Al buscar contar la historia de la migración venezolana, es inevitable sumergirse en la cronología de la debacle social, política y económica de un país que, cuatro o cinco décadas atrás, fue sinónimo de estabilidad económica y tierra de acogida de migrantes de Centro y Sudamérica, quienes llegaron a ella huyendo de dictaduras, conflictos sociales y crisis económicas. Esa misma tierra hoy no es capaz de asegurarle a sus propios hijos e hijas un futuro. Ni un presente.

“Los peruanos se preguntan en qué momento se jodió el Perú y no se ponen de acuerdo en la respuesta. En cambio, los venezolanos tenemos clarísimo el momento en el que se jodió Venezuela: fue en 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia”. Fue un taxista venezolano quien dijo esta frase antes de contar la historia de cómo salió de su país, lo difícil que ha sido migrar, acostumbrarse a vivir en una nueva tierra, hacer del Perú su nuevo hogar. “El socialismo del siglo XXI nos sacó de Venezuela”, añadió.

Y algo de lo dicho por este conductor encuentra cierto correlato en el libro El éxodo venezolano: entre el exilio y la emigración, editado por la fundación Konrad Adenauer y la UARM. En el capítulo escrito por los docentes José Koechlin, Eduardo Vega y Ximena Solórzano, titulado “Migración venezolana al Perú: Proyectos migratorios y respuestas del Estado”, se consigna una tabla que grafica las olas migratorias venezolanas del siglo XXI y las divide en cuatro. Cada una ―señala el mismo texto― guardan relación directa con las condiciones y acciones del régimen bolivariano.

Según detalla la investigación, la primera ola se dio entre el año 2002 y 2003, cuando migraron principalmente la clase media y alta, así como tecnócratas y funcionarios. Entonces el país vivió un intento de golpe de Estado y un paro de 62 días de parte del Sindicato de Petróleos de Venezuela, el cual culminó con el despido de entre 17 000 y 22 000 trabajadores. La segunda ola fue el año 2007, cuando se instauró la inseguridad jurídica de la propiedad privada al empezar a estatizar los canales de televisión y la expropiación de tierras y empresas privadas, además del llamado a referéndum por la reelección indefinida. Entonces se produjo una fuga de capitales y la migración de grandes y medianas empresas. El 2013 empezó la tercera ola migratoria, con la salida del país de la clase media profesional, técnica y universitaria, tras la muerte de Hugo Chávez, la elección de Nicolás Maduro como presidente y los problemas económicos que supuso la inflación y la devaluación monetaria. La cuarta ola empezó el año 2015, con la degradación de las garantías constitucionales, la persecución a la oposición, el desabastecimiento de alimentos y enseres y la violencia e inseguridad social y jurídica. Entonces empezaron a salir del país también las clases bajas, en busca de trabajos e ingresos para sobrevivir.

«Los peruanos se preguntan en qué momento se jodió el Perú y no se ponen de acuerdo en la respuesta. En cambio, los venezolanos tenemos clarísimo el momento en el que se jodió Venezuela: fue en 1999, cuando Hugo Chávez llegó a la presidencia».

Testimonio de un taxista venezolano en Lima

La obligación de dejar la patria

Neylimar tiene 17 años y lleva siete viviendo en el Perú. Aunque su madre siempre dice que Barquisimeto, la ciudad venezolana en la que nació, es hermosa, las memorias de Neylimar no concuerdan con esa descripción. “Lo que yo recuerdo son enfrentamientos armados, un país inseguro. Cuando tenía 8 o 9 años estuve en medio de un tiroteo. Veía las luces de los disparos, la gente corriendo, gritando”, cuenta. Ese episodio fue crucial para que sus padres decidieran que la familia debía migrar. Neylimar, su hermana, su madre y su padre, salieron de Venezuela.

