Edición N° 26 21/08/2018 Artículo

Elecciones subnacionales: entre la indignación y la complacencia

Por: José Carlos Requena

Socio principal del Grupo de Análisis Político 50+1

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Aunque el poco espacio que se le dedica en medios nacionales haga pensar lo contrario, el país se encuentra en medio de un proceso electoral para renovar su liderazgo político subnacional. Convocados oficialmente en enero de 2018 por el entonces presidente Pedro Pablo Kuczynski, los comicios llegarán a uno de sus hitos el próximo domingo 7 de octubre, cuando se elijan en conjunto a más de trece mil autoridades políticas, entre alcaldes, regidores, gobernadores y consejeros regionales.

¿Cuál será el panorama que veremos a partir de enero de 2019? En medio del nuevo momento político iniciado tras el audaz mensaje a la nación del presidente Martín Vizcarra el 28 de julio último, las perspectivas no son alentadoras. Plantean, por el contrario, un desafío adicional a la ya compleja situación de la política invertebrada del Perú del siglo XXI.

En su último mensaje a la Nación, Martín Vizcarra planteó un referéndum para reformar el CNM y el Congreso. (Foto: Andina)

Toda política es local

Un viejo aforismo de la política estadounidense dice que “toda política es local”[1]. En tal entendido, el elector suele preocuparse más de lo que pasa en su entorno inmediato; las autoridades elegidas, en consecuencia, suelen actuar teniendo en cuenta lo que le importa a su clientela electoral local, poniendo en un segundo plano lo que le importa al país en su conjunto.

Un dato que podría reforzar esta impresión es la diferencia que suele darse en las cifras correspondientes al ausentismo y la anulación electoral. Dichas cifras difieren entre las elecciones nacionales, cuando se elige al Presidente y al Parlamento, y las subnacionales. La diferencia entre las cifras de ausentismo varía ligeramente: en 2016, el último año de elecciones nacionales, el ausentismo llegó a 18,2%, por encima del correspondiente a las elecciones provinciales (16.2%) y distritales (15.6%) de 2014, según datos de la Oficina Nacional de Procesos Electorales.

A los electores claramente les cuesta más no expresarse en el espacio local que en el nacional, donde podría sentirse que poco cambiará con las nuevas gestiones.

La información sobre votos nulos y blancos debe ser tomada según cada circunscripción. Para las elecciones de 2016, la proporción de votos blancos a nivel nacional fue mucho mayor (11.9%) que la correspondiente a su equivalente en las elecciones municipales provinciales en Lima (2.3%). A los electores claramente les cuesta más no expresarse en el espacio local que en el nacional, donde podría sentirse que poco cambiará con las nuevas gestiones de autoridades nacionales. La votación nula, en cambio, presenta un patrón similar: 6.2% en las generales de 2016 versus 6.7% en las provinciales de Lima del 2014. Un ejercicio con otras circunscripciones podrá hacer notar el grado de desapego existente en cada espacio geográfico.

Por todo lo dicho, llama la atención el poco interés que han despertado los comicios locales de octubre de 2017. Una encuesta de GfK para el diario La República, mostró que una altísima proporción de electores (65%) se declaró “poco o nada informado” sobre las próximas elecciones municipales. La cifra se incrementaba considerablemente en el centro (74%) y el norte (72%) del país, cuando faltaban algo más de dos meses para el día del sufragio.

¿El perfecto dictador?

En medio de este desinterés generalizado, un hecho llamó la atención de la prensa nacional. La madrugada del viernes 3 de agosto, Elías Cuba, el alcalde del distrito capitalino de La Victoria se convertía en el cuarto alcalde en ser apresado. A Cuba se le acusa de liderar la banda “Los intocables ediles”. Cuba se une así al grupo de alcaldes capitalinos acusados de liderar o pertenecer a bandas y, desde el poder municipal, cometer diversos delitos. Durante el último año, han sido detenidos los entonces alcaldes Carlos Arce de Santa Rosa, Jorge Barthelmess de San Bartolo y Ángel Chilingano de Villa María del Triunfo.

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Los casos de Cuba y sus colegas capitalinos no son los únicos. En tiempos recientes se han visto ingresar a penales a alcaldes de importantes circunscripciones fuera de la capital. El más mediático, por sus ribetes telenovelescos, es Roberto Torres, ex alcalde de Chiclayo, capital regional de Lambayeque y una de las ciudades más importantes del norte del país. A nivel de los gobernadores regionales, el caso más reciente de malos manejos es el de César Álvarez, que lideró la región Áncash por cerca de dos periodos, entre 2006 y 2014. Judicialmente, su caso tiene gran complejidad, debido al gran número de redes de colaboración de actividades indebidas en distintos ámbitos.

