La Amazonía y sus pueblos indígenas
Por: Oscar Espinosa
Doctor en Antropología y docente de la PUCP
Ponencia pronunciada el 29 de agosto de 2023 por Óscar Espinosa, doctor en Antropología y docente de la PUCP, en la mesa titulada «Balance sociopolítico a dos décadas del Informe Final de la CVR».
El conflicto armado interno y la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR) no constituyen para mí un tema de orden académico, sino que han sido experiencias que han marcado mi vida personal y profesional. Yo soy de esa generación que vivió el conflicto armado interno como universitarios, y también comencé mi vida profesional, hace más de treinta años, con las comunidades asháninkas en pleno conflicto armado interno. Una de las primeras personas que conocí entre los asháninka y con quien nos hicimos muy amigos, fue Santiago Contoricón, quien fue uno de los líderes que dieron su testimonio oral ante la CVR, y quien fuera asesinado este año, posiblemente por sicarios vinculados al narcotráfico.
Oscar Espinosa exponiendo sus ideas en el conversatorio «Mesa de balance sociopolítico: A dos décadas del Informe Final de la CVR»
Desde hace treinta años, pues, que estoy vinculado a las comunidades asháninka y a su experiencia con el conflicto armado, con la CVR y con la violencia que continua en su territorio. En pleno conflicto, estando en Puerto Ocopa, la comunidad de Santiago, Sendero Luminoso nos atacó más de una vez. Hasta 1996 estuve acompañando a las comunidades, cuando me fui a seguir mis estudios de posgrado. Pocos años después, volví a visitar las comunidades que fueron afectadas por el conflicto armado en el contexto del trabajo de la CVR, y elaboramos, junto a Leslie Villapolo, el informe sobre el caso asháninka que ha sido publicado en el informe final de esta comisión.
Posteriormente he continuado trabajando distintos temas con las comunidades asháninkas, pero diez años después, entre los años 2010 y 2011 volví a retomar el tema de la experiencia de este conflicto, para ver qué había pasado con los jóvenes, con las narrativas, con la memoria, y, además, para averiguar por qué —sobre todo en el río Ene— la violencia nunca terminó. En los años siguientes seguí trabajando con las comunidades asháninkas distintos temas: sobre su historia, sobre el turismo, sobre sus proyectos económicos, etc., pero siempre volviendo al tema de la memoria del conflicto armado interno. Y en este último año estoy trabajando en un nuevo proyecto con las comunidades del río Ene, el cual se enfrenta a un nuevo ciclo de violencia, esta vez motivado principalmente por el narcotráfico. En este nuevo contexto, las comunidades asháninkas, su territorio y su vida, al igual que durante el conflicto armado interno, están en peligro, y el número de víctimas que pierden su vida sigue creciendo, como en el caso de Santiago Contoricón.
Los orígenes del conflicto armado en la Amazonía fueron algo atípico en comparación a lo que ocurrió en otras zonas del país. Por un lado, existían razones geopolíticas y estratégicas; sobre todo en la Selva Central, que se conecta con el valle del Mantaro y con Lima en una línea casi directa; y, por otro lado, porque la selva constituía un lugar de refugio para senderistas y emerretistas, quienes, cuando la violencia se incrementaba en otras partes del país, principalmente en la sierra central y sur-central, encontraban un espacio más tranquilo para recuperar sus fuerzas. Sin embargo, en ese ir y venir, tanto Sendero Luminoso como el MRTA descubrieron algo que les resultó muy beneficioso: que podían entablar una alianza con el narcotráfico. Así, desde la época más fuerte del conflicto armado interno hasta hoy, lo que de alguna manera mantiene la violencia en la región es este vínculo con el narcotráfico.
Después de la captura de Abimael Guzmán, su capitulación política y la desestructuración relativamente rápida del aparato senderista, primero, y, después, del MRTA, la violencia continuó en dos zonas de la Amazonía peruana: en el Alto Huallaga, por varios años más, hasta que finalmente se controló con la captura de los líderes locales; y en el VRAEM, que sigue siendo el único lugar en el país donde todavía persisten remanentes de Sendero armados y actuando violentamente. En estos dos lugares, la permanencia de Sendero se debió, no a su proyecto político sino a sus alianzas con el narcotráfico.
