Quinquenio Lava Jato: análisis del caso a cinco años de la crisis política
Por: Kenneth Sánchez
Periodista.
En el año del bicentenario, el saldo del caso Lava Jato en el país es el siguiente: vamos investigando a cuatro expresidentes (incluyendo una renuncia forzada y un suicidio para evadir la justicia), a dos expresidentes del Consejo de Ministros, a 21 exgobernadores regionales, decenas de expresidentes regionales o exalcaldes de Lima y cientos de otros investigados más que van desde líderes de partidos políticos a grandes empresarios. Números infames de un proceso que en su quinto “aniversario oficial” en el Perú nos da tantas certezas como también varias dudas.
El caso, por supuesto, es más longevo. Todo empezó a inicios del 2014 en Brasil. Es cierto que en nuestro país habían sospechas -e incluso fuertes indicios- sobre la corrupción de las constructoras brasileñas desde, al menos, el 2015 (Informe Pari). Sin embargo, recién el 21 de diciembre del 2016, Marcelo Odebrecht reveló la magnitud del escándalo cuando confesó al Departamento de Justicia de EE.UU. que había pagado aproximadamente 788 millones de dólares en coimas en 12 países, entre ellos Perú.
Lo que siguió fue el proceso de corrupción más grande de nuestro país desde el Fujimorato. Un escándalo que coincidió y contribuyó con la peor crisis política que hemos sufrido desde la caída del mismo régimen. Para analizar este caso ya emblemático y pieza clave para entender la política nacional, conversamos con varios expertos sobre el estado actual del caso para reflexionar sobre lo que han sido y significado estos últimos cinco años.
El estado del caso
“Podríamos decir que el caso está entrando en una etapa intermedia”, dice Víctor Reyes Parra, periodista especializado en judiciales de RPP, “parece que las principales bombas ya han salido y lo que hay por delante es más el tema procesal. […] sería un poco raro que en la interrogación [Marcelo Odebrecht y Jorge Barata] revelen algo nuevo que cambie el esquema”.
El caso más avanzado del equipo especial Lava Jato, el de los Humala-Heredia, está a punto de culminar esta etapa. Solo falta que el juez emita el auto de enjuiciamiento para que comience el juicio.
Después de innumerables revelaciones y prisiones preventivas, la mayor parte de los casos ahora se encuentran en la etapa final de investigación o en la etapa intermedia de los procesos penales: el control de acusación. “Es una etapa larga y puede ser un poco tediosa, porque es un poco técnica”, dice el periodista Reyes.
El caso más avanzado del equipo especial Lava Jato, el de los Humala-Heredia, está a punto de culminar esta etapa. Las audiencias de control de acusación concluyeron en febrero de este año y solo falta que el juez emita el auto de enjuiciamiento para que comience el juicio, el primero que enfrentará el equipo especial desde su creación hace cinco años.
No obstante, el caso Lava Jato ya tiene dos condenas en nuestro país en el 2019: la de César Álvarez, exgobernador de Áncash, y la de Domingo Arzubialde, exgerente de Promoción de la Inversión Privada de la Municipalidad de Lima durante la gestión de Susana Villarán. Pero, estas condenas no fueron conseguidas por el equipo especial, sino por fiscalías especializadas en delitos de corrupción de funcionarios que venían trabajando el caso desde el 2014 y 2015 respectivamente, antes de la revelación de Odebrecht. Aunque la Procuraduría Pública Ad-hoc para el caso Odebrecht también tuvo un rol para conseguir la condena de Arzubialde.
El proceso ha sido lento, sin embargo, esta demora -casi cinco años sin haber llegado a un juicio- no es casualidad. El Poder Judicial es conocido por su lentitud pero, además, la abogada penalista Liliana Calderón explicó que, debido a la gran complejidad de estos casos, estos demoran más que otros, ya que para muchos de estos se ha aplicado la ley de crimen organizado que contempla plazos más extensos. Además, el trabajo del equipo especial Lava Jato ha sido particularmente afectado por la sobrecarga procesal, la falta de presupuesto y de personal, y ha sufrido de interferencias externas e internas (no olvidemos la serie de enfrentamientos con Pedro Chávarry). Así lo señala la politóloga Denisse Rodríguez-Olivari en su reciente publicación Fighting corruption in a hostile environment Peru’s Lava Jato special prosecution team.
«El trabajo de los fiscales del equipo especial es como llevarse encima una mochila bastante pesada, incluso más pesada para lo que el sistema le permitiría a cualquier operador judicial y fiscal», asegura la politóloga.
