Edición N° 34 30/09/2021 Reportaje

Mama Quilla: la espera por una urgente y necesaria reparación colectiva

Diana Hidalgo

Por: Diana Hidalgo

Periodista

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¿Nunca termina la guerra para los hijos del terror?

Rocío Silva Santisteban

 

En la zona alta de Huaycán, un grupo de 25 mujeres desplazadas por la violencia durante el conflicto armado interno forman la asociación Mama Quilla. Ellas, hoy entre los cuarenta y setenta años, llegaron a Lima huyendo del terror desde Ayacucho, Huancavelica, Junín y Apurímac durante la década de los ochenta y noventa. Las hermanas de esta organización, quienes perdieron a sus familiares y sus hogares en esta guerra, reclaman al Estado que se complete la reparación civil colectiva que les corresponde y que les permitiría contar con lo necesario para dedicarse a la arpillería y el tejido como forma de trabajo para sostenerse a ellas y a sus familias.

Los cuatro niños voltearon al unísono al oír la bala. Corrieron hacia su madre, que estaba solo a unos pasos, tendida en el suelo, caliente. A su padre ya lo habían llevado al monte a golpes y gritos, y no habían regresado. Ellos estaban ahí, oyéndolo y viéndolo todo. Sus padres ya estaban muertos, los habían asesinado los senderistas. Los hermanos corrieron a traer frazadas para tapar los cuerpos de su madre y su padre. Tuvieron que apurarse, porque luego les quemaron su casa. Se quedaron sin nada y sin nadie. Esa noche durmieron en el monte, arrullados por la lluvia. Al día siguiente, con la ayuda de unos vecinos improvisaron un espacio para enterrar a sus padres. Los metieron a una fosa y se despidieron, porque no podían quedarse más en ese lugar, del que todos huían para salvarse. A las pocas semanas, llegaron a Lima.

Sucedió el 3 de febrero de 1984 en el distrito de Ocros, provincia de Huamanga, Ayacucho. Un grupo de seis terroristas de Sendero Luminoso torturó y asesinó a más de una docena de mujeres y hombres del pueblo. Eran campesinos quechuahablantes que se negaron a formar parte de sus huestes del terror y por eso los mataron, por “traidores”, por “perros”. Después de matarles, quemaron sus casas y chacras, y mataron a sus animales. No había nadie para protegerlos: ni policías, ni militares, ni autoridad ninguna. Ese día, Isabel Alacote, en ese entonces una niña de siete años y sus siete hermanos, quedaron huérfanos y a su suerte. Sus padres Emilio Alacote Carpio —dirigente campesino de la zona— y su esposa Cecilia Vilcatoma Cisneros habían sido asesinados de la peor forma.

El Estado los reparó con 20 mil soles. “¿Cuánto vale un ser humano?”, se pregunta Isabel. “¿1,200 soles para cada uno es lo que valía la vida de mis padres?”

Casi cuarenta años después, así recuerda Isabel Alacote el día que perdió a sus padres y el día que comenzó una pesadilla que parece no tener fin. Isabel hoy es presidenta de Mama Quilla, una organización de mujeres desplazadas durante el período de conflicto armado interno de 1980 al 2000 en el Perú, asentadas en la comunidad autogestionada de Huaycán en el distrito de Ate Vitarte, Lima, fundada en el año 2007 . Así como ella, las hermanas de su comunidad perdieron padres y madres, tíos, sobrinos y primos, a manos de esta guerra. Al llegar a Lima, muchas de ellas trabajaron desde adolescentes como empleadas domésticas en diversos distritos de la cuidad. Isabel, por ejemplo, trabajó así desde sus catorce años y lo hizo por más de veinte años.

