El tortuoso ascenso del negacionismo a 20 años de la Comisión de la Verdad y Reconciliación
Por: Marco Antonio Vélez
Sociólogo
Introducción
Desde su presentación, el año 2003, el informe final de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) ha visto cuestionada la veracidad de sus hallazgos, conclusiones y recomendaciones. La mayoría de cuestionamientos han venido de sectores involucrados en el desarrollo del conflicto armado interno, sobre todo de aquellos afines a ideologías y proyectos políticos de las denominadas derecha e izquierda radical como los representantes del fujimorismo, ciertos sectores de la izquierda y ex integrantes de las instituciones militares y policiales. Las críticas apuntaban por un lado a la imputación de delitos de violaciones a los derechos humanos a ex presidentes y oficiales militares, quienes sostenían su inocencia y justificaban sus acciones. Por el otro lado, los grupos armados y sus seguidores negaban el desarrollo de atentados terroristas afirmando que los integrantes de Sendero Luminoso y el MRTA sólo buscaban un cambio estructural del Estado y la sociedad.
A partir de esta situación se han hecho visibles ante la opinión pública las denominadas “corrientes negacionistas” de derecha e izquierda en torno a lo sucedido durante el conflicto armado interno. Ambas buscan legitimar sus proyectos ideológicos y políticos promoviendo el negacionismo de las violaciones a derechos humanos y atentados terroristas, ya sea de parte de los actores políticos o institucionales. Esta situación se ha afianzado en las elecciones presidenciales del 2021, donde llegaron a segunda vuelta los candidatos considerados por un sector de la opinión pública como los más representativos de ambos extremos: Keiko Fujimori y Pedro Castillo.
La campaña ofensiva – defensiva de ambos no dejó de lado el periodo de violencia política. Desde el fujimorismo se tildó de terroristas a los seguidores y posibles votantes de Pedro Castillo mientras se ensalzaba a Alberto Fujimori y se justificaba su atropello a la democracia y a los derechos humanos. Por el lado de Perú Libre se hizo continuas menciones a la dictadura de Fujimori, los casos de corrupción que involucraron a la candidata y se ensalzó a Pedro Castillo como líder revolucionario y antisistema, sin cuestionar los vínculos de algunos integrantes de su partido con el MOVADEF.
El presente artículo aborda los discursos negacionistas en torno al periodo de violencia política que se han reproducido en un contexto en el que las brechas sociales han aumentado y se han hecho evidentes; una pandemia mundial; un bicentenario polarizado social y políticamente; y una crisis de institucionalidad democrática.
Una aproximación al concepto de negacionismo
Según el sociólogo Stanley Cohen las declaraciones de negación: “son aseveraciones de que algo no sucedió, no existe, no es verdad, o no se tiene conocimiento al respecto” (Cohen, 2005, p.23). Abordaremos tres formas de negación: la literal, la interpretativa y la implicatoria.
La negación literal hace referencia al rechazo directo de lo ocurrido: se niega el hecho por cualquier razón, así se acuda a la mentira. En el caso de la negación interpretativa “los hechos no están siendo negados, antes bien, se les asigna un significado distinto del que parece evidente para otros” (Cohen, 2005, p.27). En ese sentido, podemos identificar en la esfera pública discursos como: “Esto fue un intercambio poblacional, no una limpieza étnica” o “el negociado de armas no fue ilegal y no fue realmente una negociación sobre armas”. Aquí los involucrados no sostienen que “nada sucedió”, sino que “lo que sucedió no es lo que usted piensa que es, no es lo que parece, no es lo que usted dice que es” (Cohen, 2005, p.27). Finalmente, la negación implicatoria considera que “no existe un intento de negar los hechos o su interpretación convencional, sino que niega o minimiza las implicancias psicológicas, políticas y morales que convencionalmente se desprenden de los hechos” (Cohen, 2005, p.27). Por ejemplo, la reacción frente a los niños en las calles, la violaciones de mujeres en Bosnia o los escuadrones de la muerte en Colombia suele ser de indiferencia: “¿qué puedo hacer?”, “no es mi problema”.
