La ‘Ley Tudela’ y la estocada al cine peruano
Por: Juana Gallegos
Periodista y docente en la UPC.
El Congreso cocinó un proyecto de ley que sería perjudicial para el cine nacional. La censura de películas que puedan incomodar al poder y la reducción del presupuesto estatal que afectaría, especialmente, al cine de regiones son sus artículos más polémicos. En este informe, varias voces se pronuncian sobre el peligro que correría la libertad de creación y la producción de películas al interior del país, que actualmente están brillando en los festivales internacionales.
Septiembre trajo una buena noticia para el cine peruano. La película aymara Yana-Wara (2023) del director puneño Tito Catacora es la elegida para representar a nuestro país en los próximos premios Oscar y Goya. El filme, que retrata temas como la violencia de género y el concepto de justicia, busca alcanzar una nominación en la categoría de Mejor Largometraje Internacional en los premios de la Academia estadounidense, y como Mejor Película Iberoamericana en la mayor gala del cine español.
Este suceso, que llena de orgullo al país, se da en un contexto convulsionado por la aprobación del dictamen de la Ley que crea incentivos económicos y fiscales para el fomento de las actividades cinematográfica y audiovisual del Perú, cuyo origen fue la suma de nueve proyectos presentados por diferentes congresistas, siendo el PL 5903/2023 de Adriana Tudela de Avanza País, el que más polémica causó sobre el futuro del cine peruano.
Así la llamada “Ley anticine” o “Ley Tudela” que han impulsado nuestros parlamentarios ―observada por el Ejecutivo y actualmente en suspenso― ha sido duramente criticada por la comunidad de cineastas, productores y trabajadores audiovisuales, ya que uno de sus artículos despierta el fantasma de la censura al plantear que el contenido de las películas que aspiran a financiamiento estatal debe ser evaluado según ciertos parámetros de los que hablaremos más adelante.
Por otro lado, si se aprueba esta ley, se reduciría en un 30% el presupuesto para los proyectos, lo que significaría un duro golpe, especialmente para el cine de regiones que ha surgido gracias a presupuesto del Estado, y que, en los últimos años, nos ha regalado historias fascinantes que han dejado en alto el nombre del país en el extranjero. Ahí tenemos a Kinra (2023), la ópera prima del cusqueño Marco Panatonic que se llevó el premio mayor en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata el 2023, o Wiñaypacha (2017), de Óscar y Tito Catacora, premiada como la mejor ópera prima en el Festival Internacional de Cine en Guadalajara.
Yana-Wara, por ejemplo, que se estrenó en abril pasado y está recibiendo reconocimiento internacional, recibió estímulos económicos del Ministerio de Cultura en el Concurso nacional de proyectos de largometrajes de ficción en lenguas originarias el año 2018. Sin esa contribución, dice el cineasta Tito Catacora ―quien construyó la historia junto a su sobrino Óscar fallecido en 2021― este filme, grabado en el altiplano y que también buscó financiamiento privado, no hubiera sido posible.
Pero ¿qué hubiera pasado si aquel año que Yana-Wara ganó el concurso la denominada “Ley Tudela” hubiese estado vigente? El director puneño ensaya una respuesta: “No hubiéramos podido llevar a cabo el proyecto de forma libre (…) en la película hay escenas de denuncia que grabamos sin pensar que nos las podrían objetar, de pronto [con la Ley Tudela] nuestro trabajo pudo estar más limitado para construir la historia, o nos hubiera llevado a excluir ciertas escenas”.
Yana-wara, pelicula seleccionada para representar a Perú en los premios Oscar y Goya 2025
¿Silenciar nuestro cine?
Como mencionamos, la censura es uno de los puntos más controversiales de este proyecto de ley, que en su artículo 13.3 señala que “no podrán beneficiarse de los estímulos económicos, las obras cinematográficas que atenten contra el Estado de derecho o contravenga la defensa nacional, la seguridad y el orden interno o que vulnere los principios reconocidos en la Constitución y el ordenamiento jurídico”.