Las hermanas mayores de Isabel, Yola y Sabina, quienes también se desempeñaron como trabajadoras del hogar por muchos años, también forman parte de Mama Quilla. Como familia, los Alacote Vilcatoma recibieron una reparación civil individual por el asesinato de sus padres. En el 2005, mientras cocinaba en la casa donde trabajaba como empleada del hogar, Isabel se enteró por la televisión que muchas víctimas como ella estaban dando sus testimonios y que podían recibir una reparación del Estado. Después de muchos meses de espera, por fin la atendieron para que declare sobre su caso. Varios años después, en el 2014, le otorgaron a ella y a sus siete hermanos la cuestionable cifra de 10 mil soles como reparación total. En el 2018, gracias a la sentencia que reconoce la múltiple afectación padecida por las víctimas del conflicto armado — debido a que se declaró fundada la demanda de amparo presentada por  Carlos Ruiz Huayllaccahua, expresidente de la Ronda Campesina de Ayahuanco, Ayacucho[1]—  recibieron 10 mil soles más. Es decir, tras décadas de lucha propia, treinta y cuatro años después del asesinato de su padre y su madre, el Estado los reparó con 20 mil soles. Dinero que se repartieron entre los ocho hermanos. “¿Cuánto vale un ser humano?”, se pregunta Isabel. “¿1,200 soles para cada uno es lo que valía la vida de mis padres? ¿Qué podíamos hacer con eso? ¿Con eso íbamos a poder vivir para siempre?… Es tan doloroso. Eso es maltratarnos, pisotearnos. Matarnos otra vez, de la peor forma”, dice Isabel.

Sin embargo, a pesar de esa mala experiencia con la reparación individual a su familia, en el año 2015, junto a sus hermanas de Mama Quilla, se embarcó en una demanda de reparación civil colectiva que a ellas les serviría para poder trabajar, ser independientes y tener un sustento económico para ellas y sus familias. En el 2007, en el marco de un proyecto realizado por diversas ONG`S para la reparación de la memoria colectiva, las mujeres de la comunidad aprendieron en conjunto la técnica de la arpillería, que adaptaron con conocimientos previos que tenían sobre bordado y tejido propios de su sus lugares de origen. Para ellas fue liberador, pues a través de este arte podían plasmar y narrar a través de la tela y el hilo las historias de sus pueblos, sus familias y también de la violencia de la que habían sido víctimas.  Además, cuando se sentaban a tejer y bordar durante muchas horas podían conversar y recordar juntas los pasajes dolorosos que habían pasado y que tenían en común. Y, con el tiempo y la experiencia que fueron adquiriendo, se dieron cuenta de que ese podía ser un trabajo para ellas, vendiendo sus creaciones para su sustento.

Entonces, en el 2015, se presentó ante la Comisión Multisectorial de Alto Nivel – CMAN del Ministerio de Justicia —, organismo coordinador y supervisor del Plan Integral de Reparaciones (PIR), y la Municipalidad de Ate-Vitarte el proyecto “Fortalecimiento de las capacidades de emprendimiento de las mujeres tejedoras que pertenecen a la asociación de afectados y víctimas de la violencia política Mama Quilla Sectores K y L de Huaycán, distrito de Ate – Lima”[2]. Con ello, apuntaban a tener un espacio-taller propio para trabajar, máquinas de coser especializadas para elaborar sus tejidos, materiales para realizar sus creaciones, talleres para perfeccionar su técnica y talleres psicológicos para continuar superando los años de terror sufridos. Se aprobó un presupuesto de S/.100 mil soles para esta reparación colectiva, que sería gestionado por la Municipalidad de Ate-Vitarte. Sin embargo, seis años después, tanto Isabel como sus hermanas de Mama Quilla, reclaman que esta reparación no ha concluido: siguen a la espera mes tras mes, año tras año. Una vez más se sienten maltratadas por las autoridades que deberían protegerlas. O, por lo menos, dicen, tomarlas en serio.

