Más de un siglo después del auge del caucho, la Amazonía peruana sigue cargando las heridas de uno de los episodios más violentos y menos contados de la historia nacional. Entre investigaciones, testimonios, obras de arte y la lucha de una nueva generación de jóvenes indígenas, se va reconstruyendo la memoria de aquel genocidio que se ha convertido en una exigencia de verdad, justicia y reparación.

La historia del caucho fue, por décadas, un lugar incómodo de la memoria peruana: demasiado dolorosa para ser contada y demasiado importante para seguir siendo ignorada. Mientras otras páginas de la historia nacional ocuparon libros escolares, museos y ceremonias oficiales, lo ocurrido en la Amazonía entre fines del siglo XIX y comienzos del XX quedó relegado a investigaciones especializadas, testimonios dispersos y a la memoria de quienes heredaron las consecuencias de una de las etapas más violentas del extractivismo en el país.

Hoy, más de un siglo después, historiadores, antropólogos, artistas y descendientes de los pueblos indígenas afectados coinciden en una idea: comprender aquella época no significa únicamente mirar hacia atrás. Significa entender por qué muchas heridas continúan abiertas. El historiador Manuel Burga sitúa el inicio de esa historia entre 1880 y 1912, periodo en el que la explotación del látex amazónico se intensificó como consecuencia del desarrollo de la industria automotriz y de la creciente demanda mundial de neumáticos. La Amazonía se convirtió entonces en un territorio estratégico para abastecer un mercado internacional que crecía a gran velocidad.

Pero el auge económico tuvo un final abrupto. Cuando las semillas del árbol del caucho fueron trasladadas a otras regiones del mundo para establecer plantaciones más rentables, la bonanza amazónica se desplomó. Lo que quedó, explica Burga, fue una región devastada.

La historia suele recordar ese episodio por un territorio específico: los afluentes del río Putumayo, una zona donde Perú y Colombia mantenían disputas fronterizas y donde comenzaron a multiplicarse los centros de extracción del caucho. Allí llegaron empresarios atraídos por la posibilidad de obtener enormes ganancias en poco tiempo.

Entre ellos destacó un nombre que terminaría marcando para siempre la historia amazónica: Julio César Arana. Nacido en Rioja en 1864, Arana pasó de comerciante a convertirse en el empresario más poderoso del caucho peruano. Primero fundó una empresa junto con sus hermanos y, posteriormente, constituyó la Peruvian Amazon Rubber Company, registrada en Londres en 1907. El crecimiento del negocio implicó la incorporación de trabajadores provenientes de Jamaica, quienes llegaron al Putumayo en condiciones precarias para desempeñarse como capataces.

Aquella estructura de explotación llamó la atención del gobierno británico. El Foreign Office decidió enviar al diplomático irlandés Roger Casement para investigar las denuncias que comenzaban a circular sobre lo que ocurría en la región. El resultado fue el célebre Libro Azul, publicado en 1910.

Según Manuel Burga, ese informe denunció la explotación sufrida por los trabajadores jamaiquinos y reveló que estos, a su vez, ejercían violencia contra las poblaciones indígenas, especialmente contra los pueblos huitoto y bora, que murieron por miles durante aquellos años. Casement pagaría un alto precio por su compromiso con las causas que defendió. Su trayectoria inspiraría, un siglo después, la novela El sueño del celta de Mario Vargas Llosa.

Pero mientras el mundo comenzaba a conocer las denuncias, la tragedia continuaba desarrollándose en la selva. Burga recuerda un dato que conoció siendo estudiante de antropología, cuando leyó Nuestros contemporáneos primitivos, del antropólogo estadounidense George P. Murdock. Allí encontró una cifra que nunca olvidaría: entre 1900 y 1912 se extrajeron cuatro mil toneladas de caucho del Putumayo y, para hacerlo, calcula el autor, murieron alrededor de treinta mil indígenas pertenecientes principalmente a los pueblos huitoto y bora.