Hoy en día, para las comunidades asháninkas, la violencia que enfrentan no puede entenderse sin su referente en la experiencia vivida durante el conflicto armado interno”
La Central Asháninka del Río Ene (CARE), la asociación que agrupa a la mayoría de comunidades del río Ene, está enfrentando cotidianamente esta violencia que aún no ha terminado. Dirigentes comunales están siendo amenazadas de muerte por narcotraficantes. Y hace pocos meses, un grupo de asháninkas que viajaban por la zona fueron detenidos por un grupo de senderistas que les dijeron: «Bueno, hemos cambiado la estrategia. Ahora no somos tan violentos como antes. Ya no los vamos a matar, pero, eso sí, tienen que dedicarse a la coca, tienen que producir». Esa es la propuesta explícita de estos remanentes senderistas en algunas zonas del VRAEM.
Hoy en día, para las comunidades asháninkas, la violencia que enfrentan no puede entenderse sin su referente en la experiencia vivida durante el conflicto armado interno, siendo la época más intensa la sufrida en los años ochenta y a principios de los noventa. La violencia del narcotráfico activa de inmediato el recuerdo de lo que vivieron en esos años trágicos. Esta memoria está presente incluso entre la gente más joven que no vivió en esos años, pero que han escuchado desde pequeños estas historias que sufrieron sus madres, padres y abuelos.
A partir de este contexto, vale la pena reflexionar sobre la experiencia de los pueblos indígenas amazónicos, y del asháninka en particular, a veinte años del Informe de la CVR. Por un lado, está la continuidad de la violencia a través de los remanentes senderistas y del narcotráfico. Uno también podría preguntarse por qué el Estado peruano y las Fuerzas Armadas han sido incapaces de derrotar militarmente a estos remanentes senderistas o de controlar la violencia del narcotráfico. Es decir, por qué se les logró derrotar en otras partes del país, pero no en el VRAEM. Esta pregunta es más preocupante en la medida en que hoy en día las Fuerzas Armadas cuentan con tecnología (radares, drones, etc.) que no tenían hace algunas décadas.
Cada vez que se quiere acabar con estos remanentes, la violencia en la región se incrementa. Esto ocurrió, por ejemplo, poco después que Ollanta Humala asumiera la presidencia del país. El intento por poner orden en el VRAEM fue respondido con la matanza de policías; y algo similar ocurrió el año pasado en el contexto electoral. Los grandes enfrentamientos y matanzas en el VRAEM suelen corresponder con acciones que desequilibran el statu quo que permite una cierta tranquilidad, pero también la actividad continua de senderistas y narcotraficantes. Evidentemente existe una situación donde predomina no solo la violencia, sino también el crimen organizado y la corrupción.
En muchos casos, las Fuerzas Armadas o la Policía Nacional no cuentan con los recursos suficientes, tanto humanos como económicos. En una ocasión, el más alto mando de la Policía Nacional en Madre de Dios nos comentaba que la carretera Interoceánica era utilizada como vía de tránsito para la salida de drogas del país hacia Bolivia y Brasil, pero que no contaban con los fondos necesarios para realizar patrullajes permanentes; no tenían suficientes vehículos, combustible, helicópteros, etc. para poder hacerlo. En algunos casos, la falta de recursos se debe a la falta de presupuesto; en otros casos, es un problema de estrategias; y por supuesto, también puede darse el caso de que haya corrupción. Las razones pueden ser varias, pero, en última instancia, el hecho es que estas mafias existen y que muchas veces están asociadas a otras actividades ilegales, como la minería ilegal, el oro ilegal, la trata de personas —la cual en la Amazonía es muy grave—, así como a una incapacidad real del Estado para ponerles freno y ejercer su control para garantizar la tranquilidad y seguridad de la gente que allí vive.
Esta situación es muy grave, y se viene agudizando más en los últimos años. Evidentemente, hay una cierta incapacidad de parte del Estado para manejar esta situación; pero también creo que existe una responsabilidad nuestra, de la sociedad civil o de la sociedad peruana en su conjunto. Vivimos en una sociedad que favorece un estilo de vida basado en valores individuales; donde se promueven las respuestas individuales a los problemas que enfrentamos antes que pensar en respuestas colectivas y la búsqueda del bien común. Se promueve el consumo, el dinero fácil y el éxito económico, incluso a costa de los demás; se tolera la corrupción; se valora lo fácil y superfluo; etc. En última instancia, las personas que trabajan en el Estado provienen de la misma sociedad de la que formamos parte el resto de nosotros.