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Un domingo de septiembre de 2021, reunidas en la calle de Huaycán —paradas y sentadas en la vereda—, porque no tienen un espacio propio, están Isabel (46), Yola (58), Sabina (55), Paulina (55), Delfina (53), Agustina (46), Ester (41), Faustina (66), Honorata (59), Felícita (51), Carmen (46) y Sonia (45), algunas de las mujeres-hermanas de Mama Quilla. “Tenemos todo incompleto. Necesitamos mucho trabajar con las máquinas para poder sobrevivir. Queremos por favor que nos escuchen de una manera digna, que nos atiendan. ¿Hasta cuándo vamos a esperar?”, dice Delfina. “Nos sentimos muy mal, nos engañan. Somos provincianas, pero no ignorantes”, dice Faustina. “Que no nos pongan más pretextos. En vez de ser reparación, es un atropello más”, dice Paulina. “Queremos que no nos tomen como un juego, que nos tomen en serio”, dice Agustina. “Ya basta. Tantos años sufriendo, luchando por justicia, basta de atropellos”, dice Honorata. “No podemos hacer nada sin el local. No podemos trabajar. Esto me parece ya un castigo, no una reparación”, dice Yola. “Nos deben entregar todo completo, ¿quién después se va a acordar de nosotras?”, se pregunta Ester.

Del 2015 a la fecha, les fueron entregando de a pocos algunas máquinas y materiales: una computadora, una fotocopiadora, sillas, estantes. También les dieron algunos talleres técnicos de bordado y tejido; y tres sesiones de talleres psicológicos con los que no estuvieron de acuerdo, pues los especialistas que las atendieron no hablaban ni entendían quechua y la mayoría de las mujeres son quechuahablantes, sobre todo, las mayores entienden poco el castellano y se expresan solo en quechua. En seis años, estos fueron los avances. De su local-taller espacio propio no se supo nada. Debido a eso, lamentablemente en julio de 2019, sufrieron un robo de los equipos que les habían dado, pues estaban almacenados en un pequeño espacio no seguro que les prestaba provisionalmente la parroquia de la zona. Les robaron: 2 máquinas grandes de confección, 2 cabezales de las máquinas remalladoras y una computadora. Luego de eso, la Municipalidad se comprometió a reponerles lo que les habían hurtado. Pero igualmente, hasta ahora, dos años después, eso no sucede.

La pandemia agravó la situación de las hermanas de Mama Quilla e hizo aún más urgente que cuenten con todo lo acordado en la reparación colectiva para poder trabajar y sustentarse económicamente. Muchas perdieron sus trabajos, tuvieron que dejar de trabajar en mercados o como empleadas del hogar. La pandemia, dicen, les tiró una vez más en la cara el abandono y la indiferencia del Estado y de las autoridades. Varias perdieron familiares por falta de oxígeno, atención médica y recursos. Isabel, Yola y Sabina, perdieron a su hermano mayor en cuestión de días. “¿Cuántas estarán en la misma situación que nosotras?… Algunos quizá ya murieron en el olvido. Muchos quechuahablantes, analfabetas. Como nosotras, personas que no tienen voz. No tenemos voz. Hablan tanto de derechos humanos… ¿Y nosotras? ¿Y nosotras?”, se pregunta Isabel Alacote.

Y, en efecto, las hermanas de Mama Quilla son solo un grupo de las 34,760 mujeres desplazadas que contiene el Registro Nacional para las Personas Desplazadas (RND) del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), lo cual representa el 58% del total de 59,846 personas desplazadas que registra este organismo gubernamental.  25,086 —el 42 % de esta población— son hombres. Según un informe del MIMP[3] al respecto de esta problemática, publicado en el año 2012 durante la gestión de Ana Jara:  “Los picos más altos del desplazamiento se dan entre los años 1983 y 1990 los cuales guardan relación con el despliegue de la violencia en el país, teniéndose focalizados los primeros momentos de la violencia prioritariamente en los departamentos de Ayacucho, Huancavelica y Apurímac (…)”. Además, “los hechos más resaltantes que provocaron el desplazamiento fueron: en primer lugar, la situación de violencia generalizada que afectó los espacios de vida personal y familiar (30,7%), seguidos de Muerte o desaparición de sus familiares (27,9%) y Persecución y amenazas a sus familias (25,7%)”.

