Introducción
En marzo de 2026, una interrupción en el sistema de transporte de gas natural del país obligó a adoptar medidas extraordinarias para preservar el abastecimiento interno[1]. La contingencia afectó temporalmente el suministro a determinados usuarios industriales, generadores eléctricos y estaciones de gas natural vehicular. Miles de conductores que utilizaban Gas Natural Vehicular (GNV) tuvieron que recurrir temporalmente a combustibles más costosos, mientras algunas industrias intensivas en consumo energético redujeron o paralizaron parcialmente operaciones[2]. Asimismo, determinadas centrales termoeléctricas enfrentaron mayores costos al sustituir gas natural por diésel. Aunque los efectos fueron temporales, el episodio puso en evidencia cómo una interrupción energética puede trasladarse rápidamente a la economía y, finalmente, afectar a sus ciudadanos.
La situación coincidió con un contexto internacional marcado por la volatilidad de los mercados energéticos debido a las tensiones en Medio Oriente y la preocupación global respecto de la seguridad de rutas estratégicas como el Estrecho de Ormuz[3]. Ambos eventos, aunque de naturaleza distinta, recordaron una realidad que suele pasar desapercibida en tiempos de normalidad: la energía continúa siendo uno de los pilares fundamentales para el funcionamiento de las economías modernas y para el bienestar de la población.
La seguridad energética ha dejado de ser una preocupación exclusiva de especialistas para convertirse en un componente esencial de la seguridad económica y social de los países.
Durante los últimos años, gran parte del debate energético internacional se concentró en la transición hacia fuentes de energía con menores emisiones[4]. Sin embargo, los acontecimientos recientes han demostrado que la transición energética no puede analizarse únicamente desde una perspectiva ambiental. La disponibilidad de energía, la resiliencia de las infraestructuras críticas, la confiabilidad de los sistemas de suministro y la capacidad de respuesta frente a contingencias han vuelto a ocupar un lugar central en la agenda pública nacional.
La seguridad energética ha dejado de ser una preocupación exclusiva de especialistas para convertirse en un componente esencial de la seguridad económica y social de los países. La experiencia de Europa tras la invasión rusa a Ucrania, las tensiones recurrentes en Medio Oriente, la creciente competencia geopolítica entre Estados Unidos y China, así como el incremento sostenido de la demanda energética impulsada por la digitalización y la inteligencia artificial, han puesto en evidencia que la energía seguirá siendo un recurso estratégico durante las próximas décadas.
En este contexto, resulta interesante preguntarse qué significa la seguridad energética para un país como el Perú. A pesar de contar con importantes recursos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo y un significativo potencial para el desarrollo de energías renovables, el país mantiene desafíos estructurales asociados a la concentración de infraestructura crítica, brechas de acceso entre regiones, dependencia de determinados combustibles importados y dificultades para transformar plenamente su potencial energético en bienestar para toda la población.
La tesis de este artículo parte de la premisa que el principal desafío energético peruano no radica en la disponibilidad de recursos, sino en la capacidad institucional para transformarlos en acceso, resiliencia y bienestar para la población. Asimismo, sostiene que una transición energética inclusiva requiere superar la falsa dicotomía entre sostenibilidad y seguridad energética, construyendo una visión de largo plazo que coloque al ciudadano en el centro de la planificación energética.
El regreso de la seguridad energética al centro del debate global
Durante varios años, gran parte de la discusión energética global estuvo orientada hacia la transición energética y la reducción de emisiones[5]. Gobiernos, organismos multilaterales y sector privado comenzaron a redefinir estrategias para acelerar la incorporación de energías renovables, electrificar sectores intensivos en combustibles fósiles y avanzar hacia objetivos de neutralidad de carbono. En el sector minero, por ejemplo, se acota una término muy usado, pero poco comprendido “la descarbonización”.