Este es el principal motivo que ha llevado al colectivo En Defensa del Cine Peruano ―que agrupa a más de 70 gremios y cerca de 700 trabajadores independientes del cine y el audiovisual del país― a pronunciarse: “[Esta ley] coacta la libertad de expresión, la libertad creativa, los derechos culturales y amenaza con una censura que prohibiría que los cineastas muestren cualquier historia que deseen filmar”, han dicho. “Su objetivo es controlar la memoria y silenciar voces de las artes que recuerdan masacres como las de Socos, Putis, Accomarca, Pativilca y las cometidas entre diciembre de 2022 y enero del 2023”, añadieron en uno de sus comunicados.
Para entender qué está pasando y porqué parece que el fantasma de la censura propia de las dictaduras nos respira en la nuca, recordemos qué pasó con la película del director Joel Calero estrenada este año, La piel más temida, un drama sobre una muchacha que vive en Suecia y vuelve a Cusco para vender una casa de herencia familiar, y que fue acusada de “humanizar a terroristas” de Sendero Luminoso por los sectores de derecha.
No faltaron congresistas como Alejandro Muñante de Renovación Popular que, en una reacción desproporcionada, propuso la creación de una comisión multipartidaria para investigar el contenido de las películas que recibieron estímulos del Estado entre 2011 y 2023: “El Congreso debe investigar inmediatamente el correcto uso de los recursos públicos destinados a la producción de películas señaladas por su sesgo ideológico y acusadas de tergiversar la historia del país!”, escribió en su cuenta de X.
Colectivo ‘En defensa del cine peruano’ en rechazo a la propuesta de la congresista Tudela.
No a la censura
Dado este escenario, diferentes voces se han pronunciado para sustentar porqué la llamada “Ley Tudela” transgrede derechos fundamentales e incluso amparados por la Constitución Política que en el artículo 2, inciso 4 señala que los peruanos tenemos derecho a: “las libertades de información, opinión, expresión y difusión del pensamiento mediante la palabra oral o escrita o la imagen, por cualquier medio de comunicación social, sin previa autorización ni censura […]”; y a esto se suma lo señalado en el inciso 8: “[Toda persona tiene derecho a] la libertad de creación intelectual, artística, técnica y científica, así como a la propiedad sobre dichas creaciones y a su producto”.
Hay un intento de silenciar para cambiar la historia y que la ciudadanía no conozca los crímenes cometidos durante la guerra interna o los que se han cometido recientemente por parte del Estado”
—Melina León, cineasta.
Según la comunidad trabajadores de la cinematografía y audiovisuales del país, la libertad de creación sería entonces la primera en caer si es que la llamada “Ley anticine” prospera, pues, como señalamos, menciona que no podrán acceder a financiamiento estatal los proyectos de películas que “atenten contra la defensa nacional” o la “seguridad o del orden interno”, es decir, que incomoden al poder.
Pero “¿quién puede determinar cuáles son los intereses del Estado en términos de seguridad? ¿los militares?”, sostiene la cineasta Melina León preguntándose si el contenido de las películas entonces tendría que pasar el filtro de la milicia. “Evidentemente, hay un intento de silenciar para cambiar la historia y que la ciudadanía no conozca los crímenes cometidos durante la guerra interna o los que se han cometido recientemente por parte del Estado”, añade la directora de Canción sin nombre (2019), película galardona en varios festivales internacionales.
Lo mismo se pregunta Tito Catacora: “Cuando hablan de seguridad del Estado, entonces ¿las películas tendrán que pasar el filtro del Ministerio del Interior o del Ministerio de Defensa, o sea, los militares evaluarán nuestro proyecto? Claramente, la intención es la censura, entonces vamos a tener que limitar nuestra creación artística”.
Siguiendo esta línea, el cineasta amazónico Carlos Marín, director de Mapacho (2019) opina que “dejar que eso lo decida una ‘comisión’, un ‘grupo de eruditos’ es revivir la censura en nuestro país, algo que durante años prácticamente no ha existido o fue minimizada completamente”.