La reforma más notoria que dejó Lava Jato ha sido en el financiamiento de campañas políticas, incluyendo la bancarización obligatoria, la eliminación de aportes anónimos, la incorporación del delito de financiamiento ilícito al código penal y sanciones a los partidos políticos.»
A estos factores se les sumó las maniobras dilatorias de abogados defensores y la pandemia que inicialmente paralizó las acciones de la Fiscalía, impidiéndole al equipo especial, entre otras cosas, continuar con los interrogatorios y audiencias. Lo cual generó aún más demoras en la comunicación con la cooperación judicial internacional.
Reyes Parra alerta que el caso está en riesgo de entrar en un “cuello de botella”, ya que el control de acusación es una etapa larga en la que casos emblemáticos vienen estancándose: “el principal reto ahora del sistema judicial es que los casos logren avanzar y llegar a juicio, que no se queden por años en la etapa de control de acusación […] por ejemplo, el caso de Rodolfo Orellana, en el 2014, 2015 estuvo bastante de moda. Ya lleva como dos años en control de acusación y ya la gente le ha perdido el interés”.
Respondiendo a ese temor, hace pocos días, el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial dictó una serie de medidas para fortalecer la Corte Superior Penal incluyendo la ampliación de salas y jueces para casos emblemáticos. César Sahuanay, presidente de la Corte Nacional de Justicia Penal Especializada, le dijo a RPP que se tomaron estas medidas “con el fin de acabar con el retraso en investigaciones de casos emblemáticos”.
Los intentos de reforma
El destape del caso impulsó y generó la adopción e implementación de medidas para luchar contra la corrupción. Sin embargo, el exprocurador anticorrupción, Joel Segura, dijo que en estos cincos años “no hemos mejorado mucho”.
No obstante, sí se han implementado algunas normas. Samuel Rotta, director ejecutivo de Proética, señala que la reforma más notoria que dejó Lava Jato ha sido el financiamiento de campañas políticas. Esta reforma incluye la bancarización obligatoria, la eliminación de aportes anónimos, la incorporación del delito de financiamiento ilícito al código penal, el régimen de sanciones administrativas a los partidos políticos y el financiamiento directo público a partidos políticos. Esta reforma ha sido puesta a prueba durante este año y, de momento, ha mostrado algunas limitaciones: Rotta señala que “los aportes de terceros (refiriéndose a los paneles puestos en Lima durante la segunda vuelta) […] son cosas que hay que revisar”. Esta reforma fue propuesta por la comisión de reforma política, pero quedó a medias ya que el Congreso la modificó y este tampoco aprobó otras reformas políticas que la complementaban.
Además, se aprobó la Política Nacional de Integridad y Lucha Contra la Corrupción, que establece “objetivos, lineamientos y estándares” que deben cumplir las instituciones del Estado, junto con la creación de la Secretaría de Integridad Pública, que ejerce la rectoría de esa política. Sobre esto, Segura menciona que, aunque en la práctica no se ha avanzado mucho, este es un paso al menos en el papel, “soy bastante crítico, pero también soy consciente de que se ha avanzado, por lo menos normativamente. Es un escenario distinto. Tenemos políticas, tenemos planes. Tienes marco normativo”.
Lava Jato también influyó indirectamente en la incorporación de la responsabilidad penal a las personas jurídicas por delitos de corrupción, lavado de activos y financiamiento de terrorismo. Esta es una medida reciente, pero que la penalista Calderón considera una mirada correcta, ya que pone como prioridad la prevención del delito. Esta medida busca que las empresas adopten e implementen mecanismos para prevenir la comisión de delitos de corrupción.
El caso Lava Jato estableció precedentes importantes para futuros casos de corrupción. El mejor ejemplo es la ampliación de la figura de colaboración eficaz para que personas jurídicas (empresas) puedan ser colaboradores.»
En la misma línea, se adoptó el registro de beneficiarios finales, que obliga a las personas jurídicas a declarar cada año quiénes son los individuos que tienen más del 10% de las acciones de la compañía o que tengan control sobre la compañía. Esta norma tiene como objetivo combatir la evasión y elusión de impuestos y los delitos de lavado de activos, corrupción, entre otros. Rotta señala que, aunque estas normas no fueron producto directo de Lava Jato, el caso tuvo un efecto por su persecución de varios grandes empresarios.
Advierte Rotta además que no se ha avanzado mucho para mejorar los mecanismos anticorrupción en el área de contratación pública: “en el papel, las cosas no han cambiado mucho en materia de contratación. Las excepciones a la ley de contratación del Estado siguen vigentes. Los cambios que se hicieron fueron pequeñitos en años anteriores […] eso es algo pendiente.”