Siguiendo la lógica de Cohen, “la negación incluye cognición (no reconocer los hechos), emoción (no sentir, no ser perturbado), moralidad (no reconocer lo que está mal o su moralidad) y acción (no tomar medidas)”.
Así, siguiendo la lógica de Cohen, “la negación incluye cognición (no reconocer los hechos), emoción (no sentir, no ser perturbado), moralidad (no reconocer lo que está mal o su moralidad) y acción (no tomar medidas activas en respuesta al conocimiento)” (Cohen, 2005, p. 29).
Hay que señalar que durante el siglo XX han existido importantes conflictos armados donde se ejecutaron violaciones a los derechos humanos para lograr proyectos políticos autoritarios. Tenemos el caso de los regímenes de extrema derecha de la Segunda Guerra Mundial, como el fascismo y el nazismo, y los regímenes comunistas de China y Rusia. A estos se suman otros gobiernos durante la Guerra Fría como las dictaduras de Pinochet en Chile o los Jémeres Rojos en Camboya. En el siglo XXI tenemos gobiernos dictatoriales como el Chavismo en Venezuela o Kim Jong Un en Corea del Norte, y guerras como la que existe entre Israel y Palestina en las que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad. Varios de estos regímenes han recurrido al negacionismo, ya sea durante el ejercicio del poder o varios años después, para negar las violaciones a derechos humanos.
Para efectos de este artículo acudiremos tanto al negacionismo interpretativo como al implicatorio, pues son los que más se ajustan a los discursos negacionistas de la derecha e izquierda sobre las violaciones a derechos humanos y atentados terroristas en el conflicto armado interno peruano.
Aproximaciones a la lectura negacionista de la derecha sobre el conflicto armado interno
Los primeros cuestionamientos al trabajo de la CVR vinieron de los sectores de la derecha radical, especialmente de militares en situación de retiro y de partidarios del fujimorismo. Las críticas no se limitaron al informe final, sino que alcanzaron a quienes estuviesen a favor del mismo, total o parcialmente, llamándolos “caviares”, comunistas, enemigos de las Fuerzas Armadas y hasta les acusaron de hacer juego a los subversivos (Chiri Márquez, 2016, p. 422). Una de las principales críticas, en especial de los militares, fue el uso del termino “violación sistemática de derechos humanos”. Se emitieron pronunciamientos al respecto negando dicha práctica y desde entonces comenzó una campaña para deslegitimar la CVR y obstaculizar los futuros juicios. Por ejemplo, el 27 de agosto del 2003, el Teniente General Luis Arias Graziani, comisionado de la CVR, envió una carta a Salomón Lerner Febres, presidente de la CVR, señalando que debería distinguir la responsabilidad individual de la institucional, que solamente hubo el exceso de algunos individuos y que el número de víctimas de 60.000 no es una verdad comprobada[1]. El año 2005 hubo también un pronunciamiento de militares en retiro cuestionando las órdenes de detención del Poder Judicial contra algunos militares que estuvieron en Accomarca, Cayara, el Frontón y otras zonas de lucha contrasubversiva. Los detenidos fueron señalados como autores de delitos de asesinato, desaparición y otros, y frente a ello el comunicado argumentaba que no había suficientes elementos probatorios para dicha acusación. Ese mismo año otros oficiales en retiro emitieron un pronunciamiento donde señalaron: “Somos conscientes que en determinadas ocasiones se produjeron aislados excesos que lamentamos y demandamos sean debidamente investigados, sin perder de vista el contexto y circunstancias en que se realizaron. Es decir, dentro del debido proceso” (Florez, 2006, p.278)[2].