La productora audiovisual y directora del cortometraje Mujeres sin rostro de la independencia del Perú, Yanira Cáceres, opina que “al imponer la normativa restricciones temáticas busca amordazar las voces de los cineastas, especialmente aquellos provenientes de las regiones, quienes a menudo retratan realidades incómodas que cuestionan el statu quo”.
Lo que se pregunta el colectivo, en suma, es ¿quién determinará los parámetros para decidir si el contenido de una película que aspira a prepuesto estatal atenta o no contra el estado de derecho, la defensa nacional, la seguridad o el orden interno del país? Además, ¿qué significa atentar contra estos? ¿qué temáticas serían aceptadas o no? ¿qué historias se podrán mostrar en el cine o no? ¿se busca acaso que se cuente de una sola forma la historia del país en el cine?
La cineasta y escritora Rossana Díaz Costa considera que, claramente, existe en el dictamen una cláusula de censura que “no permitirá que se hagan películas que toquen ciertos temas que un sector con un sesgo ideológico conservador y de derecha extrema rechaza”. Para la directora de Un mundo para Julius (2021), el tema principal sobre el que hay un rechazo es la memoria de nuestro país: “El conflicto armado, si no es tocado según sus parámetros, será un tema prohibido. También hay un rechazo hacia temáticas LGTBIQ+ y de derechos de las mujeres con lo cual no se podrán contar historias que resulten ‘incómodas’ para un sector social que no quiere que exista pensamiento crítico”.
Nos preguntamos si con la “Ley Tudela” vigente habrían sido posibles películas como Paloma de Papel (2015), que fue un éxito de taquilla con 248 mil espectadores y que cuenta la historia de un exterrorista que al salir de prisión recuerda cómo fue capturado de niño y obligado a formar las filas de Sendero Luminoso; o, incluso, La boca del lobo (1988) de Francisco Lombardi, que es considerada una película hito del cine peruano y que retrató en la ficción la masacre de Socos, Ayacucho, en la que 32 personas fueron asesinadas por una unidad de policías, conocidos como los Sinchis.
Películas Canción sin nombre (2019), Mapacho (2019) y Paloma de Papel (2015)
“Condicionar la creación, reducirla o quitarle partes, evitar que se conozca ciertos temas es limitarla y encajarla en la idea de un gobierno, o de un sector social o religioso (…) La, prácticamente, inexistente censura que teníamos hasta hoy ha permitido la diversidad temática, sensorial, emotiva, pero también que encontremos enfoques y miradas de confrontación al sistema y que remecen el statu quo, saludables en un país democrático”, reflexiona Carlos Marín.
El derecho a crear
La máxima manifestación de rechazo de la sociedad civil contra el proyecto de ley en cuestión se dio en agosto pasado durante la inauguración del 28º Festival de Cine de Lima, organizado por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) cuando los asistentes abuchearon a la entonces ministra de Cultura Leslie Urteaga mientras daba un discurso. Le gritaron “mentirosa” e “hipócrita” por su inacción frente a la ley propuesta por la congresista Tudela.
La, prácticamente, inexistente censura que teníamos hasta hoy ha permitido la diversidad temática, sensorial, emotiva, pero también que encontremos enfoques y miradas de confrontación al sistema y que remecen el statu quo, saludables en un país democrático”
—Carlos Marín, cineasta.
“La censura implicará un estancamiento creativo que frenará el florecimiento del cine nacional al imponer restricciones que coartan la creatividad y la innovación (…) Es fundamental que las leyes y regulaciones promuevan la diversidad, la libertad de expresión y el acceso a la información. Esta propuesta legislativa, lejos de cumplir con estos objetivos, representa un retroceso peligroso que amenaza la vitalidad del cine y la democracia”, opina Yanira Cáceres.