Vivimos en una sociedad que favorece un estilo de vida basado en valores individuales; donde se promueven las respuestas individuales a los problemas que enfrentamos antes que pensar en respuestas colectivas y la búsqueda del bien común”
Esta situación también nos afecta en los espacios académicos y en nuestra propia universidad. Deberíamos preguntarnos hasta qué punto nuestro propio sistema educativo promueve un estilo de vida competitivo, que favorece el éxito individual antes que la solidaridad, la competitividad antes que la búsqueda de un conocimiento que responda a los problemas que enfrenta el país. A veces podemos perder de vista los grandes problemas que nos afectan y el bien común por estar preocupados en dinámicas competitivas: los rankings, los puntajes, los concursos, las notas.
Hay dos últimas reflexiones que quiero proponer tiene que ver con una mirada más general sobre el tema de los derechos indígenas y sobre la persistencia del racismo en el país. La CVR puso en evidencia no solo para el caso amazónico, sino también para el caso andino, una serie de brechas, injusticias, desigualdades existentes en la sociedad peruana, de racismo y discriminación que, así como el narcotráfico y su violencia, también continúan en la sociedad. Creo que hemos logrado algunos avances al respecto. Hoy en día somos más conscientes del racismo y la discriminación, podemos hablar más claro sobre estos temas e incluso denunciar actitudes que refuerzan dichas prácticas. Sin embargo, todavía queda mucho por hacer para erradicarlas de nuestra sociedad. Por ejemplo, en una investigación reciente en la que participe con otras dos colegas sobre estudiantes de Beca 18 en esta universidad, apareció el tema del racismo y de la discriminación sufrida. Hubo varios casos de estudiantes beneficiados con esta beca, no solamente amazónicos sino de distintas partes del país e incluso de Lima, que han sentido discriminados en nuestra universidad.
Foto rescatada de portal web Exitosa descrita como organizaciones indígenas advierten medidas tras asesinato de líder asháninka (Fecha de la publicación: 12/04/2023).
Finalmente, el Estado peruano sigue teniendo una gran deuda con sus pueblos originarios y con la defensa y respeto de sus derechos indígenas. Esta situación es muy grave. No solamente no hemos avanzado, sino que estamos retrocediendo. El Perú es el único país amazónico que no reconoce formalmente a los pueblos indígenas ni sus territorios; solo reconoce a las comunidades nativas. Esto genera una serie de problemas y de abusos que se cometen contra los pueblos indígenas. Evidentemente, esta no ha sido, ni tampoco es una prioridad para el Estado peruano. La ley que rige a los pueblos amazónicos es una ley aprobada en 1978 y que está totalmente desactualizada. Es más, después de que el Perú ratificó en 1995 el Convenio 169 de la OIT, se tendría que haber ajustado la legislación peruana a este Convenio que tiene rango constitucional; sin embargo, salvo en el caso de la Ley de Consulta Previa y de la Ley de Lenguas Indígenas no se ha hecho mucho al respecto. No hay un verdadero interés por respetar los derechos indígenas, y en muchos casos, autoridades y funcionarios siguen expresándose en términos racistas y discriminatorios.
Incluso, otras instancias del Estado, como es el caso del Tribunal Constitucional, en los últimos años ha venido menoscabando los derechos indígenas reconocidos por el Estado peruano como, por ejemplo, el derecho a administrar justicia de acuerdo a sus propias tradiciones, tal como lo reconoce el artículo 149 de la Constitución. En estos últimos tiempos, hay resoluciones del Tribunal Constitucional que han limitado el acceso y el ejercicio de los derechos indígenas o que han negado avances respecto al reconocimiento de los pueblos indígenas como tales en el país.
En última instancia, a veinte años del Informe Final de la CVR, pero también a doscientos años de la independencia del país, tenemos una gran deuda pendiente respecto a los derechos de los pueblos indígenas; y esta deuda no la tiene solo el Estado, sino también la tenemos todos y todas quienes formamos parte de la sociedad peruana.