Por su lado, los seguidores de Alberto Fujimori han minimizado y negado los crímenes y violaciones a los derechos humanos cometidos durante su gobierno. En sus discursos ignoran la evidencia presentada en los juicios y sugieren que las acusaciones y testimonios de abusos son exagerados o fabricados por motivaciones políticas y que los procesos judiciales y condenas contra Fujimori y su círculo cercano son resultado de una persecución política. Al respecto, podemos citar las declaraciones del mismo ex presidente durante su juicio, quien sostuvo que: “A raíz de mi Gobierno se rescatan los derechos humanos de 25 millones de peruanos. Si se cometieron algunos hechos execrables los rechazo totalmente, pero también rechazo los cargos y no acepto la acusación fiscal”[3]. En ese sentido, por ejemplo, algunos representantes del fujimorismo niegan o minimizan las esterilizaciones forzadas. Argumentando que fueron procedimientos voluntarios y necesarios para el control de la natalidad pasan por alto los testimonios de las víctimas y las pruebas documentales que respaldan las denuncias.
Entonces, el discurso negacionista proveniente del fujimorismo y de algunos militares responde tanto al negacionismo interpretativo como al implicatorio. Si bien no niegan literalmente las violaciones a derechos humanos, sí presentan cuestionamientos a la caracterización sistemática de los delitos que señala la CVR. También argumentan que dichos excesos se cometieron en un contexto de guerra interna, donde el objetivo final era la pacificación del país. Aquí se materializa la negación implicatoria, pues desde la perspectiva de estos grupos los delitos que se cometieron no tienen la implicancia moral, social o política que se les atribuye. Se escudan en el argumento de la pacificación del país, en el respaldo que tuvieron de un amplio sector de la ciudadanía en y la indiferencia de aquella frente a los delitos en su momento[4].
Si bien no niegan literalmente las violaciones a derechos humanos, sí presentan cuestionamientos a la caracterización sistemática de los delitos que señala la CVR. También argumentan que dichos excesos se cometieron en un contexto de guerra interna, donde el objetivo final era la pacificación del país”.
Estos discursos negacionistas interpretativos e implicatorios han apoyado, con el paso de los años, el desarrollo de acciones por parte de autoridades del Estado. Es así que algunos actores de la derecha plantearon proyectos de ley y políticas públicas con la finalidad de buscar impunidad para los oficiales que cometieron violaciones a los derechos humanos. Así, en el año 2010, podemos resaltar el Decreto Legislativo 1097 que “Regula la Aplicación de Normas Procesales por Delitos que implican Violación de Derechos Humanos”, por el que se aprueban una serie de beneficios respecto de agentes del Estado acusados de graves violaciones a los derechos humanos, incluidos crímenes de lesa humanidad[5]. Sin embargo, debido a la presión mediática, críticas desde la sociedad civil y actos políticos de protesta, como la renuncia de Mario Vargas Llosa a la entonces comisión encargada del Lugar de la Memoria, dicho proyecto fue derogado[6]. Otro caso interesante es la publicación realizada por el Ejército el año 2012 y titulada “En Honor a la Verdad” (CPHEP, 2012), la cual recoge información logística y complementaria sobre la lucha contra el terrorismo y da una versión institucional de los hechos. Esta publicación ha sido objeto de análisis, crítica y debate sobre el rol del Ejército en la lucha contrasubversiva, pues reconocen y piden disculpas sobre los casos de violaciones a derechos humanos, aunque cuestionan el término de violaciones sistemáticas. Por esto último, algunos analistas la consideran una publicación negacionista (Villasante Cervello, 2022).
Los discursos negacionistas también se manifestaron en las elecciones del 2021. Un sector de la derecha resaltaba la imagen de Fujimori como “pacificador” del país y argumentaba que las violaciones a los derechos humanos y casos de corrupción fueron acusaciones injustas de rivales políticos que promovieron el caos económico y social. Rivales que, además, apoyaban a los “simpatizantes terroristas” de Pedro Castillo. Pero no quedó ahí. Tras la caída del gobierno de Pedro Castillo y el ascenso de Dina Boluarte se estableció un ambiente de polarización política y conflictividad social que tuvo como desenlace la muerte de 66 ciudadanos en las protestas (Defensoría del Pueblo, 2023, p.5). En este contexto, un sector de la derecha intentó cerrar el Lugar de la Memoria (LUM) argumentando el incumplimiento de requisitos en la edificación. Al respecto Rafael López Aliaga, alcalde de Lima y cabeza de un partido de extrema derecha, manifestó: “Basta ya de estos museos de la memoria y la reconciliación que no tienen nada de memoria ni reconciliación. Allí se escribe una narrativa donde los mismos guías te mienten descaradamente poniendo a las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional como los agresores, y eso no es así, ellos han salido a defender a la patria porque esa es su misión”[7]. Así, el LUM estuvo cerrado durante el mes de mayo del 2023, pero gracias a los cuestionamientos de la sociedad civil fue reabierto una vez subsanadas las observaciones.
