, la nostalgia y la rutina.
“Los catorce ya no puedo ir al cementerio como antes. Llevaba los girasoles que le gustaban a Inti y que parecen un sol. Mi papá o mi mamá sí van. Pero después, en el día a día, vivimos al tanto del proceso legal, pero también de la política; esos temas nos competen porque pueden afectar la investigación. Conversamos mucho, no nos dejamos como familia”.
Killa (luna en quechua) le tomó la posta a su hermano mayor, Pacha (tierra en quechua). Antes, él era el principal vocero de la familia ante los medios de comunicación y distintas instituciones estatales y de la sociedad civil. Pero los Sotelo saben que es casi imposible bregar en solitario para conseguir justicia.
“Ahora todos nos repartimos los tiempos. Pacha va cuando puede o cuando yo ya no tengo tiempo. Él estudia y trabaja a la vez. Pero si tengo algún tiempo, ahí estoy. Hace poco, nos invitaron a un evento sobre las violaciones a los derechos humanos en las protestas. Saliendo de la chamba fui para allá. Terminé llegando a mi casa después de las diez de la noche”.
La melliza, a veces, siente que el proceso legal se ha estancado, eso la desanima. Los cuatro integrantes de los Sotelo también se siguen acompañando para afrontar la tristeza que no acaba.
“Ahorita, estamos tratando que mamá se entretenga en su emprendimiento de bonsáis. A veces, con Pacha, exhibimos sus modelitos en las redes y así la tenemos un poco ocupada para que no esté piense y piense”.
Mientras la señora Luzdilán Camargo invierte su atención en los bonsáis, el padre, Salvador Sotelo, toca melodías andinas en instrumentos como la mandolina.
“Ellos lidian con todo a través del arte”.
Mural en homenaje a Inti Sotelo y Bryan Pintado fue pintado en los exteriores del coliseo Aldo Chamochumbi, en Magdalena. Los autores fueron Elliot Túpac y Decertor. Foto: Salud Con Lupa.
Killa Sotelo dice que, a pesar de su sufrimiento, su padres “se han armado de valor”. Ahora, los esposos van juntos a plantones y movilizaciones, han tomado más presencia en público. La hija piensa que esa es una forma no solo de fortalecerse como personas, sino también como pareja.
El tiempo de la justicia
Los crímenes por violaciones de derechos humanos en Perú no suelen conseguir justicia con celeridad. En los párrafos finales del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se lee “una parte esencial del proceso de reparación es la justicia”. ¿Cómo podríamos reconciliarnos, como sociedad, si los crímenes de miles de víctimas, sobre todo, personas indígenas y empobrecidas, quedan impunes?
«En los párrafos finales del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, se lee “una parte esencial del proceso de reparación es la justicia”.
Algunos ejemplos incluyen el caso del expresidente Alberto Fujimori, quien fue sentenciado casi diecisiete años después de los asesinatos extrajudiciales de un profesor y nueve estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle La Cantuta. El excongresista y excandidato presidencial, Daniel Urresti, recibió condena treinta y cinco años después del asesinato del periodista Hugo Bustíos en Ayacucho.
Según la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, no hay autoridades ni miembros policiales o de las Fuerzas Armadas que hayan recibido condena alguna por las muertes o los heridos de conflictos sociales de las dos últimas décadas.
A pesar de los precedentes negativos, las defensas de los deudos y los heridos consideran que la investigación de noviembre de 2020 va por buen camino y está sentando un buen precedente para casos de su tipo.
“La investigación por los hechos del 10 al 15 de noviembre del 2020 reflejan una investigación pocas veces vista en el Ministerio Público debido a su objetividad, imparcialidad y a que los tiempos empleados en la indagación son los necesarios. Aquí, no podemos decir que se ha tomado más tiempo del que corresponde, el tiempo de los códigos viene siendo empleado, sabiamente, por la Fiscalía”, dice Ronald Gamarra, abogado defensor de la familia Sotelo.
Si bien el Congreso de la República archivó la denuncia constitucional de la exfiscal Zoraida Ávalos contra Manuel Merino, el caso fue muy bien investigado por la Fiscalía de la Nación, dice el abogado Gamarra.
“El Congreso no le permitió a la Fiscalía continuar con la investigación, pero son muy buenas investigaciones”.
El abogado de la familia Pintado, Carlos Rivera del Instituto de Defensa Legal, también tiene buenas expectativas respecto al avance del proceso legal. “Tenemos casos que vienen de hace veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta años. Claro, acá tenemos un caso sumamente complejo, pero la investigación se abrió al día siguiente de los sucesos. Si la investigación termina a finales de este año, el próximo año ya tendríamos acusación. En términos de tiempo, es un rango verdaderamente positivo”.
