20 años después, las miradas de las regiones más afectadas por la violencia interna
Por: IDEHPUCP
Área de Comunicaciones
Reflexiones realizadas el 01 de septiembre de 2023 por Luis Zambrano, párroco de la iglesia Pueblo de Dios en Juliaca; Belsa Escobar, familiar de víctima de desaparición forzada en el periodo1980-2000; Zulma Villa, abogada representante de ONAMIAP , y Nelson Pereyra, historiador y docente de la UNSCH; en el conversatorio «Mesa sobre las dos décadas de postconflicto: una visión desde las regiones más afectadas».
¿En qué situación quedó su región cuando terminó el conflicto armado interno? ¿Cuáles eran las principales cuestiones por ser atendidas para superar las consecuencias de la violencia?
Rvd. P. Luis Zambrano
Jilakanaka, kullakanaka, kamisaraki.
Hermanos y hermanas. ¿Cómo están?
Ancha munasqa wawqi paniykuna, sipaskunapis kay universidadmanta. Kusisqa kashani qamkunawan Comisión de la Verdad huk ratulla rimanaypaq.
Queridos hermanos y hermanas, jóvenes y señoritas de esta universidad. Estoy muy contento de estar aquí con ustedes y conversar un rato acerca de la Comisión de la Verdad.
Gracias por invitar a las provincias. Gracias a los organizadores por su afecto y tantas atenciones. Nunca pensé, a estas alturas de mi vida, vivir una masacre como la del 9 de enero en Juliaca, con 18 asesinados en pocas horas y un policía también asesinado en la noche. Este acontecimiento me trajo a la memoria la dictadura de Fujimori y el tiempo del terrorismo; esta vez terrorismo de Estado. Hubo algo interesante en nuestra zona en el tiempo de los ochenta, la confluencia de variados agentes de vida y de paz como organizaciones populares, partidos cercanos a la población y la Iglesia católica encabezada en ese tiempo por sus obispos. Cuando Abimael Guzmán dijo «Puno va a ser un segundo Ayacucho», nosotros al unísono dijimos «No vamos a permitir eso»; y, en Puno, en la Iglesia católica creamos desde 1986 las Vicarías de Solidaridad, siguiendo el ejemplo de la Iglesia de Chile. La finalidad era proteger la vida de la gente, de los campesinos, sobre todo. Hubo, por un lado, incursiones a poblados, a comunidades mayormente quechuas, por parte de terroristas contra dirigentes, autoridades y policías; por otro lado, policías y militares en repetidos casos tildaban y acusaban de terroristas a dirigentes campesinos y gremiales. Hubo apresamientos, torturas abusivas —como contra el dirigente Porfirio Suni—, 462 asesinados en la región y 51 desaparecidos; la gente estaba entre dos fuegos, la población siempre despreciada. Cuando terminó el conflicto, quedó en el ánimo de la población la sensación del deber cumplido, pues había luchado contra el terrorismo y se había defendido de los abusos de los uniformados, y habían quedado dos problemas principales por ser atendidos. Primero, la multiplicación de la injusta pobreza, aumentada por las pérdidas económicas a causa del largo conflicto. La macroeconomía del país mejoró, pero la distribución de bienestar no llegó a los hogares sustantivamente. En los últimos veinte años, Puno ha sido y es la tercera región más pobre del Perú, tomando en cuenta el PBI. Segundo, la reparación de las víctimas y el caro anhelo de que tal violencia no volviera a suceder. En las reparaciones sí ha habido avances en Puno: 1321 personas recibieron una reparación económica; asimismo, 198 comunidades y organizaciones de desplazados fueron atendidas.
Las recomendaciones de la CVR quedaron solo en eso. Incluso, su conocimiento y difusión quedó en círculos reducidos. Hubo voces injustamente condenatorias, y es que la Comisión de la Verdad puso el dedo en la llaga. Los Gobiernos que siguieron a la dictadura de Fujimori continuaron el mismo curso entre promesas y corrupción. Se habló, por ejemplo, del chorreo; hubo algún alivio para la población en general, pero los grandes problemas como la salud, la educación y la seguridad se ahondaron, no fueron la gran preocupación de los Gobiernos. Se les concedió magros recursos. En mi región, hasta ahora los enfermos y enfermas hacen colas desde la madrugada para conseguir un cupo. También he visto que en Lima pasan cosas parecidas. Los delincuentes de toda laya han reemplazado a los terroristas, y con el tiempo rebasaron la reacción parsimoniosa de la policía y a veces la mafia de ciertos policías. Ningún Gobierno ha enfrentado eficazmente la delincuencia, y eso de Bukele aplicable al Perú es un cuento para los tontos. En el 2016 hubo un golpe mortal a esta democracia mediocre de las últimas décadas y lo dio Keiko Fujimori, heredera familiar y política de su padre. No le perdonó a su socio Kuczynski que le hubiera ganado la presidencia, y junto a sus 73 congresistas sumisos pronunció solemnemente «Nosotros gobernaremos desde el Congreso», y lo cumplió y lo sigue cumpliendo fatalmente. Esta es la madre del cordero.
Belsa Escobar
Rimaykullayki lliw kaypi kaqkuna.
Los saludos a cada uno de los presentes.
