En el marco del XX Encuentro de Derechos Humanos «La crisis del consenso global», la politóloga Rosa Alayza participó en la mesa «La reconfiguración del orden global», donde advirtió sobre el avance de los regímenes híbridos como una amenaza creciente para la democracia. A continuación, compartimos su ponencia.

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A lo largo del siglo XXI en la disciplina de la Política se han desarrollado varias aproximaciones para entender los “autoritarismos modernos”, que contradictoriamente residen dentro de los regímenes democráticos, logrando como resultado la formulación de los regímenes híbridos, basados en una mixtura de rasgos democráticos y autoritarios. Justamente ello ocurre en el contexto de la caída del muro de Berlín, cuando paradójicamente se había asumido que la democracia había triunfado por encima de los autoritarismos. Dicho de otro modo, los rasgos autoritarios existentes parecen ser difíciles de eliminar incluso cuando se busca fortalecer la democracia como sistema político.

Ciertamente el enfoque de los regímenes híbridos representó un avance para salir de la polaridad entre autoritarismo y democracia. En siglo XX varios autores usaron otros apelativos para nombrar los rasgos autoritarios, como enclaves, rasgos o rezagos autoritarios dando cuenta de la hibridez de la democracia tal como vengo diciendo. Mientras que en los años setenta, la diferencia entre autoritarismo y dictadura, no era tan clara, entonces se usaba indistintamente el término, así por ejemplo se denominaron a los regímenes militares autoritarios o dictaduras del cono sur (Chile, Argentina y Uruguay).

A este punto considero útil aclarar que el concepto régimen democrático, que se refiere a las relaciones entre el Estado y la sociedad, que ocurren bajo formas democráticas, es decir, manteniendo el respeto a las competencias propias de las instituciones públicas y del marco legal, que incluye a los derechos ciudadanos y mostrando transparencia en la toma de decisiones. Pero las relaciones democráticas entre el Estado y la sociedad, cambian por la influencia de factores que tienen peso propio como las empresas o cambios tecnológicos que influyen en el manejo de las políticas y agencia del ciudadano, así como la inteligencia artificial. En contraste al régimen democrático en el régimen dictatorial, todo el poder lo concentra el Estado y el grupo que está en el poder, así los derechos y libertades, si no todas, una gran mayoría, pueden ser controladas por el Estado, llegando a ser suprimidas o restringidas, dado que el Estado mediante el gobierno, se irroga el control de la vida ciudadana y sus libertades.

«Los rasgos autoritarios existentes parecen ser difíciles de eliminar incluso cuando se busca fortalecer la democracia como sistema político».

Los regímenes híbridos mezclan rasgos autoritarios dentro de sistemas democráticos y como venimos diciendo no es tan difícil adoptar rasgos autoritarios estando en democracia, algo que en el pasado se veía más como dos estadios muy diferenciados. Para definir esos cambios, hay que analizar cómo cambian las arenas de competencia de la democracia (electoral, institucional, parlamento, ejecutivo, esfera judicial y medios de comunicación). Se identifica como algunas de ellas se suprimen o transforman. Hay que preguntarse: ¿qué cambian? ¿cómo ocurre el proceso de estos cambios? Los regímenes incorporan rasgos autoritarios, aunque su origen haya sido democrático o sea por votación popular, y su hibridez consiste en que conviven rasgos democráticos y autoritarios, según Levitsky and Way (2010)^[1], que dieron como ejemplo el gobierno de Fujimori en los 90. Así vemos que originalmente esta hibridez en el régimen político se centró en países donde la trayectoria democrática no estaba tan consolidada, sin embargo, en la actualidad se reconoce con mayor facilidad y amplitud la transición hacia la hibridez de países democráticos como los Estados Unidos, por ejemplo (Levitsky and Ziblat 2018)^[2]

Hay otros estudios que, bajo otra pregunta, comparten la misma preocupación al preguntar ¿cómo cuidar la democracia? Dicha pregunta nace de la idea de que las democracias pueden decaer, incluso devenir en otro tipo de régimen, dejando de ser democráticas. Y por eso resulta tan importante el profundizar en la historicidad que adquieren los regímenes políticos que manteniendo ciertas prácticas democráticas transitan a otras antidemocráticas con relativa facilidad sin que aparezcan como grandes rupturas. Por ello, tanto políticos como estudiosos y ciudadanos no pueden desatender las prácticas y consensos de las democracias en las que viven. Así una democracia sea fuerte o débil puede devenir en un régimen híbrido al adoptar progresivamente comportamientos autoritarios que ya no se corresponden con el sistema democrático.

