Edición N° 28 30/04/2019 Reportaje

Luego de Mercurio 2019: los resultados de este mega operativo respecto de la trata de personas

Diana Hidalgo

Por: Diana Hidalgo

Periodista

La Pampa se describe a sí misma en una primera mirada: ilegalidad, devastación ambiental, ausencia de servicios básicos de agua y saneamiento, e inseguridad.

Casablanca, Flor del caribe, La cebra, Bar feliz. Son solo cuatro de los antros del terror intervenidos en La Pampa. Alrededor del kilómetro 108, de la carretera Interoceánica, en la región de Madre de Dios, 30 prostibares donde decenas de mujeres y niñas son explotadas laboral y sexualmente, coexisten en una zona manchada de mercurio por la fiebre del oro. Allí, la minería ilegal, ha convertido a este territorio en el segundo más deforestado de Sudamérica, con más de 120 mil hectáreas de bosque amazónico erosionado. Pero también, en uno de los epicentros más peligrosos de trata de personas en la región. La Pampa se describe a sí misma en una primera mirada: ilegalidad, devastación ambiental, ausencia de servicios básicos de agua y saneamiento, e inseguridad.

En febrero de este año, el gobierno puso en marcha un operativo ambicioso “Mercurio 2019”, con el objetivo de erradicar por fin a la minería ilegal en esta zona, a través de una estrategia y planificación multisectorial. Para ello, se movilizaron más 1,200 policías, 300 miembros de las fuerzas armadas y 70 fiscales. Sin embargo, este operativo también tiene como objetivo acabar con los delitos conexos asociados a esta actividad: trata de personas, prostitución y comercio ilegal. Mercurio 2019 comprende un plan articulado entre la Policía, Fuerzas Armadas y Ministerio Público que contempla interdicción, intervención, investigación y mantenimiento del orden público en relación al respeto de derechos humanos de la población afectada.

En la operación «Mercurio 2019» participaron 300 miembros de las Fuerzas Armadas, quienes garantizaron protección en zonas en las que impera la minería ilegal, como La Pampa. (Foto: Andina/ Jhony Laurente)

En este marco, entre febrero y marzo, ocurrieron tres acciones de rescate a víctimas de explotación laboral y sexual de prostibares y comercios ilegales. Según cifras oficiales del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) y la Unidad de Protección y Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público (UDAVIT), en los tres operativos se puso a buen recaudo a 52 mujeres adultas y 20 niñas. Durante estas acciones, los mencionados bares fueron clausurados.

“Se encontró a mujeres captadas como damas de compañía de más de dos nacionalidades prestando servicios en condiciones infrahumanas. Algunas estaban en cuartos de madera de material rústico donde realizaban actividades de servicios sexuales”, cuenta a la Revista Memoria el coronel Rafael Bernaola Martínez, Jefe de División de Investigación y Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Dirección contra la Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes, quien participó presencialmente en estos operativos.

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Dos retos a enfrentar

Según la información oficial de las autoridades que participaron en el operativo, la procedencia de estas mujeres y niñas captadas por las redes de tratantes es de diversos departamentos del Perú como Cusco, Ayacucho, Cajamarca, Puno, Abancay, Lambayeque, Huánuco, Junín, Ica, La Libertad, Lima. Además, algunas de ellas, se identificaron con nacionalidad venezolana. En cuanto a las edades, las menores son de entre 14 y 17 años; y las adultas entre 19 y 30. A ellas se les dio atención básica y urgente, y se las trasladó a alberges y centros de acogida de la zona. Sin embargo, mientras que las adolescentes permanecen en los centros de acogida, el grupo de mujeres adultas se quedó en las casas de acogida una sola noche y retornaron a sus propios domicilios. Es decir, no aceptaron acogerse a la protección temporal.

Ello es justamente uno de los mayores retos que tienen las autoridades competentes en la lucha contra esta problemática. El hecho de que la mayoría de mujeres adultas se encuentran en un estado de tal vulnerabilidad que no son conscientes de la situación de explotación y abuso, y en algunos casos, esclavitud, de la que son víctimas. A tal punto que son ellas mismas las que deciden volver a emplearse con sus abusadores porque creen que es la mejor oportunidad laboral que podrán tener.

Las mujeres que “trabajan” en estos bares “acompañan” a beber a los mineros ilegales que se congregan allí, obteniendo una comisión de cinco soles por cada cerveza vendida al precio de S/ 15.

El negocio de la cerveza es de una prosperidad casi incalculable en esta zona. Es la otra mina de oro de ese territorio, descubierta por los tratantes para enriquecerse de forma ilícita. En una sola noche, en uno de estos bares clandestinos, se pueden vender más de 300 botellas de cerveza. Y en un par de semanas las ganancias por la venta de esta bebida pueden superar los 35 mil soles.