Las consecuencias fueron mucho más allá de la pérdida de vidas humanas, pues las riberas del Putumayo quedaron devastadas y la tensión territorial entre Perú y Colombia se profundizó hasta desembocar, décadas después, en el conflicto de Leticia de 1932. Sin embargo, las cifras no alcanzan a explicar la magnitud de lo ocurrido. Para el antropólogo Wilton Martínez, director del documental Shiringa, la violencia del caucho produjo algo que todavía pesa sobre las comunidades amazónicas: un vacío generacional.

Durante la presentación de su película en la PUCP, en el marco de la Semana Amazónica 2026, explicó que prácticamente fue eliminada una generación completa de indígenas. Con ella desaparecieron también conocimientos, relatos y formas de transmisión cultural que dependían de la oralidad. «La transmisión del conocimiento se cortó», sostuvo. Quienes sobrevivieron no solo enfrentaron la violencia física. Muchos fueron desplazados de sus territorios, obligados a establecerse en lugares desconocidos y a reconstruir su vida lejos de sus comunidades de origen.

Numerosas familias fueron llevadas al lado peruano del Putumayo para trabajar en condiciones extremadamente precarias. Llegaban a zonas donde no existía infraestructura ni condiciones para sobrevivir y «se morían por cientos». La consecuencia fue doble, pues además de la masacre, se produjo el desarraigo.

Martínez señala que numerosas familias fueron llevadas al lado peruano del Putumayo para trabajar en condiciones extremadamente precarias. Llegaban a zonas donde no existía infraestructura ni condiciones para sobrevivir y, según relata, «se morían por cientos». La consecuencia fue doble, pues además de la masacre, se produjo el desarraigo.

Décadas después, los descendientes de aquellas víctimas continúan intentando reconstruir fragmentos de una historia que nunca terminó de contarse. Uno de ellos es el artista indígena Bruce Rubio Churaí, protagonista de Shiringa. Para Wilton Martínez, su trabajo artístico representa un esfuerzo por recuperar aquello que la violencia intentó borrar. A través de la pintura, Bruce reconstruye escenas heredadas por la memoria familiar y colectiva. No se trata únicamente de representar el pasado, sino de recuperar una continuidad cultural interrumpida por el terror.

La antropóloga y docente María Luisa de Zela observa ese proceso desde otra perspectiva. Para ella, el documental demuestra que las pinturas de Bruce Rubio no funcionan simplemente como ilustraciones de hechos históricos. Constituyen una forma de conocimiento. Sus obras, afirma, articulan memoria, historia e identidad mediante imágenes capaces de transmitir experiencias que durante décadas permanecieron ausentes de los relatos oficiales. En ese sentido, el arte deja de ser únicamente una manifestación estética para convertirse en una herramienta de resistencia.

Óscar Espinosa, antropólogo y docente PUCP, coincide en que el impacto del caucho transformó de manera radical la Amazonía. Durante la presentación del documental recordó que la mayor parte de la población peruana desconoce este episodio, incluso en la propia región amazónica. El fenómeno, explica, alcanzó prácticamente a los nueve países amazónicos y modificó la demografía, provocó desplazamientos masivos y alteró profundamente la vida de numerosos pueblos indígenas. Los actuales pueblos bora, murui, ocaina, andoque, huitoto y otros grupos conocidos como «la gente del centro» son también resultado de esos desplazamientos forzados. «Si viven en el Perú hoy día esos pueblos es porque fueron traídos», señaló. Y, frente a ese escenario, Espinosa cuestiona la persistencia de una narrativa que continúa exaltando únicamente la prosperidad económica generada por el caucho. “Existe —advierte— un discurso triunfalista que suele destacar la riqueza producida durante aquellos años mientras deja en segundo plano la tragedia humana que hizo posible ese crecimiento”.