En esa dirección el libro de Levytsky y Ziblat (2018) ¿Cómo mueren las democracias? señala un conjunto de elementos que fruto de la práctica histórica apuntan a entender cómo así mueren las democracias. De ese estudio brotan algunas recomendaciones: la primera, evitar la amenaza de elegir a candidatos que, sin una trayectoria ni vocación democrática, pues buscarán cambiar las reglas o el funcionamiento de las instituciones de la democracia. Segunda las reglas legales (constitución) de una época, no siempre resultan fuertes ante los cambios históricos de ciertos componentes asociados al progreso tecnológico de la vida en sociedad, como por ejemplo la emergencia y proliferación de las redes sociales y más dramáticamente el surgimiento de la inteligencia artificial. Tercera, con el paso del tiempo los ciudadanos van cambiando sus culturas políticas, aspiraciones y formas de vida, y de ese modo también cambia el tipo de presiones que ejercen sobre sus candidatos. Por ejemplo, ocurre que hay situaciones de desigualdad que llevan décadas y que, si bien en algunas etapas son motivo de “escándalo”, en otras se asumen como “normales,” como si su reproducción, no fuera un contrasentido con el ideal de igualdad de las personas que propone la democracia. Así la consideración de la igualdad ciudadana quedaría muy afectada al menos en una buena parte de la población.

Estos elementos nos hacen ver que, si bien podemos apreciar o querer mucho al régimen democrático, ocurre que la democracia aún en países con una larga trayectoria como en Europa o Estados Unidos también llegan a estar amenazadas, sea por sus gobernantes actuales que no siguen las reglas o respetan a las instituciones o por grandes poderes corporativos que apoyan y condicionan las políticas públicas de los gobiernos al punto que los agentes del poder económico participan directamente en las instituciones públicas (Sheldom S. Wolin 2008)^[3], así como por los estilos de gobernantes nacionalistas o populistas, que priorizan ciertas políticas sin importar el efecto sobre la democracia. E igualmente las presiones que vienen de los grupos de poder económico con gran peso sobre los gobiernos democráticos, que terminan influyendo en ciertas políticas o decisiones públicas en desmedro de grupos ciudadanos con menos poder y estatus social. ¿Cómo el sistema de la democracia existente puede lidiar con esas y otras tensiones que le ponen a prueba?

El contexto de la globalización y la ilusión democrática

Los grandes cambios que trajo la caída del muro de Berlín en 1989 con el fenómeno de la globalización consistieron en la ampliación de mercados financieros y la presencia de las empresas trasnacionales en el mundo, así como el crecimiento de las redes sociales en el estado como en la sociedad.

«Una democracia sea fuerte o débil puede devenir en un régimen híbrido al adoptar progresivamente comportamientos autoritarios que ya no se corresponden con el sistema democrático».

i)Una de las características más importantes de la globalización ha sido el surgimiento de las empresas trasnacionales que se proponen hacer alianzas con los estados. Así los estados democráticos se orientaron a expandir y fortalecer los mercados globales, asumiendo que la acumulación de ganancias los hacía más poderosos, de acuerdo al recetario conocido como el Consenso de Washington (Williamson1989). Los países del mundo que enfrentaban diferentes condiciones, debían adaptarse al nuevo orden trasnacional donde ya no se priorizan las economías nacionales, ni tampoco el terminar con las grandes desigualdades o promover la protección de derechos ciudadanos. El consenso consistía en que, por la vía de fortalecer el dinamismo de los mercados internacionales donde participarían los estados nacionales mejorarían económicamente los países, y por ende sus gentes y el sistema político de la democracia.