Consultando si un esquema de sobornos como el de Odebrecht para adjudicar obras públicas podría ser replicado hoy, el director ejecutivo de Proética respondió que en el papel es posible, pero considera que las personas lo van a pensar dos veces ya que hay un temor a ser procesado, investigado y enfrentar procesos largos.
El caso Lava Jato dejó algunas medidas y estableció precedentes importantes para futuros casos de corrupción. El mejor ejemplo es la ampliación de la figura de colaboración eficaz para que personas jurídicas (empresas) puedan ser colaboradores. La suscripción de acuerdos de colaboración con empresas como Odebrecht no solo ha sido histórica, sino que también ha sido clave para el avance del caso. Su sistema de beneficios ha sido importante para incentivar a las empresas a adherirse.
Adicionalmente, Calderón menciona que el caso ha sido valioso para sentar jurisprudencia en diferentes niveles, por ejemplo, para interpretar qué se entiende por “peligro procesal” en el marco de los pedidos de prisión preventiva.
Buscando nuevas estrategias
Cinco años de terremoto político y judicial han cambiado el panorama político como lo conocemos. El caso, sin duda, obligó al Estado a mostrar señales de disposición a luchar contra la corrupción, aunque estas no han sido acompañadas por las acciones de nuestros gobernantes y políticas anticorrupción exigentes en los diferentes niveles del estado. Rodríguez-Olivari señala que debemos tener perspectiva y no debemos descuidar el aspecto de justicia, ya que “lo que nos trae también el caso Lava Jato es una percepción [de] que la justicia funciona y que, si la regla era la impunidad hasta hace no mucho, ahora sería la excepción. Y claro, solucionarla [la justicia] en cinco años es difícil, ¿no? Porque básicamente arrastra las taras, los problemas, las dificultades y obstáculos que ha enfrentado nuestro Poder Judicial y el Ministerio Público a lo largo de las décadas”.
Rotta: «cuando cayó el régimen fujimorista, el Perú tuvo un proceso de investigación de actos de gran corrupción pero este no fue aprovechado y no se hicieron las reformas necesarias. Está bien pedir sanciones, pedir sentencias, pero hay que pedir también reformas efectivas.»
La abogada Calderón resalta que este caso ha tenido una mirada más amplia sobre la corrupción al reconocer que se necesita de ambas partes para cometer el delito: al funcionario público y al privado. “Siempre la mirada (en casos de corrupción) fue hacia el funcionario público y creo que a partir de este caso la mirada es más integral, es decir, el funcionario público, pero también al sector privado, que necesita también realizar acciones más concretas para prevenir la corrupción”, dijo Calderón, “asumir que tiene un rol (el sector privado), asumir que tiene una responsabilidad. Yo creo que eso es importante mirarlo también”.
Con respecto al proceso, Joel Segura subraya la necesidad de un cambio de estrategia después de cinco años de avances lentos, “hay que hacer un ajuste de tuercas. Hay que replantear nuestras metas, nuestros objetivos. Acelerar estos casos, ajustar nuestra estrategia”. El exprocurador también recalca la importancia de buenas políticas de prevención para romper este ‘círculo vicioso’, “esto no va a acabar. No va a acabar mientras no entendamos que de estos casos tenemos que aprender. Tenemos que aprender y tiene que haber una política mucho más exigente respecto a la prevención […] un trabajo permanente respecto a la prevención”.
En la misma línea, Samuel Rotta considera que el temor a ser investigado al que se refirió anteriormente se va a disipar en algún momento y, cuando eso suceda, lo que deben quedar son las reformas que “prevengan y disuadan” actos de corrupción. Rotta recuerda que, cuando cayó el régimen fujimorista, el Perú tuvo un proceso de investigación de actos de gran corrupción pero este no fue aprovechado y no se hicieron las reformas necesarias: “creo que mucho de lo que ocurrió antes tiene que ver con que nos enfocamos mucho en la investigación, la sanción y la sentencia. Y ahí se arreglaba el problema. […] Está bien pedir sanciones, pedir sentencias, pero hay que pedir también reformas efectivas”.
Con el avance formal de los juicios ya en etapas que podamos observar resultados, los próximos años serán etapas donde probablemente nos encontraran envueltos en más de un juicio a un expresidente o a un alto funcionario público y quizás hasta podremos ver este final judicial. Esperamos ser también testigos de reformas y medidas que reduzcan la posibilidad de que algo así vuelva a suceder.
*Liliana Calderón es actualmente abogada del área penal y compliance del estudio de abogados Benites, Vargas & Ugaz abogados. No está involucrada en la defensa de ningún caso de Lava Jato.
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