Los saludo con mucho afecto y cariño desde Huancavelica, uno de los departamentos también considerado de extrema pobreza. Mi caso, como el de muchos peruanos, es de violación de derechos humanos y el caso específico de la desaparición de mi padre, Rodolfo Ángel Escobar Jurado, que era activista de derechos humanos y coordinaba bastante con las instituciones que velan por los derechos humanos. Después de la época del conflicto armado interno, de 1980 al 2000, muchos familiares y ayllus quedamos en una situación de abandono, de desesperación, porque de pronto perdiste a un ser amado, quien era el protector, el que daba cuidado no solo al ayllu —en este caso, a mi madre y a mis hermanos—, sino también a la comunidad, al distrito y a la provincia, pues mi padre era una persona muy activa. Entonces, muchas personas quedamos en esa situación de incertidumbre al no saber qué hacer, tanto abandono y dolor al ver y sentir que la vida no tenía sentido; pero a la fecha siento que esa percepción no fue así, las lecciones que nos da la vida no son tontas, nos sirven para poder avanzar y crecer.
A partir de esta situación, de la desaparición, buscamos respuestas, quisimos hallar su cuerpo, ya sea de manera individual o agrupándonos como parte de organizaciones de familiares. En el 2017 tuve la oportunidad de ser cabeza de la organización Kuskanchik Paqarisun o Juntos Renazcamos, de ese proceso doloroso que nos tocó vivir. Pero estando en la cabeza y habiendo estado en todos los ámbitos, tanto local como nacional, demandando el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, no se lograba casi nada. Si bien es cierto que el Estado trató de implementar diversas recomendaciones y apoyo, lamentablemente, mucha gente en mi zona siente que no es así. Se habla bastante de avances, porcentajes, de la CMAN, también de instituciones como la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas, que tratan de hacer esfuerzos por encontrar a nuestros hermanos, pues no sabemos dónde están; pero, lamentablemente, a veinte años de este Informe, puedo sentir, como mucha gente en mi región, que no ha habido avance en las reparaciones en salud, en educación, en vivienda, ni en el caso de las personas desaparecidas. Entonces, es como si uno estuvira siendo parte de algo que no avanza. Son tantos años de pérdida de energía. Creo que estar acá debe tener sentido para que logremos sanar estas heridas que nos ocasionaron durante estos veinte años, porque de lo contrario veremos más situaciones como las que han ocurrido últimamente. Muchas gracias.
Zulma Villa
Recuerdo cuando hace veinte años se presentó el Informe Final de la CVR, hubo dos lecturas polarizadas en nuestro país. Cuando se presentó en Ayacucho, se decía que había muy pocas víctimas que la Comisión de la Verdad había presentado como parte de sus conclusiones, y ese mismo Informe se presentó en Lima y se decía: «¿Qué? ¿Tantas víctimas? ¿De dónde salieron esas víctimas?». Para la capital eran demasiadas. Vengo en representación de una organización nacional de mujeres indígenas, por ello mi reflexión va ir en torno a esos derechos colectivos que es importante ponerlos en la mesa para seguir reflexionando, porque los pueblos y las mujeres indígenas, sin duda, han sido las principales víctimas de este conflicto armado y las que han sido invisibilizadas desde siempre. ONAMIAP tiene presencia tanto en la zona andina como en la zona amazónica, regiones que han sido duramente impactadas por la violencia y, como saben, el Informe de la CVR develó ese racismo, esa discriminación normalizada, silenciada, no sólo de las autoridades, sino también de la sociedad civil y de los medios de comunicación, hacia los pueblos indígenas.
La sociedad civil sintió el terrorismo recién en Tarata en 1992; sin embargo, el terrorismo había comenzado en los años ochenta, pero los que morían eran «nadies», campesinos, quechua hablantes o personas que hablaban alguna lengua indígena. Entonces, se trataba de víctimas indígenas invisibles como lo son hasta ahora. Los reclamos que hacen los pueblos indígenas de la zona sur ahora responden a ese racismo, a esa exclusión, a esos «nadies» que cuando hablaban en la Comisión de la Verdad decían: «Nosotros somos ciudadanos de segunda clase», así se calificaban porque de esa manera son tratados. Creo que es muy importante partir de la siguiente reflexión: ¿qué estamos pensando nosotros, como país, reivindicar como justicia? Justicia para aquellos pueblos y sujetos colectivos de derecho que hasta hoy están invisibilizados. Nos choca mucho cuando se habla de discriminación o cuando hablamos de racismo, porque se siente como que un grupo está reclamando ser visible por puro resentimiento, y no es así. Creo que ese es un llamado a cada uno de nosotros para poder entender cuáles son las verdaderas demandas que también en enero y en diciembre levantaron la zona del sur andino de nuestro país. No es casual que ellos califiquen esos hechos de violencia como genocidio; por ejemplo, yo como abogada discrepo con muchos de mis colegas cuando dicen que tales hechos no pueden ser calificados como genocidio porque tienen una mirada restringida del tipo penal y de los hechos. Claro, porque si nos remitimos a una lectura de hechos violentos recientes, de enero y diciembre, pero una lectura desde los pueblos indígenas vamos a observar que los hechos de violencia vienen de siglos, son continuos y permanentes, hay un sistema de violaciones y de crímenes cometidos contra ellos donde podemos destacar que las mujeres han tenido un rol fundamental, que es el de preservar la memoria y el de transmitirla de generación en generación, pero no para resentirse, sino porque cada mecanismo de sometimiento y violencia que han experimentado los pueblos y mujeres indígenas lo han transformado en mecanismos de resistencia. Creo que esa es la manera como tenemos que ver a los pueblos indígenas, como sujetos de derecho en resistencia permanente.