La migración venezolana es una migración forzada y de supervivencia, vinculada a la crisis económica y política, pero también a la vulneración de los derechos humanos de las personas. Así la han definido académicas como Stéphanie Borios, especialista en movilidad humana y doctora en Antropología por la Universidad de Florida, y Cécile Blouin, especialista en movilidad humana, docente PUCP e investigadora doctoral de la Durham University, ambas reunidas en la publicación Trayectorias Migrantes (IDEHPUCP 2021). Ellas afirman que las y los venezolanos vieron, durante los últimos 25 años, cómo el acceso a derechos básicos como a la salud, la educación o la seguridad alimentaria, se fueron degradando hasta hacerse casi imposible acceder a ellos: Los alimentos escasearon, al igual que los medicamentos e insumos médicos, mientras las escuelas fueron afectadas por el maltrato a las y los docentes, el mal funcionamiento de los servicios básicos o la falta de acceso a la tecnología. A esto se fue sumando la amenaza de grupos armados, la persecución por razones de pensamiento u opiniones políticas, el aumento de las tasas de delincuencia y el decidido aumento de la pobreza extrema. El año 2015, según reportó el Fondo Monetario Internacional (FMI), la pobreza llegó al 73% y, el 2016, este número llegó al 81,8%, mientras la pobreza extrema alcanzó el 51%. El año 2018 el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que el gobierno venezolano había violado los derechos económicos, sociales, culturales, civiles y políticos de la población.

Stéphanie Borios concluye en su artículo “Huir para vivir: crisis social y ‘migración de supervivencia’”, que el Estado venezolano no salvaguardó los derechos de la ciudadanía, sino que los vulneró sistemáticamente, poniendo a la población venezolana en situación de supervivencia. “La búsqueda de derechos motiva su salida y la vulnerabilidad en la que se encuentran al salir de su país les acompaña en toda su trayectoria migratoria. La migración no era parte de su proyecto de vida y de pronto se les empujó a ella”, añade.

No debe de sorprendernos, entonces, que el año 2020 ACNUR, la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados, haya declarado que la migración venezolana era la segunda más grande del mundo luego de la de Siria. ACNUR ha calculado que más de 7,7 millones de personas han salido de Venezuela buscando protección y una vida mejor. La primera y la segunda ola tuvieron como principales destinos Europa y el Norte de América, pues migraron personas con recursos económicos y, en muchos casos, con doble nacionalidad. En las siguientes oleadas, los migrantes ―unos 6,5 millones, también según ACNUR― provenían de sectores medios o empobrecidos y eligieron como destino Sudamérica por cuestiones económicas, cercanía geográfica o los lazos familiares que habían constituido con quienes migraron a Venezuela en el siglo XX.

Neylimar salió de Venezuela sin ser muy consciente de lo que significaba y sin comprender del todo el contexto. Ella había nacido en un país donde la violencia, la inseguridad y las dificultades económicas eran lo cotidiano. Esa era su normalidad. “Cuando eres una niña no siempre eres consciente de los problemas que atraviesan tus padres. Tampoco te preguntan cuando toman la decisión de migrar. Eso lo deciden los adultos. Al principio yo tomé el viaje como unas vacaciones, pero luego me fui dando cuenta de que no tenía amigos ni ningún otro soporte emocional. Veía a mis padres quebrarse. Eso me afectó muchísimo”, explica.

Antes de llegar a Perú, Neylimar y su familia vivieron un año en Colombia, en un asentamiento humano, donde conoció la precariedad y el analfabetismo infantil. Y entonces, añade, todo cambió otra vez: “Vivíamos en una fundación católica que promovía la educación. Pero era muy difícil encontrar trabajo, así que mi mamá decidió venir a Perú”.

«El Estado venezolano no salvaguardó los derechos de la ciudadanía, sino que los vulneró sistemáticamente, poniendo a la población venezolana en situación de supervivencia».

Stéphanie Borios

El Perú como destino

Neylimar y su familia llegaron así al Perú, el segundo país que más población venezolana migrante y refugiada ha recibido después de Colombia, que, según el último reporte de la Plataforma Regional de Coordinación Interagencial (R4V), fechado en noviembre de 2024, acoge una población venezolana de 2,81 millones. En nuestro país, según datos de la Superintendencia Nacional de Migraciones al 31 de octubre de 2024, la población venezolana con al menos un día de permanencia en el territorio peruano llegaba al 1 257 354 de personas, divididas de la siguiente manera: 599 479 (47.7%) mujeres y 657 875 (52.3%) hombres. Estas cifras no incluyen a quienes permanecen en el territorio de forma irregular. Sumándoles, la comunidad venezolana en el Perú supera el millón y medio de personas.