3. El 03 de agosto, Elías Cuba, alcalde de La Victoria, fue capturado durante un operativo policial por presuntamente liderar la banda “Los Intocables Ediles”. (Foto: Andina)

Asuntos como los de Álvarez y otras autoridades elegidas por más de un periodo hicieron creer a los legisladores que la solución venía por impedir que un alcalde o gobernador pudiera volver a ser candidato en el proceso electoral inmediato para sucederlo. En marzo de 2015, se promulgó la ley que prohíbe la reelección en los comicios municipales y regionales. En octubre regirá dicho cambio por primera vez, aunque las triquiñuelas para evadir la regulación empiezan a dar razón a los escépticos: alcaldes salientes se lanzan a una regiduría de su misma circunscripción o a alcaldías de circunscripciones distintas, o promueven la candidatura al puesto que dejan a su prole o cónyuge.

La reticencia a dejar el poder no es nueva ni exclusiva de Perú. Hace quinientos años, Nicolás Maquiavelo escribía en El Príncipe sobre la necesidad de retener el poder, y formulaba observaciones y recomendaciones sobre cómo lidiar con los gobernados, muy controversiales para su época[2]. Más recientemente, los politólogos Bruce Bueno de Mesquita y Alistair Smith dedicaron un trabajo a evaluar las razones que llevan a un líder, autócrata o democrático, a mantenerse en el poder. Partiendo del develamiento de un caso de corrupción y malos manejos en la pequeña ciudad de Bell, en el Estado de California, Bueno de Mezquita y Smith identifican algunos rasgos que vale la pena no perder de vista al juzgar el pauperizado ambiente político peruano, no muy distinto que el de un gobierno local de una democracia desarrollada. En primer lugar, lo más importante en política es conseguir y mantener el poder. Segundo, el mejor modo de garantizar la supervivencia política es dependiendo de pocos. Tercero, este círculo pequeño asegura que hay una larga cola esperando acceder al entorno gobernante, lo que brinda gran discrecionalidad para administrar ingresos y gastos. Cuarto, la dependencia de una coalición pequeña libera a los dirigentes de imponer altos impuestos[3].

Más eficientes han resultado las iniciativas que transparenten gestiones que la legislación prohibitiva, como la que impide la reelección.

¿Qué tan distinta puede ser la realidad peruana? A decir de los cuatro puntos mencionados en el párrafo previo, la situación no parece tan lejana. Por ello, se hace necesario establecer medidas que dificulten la implantación de administraciones cleptocráticas. En tal anhelo, más eficientes han resultado las iniciativas que transparenten gestiones, en que la sociedad civil, la academia y la prensa tienen un rol preponderante, que la legislación prohibitiva, como la que impide la reelección. Es, al menos, como lo han manejado democracias más sólidas.

Alrededor de 90 obras que ejecutaba el Gobierno Regional de Áncash se encuentran paralizadas por la “Ley de Gravamen Minero”. (Foto: Andina)

Qué dicen las cifras

En 2002 se implementaron por primera vez las elecciones para elegir gobiernos regionales, una de las más importantes demandas democratizadoras desde la década de los noventa.

Se habla mucho de la gran cantidad de casos de corrupción en gobiernos subnacionales. Al margen de casos puntuales de gran despliegue mediático, tal imputación, ¿es mito o realidad? Información de la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción, actualizada hasta junio de 2017, mostraba que todos los gobiernos regionales tenían al menos una de las cabezas de las gestiones elegidas desde 2002 (presidente o gobernador) inmersa en investigaciones de corrupción [4]. El caso más severo es sin duda Cusco, que tiene en la actualidad a su gobernador regional más reciente (Jorge Acurio) en prisión. Seguramente si la información se extendiera a otros altos funcionarios y no solamente a los gobernadores, el número sería mucho más abultado.

Gobernadores y ex gobernadores con investigaciones y procesos

Como se recuerda, en 2002 se implementaron por primera vez las elecciones para elegir gobiernos regionales, una de las más importantes demandas democratizadoras desde la década de los noventa. Desde aquel año, se han elegido a cuatro administraciones en los años 2002, 2006, 2010 y 2014. La del 2018 sería la quinta promoción de gobernadores regionales.

Jorge Acurio, exgobernador de Cusco, fue sentenciado a 18 meses de prisión preventiva por el presunto cobro de una coima de 1.2 millones de dólares a la constructora Odebrecht. (Foto: Andina)

Las denuncias del gobernador regional de Ica, Fernando Cillóniz, son las más impactantes en tiempos recientes, pero no son las únicas. Como se recuerda, las acusaciones de Cillóniz se han centrado en funcionarios del gobierno regional y en congresistas de su región, del partido que lo colocó en el gobierno regional (Fuerza Popular) y del aún gobernante Peruanos por el Kambio.