La Comisión de la Verdad, con su Informe, abrió un primer paso; así lo ven las organizaciones indígenas, el Informe de la CVR no es un punto de llegada, sino un punto de partida o para seguir reflexionando. Por ejemplo, ¿cuántos de nosotros nos identificamos como indígenas? Creo que la mayoría va a decir: «No, somos mestizos». Somos el país indígena que menos se reconoce como indígena, y creo que ese es el principal reto que tenemos. Vemos cómo estos problemas del pasado son parte del presente y tenemos muchas agendas y deudas pendientes; y, entre ellas, está el respetar nuestra propia identidad, respetarnos entre nosotros, mirar a nuestros abuelos con respeto y orgullo, porque seguramente allí encontraremos un indígena o un afro, porque dentro de nosotros está ese indígena o ese afro, está en nuestro ADN.
Nelson Pereyra
Es para mí un gusto estar aquí y compartir esta mesa con mujeres y varones destacados para reflexionar sobre el Informe de la Comisión de la Verdad, sobre la aplicación de las conclusiones y de las recomendaciones en este emblemático aniversario número 20 de la entrega del Informe Final.
Recuerdo que aproximadamente treinta años atrás, mucho antes de la existencia de la CVR, tres connotados antropólogos ayacuchanos —Carlos Iván Degregori, Ponciano Pino y José Coronel— elaboraron un primer texto que se titulaba «Las rondas campesinas y la derrota de Sendero Luminoso», donde intentaban hacer un diagnóstico de las consecuencias del conflicto armado interno, especialmente en Ayacucho. Carlos Iván Degregori señalaba que el conflicto armado interno había generado consecuencias agridulces y consecuencias trágicas. Entre las consecuencias «agridulces» mencionaba la capacidad de empoderamiento de los sectores campesinos, especialmente si estos habían participado en los Comités de Autodefensa Civil o Rondas Campesinas, quienes además portaban una memoria heroica, en la que ellos se consideraban los auténticos héroes de la pacificación nacional. Esta memoria resultaba interesante en tanto era contrahegemónica a la memoria oficial que el Gobierno de ese entonces difundía a nivel nacional. Además, los citados antropólogos sostenían que estos campesinos estaban participando en una suerte de “democracia étnica”; es decir, muchos de estos líderes de Rondas Campesinas fueron candidatos para las municipalidades o para el Congreso y llegaron a ser elegidos. En ese entonces ello era importante en ciudades como Ayacucho, Huanta o Cangallo, donde las elecciones municipales siempre han generado una suerte de racismo asolapado. Era la primera vez que pobladores provenientes de la zona rural eran elegidos como alcaldes de Huanta, Ayacucho o Cangallo, o de distritos muy cercanos a estas zonas urbanas. Pero, en ese entonces todavía no se hablaba de las víctimas, de la cantidad de muertos y desaparecidos, pues nadie imaginó en 1996 que las víctimas serían aproximadamente 69 000 peruanos. En ese entonces los mejores estimados eran de 25 000 o 30 000 personas. Se sabía de la existencia de una gran cantidad de desaparecidos. Eran otros años, en los que se sentía una fuerte expectativa en Ayacucho, después de más de una década de conflicto armado interno.
Treinta años después, con el Informe de la CVR de por medio, ¿qué es lo que tenemos? Un conjunto de aspectos que en ese entonces no fueron diagnosticados y la constatación de que la consecuencia más grave de la violencia fue la fragmentación del tejido social. Lo resumo del siguiente modo. Primero, la gran cantidad de desaparecidos, de 15 000 a 20 000. Más del 60 % de desaparecidos son pobladores de la zona rural de Ayacucho. En segundo lugar, la existencia de mujeres víctimas de violencia sexual, que es un asunto que todavía no ha sido mensurado ni sancionado como corresponde; ni siquiera ha sido reconocido por la gran mayoría de peruanos. En tercer lugar, reparaciones incompletas a los familiares de los desaparecidos, incluso una ausencia de reconocimiento a ciertas personas que son familiares de víctimas. A ello agréguese los tremendos trámites y papeleos que estas personas tienen que hacer frente a las instituciones del Estado encargadas de las reparaciones. Ausencia de reconocimiento simbólico y persistencia del racismo y dominación en las interpretaciones sobre la violencia. Y lo que es más importante, permanencia de las tremendas brechas sociales y étnicas, en contraposición con una de las conclusiones del informe final de la CVR que señala la violencia tuvo que ver con estas brechas que vienen desde el siglo XIX, acrecentadas en la siguiente centuria con la desigual distribución de la riqueza y la persistencia de la pobreza. Por lo tanto, el diagnóstico es tremendo y muy poco se ha avanzado en la solución. En el tema de las reparaciones todavía hay muchos vacíos. Con la búsqueda de desaparecidos, solo se ha encontrado al 12% de ellos. Si calculamos entre 15 000 a 20 000 desaparecidos, entonces podemos deducir la tremenda cantidad de personas ausentes que deben ser buscadas o que nunca podrán ser halladas. Además, el recuerdo de la violencia es todavía permanente entre la población de Ayacucho. Es una suerte de herida abierta que no cicatriza y que se ha vuelto más sangrante en diciembre con la brutal reacción de las Fuerzas Armadas a las protestas. Ello ha actualizado el trágico recuerdo de la respuesta de las fuerzas del orden en los años de la violencia política.