El Congreso también ha hecho lo suyo en este campo. Por ejemplo, ha aprobado una ley de enseñanza obligatoria sobre el terrorismo (Ley Nº 31745), la cual abre la puerta al riesgo de caer en un sesgo marpolítico y solo dirigir la responsabilidad a los grupos terroristas omitiendo las violaciones a derechos humanos cometidas por las FF.AA. (Miranda, 2023). Así también, podemos mencionar otros proyectos de ley, como los que buscan la amnistía a militares en retiro cuyos juicios por violaciones a derechos humanos están en proceso. Varias de estas acciones negacionistas muchas veces han sido promovidas por aparatos mediáticos que no dudan en evocar un periodo tan doloroso como el del conflicto armado interno para legitimar intereses políticos y empresariales frente algún conflicto social (Villasante Cervello, 2012, p. 41).
Aproximación a los discursos negacionistas de la izquierda sobre el periodo de violencia política
Los discursos negacionistas de un sector de la derecha peruana era combatido por la izquierda mediante movilizaciones y la promoción de políticas públicas en favor de los derechos humanos y la reivindicación de las víctimas. Sin embargo, con el paso del tiempo la “izquierda radical” ha ido cobrando fuerza tras los fracasos en las gestiones de la denominada “izquierda progresista”, la cual se fue deslegitimando por su gestión mala o mediocre en diferentes niveles de gobierno, por temas de corrupción y por no haber cumplido a cabalidad sus propuestas de cambio.
El año 2006 un alto porcentaje de la población peruana votó por Ollanta Humala, quien en ese momento apelaba a un discurso velasquista, cercano al chavismo y de cambio radical de izquierda. En ese entonces, Ollanta Humala era acusado de conspirar con su hermano Antauro en el levantamiento de Locumba y también caía sobre él la investigación por un caso de violaciones a los derechos humanos en la base militar de Madre Mía, en la región San Martín. El entonces candidato presidencial fue acusado de ordenar operaciones militares que terminaron en violaciones a los derechos humanos durante el periodo de violencia política bajo el apelativo de “Capitán Carlos”. Los seguidores de Humala negaron las acusaciones, pues no hubo un juicio sobre dichos casos y dicho candidato ganó la presidencia el 2011. Pero su gobierno recibió críticas por virajes políticos hacia la derecha en varias de sus políticas de Estado, casos de corrupción y el abordaje autoritario de algunos conflictos sociales.
En este contexto cobró protagonismo un movimiento de izquierda radical llamado Movimiento por la Amnistía y Derechos Fundamentales (MOVADEF), que funciona como un partido político fachada de Sendero Luminoso. Este movimiento empezó a difundir discursos negacionistas sobre los atentados terroristas llevados a cabo por Sendero Luminoso, impulsado por Abimael Guzmán y su cúpula. Los simpatizantes del MOVADEF “declaraban, con una tranquilidad impresionante, que no hubo nunca terrorismo, sino una «guerra popular», que los presos acusados de terrorismo no son sino «presos políticos», que «Guzmán fue un gran hombre», y que es necesario una «amnistía general» para él y para los otros presos senderistas para obtener la «reconciliación nacional»” (Villasante Cervello, 2012, p. 50).
Frente a la aparición de estos movimientos, la sociedad civil buscó deslegitimar estos discursos negacionistas de carácter implicatorio e interpretativo y evitar que el MOVADEF siga teniendo adeptos o se inscriba como partido político. Sin embargo, con el paso del tiempo y el fracaso de los gobiernos y gestiones municipales de centroizquierda y centroderecha por casos de corrupción, falta de reformas institucionales para la reconciliación nacional, el pésimo abordaje de la pandemia del COVID 19, etc., es que las fuerzas políticas ideológicas de extrema izquierda se comenzaron a empoderar y disputar el poder desde el año 2021, donde en sus respectivas luchas por legitimar sus propuestas han vertido con mayor fuerza sus discursos negacionistas.