Las estimaciones que maneja indican que solo en la zona comprendida entre el Putumayo y el Caquetá murieron alrededor de cuarenta mil indígenas, sin contar otras regiones amazónicas donde también existieron abusos y explotación.

Mientras tanto, nuevas investigaciones siguen apareciendo. Fotografías desconocidas, archivos familiares, testimonios y documentos continúan ampliando el conocimiento sobre una historia que todavía está lejos de completarse. «Es una historia que nunca se va a terminar de contar», había dicho Wilton Martínez al explicar el origen de Shiringa.

Quizá esa sea una de las mayores paradojas del caucho, que durante décadas se creyó que pertenecía únicamente al pasado, sin embargo, cada nueva investigación, cada testimonio recuperado y cada obra artística demuestran que esa historia sigue hablándole al presente. Antes de convertirse en una deuda de la memoria, el caucho fue una maquinaria de explotación cuya violencia todavía resuena en la Amazonía peruana.

Jugarse la vida por la justicia

El 17 de abril de 1912 un hombre moría en Cerro de Pasco lejos del lugar donde había iniciado la batalla más importante de su vida. Tenía 52 años, había combatido en la Guerra del Pacífico, fundado siete periódicos y pasado los últimos años huyendo de una ciudad a otra. La historia oficial casi lo olvidó, pero mucho antes de que el mundo conociera los horrores del Putumayo por el informe del diplomático Roger Casement, él ya había denunciado lo que ocurría en la Amazonía peruana. Se llamaba Benjamín Saldaña Rocca.

El periodista Paco Bardales ha contado la historia de Saldaña en su blog Diario de IQT. En él señala que desde que publicó sus primeras denuncias contra el imperio cauchero de Julio César Arana, en 1907, Saldaña vivió perseguido. Murió sin saber que aquellas investigaciones terminarían provocando un escándalo internacional y abrirían uno de los procesos más importantes sobre violaciones de derechos humanos ocurridos durante la explotación del caucho.

Capitán condecorado durante la Guerra del Pacífico, Saldaña creía que el periodismo podía corregir las injusticias. Fundó tres periódicos en Lima, dos en Iquitos y dos en Cerro de Pasco, todos de vida breve y todos marcados por el propósito común de denunciar los abusos del poder. Los dos más importantes fueron La Felpa y La Sanción.

Entre agosto y diciembre de 1907 se publicaron testimonios, denuncias y relatos sobre los asesinatos masivos que se cometían en los campamentos caucheros instalados entre los ríos Putumayo y Caquetá, bajo el dominio empresarial de Julio César Arana. Décadas después se estimaría que alrededor de treinta mil indígenas huitoto fueron asesinados.

Entre agosto y diciembre de 1907, ambos semanarios comenzaron a publicar testimonios, denuncias y relatos sobre los asesinatos masivos que se cometían en los campamentos caucheros instalados entre los ríos Putumayo y Caquetá, bajo el dominio empresarial de Julio César Arana. Décadas después se estimaría que alrededor de treinta mil indígenas huitoto fueron asesinados y otros diez mil quedaron marcados de por vida por las torturas y castigos impuestos por los administradores de la Casa Arana. Los indígenas eran castigados cuando no lograban entregar las cuotas de látex exigidas por los administradores de los cuarenta y dos campamentos de la empresa.

¿Por qué, si Saldaña fue el primero en contarlo, la historia terminó recordando con mayor fuerza a otros nombres? En el artículo Benjamin Saldaña Rocca y la representación indigena en La Felpa: las primeras denuncias y su interpretación gráfica en la época del caucho, publicado por la Academia Peruana de la Lengua por Andrea Cabel y Andrés Napurí, sostiene que las denuncias impulsadas por Saldaña constituyeron un punto de partida para las posteriores investigaciones de Roger Casement y Walter Hardenburg y que la importancia de esas publicaciones no radicó únicamente en denunciar, sino en que dichas denuncias se hicieron públicas mientras los hechos estaban ocurriendo.