La situación en los 1 849 municipios no era muy distinta. Solo considerando a las autoridades elegidas en 2014, la Procuraduría Anticorrupción reporta una gran proporción de alcaldías cuyo burgomaestre se encuentra comprometido en acusaciones de corrupción. En las provincias, más de la mitad (102 de un total de 195) se encuentra en tal situación. Como se sabe, las provincias suelen manejar decisiones importantes, incluyendo los cambios de zonificación, un aspecto muy importante en los centros urbanos en crecimiento, como aquellos asentados en la costa.

Municipios cuyos alcaldes se encuentran comprometidos en acusaciones por corrupción

Las cifras para los distritos pueden parecer menos dramáticas, pero esconden casos de gran alcance y complejidad. Uno de cada cuatro municipios distritales (25.8% o 426 de un total 1 654) presenta algún alcalde comprometido en acusaciones de corrupción. Por lo demás, el número de municipios distritales con alcalde en problemas debería haber crecido, si nos dejamos guiar por los casos que la prensa nacional reporta en la capital.

En octubre no hay milagros

Lo más probable es que a partir de enero se vea un país que reedite o acentúe las actuales condiciones: autoridades elegidas por el voto popular que presentan acusaciones o enfrentan procesos por delitos de corrupción.

Sin que haya habido cambios sustantivos en una normativa que aleja a la política de las actividades ilícitas, ¿a dónde se dirige el país con la renovación de su liderazgo político, en octubre próximo? Es de habitual el describir una serie de patrones que podrían ayudar a avizorar el país político que se verá desde enero de 2019, cuando los gobiernos elegidos entre octubre y diciembre (en aquellas circunscripciones que requieran segunda vuelta) se instalen.

En primer lugar, debe destacarse el gran entusiasmo existente entre los candidatos, graficado por el gran número de opciones que se presentan a la contienda. Solo en Lima, se presentan 20 candidatos a la alcaldía provincial. El Jurado Nacional de Elecciones contabilizó hasta el cierre de este artículo a 113 615 candidatos a los distintos cargos, correspondientes a 14 545 listas.

En segundo término, y contrastando con el ánimo entre los candidatos, existe una gran apatía entre los electores. Ya GfK lo reportaba para julio. En agosto es probable que las cifras cambien, pero difícilmente la resignación desaparecerá.

Tercero, el Parlamento no ha aprobado ninguna medida que mejore el control de los fondos que financian las campañas electorales. Ello hace que el poder de la coalición pequeña a la que se refieren Bueno de Mesquita y Smith tampoco se reduzca.

Por todo lo anterior, lo más probable es que a partir de enero se vea un país que reedite o acentúe las actuales condiciones, en que un gran número de autoridades elegidas por el voto popular presentan acusaciones o enfrentan procesos referidos a delitos de corrupción. Si a ello se agrega el hecho de que el sistema judicial ha colapsado, la situación es sumamente desafiante.

Si de algo deben convencer los asquerosos audios que se escuchan casi a diario, es que la corrupción y los malos manejos privan de justicia y obstruyen el desarrollo.

Lo que podría atenuar el desolador panorama es la actual sensibilidad frente a la corrupción, que podría hacer que el elector reconsidere aquella perversa creencia: “no importa que robe, con tal que haga obra”. A ello puede agregarse el destino que están teniendo algunas de las autoridades corruptas, varias de ellas con prisión preventiva o condena. Si de algo deben convencer los asquerosos audios que se escuchan casi a diario, transparentando las malas artes, es que la corrupción y los malos manejos privan de justicia y obstruyen el desarrollo. ¿Qué pesará más: la complacencia o la indignación?

 


 

Referencias: 
[1] La frase tiene origen incierto, pero suele ser atribuida a Thomas O’Neill, político demócrata de Massachusetts, que ocupó un sitio en la Cámara de Representantes entre 1953 y 1987, llegando a ser su vocero por una década. Es citada por Bill Clinton en sus memorias My life (Vintage Books: Nueva York, 2005), p. 326.

[2] Una de estas observaciones dice: “El que llega al principado con la ayuda de los grandes se mantiene con más dificultad que el que lo hace con la ayuda del pueblo, porque se encuentra –aun siendo príncipe– con muchas personas a su alrededor que se creen iguales a él y a las cuales no puede mandar ni manejar a su manera”. Nicolás Maquiavelo, El Principe. Alianza Editorial. Madrid, 1999, p. 72.

[3] Bruce Bueno de Mesquita y Alistair Smith, El manual del dictador. Por qué la mala conducta es casi siempre buena política. Siruela: Madrid, 2011, p. 23.

[4] Disponible en https://plataformaanticorrupcion.pe/wp-content/uploads/2017/07/INFORME-CORRUPCION-SOBRE-GOBERNADORES-Y-ALCALDES.pdf

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