El nuestro ha sido tradicionalmente un país emisor de migrantes, no receptor, por lo que ha tenido y aún tiene problemas para adaptarse económica, política y socialmente para recibir adecuadamente a una población extranjera tan numerosa. Diez años después del inicio de la cuarta ola migratoria, buena parte de la comunidad venezolana aún tiene problemas para adaptarse a la sociedad peruana, pues se enfrentan a insuficientes políticas públicas focalizadas en la población migrante. Juan Carlos Delgado, ministro consejero en el Servicio Diplomático, jefe del Departamento de Política Migratoria y coordinador de la Mesa de Trabajo Intersectorial para la Gestión Migratoria (MTIGM), reconoce que el aumento de la migración venezolana a nuestro país representó un desafío especial para la MTIGM. “Como estrategia, se implementó una estructura de subgrupos especializados que permitieron coordinar esfuerzos intersectoriales, entre ellos un grupo de trabajo sobre regularización migratoria, otro enfocado en salud, un tercero en comunicaciones, otro para coordinar mesas regionales en el interior del país, y uno dedicado a la actualización de la Política Nacional Migratoria. Esta segmentación logró que más de 20 entidades estatales, organizaciones de sociedad civil y diversos actores de cooperación internacional articularan respuestas específicas ante la complejidad del fenómeno migratorio existente”, explica vía correo electrónico.

La población venezolana asentada en el Perú es diversa en más de un aspecto. Así lo refleja la II Encuesta dirigida a la Población Venezolana (II ENPOVE) realizada el año 2022 por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI). Según la data recogida, el 28,3% de personas venezolanas residentes en el Perú tiene entre 0 y 14 años, 63,8% entre 15 y 49, y 7,7% más de 50; y las regiones con mayor presencia de residentes venezolanos en el país son Lima (69.6%), La Libertad (5.8%), Callao (5%), Ica (3.3%) y Arequipa (3.1%). Por otro lado, el último nivel de estudios que aprobaron en Venezuela se ve de la siguiente manera: el 10,2% aprobó algún nivel de educación básica, el 31,9% hizo lo propio con la educación media diversificada, el 19,2% aprobó la educación técnica superior, el 37,9% la educación superior universitaria y el 0,8% tiene maestría o doctorado.

La ENPOVE es una importante fuente de datos sobre migrantes y refugiados que, complementada con otros estudios da un panorama más amplio de la forma en la que se han asentado las y los migrantes y refugiados. Estudios como Un encuentro de oportunidades: la movilidad humana de Venezuela y el desarrollo del Perú, realizado por el Banco Mundial y ACNUR y publicado el año 2024, por ejemplo, da cuenta que el 27% de la población tiene un tipo de seguro de salud; la mayoría, el 20%, acude al SIS ―al que solo se puede acceder con carnet de extranjería, excepto en el caso de mujeres gestantes y menores de cinco años―, el 5,5% a EsSalud y el resto accede a un seguro privado. Aunque la publicación reconoce avances del Estado peruano, especialmente en la inclusión de población con enfermedades graves y discapacidad severa, también presenta grandes limitaciones de afiliación por los altos costos, complicaciones en los trámites, falta de información o discriminación.

La educación, según la misma publicación, ha sido el ámbito más receptivo con la población migrante venezolana ―dentro de sus limitaciones―, dado que el DL 1350 de Migraciones, garantiza el derecho a la educación de personas migrantes y refugiadas. Esto, sin embargo, ha generado presiones a un sistema educativo que ya presentaba brechas y rezagos Se estima que el 25% del total de la población venezolana en el Perú está en edad escolar, pero que solo 140 680 han logrado matricularse en algún tipo de sistema ―educación básica regular, especial y alternativa― y hay alrededor de 67 000 niños, niñas y adolescentes que no están estudiando. Aunque por ley la falta de documentación no debería ser impedimento para la matrícula escolar, hay una serie de barreras que limitan el acceso educativo y tiene que ver con la imposibilidad de cubrir los gastos de escolaridad, con la falta de vacantes, falta de información o falta de sensibilización del personal que recurre a prácticas discriminatorias. Por otro lado, la permanencia y adaptación de la población escolar depende de factores socioculturales, como la discriminación y la violencia. Y Neylimar, de 17 años y recién egresada de la escuela secundaria, puede dar fe de ello.

Hacerle frente al prejuicio

Neylimar perdió seis meses de colegio por el cambio de país, pero no lo lamenta especialmente, pues conoce a compañeros migrantes que perdieron hasta dos años por el proceso migratorio. Lo que sí lamenta es la xenofobia que sufrió, tanto de estudiantes como de profesores y directivos: “Tuve un profesor de matemáticas que decía que había conocido a venezolanos horribles que robaban y mataban ¿Por qué tenía que decírmelo y en clase?” En otra ocasión se le quiso negar ser parte del equipo de bastoneras de la escuela porque “más de la mitad eran venezolanas” y “no podía ser la imagen del colegio”.

