¿Por qué el voto de las regiones andinas despierta sospechas cuando no coincide con las élites? Testimonios, especialistas y defensores de derechos humanos analizan cómo la discriminación electoral y el centralismo limitan la convivencia democrática en el Perú.

Tras la primera vuelta de las elecciones 2026, mientras Puno, Cusco, Ayacucho, Arequipa y otras ciudades del sur del Perú avanzaban con el conteo de votos, el mapa electoral empezó también a convertirse en un mapa de sospechas. Las regiones andinas no solo fueron señaladas como territorios donde supuestamente se habían registrado irregularidades durante el proceso electoral, sus votantes comenzaron a ser retratados como manipulables, ignorantes o incapaces de decidir el rumbo político del país.

Uno de los rostros sobre los que se descargó con mayor virulencia esa narrativa fue el de Brígida Curo, candidata a la segunda vicepresidencia por el partido de Roberto Sánchez. Durante la campaña electoral ya había sido objeto de comentarios discriminatorios que cuestionaban su capacidad para ejercer un cargo público debido a su origen, su forma de hablar y su trayectoria. Sin embargo, tras conocerse los resultados preliminares de la primera vuelta, los ataques se intensificaron. Su imagen se convirtió en uno de los principales blancos de ataques en los que se proyectaron estereotipos y prejuicios dirigidos no solo contra su candidatura, sino también contra amplios sectores de las regiones andinas y rurales.

La magnitud de los ataques motivó pronunciamientos de organizaciones de derechos humanos e instituciones públicas. A través de sus redes sociales, el Poder Judicial recordó que los actos de discriminación por motivos étnicos o culturales constituyen un delito sancionado por el Código Penal y que las conductas cometidas mediante internet pueden acarrear penas agravadas.

Los mismos discursos aparecieron durante la segunda vuelta del 7 de junio, cuando nuevamente se pusieron en duda las decisiones electorales adoptadas en estas zonas del país, especialmente de quienes respaldaban opciones políticas distintas a las esperadas por determinados sectores.

“La verdad me pareció bastante repulsivo juzgar a alguien por quién vota o por decidir quién lo va a representar. Aceptar los resultados debería ser un acto de respeto hacia los demás. Pero parece que nos quisieran quitar el derecho a votar”, señala Zesmeni Aguilar, estudiante de Derecho natural de Puno. Recuerda que los comentarios que circularon durante esos días en redes sociales generaron tristeza, pero también indignación entre muchas personas de su región. Y no se trataba de una percepción aislada. Conforme avanzaba el conteo de votos, varias regiones del sur comenzaron a ser señaladas como los territorios donde supuestamente se había alterado la voluntad popular.

La narrativa del fraude comenzó a instalarse incluso antes de que existieran resultados oficiales consolidados de la elección de primera vuelta. Al día siguiente, cuando la ONPE procesaba las primeras actas y aún continuaba el sufragio en algunas mesas de Lima, que se instalaron de manera extraordinaria debido a problemas operativos registrados el domingo 12 de abril, el entonces candidato presidencial Rafael López Aliaga denunció públicamente presuntas irregularidades. Con el paso de las horas, su discurso dejó de centrarse únicamente en aspectos técnicos del proceso y pasó a cuestionar abiertamente a los votantes de determinadas zonas rurales. Las sospechas ya no recaían únicamente sobre el proceso electoral, sino también sobre quienes habían emitido su voto en esos territorios. Ese discurso fue rápidamente replicado por sus seguidores y determinadas regiones del país pasaron a convertirse en blanco de señalamientos.

En una entrevista con el politólogo argentino Agustín Laje, conocido por difundir contenidos desinformadores a través de sus plataformas digitales, López Aliaga puso en duda la alta participación registrada en las zonas rurales, según él, “nunca antes vista en elecciones anteriores” y atribuyó a sus votantes limitaciones para completar correctamente la documentación electoral. “El nivel de conocimiento para llenar el acta es muy complejo y en las zonas rurales, donde no tienen los medios para formarse bien, que el nivel de eficiencia del llenado de las actas sea al 100 %, no pues”, afirmó ante una audiencia de más de 95 mil espectadores. Más allá de las denuncias sobre presuntas irregularidades, sus declaraciones contribuían a un discurso que no solo ponía en entredicho el proceso electoral, sino también la capacidad de quienes ejercían su derecho al voto en regiones históricamente marginadas.

Del conteo de votos al juicio de los votantes

Para el politólogo Paulo Vilca, investigador del Instituto de Estudios Peruanos (IEP), lo ocurrido tras las elecciones no puede entenderse únicamente como una controversia electoral. A su juicio, las reacciones de determinados sectores frente al voto proveniente de zonas andinas responden a prejuicios históricos que suelen reactivarse cada vez que estas regiones expresan preferencias políticas distintas a las esperadas por las élites limeñas.