Tito Catacora, por su parte, agrega que la censura respondería a un temor a que desde el cine de regiones se siga cuestionando a los poderosos: “En la época de los terratenientes, ellos no querían la educación del originario, o sea del indio, decían que un indio leído era un indio perdido. Ahora, que se revierte esa situación, pensarán que un indio cineasta es un peligro para la nación […] Pensarán que como artistas de las regiones podemos levantar un proyecto cuestionando el statu quo y de repente no nos temblará la mano de expresarnos sobre la política, y creo que ahí radica el temor”.
Melina León, por su parte, insiste en que “el dictamen promovería un lenguaje que utilizan las dictaduras para restringir la libertad de pensamiento. En nuestro caso atenta directamente contra la libertad de creación que está garantizada por la Constitución”.
Pero ¿por qué es tan importante hacer cine sin parámetros ni censuras? Rossana Díaz Costa, quien es también presidenta de la Asociación de directoras y guionistas de cine y del audiovisual del Perú (NUNA) es enfática al decir que el arte debe ser libre: “Cualquier arte, no solo el cine, pues es uno de los pocos espacios en el que el ser humano es libre para expresar lo que siente o lo que piensa, tanto sus emociones como su pensamiento crítico acerca de su sociedad y el mundo. Con esta ley, lo que quieren es crear un pensamiento único, propio de una dictadura”.
“El arte es el alma de un pueblo, y debe ser una creación libre”, reflexiona Catacora. “En países como el Perú las visiones de los artistas cambian. No es lo mismo la visión de un compañero andino que la de un cineasta limeño, que conceptualiza el mundo de otra manera. Nosotros los andinos tenemos nuestra cosmovisión, nuestras costumbres, y los compañeros que vienen de la selva también. Creo que se debe impulsar que exista esa diversidad de expresiones y visiones. Y ahí radica la riqueza pues somos un país multicultural, multilingüe, multiétnico, ¿por qué limitar?”.
Un golpe al cine de regiones
El dictamen de la “Ley anticine” buscaría reemplazar al Decreto de Urgencia 022-2019, la ley que actualmente promueve la producción cinematográfica en nuestro país, que fue muy bien recibida por el gremio cinematográfico, y que entre sus cualidades contempla que el Ministerio de Cultura destine un mínimo de 6,000 UIT de su propuesto anual para el cine nacional. Sin embargo, el dictamen en cuestión propone que sea el Ministerio de Economía quien condicione el porcentaje de incentivos cinematográficos, así, menciona el gremio, en un año se podría otorgar el 100% del monto y al año siguiente sólo el 50%, lo que crea incertidumbre para la realización de los proyectos.
Ahora, que se revierte esa situación, pensarán que un indio cineasta es un peligro para la nación […] Pensarán que como artistas de las regiones podemos levantar un proyecto cuestionando el statu quo y de repente no nos temblará la mano de expresarnos sobre la política, y creo que ahí radica el temor”
—Tito Catacora, cineasta.
Siguiendo esta línea, otro punto muy criticado ha sido la reducción del presupuesto para el cine de regiones. El inciso 13.5 de la autógrafa establece que “se otorgará el 70% del costo de la actividad cinematográfica o audiovisual, excepto en el caso de las óperas primas, para las cuales se entregará el 100% del presupuesto total a un autor de cine o audiovisual regional por única vez”.
La comunicadora y productora cinematográfica Jenny Velapatiño dice que este inciso tiene una trampa y explica que hacer una película requiere de una inversión considerable que, incluso, el presupuesto estatal no cubre por completo: “Los estímulos económicos otorgados por el Ministerio de Cultura, aunque son de gran ayuda, no suelen cubrir la totalidad del presupuesto necesario. Estos fondos, más bien, funcionan como un incentivo para que los productores busquen financiamiento adicional. Sin embargo, si el porcentaje de financiamiento estatal se reduce al 70%, la búsqueda de inversores se volverá aún más compleja y prolongada, ya que las productoras deberán garantizar el 30% restante”.
Velapatiño, que tiene más de treinta años de experiencia en la producción cinematográfica, añade que “esta situación podría generar que numerosos proyectos cinematográficos queden inconclusos o, peor aún, que el público se vea privado de conocer historias valiosas que forman parte de la memoria colectiva de nuestros pueblos, y que no la lleguen a conocer jamás”.