A diferencia de investigaciones posteriores elaboradas a partir de testimonios o archivos históricos, las páginas de La Felpa recogían relatos escritos durante la propia época del caucho, cuando la violencia seguía desarrollándose en los campamentos. Por eso, Cabel y Naupari consideran que esos periódicos constituyen una fuente excepcional para comprender cómo se percibían aquellos acontecimientos desde el propio escenario amazónico.

Los textos publicados no eran únicamente editoriales, pues incluían testimonios directos de personas que habían presenciado asesinatos, torturas y castigos. Algunas de esas denuncias incluso aparecieron en inglés con un propósito estratégico, pues en Iquitos residían comerciantes, diplomáticos y funcionarios británicos y estadounidenses, mientras que la Peruvian Amazon Company tenía su sede central en Londres. Presentar algunas denuncias en inglés suponía buscar que la información trascendiera las fronteras peruanas. Y, aunque tardó, las revelaciones de Saldaña sí terminaron llegando al extranjero y fueron la base de las investigaciones de Roger Casement y de los reportajes publicados por la revista londinense The Truth, llegando así a instalar el escándalo en el Parlamento británico.

Pero mientras las investigaciones internacionales avanzaban, la situación de Saldaña se volvía cada vez más peligrosa, pues sus denuncias incomodaban a un poder económico que dominaba prácticamente todos los ámbitos de la vida en Iquitos. Como recuerda Paco Bardales, la prosperidad de la ciudad giraba alrededor de Julio César Arana. La actividad política, judicial, financiera y social dependía, en buena medida, de la riqueza generada por el caucho. Enfrentarse al empresario significaba enfrentarse a todo un sistema.

Las publicaciones de La Felpa y La Sanción, junto con la denuncia formal presentada por Saldaña ante la justicia en agosto de 1907, obligaron al Estado peruano a abrir una investigación. Sin embargo, también desencadenaron una campaña para desacreditar al periodista. En 1911, el juez Rómulo Paredes elaboró un informe de más de tres mil páginas que confirmaba la autenticidad de las denuncias y permitió que se emitieran 230 órdenes de captura contra responsables de los crímenes, pero ninguna llegó a ejecutarse gracias a los oficios de Arana que, además, inició una campaña contra Saldaña, quien empezó a ser presentado por sus adversarios como un agitador, un difamador e incluso un chantajista.

Bardales señala que nunca pudo demostrarse esa acusación. Los documentos judiciales donde supuestamente aparecían pruebas en su contra desaparecieron cuando el expediente del caso se perdió durante la destrucción de la Corte Superior de Justicia de Loreto en 1998. Lo que sí quedó registrado fue la violencia con la que terminó abandonando Iquitos. Walter Hardenburg relató que, en febrero de 1909, Saldaña fue expulsado de la ciudad después de que una turba destruyera su imprenta y lo golpeara hasta dejarle el rostro hinchado. Luego fue conducido hacia el malecón, donde una embarcación lo esperaba para trasladarlo a Yurimaguas. Nunca regresó. Murió tres años después sin comprender que en realidad no había combatido únicamente a Julio César Arana, sino a un entramado de intereses económicos, políticos y geopolíticos que permitió que el empresario actuara con libertad mientras el Putumayo seguía produciendo riqueza.

Burga reconoce que este episodio de nuestra historia debería enseñarse con mucha mayor profundidad tanto en las escuelas como en las universidades y no como una anécdota del auge económico del caucho, sino como uno de los capítulos más críticos de la historia republicana.

Al respecto, el historiador Manuel Burga considera que los abusos fueron posibles por las relaciones que mantenían los empresarios caucheros con el poder político de la época. “Arana —afirma— actuó primero apoyado por capitales británicos y, posteriormente, como senador durante el gobierno de Augusto B. Leguía, siempre ‘sin sentido de nación’ y de espaldas al desarrollo de Loreto y del país”. La explotación, sostiene Burga, no dejó infraestructura, ni fortaleció la región amazónica, ni contribuyó a la construcción de una nación moderna, solo dejó destrucción.