Las 10 medidas fueron promovidas por organismos multilaterales: FMI y BM y se resumían en “ordenar la casa”, disciplina fiscal, reorientar el gasto público, reforma tributaria y financiera, liberalización comercial, privatización de empresas, tipo de cambio competitivo, desregulación y derechos de propiedad.  Es decir, aligerar al estado, reducirlo y hacerlo más ágil y eficiente para hacer negocios en los mercados internacionales, orientándose en los países en desarrollo a la extracción de recursos naturales, plantas de ensamblaje etc. Estos organismos compartían un diagnóstico general de cómo debía ser y funcionar el estado y cuál el tipo de relación con los mercados, al cual todos se debían se adaptar o de lo contrario, se decía que perderían el tren de la historia. De esta manera un tipo de racionalidad económica vinculada al mercado primó sobre la política, una propuesta general se consensuó a pesar de las grandes diferencias entre los estados. Así, a inicios de los noventa los estados se adaptaron y negociaron los compromisos con los organismos multilaterales, dicha propuesta marca hasta el día de hoy su funcionamiento.

Sin embargo, de la propuesta solo se implementó la primera parte del Consenso de Washington, es decir “el ajuste estructural,” que incluyó el achicamiento del estado bajo la idea de que era un peso muerto para las alianzas con las empresas y el ordenamiento de gastos. Si bien para países muy endeudados como Perú, le cayó bien “ordenar la casa,” esto incluyó la política de shock y de otro lado un enfoque economicista de las políticas públicas que a corto y mediano plazo no tuvo en cuenta la gran deuda social existente en sectores como salud o educación que impedía la mejora de la condición de vida de grandes sectores de la población urbana. Por otro lado, se quedaron en el papel las llamadas “reformas de segunda generación” que incluían tanto la dimensión institucional del estado en la gestión de las políticas públicas, así como enfrentar la informalidad, un fenómeno que abarca hasta el presente a un gran sector de la población^[4]. En un periodo de la aplicación de esta política surge un contexto internacional favorable del boom de los recursos naturales cuyos precios subieron en los mercados internacionales desde inicios del 2002 favoreciendo al incremento de los ingresos fiscales de los estados. Sin embargo, la capacidad del estado en mejorar sus políticas públicas, siguió debilitada y su alcance limitado y precario, como se vio en los casos de los servicios básicos de salud y educación donde crecieron los gastos públicos, pero no se cierran brechas de desigualdad ciudadana en esos campos. Y adicionalmente en todo ese periodo la corrupción estuvo presente al más alto nivel de los gobiernos, aprovechando los favores económicos de los grandes negocios de las empresas constructoras.

En suma, la consigan del triunfo de la democracia acompañada de una racionalidad económica, dificultó que las políticas públicas llegaran a tener el efecto democratizador esperado, tal como se constata con los precarios servicios de salud en la emergencia de la pandemia del Covid 19 y el consabido alto número de muertos registrados. Lo mismo sucede en educación, donde al no haber invertido en los servicios de conexión del internet en el país, se acaba marginando a amplios sectores populares durante el periodo del encierro, cuando las clases escolares pasan a la virtualidad y encima ese periodo se alarga. Por ello, no sorprende que las mayorías de los peruanos no tengan “nada bueno que decir del Estado peruano”, según muestra el reciente estudio de Aragon y Sánchez^[5], lo que acaba golpeando a la democracia porque esas políticas representan acciones de la democracia, en el sentido de facilitar condiciones para mejorar la vida cotidiana, mientras al contrario las gentes se sienten abandonas a su suerte.

El régimen hibrido del autoritarismo competitivo.

Los regímenes híbridos dicen Levistky y Ziblat (2021?)  señalan que “las instituciones tienen problemas y los electorados presionan por cambios, a veces peligrosos”. Como dijimos anteriormente la auto restricción y respeto de las instituciones es una regla básica de comportamiento de las autoridades y de las instituciones de la democracia, su trasgresión al contrario muestra comportamientos autoritarios abriendo la puerta a la incertidumbre y el temor.

a) La democracia supone una distribución y equilibrio de poderes a nivel institucional. La idea del control y distribución del poder funciona en el entendido que nadie debe concentrar el poder y que las decisiones deben ser transparentes, de acuerdo a ley. Lo dicho implica una dimensión actitudinal de las autoridades que consiste en que quienes dirigen los poderes o instituciones estén convencidos de que el mejor camino se da mostrando respeto a las reglas y sepan autolimitarse para no transgredirlas. Como lo señalan Levitsky y Ziblat respecto de política USA, varios comportamientos de auto restricción y tolerancia abonan al fortalecimiento democrático. Lo contrario, de lo que conocemos como leyes con “nombre propio”, la impunidad, o “castigar al enemigo político”, pero no a los colegas, no es sino el ejercicio de una discrecionalidad arbitraria llevada por intereses personales.