Situaciones como estas minaron su confianza. Por años, Neylimar creyó que no tenía derecho a postular a concursos escolares, ir al médico o participar en espacios públicos por ser extranjera. Y su honestidad al relatarlo es tan desgarradora como interpeladora: “Yo pensaba: soy venezolana, no debería estar aquí. Tenía internalizado que si participaba en algo me iban a decir que le estaba quitando oportunidades a los de acá”. Trataba de minimizar su acento, de no entristecerse ante las continuas mudanzas y no sabía cómo manejar el que sus amigas la consideren la excepción dentro del estereotipo: “Mis amigas me dicen que están agradecidas de tenerme en su vida al mismo tiempo que me dicen que les da miedo ver a un grupo de venezolanos. Ellas dicen que yo soy la excepción. Y eso duele más”.

El antropólogo Pablo Vega Romá, en su artículo “Experiencias de discriminación hacia jóvenes migrantes venezolanos: construcción del discurso e impactos en la vida cotidiana” ―incluido en la publicación Trayectorias Migrantes (IDEHPUCP 2021) ―, reconoce que el problema de adaptación de las y los migrantes se complejiza en países como el nuestro, con problemas estructurales que han afectado históricamente a la población. “Las autoridades del Estado peruano culpan a los migrantes de problemas de larga data, promoviendo el rechazo al otro extranjero”, escribe.

«Atribuir causalidad delictiva a la nacionalidad es un error. La criminalidad tiene causas estructurales, no pasaportes».

Erika Solís

Esta afirmación encuentra un asidero en la encuesta sobre percepción de la población peruana sobre la venezolana, realizada en 2023 por el Instituto de Estudios Peruanos (IEP) por encargo de la organización Capital Humano y Social Alternativo (CHS Alternativo). El estudio reveló que el 76,6% de encuestados ―1 001 personas― considera que las y los peruanos no estamos preparados para acoger a las y los venezolanos y que el 82,8% cree que el Estado no está preparado para promover la integración de la población migrante a nuestro país. El 61,4% no alquilaría una vivienda a una persona venezolana y el 80,6% sentiría inseguridad en su barrio si la mayoría de personas que viven en él son venezolanos. Anteriormente, el año 2021, un estudio similar elaborado por la Universidad del Pacífico y ACNUR, había dado a conocer que el 70% de encuestados ―1 085 personas― consideró que la migración tenía un impacto negativo en el Perú, argumentando que aumentaba los índices de inseguridad ciudadana, delincuencia, informalidad y suponía menos trabajo para la población peruana.

Esta percepción se ha visto alimentada ―o reflejada― a través de la cobertura mediática de los procesos migratorios. Según un estudio realizado por la Universidad del Pacífico y ACNUR el año 2021, el 44% de las noticias referidas a la población migrante mencionaba problemas relacionados al desplazamiento venezolano: el 26% mencionaba que contribuían a la criminalidad, el 7% que les quitaba trabajo a los peruanos, el 4% que eran los causantes de la baja de salarios y el 2% que saturaba los servicios públicos.

Así, vemos que la población peruana empezó a responsabilizar a la migración venezolana del aumento de la inseguridad ciudadana. Al respecto, Erika Solís, investigadora del IDEHPUCP y especialista en criminología y seguridad ciudadana, señala que vincular migración y criminalidad es un error. «Atribuir causalidad delictiva a la nacionalidad es un error. La criminalidad tiene causas estructurales, no pasaportes», señala. Y considera que criminalizar a las personas migrantes tiene que ver más con el rechazo a la otredad que los medios de comunicación alimentan: “El lenguaje que se usa frente a un extranjero criminal y un nacional criminal es totalmente distinto”.

«Menos del 1% de los venezolanos en el Perú están privados de libertad, pero el 70% de ellos son procesados sin sentencia».

Maholy Sánchez

Para Erika Solís es claro que no se trata de nacionalidad, sino que son múltiples los factores que se necesitan para establecer trayectorias delictuales. Cita por ello el estudio realizado por la Organización Internacional para las migraciones (OIM) el año 2024: Migración e incidencia delictiva en el Perú. Un análisis a partir de la evidencia disponible. El documento concluye lo siguiente: “La revisión de literatura revela que la asociación entre migración y delito no es particular del contexto peruano y suele estar influenciada por sesgos, especialmente en periodos de inseguridad o percepción de inseguridad. Además, varios estudios de percepción sobre la migración venezolana en Perú muestran la construcción de una narrativa que vincula la migración con la inseguridad, sin respaldo en evidencia empírica”. El estudio muestra que, en el caso de los delitos contra la vida, el cuerpo y la salud, las denuncias hechas a la población migrante representan cerca del 2% del total de denuncias. En el caso de los delitos patrimoniales la cifra es de menos del 1%.