Foto recatada del portal web El Búho (Fecha de publicación: 09/09/2023)
¿Cuáles han sido los avances sobre el cumplimiento de las recomendaciones del Informe Final de la CVR en su región? ¿Estos avances son relevantes y suficientes para las regiones?
Rvd. P. Luis Zambrano
Desde el 2016 hay una especie de neofujimorismo congresal en su peor versión junto a otros socios pasajeros. Allí están las leyes a favor de las transnacionales, los blindajes a congresistas y a servidores públicos corruptos, el desfile de asesores fujimoristas por el Congreso. Todo es una mafia. Allí está la hipocresía política de no permitir una Asamblea Constituyente porque no les importa la ciudadanía ni las nuevas reglas de juego electorales, no quieren autoridades honestas sino autoridades «así como ellos nomás». Allí está la indolencia frente a los 49 asesinatos de los últimos meses directamente con bala y perdigones; en Puno 23, por parte de las fuerzas represivas, ni una Comisión de Investigación; no les importa la vida de los provincianos y menos de los pueblos indígenas. Es por ello que la gente pide que se vayan, pero no se quieren ir. Han decidido quedarse hasta el 2026 multiplicado por 26; mientras siga este dominio político y militar no habrá lugar para la democracia, aunque se la nombre a cada rato, se ize la bandera y otras cosas más. Yo noto que hay mala voluntad en los que gobiernan, de uno y del otro lado; estamos entrampados como país. Nos han metido en un túnel y han tapado la salida. La última prueba de esta trágica realidad se dio desde diciembre; y en Juliaca en enero y febrero. Las protestas y los enfrentamientos se reiniciaron el 4 de enero; hubo heridos. Yo fui testigo de la muerte; el 9 fue la barbarie. Por la mañana, los que iban a matar pidieron una misa junto al escenario de la muerte, en los exteriores del aeropuerto, y esos mismos en la tarde dispararon sobre todo a jóvenes y adolescentes, a varios por la espalda, incluyendo al médico joven, Marco Samillán, que actuó como un buen samaritano, solo que este samaritano, a diferencia de la parábola, fue asesinado cuando estaba curando a un herido. En las calles donde no había protesta también se mató a jóvenes. Yo por eso ahora, una vez más, denuncio que la policía en Juliaca fue enviada a matar, dispararon de la cintura para arriba, especialmente en la cabeza y en el tórax. En esos días hubo 203 heridos. Pero también he sido testigo de la vida, la institución “Fe y Derechos Humanos” apoyó decididamente desde el principio; asimismo, la Mesa de lucha contra la pobreza, la Defensoría y abogados comprometidos hasta ahora con la causa de las víctimas. La población se mostró cariñosa, compasiva, llevaban comida a las afueras del hospital para que los deudos, los acompañantes, los enfermeros, todos comieran. Apoyaban igualmente con dinero. Reconozco que nuestra población es solidaria; una solidaridad basada en los valores de los pueblos de los Andes.
La actual crisis sociopolítica tiene que ver con Fujimori en los noventa y en estos años, y con los demás Gobiernos. También con el de Castillo, zarandeado hasta el hartazgo, pero decadente por su propia voluntad. Tiene que ver con el escaso cumplimiento de las recomendaciones de la CVR por parte de las autoridades gubernamentales, también con las fuerzas reaccionarias del país que han encontrado su momento de atacar todo resquicio de democracia y, en nombre de ella, arrasar con lo poco que queda, como es el copamiento de las instituciones del Estado, y tiene que ver, finalmente, con una gran parte de la población que ha creído el cuento de que la política es mala y se ha desentendido de ella, cayendo en la indiferencia, en la resignación y en el individualismo. Ha cedido ese lugar a los traficantes de la política.
Belsa Escobar
Respecto a los avances en temas de reparación, los familiares no sentimos el avance de estas recomendaciones. Hablamos de los programas de reparación con organizaciones y hemos manifestado que, si la ley no tiene recursos, ¿cómo se va a reparar a las personas?; y, más aún, si queremos que cada persona sea tomada en cuenta como un ser diferente. Asimismo, en lo que respecta a búsquedas y personas desaparecidas, hubo una época en la que podía participar ya como representante de Kuskanchik Paqarisun y en las mesas nacionales, y siempre manifestamos que, si vamos a buscar a nuestros hermanos desaparecidos, tenemos que ser muy cuidadosos porque no es sencillo volver a tocar el tema; después no puedes dormir, no puedes hacer tu vida como lo haces todos los días, pues a pesar de que han pasado tantos años, te afecta mucho. Sin embargo, hace poco, el Ministerio Público estuvo en Huancavelica buscando a familiares de desaparecidos y, lamentablemente, todos estos pedidos de personas afectadas no son escuchados. El Ministerio Público solo buscaba a familiares de desaparecidos y no tenía siquiera un personal de salud mental que pudiera acompañar y ayudar a la persona, pese a que esto se ha pedido muchas veces. Con esto quisiera pedir que también este conversatorio no sea un esfuerzo en vano y que todos, desde donde estemos, podamos hacer el mejor de nuestros esfuerzos.