El caso de Trump hay distintas medidas políticas aplicadas que incurren justamente en un comportamiento que no va en la dirección de fortalecer la democracia, sino de debilitarla al ir contra sus bases, pero que a la par corresponden con su oferta electoral y su base de apoyo, que resulta contraproducente con la democracia a pesar que la defienda. Quiero decir con ello que dichas medidas ya representaban un problema serio para democracia USA antes y después de la campaña electoral de Trump. En este caso ocurre la drástica reducción del estado federal que ha implicado el cierre de servicios sociales de medicina y atención a los sectores pobres, así como los despidos masivos de servidores públicos en varias agencias, no siempre con la debida justificación.

«No sorprende que las mayorías de los peruanos no tengan ‘nada bueno que decir del Estado peruano’, lo que acaba golpeando a la democracia porque esas políticas representan acciones de la democracia, en el sentido de facilitar condiciones para mejorar la vida cotidiana, mientras al contrario las gentes se sienten abandonadas a su suerte»

Por otro lado, las medidas recientes que buscan regular la política institucional de las universidades privadas de primer nivel, cortándoles los fondos federales si no aplican una política de control del estudiantado y profesorado, para que se alineen en la “defensa de Israel.” En este caso no solo se entromete en la vida universitaria, al condicionar los fondos federales de apoyo, sino que las chantajean con el dinero público y con medidas de limitación del ingreso de estudiantes extranjeros mediante la revisión de todas las visas de estudiantes, argumentando que se favorecen del dinero del tesoro público. Algo que además de desbordar a la institucionalidad democrática, trae un efecto negativo, al crear inseguridad y pánico en los estudiantes extranjeros actuales y en los potenciales ingresantes. Al mismo tiempo que afecta la libertad de expresión y organización, de las universidades al regular de forma tan partisana el funcionamiento de la política interna en el campus.

Si bien el poder judicial reacciona, ejerciendo un contrapeso, se ve que las votaciones están divididas o se generando tensiones en las instituciones judiciales, al punto que se ha legislado impidiendo que los jueces federales puedan oponerse a las enmiendas legales de Trump. Esta argumentación defensiva otorga el poder de vetar las ordenes ejecutivas de Trump, solo a la corte suprema que, si bien está dividida, tiene un grupo conservador mayoritario pro políticas de Trump. Estas pugnas se han visto en forma creciente y aguda respecto de la política de deportaciones y de negación de la nacionalización en el caso de los estatus especiales otorgados a cubanos, venezolanos y varios otros países, así como a los hijos de ilegales nacidos en USA. Lo mismo ha ocurrido en algunos estados donde grandes sectores ciudadanos marcharon contra las políticas de Trump, como fue el caso de California donde Trump impuso la presencia de los militares en las calles como una medida de fuerza pugna con el gobernador de tal estado. 

Claramente la política que de Trump no respeta a las instituciones ni la ley y afecta derechos ciudadanos, se muestra como una política de parte, con objetivos propios, que no se auto restringe y menos se comporta con tolerancia a las diferencias. Esto no es otra cosa que un comportamiento autoritario, que viene siendo disputado en varias instancias del estado, frente a lo cual la respuesta de Trump ha sido endurecer los términos, generando un desgaste en las instituciones públicas y alimentando un clima de desconfianza que desgasta la democracia. Los contendores públicos de esta política están en los medios de comunicación, las universidades y otras instituciones, además de las instituciones del propio estado. Los actores de la sociedad salieron a marchar masivamente en varios estados contra la política de Trump, pero al partido demócrata no se lo ve.

b) Si miramos el caso peruano asumiendo todas las diferencias, encontramos de acuerdo a lo que señala Joel Campos (abogado y profesor de derecho constitucional), que en el Congreso desde julio del 2021 se han presentado 341 proyectos de cambio del articulado constitucional peruano, y de ellos 65 si alcanzaron aprobación primero en la comisión de Constitución y Reglamento y luego con apoyo del Pleno. De esos 44 corresponden a la Estructura del Estado; La persona y la sociedad 9 modificaciones, y Régimen económico con 6 cambios. La reforma del Congreso aprobada este año introduciendo la Bicameralidad, que incluye a la cámara de Senadores y aumenta de 130 a 190 el número de legisladores, así como la restauración de la reelección de los congresistas.

