Elecciones con paridad, alternancia y ¿acoso político?
Politóloga y magíster en Gobierno y Políticas Públicas por la PUCP, co-fundadora de NOR – Instituto de Investigación en Ciencias Sociales.
Por ley, a partir de las Elecciones Generales 2021, en Perú, las mujeres aparecerán de manera intercalada en las listas de candidatos/as a los principales cargos políticos, y no deberán conformar menos del 50% de dichas listas. Este es, evidentemente, un gran avance hacia la participación plena de las mujeres en política, a nivel local, regional y nacional. Sin embargo, el aumento del número de mujeres en política pone en agenda un doloroso problema: el acoso político.
Mirtha Higa es, actualmente, una de las cuatro consejeras regionales mujeres de La Libertad, una región que tiene un Consejo Regional de quince integrantes en total. La primera vez que escuché sobre ella fue porque, junto a dos consejeras más, protestó con carteles en una reunión de consejo realizada por Zoom, el último 4 de agosto. Los carteles decían: “con que no me calles es suficiente”, “con que no nos silencies nos basta” y “con que no nos subestimes, nos basta”. Poco antes de esa reunión, ella había presentado un informe a la Comisión de Ética del Consejo Regional, acusando a tres consejeros de atentar contra su integridad durante las sesiones del pleno y, sin mayor debate, esta queja había sido archivada. En un medio local, el titular de la noticia decía “Consejeras denuncian acoso político y protestan en sesión virtual” (Paz, 2020).
Sesión ordinaria virtual, 4 de agosto de 2020 (Página de Facebook del Consejo Regional de La Libertad).
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Una reacción típica frente a las denuncias de acoso político es, según Juliana Restrepo, pensar que estas son exageradas. Suponer que estas mujeres “no tienen resistencia”, “son muy sensibles” y que “tienen que ser más fuertes” si quieren entrar al ámbito político. Juliana Restrepo, profesora-investigadora en la Universidad de la Florida, se ha abocado a investigar la violencia y el acoso contra las mujeres políticas en América Latina. Según sus investigaciones, la idea de que el acoso político es “algo que a los hombres también les pasa” está muy asentada en varios países, y en Latinoamérica, sobre todo, donde la violencia en política está tan normalizada (Krook y Restrepo, 2020; Restrepo, 2020). Sin embargo, para ella, la violencia política contra las mujeres, también llamada acoso político, es un fenómeno distinto que “no está ligado necesariamente a la ideología política, sino que está específicamente ligado al ser mujer” (J. Restrepo, comunicación personal, 12 de setiembre de 2020). Y, claro, este tipo de violencia se entrelaza con -y es difícil de distinguir de- la violencia usual de la política.
En nuestro país, el porcentaje máximo de mujeres en política alcanzado luego de veintidós años de implementación de cuotas de género ha sido de 30%, el cual nunca se ha podido superar», comenta Laura Albaine.
En el caso particular de Mirtha Higa, ella se quejó de burlas y menosprecio cuando dirigió dos sesiones del 20 y 21 de mayo, por Zoom, en las que le llegaron a silenciar el micrófono y le solicitaron terminar la transmisión dado que supuestamente no sabía dirigir la sesión. Ya en julio de 2019, había denunciado en una sesión de consejo que sufría hostigamiento a través de diferentes cuentas en redes sociales que la atacaban con frases machistas, burlonas y agresivas de manera continua. A fines de 2019, Mirtha recibió en dos ocasiones medidas de protección contra cinco hombres y mujeres que la hostigaban en medios de comunicación locales y redes sociales. En una de sus denuncias se lee:
[…] me continúan violentando con agresiones psicológicas, insultos, agresiones verbales, por parte de los denunciados, las cuales se han concretado en los siguientes frases o palabras denigrantes, vejatorios y machistas, contra la recurrente en mi calidad de mujer, tales como, «puta fina», «consejera de quinta», consejera del mal», «sidosa», «geisha», «sin neuronas» […] (Corte Superior de Justicia de La Libertad, 2019)
Entonces, si uno/a de ustedes cree que Mirtha Higa estaba probablemente exagerando y no se estaba adaptando a la arena política, se entiende que esa creencia no niega que hubo violencia, solo la normaliza. La dificultad está en distinguir esta forma de violencia, por razones de género, de otras. Un buen aporte a nivel internacional, para aclarar esta cuestión, es la Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política (CIM/OEA y MESECVI, 2017), preparada por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará. De acuerdo con este documento, la violencia contra las mujeres en la vida política es cualquier “acción, conducta u omisión”, que, “basada en su género, cause daño o sufrimiento a una o a varias mujeres, y que tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio de sus derechos políticos” (CIM/OEA y MESECVI, 2017, pp. 26-27). Es decir, se define a esta violencia principalmente por su naturaleza (basada en estereotipos de género que asumen la inferioridad y subordinación de las mujeres), y por sus resultados (el daño y sufrimiento de mujeres, y la consecuente afectación de su vida política).