Muchas veces hemos hablado, ya sea individualmente o como parte de organizaciones, con los mismos representantes, las mismas cabezas; sin embargo, a pesar de que llevan muchos años en estos cargos, siento que no tienen la voluntad de querer cambiar las cosas y acelerar la implementación de las reparaciones o encontrar a las personas desaparecidas. Yo ya no soy parte de Kuskanchik Paqarisun; acompaño en varias actividades, pero ya no estoy tanto porque, tras seguir desde 1990 en la búsqueda de mi papá y de una respuesta, he llegado a la conclusión de que el querer ayudar, primero, tiene que ver con ayudarse a uno mismo, sanar para luego sanar a las personas. Entonces, lo que tenemos que hacer desde donde estemos, ya sea desde casa como madres o padres, estudiantes o instituciones, es ver la forma de ayudar a las personas y no dejar pasar tantos años; en este caso, han pasado veinte años de las recomendaciones, y casi no se ha avanzado en nada.
Zulma Villa
Un imperativo de la justicia es escuchar a las víctimas y repararlas integralmente. Hemos escuchado a las personas que me antecedieron que no ha habido avances o los avances han sido limitados en términos de justicia y reparación, y la misma lectura tienen los pueblos y las mujeres indígenas, porque siguen siendo invisibilizados, no se entiende todavía los impactos colectivos que ha dejado el conflicto armado. Las organizaciones colectivas, muchas de ellas, fueron destruidas. También, nos estamos olvidando que se usó a población indígena para combatir el terrorismo, y eso es bien importante tenerlo en cuenta porque ahora a esos indígenas que combatieron el terrorismo se les dice que son terroristas. Cuando llegó el 2000, teníamos muchas comunidades totalmente desarticuladas. Su forma de organización ya no era tradicional como antes, y no porque ellas habían decidido desarraigarse, sino porque asesinaron a sus autoridades tradicionales o porque se convirtió en un mecanismo de defensa. Antes elegían como autoridades indígenas a los más antiguos porque eran los más sabios; sin embargo, eso como digo no se podía hacer cuando muchos de ellos habían sido asesinados o desaparecidos. Tampoco se podía hacer ese cambio porque las comunidades preferían elegir un dirigente que pudiera hablar en español, jóvenes en su mayoría, pues sentían que de esa manera estarían más protegidos que con el dirigente que hablaba quechua, porque sentían que ello les garantizaba que pudieran comunicarse con quienes los detenían en una base militar o quienes los secuestraban, que eran los grupos subversivos. Entonces, no estamos visibilizando los impactos colectivos que ha tenido el CAI, impactos en la transmisión de sus saberes, el propio conocimiento y relación con la «madre naturaleza», como la llaman los pueblos indígenas. La Comisión de la Verdad nos habla de un 75 % de muertes, pero recordemos que en esas épocas en muchas comunidades indígenas no tenían ni libreta electoral, así que no vamos a saber cuántos, finalmente, han fallecido; y, por eso, uno entiende por qué en Ayacucho dicen: «Pero ¿por qué tan pocas víctimas?». A lo que voy es que, si nosotros no empezamos a visibilizar que no sólo hubo impactos individuales, sino también colectivos que mellaron en la identidad indígena, entonces será muy difícil entrar en un diálogo para sanar. También, las reparaciones colectivas, al igual que las individuales, no han tenido avance; sobre todo, porque las han vinculado con la lucha contra la pobreza. Entonces, el tema de la reparación queda invisibilizado y sigue pendiente.
Creo que una de las tareas que necesitamos realizar desde la academia, principalmente, es esta lucha contra la «desindianización» haciendo frente a este discurso del «blanqueamiento»; nosotros mismos empezamos a discriminar a otro que tiene el pellejito más oscurito que nosotros y nosotras. Empieza también por nosotros contrarrestar toda esta avalancha que tenemos de discurso político y mediático de «desindianizar», de desarraigarnos de nuestra identidad. Si no recuperamos nuestras raíces, como dicen los pueblos indígenas, difícilmente vamos a poder crecer y avanzar como país. Es como las plantas: sin raíz, ¿qué árbol va a crecer? Reconciliarnos con nosotros mismos, no es admisible que sigamos viendo enfrentados indígenas contra indígenas. Creo que ese es el reto, ¿cómo luchar por rescatar nuestras raíces como país para poder encontrar los caminos para sanar y, sobre todo, no olvidando que el imperativo de la justicia implica escuchar a las víctimas tanto individuales como colectivas, respetarlas y repararlas. Si no tenemos una lectura de largo plazo para poder comprender la dimensión del impacto que tiene un conflicto o un hecho violento en los pueblos indígenas, difícilmente vamos a encontrar el camino. Empecemos a encontrarnos con nuestra identidad; no seamos el único país indigenaque no se identifica como indígena, porque los únicos que no nos vemos como tal somos nosotros porque nos han metido el chip del mestizo y nos olvidamos de que el mestizo en el siglo XVI era visto como el truhan, el sinvergüenza. Ese es el reto que tenemos que empezar a hacer, estas reflexiones críticas de encuentro y que de ninguna manera pueden ser etiquetadas como resentimiento.