Burga reconoce que este episodio de nuestra historia debería enseñarse con mucha mayor profundidad tanto en las escuelas como en las universidades y no como una anécdota del auge económico del caucho, sino como uno de los capítulos más críticos de la historia republicana. “El silencio no comenzó cuando terminaron las matanzas. El silencio empezó mucho antes, cuando denunciar equivalía a desafiar un poder capaz de controlar la economía, la política, la justicia y hasta la memoria”, señala.

Y ese silencio, más de un siglo después, todavía continúa disputando el lugar que ocupa esta historia en el relato nacional.

La memoria que sobrevivió al exterminio

Más de un siglo después del auge del caucho, la historia continúa apareciendo incluso donde nadie quiere buscarla. A veces emerge en un archivo recién descubierto. Otras, en un álbum de fotografías olvidado. También aparece en una pintura, en un mural, en una película o en el recuerdo transmitido entre abuelos y nietos. El mayor archivo sigue estando en las propias comunidades indígenas, y así lo demuestran los trabajos documentales que han surgido los últimos años: Shiringa, de Wilton Martínez; El canto de las mariposas, de Nuria Frigola; y La memoria de las mariposas, de Tatiana Fuentes. Wilton Martínez cuenta que cuando comenzó a trabajar en Shiringa no buscaba únicamente reconstruir un episodio histórico, sino preguntarse qué había quedado de aquella violencia en quienes la heredaron y la respuesta para él apareció en el pintor Bruce Rubio Churaí.

Durante la investigación del documental, Martínez observó que la masacre cauchera no solo había acabado con miles de vidas, sino que también había provocado lo que denomina un «vacío generacional». Y que, al desaparecer una generación completa, se interrumpió la transmisión oral de conocimientos, relatos y formas de comprender el mundo. Las comunidades tuvieron que reconstruirse prácticamente desde cero y Bruce Rubio y su familia forman parte de ese proceso.

A través de sus pinturas intenta recuperar escenas que nunca vivió personalmente, pero que llegaron hasta él mediante la memoria colectiva de su pueblo, pues no pinta únicamente episodios de violencia, sino aquello que sobrevivió a ella. La memoria, en sus cuadros, no aparece detenida en el sufrimiento, pues la maloca, las ceremonias, la palabra compartida, las plantas, los animales, las fiestas tradicionales y los conocimientos heredados ocupan el mismo lugar que los recuerdos del terror.

Ese proceso llama la atención de María Luisa de Zela, docente del Departamento de Artes Escénicas de la PUCP, quien considera que el documental propone una lectura distinta sobre el arte indígena. Para ella, las pinturas de Bruce Rubio no deben entenderse solo como obras estéticas sino como una forma de producir conocimiento, pues en ellas conviven historia, memoria, cosmovisión amazónica y tradición oral. «La imagen se convierte en un espacio de resistencia, una herramienta de transmisión cultural y una forma de narrar la historia desde perspectivas que durante siglos fueron excluidas de los relatos dominantes», sostiene. Por eso, explica, el documental trasciende la reconstrucción histórica.

Pero, ¿quién tiene derecho a contar la historia y desde qué lenguajes puede hacerse? Al respecto, Óscar Espinosa considera que uno de los aspectos más valiosos de Shiringa es que permite observar cómo, pese a toda la violencia sufrida, los pueblos indígenas lograron conservar aspectos fundamentales de su identidad. En la película aparecen la maloca como espacio de encuentro, el mambeo, las fiestas tradicionales del pijuayo, las danzas, la palabra compartida y los saberes transmitidos entre generaciones. No son elementos decorativos, sino formas de resistencia.