Sin embargo, aunque diversos especialistas señalen que las cifras no respaldan los prejuicios, hay sectores que no descansan en su intento de alimentarlos. Testimonio de ello puede dar Maholy Sánchez, criminóloga venezolana que reside en el Perú desde 2017. “Me he negado a dar entrevistas para hablar del ‘perfil del delincuente venezolano’. Eso es un sacrilegio para nuestra carrera”, cuenta, a la vez que denuncia frontalmente el uso político y mediático del discurso de la “invasión delincuente”. Como criminóloga, se niega a participar en esa puesta en escena.

Maholy Sánchez detalla que menos del 1% de los venezolanos en el Perú están privados de libertad, pero que el 70% de ellos son procesados sin sentencia. Y, sobre el crimen organizado transnacional, advierte que está captando a migrantes en situación de vulnerabilidad, coincidiendo en esto con Erika Solis, quien enfatiza que las modalidades delictivas ―extorsiones, secuestros, etc.― ya existían y no son exclusivas de la población venezolana. “No se trata de la situación migratoria. Se trata de cómo se ensamblan y reconfiguran las bandas ya existentes”, añade antes de explicar que el crimen transnacional tiene una explicación en las “fronteras porosas”, es decir, fronteras poco vigiladas o de fácil acceso. Un concepto del que se habla mucho históricamente cuando se abordan temas como el narcotráfico.

«El Estado peruano no reconoció la reelección de Maduro de este año y ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela ¿Por qué entonces no ha implementado mecanismos de protección para quienes huyen de ese régimen?».

Ruth Huarancca

Migración, regularización, securitización

Dice Juan Carlos Delgado que la regularización migratoria constituyó el mayor desafío para la MTIGM, pues el volumen de solicitudes y la falta de documentación adecuada de muchos migrantes venezolanos, complicaron los procesos para formalizar su permanencia en el país. Al respecto, Cécile Blouin comenta que no son pocos los migrantes que han salido de Venezuela sin tiempo para regularizar sus documentos, y que el Estado peruano no ha implementado las medidas para incluir adecuadamente a esta población. Además, se presenta un problema adicional que recogen José Koechlin, Eduardo Vega y Ximena Solórzano en su trabajo: el año 2017, con la expulsión del embajador de Venezuela de nuestro país, las y los ciudadanos venezolanos empezaron a tener problemas para realizar trámites legales o renovar documentos. Además, las y los funcionarios de la Embajada empezaron a asumir un rol político, tildando a las y los migrantes que se acercaban a ella de traidores a la revolución. Desde ahí, es muy probable que el camino que recorra una persona migrante vaya cuesta arriba.

Maholy Sánchez ha conocido en primera persona los problemas consulares que una persona migrante tiene que atravesar. Ella llegó al Perú en diciembre del 2017 de forma irregular y precipitada. No tuvo tiempo de regularizar sus papeles o de planear un viaje ordenado. La idea de que ella, su familia nuclear ―su pareja y sus dos hijos― y su familia extendida debían abandonar Mérida, ciudad al noroeste de Venezuela, no apareció de repente, pero fue difícil de programar. “Éramos un grupo familiar opositor, vinculado a un movimiento estudiantil crítico tanto del oficialismo como de la oposición tradicional, y ya habíamos recibido amenazas directas”, cuenta. Además, había un gran problema, pues su pareja pertenecía al Ejército. Cualquier acción para salir del país podría considerarse traición a la patria. Llegar al Perú, sin embargo, no supuso el final del viaje.

Maholy logró el status de refugiada el año 2018, pero fue la única de su grupo familiar en obtenerlo. La diferencia entre tener o no papeles influyó directamente en la estabilidad laboral y, en su caso, le permitió quedarse en nuestro país mientras el resto de su familia migraba a España. Este proceso le permitió conocer de cerca la invisibilización de los hijos e hijas de migrantes, especialmente en el caso de familias refugiadas que no pueden acceder a servicios consulares venezolanos. “Mi hijo mayor está a cinco años de la mayoría de edad y no tiene documento de identidad. Intenté obtener la nacionalidad peruana para mis pequeños, pero no es posible para menores de edad. Ellos se fueron a España porque allá, con dos años de residencia, ya es posible solicitarla. Acá, no”, cuenta.