En nuestro país, el porcentaje máximo de mujeres en política alcanzado luego de veintidós años de implementación de cuotas de género ha sido de 30%.
En el pionero caso boliviano, la Ley contra el acoso y violencia política hacia mujeres de 2012 se materializó, nos cuenta Marcia Pacheco, a raíz del caso emblemático de la concejala Juana Quispe, una concejala que sufría acoso y violencia a raíz de su rol de fiscalización sobre los procesos de contratación de su municipio. Este acoso concluye con su feminicidio en el año 2011. De acuerdo con Pacheco, consultora boliviana en temas de género, la presión social por este feminicidio fue tan fuerte que se pudo aprobar esta norma, que venía trabajándose desde 2009, año en que se incluye en la ley electoral de ese país la paridad y la alternancia. De hecho, a partir de la incorporación de la paridad y alternancia en Bolivia, se incrementan las denuncias y la visibilidad del acoso político.
Los países latinoamericanos son en la actualidad los que están innovando, en el plano comunicacional y normativo, a nivel mundial, para promover la participación de las mujeres en política y problematizar este tipo de violencia.
Un enfoque para entender este crecimiento de la violencia contra las mujeres en política, y su vínculo con medidas legales como la paridad y la alternancia, es ver al acoso político como el agrupamiento de los diferentes tipos de represalia (backlash) que sufren las mujeres al ocupar un lugar más grande en espacios de tomas de decisiones. Las manifestaciones de este backlash se observan a nivel mundial con casos cada vez más preocupantes y extendidos. Pámela Cantuarias, investigadora del Jurado Nacional de Elecciones, encuentra que existe un vínculo fuerte entre formas más agresivas de violencia y la labor fiscalizadora de las mujeres cuando asumen cargos públicos. Y es que las mujeres afrontan una doble carga de dificultad: la de género sumada a la violencia política (que pueden sufrir los hombres también).
En Perú, por su parte, la paridad y alternancia de género en las listas de candidatos se acaba de aprobar este año, con la Ley 31030, y se va a aplicar por primera vez durante las Elecciones Generales 2021. En nuestro país, el porcentaje máximo de mujeres en política alcanzado luego de veintidós años de implementación de cuotas de género ha sido de 30%, el cual nunca se ha podido superar, comenta Laura Albaine. Para Albaine, consultora e investigadora argentina, se podría decir que los esfuerzos para promover la participación política de las mujeres en nuestro país hasta ahora han sido ineficaces.
Con esta próxima e histórica participación paritaria de mujeres en política en el país, ¿deberíamos prepararnos para una mayor presencia de casos de acoso político en el país? La respuesta parece ser que sí. Según Laura Albaine, aunque las desigualdades cuantitativas disminuyan, persisten las cualitativas. En otras palabras: aunque haya más mujeres en política, la discriminación continuará. Así, a pesar de todos los avances normativos […] para el ejercicio de los derechos políticos en las mujeres en condiciones de igualdad y no discriminación estas prácticas persisten, son un problema estructural en las democracias y como ya se mencionó la política no está disociada de lo que pasa a nivel social o sea esa violencia de género que vemos cotidianamente en América Latina, en los femicidios y que especialmente la pandemia ha puesto más en evidencia […] tienen su correlato en el ámbito político, nada más que adopta connotaciones específicas según las reglas que regulan el quehacer político (L. Albaine, comunicación personal, 12 de setiembre de 2020)
Como respuesta a la paridad, por ejemplo, se generan estrategias para retener el poder desde estos espacios ocupados históricamente por hombres, como forzar a las mujeres a renunciar a sus cargos para ceder su lugar (el caso de Bolivia), o realizar denuncias por corrupción en contra de ellas a fin de dañar su imagen y afectar su labor (como en Colombia). De acuerdo con Georgina Cárdenas, académica mexicana, estas estrategias dirigidas a mujeres políticas, pueden tomar la forma también de lo que algunas especialistas han llamado “paridad simulada” o “usurpación permitida”. Una apariencia de mayor participación de mujeres, que no se traduce en una participación sustantiva de las mismas dado que un hombre (por ejemplo, su pareja), en la práctica, ejerce sus funciones.
El acoso político puede escalar hasta el feminicidio, en contextos donde las denuncias no se toman en serio ni son debidamente atendidas
A pesar de todo, los países latinoamericanos son en la actualidad los que están innovando, en el plano comunicacional y normativo, a nivel mundial, para promover la participación de las mujeres en política y problematizar este tipo de violencia. Un factor clave para explicar estos avances en Perú y otros países de la región es la importante labor de las activistas, redes de apoyo y movimientos feministas. La campaña “Somos la Mitad queremos Paridad sin acoso político”, en Perú, ha presentado tres iniciativas legislativas a favor del reconocimiento del acoso político en 2013, 2018 y 2019, y viene implementando un observatorio que hace seguimiento a los casos a nivel nacional[1].