Hoy la discusión energética ya no se limita a cómo reducir emisiones. Los acontecimientos recientes han recordado que la transición energética ocurre en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y riesgos sobre cadenas de suministro. En ese contexto, la seguridad energética es un punto importante en la agenda global. Miremos por ejemplo lo que sucede en el Estrecho de Ormuz, por donde transita una parte significativa del comercio mundial de petróleo. La posibilidad de interrupciones en esta ruta estratégica genera preocupación inmediata en los mercados internacionales y muestra una alta dependencia que todavía existe respecto de determinadas infraestructuras críticas. Más allá de las fluctuaciones coyunturales de precios, estos episodios dan cuenta de la vulnerabilidad de las cadenas globales de suministro energético.
Hoy la discusión energética ya no se limita a cómo reducir emisiones. Los acontecimientos recientes han recordado que la transición energética ocurre en un mundo marcado por tensiones geopolíticas, competencia tecnológica y riesgos sobre cadenas de suministro.
Al mismo tiempo, la demanda mundial de energía continúa creciendo[6], contrariamente a algunas proyecciones formuladas hace una década, la expansión de las energías renovables no ha eliminado la necesidad de hidrocarburos, siguen muy presentes. La electrificación de la economía, el crecimiento de los centros de datos, la inteligencia artificial y la digitalización de múltiples actividades económicas están impulsando un incremento significativo en la demanda energética.
En este contexto ha ganado espacio el concepto de “adición energética”, planteado por el CEO de Aramco[7], para describir una realidad en la que la transición no implica una sustitución inmediata de unas fuentes por otras, sino la incorporación progresiva de nuevas tecnologías a una matriz energética más amplia y diversificada. Las energías renovables continúan expandiéndose, pero aún requieren sistemas de respaldo que garanticen confiabilidad cuando su generación es variable. Por ello, el gas natural sigue cumpliendo un rol relevante en sistemas eléctricos con alta participación de fuentes intermitentes, mientras que el petróleo continúa siendo difícil de reemplazar en sectores como transporte pesado, petroquímica, aviación y agricultura.
La competencia entre Estados Unidos y China refuerza esta tendencia. Mientras China consolida posiciones estratégicas en tecnologías limpias y minerales críticos, Estados Unidos impulsa inversiones masivas en inteligencia artificial e infraestructura digital, actividades que demandan cantidades crecientes de energía confiable. El resultado es una paradoja aparente: el mundo avanza hacia sistemas energéticos más limpios, pero simultáneamente requiere mayores niveles de seguridad de suministro.
Para América Latina, este escenario representa una oportunidad y un desafío. La región concentra recursos energéticos y minerales que serán necesarios tanto para la seguridad energética como para la transición energética global. Sin embargo, la existencia de recursos no garantiza desarrollo. La capacidad para atraer inversiones, desarrollar infraestructura y generar beneficios para la población dependerá cada vez más de la calidad institucional y de la claridad de las políticas públicas que desarrollen nuestras autoridades.
Transición energética en el mundo real: sostenibilidad, desarrollo y seguridad energética
Como se ha explicado, la transición energética se ha convertido en uno de los conceptos más utilizados en el debate público global. Sin embargo, existe una tendencia a asumir que tiene el mismo significado para todos los países, cuando las condiciones de partida son claramente distintas. Para las economías desarrolladas, la discusión suele centrarse en la sustitución progresiva de combustibles fósiles por fuentes renovables, la electrificación del transporte y la descarbonización de procesos industriales. En muchos casos, estos países cuentan con altos niveles de cobertura energética, infraestructura consolidada y acceso a financiamiento para implementar cambios estructurales en sus matrices energéticas.
La realidad de los países en desarrollo, como el Perú, es diferente. Así como hay objetivos ambientales que nos hemos propuesto cumplir, enfrentamos desafíos relacionados con el acceso a la energía, la reducción de la pobreza energética, la competitividad de los sectores productivos y la necesidad de garantizar un suministro confiable para millones de ciudadanos. El caso peruano refleja con claridad esta tensión. El Perú representa aproximadamente el 0,4% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero[8].