Espinosa recuerda que, para estos pueblos, recordar el pasado solo tiene sentido si sirve para preparar el futuro, por lo que hablar de acontecimientos dolorosos implica revivir el sufrimiento, tanto para quien narra como para quien escucha. Por eso la memoria no se cultiva para quedarse atrapado en ella, sino para enseñar a las nuevas generaciones. «Recordar por recordar no tiene sentido si es que no nos va a ayudar a vivir mejor», explicó.

Esa misma idea atraviesa otro de los documentales enmarcados en esta época. En El canto de las mariposas, el pintor uitoto Rember Yahuarcani vuelve a Pebas, el lugar donde su familia reconstruyó su vida después de haber sido arrancada del Putumayo y, a través de su historia familiar, se resume buena parte de lo ocurrido durante el período cauchero.

Antes del auge del caucho existían más de treinta clanes uitoto, después de aquellos años, solo sobrevivió aproximadamente la mitad. Entre 1922 y 1926, en medio del conflicto entre Perú y Colombia, numerosos uitotos, boras y ocainas fueron trasladados forzosamente hacia territorio peruano por los caucheros. Entre ellos estaban los bisabuelos de Rember. «Los caucheros los tomaban, conformaban jóvenes parejas y los llevaban en lancha», recuerda el artista. Y añade: «En ese grupo llegaron mis bisabuelos. No tenían apellidos”. Aquellos desplazamientos fragmentaron familias enteras y, durante décadas, los clanes separados por la frontera apenas pudieron reencontrarse.

La búsqueda de la verdad

En los últimos años comenzó a surgir una demanda que durante mucho tiempo pareció impensable. No se trata únicamente de seguir investigando el pasado, se trata de que el Estado peruano lo reconozca. 

Antes del auge del caucho existían más de treinta clanes uitoto, después de aquellos años, solo sobrevivió aproximadamente la mitad. Entre 1922 y 1926, en medio del conflicto entre Perú y Colombia, numerosos uitotos, boras y ocainas fueron trasladados forzosamente hacia territorio peruano por los caucheros.

Esa exigencia ya no pertenece únicamente al ámbito académico. Nació también desde adentro, desde los propios herederos de esa historia. Ese cambio comenzó a tomar forma cuando jóvenes indígenas de distintos pueblos amazónicos decidieron reunirse para preguntarse qué significaba heredar una historia que nunca les enseñaron en la escuela, pero que seguía viva en sus familias. Así nació el Colectivo Tsiuni, palabra que en lengua kukama significa «escuchar». Integrado por casi cuarenta jóvenes pertenecientes a los pueblos Kukama, Murui, Maijuna, Secoya, Wampis, Awajún, Bora, Achuar, Arabela, Shiwilu y Resígaro, el colectivo se define como una organización nacida «a partir del dolor, un dolor que exige justicia y una justicia que es un camino de sanación y de no repetición». Para sus integrantes, la memoria no constituye únicamente un ejercicio de reconstrucción histórica, sino una herramienta contra la injusticia y una condición indispensable para construir un futuro distinto.

Fue el dolor colectivo el que se convirtió en acción. En octubre de 2025, el Colectivo Tsiuni presentó una demanda de hábeas corpus contra el Estado peruano ante el Juzgado Mixto de Nauta, en Loreto, exigiendo que el Estado garantice su derecho a la verdad mediante la creación de una Comisión de la Verdad sobre la época del caucho, encargada de investigar las graves violaciones de derechos humanos cometidas contra los pueblos indígenas amazónicos entre fines del siglo XIX y comienzos del XX. En su demanda recuerdan que el modelo cauchero se sostuvo sobre relaciones de explotación de carácter esclavista, un sistema de endeudamiento perpetuo impuesto a las poblaciones indígenas y la tolerancia —cuando no la complicidad— de las autoridades peruanas. También sostienen que, pese a la abundante documentación existente, el Estado nunca investigó plenamente los hechos, no identificó a todos los responsables, no reparó a las víctimas ni adoptó garantías para evitar que violencias similares vuelvan a repetirse. Tampoco pidió perdón por esa omisión.