Por el lado de la izquierda llegó a la presidencia Pedro Castillo, quien buscó desmarcarse de la izquierda radical o de los vínculos con el MOVADEF, pero durante su gestión dio protagonismo en algunos sectores a personajes investigados por vínculos con el terrorismo[8]. Además, en este periodo también se difundieron discursos negacionistas. Se sacó del archivo declaraciones de su primer canciller, Héctor Béjar, quien había afirmado ―antes a ser ministro― que el terrorismo fue producto de la CIA y de la Marina[9]. Estos discursos ocasionaron su renuncia.
Posteriormente, envuelto en temas de corrupción, Pedro Castillo intentó dar un golpe de estado el 7 de diciembre del 2022. El golpe no fue acatado por las FF.AA. y policiales, así que esta acción tuvo como consecuencia su vacancia y posterior arresto. Si bien su caída empoderó a una derecha radical, aún cuenta con el apoyo de un sector de la población, pues al poco tiempo de su vacancia se desencadenaron protestas sociales a nivel nacional donde si bien el pedido de la mayoría era el adelanto de elecciones, también hubo manifestantes que buscaban la restitución del expresidente. En ese sentido, en las redes sociales se difundieron discursos negacionistas interpretativos sobre los delitos de corrupción y del golpe de Estado promovidos por seguidores del expresidente y por una denominada “prensa alternativa”. Estos discursos se sostienen argumentando que el golpe fue una “proclama” o que el Congreso le dio el golpe de Estado con una vacancia “exprés”[10]. Además, en redes sociales, y aprovechando la represión del gobierno de Dina Boluarte durante las protestas, comenzaron a circular algunos mensajes que respaldan lo sostenido por Héctor Béjar sobre el origen de Sendero Luminoso[11].
Conclusiones
El informe de la CVR ha sido cuestionado por algunos sectores de la derecha e izquierda del país, cuyos discursos se han caracterizado por tener componentes de un negacionismo interpretativo e implicatorio sobre las violaciones a derechos humanos y actos terroristas y porque han buscado legitimar un negacionismo oficial a través de diversas acciones. Estas últimas han provenido en su mayoría de un sector de la derecha política del país que ha tenido en los últimos gobiernos cargos importantes, ya sea a través de ministerios o alcaldías.
En los últimos años las políticas de educación y otras actividades para fortalecer la memoria colectiva sobre lo ocurrido en el conflicto armado interno han sido débiles. Por esa razón, son importantes las reformas pedagógicas que consideren los enfoques culturales de las poblaciones y el análisis de diversas fuentes dentro de los parámetros democráticos.
Estamos en un contexto social y político de polarización. Los extremos buscan, por un lado, ganar legitimidad para sus medidas autoritarias, defender el modelo económico de desarrollo o sus “privilegios” y resistirse a cualquier cambio. Del otro lado se busca cambiar radicalmente el modelo de desarrollo y legitimar sus medidas autoritarias y de violencia para hacerlo. Frente a este panorama tenemos la formación de un posible “centro” que combine parte de las medidas autoritarias y populistas de ambos frentes. Es en este escenario que las corrientes negacionistas pueden cobrar fuerza e incentivar la puesta en marcha de mecanismos que legitimen un negacionismo promovido desde el Estado.
Applebaum, Anne (2006). Gulag: historia de los campos de concentración soviéticos. Barcelona: Debolsillo.
Cohen, Stanley (2005). Estados de negación: Ensayo sobre atrocidades y sufrimiento. Buenos Aires: Departamento de Publicaciones – Facultad de Derecho. Universidad de Buenos Aires.