Este dato no lo exime de contribuir a los esfuerzos internacionales contra el cambio climático; por el contrario, al ser un país altamente vulnerable a sus efectos, refuerza la necesidad de avanzar hacia una matriz más sostenible. Sin embargo, también obliga a formular una pregunta legítima: ¿cómo hacerlo sin comprometer el acceso a energía, la competitividad económica y el bienestar de la población? La respuesta probablemente no se encuentre en posiciones extremas. Ni en la idea de mantener indefinidamente el modelo energético actual ni en la expectativa de una sustitución inmediata de los hidrocarburos.
La evidencia internacional muestra que la transición energética está ocurriendo en un contexto de crecimiento sostenido de la demanda global de energía. Las energías renovables continuarán expandiéndose, pero ello no implica necesariamente una desaparición inmediata de otras fuentes energéticas. Más bien, nuevas tecnologías se incorporan a una matriz cada vez más diversificada.
Dicho esto, el gas natural continúa desempeñando un papel relevante globalmente por su menor intensidad de emisiones respecto de otros combustibles fósiles, su capacidad para respaldar sistemas eléctricos y su contribución a la seguridad energética explican por qué sigue siendo considerado una fuente importante durante las próximas décadas. Lo mismo ocurre con el petróleo. Aunque la transición energética reducirá progresivamente su participación relativa en determinados sectores, continúa siendo un insumo fundamental para transporte, petroquímica, aviación, agricultura y producción industrial.
Por ello, el debate no debería plantearse como una elección entre hidrocarburos o energías renovables. El verdadero desafío consiste en determinar cómo aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles mientras se avanza hacia sistemas más limpios, resilientes y eficientes. Una transición energética inclusiva debe equilibrar objetivos ambientales con necesidades económicas y sociales. De lo contrario, corre el riesgo de ampliar brechas existentes o trasladar costos desproporcionados a los sectores más vulnerables.
La paradoja peruana: recursos abundantes y vulnerabilidad persistente
Es una paradoja que nuestro país disponga de importantes recursos naturales, incluyendo gas natural, petróleo y un considerable potencial renovable pero que, sin embargo, continúa enfrentando vulnerabilidades que afectan su seguridad energética. Camisea ha sido uno de los proyectos energéticos más importantes de la historia peruana que permitió transformar la matriz energética nacional, reducir costos de generación eléctrica, impulsar el uso del gas natural y disminuir parcialmente la dependencia de combustibles importados.
El debate no debería plantearse como una elección entre hidrocarburos o energías renovables. El verdadero desafío consiste en determinar cómo aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles mientras se avanza hacia sistemas más limpios, resilientes y eficientes.
Sin embargo, los avances alcanzados no han eliminado completamente las vulnerabilidades estructurales del sistema energético peruano. Una parte importante del abastecimiento nacional continúa dependiendo de combustibles importados, particularmente diésel y GLP, cuyos precios están expuestos a las fluctuaciones internacionales.
En el caso del petróleo, el Perú mantiene un déficit estructural entre producción y consumo que se ha ampliado en los últimos años. En 2025, la producción nacional se ubicó en aproximadamente 44 mil barriles diarios, mientras que el consumo se mantiene en niveles cercanos a 260 mil barriles diarios, lo que implica que el país produce menos del 20% de su demanda interna de crudo. Esta brecha obliga a depender de importaciones para cubrir la mayor parte del consumo de combustibles líquidos, especialmente en el sector transporte, donde el diésel tiene un peso dominante.
En paralelo, la demanda interna continúa creciendo mientras la producción enfrenta limitaciones estructurales, como la baja inversión en exploración y la reducción progresiva de campos maduros. Esta tendencia también se extiende al caso del GLP, donde la producción local de líquidos de gas natural muestra una tendencia a la baja, mientras que la demanda crece a doble dígito, lo que obliga a incrementar las importaciones para cubrir el déficit. En sumatoria, este desbalance entre producción y consumo configura una dependencia estructural del mercado internacional de combustibles, lo que expone al país no solo a la volatilidad de precios, sino también a riesgos logísticos y geopolíticos que pueden afectar la seguridad energética.