Vilca sostiene que «no es una sorpresa» que exista una reacción con una «carga racista evidente» hacia la votación de las regiones andinas. Incluso recuerda que estos discursos precedieron a la elección. Como ejemplo menciona una columna de Aldo Mariátegui, publicada durante el crecimiento de la candidatura de Roberto Sánchez, en la que señalaba que Cajamarca era «el Puno del norte». Para el investigador, este tipo de referencias revelan una intención de generar estigmas al momento de interpretar el comportamiento político de determinadas partes del país.

Según explica, detrás de los cuestionamientos al voto andino suelen aparecer tres estereotipos recurrentes: la idea de que se trata de un voto ignorante, manipulado o radical. Lo paradójico, advierte, es que estas categorías son incompatibles entre sí. «Primero te dicen que no sabes lo que le conviene al país y aun así votas. Después aparecen discursos donde ni siquiera te enteras de que hay elecciones porque otros deciden por ti. Y finalmente te presentan como alguien radical que vota de cierta manera», señala.

Para el investigador, estas narrativas no buscan realmente explicar el comportamiento electoral de las regiones del sur. Más bien expresan una dificultad para reconocer la legitimidad de opciones políticas distintas. En ese sentido, considera que los calificativos utilizados para describir el voto de esta parte del país terminan funcionando como mecanismos de deslegitimación. «Todos estos adjetivos y formas de clasificar el voto andino surgen ante la imposibilidad de entender y aceptar que existen posturas políticas diferentes, otros proyectos políticos y otras formas de ver el país», afirma.

Para Oswaldo Bolo, magíster en Estudios Culturales y especialista en discursos y narrativas, los mensajes que circularon durante la campaña no surgieron de manera espontánea ni responden únicamente a desacuerdos políticos. Más bien forman parte de repertorios discursivos que reaparecen cada vez que determinados sectores históricamente excluidos adquieren protagonismo en la vida pública. «El Perú es un país históricamente racializado y en cualquier espacio de conflicto o disputa el tema racial aparece de inmediato», sostiene.

Según explica, estos discursos suelen presentar a las poblaciones andinas, indígenas o rurales como sujetos incapaces de tomar decisiones racionales sobre el futuro del país. «Se construye la idea de que ese otro es primitivo, irracional, que no piensa bien, que no sabe elegir representantes políticos y que no entiende el verdadero sentido del progreso y el desarrollo», señala. En consecuencia, añade, no solo se cuestiona una determinada opción electoral, sino también la legitimidad de quienes la respaldan para participar en igualdad de condiciones dentro de la democracia. «Se les niega el reconocimiento como ciudadanos con los mismos derechos para decidir sobre el rumbo del país», afirma.

¿Por qué mi voto tendría que valer menos?

Esa descalificación de los votantes del sur andino no se quedó en el plano discursivo. Para muchas personas de las regiones señaladas, los cuestionamientos fueron vividos como una negación de su condición de ciudadanos con los mismos derechos que cualquier otro peruano o peruana. Yolanda Flores Montoro, aymara e integrante de la Asociación de Derechos Humanos y Medio Ambiente de Puno, recuerda con indignación las afirmaciones que ponían en duda la capacidad de los votantes rurales para participar en una elección. «Ha sido una decepción escuchar eso. Que nos digan que ni siquiera sabemos leer, que no sabemos llenar un acta», señala.

Flores reconoce que su generación enfrentó enormes barreras para acceder a la educación. «Nosotros no teníamos acceso a la educación. Las escuelas estaban muy lejos. Yo soy aymara y no sabía castellano. Tenía que caminar dos horas para ir a un colegio y aprender a leer y escribir», recuerda. Sin embargo, considera que esas dificultades históricas no pueden convertirse en argumentos para cuestionar sus derechos ciudadanos. «Eso no me quita el derecho a votar. Nosotros ya teníamos una decisión sobre por quién votar. ¿Por qué mi voto tendría que valer menos? ¿Acaso no tenemos el mismo DNI?», cuestiona.

Las palabras de Flores remiten además a una historia más amplia de exclusión educativa que ha marcado a generaciones de peruanos indígenas. Durante décadas, miles de niños y niñas quechuahablantes y aymarahablantes crecieron en territorios donde el acceso a la educación sigue siendo limitado y donde aprender castellano cuesta enfrentar sistemas educativos que no reconocen su lengua materna. Esta realidad alcanza a una parte importante de la población peruana. Según el Censo 2017, cerca de 4 millones de personas hablan una lengua indígena u originaria, de las cuales más de 3,2 millones tienen al quechua como lengua materna y más de 434 mil al aymara. En ese contexto, cuestionar la capacidad de estas poblaciones para ejercer sus derechos políticos no solo desconoce una historia de desigualdades persistentes, sino que reproduce prejuicios que aún perviven en amplios sectores de la sociedad peruana.

