Edición N° 37 05/09/2022 Reportaje

Mujeres de ollas comunes en Lima Metropolitana le hacen frente a la pobreza, el hambre y la inflación 

Diana Hidalgo

Por: Diana Hidalgo

Periodista

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A pesar de la reciente ley Nº 31458 —promulgada y reglamentada este año—  que reconoce por primera vez a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y ordena asignarles  un financiamiento exclusivo; en la práctica, en un contexto hostil de crisis económica, las mujeres de tres ollas comunes en Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho aún luchan a diario para conseguir los insumos con los que deben cocinar para alimentar a la población más vulnerable de sus comunidades. Se trata de cientos de personas que, si no fuera por estas ollas, no tendrían manera de obtener al menos una ración de comida al día. Al frente de estas iniciativas de emergencia alimentaria, están mujeres migrantes que a su vez se encuentran en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

En la olla común Jardines del Paraíso, en la parte más alta de Villa María del Triunfo, Carmen Julca cocina 25 kilos de olluco para servir en el almuerzo. Lo acompañará con 20 kilos de arroz y 10 kilos de papa. Sin embargo, para la preparación de la comida del día, solo ha podido agregar 1 kilo de carne molida que consiguió con mucho esfuerzo y rebaja en el mercado del barrio. Falta poco para las once de la mañana y, en breves momentos, Carmen y el grupo de mujeres a cargo de la olla tendrán listos los 110 platos del día que servirán de sustento alimentario para 30 familias de su comunidad. “No nos alcanza. Todo está carísimo en el mercado… No podemos comprar pollo, solo a veces las rabadillas, las patas, el espinazo… lo que otros botan”, cuenta Carmen mientras revuelve los ollucos desde el fondo de la olla. “Estamos cocinando prácticamente para llenar el estómago, no para alimentarnos”, agrega. 

Hacia el otro lado de la ciudad, en la zona Agrupación Familiar Nueva Generación de San Juan de Lurigancho, Norma Chávez y el grupo de mujeres de la olla común Nueva Palestina, luchan a diario para conseguir apoyo de la municipalidad de su distrito y del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) porque no les alcanza el dinero para adquirir los insumos para brindar el alimento diario a la población vulnerable que atienden, sobre todo —cuentan ellas—,  adultos mayores, personas con discapacidad, niños en abandono y madres solteras. “Solo a veces podemos comprar menudencia de pollo, higadito… y más que nada cocinamos arroz y menestras, que es lo que más rinde y llena”,  cuenta Norma, quien, en este momento, se encuentra en camino a una reunión más en la municipalidad con la esperanza de ser escuchada y tener una respuesta favorable. Según el último registro oficial del Midis, Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho son los distritos de Lima Metropolitana en los que se registra el mayor número de ollas comunes: 521 y 708, respectivamente. 

Un estudio muy reciente ha revelado que 6,8 millones de peruanos no comen durante un día o más. Es decir, aproximadamente, la cuarta parte de la población peruana no puede costear ni acceder, al menos, a una porción de alimento al día”.

Las ollas comunes en el Perú, como en varios países de Latinoamérica, han sido un recurso transitorio utilizado históricamente por mujeres y vecinos para enfrentar situaciones de crisis y emergencia. Es así que, en el año 2020, se activaron y multiplicaron en zonas urbanas pobres como iniciativas vecinales de emergencia autogestionadas para hacerle frente al hambre y a la crisis sanitaria y socioeconómica producida por la pandemia del Covid- 19.  Sin embargo, hoy, más de dos años después, siguen funcionando, pues, en un contexto de crisis económica, existe una numerosa población en estado de vulnerabilidad que no cuenta con empleo ni recursos suficientes para alimentarse diariamente, por lo que requiere de las ollas para subsistir. 

Un estudio muy reciente de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y Agricultura (FAO) ha revelado que 6,8 millones de peruanos no comen durante un día o más. Es decir, aproximadamente, la cuarta parte de la población peruana no puede costear ni acceder, al menos, a una porción de alimento al día. Esta situación, tal como plantea la FAO, se enmarca en un contexto global de estragos socioeconómicos producidos por la pandemia y de crisis producida por la inflación de precios de alimentos y escasez de fertilizantes debido al conflicto actual entre Rusia y Ucrania. Sin embargo, al menos en Perú, las condiciones alimentarias han empeorado, pues también han aumentado los niveles de pobreza y desempleo. Es así que, en el mencionado estudio de la FAO, este organismo ha determinado que Perú es el país con la inseguridad alimentaria más alta de Sudamérica. En este escenario, mecanismos alimentarios de emergencia como las ollas comunes, se hacen imprescindibles para que una gran parte de la población más vulnerable pueda acceder, al menos, a una ración de comida diariamente; de otra manera, no tendrían cómo alimentarse.

