El 24 de noviembre de 1988, el periodista Hugo Bustíos Saavedra, corresponsal de la revista Caretas en Ayacucho, fue asesinado mientras investigaba el asesinato de dos campesinos en la comunidad de Erapata, en Huanta (Ayacucho), crimen atribuido al grupo subversivo Sendero Luminoso, en el contexto del conflicto armado interno en el Perú.

Bustíos viajaba en motocicleta junto a su colega Eduardo Rojas Arce cuando ambos fueron interceptados por una patrulla del Ejército peruano. Rojas logró huir pese a resultar herido, mientras que Bustíos fue alcanzado por disparos. Según la investigación judicial, cuando aún se encontraba con vida, los militares colocaron una granada sobre su cuerpo, provocándole la muerte.

Tras su asesinato, su esposa, Margarita Patiño, y sus hijos asumieron un papel central en la defensa de su memoria y en la búsqueda de justicia. Durante más de tres décadas impulsaron acciones legales, acompañaron el proceso judicial y mantuvieron vigente el recuerdo de Hugo Bustíos frente a los intentos de impunidad y olvido. Su perseverancia fue determinante para que el caso continuara siendo investigado y para que los responsables fueran finalmente llevados ante la justicia.

Paralelamente a esta lucha, la familia ha conservado diversos objetos personales de Bustíos que hoy constituyen importantes testimonios materiales de su vida y trayectoria profesional. Entre ellos se encuentran la camisa que llevaba puesta el día de su asesinato, su cámara fotográfica y su máquina de escribir. Estas pertenencias no solo evocan su historia personal, sino también su labor como periodista de Caretas, ejercida en una de las etapas más violentas de la historia reciente del Perú.

Por este crimen, el Poder Judicial condenó en 2007 al exmilitar Víctor La Vera Hernández como coautor del asesinato. Asimismo, en abril de 2023, el exministro del Interior y excongresista Daniel Urresti Elera fue condenado a 12 años de prisión como coautor del homicidio, al determinarse que en 1988 se desempeñaba como oficial de inteligencia de la base militar de Castropampa, en Huanta.

Sin embargo, en 2024, el Congreso peruano aprobó la Ley N.º 32107, que establece la prescripción para crímenes de lesa humanidad y de guerra cometidos antes del 1 de julio de 2002. Organizaciones de derechos humanos han advertido que esta norma podría favorecer la impunidad en numerosos casos, entre ellos el caso Bustíos, cuya condena contra Urresti fue anulada posteriormente por el Tribunal Constitucional.

Según la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el conflicto armado interno en el Perú (1980-2000) dejó cerca de 69 mil víctimas fatales y desaparecidas. Diversas organizaciones han señalado que la nueva legislación podría afectar más de un centenar de casos con sentencia firme y cientos de procesos aún en trámite por violaciones a los derechos humanos.