En muchos casos, las mujeres que “trabajan” en estos bares “acompañan” a beber a los mineros ilegales que se congregan allí, obteniendo una comisión de cinco soles por cada cerveza vendida al precio de S/15, según lo declarado por ellas mismas a las autoridades. En total, ellas pueden ganar entre S/.1,500 y S/3,000 por mes. Eso sí, trabajando 112 horas a la semana, sin ningún día de descanso. Y sin poder salir de ese lugar. Son sus propios empleadores, los tratantes, los que les venden hasta las toallas higiénicas que usan, la comida y los utensilios de aseo personal. Todo se lo descuentan de lo que les pagan.

Una de las formas de captación de la trata de personas es a través de falsos empleos de atención al cliente que terminan volviéndose en prostitución. (Foto: Carmen Barrantes/ Publimetro)

“Su mayor preocupación es cómo van a poder ayudar económicamente a sus familias. Se sienten atrapadas. Como si no les quedara otra opción. Si no hago esto, ¿qué voy a poder hacer?, se preguntan”, cuenta a la Revista Memoria, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, quien hace unos días acudió a Madre de Dios, para reunirse con las víctimas, así como para mantener reuniones con diversas autoridades sobre esta problemática.

Luego de las acciones contra la trata en el marco del operativo “Mercurio 2019”, [se sabe que] varios de estos tratantes se han movido hacia la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.

El otro reto importante al que se enfrenta el gobierno para erradicar la trata en esta zona y evitar que las víctimas rescatadas vuelvan a trabajar con los tratantes, es que esta actividad delincuencial muta, se moviliza. Cuando se enteran de los operativos en marcha o logran burlarlos, los tratantes mueven su negocio a zonas aledañas para seguir operando con otro nombre, con otra fachada. Luego de las acciones contra la trata en el marco del operativo “Mercurio 2019”, la información de la Policía, Fiscalía y Ministerio de la Mujer, es que varios de estos tratantes se han movido hacia la zona de amortiguamiento del Parque Nacional del Manu.

“Por eso la estrategia integral es atacar con todo lo que ocurre en la zona de La Pampa, pero a la vez iniciar otras acciones para evitar la misma captación de las víctimas en todo el territorio. Así dejamos sin materia prima a los tratantes”, explica a la Revista Memoria la Fiscal Superior Rosario López Wong, coordinadora Nacional de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, quien cuenta que desde el 2008 se realizan operativos de rescate a las víctimas de este delito.

Vista panorámica de una parte de la reserva de Tambopata, en Madre de Dios, tras haber sido abandonada por mineros ilegales. (Foto: Andina/Jhony Laurente)

La primera barrera a la que se enfrentan apenas se les rescata, explica López Wong, es la negación de las propias víctimas hacia los hechos. Ellas son previamente instruidas por los tratantes para no hablar sobre lo que realmente les ocurre. Niegan el maltrato o la explotación. “Muchas veces nos hemos topado con esta pared que ellas mismas ponen. Piensan que mejor estaban con los tratantes, porque ellos les han dado una oportunidad de trabajo. Nuestros esfuerzos desde todos los frentes es recuperar su autoestima, su dignidad, su valía como seres humanos. Es un proceso largo que implica contención psicológica y hasta espiritual. (Ambien) Transmitirles que son seres humanos valiosos y que no tienen que exponerse a situaciones en las que su condición de ser humano es vejada”, señala López Wong.

Según información recabada por el Ministerio de la Mujer, lo paradójico de esta problemática es que los victimarios o tratantes (hombres y mujeres), y los usuarios de estos servicios, en su mayoría mineros ilegales, son migrantes que provienen de las mismas regiones de origen de las víctimas y, al igual que ellas, llegan a esa zona con expectativas económicas. Una parte importante de tratantes, incluso, son mujeres que aprovechan la confianza que despiertan en sus víctimas, alejadas de sus familias y amigos, para captarlas y explotarlas con relativa facilidad.

La educación y empoderamiento como salida

Hace pocos días, la ministra Gloria Montenegro inauguró el Centro de Acogida Residencial (CAR) Florecer, en la región Madre de Dios, para las adolescentes que fueron rescatadas durante la operación Mercurio 2019. Allí se reunió con 16 adolescentes que se encuentran asentadas en ese lugar desde su rescate.

“Pude comprobar con alegría que en este poco tiempo que están aquí el tema educativo ha avanzado muy rápido. Ellas ya tienen claro que lo que deben hacer en la vida es acabar sus estudios. Si ellas terminan de estudiar, su vida cambia”, dice la ministra a la Revista Memoria; además, señala que se han convocado a los mejores especialistas para llevar a cabo este proceso junto a las víctimas en este albergue, administrado por el Programa Integral Nacional para el Bienestar Familiar (Inabif).