Más cifras y estudios recientes sobre esta situación son igual de desalentadores. Según una última proyección del Banco Central de Reserva del Perú, para el cierre de este año 2022, la inflación alcanzará el 6.4%. Es el mismo porcentaje con el que cerró el año pasado, aunque, esta vez, la mayor inflación recae en los alimentos y la energía que, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC), alcanzaría el 8.4%. Según esta misma estimación, a comparación del 2021, si las familias antes destinaban S/ 31 soles de cada S/ 100 soles de su presupuesto en alimentos, este año, para conseguir los mismos alimentos deben asignar S/50,3 soles de cada S/100 soles de su presupuesto. Sumado a ello, el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) estima que, este 2022, alrededor de 11,4 millones de peruanos se encuentran en situación de vulnerabilidad y están en riesgo de caer en la pobreza. Y, finalmente, un reciente informe especial de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), indica que los países Latinoamérica se encuentran ante una desaceleración de la actividad económica, una lenta y desigual recuperación de los mercados laborales y una mayor presión inflacionaria (especialmente en alimentos y energía). La conjunción de estos factores, concluye el CEPAL, aumentará los niveles de pobreza e inseguridad alimentaria.

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De acuerdo con información pública previa del Midis, en el país se encuentran registradas ante el Estado 3 542 ollas comunes, de las cuales 2 639 están reconocidas por municipios del departamento de Lima. A su vez, de esta cifra, 2 516 se concentran en Lima Metropolitana, lo cual corresponde al 70% del total. Según estos mismos datos, estas ollas alimentan a alrededor de 250 mil personas. Sin embargo, la primera semana de agosto de este año, en el marco del Decreto de Urgencia (DU) n.° 017-2022, que establece medidas extraordinarias en favor de las ollas comunes en materia económica y financiera —por ejemplo, una transferencia de partidas extraordinarias por 96.8 millones de soles—, el Midis publicó un nuevo listado de ollas comunes aprobadas sobre la base de la documentación actualizada, remitida por las municipalidades distritales y provinciales. 

Este nuevo registro reconoce a  1 824 ollas comunes de diversas regiones del país que —según ha determinado el Midis —atienden a un total de 129  245 personas en situación de vulnerabilidad. Según el mencionado ministerio, el Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma del Midis garantizará la atención alimentaria mensual de esta primera lista de ollas comunes hasta diciembre de este año. Pero como se hace evidente, más de mil ollas han quedado fuera de este primer registro, por lo que el ministerio ha instado a los respectivos gobiernos locales a que presenten la información actualizada en los plazos adecuados. Tal como señala Paola Bustamante, exministra del Midis, es indispensable el registro y la formalización de las ollas —así como ocurrió con los comedores populares— para que puedan acceder a la asistencia y asesoría adecuada del Estado. Por ello, “el Estado debe generar todas las condiciones necesarias para que todas las ollas entren al sistema y estén registradas de manera formal”, sostiene Bustamante en diálogo con la revista Memoria. Agrega que, “para ello, se requiere de una política más agresiva por parte de los gobiernos locales y el Estado para llegar a todas las ollas y lograr su formalización”. 

Por su parte, para Carolina Trivelli, también exministra del Midis, investigadora del Instituto de Estudios Peruanos (IEP) y quien fue asesora de la FAO para la región América Latina y el Caribe, lo anterior debería incluir una ardua labor de profesionalización en la gestión de las ollas que pase por capacitación y empoderamiento a las mujeres que las conforman y trabajan día a día para apoyar a su comunidad. Esta profesionalización, agrega, debe ser desde temas logísticos como el espacio y los utensilios adecuados, hasta el mejor tipo de alimentación posible. “Las ollas son una red de protección comunitaria mínima ante la crisis que vivimos; por tanto, hay que mirarlas como la base de la protección social urbana. Sin embargo, aún son muy precarias y una solución de emergencia muy endeble; por tanto, hay que ayudarlas a que sean mejores, hay que ayudarlas para que nos ayuden”, señala Trivelli para la revista Memoria. En su opinión, este apoyo no solo debiera venir del Estado, sino también del sector privado o de la propia sociedad civil. Trivelli agrega que la experiencia exitosa de formalización y profesionalización de los comedores populares debería servir de guía y ejemplo para las ollas. 