La contingencia registrada en marzo de 2026 puso nuevamente de manifiesto esta realidad y evidenció que, a pesar de ser un país con recursos energéticos significativos, tenemos situaciones de vulnerabilidad en el sistema cuando enfrenta interrupciones en infraestructura crítica. Aprendimos, entonces, que la seguridad energética no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también, de la resiliencia de los sistemas que permiten transportar, almacenar y distribuir dichos recursos.
La situación resulta aún más compleja cuando se analiza la evolución de la exploración de hidrocarburos en el Perú. Durante los últimos años se ha observado una reducción significativa de la actividad exploratoria. Tenemos solo G contratos de exploración vigentes el más reciente e importante es el de Anadarko en el zócalo en el norte donde, además, han retornado empresas como Oxy y Chevron. La disminución de contratos de exploración y explotación genera preocupación respecto de la capacidad futura del país para incorporar nuevas reservas y sostener niveles adecuados de producción.
La discusión sobre exploración suele abordarse exclusivamente desde una perspectiva económica o empresarial, pero también posee una dimensión vinculada a la seguridad energética, toda vez que un país que deja de explorar aumenta progresivamente su exposición a mercados internacionales y reduce sus márgenes de autonomía frente a escenarios de volatilidad global. A ello se suma la distribución desigual de los beneficios energéticos debido a que algunas regiones han accedido de manera más directa a los beneficios asociados al desarrollo del gas natural (por ejemplo: Lima), otras continúan enfrentando mayores costos energéticos o limitaciones de acceso a infraestructura moderna (por ejemplo, Cusco de donde precisamente se extrae el recurso). La paradoja peruana es que somos un país con recursos energéticos relevantes pero que aún continúa enfrentando vulnerabilidades asociadas al acceso, la resiliencia y la seguridad de suministro.
Gobernanza: el verdadero cuello de botella
A lo largo de los últimos años, gran parte del debate hidrocarburífero peruano se ha concentrado en la necesidad de atraer inversiones, incrementar la exploración de hidrocarburos, ampliar la infraestructura o acelerar el despliegue de nuevas tecnologías.
Sin embargo, debe reconocerse que hay una limitada capacidad institucional para convertir recursos y oportunidades en resultados concretos para la población, es decir, cerrar sus brechas energéticas. Esta situación sugiere que el principal desafío energético peruano no es geológico, sino institucional. La gobernanza energética involucra la capacidad del Estado para diseñar políticas públicas coherentes, coordinar entidades, generar reglas previsibles, otorgar permisos oportunamente y mantener una visión estratégica que trascienda los ciclos políticos. Uno de los problemas recurrentes es la fragmentación institucional, lo que hemos visto es que las decisiones energéticas involucran múltiples entidades con competencias distintas y objetivos que no siempre se encuentran adecuadamente articulados.
La paradoja peruana es que somos un país con recursos energéticos relevantes pero que aún continúa enfrentando vulnerabilidades asociadas al acceso, la resiliencia y la seguridad de suministro.
A ello se suma la alta rotación de autoridades y funcionarios en sectores estratégicos como el Ministerio de Energía y Minas donde tuvo una rotación excepcionalmente alta: 12 gestiones en menos de cinco años, con una permanencia promedio de alrededor de 4.8 meses que demuestra un escenario sectorial de baja continuidad directiva y explica por qué agendas estructurales hidrocarburos, transmisión eléctrica, formalización minera, MAPE, Petroperú, masificación del gas, permisos y seguridad energética han tenido dificultades para sostener una línea de política pública estable. La discusión sobre permisos constituye otro ejemplo. El desafío no consiste en reducir estándares ambientales o sociales, sino en lograr que los procedimientos sean técnicamente sólidos, transparentes y oportunos. Las consecuencias de estas debilidades institucionales trascienden el ámbito empresarial. Cuando un proyecto energético se retrasa o no se ejecuta, también se postergan oportunidades de acceso a energía, desarrollo económico, generación de empleo e infraestructura.
Por ello, cualquier estrategia orientada a fortalecer la seguridad energética peruana debe incorporar una agenda de fortalecimiento institucional. En última instancia, la discusión sobre gobernanza trata sobre la capacidad del Estado para garantizar que los recursos energéticos del país se traduzcan efectivamente en bienestar para la población.