Si bien en la última década se han implementado desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS), una serie de programas de reparaciones individuales y colectivas para este universo de víctimas desplazadas que van desde reparaciones económicas, reparaciones en salud, reparaciones simbólicas, reparaciones en Educación y acceso a la Vivienda, la mayoría son reparaciones que, pese a los años transcurridos desde los hechos de violencia y desde el inicio de las reparaciones, no culminan. O, en algunos casos, han tomado mucho tiempo y las víctimas no se han sentido realmente reparadas, sino que han tenido que luchar, revictimizándose, para alcanzar justicia. Como es el caso de las hermanas de Mama Quilla.

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Consultadas para este reportaje, las abogadas especialistas en Género y Derechos Humanos, Ana María Vidal Carrasco, Gloria Cano y Mirtha Vásquez, coinciden, en primer lugar, en que el asesoramiento psicológico y legal como parte de las reparaciones, tanto individuales como colectivas a las víctimas del conflicto armado interno, debería ser permanente, adecuado y sostenido en el tiempo. “Somos un país que necesita ser reparado colectivamente. No solo se trata de una reparación económica o material, sino en el ámbito moral y personal. Estamos hablando de mujeres que no solo perdieron familiares asesinados, sino que perdieron una serie de valores irreparables: sus formas de vida, romper con su cultura y su idioma al verse en la obligación de desplazarse hacia Lima como consecuencia de la violencia. Todos estos aspectos se debieran tomar en cuenta al momento de fijar la reparación”, apunta Mirtha Vásquez, excongresista de la República y expresidenta del Congreso. Por su parte, Ana María Vidal, fundadora del Grupo de Seguimiento a las Reparaciones por Esterilizaciones Forzadas, considera que la tarea del Estado para este tipo de reparaciones es hacerlas viables y efectivas, pensando en las víctimas y sus necesidades particulares a través del tiempo. Gloria Cano, directora ejecutiva de la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh), agrega que es una obligación y un deber del Estado que estas víctimas reciban una reparación adecuada y oportuna que no debería darse a cabo en un plazo mayor de un año, como máximo e idealmente, señala, debería darse en seis meses. “El Estado, lamentablemente, ha hecho caso omiso”, señala.

El desplazamiento afectó de manera diferente a las mujeres, pues muchas de ellas se convierten en jefas de hogar y tienen que asumir la responsabilidad del respaldo afectivo emocional y económico de la familia, en medio de las secuelas traumáticas que trajo la violencia”

Un aspecto en el que las especialistas también coinciden que ocurre en el caso de Mama Quilla, como en otros casos de violencia política en el que las víctimas son mujeres, es que el sistema de justicia y la sociedad propicia que ellas caigan en un círculo vicioso de revictimización que debe revertirse. “No puede ser que ellas tengan que luchar y esperar tanto por la justicia. Hay muchas que han muerto, incluso, esperando las reparaciones. Al no ser atendidas debidamente y en el tiempo correcto, han sido una y otra vez revictimizadas. Contrario a ello, este tipo de víctimas deben seguir sintiéndose apoyadas de por vida por el Estado. Nunca solas ni abandonadas, como lo están ahora”, indica Mirtha Vásquez. “Lamentablemente además de la violencia primigenia, cualquier mujer que toca las puertas del sistema de justicia va a entrar a un proceso de revictimización, ya que está instalado en el sistema una lógica de desigualdad de pensar que el Estado hace un favor a las víctimas en reparar, cuando debería ser un derecho constitucional”, agrega Ana María Vidal. Por su parte, para Gloria Cano, desde el momento en que el Estado les exige a las víctimas que, a través de pruebas y documentos, tienen que acreditar que son víctimas del conflicto armado interno, ya comienza esta espiral revictimizante.

Al respecto, en el informe del MIMP citado líneas arriba, se sostiene: “El desplazamiento afectó de manera diferente a las mujeres, pues muchas de ellas se convierten en jefas de hogar debido a la viudez, a la ruptura de sus relaciones de pareja, a la desaparición de su esposo, o de sus padres, y tienen que asumir la responsabilidad del respaldo afectivo emocional y económico de la familia, en medio de las secuelas traumáticas que trajo la violencia”.