Para Diana Miloslavich, vocera de la campaña, “el papel de las feministas ha sido fundamental […] además de colocar todo el debate sobre los derechos sexuales y reproductivos, uno de los grandes aciertos en los últimos dos años es el reconocer los derechos políticos de las mujeres y eso fue parte de un gran debate antes de sacar la Ley Modelo en Washington” (D. Miloslavich, comunicación personal, 12 de setiembre de 2020). El rol de los organismos electorales también ha sido clave: el Jurado Nacional de Elecciones, a través de su Dirección Nacional de Educación y Formación Cívica Ciudadana viene ejecutando una serie de estrategias para visibilizar y reducir el acoso político en mujeres candidatas. Gracias a las encuestas y protocolos de registro de estos casos, contamos con evidencia acerca del alcance y la forma de este tipo de violencia a nivel nacional. Incluso en la región La Libertad, donde se produjeron los hechos que relatamos al inicio, contamos con una ordenanza regional publicada en junio de 2019 que aprueba la regulación contra el acoso político hacia las mujeres, incluyendo a mujeres autoridades de comunidades campesinas y representantes de organizaciones sindicales, de base y de estudiantes. También en la región Puno y Amazonas contamos con ordenanzas de este tipo.
Aunque se ha avanzado mucho y de manera tenaz en cuanto a lo normativo, un preocupante cuello de botella, de acuerdo a las expertas citadas aquí es el de la implementación y el monitoreo de estas innovaciones: ¿Hasta qué punto la norma puede ser maleable?¿Por qué las normas no se implementan a través de reglamentos y protocolos?¿Que tanto se puede lograr sin presupuesto asignado ni una política nacional?¿Cómo cambiar las actitudes de los operadores de justicia y de la salud que reproducen el maltrato en contra de las mujeres que denuncian?¿Cómo parar el acoso político anónimo a través de redes sociales? La preocupación por el acoso político es parte de una preocupación por la democracia y la inclusión de todos los grupos relegados del espacio público, como los jóvenes, indígenas, afrodescendientes y la comunidad LGTBIQ+. Más que una mera cuestión electoral, se configura como una iniciativa para reducir las desigualdades políticas y hacer más democrática la política, antes, durante y después de las elecciones. El último 7 de septiembre, hemos celebrado 65 años desde que las mujeres pueden votar y ser elegidas en Perú, y este también es un recordatorio de que el camino por recorrer es largo aún. En las Elecciones Generales del próximo 11 de abril de 2021 elegiremos al presidente de la República, dos vicepresidentes, 130 congresistas de la República y 5 parlamentarios andinos para el período gubernamental 2021-2026, pero Perú no cuenta con una Ley sobre acoso político.
El acoso político puede escalar hasta el feminicidio, en contextos donde las denuncias no se toman en serio ni son debidamente atendidas. Desde la academia y el activismo, de la mano de aliados/as en organizaciones políticas y electorales, tenemos algunos meses por delante para fortalecer nuestras estrategias para hacerle frente a este problema.
[1] “¡Somos la Mitad, queremos Paridad sin acoso!” es una campaña organizada por el Movimiento Manuela Ramos, el Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, la Red Nacional de Mujeres Autoridades Locales y Regionales del Perú (RENAMA) y la Asociación de Comunicadores Sociales Calandria. Busca aportar al debate sobre la reforma política electoral, incorporando el análisis de género, planteando propuestas para fortalecer la democracia y garantizar el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres.
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Referencias
Paz, D. (2020, 6 de agosto). Consejeras denuncian acoso político y protestan en sesión virtual. La República, Recuperado de https://larepublica.pe/sociedad/2020/08/06/la-libertad-consejeras-denuncian-acoso-politico-y-protestan-en-sesion-virtual-lrnd/
Consejo Regional La Libertad (2020, 4 de agosto). Sesión ordinaria virtual [Archivo de video]. Recuperado de https://www.facebook.com/watch/live/?v=337555077379284&ref=watch_permalink
Corte Superior de Justicia La Libertad. Medidas de Protección (Expediente Nº 13435-2019-0-1601-JR-FT-09). 11 de noviembre de 2019.
Comisión Interamericana de Mujeres. Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Ley Modelo Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres en la Vida Política / [Preparado por el Comité de Expertas del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI). Comisión Interamericana de Mujeres]. p. ; cm. (OAS. Documentos oficiales ; OEA/Ser.L/II.6.17). Recuperada de https://www.oas.org/en/cim/docs/ViolenciaPolitica-LeyModelo-ES.pdf
Krook, M. L., & Restrepo, J. (2020). The cost of doing politics? Analyzing violence and harassment against female politicians. Perspectives on Politics, 18(3), 740-755. Recuperado de https://www.cambridge.org/core/journals/perspectives-on-politics/article/cost-of-doing-politics-analyzing-violence-and-harassment-against-female-politicians/997569433135FA170B2789C88A48DD17
Restrepo, J. (2020). Violence against Women in Politics: Latin America in an Era of Backlash. Signs: Journal of Women in Culture and Society, 45(2), 302-310. Recuperado de http://mlkrook.org/pdf/Restrepo_20.pdf
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