Seguridad energética y bienestar ciudadano: el desafío de cerrar las brechas energéticas
Las discusiones sobre seguridad energética suelen desarrollarse alrededor de conceptos como reservas, infraestructura, exploración o mercados internacionales. Sin embargo, el objetivo final de cualquier política energética debería ser mucho más simple: garantizar que las personas tengan acceso a energía segura, confiable, moderna y asequible.
Desde esta perspectiva, la energía deja de ser únicamente una variable económica para convertirse en un factor determinante del bienestar. La posibilidad de estudiar, trabajar, acceder a servicios de salud, conservar alimentos, comunicarse o desarrollar actividades productivas depende de la disponibilidad de energía en condiciones adecuadas. Esta visión se encuentra recogida en el Objetivo de Desarrollo Sostenible 7, que plantea la necesidad de garantizar el acceso universal a energía asequible, confiable, sostenible y moderna.
La pobreza energética constituye una de las expresiones más visibles de esta situación porque no se limita a la ausencia de electricidad, sino también puede manifestarse cuando una familia […] enfrenta restricciones para acceder a fuentes modernas de energía.
En el Perú, los avances alcanzados durante las últimas décadas han sido significativos. La expansión de la cobertura eléctrica, el desarrollo de Camisea y diversos programas de inclusión energética han contribuido a mejorar las condiciones de acceso para millones de ciudadanos. Sin embargo, estos avances conviven con brechas que todavía afectan a amplios sectores de la población. La pobreza energética constituye una de las expresiones más visibles de esta situación porque no se limita a la ausencia de electricidad, sino también puede manifestarse cuando una familia debe destinar una proporción importante de sus ingresos al pago de energía, cuando depende de combustibles contaminantes para cocinar o cuando enfrenta restricciones para acceder a fuentes modernas de energía.
Por ello, la discusión sobre seguridad energética no puede limitarse a garantizar que exista suficiente energía en términos agregados. También debe preguntarse quiénes tienen acceso a ella, en qué condiciones y a qué costo. Instrumentos como el Fondo de Inclusión Social Energético (FISE) han desempeñado un papel relevante para llevar energía a los más pobres. Sin embargo, la magnitud de los desafíos plantea preguntas legítimas respecto de la suficiencia de los mecanismos actuales para cerrar las brechas energéticas existentes.
La respuesta probablemente requiera una combinación de herramientas que integren: expansión de redes donde resulte viable, soluciones descentralizadas para zonas aisladas, infraestructura moderna, subsidios focalizados y una mejor articulación entre políticas energéticas y políticas de desarrollo territorial. Más allá de las tecnologías específicas, existe un principio común que debería orientar la política energética: el ciudadano debe ocupar un lugar central en la toma de decisiones.
Política Energética al 2050: una visión centrada en el ciudadano
Entonces, frente a los dilemas antes explicados, resulta claro que las transformaciones que atraviesa el sector energético mundial obligan a repensar el papel de la política energética en el Perú. La Política Energética Nacional al 2050 representa una oportunidad para construir una visión de largo plazo capaz de articular seguridad energética, sostenibilidad ambiental y desarrollo humano.
La seguridad energética debe ocuparse de acelerar el cierre de brechas de acceso donde a pesar de los avances registrados durante las últimas décadas, persisten diferencias importantes entre regiones y debe ser capaz de fortalecer la resiliencia del sistema energético. Los acontecimientos recientes han demostrado que la seguridad energética no depende únicamente de la disponibilidad de recursos, sino también de la capacidad de anticipar riesgos, diversificar fuentes de suministro y responder eficazmente ante contingencias.
Asimismo, en cuanto a la sostenibilidad debemos garantizar que la transición energética contribuya simultáneamente al medio ambiente y al desarrollo económico. Para ello será necesario aprovechar responsablemente los recursos energéticos disponibles, incluyendo gas natural, petróleo y energías renovables. Finalmente, la política energética deberá fortalecer su dimensión institucional. Ninguna estrategia será sostenible en el tiempo sin organismos técnicos sólidos, reglas previsibles y mecanismos eficaces de coordinación.