Más allá de la identidad: la exclusión política

Para los defensores de derechos humanos, cuestionar la capacidad de determinados sectores para participar en elecciones tiene implicancias que trascienden el debate político coyuntural. Tania Pariona, secretaria ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, sostiene que los ataques dirigidos contra los votantes del sur andino —e incluso contra los de la Amazonía, quienes también enfrentan situaciones similares— revelan una dimensión menos explorada de la discriminación en el Perú. Si históricamente el racismo se ha expresado a través de estereotipos vinculados al origen, la lengua, la cultura o los rasgos físicos, hoy también puede manifestarse mediante el cuestionamiento de quiénes son considerados capaces de participar legítimamente en la vida política del país.

Pariona sostiene que este fenómeno debe empezar a entenderse como una forma de «racismo político», una expresión de discriminación que busca deslegitimar la capacidad de determinados ciudadanos y ciudadanas para tomar decisiones sobre el rumbo del país. «Ya no es un racismo que cuestiona únicamente lo étnico, lo cultural o las diferencias fenotípicas. Lo que está cuestionando es la capacidad política de las personas: su capacidad de discernir, de razonar, de elegir y de valorar a alguien que consideran que las representa», explica.
Pero la sospecha sobre las poblaciones andinas no se ha limitado al terreno electoral. Los discursos utilizados para cuestionar el voto de las regiones del sur guardan profundas similitudes con aquellos que, en distintos momentos, han servido para desacreditar las protestas sociales surgidas en esos mismos territorios.

Para el politólogo Paulo Vilca, no se trata de fenómenos distintos, sino de expresiones de una misma narrativa. «Por supuesto, es el mismo discurso», sostiene. Según explica, las categorías utilizadas para desacreditar el voto son prácticamente las mismas que se emplean para deslegitimar el derecho a la protesta: «Protestan porque son ignorantes. Protestan porque los financian los mineros ilegales o los bolivianos. Protestan porque son terroristas. Todas forman parte de la misma continuidad».

Detrás de este patrón, explica el especialista, subyace una misma lógica: negar la capacidad de agencia política de las poblaciones andinas a través de etiquetas de incapacidad o radicalismo. Estos adjetivos terminan cumpliendo una función similar: calificar la participación política de estos sectores no como el resultado de decisiones propias, sino como consecuencia de factores ajenos a su voluntad.

Desde el enfoque de los derechos humanos, Pariona coincide en que los discursos que desacreditan el voto de las poblaciones históricamente olvidadas guardan relación directa con aquellos que, durante años, han servido para justificar respuestas represivas frente a la movilización ciudadana.

«Uno no está desconectado del otro. Las formas como se excluye parten por cómo ves al otro», señala. También se refleja en la forma en que el Estado ha respondido a distintas protestas ocurridas en el sur del país. Recuerda que en varios conflictos sociales se recurrió incluso a la intervención de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta y que las respuestas estatales estuvieron marcadas por un uso desproporcionado de la fuerza, una actuación que —afirma— difícilmente se habría producido de la misma manera en Lima o en ciudades del norte. «Todo está entretejido: cómo reprimes, cómo consideras al otro en la actividad política o cómo atiendes los programas sociales, entre otros aspectos», concluye.

El peso del centralismo y las brechas de representación

Para diversos actores sociales del sur, los cuestionamientos al voto de las regiones andinas no solo reflejan prejuicios persistentes, sino también una dificultad histórica para comprender las demandas y prioridades de territorios alejados de los centros de poder. Detrás de las dudas sobre determinadas decisiones electorales existe una relación aún marcada por el centralismo y por la persistente subordinación de las regiones en la toma de decisiones del país.

Esa es la lectura de Miguel Meza, dirigente social del Valle de Tambo, en Arequipa, quien considera que las reacciones frente al voto del sur evidencian los límites de un proceso de descentralización que no ha logrado reducir las brechas políticas entre Lima y las regiones. «En Arequipa siempre hemos sido personas revolucionarias. Incluso hemos planteado separarnos de Lima porque no existe una verdadera descentralización. Seguimos siendo olvidados», afirma. Para Meza, los resultados electorales expresan demandas y malestares acumulados que muchas veces son ignorados desde la capital. «Estos mensajes discriminatorios aparecen porque las élites que siempre aspiran al poder o quieren permanecer en él, no tienen sus votos ahí”, sostiene.

Lilian Oscco, secretaria ejecutiva de la Red Muqui, articulación de más de 30 instituciones que defienden los derechos de las comunidades, considera que esta discusión también obliga a mirar las desigualdades que persisten detrás del proceso de descentralización. Si bien reconoce que existe un reclamo constante de las regiones frente a la concentración de decisiones en Lima, advierte que las brechas de representación no desaparecen al llegar a la capital. «Existe la demanda reiterada de la población de otras regiones sobre la preeminencia de Lima como el centro de las decisiones del país», señala.