En ese sentido, Cécile Blouin denuncia la falta de voluntad política para implementar políticas inclusivas: “No hay un camino para regularizarse. No hay interés. No se asume que el Estado tiene obligaciones con todas las personas en su territorio”, dice, mientras recuerda que la exclusión de la población migrante se hizo evidente durante la pandemia, cuando el Estado excluyó explícitamente a la población migrante de los bonos sociales, delegando esa responsabilidad a la cooperación internacional. Volviendo al tema de la regularización, Blouin denuncia que son pocos los programas implementados, que estos terminan exigiendo trámites anuales, dificultando el arraigo y que, además, no hay propuestas legislativas a favor; al contrario, predominan iniciativas para restringir derechos.

«Una política migratoria basada en los derechos humanos da un mayor control sobre la movilidad. Tener a las personas registradas permite planificar recursos, salud, educación, etc. No solo es otorgar derechos, es gobernar».

Geraldine Chávez

Que el Estado peruano no implemente más y mejores medidas para acoger a la población venezolana resulta contradictorio al entender de muchas personas. Entre ellas, Ruth Huarancca, abogada especialista en movilidad humana. “El Estado peruano no reconoció la reelección de Maduro de este año y ha roto relaciones diplomáticas con Venezuela ¿Por qué entonces no ha implementado mecanismos de protección para quienes huyen de ese régimen?”, se pregunta. Por ello, considera que el Perú recibió a los migrantes, pero no los acogió: los valoró según su utilidad. “Se aceptaba al migrante si traía preparación académica o mano de obra útil. Así se pierde la centralidad de la persona, pues se piensa en cuánto puede dar, no en qué necesita”, añade.

Lo que sucede con la normativa en torno a la migración es que ha ido cambiando los últimos años porque también resultó insuficiente ante las olas migratorias venezolanas. Se ha ido adecuando en el camino, a decir de Geraldine Chávez, investigadora del IDEHPUCP, quien resalta que el año 2017, cuando fue promulgado el DL 1350 ―conocido también como Ley de Migraciones―, este fue considerado una normativa de avanzada por su enfoque de derechos humanos, pero que en la práctica comenzó a modificarse y a asumir un enfoque securitista.

Una muestra de cómo han cambiado los enfoques tienen que ver con los procesos de regularización: en 2017 se estableció el Permiso Temporal de Permanencia (PTP), el 2023 este cambió por el Carnet de Permiso Temporal de Permanencia (CPTP), pero actualmente se ha implementado el Procedimiento Administrativo Sancionador Especial Excepcional (PASEE), el cual ha acelerado las expulsiones. Al respecto, Geraldine Chávez destaca que la normativa peruana contiene principios jurídicos garantistas ―como el de unidad familiar o el de no devolución―, pero que, en la práctica, “la protección nunca ha sido permanente, solo temporal, y no se han vuelto a implementar programas de regularización desde 2023”. Si bien ella reconoce que existe la idea que una política de control migratorio está reñida con un enfoque de derechos humanos, considera que creer esto es un gran error. “Una política migratoria basada en los derechos humanos da un mayor control sobre la movilidad. Tener a las personas registradas permite planificar recursos, salud, educación, etc. No solo es otorgar derechos, es gobernar”, señala.

Según el informe De la hospitalidad al control: ¿Securitización de la migración en el Perú? elaborada por Encuentros, el Servicio Jesuita a Migrantes, y publicada en abril de 2025, el giro securitista en la legislación migratoria peruana es evidente, sostenido en el DL 1573, que endurece las sanciones para la migración irregular; el DL 1574, que amplía facultades de la Policía Nacional del Perú sobre el control de identidad, estableciendo diferencias entre el trato a la población peruana y a la población extranjera; el DL 1582, que estableció el PASEE; el DS 11-2024IN que refuerza medidas de control migratorio; y la Ley 32192 que incorpora causales de expulsión para la población extranjera.

A decir de Ruth Huarancca, el endurecimiento de medidas precariza aún más a la población migrante. Para ella, nunca debió aprobarse el PASEE, pues ya existía un procedimiento sancionador ordinario con garantías. “Las medidas deben adaptarse al perfil real de la población migrante, que hoy es precarizada, vulnerable y diversa ―dice― Además, han pasado tantos años desde que empezó esta migración, que el ‘no estábamos preparados’ ya no puede ser excusa”.