Recientemente, una norma del Ministerio de Energía y Minas[9] ha postergado la actualización de la política energética nacional hasta el año 2028. En la práctica, ello implica que el país continuará operando bajo una visión de largo plazo diseñada hace más de una década, en un contexto que ha cambiado de manera significativa en términos tecnológicos, ambientales y geopolíticos. Esta brecha temporal entre planificación y realidad plantea desafíos relevantes para la toma de decisiones, especialmente en un entorno marcado por la transición energética, el crecimiento de la demanda y mayores exigencias en seguridad de suministro.
En síntesis, la discusión energética del futuro no debería centrarse exclusivamente en qué fuentes energéticas utilizar, sino en cómo garantizar que la energía llegue de manera segura, confiable, sostenible y asequible a todos los ciudadanos.
Conclusiones
Los acontecimientos registrados durante los últimos años han devuelto la seguridad energética al centro del debate global. Las tensiones geopolíticas, la volatilidad de los mercados energéticos, el crecimiento de la demanda mundial de energía y los desafíos asociados a la transición energética han puesto de manifiesto la importancia de contar con sistemas capaces de garantizar suministro confiable en contextos de creciente incertidumbre.
El caso peruano refleja con claridad esta realidad porque a pesar de contar con importantes recursos energéticos, incluyendo gas natural, petróleo y un significativo potencial renovable, el país continúa enfrentando desafíos relacionados con la resiliencia de su infraestructura, la persistencia de brechas energéticas y la necesidad de fortalecer su institucionalidad.
La contingencia ocurrida en marzo de 2026 con el ducto de transporte de gas natural evidenció que la seguridad energética no depende únicamente de la existencia de recursos, sino también de la capacidad del sistema para responder adecuadamente frente a interrupciones y eventos imprevistos. La capacidad institucional para transformarlos en bienestar para la población exige fortalecer la gobernanza, promover inversiones responsables, desarrollar infraestructura resiliente y consolidar políticas públicas orientadas al cierre de brechas.
Finalmente, el éxito de la política energética no debería medirse únicamente por la cantidad de energía producida, las inversiones ejecutadas o las emisiones reducidas, sino por su capacidad para garantizar que más ciudadanos accedan a energía segura, confiable, asequible y sostenible. Porque el propósito de cualquier sistema energético es producir energía por sí misma, sino contribuir al bienestar y al desarrollo de las personas.
[1] TGP: 02 de marzo https://www.tgp.com.pe/wp-content/uploads/202C/03/Comunicado-TGP-02.03.2C.pdf
[2] Infobae Perú, 22 de marzo de 202C: https://www.infobae.com/peru/202C/03/22/osinergmin-cedera-ante-tgp/
[3] International Energy Agency, “The Middle East and Global Energy Markets”, 202C.
[4] International Energy Agency, World Energy Outlook 2024 https://www.iea.org/reports/world-energy-outlook-2024
[5] International Energy Agency (IEA). (2024). World Energy Outlook 2024. Paris: IEA.
[6] International Energy Agency. (2025). Global Energy Review 2025 – Global trends. Paris: IEA. https://www.iea.org/reports/global-energy-review-2025/global-trends
[7] Aramco. (2025). Remarks by Amin H. Nasser at the 2025 Energy Intelligence Forum. Londres, 13 de octubre de 2025. https://www.aramco.com/en/news-media/speeches/2025/remarks-by-amin-h-nasser-at-the-2025-energy-intelligence-forum
[8] Ministerio del Ambiente del Perú. (2025). Intervención de la representante del MINAM ante la Comisión Especial Multipartidaria de Cambio Climático del Congreso de la República, citada en Congreso de la República del Perú, “Informan sobre reducción de emisiones de gases de efecto invernadero”, C de junio de 2025. https://comunicaciones.congreso.gob.pe/noticias/informan-sobre-reduccion-de-emisiones-de-gases-de-efecto-invernadero/
[9] https://www.gob.pe/institucion/minem/normas-legales/7812965-074-2026-minem-dm
Julio de 2026
Democracia, Lucha anticorrupción
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