Chiri Márquez, Renzo (2016). “Luces, sombras y claroscuros del informe final de la comisión de la verdad y reconciliación (CVR): un análisis a más de una década de su presentación”. En Ius Inkarri, Lima: Universidad Ricardo Palma, pp. 421-431.
https://revistas.urp.edu.pe/index.php/Inkarri/article/view/4220/5145
Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR).(2003). Informe final. Lima: CVR.
Comisión Permanente de Historia del Ejército del Perú (CPHEP).(2012). En honor a la verdad: versión del Ejército en su participación en la defensa del sistema democrático contra las organizaciones terroristas. Lima: Ejército del Perú.
Defensoría del Pueblo (2023). Informe Defensorial N°190: Crisis política y protesta social: Balance defensorial tras tres meses de iniciado el conflicto (Del 7 de diciembre de 2022 al 6 de marzo de 2023). Lima: Defensoría del Pueblo.
Florez, José Miguel. (2006). “La educación circular”. En Huerta, José. Et al. 2006. Operaciones Conjuntas. Lima: Instituto de Defensa Legal.
Miranda, Paola (2023). “Ley Nº 31745: un nuevo atentado contra la educación y la memoria histórica en el país”. Noticias IDEHPUCP.
Rodríguez Jiménez, José L. (2000). “El debate en torno a David Irving y el negacionismo del holocausto”. En Cuadernos de Historia Contemporánea. Madrid: Universidad Rey Juan Carlos, número 22, pp. 375-385.
https://revistas.ucm.es/index.php/CHCO/article/view/CHCO0000110375A/6973
Villasante Cervello, Mariella. (2012). “Polarización política actual: Fujimoristas y neosenderistas contra la democracia y el Estado de Derecho”. En Memoria. N°9. Lima: Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUCP (IDEHPUCP).
https://cdn01.pucp.education/idehpucp/wp-content/uploads/2015/05/05162333/revmem009_001.pdf
Villasante Cervello, Mariella. (2022). “Las Fuerzas Armadas y la CVR: negacionismo y victimización”. En Revista Ideele N°304. Lima: Instituto de Defensa Legal.
https://www.revistaideele.com/2022/08/01/las-fuerzas-armadas-y-la-cvr-negacionismo-y-victimizacion/
[1] https://www.cverdad.org.pe/ifinal/pdf/TOMO%20VIII/CARTA%20ARIAS%20GRAZIANI.pdf
[2] Pronunciamiento de los ex comandantes del Ejército, publicado el 15 de marzo del 2005 en el Comercio.
[3] https://www.lavozdegalicia.es/noticia/internacional/2007/12/11/fujimori-declara-inocente-dice-juicio-gobierno-respeto-derechos-humanos/0003_6392693.htm
[4] Por ejemplo, en los videos de campaña de Alberto Fujimori y en los que usa en la actualidad en su canal F donde publica el primer video-memoria titulado “no soy un asesino” ha utilizado fotos con amplio apoyo de la población con la finalidad de argumentar que en su momento estuvieron a favor de sus políticas y los delitos no debería haber sido causa de juicios y pérdida de popularidad. Ver: https://www.youtube.com/watch?v=jKXrZrSM29U
[5] https://cejil.org/comunicado-de-prensa/el-ejecutivo-peruano-aprueba-decreto-para-exonerar-a-responsables-de-graves-violaciones-a-los-derechos-humanos/
[6] https://www.idl-reporteros.pe/vargas-llosa-renuncia-a-comision-de-alto-nivel-debido-a-dl-1097/
[7] https://ojo-publico.com/derechos-humanos/municipio-cargo-partido-extrema-derecha-cierra-el-lum
[8] https://elcomercio.pe/politica/iber-maravi-atestados-policiales-lo-vincularon-con-atentados-cometidos-por-terroristas-edith-lagos-y-arturo-morote-en-ayacucho-noticia/
[9] https://www.idl.org.pe/hector-bejar-todas-las-frases-sobre-el-terrorismo-que-llevaron-a-su-renuncia/
[10] https://www.youtube.com/watch?v=KyBmJDlwRWw
[11]https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid034pMYWVsZmFVzGpECJYFBspESafLyvUaNpVCVpdG5s4EDsGbepygSsH5GyPGwjxrgl&id=100004542498246