Oscco advierte que esta situación no solo afecta a quienes permanecen en sus territorios de origen. Muchas de las personas que migraron a Lima buscando oportunidades que no encontraron en sus regiones también continúan enfrentando formas de exclusión. «En Lima tenemos una diversidad de identidades que, justamente al no encontrar oportunidades y atención en sus regiones, ha migrado hacia Lima, se asienta en zonas periféricas y sus voces y demandas tampoco son escuchadas», sostiene.

Añade que los discursos discriminatorios evidencian desigualdades históricas aún vigentes. «A pesar de su contribución a la cultura, la historia, las artes, el folklore o la gastronomía, los pueblos andinos, amazónicos y la población afroperuana no son considerados ciudadanos en categorías de igualdad humana», señala.

Una nueva generación frente a la polarización

Quienes con mayor frecuencia reclaman un cambio frente a estos discursos son precisamente los más jóvenes. Y no es un grupo menor. Según datos del RENIEC, para las elecciones de 2026, 6 millones 892 mil jóvenes entre 18 y 29 años estuvieron habilitados para votar, lo que representó el 25,2 % del padrón electoral nacional. De ellos, más de 2,5 millones acudieron por primera vez a las urnas.

Para una generación que se incorpora a la vida política en un contexto marcado por la polarización, la desinformación y los cuestionamientos a la legitimidad de determinados votantes, la construcción de una convivencia democrática aparece como uno de los principales desafíos.

Desde el punto de vista de Ale Aranzábal, cusqueña de 25 años, recién egresada de Psicología e integrante del colectivo Resiste Marica, los mensajes que circularon durante la campaña constituyen una narrativa que la acompaña desde incluso antes de que cumpla la mayoría de edad para ejercer su derecho al sufragio. «No es algo que me sorprenda. Incluso antes de tener edad para votar recuerdo que se hacían comentarios diciendo que debían volver las esterilizaciones forzadas para quienes votaban por quien no era Keiko Fujimori», recuerda.

Frente a ello, considera que la respuesta pasa por fortalecer la participación de quienes históricamente han sido excluidos de la toma de decisión. «Las personas que somos quechuas, aymaras y mestizas vamos a seguir existiendo y tenemos muy claro que necesitamos seguir ocupando espacios nosotros mismos, porque si no nadie lo va a hacer», afirma.

Zesmeni Aguilar, con 24 años, considera que revertir estas dinámicas exige una mayor voluntad de inclusión desde quienes hoy ocupan cargos de representación. “Personalmente, todavía no veo una intención de integración entre peruanos y peruanas. Debe partir de los candidatos que ahora ya son senadores y diputados. Ellos deben dar el ejemplo para cambiar esta mentalidad clasista y racista, porque no se puede exigir deberes a la población si no se le brindan derechos”, afirma.

La campaña electoral de 2026 dejó al descubierto una discusión que atraviesa desde hace décadas la vida pública peruana. Cada vez que determinados sectores cuestionan la capacidad de las poblaciones andinas o amazónicas para elegir a sus representantes, participar en la política o movilizarse en defensa de sus demandas, no solo ponen en duda una decisión electoral, también revelan los límites de una democracia que todavía no termina de reconocer a todos sus ciudadanos y ciudadanas como sujetos con igual capacidad para intervenir en el destino colectivo del país.

Los testimonios recogidos muestran que detrás de los ataques y estigmatizaciones existe algo más profundo que una disputa coyuntural entre candidatos o partidos. Persisten viejas jerarquías que establecen quiénes son considerados interlocutores legítimos y quiénes deben limitarse a obedecer decisiones tomadas desde otros sectores. En un país marcado por profundas desigualdades territoriales, sociales y culturales, la representación política sigue siendo también una disputa por el reconocimiento. No se trata únicamente de quién ocupa un cargo público, sino de quiénes son considerados dignos de ejercer poder, influir en las decisiones nacionales y ser escuchados sin que su origen, su lengua o el lugar donde viven se conviertan en motivo de descalificación.

Para Yolanda Flores Montoro, la respuesta frente a estos intentos de exclusión no pasa por el silencio ni por el repliegue, sino por participar de manera directa en los ámbitos donde se definen las decisiones que afectan a las regiones y a sus comunidades. “Nosotras vamos a entrar a esos espacios. Tiene que estar nuestra voz en esos espacios porque nosotras somos quienes estamos en los territorios, convivimos con agua envenenada y somos las que cuidamos la biodiversidad. Entonces, sí o sí tenemos que estar en esos espacios”. Puntualiza con firmeza.