Al respecto, Joel Campos, destaca el gran número de cambios sin precedente en la historia peruana, en otros momentos se habían cambiado 20 artículos en 25 años. Asimismo, considera que los congresistas han hecho “un uso desproporcionado de sus competencias y una vulneración al principio de lealtad constitucional que es parte del marco jurídico.” (RPP 20-6-2024). Por otro lado, se eliminó la obligatoriedad de “la paridad y la alternancia de género” en las listas de candidatos y las PASO en las elecciones. Como lo veníamos comentando, las democracias se mueren cuando la deslealtad constitucional constituye una práctica constante de los representantes políticos que aprovechan el poder adquirido para llevar adelante objetivos que desbordan a las instituciones o las vacían de contenido. También la ley reciente ley Apci busca controlar la libertad de prensa al coaccionar legalmente a las Ongs que litigan casos con el estado peruano para que no lo hagan o a los periodistas de investigación de casos de interés público, dado que en ambos casos se exige que entreguen la información que manejan antes de publicarse, violando así la libertad de prensa.

A lo anterior agregamos el caso de los 50 ciudadanos/as asesinados en las movilizaciones de fines del 2022 e inicios del 2023, que se justificaron como bajo el apelativo de “terrorismo.” Con ese argumento hay una negativa del ejecutivo y del congreso de investigar la muerte de 50 civiles 1 policía. Mientras que la fiscalía en julio del 2024 en su informe señala que formalizó 18 denuncias, indica a su vez que la presidenta negó a la fiscalía, el haber dado órdenes a los jefes militares para que repriman a los manifestantes. Esto se suma a las otras denuncias de organismos internacionales sobre el mismo caso. Claramente estos hechos muestran poco respecto a la protección de la vida de los ciudadanos principio nuclear de la democracia y que se extiende bajo otras formas con los problemas de seguridad que afrontamos en el país.

Reacciones ciudadanas distintas

A la base del creciente comportamiento autoritario encontramos sociedades con diferentes grados de reacción, es decir, en los Estados Unidos pese a la gran división social de la población en favor y contra el presidente Trump, y al temor con que vive un gran sector, un significativo grupo de ciudadanos ha salido a dar la cara en las manifestaciones especialmente en los estados demócratas y  las redes sociales de apoyo a los inmigrantes se han activado aunque no se conoce mucho el resultado de sus acciones. Aunque lo descrito no quita el temor predominante y la desconfianza sobre todo de los sectores afectados por las potenciales deportaciones en Estados Unidos, campo en el que Trump se ha enfocado en mantener una política fuerte que ha erradicado varias de las garantías legales a las que se acogieron varios sectores de los inmigrantes legales o en proceso de legalización desde hace décadas y recientemente.

En Perú si bien hay un rechazo masivo al gobierno actual y ha habido algunas movilizaciones en torno a la demanda de seguridad; dicho malestar no se ve canalizado en movimientos significativos. Mientras que en las regiones del sur como Cuzco o Puno los ciudadanos siguen beligerantemente opuestos a la visita de las autoridades del gobierno. En Lima y otras regiones no dejan de ser notorios los casos de manifestaciones personales en contra del gobierno por parte de escolares de colegios públicos, a propósito de las visitas de la presidenta. Mientras, por otro lado, la vida continúa en medio de un encapsulamiento de sectores sociales en asuntos cotidianos de la sobrevivencia. Quiero decir con esto, que la emergencia de los discursos y acciones autoritarias tienen a la par configuraciones distintas de las reacciones contrarias a los gobernantes que son significativas para tomar la temperatura, entender lo que sucede, sin extrapolar situaciones.

¿Qué aprendemos para el presente político?