Si el juez concede aplazar el fin de la investigación preparatoria, esta podría culminar a fines de 2023. Entonces, se pasaría a la etapa de acusación. Esta podría durar alrededor de un par de años. Luego vendría el juicio.
La ampliación del plazo de la investigación también es importante para que las víctimas puedan constituirse como actores civiles. De hacerlo, podrían recibir indemnizaciones al concluir el proceso legal. Pero, las defensas prefieren no dar fechas precisas sobre cuándo podría terminar todo. De momento, aceptan que aún faltan algunos años para el final. Las familias Pintado y Sotelo están dispuestas a esperar.
Un nuevo enfrentamiento
Entre diciembre de 2022 y enero de 2023, este capítulo de violencia se repitió a gran escala. Miles de personas de distintas regiones del país, especialmente de aquellas que están en el sur andino, salieron a protestar contra el Gobierno de Dina Boluarte, quien asumió la presidencia tras el intento de golpe de Estado del exmandatario Pedro Castillo.
Los ciudadanos y las ciudadanas no solo pedían la renuncia de Boluarte, sino también, la disolución del Congreso, nuevas elecciones e, incluso, una Asamblea Constituyente.
Para constatar que la historia es circular y va rodando cuesta abajo, hacia algo parecido a un abismo, la Policía y también las Fuerzas Armadas, tal como sucedió en noviembre de 2020, dispararon a quienes se manifestaban y, también, a quienes solo pasaban por allí, de camino hacia otro lugar.
Hay videos de celulares y de cámaras de seguridad que evidencian que hubo disparos con armas letales, por la espalda, a transeúntes que auxiliaban heridos, a brigadistas, a quienes huían y, a personas que estaban de pie lejos de la primera línea.
Cuarenta y nueve civiles murieron en medio de las protestas, otros once fallecieron en medio de los bloqueos de las carreteras, y, también, seis militares y un policía. La Corte Interamericana de Derechos Humanos ha confirmado, a través de un informe, que, en aquellas fechas, hubo graves violaciones a los derechos humanos.
“No podemos tener la seguridad de que esta investigación pueda tener toda la imparcialidad que se necesite”, dice la abogada Mar Pérez en relación a las muertes ocurridas entre diciembre de 2022 y enero de 2023.
Oscar Pintado se anticipa a lo que estas decenas de familias van a encontrar; sos tiempos bélicos donde los días se definen como luchas, combates, batallas.
“Es lamentable que haya habido tantas muertes en todo este acontecimiento, en las protestas que han venido ocurriendo, discriminando y ninguneando a todos los ciudadanos del sur del país. Es lamentable y doloroso lo que están sufriendo tantas familias. Yo he pasado por esa etapa y lo van a tener difícil, lo van a tener duro. Pero cada batalla la tienen que pelear para ganar. Los familiares van a tener fracasos, pero, por ahí, van a ganar algunas batallas”.
Para Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, este caso tiene características más complejas que el de noviembre de 2020: las muertes en distintas regiones, las más de diez fiscalías involucradas, entre otras. “No podemos tener la seguridad de que esta investigación pueda tener toda la imparcialidad que se necesite”, dice la abogada.
Para Killa Sotelo, las nuevas muertes son un recordatorio de su dolor y el de su familia.
“La verdad, esto nos ha chocado bastante como familia. Con la muerte de Inti, emprendimos una búsqueda familiar de justicia por mi hermano, pero también es un compromiso social, la sociedad ha sido vulnerada. Ver, hoy día, que son más de sesenta familias enlutadas, no solo en Lima, sino en provincias… Lamentablemente, fue un bajón bastante fuerte. Todavía nos estamos recuperando”.
Para Mar Pérez, abogada de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, este caso tiene características más complejas que el de noviembre de 2020: as muertes en distintas regiones, las más de diez fiscalías involucradas, entre otras.
“No podemos tener la seguridad de que esta investigación pueda tener toda la imparcialidad que se necesite”, dice la abogada.
Para Killa Sotelo, las nuevas muertes son un recordatorio de su dolor y el de su familia.
“La verdad, esto nos ha chocado bastante como familia. Con la muerte de Inti, emprendimos una búsqueda familiar de justicia por mi hermano, pero también es un compromiso social, la sociedad ha sido vulnerada. Ver, hoy día, que son más de sesenta familias enlutadas, no solo en Lima, sino en provincias… Lamentablemente, fue un bajón bastante fuerte. Todavía nos estamos recuperando”.
Con esta última matanza, los recuerdos se agolparon, de repente, en la mente de los Sotelo y han vuelto a remover lo que aún les pesa.