Por su parte, el joven cineasta cusqueño Marco Panatonic, director de Kinra, que ganó seis premios en el Festival de Cine de Lima pasado, incluyendo Mejor Película, conoce de cerca la realidad de los realizadores de regiones: “Los que vivimos en regiones, ya con el Decreto de Urgencia 022-2019, estamos en desventaja a la hora de hacer una película. Aquí no es realista pensar hacer una carrera, o constituir una empresa productora porque el ecosistema no es favorable”.
Se refiere a que, si bien en los últimos diez años los estímulos económicos se han diversificado y llegado al cine regional, aún esto no es suficiente: “No tenemos espacios formativos regulares como una escuela de cine, tampoco hay acceso a equipamiento porque, además, se importa del extranjero. Muchos compañeros y compañeras se van a Lima a aprender en una industria precaria. No hay capacidad de inversión porque las películas no son necesariamente un producto comercial. Los presupuestos que se entregan no cubren ni pueden competir con otras películas de otros países. Hay muchas desigualdades en regiones”, añade Panatonic.
Velapatiño comparte esta percepción: “Si de por sí realizar películas no es una tarea sencilla, hacerlo fuera de Lima presenta desafíos aún mayores. En las regiones no existen, por ejemplo, empresas de alquiler de equipos de fotografía o iluminación como las que se encuentran en Lima, lo que obliga a transportar toda la logística desde la capital, lo que incrementa los costos. Lo mismo ocurre con el área de sonido”.
Hay que recordar que Kinra, película en quechua sobre la migración, ganó en 2017 el Concurso de proyectos de largometraje de ficción a nivel nacional en lenguas originarias y recibió un incentivo del Ministerio de Cultura, pero esto, por lo visto, no fue suficiente pues le tomó diez años al director cusqueño realizarla. Esto permite hacernos una idea de lo difícil que es hacer cine en regiones. Hoy, para satisfacción de los peruanos, el filme está cosechando triunfos en festivales del extranjero.
No es verdad, entonces, como dijo el desinformado congresista Alejandro Cavero de Avanza País que el cine nacional no ha ganado “absolutamente nada” (sic) o que produce “muy malas películas”. Tampoco es cierto que el Ministerio de Cultura, como mencionó, “hizo mal en entregar alrededor de 26 millones de soles en estímulos económicos para las producciones nacionales”. Pues se confirma que muchos de los filmes que recibieron estos incentivos tuvieron éxito de taquilla como La hora final (224, 000 espectadores) o La teta asustada (250,000). O películas como Canción sin nombre que fue estrenada en el Festival de Cannes, se presentó en cincuenta salas de cine en Francia y fue distribuida por Netflix.
“Es claro que [este dictamen] responde a un tema ideológico, no se trata de un tema de preservar fondos estatales. Porque si se trata de pérdidas y ganancias del Estado, hay que decir que por cada sol que invierte en el cine, se le devuelve 1.8 soles”, menciona Rossana Díaz Costa. “A menudo, rodamos en lugares donde el Estado está ausente. Durante el rodaje, la producción alquila hoteles, paga la alimentación diaria del personal, compra a las pequeñas bodegas, contrata transportes locales para el traslado del equipo y del personal, y utiliza servicios de lavandería, entre muchas otras actividades. El personal local, a su vez, se provee de los mercados y vendedores de la zona de grabación. De esta manera, la producción cinematográfica se convierte en un motor económico que impulsa la actividad durante varias semanas, generando ingresos para las familias y contribuyendo al desarrollo de las comunidades”, detalla la productora Jenny Velapatiño.
El gremio cinematográfico tiene suficientes argumentos para negarse a la aprobación de una ley que atentaría contra lo que ha avanzado hasta hoy el cine nacional. La mentada autógrafa se encuentra en suspenso pues fue observada por el Ejecutivo. Aún no sabemos el final de esta trama compleja que, esperemos, no nos devuelva la oscuridad de otros tiempos.
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