Nelson Pereyra
Sin lugar a dudas, los campesinos han sido las poblaciones más afectadas por la violencia política. Ha habido comunidades que, efectivamente, se han desestructurado y hasta han desaparecido; comunidades donde la estructura de poder ha colapsado ante la arremetida de Sendero Luminoso o de las fuerzas del orden. Pero, en regiones como Ayacucho hay experiencias muy interesantes de reestructuración de comunidades campesinas. Por ejemplo, las comunidades altoandinas de Huanta han atravesado por procesos de reestructuración y reconciliación motivadas por iglesias evangélicas. Estos casos han sido estudiados por antropólogos e historiadores de la Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga y deben ser difundidos porque son interesantes experiencias de reconciliación dadas en el marco de un discurso evangélico. Asimismo, existen comunidades que han reafirmado sus lazos comunales a partir de actividades festivas o ceremoniales. Por lo tanto, las respuestas de las comunidades han sido distintas y es muy difícil elaborar una mirada uniforme al respecto.
Volviendo al tema de los avances en el cumplimiento de las recomendaciones de la CVR, debo señalar que estos han sido tenues, casi insignificantes; por eso se siente que no hay mucho progreso en la reconstitución del tejido social. Como mencioné anteriormente, se ha logrado encontrar solo al 12% de desaparecidos. La fiscal de la nación ha señalado que para fin de año se espera restituir una gran cantidad de restos; pero, el asunto no es sencillo. Si se han realizado restituciones, ello es gracias al trabajo de profesionales como los del Equipo Forense Especializado del Ministerio Público. La identificación y restitución de restos no solo dependen del empleo de métodos de la antropología forense o de los análisis de ADN. Los rituales funerarios también forman parte de la restitución de restos y ellos son necesarios para que los familiares cierren sus duelos, dependiendo del credo religioso que profesan. Asimismo, en estos momentos está por iniciarse la construcción del Santuario de La Hoyada en el lugar que funcionó como crematorio y cementerio clandestino del cuartel Los Cabitos en Ayacucho. Pero, falta trabajar más la parte de reparaciones simbólicas. Por ejemplo, no puedo comprender cómo a un campesino de una comunidad de Huanta se le ha entregado cuatro cuyes como reparación simbólica. Finalmente, considero que no se está enfrentando el problema de fondo y este tiene que ver con la fuerte brecha social que existe en el país, un problema que viene del siglo XIX. Par la mayoría de peruanos, la violencia política es el problema del otro y no del nosotros; por ello nos cuesta asumir las recomendaciones de la CVR y encarar adecuadamente el fantasma del conflicto armado interno y sus consecuencias.
Foto final de la mesa sobre las dos décadas de posconflicto: una visión desde las regiones más afectadas. De izquierda a derecha se encuentran el Rvd. P. Luis Zambrano, Belsa Escobar, Mario Cépeda, Zulma Villa y Nelson Pereyra.
¿Cómo considera que los impactos y consecuencias del conflicto armado interno, los limitados avances en el cumplimiento de las recomendaciones del Informe y los cambios significativos en el desarrollo de la región determinan la actual crisis sociopolítica?
Rvd. P. Luis Zambrano
En los acontecimientos de los últimos meses se han notado características parecidas a los tiempos del terrorismo: uno, la discriminación. Gente que dice que los de Puno o de Ayacucho se dejan manipular, que no piensan; o Boluarte que dice que son grupos minúsculos, que las protestas dependían de Evo Morales, de los ponchos rojos, que se lanzaban balas dum dum con la guaraca. ¡Qué ignorancia, qué cinismo, qué brutalidad!, pero así se hablaba. Los muertos de enero y febrero de los sectores discriminados nos hacen recordar a los de los años ochenta que fueron el 75 %. Dos, el racismo. Mucha gente de la costa, incluidas las autoridades, desprecian a los de la sierra por su color, su idioma, sus costumbres, sus símbolos. En lo que a mí respecta, agradezco a Dios por estar cuarenta años en la sierra, a la que amé desde niño. El congresista Lizarzaburu, me da pena pronunciar su nombre, dijo que la wiphala, bandera del Tahuantinsuyo que incluye a varios países, es un «mantel de chifa», y no le han hecho nada, hasta lo han felicitado. Amnistía Internacional pone como título de su informe: «Perú, racismo total», un racismo unido al machismo en las marchas de Lima, mujeres quechuas y aimaras gaseadas, golpeadas, apresadas y botadas al suelo. Pero no se quedan llorando, Hilda Valenza, asesora de la coordinación de Mujeres del Noreste de Juliaca dice: «Hemos tomado conciencia de que, si nosotras como mujeres no luchamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer. La violencia ocurrida el 9 de enero nos ha ayudado a despertar». Tres, criminalización de la protesta y persecución. El «terruqueo» ya lo conocemos, calificar la protesta como rezago terrorista es la justificación para desmerecerla y perseguir a la población, nos hace recordar a los que vinieron en el tiempo de Colón a la isla Guanahani y decían: «Estos son ignorantes, son inmorales», porque andaban desnudos, «Son ateos, no creen en nuestro Dios», y al final, para rematar las cosas, «Son feos», dijeron a los antepasados.