En abril de 2019, el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables inauguró el Centro de Acogida Residencial (CAR) Florecer para las menores rescatadas durante la operación «Mercurio 2019». (Foto: Andina)

Montenegro señala que esta es una etapa inicial del trabajo en conjunto que se debe realizar para evitar la revictimización de las mujeres y niñas rescatadas, pues a lo que se debe apuntar a mediano y largo plazo es a la creación de casas de empoderamiento para las mujeres que se ha rescatado. “Necesitamos que sean centros de capacitación, centros de empoderamiento, donde ellas reciban no solo el tratamiento psicológico que requieren, sino capacitación integral en temas técnicos. Que funcione como un instituto tecnológico. Para que de esta manera tengan la capacidad de ver una línea de carrera en su vida. Crear un plan de vida”, comenta la ministra, quien agrega que desde su cartera ministerial se considera esta iniciativa como de alta importancia. Para ello, el último 10 de abril se aprobó mediante el Decreto Supremo N. 009-2019-MIMP la “Guía de elaboración del Plan de reintegración individual para personas afectadas por el delito de trata de personas, que tiene como objetivo orientar la actuación de todos los servicios a dar respuesta a las necesidades específicas que tienen las víctimas”.

Sin embargo, el plan de las casas de empoderamiento está en una fase inicial de articulación y planificación para que se pueda llevar a cabo de la mejor manera. Montenegro indica que, para ello, se está buscando apoyo de organismos de cooperación internacional, así como embajadas. Del mismo modo, se está convocando al Ministerio de Educación y Ministerio de Trabajo, para que se sumen a este plan integral. Con estos incentivos, se espera que las mujeres adultas rescatadas también se animen a acogerse a estos centros y no solo pasar una noche en los centros de emergencia luego de ser rescatadas.

Además, la ministra señala que todos estos esfuerzos deben ir de la mano con el tema de prevención. Por ello, desde el Ministerio de la Mujer, se ha decidido profundizar en la implementación de programas sociales en las zonas pobres desde las cuales las víctimas son captadas con engaños. Es en esos lugares, indica Montenegro, donde se fortalecerá en programas de estudios tecnológicos para jóvenes y se fomentará el despliegue de inversiones de empresas formales que otorguen trabajos dignos a la población. Como otra medida de prevención, desde este ministerio también se viene impulsando la regulación del traslado en transporte terrestre y fluvial de niñas, niños y adolescentes en todas las regiones del país, todo ello para contrarrestar el tráfico de menores a nivel nacional.

En esa línea, desde la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público, junto a la participación del Ministerio de Trabajo y Educación, desde comienzos de este año, se viene trabajando un programa de fondo para el empleo, junto con la empresa privada, que ya tiene a 30 personas incorporadas. En su mayoría, que tienen como lugar de origen Cusco y Puno. Esto es tanto para víctimas rescatadas como para mujeres que aún no han caído en las redes criminales de la trata, pero que están en riesgo de hacerlo, para que puedan acceder a trabajos dignos y justos. “Tenemos que trabajar todos de manera simultánea. Se debe tener claro que esta es una zona tomada por la delincuencia. Por ello, debemos afianzar más las líneas de coordinación entre las autoridades para tener mayores resultados. Hay que proseguir en la ruta de acompañamiento de víctimas, hasta que recuperen por completo su autoestima”, señala Rosario López Wong.

Rosario López Wong es la coordinadora de la Unidad Central de Asistencia a Víctimas y Testigos del Ministerio Público. (Foto: Andina)

La reinserción tiene que ser con un enfoque integral. Va a requerir de muchísimo acompañamiento para restituir su bienestar. No basta con devolverlas a sus lugares de origen u ofrecerles un trabajo.

Actualmente, en la zona de Madre de Dios hay ocho refugios donde se seguirán recibiendo y acogiendo a estas víctimas para su reinserción en la sociedad. “Lo importante es mantenernos vigilantes sobre cómo se desarrollan estos procesos. El rescate recién es el primer paso. La reinserción tiene que ser con un enfoque integral. Va a requerir de muchísimo acompañamiento para restituir su bienestar. No basta con devolverlas a sus lugares de origen u ofrecerles un trabajo. Es importante comprender la magnitud de la complejidad de estos procesos. Lo que se necesita es que recuperen sus vidas, su libertad, su dignidad”, señala Macarena González, psicóloga y asesora de Fortalecimiento de Capacidades en el Centro de Promoción y Defensa de los Derechos Sexuales y Reproductivos (Promsex). Su preocupación surgió luego de que reportaran como institución abusos a las víctimas en los mismos centros de rescate. La ministra hoy dice a la Revista Memoria que ello no volverá a ocurrir bajo ninguna circunstancia. Una de las medidas aplicadas es haber renovado completamente al personal.

Aunque no se sabe si las mujeres adultas permanecieron en su domicilio o se reinsertaron en las redes de la trata, las veinte adolescentes rescatadas durante el operativo “Mercurio 2019” permanecen en el albergue. En el centro, llamado “Florecer”, hace poco cantaron en coro una canción con letra de esperanza y soñaron con que algún día se podrían convertir en policías, doctoras, o hasta ministras. Por ahora, han entendido que eso también es posible y que sus vidas pueden cambiar.

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