Finalmente, las tres abogadas también coinciden en que hace falta voluntad política desde los gobiernos, autoridades competentes y aparatos estatales para corregir estas fallas en la estructura del sistema de justicia para las víctimas del conflicto armado interno. Las tres apuntan que deben desburocratizarse los estamentos encargados de estas reparaciones en pro de una lógica que esté siempre del lado y a favor de las víctimas, en vez de obstaculizarles su derecho de acceso a la justicia.

Para este reportaje nos pusimos en contacto también con las abogadas del Ministerio de Justicia, Katherine  Valenzuela —Secretaria Ejecutiva de la Comisión Multisectorial de Alto Nivel- CMAN[4]— y July Moscoso —Coordinadora del Programa de Reparaciones Colectivas de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN—.  Ambas reconocen y entienden el malestar de las hermanas de Mama Quilla por los hechos ocurridos y, sobre todo, por la demora. Anotan, también, que la demora en concluir la reparación se vio potenciada por la pandemia y el hecho fortuito del robo de los equipos y máquinas; sin embargo, resaltan el deber y el compromiso que tienen con ellas —así como con todas las víctimas a reparar— y por eso no han dado por concluido el asunto y continúan, indican, en coordinaciones y conversaciones con la Municipalidad de Ate-Vitarte hasta que este proceso culmine de la forma adecuada. “Sabemos el deber que tenemos con ellas y tenemos el compromiso de hacerlo de la mejor manera”, señala Valenzuela. “Queremos que se sientan realmente reparadas. Esa es nuestra misión”, agrega Moscoso. Ambas están a la espera de que la Municipalidad de Ate-Vitarte les entregue el nuevo calendario del proyecto Mama Quilla, que incluya las fechas para la reposición de las máquinas robadas, la programación de nuevos talleres de tejido, costura y arpillería, y lo más esperado por Mama Quilla, la entrega de su local propio para que puedan trabajar.

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Mama Quilla significa en quechua, madre Luna, en alusión a la luz lunar que las alumbraba desde el cielo despejado de sus lugares de origen, en la sierra del Perú, donde no había alumbrado eléctrico y el cielo, por las noches —antes de los años del terror—, se iluminaba no por llamas ni bombas, sino por las estrellas y la luna. Pero, además, la Luna significa la fuerza femenina a través de la historia. Mientras las hermanas de Mama Quilla siguen esperando y resistiendo, piden una sola cosa a las autoridades: que se pongan en sus zapatos de una vez por todas. Un día tiene que acabar la guerra para ellas.


[1] Ruiz Huayllaccahua perdió un brazo como consecuencia de un atentado contra su vida y sufrió el asesinato de su madre. Ambos crímenes perpetrados por Sendero Luminoso. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos (MINJUS) y la Comisión Multisectorial de Alto Nivel, órgano encargado de la coordinación y el seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación nacional (CMAN) negaban al señor Ruiz Huayllaccahua su derecho a la reparación económica correspondiente por cada afectación. Ambas entidades argumentaban que al señor Ruiz Huayllaccahua solo le correspondía el pago de una sola reparación por la afectación sufrida contra su vida y no por el asesinato de su madre, esto sobre la base de una interpretación restrictiva de la Ley N° 28592 (Ley del Plan Integral de Reparaciones) y su Reglamento, sustentada en un informe interno del mismo ministerio (Informe 082-2013-JUS/OGAJ), que afirmaba que las personas que han sufrido más de una afectación solo les correspondía el pago de una reparación por las distintas violaciones sufridas.
[2]     Este es uno de los 159 proyectos inscritos en el Programa de Reparaciones Colectivas de la Secretaría Ejecutiva de la CMAN, según información del MINJUS.
[3] El Informe titulado “Boletín: Población Desplazada en Cifras Estadísticas” se puede ver aquí: https://www.mimp.gob.pe/files/direcciones/ddcp/boletin_poblac_desplazada_estad.pdf
[4] Órgano encargado del seguimiento de las acciones y políticas del Estado en los ámbitos de la paz, la reparación colectiva y la reconciliación Nacional. Asimismo, es el ente coordinador y supervisor del Plan Integral de Reparaciones (PIR).