Los policías que dispararon a la gente y los soldados que dispararon en Ayacucho fueron convencidos por los que gobiernan y sus mandos, que los que protestaban eran terroristas; es una explicación de lo que ha pasado. Mauricio Rodríguez, exgobernador de Puno, dijo hace poco: «El mayor error del Estado es echar la culpa al terrorismo de las protestas». Otro punto, las carpetas fiscales sobre los asesinados en enero, todas han sido trasladadas a Lima, centralizadas, y han puesto como jefa del equipo especial a Marena Mendoza, una fiscal de asuntos civiles; ella sabe lo que yo sé de ir a la Luna. Pruebas al canto: el 3 de mayo, los militares mataron a un universitario en Puno, pero nadie está preso. El 11 de junio protestaron los de la Cuenca Ramis, en Juliaca; hubo cinco muertos, pero no hay ningún preso y todo está estancado. En Lima, Inti y Bryan, más de dos años y no hay justicia. Entonces, recordemos que el 12 de diciembre de 1823 en Huancané, en Huacho Lima, los aymaras se rebelaron contra el Gobierno dictador de Leguía y los mataron a sangre y fuego, pero la herencia que dejaron continúa. Hay denuncias contra dirigentes en Puno, el estado de emergencia era un signo de amedrentamiento, pero la población ahora ya no les hace tanto caso. Para terminar, quiero leer un poema de mi último libro “Tantas veces ¡Adiós!”:
Poema de la esperanza
Y cuando dudo,
atisbo
miro
escudriño
hago mía la montaña.
Y llevo en mis brazos
como a un bebé
de días
entre risas y cantos,
la esperanza.
Ya que estamos en la Universidad Católica, intuyo que podría crearse o quizá se haya creado una pequeña Comisión de la Verdad o varias, también con posibilidades de que participen otras universidades. Sería como un radar político universitario que actúe como vigía atento frente a la violación de los derechos humanos, especialmente contra los que reclaman por la justicia, que vigile, evalúe, haga seguimiento, publique y eduque, como una memoria efectiva y constante, porque necesitamos conocernos y reconocernos como pueblo en la diversidad y entre generaciones. Si alguno de ustedes llega a ser congresista dentro de veinte años, hagan escuelas políticas promovidas por el Estado, no por los partidos que están malversando esos fondos. Enseñen allí historia, geografía, ética, política, gestión, a cómo no robar. La duración sería de dos años los fines de semana, no en las universidades. Sería el primer requisito para poder ser candidato y candidata. En el tiempo del terrorismo desde las Vicarías de Solidaridad hablábamos con las comunidades y todos tenían un pito, hay que cargarlo y tenerlo en la casa, es un arma pacífica. Y si, por una de esas cosas de la vida, alguien nos quiere matar con una pistola, nunca corramos de frente, sino en zigzag. Esto hay que decirlo frecuentemente, pues así se ha salvado un jovencito de nuestra parroquia “Pueblo de Dios” hace poco.
Sunquywan qankunawan rimarqani. Les hablo con todo el corazón. Allinpuni. Así debe ser. Así es.
Belsa Escobar
Lo que hemos vivido durante el conflicto armado interno y ahora en los últimos años son situaciones muy parecidas. Se ha visto con más claridad qué sucede realmente, por qué sucede y cuáles son las causas. Entonces, podemos darnos cuenta de que muchas cosas no son como las percibíamos. Se habla, por ejemplo, de que somos terroristas, pero se ha podido comprobar en los últimos años, con la crisis, que esto no es así, que ha habido falsos discursos. También se puede ver que las crisis que vamos viviendo son oportunidades para crecer, muchos de nosotros nos quedamos allí en los resultados de estos problemas y no logramos salir. Lo que quiero decir es que veamos estos problemas como oportunidades de cómo nosotros podemos salir con nuestras fortalezas, no esperar al Estado, tampoco quiero decir que nos alejemos, sino que he aprendido que si no funcionan las leyes, como, por ejemplo, en lo que respecta a las reparaciones o a la búsqueda de personas desaparecidas, se pierde bastante energía en seguir en algo que no da resultados. Entonces, es mejor buscar otro camino y, muchas veces, acercarse a la naturaleza te ayuda a ver cuál es ese camino.
Agradezco mucho a la naturaleza porque fue allí donde fui sanando: a los cerros, al canto de las huallatas, a las vizcachas en los andes, en las alturas. Todo eso me fue sanando y me ayudó a descubrir cuál es el sentido de mi vida, para qué estoy acá. Entonces, nuevamente les recuerdo a todos ustedes que desde donde estemos demos lo mejor. Si por un lado las leyes no funcionan, busquemos otra forma de ver cómo nos ayudamos entre nosotros. Y rescato bastante lo que los compañeros han dicho: es momento de ver que el problema no es del otro, sino que nosotros entendamos que lo que sucede afuera también tiene que ver con nosotros, y la solución también está en nosotros.