Se debe recordar que en abril del 2020, en el contexto de la recién declarada emergencia por la pandemia de Covid-19, el gobierno de Martín Vizcarra promulgó el Decreto Legislativo Nº 1472, que facultaba al programa social Qali Warma –insertado al  Midis– para “proporcionar excepcionalmente alimentos para personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de la emergencia sanitaria”. La norma permitía a las municipalidades solicitar víveres para el reparto y beneficio de ciudadanos en situación de pobreza o pobreza extrema. Sin embargo, estos no llegaron adecuadamente o de manera focalizada, al menos, a las ollas comunes. Dos años después, en abril de este año, el gobierno del presidente Pedro Castillo promulgó la Ley Nº 31458, aprobada por el Congreso, que reconoce, por primera, vez a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y ordena asignarles y garantizarles un financiamiento exclusivo. 

El 9 de junio —mismo día que culminaba el plazo— el Midis aprobó el reglamento de dicha norma y lo publicó. Este estableció “que las municipalidades estarán a cargo de la logística alimentaria de las ollas comunes, y permite hacer uso de nuevos mecanismos para la entrega de alimentos, como tarjetas alimentarias, cupones u otros; además, dispone que el almacenamiento se realice en condiciones sanitarias, óptimas y adecuadas; para la posterior distribución de los alimentos a las ollas comunes”. Sin embargo, según lo que, hasta el día de hoy, viven las mujeres de tres ollas comunes en Villa María del Triunfo y San Juan de Lurigancho, esta norma no se condice aún con la realidad por la que atraviesan. En la práctica, ellas deben salir al mercado todos los días a comprar buena parte de lo que van a cocinar. Lo demás, tal como ellas relatan, lo cubren cuando reciben donaciones esporádicas de las parroquias de sus barrios o de los propios vecinos. Muy esporádicamente, han recibido víveres del Midis y de los municipios de sus distritos. Ellas, además, son en su mayoría mujeres migrantes, también en situación de pobreza y vulnerabilidad. 

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“Hay días en que no teníamos con qué cocinar nada, pero de pronto viene un abuelito o abuelita y nos preguntan ¿hoy va a haber comida?… Se me parte el alma, ¿cómo vamos a dejarlos sin comer?”, cuenta Carmen Julca (45). Ella recuerda que, en días como esos, no se han rendido a pesar de la dificultad y han juntado como han podido víveres entre los vecinos. Otras veces, cuenta, la parroquia del barrio les ha donado sacos de arroz o de aceite. Así como Carmen, la mayoría de personas que pertenecen a una olla son mujeres migrantes que llegaron a Lima desde diversas partes del país en busca de mejores oportunidades y que, antes de la pandemia, se dedicaron al trabajo doméstico en casas o a labores de limpieza. Pero, desde la pandemia, perdieron sus trabajos y, hasta el momento, no pudieron encontrar otro trabajo fijo, por lo que su situación económica familiar empeoró. Es por esto que ellas mismas, sus hijos y sus familias dependen también de la olla común para alimentarse. Es así que los sábados y domingos que no funciona la olla común, ellas igual se juntan para cocinar para sus propios hogares.

Buscamos donaciones por aquí, por allá porque no nos alcanza. No tenemos para carne, para pollo. Encima el gas sigue subiendo, nos dice Norma Chávez (49), presidenta de la olla que alimenta, diariamente, a 45 familias de su comunidad”.

Carmen, madre de cuatro hijos, llegó a Lima desde Carhuaz, Áncash. De las 15 mujeres que pertenecen a su olla común, hoy cocinan con ella Micaela Alberca (31), Trinidad Vega (42), Marta Yauca (57) y Benigna Mijahuanca (50). Micaela es natural de la sierra de Piura, Trinidad es de Chachapoyas (Amazonas), Marta es de Iquitos y Benigna es de Huancabamba (Piura). “Vamos con un dinerito al mercado para la olla y nos damos con la sorpresa que ya no nos alcanza. Antes con 20 soles llenabas la canasta aunque sea de verduras. Ahora ya no se puede… Felizmente, aunque sea, nos rebajan en el mercado porque somos de la olla”, cuenta Benigna, quien a raíz de la pandemia perdió su trabajo de enfermera técnica en el que cuidaba dos ancianos y no ha podido conseguir otro. 

“Mucho han subido las cosas en el mercado, no nos alcanza… Por ejemplo, hacemos carapulcra solo con cabeza de chancho porque es más económico”, cuenta Trinidad, madre de tres hijos, quien antes de la pandemia limpiaba casas e incluso trabajó como cocinera en un restaurante de comida de la selva. Pero desde hace dos años, tampoco puede conseguir trabajo. Marta, otra compañera en la olla, es también madre de tres hijos y, antes de la pandemia, se dedicaba a limpiar en edificios y departamentos, pero desde hace dos años ya nadie la volvió a contratar. Micaela, la más joven del grupo, con 31 años, madre de dos hijos, antes trabajaba como empleada del hogar cama adentro. Aunque, su sueño, cuando llegó a Lima desde la sierra de Piura, era estudiar computación, pero no lo consiguió. Hoy vive apenas en un cuarto que comparte con su esposo y sus dos hijos. “No tengo ni luz ni agua… qué importante son los servicios básicos”, dice. 