La reivindicación tiene además un sólido fundamento jurídico. Los jóvenes recuerdan que el derecho a la verdad ha sido reconocido por el sistema interamericano de derechos humanos, por las Naciones Unidas y por el Tribunal Constitucional peruano, que en 2002 lo declaró un derecho fundamental con dimensión tanto individual como colectiva. El propio Tribunal advirtió que ocultar graves violaciones de derechos humanos no solo perjudica a las víctimas y a sus familias, sino que debilita las instituciones democráticas al impedir que una sociedad conozca su propia historia.

La iniciativa cuenta con el acompañamiento de organizaciones de derechos humanos, entre ellas el Instituto de Defensa Legal, y recibió un respaldo internacional significativo cuando, en noviembre de 2025, expertos de las Naciones Unidas expresaron su preocupación por la ausencia de medidas estatales orientadas a garantizar verdad, justicia, reparación y memorialización para los pueblos indígenas afectados, exhortando al Estado peruano a adoptar acciones urgentes en consulta con esas comunidades.

Para Tsiuni, una Comisión de la Verdad representa apenas el primer paso de un proceso más amplio: verdad, justicia, reparación, memoria y garantías de no repetición. Durante la presentación de Shiringa, Óscar Espinosa explicó que esa iniciativa parte de una convicción sencilla: aunque hoy se conoce mucho más sobre lo ocurrido en el Putumayo que hace algunas décadas, la verdad todavía no forma parte de la memoria pública del país. Una comisión no serviría únicamente para reunir información, sino también para difundirla, recoger nuevos testimonios y reconocer oficialmente la magnitud de la violencia. Porque todavía existen familias que conservan recuerdos transmitidos de generación en generación, y la violencia no terminó cuando colapsó el primer boom del caucho: durante la Segunda Guerra Mundial se produjo un nuevo periodo de explotación, y todavía existen personas mayores cuyos padres fueron víctimas de los patrones caucheros o de sus herederos.

Por eso, uno de los principales objetivos de la propuesta consiste en exigir un pedido formal de disculpas del Estado peruano. No como un gesto simbólico aislado, sino como el reconocimiento de que existió complicidad institucional en distintos niveles del poder. Después tendrían que venir las reparaciones y, sobre todo, la incorporación definitiva de esta historia a la memoria nacional.

El historiador Manuel Burga coincide en que esa tarea sigue pendiente. Propone recuperar la memoria de los pueblos bora y huitoto mediante nuevas investigaciones etnográficas, fortalecer el trabajo de las universidades amazónicas e impulsar investigaciones desde Loreto para construir una historia regional menos dependiente de la mirada limeña. Solo así, sostiene, será posible devolver a esas comunidades una parte de la historia que durante demasiado tiempo permaneció oculta.

Así, el problema no pertenece únicamente al pasado. Burga advierte que el país continúa viviendo «de espaldas y contra la Amazonía». Menciona el asesinato de guardabosques indígenas, la deforestación y las recientes decisiones legislativas que, en su opinión, siguen favoreciendo la destrucción del bosque amazónico. La explotación cambió de nombre. Pero muchas de sus lógicas permanecen intactas.

Quizá por eso los jóvenes de Tsiuni eligieron llamarse «escuchar». Porque antes de pedir justicia decidieron hacer algo más difícil: escuchar a sus abuelos, recoger una memoria que sobrevivió al miedo y convertirla en una demanda dirigida al Estado. Más de un siglo después del auge del caucho, la pregunta ya no es únicamente qué ocurrió en el Putumayo. La pregunta es cuánto tiempo más puede un país construir su futuro sobre una historia que todavía se resiste a escuchar.