Como bien queda demostrado en el trabajo de Levitsky y Ziblat, para defender la democracia se necesitan grandes coaliciones ciudadanas que teniendo en su interior una heterogeneidad de posturas y sectores, se logran poner de acuerdo en lo principal, cómo construimos o fortalecemos la democracia y cómo se traduce eso al presente. Esto es un bien escaso en nuestro país. Está claro que integrar una coalición representa una práctica de auto restricción política y personal, en favor de un bien mayor, algo que, en verdad necesitamos con urgencia en el Perú. Hoy día vivimos en los mundos de las fragmentaciones y oportunismos, de las discusiones truncas, dado que la inhibición de la opinión se adelanta al intercambio sano de las diferencias. Conversar o discutir de política, no implica cambiar la forma de pensar del otro, sino intercambiar y disponerse a encontrar puntos en común. Por eso, lo dicho de las coaliciones suena lejano, y cierto es que toma tiempo construirlas. Pero mientras no se asuma la urgencia de la sobrevivencia democrática peruana como lo principal por parte de la mayor parte de la ciudadanía, creo que difícilmente se asumirá el imperativo de construir coaliciones en su defensa.

Como señala Omar Coronel (2024)^[6] la gran dificultad de expresar colectivamente nuestra insatisfacción con la democracia y el autoritarismo actual, se explica por la gran fragmentación de grupos y consignas que existen en medio de un clima de desconfianza mutua que impide sumar. Esto no hace sino corroborar en el terreno de los grupos organizados la urgencia de deponer las agendas particulares para que se logren mínimos de articulación para manifestar el descontento, de lo contrario, se seguirá reproduciendo un gobierno bajo un ejercicio autoritario del poder. Hay que ser claros, los ciudadanos somos parte del problema y de la solución; es sencillo culpar a los políticos y no asumir nuestra parte.

Aunque no lo creamos, tanto abuso de poder del que somos testigos y objeto, nos está minando, hacernos ver como ciudadanos sin valor, no contamos para los gobernantes, nos sentimos sin las fuerzas y las esperanzas de otros momentos. El maltrato de los gobernantes que gobiernan de espaldas a nosotros y de la población, si nos afecta, nos cansa y hace sentir sin poder.  Muchas veces nos preguntamos con un tono de “realismo pragmático”: ¿si hacer algo tendrá efecto? Si no para qué esforzarnos…una excusa adelantada…Como si las cosas funcionaran así. La dificultad que tenemos de sumar en proyectos comunes de manera desinteresada representa otra muestra de cómo vivimos bajo el síndrome del autoritarismo, donde como dice Arendt, vivimos fragmentados, aislados unos de otros, enfrascados en el día a día en asuntos particulares…esa fragmentación se alimenta del autoritarismo, lo mantiene vivo.

Un asunto capital son las próximas elecciones y quizá en cierto modo una prueba para los ciudadanos. ¿Qué actitud tomaremos? ¿Cuán interesados y conscientes estamos de lo que se juega en esta elección? Está claro que las opciones electorales son complicadas, pero no podemos dejar analizar e informarnos bien, definir qué hacer, con quiénes conversar…eso si está en nuestra cancha. Si hay alguien que puede colaborar a cambiar esta condición autoritaria con la que convivimos, somos nosotros los ciudadanos. No es automático, ni hay tampoco hay un camino ideal prefijado, pero sí está claro que para recuperar la democracia y ejercerla. Eso implica animarnos, tal como dije antes, necesitamos volver a convencernos de que como ciudadanos “somos parte del problema y de la solución”.

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^[1] Levitsky y Way.  Autoritarismo competitivo. Regímenes híbridos después de la Guerra Fría. 2010. Cambridge University Press.

^[2] Levitsky and Ziblat ¿How democracies die? 2018, Crown New York.

^[3] Wolin Sheldom Democracy Incorporated: managed democracy and the specter of inverted totalitarism. 2008, Princenton University Press.

^[4] Según INEI 2025, en Perú abarca al 73%

^[5] Aragon y Sanchez. La ilegitimidad del poder político en el Perú. 2023. IEP Lima.

^[6] Coronel Omar La fragmentación de los odios: la torre de babel de las identidades políticas. pp. 189-206.  En Democracia asaltada. El colapso de la política peruana (y una advertencia para América Latina) Barrenechea y Vergara 2024. Fondo editorial Universidad Pacífico. Lima.