Al menos hasta hoy, para que su olla común pueda seguir funcionando, ellas mismas deben salir al mercado diariamente a buscar los alimentos para cocinar. A veces, cuentan las mujeres que, con cariño, se dicen “mamitas”, van juntas al mercado cuando cae la tarde, que es el momento del día en el que pueden conseguir “lo que sobra” a precios de remate. Cobran S/2 soles por plato y en varios casos no cobran nada cuando se trata de personas en extrema vulnerabilidad como es el caso de la mayoría de ancianos a los que alimentan. Ellas alternan de cocinar con leña y gas, según sea más barato y tampoco cuentan con local propio, deben arreglárselas para pagar un alquiler. 

Similar situación viven las mujeres de la olla Nueva Palestina en San Juan de Lurigancho. “Buscamos donaciones por aquí, por allá porque no nos alcanza. No tenemos para carne, para pollo. Encima el gas sigue subiendo”, dice Norma Chávez (49), la presidenta de la olla que alimenta, diariamente, a 45 familias de su comunidad con 262 porciones aproximadamente. Norma es natural de Huánuco y antes de la pandemia trabajaba vendiendo productos de belleza por catálogo, pero ya no lo hace por falta de recursos y de clientela. “Está muy dura la situación económica. En vez de que mejore, sigue empeorando todo”, dice Yullit Tamani (35), natural de Loreto y compañera de Norma en la olla Nueva Palestina. 

Cerca de su olla, en el mismo San Juan de Lurigancho, en la zona de la comuna 15, Alejandrina Acheca (43), natural de Apurímac, comanda la olla Los Andes, que atiende, diariamente, a 50 personas. Cuenta que, ni en su vivienda, ni en el local donde funciona la olla, tienen agua o desagüe y que en su olla cocinan con leña porque no pueden pagar el gas. “Necesitamos urgente arroz y aceite… no podemos comprarlo, ¿cómo vamos a hacer?”. Dice, además, que la municipalidad de su distrito le ha brindado algunos sacos de víveres, pero ha sido cada dos o tres meses. 

Tanto el grupo de mujeres de la olla Jardines del Paraíso en Villa María del Triunfo, como los de Nueva Palestina y Los Andes en San Juan de Lurigancho, cuentan que, si bien las llaman y asisten a reuniones con el Midis y las respectivas municipalidades de sus distritos, en el marco de la ley Nº 31458 promulgada por este gobierno que reconoce a las ollas comunes como organizaciones sociales de base y ordena asignarles y garantizarles un financiamiento exclusivo, los procesos son muy lentos y, aún, no ven tangibles los resultados de la reglamentación de esta norma. “Todo demora mucho y nosotras tenemos que cocinar todos los días… nos dan una fecha, otra, pero ¿qué hacemos mientras tanto? No podemos dejar de cocinar… de comer”, señalan Carmen de Villa María del Triunfo y Norma y Alejandrina de San Juan de Lurigancho. 

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Consultadas para este reportaje, las ex ministras del Midis Paola Bustamante y Carolina Trivelli coinciden en que la labor de las ollas comunes va a tener que continuar en el corto y mediano plazo debido a la situación de emergencia por crisis económica, pobreza y desempleo. “Tengo la sensación de que los niveles de pobreza se van a quedar estancados en los próximos 2 o 3 años. La economía no se va a recuperar tan pronto como se había pensado. Por lo tanto las ollas van a tener que continuar y se debe hacer todo el trabajo necesario para que sean mejores y tengan todo lo que necesitan”, sostiene Trivelli. 

Por su parte, Paola Bustamante agrega que el problema, hoy, en el Perú, no es la escasez de alimentos, sino los niveles de pobreza y de desempleo que hacen que un gran número de personas tengan la necesidad diaria de acceder a mecanismos de emergencia como las ollas. “En este momento, no hay escasez de alimentos en el Perú, lo que pasa es que la gente no tiene qué comer porque no tiene trabajo o sus ingresos son escasos”, dice Bustamante. “Veo la situación económica crítica. Y esta coyuntura económica hace que más personas continúen necesitando sistemas de emergencia como las ollas”, agrega. Además, ambas coinciden en que la fecha, de solo hasta diciembre de este año, que se ha establecido según el Decreto de Urgencia (DU) n.° 017-2022 para que las ollas reciban atención alimentaria mensual es insuficiente. Porque, como se ha expuesto en este artículo, las ollas comunes —afortunada y lamentablemente— deben seguir existiendo sin fecha de término.