Zulma Villa
Compartimos, con los que nos han antecedido, porque hay esta repetición de patrones de lo que se ha vivido en el pasado y se vive en la actualidad: esta estigmatización, «racialización» en el discurso de muchos funcionarios públicos y en los medios de comunicación. Cómo molestaba, más allá del tema político, por ejemplo, el fenotipo de alguien que llegó al poder que se parece más a la mayoría de peruanos, que no habla bien el español, que estudió en Perú, porque no creo que todos hayamos estudiado en Alemania, alguien que viene de la zona rural y está vinculado con la tierra. Eso hay que analizarlo y preguntarnos ¿por qué nos molesta eso?, ¿por qué sobre todo a los limeños? Creo que se han repetido tantos patrones, que quienes hemos trabajado el proceso de los casos del conflicto armado, en realidad lo vemos con estupor porque no pensábamos volver a ver estas prácticas violentas sobre todo contra indígenas que las habíamos visto en el pasado, una actuación del poder militar y policial con esta seguridad de que si cometen un asesinato van a quedar en impunidad.
Hace poco, La República sacó estos desclasificados de Estados Unidos y veíamos cómo, en el Gobierno de Alan García como en el de Fujimori, los militares tenían el respaldo del poder político, y ese mismo respaldo se está viendo actualmente. Por ello, quiero concluir con una opinión jurídica sobre lo sucedido recientemente, desde el enfoque de los derechos de los pueblos indígenas y del derecho internacional penal, la señora Dina Boluarte y su gabinete son responsables del delito de genocidio y del delito de lesa humanidad por los hechos, por la declaración de los testimoniantes, de sus familiares y de las personas que han participado en las protestas de diciembre de 2022 y enero de 2023. Estamos convencidas que esta señora, tarde o temprano, va a estar como está ahora Fujimori, sentenciada por las graves violaciones cometidas en su “gobierno”. Ello lo sostengo jurídicamente, porque desde ONAMIAP nos ha tocado trabajar con otra colega en cuatro regiones del país: Ayacucho, Puno, Apurímac, Cusco. Y, precisamente, a partir de ese análisis, de la información pública disponible podemos concluir jurídicamente que los actos realizados por la señora configuran los delitos de genocidio y de lesa humanidad. Ahora bien, para poder entender la lógica del genocidio, es importante saber que cuando se habla de este tipo penal lo pensamos sólo en la lógica de lo que paso en Alemania y los nazis, pero nos olvidamos de cómo nació ese concepto, y esto es muy importante tenerlo en cuenta. Yo les recomiendo que lean a Bartolomé Clavero, quien trabajó mucho el tema de los pueblos indígenas y cómo surge el término «genocidio», en estos contextos y de cómo no sólo se trata de una matanza masiva, sino de provocar las condiciones que van a llevar a desaparecer, total oparcialmente, a ciertos sujetos colectivos de derecho como los pueblos indígenas. Entonces, basándonos como digo, en la información pública y de acuerdo a la doctrina y jurisprudencia del derecho internacional penal y del derecho internacional de los pueblos indígenas la señora Dina Boluarte es responsable no sólo de los delitos de lesa humanidad, sino también de genocidio en agravio de los pueblos indígenas quechuas y aimaras de las regiones de Apurimac, Ayacuho, Puno y Cusco.
Nelson Pereyra
El fin del conflicto armado interno coincidió con la aplicación del neoliberalismo que ocasionó el crecimiento de la macroeconomía. Mas, esta combinación también causó una transformación en las mentalidades. La situación de violencia hizo que la gente aceptase cualquier cosa con tal de solucionar el problema y esta lógica todavía persiste. Se llegó a aceptar el atropello a los derechos humanos con tal de frenar la subversión. Se llega a tolerar el atropello de los derechos de los demás o la corrupción con tal de materializar los objetivos individuales o consolidar alguna obra pública, respectivamente. La transformación mental de hace tres décadas ha generado una anomia permanente que está acompañada por la reproducción de dicotomías como interpretación “chata y barata” de una realidad que es más compleja y como forma de “terruqueo”. Si reclamas por los derechos humanos, por el respeto a los demás, por la lucha contra la corrupción, entonces eres un “terruco”. Lo peor es que la transformación mental y la anomia terminan yuxtapuestas sobre un racismo y una jerarquización que vienen de tiempos históricos. Esta combinación es un paquete altamente explosivo y peligroso especialmente en una coyuntura como la actual, cuando el mundo vira hacia posiciones ultraconservadoras.
Esto me preocupa. Creo que estamos retrocediendo hacia los años 30, cuando el Perú estuvo ad portas de una guerra civil. Ojalá que no ocurra lo mismo, pero estamos en una situación incierta y ello tiene que ver con un conflicto armado interno todavía no procesado, que no es asumido por la mayoría de los peruanos porque ellos consideran que el conflicto es problema del otro y no problema nuestro, como mencioné anteriormente. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Podemos hacer la reforma política, pero, desde mi punto de vista, queda en el vacío en tanto haya esta estructura mental que sostiene una situación de anomia y de dicotomía. Es importante hacer un trabajo de memoria para superar el pensamiento «chato y básico» y considerar que el asunto es mucho más complejo, que las consecuencias del conflicto armado son muy complejas, que todavía hay elementos de racismo y jerarquización que hoy son más visibles, nos siguen afectando y no los hemos superado. En estos momentos hay fantasmas del pasado que no han sido conjurados y que se acomodan a la nueva situación latente y contemporánea. Para conjurar dichos fantasmas urge la reflexión histórica y resulta paradójico que en un tiempo en el que la historia aparentemente deviene en obsoleta debido a las transformaciones tecnológicas el país necesite, más que nunca, de una reflexión histórica como tabla de salvación.
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